Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, durante el último mes y medio en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y en sus distintas subcomisiones hemos estado analizando y estudiando el proyecto de ley de presupuestos para 2021, enviado por el Ejecutivo.

En primer lugar, no podría partir estas palabras sin agradecer a los equipos de trabajo que estuvieron detrás de este análisis, porque, como se verá en este debate, se produjo una discusión muy extensa. Así que vaya mi reconocimiento a todos ellos.

Este es mi tercer año en esta instancia. Creo que nunca había visto al Ejecutivo tan poco abierto a aceptar propuestas de mejora en la ley de presupuestos, así como también para aclarar las dudas que hemos presentado en conjunto como oposición.

Quiero tomarme los próximos minutos para contarles las razones por las que deberíamos rechazar este presupuesto, y si no están los votos, al menos mantener los rechazos planteados por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos durante su tramitación.

Me gustaría partir por el retroceso en transparencia, accountability y trazabilidad de los recursos. Existe consenso en que la ley de presupuestos debe ser reformulada para que permita un mejor control democrático sobre el gasto fiscal, que es financiado, en su mayor parte, por todas y todos los chilenos y chilenas, sobre todo con el IVA.

Un pilar fundamental de este control democrático tiene que ver con la transparencia y la capacidad de los distintos actores -parlamentarios, partidos políticos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil e incluso beneficiarios y beneficiarias de las políticas públicas para saber en qué se gastarán los recursos el próximo año; cuánto y por qué aumentan, disminuyen o se recortan algunos programas.

Quiero partir por algo que fue una promesa durante todo el año por parte del ministro Briones , que es la idea del presupuesto base cero, que finalmente se tradujo en un presupuesto base ochenta, como se terminó diciendo. No hubo participación efectiva de los principales involucrados, las y los funcionarios públicos, quienes, finalmente, diseñan, ejecutan y monitorean estos programas.

En esta idea de presupuesto base cero, con estos recortes, se nos dijo en la primera presentación que se había creado espacio de gasto por 741 millones de dólares en revisión de programas y por 1.528 millones de dólares en ajustes administrativos, priorización y otros. Siempre se valora cuando los mismos objetivos se consiguen con mayor eficiencia; pero todavía, después de un mes y medio de tramitación, no tenemos la información de cada recorte con su evaluación programática. Si bien hemos obtenido algunas respuestas parciales en las subcomisiones, no existe un desagregado oficial, que debiera existir como estándar mínimo de transparencia.

Pero veamos en qué se “gastan” los recortes. Porque estos recursos, que totalizan 2.269 millones de dólares, de acuerdo con lo que nos dijo el gobierno se fueron a “reforzar programas bien evaluados”, por 1.691 millones de dólares, y a “fondos especiales”, por 579 millones de dólares. Pero haciendo un doble clic en esta idea de reforzar programas, nos llevamos una triste sorpresa: se habían puesto en ese ítem 333 millones de dólares, lo que está asociado a la ley corta de pensiones, que aprobamos el año pasado; 166 millones de dólares para el subsidio del ingreso mínimo garantizado, que aprobamos en una ley permanente; 107 millones de dólares para el financiamiento de la gratuidad, que está en una ley permanent, y 57 millones de dólares para el ingreso ético familiar, que está en una ley permanente. Todos esos ítems suman más de 650 millones de dólares, o sea, más que los ministerios de Cultura, del Medio Ambiente, de la Mujer y Equidad de Género y de Deportes combinados. El tema es que dichos desembolsos estaban respaldados por ley, es decir, no son priorización de recursos, como dice el Ejecutivo, sino una obligación del gobierno, respaldada por los informes financieros al momento de aprobarse esas leyes permanentes.

¿Qué significa esto en concreto? ¿Por qué nos debería importar? Porque, en la práctica, el gobierno hizo pasar por repriorización lo que en cualquier parte del mundo llamarían recorte.

