Labor Parlamentaria

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente:

Aborto. "La palabra es fuerte, golpea los oídos y es casi inevitable que tras ella surjan ácidas discusiones. La realidad, sin embargo, casi siempre es más brutal que el simple sonido del vocablo. Aborto alude a sucucho clandestino, a temores inconfesables, a partera de aspecto siniestro, a delito, a muerte. Pero también suele ser tabla de salvación, recurso desesperado, motivo de alivio o decisión libre y consciente. Su sola mención desata un cúmulo de reacciones que van desde la ira 'por ese atentado a la vida' hasta la defensa ardiente de la 'libertad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo'. Y en medio de discusiones, documentos, penalidades y manifestaciones de rechazo el aborto sigue allí, agazapado...".

Con estas palabras se iniciaba uno de los tantos reportajes de un suplemento dominical de un diario de la capital, en el cual se analizaba la problemática del aborto.

En él se hacía presente que no 60 mil, sino que cerca de 160 mil abortos ocurren anualmente en el país, de los cuales 10 por ciento son espontáneos y el resto, unos 140 mil, inducidos. En consecuencia, se producen quinientos abortos al día, lo que significa que uno de cada tres embarazos termina abruptamente. Sólo el 31 por ciento de los casos llega a recintos hospitalarios; el resto se efectúa en forma clandestina.

Es útil tener estos antecedentes en consideración para resolver sobre la moción del Senador señor Larraín .

En lo medular -como aquí se señaló-, el proyecto propone aumentar las penas de presidio para desincentivar la comisión de dicho delito. El efecto expreso del referido aumento es impedir a quienes lo cometen, especialmente las mujeres, de gozar de los beneficios del cumplimiento de la pena en libertad.

El señor BOMBAL .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor OMINAMI.-

Con la venia de la Mesa, con mucho gusto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Bombal .

El señor BOMBAL .-

Señor Presidente , sólo deseo que Su Señoría precise la fuente de información acerca de los 160 mil abortos a que hizo mención.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Puede continuar el Honorable señor Ominami .

El señor OMINAMI.-

El dato proviene del Colegio Médico, señor Senador. En todo caso, comparto la idea de que hay una discusión al respecto, pues, en la medida en que se trata de una práctica ilegal, es difícil disponer de antecedentes fidedignos.

A continuación, voy a argumentar acerca de la inconveniencia de tratar una delicada y compleja materia considerando sólo los aspectos punitivos y sancionadores. Ésta constituye mi principal crítica a la moción del Senador señor Larraín .

Para despejar cualquier duda, deseo dejar claramente establecido que considero que un aborto es siempre una tragedia y, en consecuencia, nadie puede estar a favor de él. Sin embargo, eso no puede llevar, a mi juicio, a una visión puramente represiva en la materia.

El presente proyecto no apunta a resolver las causas de este problema. Una mujer que se somete a un aborto voluntario lo hace motivada, entre otras cosas, por una fuerte presión social y emocional ante lo que puede ser un embarazo no deseado. La moción solamente considera el aumento de penalidades, no obstante que su propio autor reconoce que este problema no puede enfrentarse únicamente por la vía penal.

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, realizada en 1994, se señaló que el aborto no se puede promover como método de planificación de la familia, agregándose que "se debe asignar siempre máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados y habría que hacer todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto". En consecuencia, se sugiere promover los servicios de planificación familiar, educación y asesoramiento pos aborto, que ayuden a evitar su repetición, enfrentando el problema de manera diametralmente distinta al simple aumento de penas.

A su vez, el Papa Juan Pablo II , en su Carta a las Mujeres, en junio de 1996 ó 1997, señaló, a propósito de la necesidad de un mayor reconocimiento al rol social de las mujeres, lo siguiente: "Baste pensar en como a menudo es penalizado, más que gratificado, el don de la maternidad, al que la humanidad debe también su misma supervivencia.". A continuación, agregó: "En semejantes condiciones, la opción del aborto, que es siempre un pecado grave, antes de ser una responsabilidad de las mujeres, es un crimen imputable al hombre y a la complicidad del ambiente que lo rodea.".

