Labor Parlamentaria

El señor ZALDÍVAR.- 

Señor Presidente, quiero aprovechar esta sesión del Senado para analizar la exposición que el Ministro de Obras Públicas, señor Humberto Mariones, nos hiciera aquí el jueves pasado.

Mediante un largo discurso pretendió convencernos de una afirmación que el Gobierno viene haciendo con relación al conflicto que mantienen los transportistas en el sentido de que se trata de un movimiento político, sedicioso, que tiene por objeto derrocar al actual Gobierno y que no tiene ningún fundamento gremial, ya que la Administración de la Unidad Popular habría dado pleno cumplimiento a los compromisos asumidos con ese gremio.

No es la primera vez que un Ministro o un funcionario del Ejecutivo sostiene hechos falsos. A mi juicio, el Ministro Martones ha venido nuevamente a reiterar dicha conducta.

El Gobierno no ha cumplido sus compromisos con los transportistas.

Como se ha dicho aquí, tanto en esta sesión como en la del jueves, el gremio de los transportistas, al igual que otros gremios, que otras organizaciones de trabajadores, creyó en la palabra de los funcionarios de Gobierno y del propio Presidente de la Republica creyó en los documentos firmados por Ministros de Estado. Y así fue como el 23 de mayo de 1972 la Confederación de Dueños de Camiones de Chile suscribió un acuerdo que firmaron el señor Fernando Flores Labra, entonces Gerente de la CORFO y hoy Ministro de Hacienda, y don León Vilarín, en su calidad de Presidente de dicha Confederación. En ese documento se les aseguró a los transportistas la entrega de 1.500 chasis de camiones; se determinaron la forma y las condiciones de precios; se estableció cómo iban a hacerse las inscripciones y de qué manera la CORFO procedería a distribuirlos entre los asociados a la citada Confederación; asimismo, se les aseguró la entrega de repuestos y de neumáticos.

Transcurrió el tiempo, y los transportistas esperaron pacientemente el cumplimiento de los compromisos del Gobierno. El 12 de septiembre, previas reuniones en que esos trabajadores hicieron nuevas exigencias al Gobierno para el cumplimiento de los compromisos contraídos, se firmó un nuevo documento, que fue suscrito por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de la época, don Carlos Matus, y por el Director de DI-RINCO, señor Patricio Palma. En él se fue inclusive más explícito. Se dijo a los transportistas que se les iban a otorgar

tarifas; que se les garantizaría la entrega de 5.000 neumáticos mensuales; que se les entregarían repuestos de acuerdo con importaciones que realizaría la CORFO por intermedio de ENARA; que se les daría participación en los organismos públicos que tienen atingencia con el transporte, específicamente en ENARA, en la Comisión Automotriz y en la Industria Nacional de Neumáticos; y, por último -al parecer, como premio a la buena fe de esos trabajadores-, se les expresó que se les asignarían 2.300 chasis de camiones, en vez de los 1.500 señalados.

Nada de eso se cumplió, y ello obligó a los transportistas a realizar un paro en octubre pasado, cuyas características ya describieron aquí el Honorable señor Moreno y otros señores Senadores. Realizaron ese movimiento porque no se habían cumplido los compromisos. En definitiva, después de una gran emergencia nacional y luego de haberse producido un cambio de Gabinete -se incorporó en él a miembros de las Fuerzas Armadas, nombrándose Ministro del Interior al General Carlos Prats, Comandante en Jefe del Ejército-, se ratificaron dichos acuerdos mediante una declaración publicada el 6 de noviembre y firmada el día 5. En ella, como dije, se reiteraron los compromisos en referencia y, aún más, se reconoció que la actividad del transporte sería netamente privada, manifestándose que el Gobierno se comprometía a remitir un proyecto para dar cumplimiento a lo convenido y garantizar que el Estado no intervendría en el servicio de transporte terrestre por intermedio de empresas estatales creadas por organismos fiscales.

