Labor Parlamentaria

El señor BALTRA.-

Señor Presidente, el debate sobre los reajustes reviste trascendental importancia, pues afecta decisivamente al nivel de vida de la inmensa mayoría de los chilenos, cuyos ingresos, como es sabido, provienen de sus sueldos y salarios. Afecta también al nivel de vida de quienes contribuyeron con su trabajo al proceso productor y ahora militan en las clases pasivas, sin otro medio de subsistencia que una jubilación, pensión o montepío.

Estamos, pues, decidiendo sobre los medios de vida de casi tres millones de chilenos, muchos de los cuales son jefes de familia. Es su bienestar el que está en nuestras manos. De nosotros depende mantenerlos sumidos en la angustia económica en que hoy se debaten o restituirles el poder adquisitivo que han ido perdiendo a lo largo de 1967 y los meses corridos de 1968, como consecuencia directa e inevitable del alza de precio de los bienes de consumo.

Estamos legislando sobre el reajuste compensatorio, que obedece a un principio de la más elemental justicia social, por cuanto tiende a proteger el nivel de vida de los económicamente más débiles, de quienes no disponen de otro recurso que no sea la propia fuerza de trabajo. Tal es nuestra responsabilidad, que los Senadores de estas bancas asumimos con plena conciencia de la extensión y profundidad del problema económico y social involucrado en el reajuste de remuneraciones del trabajo en los sectores público y privado de la economía chilena.

En 1967, el costo de la vida subió en 21,9%, lo cual significa que a fines de 1967 las familias con ingresos provenientes de sueldos y jornales podían comprar 21,9% menos de los bienes que necesitan para satisfacer sus necesidades. En otras palabras, al 31 de diciembre de 1967, todas las familias de los trabajadores chilenos habían sacrificado una parte de sus consumos y, en consecuencia, perdieron una parte de su poder adquisitivo. Y ello, por cierto, considerando sólo el estado de cosas imperante al 31 de diciembre de 1967, pues en 1968 ha habido otras alzas muy fuertes, como las producidas durante enero y febrero, en que los precios al consumidor aumentaron en 8%.

De acuerdo con las estadísticas disponibles, el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido en 30% desde enero de 1967. Esta es la dramática realidad que están sufriendo millones de hogares chilenos, la cual se expresa en privaciones, angustia y pobreza.

¿Cómo devolver a estos hogares el poder adquisitivo perdido? Para lograrlo no hay sino una fórmula: reajustar las remuneraciones en el mismo porcentaje en que han aumentado los precios.

Es decir, si lo que se desea es devolver a los trabajadores el poder de compra perdido hasta ahora, el reajuste debería ser de 30%. Pero, si se considera sólo hasta el 31 de diciembre de 1967, como lo hace el proyecto, el aumento debe ser de 21,9%. Si el reajuste concedido fuera menor, los trabajadores sacrificarían definitivamente una parte de sus consumos, y si aquél es insuficiente, significa descenso de los niveles de vida. El reajuste compensatorio no aumenta el poder de compra de los trabajadores, sino que les devuelve el poder adquisitivo perdido. No estamos debatiendo, pues, el porcentaje en que deba mejorar el nivel de vida de obreros y empleados: estamos debatiendo si les devolvemos la totalidad o sólo una parte del poder adquisitivo que perdieron por efecto del proceso inflacionista.

El reajuste compensatorio debe corresponder estrictamente a la pérdida real de poder adquisitivo. Toda otra fórmula constituye un simple artificio que no satisface el propósito vital y de justicia social que el aumento compensatorio debe procurar necesariamente.

En este problema hay otro aspecto de singular importancia. Si el reajuste no corresponde al alza del costo de la vida, se consolida una contracción de la demanda del amplio sector del trabajo, que, sin duda, constituye la mayoría de la población. Dicho de otro modo, si los empleados y obreros pierden poder adquisitivo, la mayoría de los consumidores puede comprar menos, o sea, el mercado se achica, y se introduce así un peligroso elemento de depresión económica, como lo demuestra la experiencia chilena de ahora y de antes. Por esta causa, una política en que los sueldos y salarios no se reajustan de acuerdo con el alza de los precios es una política de empobrecimiento, pues no sólo afecta a los hogares, sino también al comercio y a la producción.

