Labor Parlamentaria

La indicación número 20, de los Honorables Senadores señor Sandoval y señora Gatica, suprime en el inciso final del artículo 28 septies, la frase: “estarán sujetos a toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y”.

El Jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor Vicente Burgos, reseñó que el inciso tercero del artículo 28 septies regula la posibilidad de establecer textos refundidos de los IPT, a los que la normativa vigente exige toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, lo que, a su juicio, resulta excesivo, en circunstancias de que se trata solo de la aprobación de una versión actualizada.

Remarcó que, en consecuencia, el Ejecutivo concuerda con el sentido de la indicación número 20, por su indudable utilidad cuando existen planes reguladores de larga data a los que se han introducido numerosas modificaciones y refrendó que ello no se refiere, en modo alguno, a la toma de razón de la aprobación de los planes reguladores cuando no existe un plan regulador intercomunal, tema en que se ha acogido la prevención formulada por el Órgano Contralor.

La Honorable Senadora señora Provoste, si bien respaldó las atribuciones de la Contraloría General de la República, creyó pertinente fijar un plazo para su actuación. Adicionalmente, consultó por la exclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y por la existencia de algún análisis de las exigencias dispuestas en el Convenio 169 de la OIT.

Don Vicente Burgos reiteró que la indicación número 19 recae exclusivamente en el artículo 28 septies, en lo sustantivo, en cuanto a la posibilidad de aprobar textos refundidos de los IPT, y no afecta a los procedimientos de aprobación y control aplicables a su elaboración. Destacó, asimismo, que la toma de razón de los textos actualizados inhibe su confección, con negativas consecuencias para la certeza jurídica, tales como la coexistencia de diversas escalas en los planos vigentes, según la época en que se realizaron las modificaciones.

Acerca de la exclusión de la EAE, expresó que se trata solo de una aclaración, que resulta, incluso, redundante, por cuanto la misma reglamentación de este mecanismo establece los criterios para calificar una modificación a un plan regulador como sustancial, y que se refieren a aspectos tales como el incremento de la altura por sobre un 20% o el aumento del coeficiente de constructibilidad por encima de un 30%, respecto del instrumento vigente.

La Honorable Senadora señora Provoste advirtió cierta inconsistencia entre la explicación anterior y el texto de la indicación número 19.