El señor PARETO (Presidente).-
Corresponde ocuparse, en primer término, de la proposición de acusación constitucional, deducida por doce señores Diputados, en contra del señor Intendente de la provincia de Talca, don Francisco Reyes Alvarez.
En discusión la proposición de acusación.
El señor Secretario dará lectura a la defensa escrita que ha hecho llegar el señor Intendente acusado.
El señor GUERRERO, don Raúl (Secretario).-
Intendencia de la Provincia de Talca.
Respuesta del Intendente de la provincia de Talca a acusación deducida en su contra en la Cámara de Diputados por parlamentarios de Oposición.
He sido notificado oficialmente por la Cámara de Diputados del texto de una acusación constitucional deducida en mi contra por parlamentarios del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana. Asimismo, se me ha informado que la unanimidad de los cinco integrantes de la Comisión que debió estudiar esta acusación, resolvió no constituirse, considerando la absoluta falta de seriedad de las causales que la motivaron y expresando su irrestricto respaldo al Intendente que suscribe. Quiero expresar que agradezco este gesto de dichos Honorables Parlamentarios, que contribuye a poner un poco de seriedad en las actividades da personeros que fueron elegidos recientemente para una labor específica: legislar.
En todo caso, como se me ha comunicado que en fecha próxima se verá en la Sala esta acusación y teniendo absolutamente en claro que, dada la composición de la Cámara, ella deberá ser aprobada, quiero, más que a la Cámara misma, explicar a los trabajadores de la provincia de Talca cuáles son los hechos de que se me acusa y cuál es la verdadera realidad de lo ocurrido.
Antes de entrar en materia, quisiera destacar el hecho de que entre los firmantes figura el comerciante Silvio Rodríguez, quien obviamente por ser parte de los hechos que allí se expresan estaría inhabilitado no sólo para firmar esta acusación, sino, incluso, para votarla en la Sala, ya que en ella se refiere a las Juntas de Abastecimientos y Precios que, como todos saben, son organismos que han generado los propios trabajadores para controlar a los comerciantes inescrupulosos, el mercado negro y el acaparamiento. Por otra parte, también suscribe la acusación don Fernando Romero Vásquez, personaje muy conocido en los Tribunales de Justicia de la región del Maule por los múltiples denuncios por agresión a campesinos y uso ilegal de armas de fuego. También considero que este parlamentario está moralmente inhabilitado, por cuanto en la mencionada acusación se hace referencia a acciones de esta Intendencia para reprimir la tenencia y el uso ilegal de armas.
En lo referente al punto primero, en que se acusa al Intendente de detención ilegal del ciudadano Fernando Hurtado Echeñique, domiciliado en el fundo Esperanza, comuna de San Clemente, cábeme declarar lo siguiente:
La referida orden de allanamiento y detención la formuló el suscrito, dada la facultad que le confieren los artículos 49 y siguientes de la Ley de Régimen Interior del Estado, en relación con los artículos 2º, 8º y 9º de la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, y teniendo presente la existencia de un verdadero peligro en dejar burlada la acción de la justicia. La orden correspondiente a la resolución Nº 33 de esta Intendencia establecía que se allanaran las casas del fundo Esperanza y el domicilio de don Gerónimo Neira, en Armerillo, por existir presunciones que en los domicilios señalados se guardaban armas de fuego, circunstancias que por sí solas constituyen los delitos sancionados en los artículos 2º y 9º de la ley Nº 17,798. Se ordenaba también la detención de las personas que se encontraran en dichos inmuebles, siempre y cuando estuvieran infringiendo las disposiciones de la Ley de Control de Armas y/o la Ley de Seguridad Interior del Estado, especialmente en cuanto a tenencia ilegal de armas.
