Labor Parlamentaria

El señor BELLOLIO .- Señor Presidente , por su intermedio, saludo a las personas que nos acompañan en las tribunas, provenientes de distintos establecimientos educacionales: hay estudiantes de enfermería y del IPChile, con quienes me encontré a la entrada del edificio.

(Aplausos)

Hoy discutimos un proyecto de ley específico. Sin embargo, creo que también necesitamos hablar del marco conceptual, en el que se debe incluir a las carreras terciarias, las de nivel superior.

Lo primero se relaciona con el concepto de universidad.

Las semanas pasada y antepasada escuchamos a diversos diputados hablar de la universidad como algo distinto a lo que es hoy.

El concepto inicial de universidad tenía que ver con la lógica de buscar la verdad y de formar ciudadanos libres. De allí, por lo demás, se desprende, al menos para nosotros, la importancia de la libertad de enseñanza, porque es para formar ciudadanos libres.

Originalmente, la universidad era una comunidad de profesores y académicos que tenía solo cuatro ramas, es decir, cuatro “carreras”: Filosofía, Teología, Medicina y Derecho. Y eso era todo. Así nació la universidad.

Sin embargo, hoy vivimos en una sociedad mucho más compleja, en que se pone acento en lo laboral, en las herramientas que uno necesita aprender y comprender durante los estudios superiores, de manera que sean útiles para lo laboral.

Ahora, no puede ser que lo único relevante en la educación superior sea solo el aprender herramientas para desempeñarse en el mundo laboral, como tampoco puede serlo en la escuela. La formación de la persona y la entrega de herramientas para el trabajo deben ser compatibles. Es en el equilibrio de la formación de la persona, junto con la entrega de herramientas para el trabajo, donde los CFT, los IP y las universidades juegan su rol.

Se nos pide que votemos un proyecto que otorga exclusivamente a las universidades la entrega de una serie de títulos profesionales, adicionales a los 18 que ya contempla la ley. La argumentación ha ido en la línea de que así se podría asegurar la calidad y que esto permitiría un mayor desarrollo profesional.

De hecho, recuerdo que un diputado señaló que solo en la universidad se cumple el pensamiento crítico, se estudia la ciencia. Quiero decir a ese diputado que está equivocado; el pensamiento crítico se estimula desde antes, desde la escuela. Otra cosa es que hoy exista menor capacidad para realizar dicho proceso.

¿Qué significa que el pensamiento crítico se efectúe estrictamente en la universidad? ¿Que quienes estudian en los CFT e IP no tienen pensamiento crítico en sus carreras? Esa sería una manera burda de enfocar el tema.

El artículo 54 del DFL N° 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, establece qué significa cada concepto. Lo recuerdo porque creo que, lamentablemente, hemos caído en una confusión.

La norma dispone, en su letra a): “El título de técnico de nivel superior es el que se otorga a un egresado de un centro de formación técnica o de un instituto profesional que ha aprobado un programa de estudios de una duración mínima de mil seiscientas clases, que le confiere la capacidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo al nivel profesional.”.

Ese es un aspecto. Otro es el título profesional, que, obviamente, entregan los institutos profesionales o las universidades que han aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional.

Entonces, a los diputados que piensan que solo en las universidades se elabora el conocimiento científico o se estimula el pensamiento crítico, les pido que lean la ley, que indica qué significa un título de un centro de formación técnica y un título de un instituto profesional.

Y más adelante, en la letra c), la norma establece: “El grado de licenciado es el que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada.”.

Si tuviéramos que conversar más en serio y con mayor profundidad sobre el particular, debería manifestar que me parece un error que establezcamos en la ley qué es una licenciatura y qué no. Eso es lo anticuado. Mientras el mundo va hacia otras partes del conocimiento, a un conocimiento más complejo, nosotros le ponemos restricciones y pretendemos ir más rápido que el conocimiento. En ese sentido, no corresponde que esta Sala defina qué es licenciatura, porque eso está completamente obsoleto. De hecho, el magíster es un grado que implica la profundización de las disciplinas. ¿Por qué esas disciplinas solo deben ser estudiadas en universidades y no en institutos profesionales? Obviamente, tal criterio es una reducción del saber.

En el artículo 63 de la misma norma se establece la diferencia entre título y licenciatura, en circunstancias de que se debe hacer exactamente lo contrario.

El Proceso de Bolonia , consenso al que se llegó en Europa, permitió, entre otras cosas, acortar las carreras, homologar los títulos y reconocer la movilidad. Lo señalo porque, cuando cursaba la carrera de ingeniería comercial en la Universidad Católica, quise asistir a clases en otras universidades, pero no pude hacerlo, debido a que se consideraba que existía incompatibilidad. ¿Por qué no puede ser compatible? ¿Por qué se necesitan seis años para estudiar ingeniería y se obliga a los estudiantes a cruzar por una especie de desierto de tres o cuatros años para recién comenzar la especialización? ¿Por qué no miramos la educación superior como algo distinto, como una educación de carácter general, en la cual se prueben las distintas competencias de los estudiantes y se permita el aprendizaje permanente? ¿Por qué algunos piensan que solo en las universidades puede haber pensamiento crítico? Considero que esa idea es un error. ¿Por qué se supone que hay más calidad en las universidades que en los institutos profesionales?

