Labor Parlamentaria

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señora Presidenta, hablaré como una de las diez personas que firmamos esta acusación constitucional, y que lo hicimos con la profunda convicción no solo de su procedencia, sino también de que su presentación no afecta la separación de poderes y mucho menos se constituye como una injerencia de esta Cámara en las decisiones de la Corte Suprema.

Lo que sí es un hecho cierto es que aquellos beneficiados por los fallos de los tres jueces acusados podrán pasar este 18 de septiembre celebrando junto a su familia, mientras otros chilenos llevan cuarenta y cinco años pasando las Fiestas Patrias sin saber dónde están los suyos.

Yo no podría actuar de otra manera conociendo la tortura permanente de las familias que aún buscan, no podría mirar de frente a las hijas de Vitalio Mutarello, que rastrean hasta el día de hoy las astillas de su esqueleto en la pampa.

Por otro lado, también están los más de treinta radicales desaparecidos y ejecutados, como Gastón Lobos , que era diputado en ejercicio, o Tucapel Jiménez y tantos otros. ¿Cómo podría mirar para el lado cuando se relativizan los sufrimientos de tantos?

Durante estas semanas, específicamente desde el momento en que se anunció la acusación constitucional, hemos visto cómo se han extremado los argumentos para justificar la conducta de la Corte Suprema. El ejemplo más claro de esto es que incluso antes de que fuera público el libelo de la acusación, ya teníamos a fervientes columnistas criticando esta, sin conocer siquiera el sentido, el alcance, la forma y el fondo de la acusación.

Incluso, el juez Aránguiz dijo ante la prensa que esta acusación era “un quiebre jurídico solo comparable a septiembre de 1973”.

Estas declaraciones, que poco y nada ayudan a la sana convivencia nacional e institucional, carecen de un fundamento concreto y dan cuenta de una reacción que, a mi juicio, es poco reflexiva.

Defender la procedencia de esta acusación constitucional es defender en nuestro Parlamento y en la república la facultad para que un poder del Estado pueda hacer frente a los excesos o a los errores de otro poder.

Esto es el piso mínimo para un Estado de derecho y algo sano para nuestra convivencia institucional.

Hoy, más allá de hablar sobre la procedencia de esta acusación constitucional, debiéramos iniciar el debate sobre los mecanismos que debe tener el Chile del siglo XXI para que la separación de poderes del Estado no signifique un laissez faire en la función de cada uno de estos.

El filósofo Byung-Chul Han es claro cuando expone que vivimos inmersos en la sociedad de la transparencia, y esta no puede limitarse solo a la libertad de información o bien a un combate de la corrupción.

La coacción sistémica surgida de la ausencia de confianza de la sociedad en sus instituciones debe ser abordada y solucionada.

Desde el regreso a la democracia esta Cámara ha tramitado diecinueve acusaciones constitucionales. Este mecanismo ha sido utilizado bajo diversos criterios, que han permitido delimitar la figura y el concepto del notable abandono de deberes. Esto es un indicador de lo urgente que resulta dotar de nuevas figuras que permitan modernizar la forma en que interactuamos y establecemos un coto entre los diferentes poderes del Estado.

Considerando la materia propiamente jurídica que ha sido expuesta latamente por diversos señores parlamentarios y señoras parlamentarias, incluso por los abogados de la defensa, quiero hacer hincapié en una particularidad de este proceso, que ha sido el lobby feroz con el que diversos sectores han querido intervenir en las decisiones de la Cámara.

Los diputados y las diputadas que hemos patrocinado esta acusación, lo hemos hecho con la tranquilidad y el convencimiento de que son nuestros colegas, en virtud de nuestras tesis jurídicas, quienes deben decidir finalmente.

Chile sigue teniendo una institucionalidad robusta, perfectible, como gran parte de las cosas. No podemos permitir que al extremar los argumentos pasemos por encima no solo del sentido común, sino también de la realidad misma.

Esta acusación constitucional, independiente de su resultado, que no sigue una línea de carácter exclusivamente técnico, sino más bien político, será fundamental para el desarrollo de la causal “notable abandono de deberes” y su aplicación a futuro.

En el mes de la patria, en el mes donde conmemoramos los cuarenta y cinco años del golpe militar; el mes donde miles de familias recuerdan a sus familiares asesinados o desaparecidos por la dictadura; el mes donde muchas viudas bailan la cueca solas, debemos dejar de lado la relativización o justificación de los errores y horrores que como sociedad hemos vivido.

Esta acusación constitucional en específico, más que un deber de este Parlamento, más que una obligación ante los hechos ocurridos, viene a hacer justicia a aquellos que pasan el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y sentimiento.

Para que nunca más en Chile la justicia relativice la culpa de aquellos partícipes en crímenes de lesa humanidad.

He dicho.

-Aplausos.