¿Qué duda cabe de que hoy todas las familias de trabajadores están más pobres que a comienzo de 1967? La primera manifestación de ese empobrecimiento la recibe el comercio minorista, que ve disminuir sus ventas. Desde allí, la crisis asciende hasta las fuentes productoras, que languidecen ante la falta de demanda, con la consiguiente secuela de paro y cesantía.

¿Hasta qué punto y en qué medida el aumento propuesto por el Ejecutivo es compensatorio de la pérdida de poder adquisitivo experimentada por los trabajadores?

El proyecto distingue entre sector privado y sector público. En cuanto al primero, se consigna un reajuste de 21,9% en dinero para los obreros y empleados no sujetos a convenios colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales. Respecto de ese sector, se restituye en apariencia a los trabajadores el poder de compra perdido en 1967. Digo que sólo en apariencia, porque en la práctica el resultado es distinto, pues se aumenta el impuesto a las compraventas, que, por cierto, es trasladable a los precios y, en consecuencia, determina un alza simultánea del costo de la vida.

La incidencia de ese tributo es, en promedio, de casi 2%, en términos absolutos. Ello significa que el reajuste para el sector privado será de 19,9%, porque a causa del aumento del impuesto a la compraventa, se sustrae a los trabajadores de dicho sector un 2% del reajuste que se les concede. El dicho sector perderá definitivamente un 2% de poder de compra si se mantiene el financiamiento regresivo propuesto por el Gobierno.

Más precaria es aún la situación del sector público. En efecto, los sueldos y salarios bases de los servidores del sector público y de las municipalidades, según el proyecto, se reajustan sólo en 12,5%. Ese es el porcentaje que se propone cancelarles en dinero. En consecuencia, sólo éste es el reajuste compensatorio del sector público. A los obreros y empleados de dicho sector no se les restituye sino el 12,5% del poder de compra perdido en 1967. El resto del reajuste, hasta completar 20%, se haría en cuotas de ahorro para la vivienda, reedición de los "chiribonos", repudiados unánimemente por la clase trabajadora. En apariencia, los trabajadores del sector público pierden un 9,4% del poder adquisitivo que tenían a comienzos de 1967; pero, en el hecho, la pérdida es mayor, pues a causa del aumento del impuesto a la compraventa pierden, además, un 2% ; de tal suerte que, en definitiva, el reajuste compensatorio de los obreros y empleados del sector público y de las municipalidades no es sino de 10,5%. Es decir, se les condena a perder definitivamente un 11,4% del poder adquisitivo que tenían a comienzos del año pasado; se les trata rigurosamente y se les impone una drástica reducción de sus niveles de vida, de sus consumos y del grado de su ya insuficiente bienestar.

Si se reconoce que es de justicia reajustar las remuneraciones del sector privado en 21,9% ¿por qué se procede injustamente con los empleados y obreros del sector público y de las municipalidades? ¿Se pretende, acaso, que sean los servidores del Estado quienes paguen el precio de un desacertado manejo financiero, que el propio señor Sáez, ex Ministro de Hacienda, ha analizado en todas sus alarmantes y muy graves consecuencias? ¿Cuánto percibiría como reajuste líquido, por ejemplo, un funcionario grado 4º de la planta directiva, profesional y técnica? ¿Cuánto es, en otras palabras, el poder adquisitivo que recuperaría efectivamente? Un empleado de esa jerarquía que por lo menos tiene 20 años de servicios, recibiría como reajuste líquido mensual 114 escudos. Pongamos otro ejemplo. ¿Cuál sería el reajuste líquido de un funcionario grado 9? de la planta administrativa y de servicio? Sería de 38 escudos al mes. Y así, se podrían multiplicar los ejemplos. ¿Es que, honestamente, puede pensarse que la situación económica de los funcionarios públicos puede experimentar algún alivio con reajustes de esta magnitud? Pero ni aun esos montos tan exiguos corresponden, en verdad, al reajuste real, porque, como ya dijimos al comienzo, en virtud del aumento en el impuesto a la compraventa, los precios van a subir automáticamente, neutralizando así, en parte, el efecto compensatorio del aumento concedido.