Las actuales tendencias mundiales de la criminología ponen de manifiesto que la penalidad debe entenderse como un recurso límite y no como una herramienta ordenadora de la vida social, ni menos pretender a través de ella resolver las deficiencias de otros sectores como la salud o la educación.

La penalización se ha demostrado ineficaz en la prevención de ésta y otras prácticas. Por otra parte, tengo el convencimiento de que el aumento en las sanciones penales y pecuniarias, sólo redundará en un aumento de los costos de los abortos, los cuales, de todas maneras, seguirán realizándose en forma clandestina.

Tanto el Ministerio de Salud como el Colegio Médico han manifestado que no comparten el fin último del proyecto, por cuanto "la penalización no ha resultado eficaz en la prevención de esta práctica y que aumentar las sanciones, especialmente las pecuniarias para quienes realicen abortos, probablemente sólo incidirá en el aumento de los costos del aborto realizado en forma clandestina", y que "el aumento de las penalidades del delito no apunta a atacar el fondo del problema".

El aumento de penalidades propuesto conduciría a una situación injusta y absurda, toda vez que una persona podría ser condenada a 15 años de privación de libertad, esto es, el doble de la pena que pudiera asignársele en nuestra legislación a un autor del delito de homicidio simple. Esto es absurdo.

En el mismo sentido, hay que tener presente que las mujeres denunciadas, según estudios realizados, se caracterizan por pertenecer a los estratos socioeconómicos más bajos y, por ende, más vulnerables. De esta forma, las mujeres más pobres y más ignorantes entran al circuito de la criminalidad sin ser criminales y pueden ser privadas de libertad por un tiempo indefinido, hasta el momento en que el juez les otorgue la libertad provisional, sujetas a vigilancia, quedando estigmatizadas por tener un prontuario criminal.

Estos estudios consistieron en la recopilación y análisis de los expedientes y sentencias de personas procesadas por abortos y defendidas por la Corporación de Asistencia Judicial en Santiago entre los años 1977 y 1995.

De la muestra existen 132 fichas, que indican que 80 mujeres fueron procesadas en calidad de autoras por ser abortantes, representando el 60,6 por ciento. De hecho, todas las personas procesadas en calidad de autor son mujeres. Por otro lado, en cuanto a cómplices y encubridores, los datos muestran una composición mayoritaria también femenina.

Las edades de las mujeres abortantes fluctúan entre los 17 y los 44 años. El grupo etario predominante, sin embargo, se encuentra en los rangos entre 18 y 29 años. En cuanto al estado civil de estas personas, se estableció que, entre las mujeres con aborto inducido, el 55 por ciento de ellas eran solteras. Y, respecto de este mismo grupo, sólo el 47 por ciento señala tener una relación estable.

Para una mejor comprensión de esta grave situación, quiero reproducir algunos testimonios de mujeres que han sufrido embarazos no deseados y prácticas abortivas en nuestro país, extraídos del libro "Aborto Inducido. Estudio Antropológico en Mujeres Urbanas de Bajo Nivel Socioeconómico", cuya autora es la antropóloga Mónica Weisner .

Primer testimonio: "Tengo cuatro hijos, el niño de 3 años es retardado mental y no me lo reciben en ningún jardín porque no "avisa". A los 2 mayores tuve que sacarlos de la escuela en La Reina; nos tuvimos que ir de ahí; cuidábamos un sitio y después terminaron la construcción. Hace un par de meses nos trasladamos a Peñaflor, instalamos aquí nuestra ranchita. Aquí no me recibieron en la escuela a los dos mayores así es que tengo a todos los niños en la casa: a los mayores, al enfermito y la guagua. La pega de jardinero no está buena, mi marido trabaja unos pocos días a la semana en casas particulares y con lo que él gana apenas tenemos para comer. No es asegurado, así la cosa con los jardineros. Antes era aislador y estábamos un poco mejor. Con el niño enfermo tengo muchos problemas.