Como resultado de estas diligencias en el fundo Esperanza, se encontraron las siguientes armas: 1 revólver Ruby-Extra, Industria Argentina, calibre 22 milímetros, Nº 216; 1 pistola Mauser, calibre 9 milímetros, de gran peligrosidad; 1 escopeta marca Arrietta, calibre 16 milímetros, 2 cañones; 1 rifle marca Al-con, calibre 22 milímetros, automático; y 1 escopeta sin marca, dos cañones, calibre 16 milímetros. Junto a estas armas en el mencionado predio se encontró una cantidad apreciable de municiones.
Investigaciones, asesorado por Carabineros, encontró también armas en el domicilio de don Jerónimo Leiva Tapia, pero por ser mencionado sólo accidentalmente en la acusación, no me voy a extender en detalles.
En estricto cumplimiento de la ley, hice poner a los detenidos a disposición de la Justicia Ordinaria. Ellos quedaron en libertad no a petición de parlamentarios, como se expresa en la acusación, sino por decisión personal de esta Intendencia que consideró que, incautadas las armas, desaparecía el peligro que había motivado la resolución Nº 33.
Para mayor abundamiento, debo declarar que la mencionada resolución tuvo su origen en reiteradas denuncias de campesinos del sector. Queda en claro, entonces, que en lo que respecta a esta primera parte de la acusación, no se ha violado en absoluto ni la Constitución ni las leyes y, por el contrario, se ha dado cabal cumplimiento a ellas.
En lo que se refiere al, punto segundo, carece tan en absoluto de fundamento que me parece inoficioso responderlo. No. hemos negado nunca las atribuciones de las Juntas de Vecinos ni mucho menos en materias relativas al abastecimiento. En los casos en que las Juntas de Vecinos han formado comités de abastecimiento, se les ha pedido a éstas que se pongan en contacto con las Juntas de Abastecimientos y Precios de su sector y que, a través de ellas, planteen sus necesidades, lo cual es absolutamente legal. La acusación llega a adquirir caracteres humorísticos, cuando sostiene que yo habría formado las JAP, en el sector Plaza de Armas, la cual debe ser una JAP fantasma, pues el suscrito no la conoce. Lo mismo, con los que se sostiene allí, en relación con lo que estaría ocurriendo en el sector Piduco Nº 1, donde el suscrito habría organizado una JAP, en la cual el Intendente repartiría Tarjetas de Racionamiento. No escapará a nadie el hecho, de que el Intendente de una provincia tendría que tener muy errado concepto de sus funciones, para dedicarse a este tipo de tareas, que es propia de los pobladores organizados a través de sus Juntas de Abastecimientos y Precios. En lo que se refiere a que se habría abusado del derecho a intervenir Juntas de Vecinos, ello es totalmente falso. Todas las intervenciones se han basado en la ley Nº 16.880, y estas intervenciones han afectado tanto a Juntas dirigidas por elementos de Gobierno como por elementos de oposición, como le consta a todos los señores Parlamentarios de esta provincia.
En lo referente al punto 3, es efectivo que el afectado dictó la Resolución a que se refieren, y que ha sido declarada sin efecto por la Contraloría General de la República, sin embargo, es preciso aclarar algunos hechos. Por razones derivadas de la situación muy particular que existía en el Matadero Maule de esta ciudad, SOCOAGRO aportada una cantidad de 50 animales de 220, que como promedio, se beneficiaban semanalmente en esta provincia. La exigencia de la Resolución Nº 26, afectaba sólo a esos animales, y por tanto, no se trataba en modo alguno de prohibir el trabajo a ningún sector. El origen de la Resolución de que los animales que SOCOAGRO entregaba a los abasteros a través de DIRINCO, se entregaran sólo a aquéllos que trabajaban con las JAP, derivó del hecho de que, especialmente en los sectores populares no sólo existía una especulación desenfrenada, sino que la carne era en gran parte sacada de allí y llevada a sectores de altos ingresos o fuera de la provincia, situación muy difícil de controlar sin la acción organizada del pueblo. A pesar de la acción deficiente de DIRINCO en esta provincia, acompaño una relación, entregada por Oficio Nº 104 de la Dirección de Industria y Comercio, Oficina Regional Talca, en la cual se da cuenta de todas las infracciones cometidas por los comerciantes del Abasto desde el 1º de enero al 18 de junio. Esta relación es la siguiente:
Juan Soro Escobar.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
V.- Venta de chuletas a mayor precio y falta de precios de cerdo.