El proyecto dispone reajustes especiales para algunos servicios del sector público, como las Fuerzas Armadas y Carabineros, Poder Judicial y Sindicatura de Quiebras, Correos y Telégrafos, profesorado, etcétera. Según el mensaje que lo acompañó, para esos servicios el reajuste promedio es de 33,41%. Pero tal promedio encierra realidades muy distintas. Uno de estos casos es, por ejemplo, el de Correos y Telégrafos. Según la reestructuración propuesta, 40% del personal no recibe mejoramiento alguno, y los funcionarios que ascendieren perderán los quinquenios y las diferencias de sueldos que se les cancelan por planillas suplementarías. Responsablemente y por medio de sus representantes oficiales, los funcionarios de Correos y Telégrafos expresaron a las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, que preferían mantener su situación actual antes que entrar a regirse por disposiciones que los perjudican abiertamente.

En cuanto al profesorado, la iniciativa vulnera el acuerdo magisterial confirmado por la ley 16.617 y que, en cuanto a las remuneraciones, preceptúa que "tendrán cada año el porcentaje promedio de reajuste que experimenten las remuneraciones del personal del sector público a partir del 1° de enero de 1968". Según el mensaje del proyecto en actual debate, "el conjunto de los. funcionarios públicos en actividad recibirá un reajuste promedio en dinero de 24,52% sobre las remuneraciones percibidas al 31 de diciembre de 1967". Sin embargo, se pretende aplicar al magisterio el reajuste de 12,5%. El Gobierno se cazó aquí con sus propias palabras: para magnificar el reajuste habló de un promedio de 24,52%, y ahora no quiere reconocer que éste es el promedio de reajuste que corresponde al magisterio, según lo dispuesto en la ley 16.617. Gravísima situación que destruye en su base la finalidad que persigue el acuerdo magisterial.

La ley en proyecto plantea numerosos otros problemas de análoga gravedad, que no podré analizar por la premura del tiempo. Pero, no puedo dejar de mencionar las disposiciones que tienden a reducir los ya muy pobres ingresos de los pensionados del Servicio de Seguro Social.

La iniciativa en debate se inspira en la idea, tan cara al Fondo Monetario Internacional, de acuerdo sobre la demanda mediante la disminución del poder adquisitivo de quienes viven de sueldos y jornales, vale decir de los trabajadores. Se retorna, así, a la política regresiva puesta en práctica a partir de los KleinSaks, en 1956, y que al iniciarse el actual Gobierno fue repudiada por el Ministro de Hacienda, señor Molina, quien, en su exposición de noviembre de 1964, dijo: "En el pasado se han hecho varios esfuerzos para detener la inflación reduciendo el poder de compra de los asalariados. El Gobierno piensa que ya se ha abusado en extremo de esta medida y que ha llegado el momento de impedir que continúe el deterioro de la situación económica de este gran sector de la población". Sin embargo, ahora se reincide en el empleo del mismo tipo de medidas, volviendo así a imponer criterios fracasados y de cuya aplicación ya recogió Chile una mala experiencia, a expensas del sacrificio de los trabajadores.

No puede desconocerse que el actual Gobierno fundó inicialmente su política en un análisis ajustado a la realidad y dentro de las líneas de un modelo teórico que permitió definir objetivos específicos en lo concerniente a la detención del proceso inflacionista y al desarrollo de la economía nacional. Pero también es cierto que paulatinamente se ha ido produciendo un divorcio entre la concepción teórica que inspiró esa política y las medidas puestas en práctica para realizarla, dé tal modo que, poco a poco, la acción gubernativa fue recayendo en el uso de los instrumentos estabilizadores que propugna el Fondo Monetario Internacional y que, dada nuestras estructuras de país subdesarrollado, están desembocando, ahora como en el pasado reciente, en el estancamiento económico y en el aumento del ritmo con que avanza la inflación.