Como eso no fuera suficiente, el 12 de diciembre el Ejecutivo emite una declaración unilateral en la que se refiere al cumplimiento de los compromisos contraídos por el nuevo Gabinete y por el Ministro del Interior, y llama a la serenidad. Allí se reiteran nuevamente los compromisos contraídos. Los transportistas siguen esperando. Pero ya en el mes de junio de nuevo esos 50 mil trabajadores del transporte muestran su inquietud y celebran un congreso nacional en que escuchan a los representantes de todas y cada una de las provincias; y demuestran, por medio de sus dirigentes, que ninguno de los compromisos se ha cumplido.

En materia de tarifas, el Gobierno otorgó efectivamente, en septiembre de 1972, un reajuste equivalente a 120%. Pero en el mismo acuerdo, que se ratificó en los documentos que he señalado, se dijo que dentro del plazo de 90 días se revisaría lo atinente a las tarifas y conforme a los mayores costos que presentara la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, aquél se incrementaría; además, el Gobierno se comprometió a no subir los insumos ni el combustible. Hasta fines de diciembre, nada se había hecho en materia de tarifas, a pesar de que se comprobó -y así lo reconoció el propio Gobierno- que el alza de costos registrada en ese período de 90 días ascendía a 68%. Sólo en el mes de junio, y después de que los dueños de camiones o trabajadores del transporte hicieron ver el incumplimiento de ese compromiso, se otorga un reajuste equivalente a 66%. Pero ya en el período transcurrido de enero a mayo -el alza señalada correspondía a septiembre-diciembre-, de acuerdo con estudios realizados por expertos en materias del transporte, el alza de costos comprobada -no se cumplieron los compromisos y volvieron a subir los insumos, y especialmente el combustible- era de 120,39% más. En definitiva, no se otorga una tarifa acorde con la realidad, dejándose de cumplir, hasta el día de hoy, el compromiso que contrajo el Gobierno y que reiteraron diferentes autoridades, inclusive el entonces Ministro del Interior señor Carlos Prats.

Primera causal que justifica y legitima la posición que hoy día han asumido los trabajadores del transporte.

Segundo punto.

El Gobierno se comprometió a abastecer de repuestos suficientes a los trabajadores del sector para permitirles desarrollar en forma adecuada la actividad del transporte. Al respecto, es preciso destacar que la suspensión de actividades decretadas por el gremio del rodado no obedece sólo al hecho de que sus miembros deseen pararse o declararse en huelga, sino también a la circunstancia de que están imposibilitados para cumplir sus funciones por carecer de los implementos necesarios para movilizar sus vehículos.

El Gobierno hace grandes anuncios, y dice primero que ha contratado en Méjico una importación por la suma de 6 millones de dólares. Efectúa grandes publicaciones en la prensa y, por intermedio de ENARA, pide a los camioneros entregar sus solicitudes para la asignación de los repuestos que se traerían. Esto sucede en el mes de marzo. Los afectados llenan las solicitudes. Sin embargo, todavía -esto me lo han manifestado en forma responsable personeros del gremio de los transportistas, y especialmente en las provincias que represento- no se les ha entregado un solo repuesto. Y el Gobierno ya no sostiene que ha hecho una importación por 6 millones de dólares: el Ministro señor Martones expresó en el Senado que las importaciones ascendían a 60 millones de dólares. Y el Primer Mandatario, mediante declaración pública, ha sostenido que se ha aumentado la importación de repuestos para vehículos por sobre lo normal, en más de 20% o 30%; no recuerdo el porcentaje. ¿Qué sucede? ¿Dónde están los repuestos? ¿Por qué no llegan a los sectores a los cuales estaban destinados? Nueva infracción del compromiso: el Gobierno tampoco ha cumplido en esta materia.

El Ejecutivo se comprometió también, como señalé, a entregar a los dueños de camiones y a los sindicatos que los agrupan 5 mil neumáticos al mes. A pesar de que dicha cuota, según manifestó la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, no alcanzaba ni siquiera para cubrir el 50% de las necesidades reales del sector, ella se aceptó, ante la inexistencia de un mayor stock. ¿Y qué sucede? De acuerdo con informaciones entregadas por los sindicatos y por la Confederación mencionada, sólo se les ha entregado 2.500 neumáticos al mes; es decir, ni tan sólo la cuarta parte de los que necesita ese sector para poder trabajar.

