Labor Parlamentaria

El señor ARNELLO (

acusador).-

Diputado

Pido la palabra.

Señor Presidente, Honorable Senado: estimamos que un Gobierno es democrático cuando, en su ejercicio, en sus funciones, se atiene a la legitimidad, esto es, cuando actúa respetando las normas constitucionales y las leyes, cuando las autoridades ejercen el poder en cumplimiento estricto de las disposiciones que juraron o prometieron cumplir y hacer cumplir.

Tales normas lígales, a diferencia de lo que parece creer el señor Ministro, deben acatarse: debe otorgarse el auxilio de la fuerza pública cuando corresponde, y no sólo cuando lo solicita un General de Ejército designado interventor frente a una huelga. También debe concederse cuando lo pide un modesto juez o cuando un modesto campesino ha sido despojado de lo que le pertenece, cuando se han atropellado sus derechos y se ha invadido su morada, o cuando, en fin, se encuentra indefenso frente a la acción de grupos armados de delincuentes. No es tan simple eludir la responsabilidad que significa no aplicar la ley, no ejercer el mandato que implica el cargo de Ministro del Interior, que en hechos de esta naturaleza debe conceder siempre el auxilio de la fuerza pública, y no sólo cuando lo requiere una autoridad militar.

No es efectivo que esta acusación constitucional exceda o desvirtúe las atribuciones que la Carta Fundamental nos otorga a los Diputados. Por el contrario, se ha presentado precisamente porque estimamos que se ha infringido la Constitución, se han atropellado las leyes o no se las ha cumplido; porque se ha abusado del poder gravemente y porque se ha afectado en forma seria la seguridad nacional.

En la defensa expuesta por el señor Ministro tanto ayer como hoy, ha insistido en algunas afirmaciones que no se compadecen con la realidad, en cuanto ha pretendido imputarnos un propósito de persecución hacia el pensamiento marxista o hacia determinadas concepciones doctrinarias. Ello no es efectivo. En cambio, el señor Ministro sí que ha tergiversado los hechos y ha pretendido usar en su provecho, por ejemplo, un lamentable suceso delictual, que condenamos enérgicamente cuando ocurrió. Me refiero al caso concreto de la muerte de Hernán Mery, ocurrida en Linares, de la cual, el señor Ministro pretende sacar una conclusión adversa para todos los agricultores o latifundistas ; para toda la Derecha y el Partido Nacional, a quienes pretende inculpar en este suceso.

Los señores Senadores y el señor Ministro deben tener respeto por el pueblo de Linares. Pues bien, he de decirles claramente en este instante que por la voluntad de la ciudadanía de Linares, manifestada en la elección de un Diputado del Partido Nacional el señor Sergio Diez, que felizmente está presente en estos momentos, fue derrotada la candidata que levantó la Unidad Popular pretendiendo explotar en forma inicua el hecho señalado. Esto demuestra que el pueblo de esa provincia no comparte ni las acusaciones ni la liviandad de los cargos formulados por el Ministro a este respecto.

El día de ayer, siempre en su afán de tratar de inculpar en un virtual complot al partido a que pertenecen los Diputados que dedujeron la acusación lo que es más grave, también a la Corte Suprema y al Poder Judicial, el señor Ministro citó un caso que vale la pena recoger, porque demuestra claramente la absoluta carencia de fundamento de los hechos que él ha denunciado.

Se refirió a las personas que trabajaban en los clubes sociales calificados como empleados domésticos, y respecto de las cuales hubo un fallo de la Corte Suprema que las consideró como tales y no como obreros. Al respecto, debo manifestar que no era sólo la Corte Suprema quien participaba de esta interpretación de las normas legales vigentes en ese entonces, sino también otros organismos del país. Aún más, el asunto no afectaba únicamente a los que trabajaban en el Club de la Unión, sino también a quienes prestaban servicios similares al propio Estado en la manipulación de alimentos y en otras labores de esta especie. Así sucedía, concretamente, con personal de las escuelas públicas. Pues bien, frente a este hecho, frente a la discrepancia jurídica producida, se dictó una ley que interpretaba las normas vigentes y terminaba así con toda posibilidad de discusión al respecto. Debo reconocer con honestidad que quien inició ese proyecto en la Cámara fue la Diputada Mireya Baltra. Su moción contó con nuestra amplia aprobación en la Comisión de Trabajo, al extremo de que ella misma me solicitó que fuera yo el Diputado informante del proyecto ante la Cámara. Así lo hice con mucho agrado, y obtuvo un amplio apoyo para la iniciativa, que posteriormente también acogió el Senado. En consecuencia, no ha habido esa especie de complot siniestro que el señor Ministro nos supone en contra de algunos trabajadores. En el caso concreto antes mencionado, repito que no se trataba sólo de personal del Club de la Unión, sino, principalmente, de gente que prestaba sus servicios al Ministerio de Educación.