Ayer el Honorable señor Aylwin citó palabras pronunciadas por mí en 1950 sobre la naturaleza y causas de la inflación. La economía es una ciencia que, al igual que todas, progresa en su explicación de la realidad. La ciencia económica hasta 1956 aproximadamente, explicaba la inflación por medio de la teoría monetarista que considera el reajuste de las remuneraciones como uno de los factores originarios de la inflación. Actualmente la escuela estructuralista afirma que esos reajustes son meros mecanismos de propagación y que la inflación tiene otras causas profundas, estimándose como básicas las limitaciones, rigideces o inflexibilidades estructurales del sistema económico, lo que es singularmente válido en los países subdesarrollados como Chile. Comparto plenamente la explicación estructuralista tanto por la solidez y realismo de sus argumentos como porque la experiencia chilena muestra los fracasos de las políticas antinflacionistas seguidas a partir de 1956 basándose en la tesis monetaria. Pienso también que la teoría estructuralista es hoy un valioso instrumento de que disponen los Gobiernos para diseñar y llevar a cabo su política económica. Bajo la inspiración del distinguido economista don Jorge Ahumada, el actual Gobierno fundamentó inicialmente su política económica en un modelo estructuralista. Pero el proyecto de reajustes se aleja de la concepción primitiva y recae en las medidas preconizadas por el Fondo Monetario Internacional, que sigue sustentando las ideas monetarias que no solucionan, sino que agravan, los problemas de los países que, como el nuestro, están aún en la dura etapa del subdesarro11o. No obstante, en el propio partido de Gobierno hay quienes siguen inspirándose en la concepción originaria. El plan de la llamada "vía no capitalista", aprobado el año pasado por la Junta Nacional del Partido Democratacristiano, dice que para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores dentro de un proceso de inflación decreciente, los reajustes deben ser inferiores al 100% del alza del costo de la vida; que en un proceso de inflación constante, deben ser del 100%, y que en un proceso de inflación creciente cual es el caso que está viviendo Chile tienen que ser mayores al 100% del alza del costo de la vida.

En lo referente a la inflación, el Gobierno se propuso reducir el alza a 25% en 1965, a 15% en 1966 y 10% en 1967. En lo que atañe al crecimiento de la economía, se programó una tasa promedio de 5% para 1966 y 1967 y de 6% para 1968, 1969 y 1970. La gravedad que reviste el problema económico y social del reajuste deriva, precisamente, de que el Gobierno fracasó en su política antinflacionista, pues, si bien es cierto que en 1965 el costo de la vida aumentó en el nivel previsto, no lo es menos que, a partir de 1968, la tendencia cambia y de nuevo la inflación inicia su ascenso con un aumento de 17% en 1966 y de 21,9% en 1957, porcentajes ambos que están muy por encima de las tasas de que se habló en 1964. El alza en enero y febrero de 1968 no permite abrigar mayor esperanza sobre el desarrollo de la tendencia inflacionista que viene manifestándose tan acentuadamente durante los últimos dos años.

En cuanto al desarrollo de la economía, el año 1967 marca un notable y grave descenso con respecto al ritmo que la actividad económica tuvo en 1965 y 1966. Mientras que en estos años la economía creció al ritmo de 5% y 6,6%, respectivamente, en 1967 no lo hizo sino en 3% lo que, considerado el aumento demográfico, significa que el producto "per capita" no aumentó, o sea, que la economía nacional entró en una depresión, constituyendo éste el más serio de los problemas que enfrenta Chile, pues se relaciona con las posibilidades de progreso y bienestar. En su exposición, el propio señor Sáez •debió reconocer el fuerte descenso en la actividad industrial, que es el "sector más dinámico de la economía en todos los países del mundo" y que en Chile, sin embargo, según el mismo, en 1967 aumentó su producción en una tasa inferior al 3%, en vez del 9,5% del año 1966. Es decir, en 1967 la actividad industrial sufrió una contracción formidable, advirtiendo que la Sociedad de Fomento Fabril y el Servicio Nacional de Estadística dan tasas de crecimiento industrial muy inferiores a 3%.

Nada de raro tiene, entonces, que, de acuerdo con las últimas informaciones publicadas por la CEPAL, Chile figure ahora entre los cinco países latinoamericanos con más bajo ritmo de desarrollo económico. Los resultados de 1967 no corresponden en absoluto a los objetivos de desarrollo que se predeterminaron en 1964. Muy por el contrario, nuestra economía se encuentra estancada, con las repercusiones inevitables sobre el empleo que se refleja en los altos índices de cesantía que arrojan las encuestas del Instituto de Economía de la Universidad de Chile. La contracción de la actividad económica está rodeada de toda la constelación de efectos sociales y laborales que necesariamente acarrea la paralización del proceso de desarrollo.

