Labor Parlamentaria

El señor URENDA.-

Señor Presidente , es obvio que nos encontramos ante un problema de gran trascendencia que, sin bien ya en algunas oportunidades ha sido resuelto por el Senado, no es menos cierto que perfectamente justifica un nuevo y profundo análisis. Por lo demás, y tal como lo expresó el Senador señor Zurita , la propia Contraloría General de la República cambió de criterio con respecto de estas materias, después de varios años de vigencia del actual artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Por ello, lamento que tengamos ante nosotros un voto unánime de la Comisión de Constitución, y que los señores Senadores no tuvieron oportunidad de cotejar las argumentaciones que de una y otra parte se han dado. Debemos recurrir a lo resuelto en oportunidades anteriores para revisar el razonamiento de aquellos que estiman que sería improcedente que el Senado resolviera en estos casos en la forma en que lo ha hecho.

Sinceramente, me asaltan fuertes dudas sobre el asunto. Es un problema muy complejo, porque están en juego cosas muy trascendentes. El de protección es un recurso extraordinario, creación de nuestra Carta Fundamental desde las Actas Constitucionales anteriores, que viene a extender de alguna manera el antiguo recurso de amparo a otros derechos protegidos por la Constitución. Y se le ha querido dar el carácter más amplio posible, sin que -acaso porque no ha transcurrido el tiempo suficiente- podamos precisar con exactitud el marco mismo de sus funciones.

Sin embargo, curiosamente, del debate desarrollado puede deducirse que no se discute el que en determinadas circunstancias podría presentarse un recurso de protección contra cualquiera autoridad de la República, incluyendo al Contralor. En consecuencia, la circunstancia de ser la Contraloría un órgano constitucional no sería por sí misma razón suficiente para impedir la presentación del recurso de protección.

No quiero repetir lo que ya se ha dicho, pero expondré algunos alcances sobre aspectos que me merecen dudas y que podrían de alguna manera justificar también (si estuviéramos propiamente ante la dictación de una sentencia) el hacer modificaciones, o reservas, o alcances por parte de algunos Senadores sobre ciertos considerandos.

En primer lugar, el hecho de que aquí se haga referencia a facultades privativas, por sí solo imposibilita la presentación de un recurso de protección. Indudablemente, hay resoluciones de numerosas autoridades que tienen facultades privativas (a título de ejemplo: ciertas resoluciones que dictan los municipios y los alcaldes) que sí son objeto -nadie lo discute- de recursos de protección, porque pueden afectar los derechos a que se refiere el artículo 20 de nuestra Carta. En consecuencia, el que una facultad sea privativa o excluyente no es razón suficiente para impedirlo, y, por regla general, las resoluciones que son objeto de este recurso se dictan precisamente por autoridades que poseen facultades privativas para hacerlo. En determinados casos, corresponden al alcalde y no a otra autoridad. No obstante ello, puede recurrirse de protección frente a una resolución que se estime que está afectando derechos fundamentales de aquellos a que se refiere el citado artículo 20.

Hay algo más que me preocupa acerca de la resolución que estamos adoptando. También se ha dicho acá: podrá presentarse el recurso de protección en la medida en que el Contralor no haya actuado dentro de sus facultades. En buenas cuentas, no podrá hacerse tal presentación en la medida en que esa autoridad haya procedido bien. Pero eso nos conduce a un problema que no deja de ser complejo y que en cierta manera se produce aquí. Esto, porque el considerando número 17 expresa:

"Que, a mayor abundamiento, las Cortes de Apelaciones podrán acoger a tramitación recursos de protección dirigidos en contra del Contralor General de la República si éste actuare al margen de sus funciones o no lo hiciere dentro del plazo legal que corresponda, y los afectados estimaren que tales acciones u omisiones son ilegales o arbitrarias y vulneran sus derechos constitucionales;".

Lo expuesto se da aquí como vía ejemplar. Sin embargo, ¿a qué conduce? A que el Senado tiene que entrar de alguna manera a abocarse al recurso de protección para establecer si éste se ajusta o no a lo que estimamos que son las facultades del Contralor. Y estamos cayendo, quizá, en el mismo vicio que criticamos.