En otra parte de su intervención, contrariando lo que constituye la historia de nuestro país, nuestra tradición nacional, el señor Ministro ha pretendido demostrar que ella es sólo un cúmulo de actos contrarios a la ley, contrarios a la moral, contrarios al respeto y a la dignidad de las personas y de los trabajadores. Esto debo rechazarlo terminantemente, porque, como sostuve ayer, la historia de Chile no es una constante de actos de esa naturaleza, si bien algunos de esos hechos se han producido por dolorosos accidentes. Al contrario, nuestra historia es un ejemplo de esfuerzo comunitario, de esfuerzo ciudadano por dar al país dignidad y legalidad, de respeto a los derechos de todas las personas, y de fomento de las posibilidades de desarrollo cultural, económico y social de todos los sectores. Si hay algo de lo que se pueden enorgullecer quienes representan la herencia de los partidos históricos de este país, es de lo que ha sido la historia de Chile como creación social, como formación de una clase media mucho más vasta y amplia, con mucho mayor concepto de sus derechos y de su dignidad que las que existen en muchas naciones europeas que han conocido, desde hace cincuenta años, lo que constituye el marxismo. Por consiguiente, estas afirmaciones también deben ser rechazadas.

Frente a la explicación de lo que constituye la filosofía del Gobierno en materia de no recurrir a las normas que legalmente debe aplicar en lo relativo a mantener el orden público, resguardar la seguridad y tranquilidad de la población, el señor Ministro vuelve a insistir en que los hechos que turban dicho orden público y alteran la tranquilidad y seguridad de miles de personas a lo largo de Chile constituyen un acontecimiento que emana de las condiciones sociales y que, en consecuencia, no son actos delictuales, sino un verdadero levantar de los oprimidos, , por así decirlo. No recuerdo exactamente las palabras del Ministro, pero sí las que empleó el Presidente de la República en su Mensaje.

Sin embargo, debo hacer presente al Senado que en este terreno el Gobierno incurre en abierta contradicción: Esta Corporación recibió el veto del Jefe del Estado que modifica disposiciones de un proyecto de ley enviado por el propio Ejecutivo, mediante el cual se pretende aumentar la actual pena de multa que se aplica por ocupaciones de predios rústicos o de inmuebles destinados a la habitación, a la de prisión. Pues bien, el señor Ministro parecía no dar relevancia a esos delitos por el hecho de ser causales, en la actualidad, sólo de pena de multa.

El señor Ministro de Justicia presente en la Sala, que ha firmado ese veto, tendrá que reconocer que ésa es una iniciativa del Gobierno, y en el veto se propone repito sancionar con pena de prisión ese delito que hoy día sólo tiene la de multa.

En consecuencia, yo pregunto a los Honorables Senadores si este hecho revela que el Gobierno no considera menester sancionar los delitos de esta especie; si este hecho no revela que es necesario terminar con la comisión de delitos que se han ido multiplicando a lo largo del territorio en el último tiempo, al extremo de significar grave quebrantamiento de la seguridad del país, del orden público y de la paz social. O acaso, cuando se cometan estos delitos, una vez dictada la ley en referencia, ¿tampoco se pondrá en práctica lo que su articulado dispone so pretexto de que ello provocaría una masacre o significaría reprimir al pueblo? Si ya hemos dicho y sostenido que, a nuestro juicio, el pueblo no está representado por los grupos armados u organizados que cometen este tipo de delitos a lo largo de Chile. Ellos no representan al pueblo. Por el contrario, son elementos que ofenden la legitimidad de un ordenamiento jurídico que el país se ha dado por medio de sus representantes legítimos.

El señor Ministro pretende que la conducta del Gobierno, puesta en práctica por la Secretaría a su cargo, ha evitado la violencia y las muertes que el país ha experimentado en otras ocasiones. Por desgracia, no ha sido así. Hay una larga lista de 25 personas que han muerto por actos de violencia ocurridos durante la actual Administración, como consecuencia del incumplimiento de las normas constitucionales y legales que rigen la mantención del orden público y que resguardan debidamente la tranquilidad y seguridad de la nación.

