Labor Parlamentaria

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , la verdad es que me motivó a hablar la intervención de un parlamentario. Porque cabe preguntarse qué pretendemos con establecer sanciones en este caso, cuando en realidad debiéramos tratar de que existiera la educación suficiente en esta materia y el convencimiento de que el transporte público es un bien que permite a todos los chilenos trasladarse de un punto a otro y de que, por lo tanto, debemos realizar un esfuerzo para que sea de buena calidad.

¿Resulta lógico -en mi opinión, no; pero formulo la pregunta- que establezcamos como criterio la sanción por evadir el pago del pasaje del transporte público en un país donde el sueldo mínimo es de 193 mil pesos (el sueldo líquido, por su parte, va de 145 mil a 150 mil pesos)? Porque con ello finalmente serán criminalizados, pues corresponde a una pena, los más pobres.

No creo que esa sea la solución. La solución es que las empresas contraten personal suficiente a efectos de fijar criterios de control para evitar la evasión. Pero no se puede pretender criminalizarla.

Consideren, Sus Señorías, que una persona que se traslada desde la zona poniente a la oriente de la Capital debe recorrer dos horas arriba de una micro, con todas las dificultades que eso conlleva. Y lo más probable es que su sueldo no le alcance ni siquiera para comer, pues debe gastar en movilización 20 mil o 30 mil pesos, de los 145 mil o 150 mil pesos que gana.

De ahí que me parezca un descriterio pretender que la solución del problema pase por criminalizar.

Aquí no se trata de defender la evasión, sino de propender a que los recursos se usen más bien para educar, con el objeto de lograr que la gente entienda el sistema y busque el modo de incorporarse a él de buena forma. Hay que evitar que se termine criminalizando a las personas -un parlamentario habló de que en otros países hasta se las encarcelaba-, porque pareciera que estuviéramos hablando de los criminales más grandes de Chile.

Por eso, de ninguna manera el camino es el que se propone. El camino es que las empresas contraten personal suficiente a fin de establecer zonas de pago y controles, para impedir que siga existiendo la actual evasión. Asimismo, hay que preocuparse por los problemas sociales del país que llevan al no pago. Incluso, en esto deberíamos tener cuidado; porque, a lo mejor, quienes no cancelan la tarifa son los que poseen más recursos, y los que sí lo hacen son los que tienen menos.

Entonces, en verdad, estimo que estamos cometiendo un exceso.

Por lo tanto, señor Presidente , no votaré favorablemente el presente proyecto, porque la única forma de remediar la situación es usar el tiempo, el cerebro, las neuronas para lograr mejorar al país y no para criminalizar a las personas que no pagan su pasaje.

Yo haría un esfuerzo distinto.

Más encima -la Senadora Allende lo señalaba con harta claridad-, esto podría significar una carga enorme para los municipios, porque deberían hacerse cargo de personas de escasos recursos, a mi juicio, que no disponen de dinero para cancelar la tarifa de la micro.

De verdad, creo que se halla mal enfocada la iniciativa y que tiene una forma equívoca.

Así que voto en contra.