"Cuando me di cuenta que estaba embarazada casi me morí. Conversamos los dos con mi marido y decidimos al tiro que tenía que hacerme remedio. No podemos tener 5 hijos y uno enfermo, con los pocos pesos que él gana haciendo jardines y que apenas nos alcanza para comer.". (Lucy, casada, con 4 hijos vivos, 8º año de educación básica, católica observante)

Segundo testimonio: "Después que todos los remedios fallaron, cuando ya estaba de 3 meses, mi hermana dijo que era época de quilas tiernas, y ella sabía dónde habían. Son especiales para abortar. Me trajo unas 5 ó 6 varillas. Elegí una, le sacamos la corteza y la afilé bien con un cuchillo. Puse la vara en agua hirviendo con jabón. Me acosté en una cama dura y me abrí de piernas. Con una mano me sujeté un espejo, y con la otra me metí fuerte para adentro la varilla filuda. Me dolió mucho. Me dejé el palo metido y me lo amarré a una pierna. Hay que caminar harto con el palo de quila todo el día amarrado a la pierna. Me dolía todo. Al día siguiente tuve una hemorragia terrible y tuve mucha fiebre. Me pasé el día delirando. En la noche mi hermana me trajo al hospital.". (Herminia, 21 años, tercer año básico, madre soltera de Longaví).

De estos testimonios, señor Presidente , surgen con claridad las diversas causas que impulsan a las mujeres a realizarse un aborto. Ellas son: necesidades no satisfechas en materia de anticonceptivos, problemas sociales y económicos, falta de educación sexual en forma integral y oportuna, ya que son cada vez más las adolescentes solteras y menos las adultas casadas que interrumpen sus embarazos en forma voluntaria.

De todos los antecedentes que he entregado, surge la siguiente pregunta: ¿qué sentido tiene intensificar los aspectos puramente represivos?

Deseo que el Honorable Senado aproveche esta oportunidad para que, al discutir sobre aborto -según entiendo, esto ocurre por primera vez en la historia de la Corporación-, analicemos la globalidad del problema y no enfoquemos su dimensión puramente represiva.

El problema del aborto y su penalidad ha sido constantemente objeto de estudio y discusión. Ésta ha originado una serie de teorías, las que han producido una polarización en torno a dos posiciones antagónicas: por un lado están los que consideran genéricamente al aborto como un hecho ilícito, lo que los lleva a sostener su punibilidad, y por el otro se encuentran aquellos que estiman que el aborto no constituye un delito, porque privilegian la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo.

Frente a estas dos posturas, hay un tercer planteamiento, que, si bien considera al aborto como delito, sostiene que existen circunstancias especiales que, señaladas en forma expresa por el legislador, por su naturaleza y condición, eximen de responsabilidad a los actores.

La causa de esta polarización y falta de uniformidad de criterios radica en el hecho de que el problema del aborto (es evidente) sobrepasa el campo del derecho y de la ciencia jurídica, ya que abarca también otros tópicos, que alcanzan a la moral, a la ética, a la conciencia, a lo subjetivo y a lo más íntimo de cada persona.

Muchas son las teorías y fundamentos que han planteado los diferentes tratadistas; numerosos son los argumentos que han dado en favor de una u otra posición; diferentes han sido las actitudes que se han sostenido a través de la historia y de los pueblos, y distintas han sido y son, también, las posiciones que los legisladores han tomado en cada país. Frente a la penalidad del mismo se observa, en todo caso, que a partir del siglo XIX ella ha ido disminuyendo considerablemente, circunscribiéndose a penas restrictivas de libertad de un monto de duración bastante reducido.

Más aún, en las últimas décadas se ha reconocido la licitud del hecho en ciertos casos, lo que es fácil comprobar mediante el análisis de la actual legislación comparada sobre la materia.

Nuestro país no ha estado ajeno a esta tendencia universal, ya que hasta la dictación del Código Penal la penalidad de este delito era altísima. En el referido cuerpo legal, el castigo se reduce solamente a penas restrictivas de libertad y en un monto reducido o limitado.