Además, el Gobierno se comprometió, como lo expresé, a entregar primero 1.500 camiones FIAT, más 400 camiones Pegaso, de una importación de 660 que haría la CORFO. El señor Ministro sostuvo aquí que se habían entregado 467 camiones y que la entrega no se había realizado mediante la Confederación y los sindicatos agrupados en ella porque sus miembros se habían negado a recibirlos debido a que eran de mala calidad. Este hecho no es cierto. Los transportistas se habían inscrito; cumplieron las exigencias que se les hicieron, entregando su documentación en la CORFO. Sin embargo -y lo digo en forma responsable-, ni un solo camión se ha entregado por intermedio de los sindicatos o de la Confederación. Y esos 467 vehículos -no 2.300- se entregaron a personas que nadie conoce.

Por eso, concuerdo con la petición del señor Moreno de inquirir antecedentes acerca de quiénes recibieron dichos camiones. Porque, a mi juicio, de aquí tiene que generarse una investigación muy a fondo, que puede destapar muchas ollas y provocar grandes escándalos, pues los vehículos se entregaron a 1.200 millones de pesos, en momentos en que su precio en el mercado negro, o sea, no en el mercado oficial del Gobierno, era superior -cuando se hicieron las asignaciones- a 6 millones o 7 millones de escudos por unidad. Si sacamos la cuenta multiplicando la diferencia de precios por 467, que es el número de vehículos entregados, veremos que hay en juego más de 2.000 millones de escudos.

Personalmente, quiero reforzar la petición del Honorable señor Moreno, y solicito oficiar a la Contraloría General de la para que se realicen las investigaciones pertinentes en la Comisión Automotriz y se entregue la información del caso al Senado. Es preciso saber a quiénes se han asignado los vehículos y tener una individualización completa al respecto, de modo que una vez que dispongamos de los antecedentes se proceda a determinar qué personajes han recibido tan importantes beneficios por parte de la Unidad Popular. Además, debe señalarse el precio a que se entregaron los vehículos.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, también -y en esto tiene participación muy importante el Ministro del Interior de la época, General Prats, en su compromiso solemne del 5 de noviembre- se declaró en forma expresa a los transportistas que el total del transporte terrestre tal como lo leyó aquí el Honorable señor Moreno- se entregaría a la actividad privada y que las empresas estatales no discriminarían sobre la materia, estableciéndose enfáticamente que no habría empresas estatales de transportes.

¿Cuál es la realidad y por qué reclaman los transportistas? Porque, a mi juicio, éste es uno de los puntos fundamentales.

El mencionado compromiso tampoco se cumplió, y el Gobierno no respetó la palabra empeñada por el General Prats. Para violarla ha procedido como en otras oportunidades, como ya lo hemos visto durante estos dos años y ocho meses del actual Gobierno: utilizó los resquicios y el engaño. Entonces, mediante la organización llamada MOPARE, empezó a crear un organismo adicto a él, para destruir la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, para terminar con las fuentes de trabajo de más de 50 mil transportistas. Además, empezó a utilizar los vehículos que tenía y los que importaba, entregando parte de ellos a las empresas estatificadas o requisadas, y de hecho está estatificando el transporte. Por eso también los transportistas reclaman.

Por otro lado, el Gobierno tampoco ha cumplido con la obligación que tenía, y que el propio Ministro señor Prats asumió en su declaración del 12 de enero, de enviar un proyecto de ley para garantizar la actividad privada del transporte. Y se señalaron plazos: se dijo que los transportistas tendrían hasta el 10 de enero de 1973 para presentar indicaciones al mencionado proyecto. El señor Ministro nos ha dicho que los transportistas no presentaron indicaciones, pero eso no exime del compromiso al Gobierno. Asimismo, se dijo que después del 10 de noviembre, dentro del plazo de 30 días, se presentaría el mencionado proyecto, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

El Gobierno ha faltado a todos sus compromisos.

