Labor Parlamentaria

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol ) [vía telemática].-

Señor Presidente, quiero tomarme de las palabras del diputado Rocafull , quien me antecedió en este debate, a propósito de algo que nos llama profundamente la atención.

No sé si se están dando cuenta, pero esta discusión ya la dimos en la Cámara de Diputados durante el año pasado. En la Comisión de la Familia -ello, cuando formé parte de esa instancia nos tomamos más de un año en la tramitación de un proyecto de iguales características que el que estamos debatiendo hoy.

Nuevamente, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se apropia de lo que no le pertenece, como lo hizo ayer con el proyecto de matrimonio igualitario. Lamento que tengamos que hacer doble trabajo en el Parlamento sobre iniciativas que debieran ser ley mucho antes de lo que hoy estamos permitiendo, porque si el gobierno hubiese patrocinado el proyecto que fusionaba siete iniciativas parlamentarias para poder avanzar en las determinaciones que hoy nos encontramos discutiendo, probablemente esto ya sería ley y no tendríamos que estar tramitándolo hoy, de nuevo, en un mismo trámite.

¡Qué capacidad tiene el Ejecutivo de desperdiciar los esfuerzos políticos que se hacen cuando no es él quien pone la firma! Lo lamento muchísimo.

Quiero decir que tengo plena convicción en la materia. Soy autora de varios de los proyectos que fueron recogidos en esa primera tramitación, en que se establece el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental, sobre el cual el Estado tiene responsabilidades concretas en cuanto a respetarlo, promoverlo y darle efectividad.

Cuando hablamos de las pensiones alimenticias, del derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir una pensión que les permitirá subsistir, costear el valor de sus alimentos, los gastos de la vida cotidiana, no hablamos de cualquier cosa.

El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño -niños, niñas y adolescentes establece expresamente la obligación de los Estados partes de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia.

El 84 por ciento de las pensiones alimenticias no son pagadas, por lo que este derecho se vulnera. Y, lamentablemente, muchas veces se obliga a las mujeres, que en su mayoría están a cargo de la protección y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, a buscar todos los mecanismos para poder hacerse cargo por sí solas de esta responsabilidad. La corresponsabilidad en la crianza es un elemento fundamental en la determinación de traer a un niño o niña al mundo.

Por ello, frente a esa realidad, debemos tomar las medidas necesarias para que los llamados “papitos corazón” -en su mayoría, los deudores son hombres; por eso se habla de “papitos”-, quienes no pagan la pensión alimenticia, tengan consecuencias en la retención de sus ingresos. La idea es que existan consecuencias tras el establecimiento de este listado o registro electrónico que se hará para poder determinar quiénes son los deudores de alimentos. La iniciativa apunta a que se les restrinja el acceso a ciertos derechos, que en la actualidad no se limitan a consecuencia de esta situación.

Por último, se busca determinar, como tiene que ser, que el no pago de la pensión alimenticia es una acción de violencia intrafamiliar y de género, porque en su mayoría son mujeres quienes, cuando estos personajes desaparecen, terminan haciéndose cargo del cuidado de sus niños y niñas, pagando lo que les corresponde y alimentándolos día a día.

Estoy convencida de que debemos tomar la posta para que ningún papito corazón deudor de pensión alimenticia y ningún agresor de mujeres, en cualquier ámbito, tenga el derecho de presentarse a cargos de representación popular.

Por eso, aprobaremos el proyecto. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que podría haber sido ley mucho antes si el gobierno hubiese tomado la iniciativa que en la Cámara de Diputados votamos, aprobamos y despachamos hace meses.

He dicho.