Si bien la legislación es más liberal respecto al problema en naciones como Japón, Estados Unidos y algunos países nórdicos, las cifras en cuanto a abortos que muestra América Latina, con una legislación más restrictiva, son igualmente altas.

En consecuencia, la mayor penalización por prácticas abortivas no significa una disminución de éstas, sino que sólo implica, desgraciadamente, mayores riesgos para las mujeres que a ellas se someten. No hay ciudad latinoamericana en la cual una mujer con dinero -y esto digámoslo con mucha franqueza- no pueda obtener un aborto limpio, ejecutado por manos profesionales. Solamente los pobres se ven obligados al alto riesgo de maniobras abortivas por parte de quienes ignoran cómo hacerlo, provocando con ello serias complicaciones y aun la muerte, por lo que podemos afirmar categóricamente que existen dos tipos de abortos: uno para ricos y otro para pobres.

En realidad, el problema de fondo no ha sido enfrentado en casi ninguno de nuestros países. En Chile, el aborto es un problema que se arrastra por decenios, pero sólo en la década del sesenta se dieron a conocer públicamente las primeras cifras: de 16 mil 540 abortos registrados en 1940, según algunas estadísticas, se llegó a 56 mil 130 en 1965. Estos guarismos contemplan sólo los que se registraron en hospitales porque sufrieron algún tipo de complicación.

Señor Presidente, solicito que se me cargue el tiempo restante al de votación, para terminar en unos 5 o 6 minutos más.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Puede continuar con el tiempo de su segundo discurso, señor Senador.

El señor OMINAMI.-

La tasa de abortos hospitalizados ha disminuido, lo que, a juicio de especialistas como el doctor Mario Requena , no significa que hayan decrecido los abortos inducidos, sino que "las técnicas de inducción están siendo mejor usadas, incluso por las parteras".

Las cifras nos muestran que detrás de cada aborto hay un embarazo que no se deseó. Según la antropóloga antes citada, en nuestro país sólo un 44 por ciento de los bebés que se esperan son deseados y, del 56 por ciento restante -los niños no deseados-, un 35 por ciento se resuelve como aborto. Dicho porcentaje es el más alto entre los países de América Latina.

Esta proporción, a juicio de la especialista, tiene su base en una pregunta que no siempre ha podido ser respondida: ¿por qué mujeres fuertemente motivadas para no tener hijos quedan embarazadas?

Señor Presidente , nuestra legislación considera como ilícita toda práctica con fines abortivos, consagrando esta figura delictual en los artículos 342 a 345 del Código Penal. Hasta 1990, se contemplaba en el artículo 19 del Código Sanitario que el aborto se podía practicar legalmente en caso de peligro para salvar la vida de la madre, siempre que dos médicos aprobaran el procedimiento, es decir, el aborto terapéutico.

Durante el Régimen militar, se eliminó esta figura legal, aduciendo que "el avance de la medicina ha demostrado que el aborto terapéutico no se justifica en ningún caso", y se castigó a quien se somete a él con penas de uno a 5 años. A pesar de esto, se calcula que el 38 por ciento de las muertes maternas se debe a abortos.

Con esta situación, Chile se encuentra entre los 17 países que junto a Haití, República Dominicana, algunos de África Central y otras naciones islámicas, penalizan el aborto terapéutico. Francamente, y con el respeto que me merecen aquellos países, creo que no se ubican precisamente en la vanguardia del progreso mundial.

Es una tendencia universal la que, en el marco de la preocupación por bajar la incidencia y prevalencia del aborto inducido, ha llevado a las legislaciones a despenalizar el aborto por un número creciente de causales. En los últimos 70 años, se legisló sobre el problema en el 90 por ciento de los países que representan el 96 por ciento de la población mundial. Distintas experiencias ratifican que el índice de morbi-mortalidad materna baja considerablemente cuando existen políticas públicas de anticoncepción y la práctica legal del aborto terapéutico. Tal es el ejemplo de la situación ocurrida en la maternidad del Hospital Barros Luco , en Santiago, donde prácticamente se suprimió la mortalidad materna por aborto en la década del 70.

