Labor Parlamentaria

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila) .-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo al ministro de Obras Públicas, presente en el hemiciclo, y agradezco profundamente que se haya presentado este proyecto de prórroga de la entrada en vigencia de la ley de servicios sanitarios rurales, porque el suministro de agua potable en la ruralidad es algo que, en particular, afecta a mi distrito, a las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante.

Para quienes no lo saben, la escasez hídrica en la provincia de Melipilla tiene a más de 400.000 familias sin acceso a agua segura. Estamos hablando de personas, de niños, niñas y adolescentes, de mujeres, de adultos mayores sin acceso a agua limpia, a agua de calidad, continua y disponible.

Teniendo en cuenta este contexto, que es una realidad que se replica en todo nuestro territorio nacional, en la última sesión de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobamos por unanimidad la prórroga de la entrada en vigencia de la ley N° 20.998.

El proyecto de servicios sanitarios rurales establece un nuevo marco regulatorio para el funcionamiento de estos.

Hoy la comunidad nos hace un llamado como parlamentarios y parlamentarias a extender los plazos de esta norma para que se puedan realizar las modificaciones necesarias, y así pueda entrar en vigencia una nueva institucionalidad en materia de gestión de aguas rurales. Pero, por sobre todas las cosas, a las comunidades rurales que gestionan las aguas debemos garantizarles el derecho a ser capacitadas y a tener la asistencia técnica para la operación de los servicios sanitarios rurales.

Esta modificación es fundamental para garantizar la implementación de la ley, que debe hacerse de manera gradual y con acompañamiento del Estado hacia los dirigentes, quienes tienen una tremenda responsabilidad en sus comunidades: llevar agua potable.

Esta iniciativa propone, dentro de otras materias, extender en un año la inscripción de los comités y las cooperativas que estén funcionando sin dicha formalidad; posterga también la primera fijación tarifaria que deberá efectuar la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que comenzaría a regir a contar del año siguiente. Se estima que la iniciativa beneficiará a 5.000 dirigentes en todo nuestro país.

Quiero agradecer a las directivas de las APR que nos han hecho ver esta realidad y que han empujado esta demanda desde sus territorios. A Carolina Carrasco , que se encuentra presente en las tribunas, de la APR Santa Inés de Patagüilla, de Curacaví; a Cecilia González , de Isla de Maipo; a María Cantillana , de APR Melipilla, quien estuvo exponiendo en la Comisión de Recursos Hídricos, y a todas las dirigentas y dirigentes de APR que luchan día a día por otorgar agua potable a sus comunidades.

El consumo del agua potable es un derecho humano.

Por eso, hago un llamado a esta Sala a que aprobemos este proyecto por nuestras comunidades rurales.

¡Agua para beber y no para lucrar!

He dicho.