La lista en referencia, la encabeza el obrero Juan Félix Leiva Riquelme. A continuación figura doña Antonieta Maachel, que se suicidó en su predio, en la ciudad de Valdivia, el 29 de noviembre de 1970, en circunstancias de que había sido secuestrada por ocupantes miristas de dicho predio. Aparecen, en seguida, los nombres de Amoldo Ríos, muerto en la ciudad de Concepción; Rolando Matus, muerto por ocupantes extremistas que se apoderaron de un pequeño predio inferior a tres hectáreas; Raúl Méndez; Tomás Gutiérrez; Edmundo Pérez Zujovic; Mario Marín Silva; Gerardo Romero Infante y Carlos Pérez Bretti, todos ellos como consecuencia de actividades de grupos armados, algunos de cuyos integrantes fue

ron indultados anteriormente por decreto de insistencia del Gobierno del señor Allende; los dos hermanos Rivera Calderón; Juan Millalonco; Gilberto González Gómez; Moisés Huentelaf; Enrique Hernández Jerez; Francisco Cheuquelén Melín; Ramón Segundo Cheuquelén; Raúl Quezada Moreno; Manuel Escobar González ; Nibaldo Soto Alarcón; Romilio Maturana; Enrique Núñez Alvarez; Eladio Caamaño Sobarzo; Arturo Mardones y José Navarro Hurtado.

Estas son las víctimas de la tolerancia, de la impunidad con que el Ministro ha permitido que actúen grupos armados extremistas que se han colocado al margen de la ley, o del verdadero amparo que se les ha prestado.

El señor Ministro no ha dado respuesta a los cargos en que se funda la acusación. Repite un lenguaje que no corresponde a quien tiene la responsabilidad directa de esos actos. Bastaría recordarle algunas de sus afirmaciones en la concentración realizada en la plaza MonttVaras, donde él cree no haber injuriado al Parlamento ni al Poder Judicial. Pero la verdad es que allí participaron personas que hicieron toda clase de cargos y lanzaron toda clase de amenazas e imputaciones. Por su parte, el señor Ministro no dejó de hacerlo cuando le tocó intervenir.

No son los preceptos legales de la ley de Seguridad Interior del Estado ni del Código Penal los que han sido abominados. Lo es, a nuestro juicio, la conducta del Gobierno y, particularmente, la de las autoridades de Gobierno Interior, que dependen de ese Secretario de Estado, las cuales cumplen disposiciones legales y las ejercitan en contra de quienes discrepan del Ejecutivo, y no lo hacen, en cambio, frente a los delitos de sectores que de una u otra manera lo apoyan, o que de uno u otro modo comparten su posición política.

En consecuencia, y frente a sus afirmaciones yo quiero preguntarle: ¿qué sanción ha ordenado el Ministro del Interior para el Subdelegado de Fresia por la actuación que le cupo y que instigó en el hospital de aquella localidad? ¿Qué sanciones aplicó al Intendente de Santiago o al Gobernador de Melipilla, como consecuencia de que éstos impidieron a Carabineros cumplir las instrucciones del juez? Y no es efectivo, como ha dicho el señor Ministro, que no existe sobre este hecho antecedente alguno fundado, por escrito. Certificado por notario, consta en las actas, señor Ministro, que eso ocurrió y que Su Señoría indicó concretamente que habían dado órdenes a Carabineros específicamente, a don Enrique Villarroel, el Intendente de Santiago y al Subsecretario de Justicia, a fin de no detener a las personas que ocupaban el juzgado de Melipilla.

Repito: entre los antecedentes que posee la Comisión consta el certificado del notario de Melipilla, a que me he referido.

Podríamos insistir en señalar, uno tras otro, todos los hechos, todas las actuaciones en que se ha delinquido y en que no se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y constitucionales que corresponden.

El señor Ministro tampoco ha podido decir por qué, durante 15 días, no manifestó que estuvo en Pudahuel en la oportunidad en que llegó el cargamento traído en un avión de Cubana de Aviación, ni por qué el Jefe del Estado demoró 45 días en asumir la responsabilidad por el contenido de esos bultos, el que hasta hoy día no se conoce.