Labor Parlamentaria

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Javiera Morales .

La señora MORALES (doña Javiera).-

Señor Presidente, diez largos años han pasado desde que este proyecto de ley ingresó al Congreso, diez años en los que la deuda que tenemos con la biodiversidad y las áreas protegidas solo se ha ido acrecentando.

El daño que sufre nuestro ecosistema por años no fue agenda, y hoy estamos pagando ese precio. Por eso, celebro con entusiasmo la tramitación de esta iniciativa el día de hoy, pues nos permitirá como país empezar a saldar la deuda que tenemos, resguardando nuestras áreas protegidas y fomentando la investigación.

Sabemos que la actual propuesta no es la ideal y que no cuenta con todo el financiamiento que se necesita para amortiguar estos años de abandono, punto que ha sido expresado -debemos decirlo por quienes resguardan directamente la naturaleza: los trabajadores y trabajadoras de la Conaf.

Por ello, esperamos que, después de dar este importante paso que significa la aprobación del proyecto, podamos avanzar en dotarlo de más recursos. Entiendo que ese ha sido el compromiso de este gobierno.

Nos vamos con esa tarea pendiente, pero esperamos que, por ejemplo, la aprobación reciente de la reforma tributaria nos permita contar con más recursos para fortalecer estas áreas del Estado.

Para la Región de Magallanes, desde donde vengo, es de suma relevancia poder contar con un servicio que proteja y resguarde nuestras áreas protegidas, pues ello permitirá que se siga albergando la vida que ahí se encuentra, vida que hoy sostiene nuestras vidas. Por lo mismo, me preocupa la inconsistencia que veo en el proyecto de ley, ya que, por un lado, se brinda un estatus de protección a esas áreas protegidas, pero, a la vez, se permite que existan concesiones a empresas extractivas que, digámoslo, no se han caracterizado por presentar un comportamiento respetuoso de las normas medioambientales. Me refiero a la industria salmonera.

Hoy existen concesiones en el Parque Nacional Kawésqar y en el Parque Nacional Alberto de Agostini. Además, en nuestros parques y reservas nacionales tenemos instaladas empresas que, a la vez, tienen abiertas causas penales y causas ambientales, y a las que el año recién pasado la Superintendencia del Medio Ambiente les caducó concesiones por incumplimiento de la normativa ambiental.

Este es un tema que urge solucionar, avanzando en una regulación coherente que saque a las salmoneras de las áreas protegidas de la Patagonia. Estoy consciente de que es un diseño difícil, porque muchos magallánicos hoy dependen de este rubro; pero, por ello, el rol del Estado en esto es esencial. Porque, ¡ojo!, en Magallanes, el Estado subsidia a la industria salmonera, y a algunas empresas les entrega más de mil millones de pesos mensuales. Al respecto, me pregunto: ¿será necesario que subsidiemos con los impuestos de todos los chilenos a una industria que hoy es la tercera en exportación a nivel país? ¿O será más bien necesario que como Estado reasignemos esos fondos públicos para, por ejemplo, lograr dotar de mayor diversidad productiva a la isla de Tierra del Fuego y entregar más oportunidades laborales a la gente que vive en Porvenir?

He dicho.