Otro hecho aun más sorprendente se refiere a las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud. El anuario de egresos hospitalarios de 1990, existiendo expresa prohibición de efectuar todo tipo de abortos, registra 82 casos de abortos inducidos legalmente. Se observa, en consecuencia, una notable contradicción entre esta prohibición total y el artículo 26 del Código de Ética del Colegio Médico, en el cual se contempla que el aborto es procedente cuando:

a) se efectúa como medida terapéutica;

b) es aprobado por dos médicos competentes; y

c) se realiza por un médico especialista.

Ahora bien, la modificación legal aludida ha originado graves vacíos legales. Citaré sólo algunos:

-En caso de detección de una malformación que presumiblemente hará imposible la vida futura del embrión, no hay solución ni amparo en la legislación.

-En 1991, el Presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, doctor Patricio Gayán , señaló que "a pesar de los avances de la medicina y de la tecnología médica, aún subsisten situaciones en que la interrupción del embarazo se justifica. En estos casos, el aborto no mejora a la madre, pero está protegiendo su vida, dado que sufre una enfermedad grave que la pone en serio riesgo de muerte de persistir el embarazo.".

Figuran en este plano, a juicio del especialista, las mujeres con cardiopatías severas, ciertos casos de enfermas renales transplantadas, a las que hay que suprimir las drogas que impiden el rechazo del nuevo órgano, y también las pacientes que sufren cáncer del cuello del útero, las que deben ser sometidas a altas dosis de radiación, que provocará necesariamente la muerte del embrión o feto.

¿Qué hacer cuando una mujer está embarazada y tiene cáncer a la mama? Se sabe que el embarazo agrava el cáncer y que si se trata con quimioterapia el feto muere. ¿Qué se hace cuando una mujer sabe que está gestando un hijo con anacefalia? ¿Qué hacer, señor Presidente , cuando un padre o padrastro llega borracho y viola a su hija o hijastra?

Sobre este último punto quisiera detenerme. En nuestro país los actos de agresión sexual en contra de los mujeres y niños se están convirtiendo en fenómenos comunes. Las víctimas principales, pero no exclusivas, de abusos sexuales son mujeres, en especial menores de 20 años, y también adultas. Las violaciones denunciadas alcanzan sólo a 25 por ciento; de ellas, el 78 por ciento son perpetradas por conocidos de la víctima, según lo señalan las cifras del Instituto Médico Legal.

Señor Presidente , por ser el fondo del problema una cuestión de forma de vida, de cultura, de valores y educación de los pueblos, de conciencia y de responsabilidad, es evidente que el aborto no es una solución. Ésta se encuentra mucho más allá, y requiere de un camino más largo, que debemos recorrer para producir un cambio de conciencia, de mentalidad, de sistema de vida.

Las medidas que tienden a resolver el problema pasan por la planificación familiar; por un Estado que dé protección efectiva a las madres solteras y disponga de organismos eficientes para la investigación de la paternidad; por una legislación acorde con las nuevas realidades, erradicando todo tipo de diferencias y discriminaciones en contra de los hijos naturales, estableciéndose la más absoluta igualdad entre éstos y los legítimos.

Nadie aborta porque quiere. El aborto es una medida extrema, dolorosa e indeseada. Si muchas mujeres recurren a ella es porque la sociedad no ofrece condiciones para vivir una maternidad digna. Debemos analizar en conciencia y con sentido de realidad cuáles son las verdaderas condiciones que la sociedad chilena ofrece a las mujeres, sobre todo a las que viven en situación de pobreza, para que realicen plenamente su derecho a ser madres.

Por lo expuesto, señor Presidente , señalo mi rechazo a legislar en esta forma sobre la materia, porque no creo conveniente incentivar las dimensiones puramente represivas de este tremendo drama que vive el mundo, especialmente nuestro país. En consecuencia, me parece necesario llevar a efecto una discusión más a fondo al respecto, que involucre el conjunto de las dimensiones que se han planteado y en la cual puedan participar los más amplios sectores del país.

En el entretanto, reitero mi rechazo a la moción del Senador señor Larraín.