José Benavides.- Negar venta de carne de vacuno teniendo existencia.
Luis A. Rojas.- Venta de carne a mayor precio.
Gregorina San Juan L.- Negación de venta de carne de vacuno teniendo existencia.
Jorge Hernández.- Venta de carne en día de veda.
Luis Campos Gajardo.- Venta de cazuela de costilla a mayor precio.
Luis Roa Roa.- Venta de carne de vacuno en día de veda.
Lucy Soto Olave.- Vender carne de cazuela a mayor precio.
Luis A. Soto García.- Venta a mayor precio de carne de vacuno.
Gilberto Moraga Moraga.- Venta de asiento picana a mayor precio.
Máximo Lara Lara.- Venta de cazuela corriente vacuno a mayor precio.
Ramón Ramírez Veliz.- Venta de carne de vacuno en día de veda. Falta de lista de precio.
Miguel Parra S.- Venta de asiento picana y cazuela a mayor precio.
María Cabezas R.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
Juan Soto Escobar.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
Luis Cornejo Augusto.- No dar comprobante de venta.
Máximo Lara Lara.- Mantener el negocio cerrado al público teniendo existencia alrededor de 20 kilogramos de carne surtida.
Lupercio Morales L.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
Pedro Morales y Jacinto García.- Venta de carne de vacuno a mayor precio que el oficial.
García y Mesías.- Venta de carne de cazuela a mayor precio.
Róbinson Vargas U.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
Sergio Vera Norambuena.- Venta de posta a mayor precio.
Juan Soto Escobar.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
Enrique Simmos V. R.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
Víctor Castro Avila.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
Ricardo Gaete Poblete.- Venta de carne osobuco a mayor precio.
Berta Arenas Arenas.- Venta de huesos sin carne a mayor precio.
Miguel Castro Castro.- Venta de carne de cazuela a mayor precio.
Rosa Lobos Villar.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
Mariana Amagada González.- Venta de carne de cazuela a mayor precio.
Georgina Gaete Gómez.- Vender carne de cazuela a mayor precio y no tener precios en pizarra.
Luis Vera Garido.- Venta de osobuco a mayor precio.
Luis Vera Garido.- Venta de carne de vacuno en día de veda.
Juan Rodríguez Lara.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
José M. Fuentes Cancino.- Venta de carne de vacuno y no otorgar comprobante de venta.
Juan Soto Escobar.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
Ornar Valdés Espinoza.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
Lucy Soto Olave.- Venta de carne a mayor precio.
Lucy Soto Olave.- Venta de cazuela de vacuno a mayor precio, no otorgar comprobante de venta.
Fabiola Zúñiga Fuentes.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
María Cancino Alvarez.- Expender carne de vacuno a sobreprecio.
Juan Rodríguez Lara.- Venta de carne de vacuno en día de veda.
Elena Urrutia Urrutia.- Venta de 300 gramos de pollo ganso a mayor precio.
José Unda.- Venta de carne de vacuno a mayor precio. No otorgar comprobante de venta, obtaculizar la inspección.
Elena Urrutia Urrutia.- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
Sergio Aravena González.- Venta de posta a mayor precio en día de veda.
David Rebolledo Barrera (Molina).- Venta de carne de vacuno en día de veda a mayor precio.
Fernando Concha Torres.- Negativa de venta de carne.
Alberto González Carrasco.- Venta carne de vacuno en día de veda.
