Labor Parlamentaria

El señor JARAMILLO (Presidente en ejercicio).-

En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, cuando se inició la comisión investigadora de Dipreca y Capredena , evidentemente la discusión estaba marcada por lo que los medios de comunicación dieron en llamar el caso de la pensión millonaria de Myriam Olate.

Eso ocurrió al comienzo del trabajo de esta comisión investigadora, que si bien inicialmente tenía un tinte político y estaba dirigida especialmente en contra de trece personas que habían sido beneficiadas con pensiones que superaban el límite de las 60 UF, debimos ampliar en el transcurso de la investigación, dado que todos los miembros de la comisión nos fuimos percatando de que se trataba de una práctica reiterada, lamentablemente.

Tras un arduo trabajo, pudimos concluir un informe, el que fue leído por el diputado Soto , que se aprobó por unanimidad, respecto del cual quiero destacar tres cosas.

La primera, señor Presidente, es que en los últimos años Dipreca ha otorgado un total de 1.705 pensiones, de las cuales 667, cerca del 40 por ciento, superan el límite de las 60 UF establecido en la ley.

Eso ocurre por dos motivos, según concluimos en la comisión. El primero, por aplicación de un sistema al interior de Dipreca que permitía obtener beneficios y postular a alzas de remuneraciones con el solo fin de incrementar la pensión que se obtendría al pasar a retiro, y el segundo, por la manga ancha que aplicó la Contraloría General de la República, que varió el dictamen a través del cual se hacía toma de razón de este tipo de jubilaciones o de pensiones, permitiendo algo que, como era evidente, vulneraba la normativa legal vigente.

Entre los mecanismos, tal como mencionó el diputado informante, había algunos que despertaron especial atención entre los integrantes de la comisión. El primero es el otorgamiento de funciones críticas a personas que no cumplían labores de esa naturaleza al interior de la respectiva institución, pues estaban pensadas para personas que, en el caso de Gendarmería, trabajan dentro de los recintos penales, pero se otorgaban a personas que trabajaban en oficinas o en algún lugar que no tenía relación directa con los recintos penales, entre los cuales se encuentra el comentado caso de Myriam Olate.

El segundo era el aumento absolutamente injustificado de grados en los meses inmediatamente anteriores a la jubilación, nuevamente con el único fin de defraudar al fisco y obtener, a través de un resquicio legal, el aumento de las pensiones que se otorgarían a esas personas.

El tercero consistía en modificar la calidad jurídica de la contratación de las personas, pasándolas de contrata a planta en determinados momentos de su carrera, con el fin de hacerlas ingresar al sistema de Dipreca y, con ello, tener fundamento legal para jubilarlas a través de ese sistema. Por eso, durante el transcurso del trabajo de la comisión algunas personas que habían obtenido jubilaciones por más de cinco millones de pesos terminaron jubiladas a través de las AFP y con pensiones cercanas a los 450.000 pesos. O sea, a través de esos resquicios legales habían logrado abultar su pensión cerca de doce veces en comparación con lo que legalmente les correspondía.

El cuarto mecanismo o resquicio era no clarificar lo que se entendía por “unidad penal”, lo que llevó a que en la práctica se estableciera la posibilidad de considerar como trabajo en una unidad penal cualquier labor que se realizara al interior de Gendarmería, lo cual, evidentemente, vulneraba la lógica misma del concepto de “unidad penal”, que es el que permite dar una mayor protección y una mayor jubilación a quienes ponen en riesgo su vida al desempeñarse en dichos recintos. Se fue haciendo laxa la interpretación acerca de qué se entendía por “unidad penal”, lo que permitió que personas que trabajaban en oficinas terminaran accediendo a mejoras de remuneraciones con el solo fin de poder incrementar sus futuras pensiones.

En quinto lugar, tal como conversamos en alguna ocasión con el diputado David Sandoval , de la Undécima Región, era común que pocos meses antes de jubilar personas amigas del director de turno -aquí evidentemente hubo una utilización política por parte de los distintos directores de Gendarmeríaenviaban a quienes estaban próximos a jubilar a Aysén, que es el lugar donde reciben una mayor remuneración por concepto de función crítica y por concepto de destinación de zona, lo que dejaba la sensación, incluso entre la propia gente de la Undécima Región, de que había más personas a punto de jubilar que presos a los cuales cautelar. Esto se hacía con el fin de hacer trampa al sistema, de engañar para obtener una pensión por sobre el límite legal.

En la comisión investigadora acordamos enviar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado todos los antecedentes de más de quinientas personas que habían incrementado artificiosa, fraudulenta y dolosamente sus pensiones en sus últimos meses de trabajo, con el objeto de que inicien un proceso de invalidación de esas pensiones y se cobren todos los dineros mal habidos.

Por eso hago nuevamente un llamado al Consejo de Defensa del Estado para que, de una vez por todas, ponga coto a esa situación e inicie los procedimientos para recuperar los dineros que obtuvieron algunas personas gracias a la vulneración del sistema por medio de diversos mecanismos artificiosos.

El trabajo en la comisión investigadora permitió llegar a conclusiones unánimes respecto de la necesidad de modificar el sistema que otorga las pensiones en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).

Para concluir, deseo señalar que los actuales directivos de la Dipreca hicieron caso omiso a las diversas indicaciones que realizó la Contraloría General de la República para modificar el sistema de otorgamiento de pensiones a personas que cotizan en la Dipreca, a fin de seguir favoreciendo a funcionarios de las direcciones de Administración y Finanzas de Carabineros y de otras instituciones, así como a personas que mantenían algún tipo de ligazón política con el director o directora de turno, situación que alcanzó su peak durante el 2014, en que se otorgó una gran cantidad de pensiones incrementadas fraudulentamente.

He dicho.