Luego, al entrar de lleno en la discusión en particular, constatamos cómo las bases de cálculo y las asignaciones transitorias de las partidas se adaptaron específicamente para fortalecer el mensaje comunicacional, en vez de permitir una comparación efectiva entre dos años. ¿Cómo es eso? Sabemos que el presupuesto de 2021 tendrá un “suplemento”, que será transitorio, de aproximadamente 5.000 millones de dólares, que componen el fondo covid-19 y los fondos especiales. Es precisamente por su carácter transitorio que debemos ser muy cuidadosos al incorporarlo al análisis que se hace año a año. ¿Por qué? Porque año a año el presupuesto que se discute es la base del presupuesto del año siguiente. Voy a poner un ejemplo ficticio: si el presupuesto del ministerio X fuera 100, de los cuales 60 son gastos de leyes permanentes, que mandatan, entonces tenemos 40 que son para gastos variables, que año a año se puede discutir en qué se gastan. Ahora, si el gobierno asigna 60 en este presupuesto y los 40 los deja como transitorios, en la práctica nos está diciendo, anticipadamente, que proyecta una reducción del 40 por ciento en gastos permanentes, que serán la base para el próximo año. Eso está haciendo el gobierno en muchas partidas que mencionaré más adelante.

Toda esta confusión llevó al Observatorio de Política Fiscal a escribir la siguiente conclusión: “la actual propuesta de Ley de Presupuestos 2021 empeora su nivel de transparencia y claridad, en comparación con proyectos de leyes de años anteriores”. Si bien el actual estándar de transparencia fiscal de Chile es clasificado como insuficiente según el Open Budget Survey, el Observatorio dice que “se vuelve finalmente insostenible frente a la magnitud de cambios metodológicos, ajustes contables y reasignaciones que el Ejecutivo está proponiendo para el ejercicio de 2021.”.

Este es el resumen, en términos generales, de la discusión que tuvimos en términos contables con el Ejecutivo, lo que evidentemente redundó en desconfianzas a la hora de tramitar cada una de las partidas en particular.

Ahora, si bien estamos en el debate en general, no puedo dejar de mencionar algunas cosas particulares que nos parecen pésimas señales para los tiempos que estamos viviendo y que solo acrecientan la desconfianza en relación con el Ejecutivo.

Uno, ciencias e innovación. El gobierno dice que aumenta la inversión en ciencia y tecnología, pero lo que en realidad sucede es que se recortan programas por 42.000 millones de pesos, para luego aumentarlos artificialmente, a través de traspasos de programas de otras partidas, es decir, mover de un lado a otro para decir que con eso se genera un aumento, y, al mismo tiempo, inyectar fondos transitorios.

Cuando quedó al descubierto esa técnica contable, el gobierno se comprometió a revisarla, pero aún no vemos traducida esa revisión en indicaciones que den respuesta a las demandas de las comunidades científicas y, más importante aún, a los desafíos del país.

En segundo lugar, me referiré a la situación de las trabajadoras y de los trabajadores. Existen varias situaciones relacionadas con cambios administrativos que no fueron conversadas con las asociaciones de funcionarios. Esos cambios se efectuaron, incluso, en contra de la voluntad de los jefes de servicios. Ello ocurrió, por ejemplo, en el Observatorio de la Juventud, en el INIA, en el Inach y en la Corfo, entre otros. Si bien el Ejecutivo se ha comprometido a revisar la situación, hoy no tenemos ninguna propuesta materializada en una indicación.

No puede ser que este tipo de cambios se efectúen de manera tan unilateral. Es una falta de respeto hacia las y los trabajadores de los servicios que sostienen el pilar público. Cuando hablamos del presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el gobierno debería empezar por casa y mostrar más empatía y cuidado por las y los trabajadores de sus servicios. Si quieren hacer cambios administrativos, deberían tener protocolos diferentes con los sindicatos y las asociaciones de funcionarios, buscando que estos sean parte activa de este tipo de cambios, o que, al menos, exista una buena gestión de cambio al respecto.

De manera contraria, se han creado incertidumbres, desconfianzas, que solo generan un ambiente más bien tóxico de trabajo y precarizan la situación laboral de las y los trabajadores. No puede ser que las asociaciones se enteren de cambios administrativos mediante un correo o por la prensa.

