Labor Parlamentaria

El señor INSULZA.-

Presidente , hace treinta y siete años, una empresa chilena, Promel Limitada , importó a Arica algo que llamó "barros de contenidos metálicos", que compró a la empresa sueca Boliden Mineral , supuestamente para procesarlos y obtener de ellos otros minerales.

Esa importación fue legalizada. A las autoridades sanitarias y de Aduana de ese entonces se les dijo, mediante declaración jurada, que se trataba de material metálico no tóxico con el fin de separar el arsénico y convertirlo en óxido, dejando libre el contenido de oro. Pero la realidad, señor Presidente , es que lo que se estaba importando eran desechos tóxicos con altas concentraciones de arsénico y otros minerales peligrosos; más de 19 mil toneladas de alto contenido pernicioso para la salud de los trabajadores (suecos, en este caso), de los cuales Boliden Mineral estaba obligada a deshacerse conforme a las leyes de su país.

La importación, como ya dije, fue (entre comillas) legalizada. Y por esta operación, curiosamente, el importador recibió dinero del exportador, cosa que estaremos de acuerdo que es muy inusual: generalmente el que paga es el que importa; aquí, el que pagó fue el exportador.

Por lo anterior, Promel obtuvo naturalmente algunas utilidades, e inició unos precarios procesos de separación de los materiales que con posterioridad no continuó. Los residuos simplemente quedaron abandonados, primero en Cerro Chuño, cerca de barrios urbanos, bajo la inacción total de las autoridades sanitarias; luego fueron trasladados a otra zona cercana y poblada, llamada, paradójicamente, "La quebrada encantada".

Los dueños de Promel, señores Marcos Beovic Vranicic , David Fux Glickman , Blas Martino Muñoz , Alberto Koch Sologuren , Eduardo Fosk Abrahamson y Natalio Fosk Rosenberg , abandonaron hace tiempo la región, sin que jamás se les haya exigido responsabilidad alguna por la barbaridad que cometieron.

Las casi 20 mil toneladas de desechos o residuos altamente peligrosos, vertidos entre 1984 y 1989, dañaron a alrededor de 15 mil personas y produjeron distintos tipos de cáncer, dolores a las articulaciones, abortos, enfermedades pulmonares, anemias, infertilidad, entre otras patologías y graves problemas que afectaron, como digo, a 15 mil personas (niños, niñas, mujeres y hombres del sector), terminando incluso prematuramente con la vida de muchas de ellas.

En esos años nadie podía protestar, nadie se informó, porque, sin duda, la seudoexportación, como dije, obtuvo el visto bueno de los gobernantes de la época. Pero los informes de alta data nos permiten tener hoy la firme convicción de que hemos sido observadores de una continua violación a los derechos humanos de las personas y de graves atentados a la salud y la vida.

Conocidos los hechos, hubo bastante demora, incluso en democracia, porque pasaron varios años antes de que se percibieran los graves daños que se habían generado. Los materiales tóxicos seguían ahí, en todo caso. Y recién el 2012 se aprobó la ley N° 20.590, con la cual se atendieron necesidades de salud y, a través de guías clínicas, se establecieron protocolos, además de entregarse beneficios en educación y en vivienda, porque mucha gente que vivía allí no pudo seguir en ese lugar, completamente contaminado.

La pregunta es si aquello ha sido suficiente. Está claro que no, pues los residuos siguen en Arica, emplazados sobre la superficie de nuestra tierra.

Recientemente, relatores de Naciones Unidas encargados de temas de derechos humanos y ligados a abusos sobre el medioambiente y la salud de las personas llamaron la atención de la empresa y del Gobierno sueco sobre sus responsabilidades, y al mismo tiempo pidieron a Chile información sobre la actuación del Gobierno en la materia. La respuesta fue a medias; en realidad, el Estado cumplió parcialmente su deber de dar protección, a través de la ley que ya hemos mencionado, atendiendo necesidades de salud, vivienda y otros beneficios, pero los daños no han sido reparados, Presidente , y no podrán serlo mientras quienes dañaron el medioambiente y las condiciones de vida de muchos ariqueños y ariqueñas no reparen el mal causado, sacando esa basura contaminante de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país. Se ha permitido la exposición prolongada y continua de las personas residentes en Arica a estos desechos tóxicos, y hoy el Estado sueco debe asumir su responsabilidad ante ellos, obligando a Boliden Mineral a sacarlos.

Espero que el Gobierno asuma seriamente esta tarea -y no estoy hablando del actual, sino de todos los que no la llevamos a cabo-, por cuanto se trata de una gestión ante un país con el cual tenemos muy buenas relaciones y donde incluso habitan muchos miles de chilenos y sus descendientes.

Hasta hace poco, ello no se veía muy posible, Presidente , pero en el año 2017 un grupo de 707 ariqueños presentó una demanda en Suecia en contra de Boliden Mineral, por contaminación. Los habitantes de las villas Los Industriales y El Chuño de Arica acusaron que la empresa los contaminó con plomo y arsénico debido al cerro de polvillo negro que aún estaba presente en el lugar donde residían.

La demanda fue contestada por Boliden rechazando toda responsabilidad y eventualmente no tuvo éxito. Peor: los abogados suecos que generosamente asumieron nuestra representación enfrentan hoy una demanda, de acuerdo con la ley sueca, por las costas del juicio, mientras que algunos profesionales chilenos que prestaron sus servicios remunerados a Boliden recibieron sus honorarios.

Últimamente las cosas han cambiado. El reciente informe de los relatores especiales de la ONU señala (comillas) que "Los estados violan sus obligaciones de derecho internacional cuando no toman medidas adecuadas para prevenir, investigar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por actores privados". Y la interpelación de una parlamentaria sueca de origen chileno, señora Lorena Delgado -como dije, hay muchos chilenos viviendo allá, de los cuales varios ya han sido congresales-, conminó al gobierno de su país (Suecia) a responder por su presunta responsabilidad en la venta de desechos tóxicos de la gigante minera Boliden.

Hay un cambio de posición en el caso, pues el Ministro del Medio Ambiente le respondió que, por una parte, Suecia tiene ahora capacidad técnica para procesar minerales tóxicos -evidentemente, no las tenía en aquella época, porque los mandaron a Chile- y que su gobierno estaría disponible para ayudar a limpiar los desechos tóxicos que aún se encuentran en suelo ariqueño.

Aún existen muchas personas y familias de Arica que esperan justicia.

Por lo tanto, en cumplimiento del deber para el cual fuimos elegidos, junto con el Senador Guido Girardi , quien apoyó la demanda del 2017, y otros parlamentarios hemos presentado un proyecto de acuerdo para pedirle formalmente al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera que solicite al Estado sueco su colaboración en el tratamiento y retiro de los desechos tóxicos vendidos por Boliden a la empresa chilena Promel Limitada, que siguen esparcidos en el territorio de Arica, donde fueron depositados hace más de treinta años, y que apoye también a Chile en la reparación de los daños a la salud provocados a muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.