El Gobierno prometió detener la inflación y aun llegó a indicar las tasas que seguiría su proceso descendente. Pero el país sigue sufriendo los efectos de una inflación desatada. El Ejecutivo prometió desarrollar aceleradamente la economía y también fijó las tasas de ese crecimiento progresivo. Sin embargo, la economía de Chile está estancada, es decir no crece, sino que se encuentra detenida. El Gobierno condenó los intentos de detener la inflación reduciendo el poder de compra de los trabajadores. Mas en este proyecto lo que se nos propone es precisamente reajustes inferiores al alza del costo de la vida.

Existe una interrelación entre la disminución del ritmo de desarrollo, el rebrote inflacionario, la pérdida de poder adquisitivo de las remuneraciones del trabajo y su adecuado reajuste compensatorio. No son ni pueden ser éstos hechos aislados. La expansión que experimentó la economía durante los años 1965 y 1966 fue, en gran parte, la respuesta espontánea que el aparato productivo dio a la mayor demanda mediante el aprovechamiento de la capacidad instalada ociosa, sobre todo en el sector industrial. Alcanzado el límite de esa capacidad, comenzó a manifestarse la grave alza de precios, que en 1967 condujo a un 21,9% de encarecimiento de la vida y al 8% en los dos primeros meses de 1968.

El rebrote inflacionario pone al desnudo una seria falla en la política económica del Gobierno, que no aprovechó las condiciones extremadamente favorables de 1965 y 1966 para llevar adelante un vigoroso plan de desarrollo industrial a fin de acrecentar la oferta de los bienes de consumo corrientes y salir, así, al paso ele los aumentos en la demanda sin alzas sustanciales en los precios, o sea, sin abocar de nuevo al país a una inflación derivada de la insuficiencia de la oferta. Este Gobierno tuvo, tal vez como ningún otro, los medios y las posibilidades de hacerlo, en razón de los enormes recursos financieros de que ha dispuesto por el fuerte aumento de la carga tributaria y a consecuencia del extraordinario precio alcanzado por el cobre en el mercado mundial. Sin embargo, esos mayores recursos no se canalizaron hacia la inversión, sustrayéndolos a lo que habría podido ser un gran impulso al desarrollo económico del país, en vez del estancamiento que ahora lo aflige. No es justo descargar sobre los trabajadores el peso de una desacertada conducta económica y financiera.

Por otro lado, al reducirse el poder adquisitivo de las grandes masas de consumidores a causa del alza de los precios, disminuye también la demanda y, a través de los vasos comunicantes del comercio, la contracción se trasmite a los sectores de la producción, que se ven forzados a disminuir su actividad, cual es lo que está ocurriendo ahora en Chile. En 1967, hubo una baja de 1,6% en las ventas reales, por efecto, sobre todo, de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La CEPAL habla en su último informe de "la pérdida de dinamismo de la demanda interna", como uno de los factores que determinaron el descenso en el ritmo del crecimiento industrial chileno. El estancamiento actual de la economía se encuentra, pues, estrechamente relacionado con el empequeñecimiento del mercado interno como consecuencia de la pérdida de poder de compra de los grupos mayoritarios de la sociedad, cuales son los que viven de sueldos, salarios y pensiones.

Por eso pensamos que, aparte el principio de justicia social que envuelve el reajuste del ciento por ciento en el alza del costo de la vida, hay interés general en lograrlo debido a la influencia profundamente dañina que la baja del poder adquisitivo está ejerciendo sobre el ritmo del desarrollo de la economía chilena. En razón de ello, propugnamos que el reajuste en dinero sea de 21,9% y que no se discrimine entre los sectores público y privado. Nuestra actitud no obedece a mezquinas consideraciones de orden electoral ni tiene por objeto obstruir la acción del Gobierno, como se dice por algunos. Nuestra actitud se basa, antes que nada, en la realidad económica chilena y en las muy justificadas aspiraciones de los trabajadores a recuperar el poder adquisitivo perdido. En todo ello, sólo nos guía el alto propósito de servir los intereses nacionales. Estamos luchando por obtener soluciones justas, razonables y realistas. Este, y no otro, es el sentido de nuestra posición.

He dicho.