A mí no me extraña todo esto, porque cada vez que el Gobierno ha asumido un compromiso -y de esto somos testigos presenciales-, ha hecho todo lo contrario. Se obligó a respetar las garantías constitucionales. Personalmente, creo que lo que ha hecho durante estos dos años y ocho meses de Gobierno es infringir todas y cada una de esas garantías constitucionales. Recuerdo que en el mes de diciembre de 1970 el Presidente de la anunció que dentro de los próximos días o antes del 31 del mismo mes presentaría un proyecto de ley para estatificar la banca privada. Hasta el día de hoy no se ha remitido esa iniciativa al Congreso.

El Presidente de la ha asumido una serie de compromisos, como, por ejemplo, la recontratación de los trabajadores de SUMAR expulsados en octubre de 1971, dentro de los cuales hay dos dirigentes sindicales. Hasta la fecha no ha sido cumplido ese compromiso.

El Presidente de la se comprometió con el Presidente del Senado de ese entonces, SenadorPatricio Aylwin, a que no habría haciendas estatales. Se intercambiaron cartas en el sentido de que sólo se aplicarían en términos experimentales y por razones de tipo geográfico, en la provincia de Magallanes. Resultado: toda la reforma agraria se ha hecho a través de los llamados centros de reforma agraria o haciendas estatales.

El Presidente de la, recientemente y por medio de su Ministro del Interior, se comprometió a que lo que resolviera una comisión sobre el problema del mineral El Teniente sería acatado. El señor Ministro del Interior -al respecto, tengo el testimonio de los Honorables señores Valenzuela y Moreno- dio orden de reintegrar a 97 trabajadores que habían sido despedidos con motivo del conflicto. Hoy día se niega el compromiso y no se cumple la orden.

Lo mismo está sucediendo con los transportistas: no se les fijan tarifas adecuadas; no se les entregan los vehículos prometidos; no se les dan repuestos ni neumáticos; no se les otorga la participación que se les había ofrecido en los organismos del Estado; no se envía' el proyecto de ley para garantizar que su actividad quedaría en manos privadas.

Así, los transportistas deben concluir que han sido engañados en forma definitiva, debiendo suspender sus actividades y enfrentar este proceso desagradable para ellos, porque están sufriendo con ese problema 50 mil familias en Chile, porque están exponiendo su único elemento o fuente de trabajo, como son los camiones, vehículos que, como hemos visto en el documental exhibido por el Canal 13, han sido saqueados en el Parque O'Higgins, donde están guardados; experiencia que también la tuvieron en el paro del mes de octubre. Entonces, no les queda otro camino que la resistencia, derecho que hoy día hacen efectivo frente a un Gobierno que no ha cumplido.

El Gobierno no busca solución al problema, de los transportistas.

El Ministro Murtones nos mintió cuando vino aquí a esta Corporación. Eso no me extraña, como lo declaré antes, porque creo que una de las cosas que ha caracterizado a esta Administración es que ha pretendido hacer de la mentira su instrumento de Gobierno y pretende convencen a los chilenos de que la mentira es verdad, De allí entonces que hoy día ya no sólo los camioneros, sino la gran mayoría de los chilenos, a mi juicio, reclaman y se rebelan contra la injusticia, se rebelan contra la arbitrariedad del Gobierno, se rebelan contra los funcionarios que, como el señor Faivovich, sin tener calidad moral para ocupar un cargo público, actúa como interventor. Y los transportistas proceden de esta manera, porque el Gobierno no busca solución a sus problemas, sino que trata de provocarlos. Lo que hemos visto hoy día demuestra clara y fehacientemente que el Gobierno anda buscando la provocación de los transportistas. Sin embargo, éstos han respondido en forma pacífica, Por lo menos, yo no he conocido ninguna denuncia o detención de algún miembro de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile o de los sindicatos del transporte con motivo ni siquiera de la infracción a la ley de Armas. La detención que hoy día se está practicando y que ha significado encarcelar al dirigente Juan Jara, democratacristiano y Presidente de la Confederación del Transporte Terrestre, ha sido sólo por el delito de estar defendiendo algo justo y legítimo, como es su fuente de trabajo.