En cuanto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el diputado Melero dice que el presupuesto crece y que invita a alguien a decir lo contrario. Lamentablemente, no está en estos momentos en la Sala, pero le quiero responder: se dice que el crecimiento formal del presupuesto 2021 para ese ministerio es de 4,14 por ciento respecto de la ley aprobada en 2020. Si el cálculo se aplica sobre el presupuesto inicial ajustado, ese incremento sube a 9,93 por ciento, pero si se realiza sobre el presupuesto vigente, que tuvo recortes, el incremento llega a 13,04 por ciento.

Ahora bien, si analizamos la estructura del presupuesto desagregando esos ejercicios contables, podemos observar lo siguiente: 8.762.500.000 pesos corresponden al denominado Fondo de Emergencia Transitorio; 3.783.250.000 pesos corresponden a una transferencia al Ministerio de Educación, para el financiamiento de la Fundación Tiempos Nuevos del Museo Interactivo Mirador; 4.404.487.000 pesos corresponden a recursos a ser transferidos al CNTV, fondos que ya existían; 2.444.275.000 pesos corresponden a recursos asignados a la Conadi, fondos que ya existían; 4.605.737.000 pesos -fondos que también existían corresponden a recursos para ser transferidos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a fin de destinarlos al programa de revitalización de barrios patrimoniales.

Las cinco asignaciones señaladas suman un total de 24.000.249.000 pesos. Si rebajamos este monto, que no corresponde a un aumento real del presupuesto, el mismo termina cayendo respecto de la ley aprobada para 2020.

Un claro ejemplo de cómo se realizan recortes para financiar gasto permanente autorizado lo podemos ver en los 42.000.000.000 de pesos que se quitan a los fondos basales de la educación superior para financiar el aumento en gratuidad.

Nadie sabe cómo se gastan las platas destinadas a las universidades. Hay un profundo desconocimiento acerca de los mecanismos de transparencia de las universidades, de las contralorías internas, de cómo maneja este tema la Contraloría General de la República, de la información que se debe entregar en forma semestral y, por supuesto, respecto de la fiscalización que debe ejercer la Superintendencia de Educación Superior.

Respecto de Carabineros de Chile, efectivamente esa institución ha tenido un problema evidente en la ejecución de fondos. Ello no es sorpresa para nadie. En el reporte anual que publicó Contraloría el 31 de agosto de este año, en su página 32 se señala que en las auditorías a Carabineros se objetaron 752.000.000.000 de pesos. Es decir, más de la mitad de lo que se objetó al Ministerio del Interior corresponde a gastos improcedentes o mal ejecutados por Carabineros.

Como no tenemos ninguna señal de que vaya a haber una reforma profunda al servicio, ni en lo financiero, ni en lo administrativo ni en lo que respecta a violaciones de derechos humanos, en la subcomisión señalamos que esa institución no va a recibir ni un solo peso adicional sobre los recursos asignados por la vía de leyes permanentes. De hecho, hemos llamado a rechazar esta partida.

En cuanto a reparación y derechos humanos, además de los fondos necesarios para el INDH y las atenciones en salud para quienes han sufrido lesiones graves o mutilaciones como consecuencia del actuar represivo del Estado, hemos solicitado recursos para la creación de un fondo de reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, iniciativa que aún no se materializa. Por eso, espero que toda la oposición dé una señal clara en materia de reparación.

En esta línea, quiero subrayar la que, a mi juicio, es la mayor pequeñez que he observado en todas las tramitaciones de proyectos de ley de presupuestos de que tengo memoria. La iniciativa recorta los pequeñísimos, ínfimos presupuestos destinados a la mantención de los sitios de memoria, como la casa José Domingo Cañas , la Villa Grimaldi, Londres 38, el Museo de la Memoria, entre otros. Se trata de recortes por 480.000.000 de pesos durante un año, o sea un 0,0008 por ciento del presupuesto. Dado el contexto que está viviendo el país y la grave situación de derechos humanos que atravesamos, que tiene como principal responsable al gobierno, no podemos sino interpretar ese recorte como una burda provocación.

Por esas y otras razones que no alcanzaré a exponer hoy, pero que sin duda haremos presente en la discusión particular, desde el Frente Amplio proponemos rechazar en general el proyecto de ley de presupuestos y que el gobierno comience a mostrar flexibilidad en los temas que siguen entrampados en las subcomisiones.

He dicho.