Sergio Escobar Aguilera (Lontué).- Venta de carne de vacuno en día de veda.
Sergio Sepúlveda Gutiérrez (San Clemente).- Venta de lomo de vacuno a mayor precio.
Bernardino Leyton C.- Venta de carne a mayor precio.
Hugo Saavedra Contreras.- Venta de posta a mayor precio, no otorgar comprobante de venta y venta con engaño en el peso.
Juan Rioseco Aliste (Lontué).- Venta de carne de cazuela a mayor precio.
Sergio Aravena González (Sagrada Familia).- Venta de carne de posta a mayor precio.
Clorindo Opazo Opazo (Chequén).- Venta de carne de asado a mayor precio.
Luis Garrido Soto (San Clemente).- Venta de carne de vacuno a mayor precio.
Moisés Andrades Sepúlveda (Molina).- Venta de carne de vacuno en día de veda.
Jaime Muñoz (Suc. Catalán-Lorca) Lontué.- Venta de carne en día de veda y mantiene la balanza cargada contra el público en 100 gramos.
José Bravo Vásquez (San Clemente).- Venta de carne de vacuno en día de veda.
Hernán Villalobos Núñez (San Clemente).- Venta de carne de vacuno en día de veda.
Efraín Reyes Ruz (San Clemente).- Venta de carne en día de veda.
Pedro Correa Fuentes (Molina).- Venta de carne de vacuno en día de veda.
Como se puede apreciar esta resolución se fundamentó claramente en el interés del Intendente de proteger al público consumidor y especialmente a sectores más modestos. Esta situación condujo a que una parte de los miembros del gremio del abasto se tomaran el Matadero Maule y, posteriormente, se negaran a recibir carne, debiendo ésta distribuirse entre los carniceros que aceptaron seguir trabajando y en locales debidamente autorizados por la Oficina de Higiene Ambiental del S. N. S.
De acuerdo con el dictamen de la Contraloría General de la República, deberá ser SOCOAGRO en su calidad de S. A. la que establezca las normas para ¡a distribución y venta de la carne, en todo caso es útil destacar que cualquier solución al respecto podrá dejar de considerar los intereses de la masa consumidora que con esta experiencia ha aprendido que puede defenderse de quienes desde cualquier sitial protegen la especulación, el acaparamiento y promueven el desabastecimiento de los sectores de más bajos ingresos.
Por último en la mencionada acusación se hace referencia a la situación por la que atravesaría un grupo de habitantes de la Población Arturo Prat. La verdad es que en los sitios donde estaba esa población es preciso iniciar en forma inmediata la construcción de 300 viviendas que van a beneficiar precisamente a esas familias, tramitadas por más de 15 años en sus aspiraciones. Un pequeño grupo de pobladores azuzados politiqueramente por el Diputado
Silvio Rodríguez, se resiste a salir de allí perjudicando con esto a más de 200 familias que ya se retiraron. A los pobladores que se niegan a abandonar el sector se les ha ofrecido toda clase de soluciones a través de CORVI o CORHABIT, y en este momento varios de ellos ya han salido o han firmado compromiso para abandonar el sector a la brevedad posible.
Por todo lo anteriormente expuesto considero que la acusación en mi contra carece en absoluto de base legal, pero lo que es más importante es que no tiene ni por asomo ningún asidero moral. En el fondo lo que se está protegiendo con ello, son los intereses especulativos de un sector del gremio del Abasto que ha esquilmado a los consumidores y que hoy ve que ya no es posible seguir haciéndolo. Por todo lo anterior es que los trabajadores de la provincia de Talca han expresado en múltiples formas su rechazo a esta acusación politiquera. Sinceramente considero que la actual mayoría de la Cámara de Diputados, no está en condiciones de hacer lo mismo.
(Fdo.): Francisco Reyes Alvarez, Intendente de la provincia de Talca.
En Talca, a 25 de junio de 1973.