El señor Faivovich es designado como interventor. Denantes decía que esa persona no tiene autoridad moral para ser funcionario público. Tuvo que ser echado de la Cámara de Diputados, porque ni siquiera guardó la debida lealtad para con esa Corporación. Tuvo que ser sacado de la Corporación del Cobre por un confuso negociado que se conoció también en el Senado. Como premio, se le nombró Intendente de Santiago. Como éste es uno de los hombres que se caracteriza por tener la cabeza caliente -seguramente es uno de los violentistas más destacados; ideólogo del violentismo y del extremismo; muy bien remunerado; uno de los revolucionarios de boutique o de escritorio-, tuvo que ser sacado por los desatinos que cometió en la Intendencia de Santiago y porque nosotros mismos tuvimos que sancionarlo.

Entonces, ¿cómo me voy a extrañar de que este señor sea quien dirija la represión contra los transportistas? ¿Cómo me voy a extrañar de la actitud que tuvo en Nos el otro día? ¿Cómo me voy a extrañar de que este señor sea el hombre de confianza del PresidenteAllende para resolver este conflicto?

El conflicto de los transportistas fue provocado por el Gobierno.

¿Qué quiere el Gobierno? ¿Exasperar a los transportistas o dar solución al problema? ¿Por qué no da muestras de que quiere hacer esto último? ¿Por qué cuando se produjo el conflicto de la locomoción colectiva designó como interventor a un General de la para la solución del problema? ¿Por qué en este caso el señor Allende nombra al señor Faivovich, que no se conoce como un hombre de paz, sino como un hombre de violencia, que no cree en las soluciones democráticas del país, que es uno de los redactores de la revista Punto Final, el órgano de expresión más típico y oficial del extremismo chileno, que en un número de esa revista -lo cual no ha desmentido- invoca que la única solución para este país es la dictadura popular y que el Presidente de la y los partidos de la Unidad Popular pierden su tiempo en la búsqueda de soluciones democráticas?

Esta es, señores Senadores, la realidad de un conflicto; un conflicto provocado por el Gobierno, al cual no se quiere dar una solución y al que el Gobierno pretende calificar como sedicioso y político; sin embargo, niega la verdad de este conflicto, a través del cual, tal vez, se desarrollan fines más negros que los que el propio señor Faivovich pensó cuando se iniciaba.

Los transportistas son trabajadores modestos.

Por eso, levanto mi voz en defensa de les transportistas, que son trabajadores modestos. Como me manifestaba el otro día el Honorable señor Luis Papic, se trata de gente que muchas veces empezó a trabajar como pioneta a los 16 o 17 años de edad y que a los 50 o 60 años logró comprar un camión. Esto es lo que el propio señor Ministro del Interior -en ese entonces el General Carlos Prats- expresó, reconociendo que son empresarios modestos, hombres de esfuerzo, trabajadores. Son trabajadores como otros de Chile; pero que han debido utilizar el sistema de la huelga, ya desesperados, para que el Gobierno los entienda.

Por eso tenemos que reclamar. Por eso hoy día expreso mi apoyo a los camioneros que están sufriendo, porque un Gobierno incapaz e irresponsable no ha podido dar solución a su problema, como tampoco ha sido capaz de resolver todos y cada uno de los problemas que vive Chile. De allí el caos, la crisis y la tensión que hoy día vivimos.

Lo que está sucediendo con los transportistas hoy día es un botón de muestra más.

El Presidente de la debe restablecer la convivencia democrática.

El Presidente de la tiene la responsabilidad de reasumir el cargo para el cual fue elegido. No podemos seguir aceptando que sean subalternos los que imponen su voluntad para hacer lo que quieran en este país, para no cumplir la ley, para aplicarla a unos y olvidarla respecto de otros. Es el señor Presidente de la quien está obligado a restablecer la paz y la convivencia democrática. Y si no es capaz de hacerlo, él será el responsable de las consecuencias que de ello se deriven, y la historia y los chilenos tendremos el derecho de señalarlo como el gran culpable del peor desastre que pueda haber conocido la historia de nuestra patria.