El Consejo Nacional de Educación elaboró un diagnóstico que señala, en forma clara, que el actual sistema de acreditación tiene algún grado de sesgo anti-CFT y anti-IP; está hecho para las universidades. Sin embargo, aun así, hay dos institutos profesionales que también tienen CFT: DUOC e Inacap, los cuales tienen siete y seis años de acreditación, respectivamente. ¡Más años de acreditación que treinta y tres universidades! Por su parte, IPChile, AIEP y otros siete institutos tienen cuatro años de acreditación, cantidad que supera los períodos de acreditación de más de diez universidades y que es igual a los de doce universidades.

Por lo tanto, ¿es garantía de calidad que un establecimiento de educación superior se llame universidad? La respuesta es no. Asimismo, ¿es garantía de un mejor desempeño profesional o para la obtención de mejores salarios el que una carrera se imparta en una universidad? La respuesta también es negativa.

Permítanme detenerme en un punto. Las plantas de los servicios públicos discriminan a los profesionales de institutos profesionales, práctica que es inaceptable. La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado permite ocupar cargos directivos a los licenciados o profesionales con diez semestres. Sin embargo, en los concursos respectivos se restringe la participación a los profesionales universitarios, lo que constituye una forma de discriminación inaceptable de parte del Estado hacia quienes estudiaron en institutos profesionales. No se puede permitir que se siga discriminando a quienes estudian en tales establecimientos de educación superior.

El Estatuto Administrativo tampoco hace esa forma de discriminación en el ámbito de los requisitos que se exigen para los cargos municipales, pero en la práctica igual se produce, de manera que es el momento de hacer la diferencia.

En el proyecto en discusión se propone establecer que las carreras de tecnología médica, enfermería y obstetricia y puericultura, entre otras, sean impartidas solo en universidades; pero, en la práctica, ninguna se enseña en institutos profesionales, porque es obvio que requieren de un campo distinto y de una complejidad educacional diferente, y eso lo saben los institutos profesionales.

Sin embargo, ¿qué les diremos a los jóvenes que estudian fonoaudiología, kinesiología, nutrición y dietética y terapia ocupacional? ¿Qué valen menos que los que estudian en universidades? Por supuesto que no; quien habla está en contra de ello. ¿Qué les diremos a los 1.500 alumnos que entraron a primer año en institutos profesionales, los que al momento de egresar, en cuatro o cinco años más, no serán reconocidos como profesionales? ¿Les diremos que deberían haber entrado a estudiar a otro establecimiento? Lo que se propone hacer en el proyecto de ley en debate es un error. Chile necesita más, no menos, profesionales de calidad.

Actualmente, hay varios institutos profesionales a los que, de aprobarse la iniciativa, se les quitará la posibilidad de impartir las carreras señaladas en su articulado, lo que considero completamente equivocado. Si las carreras de tecnología médica, enfermería y obstetricia y puericultura solo se imparten en universidades, ¿cuál es el miedo? Es un error que continuemos una discusión en ese sentido.

Se debe analizar esa materia desde otro punto de vista. Si se exige haber cursado 1.600 clases para la obtención de un título en un CFT, ¿por qué insistimos en dejar de lado a los

liceos técnico-profesionales, que tienen cerca de mil? ¿No sería razonable que ese tiempo cursado por un alumno en ese tipo de establecimientos se le reconozca después en un CFT, para que pueda obtener su título o, si quiere profundizar su conocimiento, se le permita ingresar a un instituto profesional y luego, si quisiera cursar un magíster, pudiera ingresar a una universidad? Esa transición hoy no se da; es como si estuvieran en compartimentos estancos o en islas completamente separadas.

La entrada a la universidad debe ser con conocimientos generales y después viene la especialización. Soy partidario de que todos entremos a una especie de bachillerato, puesto que, probablemente, a los dieciocho años de edad ninguno de nosotros tenía claro qué quería estudiar en la universidad. El título profesional no debería estar ligado a la obtención de una licenciatura, puesto que el conocimiento avanza mucho más rápido.

No debemos discriminar ni mirar en menos a los miles de jóvenes de clase media que con gran esfuerzo trabajan y estudian. No profundicemos el error que se comete en la actualidad, no nos opongamos a la velocidad del conocimiento ni creamos que lo único que importa es un cartón pegado en la pared. Lo valioso es el esfuerzo, el mérito, el trabajo y el valor.

Tengo un profundo respeto hacia quienes han estudiado las carreras mencionadas en este proyecto de ley, razón por la cual lo votaré en contra.

He dicho.