Indudablemente, si podemos rechazar, como en este caso, una contienda de competencia por estimar que ese recurso, por sus características, sí puede presentarse, estaremos nosotros atribuyéndonos una función jurisdiccional y, de alguna manera, anticipándonos a lo que en definitiva debiera resolver el tribunal competente.

Sobre ese particular, quiero agregar que es evidente que, en la práctica, el recurso de protección se ha desfigurado y que tal vez ése ha sido el motivo por el cual la Contraloría se vio obligada a cambiar de opinión. Porque debiéramos entenderlo como un recurso extraordinario (usamos la expresión "recurso de protección" pese a que, propiamente, podría estimarse que se hace valer una acción), para ser acogido sólo en circunstancias muy especiales: cuando existe un derecho comprometido. De manera que cuando su tramitación se alarga por meses o años, la institución, indudablemente, se desfigura.

Señor Presidente , como debemos presumir que los tribunales van a proceder con la debida corrección y ponderación, no parece razonable sostener que, por el hecho de que se abusa del recurso o su tramitación demora más de lo adecuado, él no se puede hacer valer, en determinada circunstancia, frente a una resolución adoptada por el Contralor General de la República en uso de sus facultades.

Por último -y tal vez como un agregado a lo que aquí se ha expuesto-, si estamos solucionando una contienda de competencia, la forma en que lo hacemos resulta curiosa. Porque no decimos que esta materia debe ser resuelta por tal organismo o por tal otro, sino, simplemente, que la Corte de Apelaciones de Santiago carece de competencia para acoger a tramitación determinados recursos; nosotros, en virtud del examen que hacemos de los recursos, llegamos a la conclusión de que la Corte no debe admitirlos a tramitación.

Dentro del espíritu con que fue creado el artículo 20 de la Constitución, es indudable que debemos suponer que el tribunal, al conocer del recurso, ponderará su verdadera importancia y adoptará de inmediato las medidas o, tal como lo señala la propia Carta, "las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado".

Aquí, quizás, estamos cayendo en un problema que no debió existir, porque, de alguna manera, el recurso se ha desfigurado. Pero a lo mejor caemos en el otro vicio: que por estas circunstancias, arrogándonos una facultad que no se nos ha otorgado, de cierto modo impediremos un recurso que, de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución, es procedente.

Por ello, señor Presidente , tengo fuertes dudas acerca de la forma como estamos procediendo. Y, en todo caso, me habría gustado hacer prevenciones con respecto a la terminología de esta verdadera sentencia que vamos a dictar (se le ha dado la forma de tal) al resolver esta contienda de competencia, que, precisamente por las dudas aquí planteadas en cuanto a si es tal, no resolvemos como debiera hacerse: "Esta materia debe ser conocida por tal tribunal, por tal organismo", y no "No debe ser conocida por otro". La forma como estamos resolviendo de alguna manera implica un paso que probablemente no es el adecuado. Y a lo mejor estamos cayendo en aquello que criticamos, excediéndonos en nuestras funciones.

Y una última consideración.

Es indudable que, extendido el recurso de protección a su máximo, se podría llegar a sostener que los tribunales de justicia tienen (por decirlo de algún modo) la voz final. Por regla general, así sucede en las democracias. Pero, tal como se ha señalado aquí, existen recursos contra los miembros de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de sus deberes que podrían también completar este circuito de equilibrio establecido por la Constitución, que siempre será complejo mantener o llevar a cabo.

Por eso, señor Presidente , expreso mis dudas sobre el particular; mi pesar por no haber podido hacer un análisis más profundo del problema, y mi deseo de que, del propio texto de la decisión que adopte el Senado, no quede abierta una puerta que traiga problemas a futuro o que permita decir que nos estamos atribuyendo una facultad que no nos compete al resolver, mediante el análisis de fondo de un recurso, si es o no procedente, materia que, no cabe duda alguna, sólo puede corresponder al tribunal al cual se presenta.

He dicho.