Labor Parlamentaria

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, para mí es un honor poder reflexionar sobre este proyecto, que, como se ha recordado, tuvo su origen en una moción parlamentaria presentada hace muchos años por los entonces diputados Gutenberg Martínez y Armando Arancibia . Creo que a este último le hubiese gustado mucho saber que nos estamos acordando de él no solo porque falleció, sino por las contribuciones que hizo al desbroce del camino de la democracia en Chile. Hoy, como el Cid Campeador , libra y gana batallas aun después de muerto.

Señor Presidente, dicho esto, quiero agregar algunas ideas al debate.

La primera, que me parece la más importante, es que el proyecto de reforma constitucional en discusión forma parte del esfuerzo general que está haciendo Chile, dinamizado por nuestro gobierno, que encabeza la Presidenta Michelle Bachelet , de conducirnos de una vez por todas a la normalización de las instituciones y de la convivencia civilizada entre los ciudadanos chilenos.

También forman parte de ese esfuerzo el establecimiento de la gratuidad en la educación, la reforma laboral, que equilibra la relación entre empleados y empleadores, entre empresarios y trabajadores; el establecimiento del derecho a la unión civil de las parejas, la reforma electoral, que termina con el sistema binominal, y tantas otras iniciativas que han sido presentadas de manera escandalosa por algunos como reformas estructurales que están moviendo el piso y creando incertidumbre e inseguridad en Chile, en circunstancias de que en realidad se trata de pequeñas reformas que, reitero, solo conducen a la normalización de la vida democrática nacional.

En ese contexto se inscribe el proyecto en debate, que suprime la inhabilidad que afecta a los dirigentes gremiales y vecinales para postular a cargos de representación popular en el Senado y en la Cámara de Diputados. La iniciativa termina con esta discriminación arbitraria que carece de todo sentido, porque para crearla se arguyó que iba a redundar en la ausencia de politización en la dirigencia gremial. No obstante, hacia donde se mire se puede ver que los presidentes de la Confederación de la Producción y el Comercio, de la Sociedad de Fomento Fabril o de la junta de vecinos El Retiro, y las presidentas de la Central Unitaria de Trabajadores o de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile expresan opiniones políticas.

En consecuencia, este es un intento completamente fallido y, por lo mismo, anacrónico y que conviene superar, pues no dio el resultado que algunos esperaban. Peor todavía, al excluir a los dirigentes gremiales de la posibilidad de postularse al Parlamento, se ha creado, tal vez sin quererlo, la imagen de que todos esos señores, de uno y de otro lado, ejercen influencias indebidas sobre el Parlamento a través de recursos aviesos, con el lobby, la conversación telefónica o el encuentro en un café, aunque tenga un carácter casual. Todo lo anterior se traduce en una condena de las malas prácticas, de connivencias indebidas, de tráfico de influencias, de conflictos de intereses, etcétera.

Señor Presidente, es preferible que los empresarios, en lugar de hablar a través de interpósitas personas, vengan y se sienten acá directamente. Además, les va a salir más barato si es cierto que pasan plata para que otros hagan lo que ellos no realizan directamente. Lo mismo ocurriría con los dirigentes sindicales.

Lo único que estamos haciendo aquí -en esto no hay que hacer demagogia- es consagrar el derecho de esos dirigentes gremiales a presentarse en las elecciones, pero otra cosa es que las ganen. Si se pretende que los dirigentes gremiales, del mundo que sean, tienen derecho a sentarse aquí por el solo hecho de tener esa calidad, significa que estamos pensando de manera completamente errónea. Eso se llama fascismo, que es la representación corporativa de los intereses en las instancias que instituye el Estado para la participación de la ciudadanía. Naturalmente, los socialistas estamos en contra del fascismo y, por lo tanto, en contra de las representaciones corporativas.

Quienes quieran sentarse aquí e ir mañana a la tan manida asamblea constituyente, tienen que pasar por la definición de la ciudadanía. Imagino que los presidentes de una junta de vecinos, de un sindicato, de una federación de estudiantes o de una rama empresarial no están pensando en que tienen un derecho automático para estar sentados en la asamblea constituyente y deliberar sobre la nueva Constitución. Debemos ser claros al respecto: quienes no se sometan a la opinión de la ciudadanía están fuera de las normas de la democracia representativa, que dicen amar tanto.

Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con que a estas alturas sobran algunas inhabilidades, como ha dicho el diputado Pedro Browne . Las autoridades que se presenten a elecciones populares solo se verán afectadas por la inhabilidad desde el momento en que inscriban sus candidaturas, en que dejarán de ser ministros, embajadores, subsecretarios, gobernadores, intendentes o lo que sean. Eso sería más sano. Lo mismo se aplicaría para el caso de las elecciones municipales.

Sin embargo, hay un punto que no puedo dejar de mencionar porque ya se citó acá.

Desde mi punto de vista, el diputado Fidel Espinoza abordó correctamente la pretensión de permitir que los empleados municipales postulen a un cargo que los faculte a fiscalizar las actuaciones del alcalde. Considero que esto es un contrasentido completo por la naturaleza de su función, no porque se quiera limitar la posibilidad de que las personas lleguen a cargos de representación popular. ¿Se puede imaginar a un empleado del alcalde, que tal vez está contratado a honorarios, es decir, que se encuentra en una situación laboral precaria, que vigile con celo la caja municipal, la adecuada asignación de los contratos de obras públicas vía licitaciones? Yo no lo puedo imaginar.

Perseverar en esa idea debilitará completamente la capacidad de fiscalización del concejo municipal, que ya cuenta con un mal juicio de la ciudadanía, porque las encuestas de opinión pública señalan que la gente considera que en las municipalidades es donde la corrupción está más entronizada. ¡Y nosotros vamos a debilitar la poca capacidad de fiscalización que hoy tienen los concejales!

He dicho.