Labor Parlamentaria

La señora VODANOVIC.-

La situación de la salud en Chile, Presidente, es uno de los temas más relevantes, aplazados y representativos de la crisis de legitimidad que podemos encontrar.

Cuando la gran mayoría de los chilenos experimenta desapego y resentimiento contra la política, contra los empresarios y desconfianza en la justicia, no puedo evitar pensar en cómo la regulación de las isapres les da la razón.

La última gran reforma del sistema de salud previsional, que fue el año 2005, vino a establecer una serie de limitaciones a las isapres en materia de libertad contractual.

Este sistema privado de salud fue fundado en los ochenta, haciendo realidad todos los sueños del liberalismo, pero, a la vez, contradictoriamente, si se quería estar en él, obligaba a todos los chilenos a cotizar al menos el 7 por ciento de su sueldo. Nos dio libertad, pero a cambio de un ingreso garantizado a ciertas empresas.

Durante años las isapres, no los afiliados, eran las que gozaban de las mayores libertades: podían terminar unilateralmente los contratos; fijar los precios que quisieran, según edad, y modificarlos anualmente junto con los beneficios.

Todo esto bajo el supuesto irreal, y sinceramente ridículo, excepto para los talibanes del neoliberalismo, de que los afiliados eran completamente libres de cambiarse de aseguradora o de plan, y que podían entender con lujo de detalles los planes existentes y que estas instituciones les iban a dar a elegir los más convenientes.

La reforma de 2005, como dije, limitó en parte esta libertad de las isapres. El proyecto presentado por el Presidente Lagos les establecía restricciones serias a la hora de fijar y modificar los precios de los planes, pero, producto de presiones políticas y amenazas de llevar la reforma al Tribunal Constitucional, se terminó con una modificación a medias.

¿Cuál fue la reacción de los afiliados a esta reforma, entonces? Acá se ha dicho que la judicialización comenzó el año 2010, con el fallo del Tribunal Constitucional por la tabla de factores; pero, para ser exactos, el año 2007 se presentaron 737 recursos de protección contra isapres y, el año 2008, pasaron a ser 5.214.

Lo explico de nuevo con otros números: el año 2008, un 75 por ciento de las acciones constitucionales de protección presentadas en Santiago fueron contra isapres. Y estas representaron un 95 por ciento de las sentencias favorables a los recurrentes de ese año.

Es decir, a menos de tres años de entrada en vigor de la mayor reforma del sistema de salud previsional, este evidenciaba un cuestionamiento grave a su constitucionalidad y legitimidad.

Lo que pasó el año 2010 fue solo una consecuencia natural de lo anterior: pese a la cantidad de recursos acogidos en nuestros tribunales superiores, la Corte Suprema rechazaba aquellos presentados contra las tablas de factor etario y, como consecuencia, los afiliados fueron al Tribunal Constitucional a pedir la inaplicabilidad de las leyes que permitían su existencia. Después vinieron, además, los fallos en contra de la forma de determinación de las primas GES, y el resto es historia.

Las empresas que llamamos "isapres" eran y son la cara visible de un sistema diseñado con reglas que las favorecen y de las que han abusado.

El sistema político hasta este día no ha logrado establecer reglas aceptables tanto por los afiliados como por las isapres, y los fallos de los tribunales en contra de estas últimas se pueden contar por millones, pero la gente no ve una diferencia significativa en su situación.

Hacernos cargo de este problema es un imperativo básico para recuperar la legitimidad de todos los actores que intervienen en la aplicación de esta política pública.

¿Por qué cuento todo esto?

En primer lugar, porque el trabajo realizado por expertos, la industria, la Ministra de Salud , el Superintendente de Salud y todos los demás equipos técnicos que lideró el Senador Juan Luis Castro significa un esfuerzo por romper esta historia de decepciones que han demostrado consecutivamente que la gente espera una mejor regulación.

En segundo lugar, porque esta es una moraleja para los sectores que se opusieron al Gobierno el año 2005 y que hoy deben entender que el fundamentalismo de la libre elección es una ilusión en mercados donde hay en juego bienes fundamentales y asimetrías de información. Su oposición a la anterior reforma solo demostró que los afiliados van a los tribunales cuando sus representantes políticos los decepcionan.

Como ya lo hemos dicho, este es el inicio de una reforma a la salud que debe ser profunda. No existe la posibilidad de una modificación sustancial del sistema de salud previsional chileno si tenemos a prestadores y aseguradores de salud en plena crisis o a miles de afiliados emigrando voluntaria o forzadamente de isapres porque se han vuelto insolventes.

Con las modificaciones que hoy votamos y con la esperanza de que verdaderamente comience un fortalecimiento de la salud pública, podemos darle la estabilidad necesaria a la salud previsional en Chile para avanzar en reformas que permitan mejorar sustantivamente la salud de los chilenos que se atienden tanto en isapres como en Fonasa.

Por este motivo, votaré a favor el proyecto en general.

He dicho.