Labor Parlamentaria

El señor CONTRERAS.-

A propósito de desalojos, debo referirme a los ocurridos en Lautaro.

La próxima semana el Senado conocerá una petición de desafuero en contra del Gobernador del departamento de Lautaro, el compañero Fernando Teillier Morín. La causa de tal solicitud ha sido que, a juicio del propietario de un fundo, el Gobernador debió haber concedido la fuerza pública para desalojar a los ocupantes del predio.

¿Cuándo se corrieron los cercos de dichos predios agrícolas, señor Presidente? En julio de 1970. El conflicto, pendiente hasta la fecha, afectó al señor Carlos Taladriz Bornand, según oficio 883 de la Comisaría de Carabineros de Lautaro, de fecha 11 de agosto de 1970. Posteriormente, el 30 de noviembre, miembros de la reducción Pailahueque corrieron el cerco del fundo Las Tres Hijuelas en una extensión de 12 hectáreas. Según oficio 1.328 de la Comisaría de Carabineros de Lautaro, el fundo en referencia fue ocupado en su totalidad en diciembre de 1970; es decir, con posterioridad a la ocupación total del predio, ya se había solicitado la designación de un interventor.

En resumen, la ocupación se llevó a cabo en el mes de julio. Durante ese tiempo no se concedió la fuerza pública para desalojar al ciudadano mapuche Juan Pailahueque Carimán, de 71 años, jefe de la reducción, quien presentó copia de la resolución 14.032 del Ministerio de Tierras y Colonización mediante la cual acreditaba que el predio correspondía a esa reducción. Sin embargo, pese al requerimiento de la fuerza pública, el Gobernador no la concedió en ese momento, e incluso reconoció que lo hizo con fundadas razones.

En primer lugar, porque la ocupación primitiva era de 12 hectáreas, según el informe de Carabineros. Por su parte, el Magistrado ordenó la restitución de 24 hectáreas cuyos deslindes no correspondían a los terrenos ocupados por la comunidad indígena. Con fecha 30 de noviembre fue ocupado en su totalidad el fundo Las Tres Hijuelas, el cual forma parte de las tierras que se ordenó restituir.

Además, no se concedió la fuerza pública, para evitar un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los ocupantes de los predios. A juicio del Gobernador, al existir diferencias de hectáreas entre lo que determinó el Magistrado que debía ser restituido, y el informe proporcionado por Carabineros, y por merecerle serias dudas, estimó conveniente consultar a la autoridad superior.

En esa oportunidad, la zona era un verdadero polvorín. Tanto en la provincia de Malleco como en la de Cautín pudo producirse un enfrentamiento entre los ocupantes y las Fuerzas Armadas. Es indiscutible que ello habría significado encender la mecha en ambas provincias. Por esas razones, el Gobernador estimó preferible parlamentar y dialogar con los ocupantes antes que proceder a echarlos.

La Comisión de Legislación aprobó el desafuero del Gobernador, por tres votos a favor (de los Honorables señores García, Pablo y Hamilton) y el voto en contra del Honorable compañero Luengo. En la Comisión se dieron muchas razones. Inclusive se dijo que no se había tratado de buscar terrenos para trasladar a los actuales ocupantes.

La opinión pública sabe que desde hace dos meses se encuentra en la región el señor Ministro de Agricultura, dedicado especialmente a resolver en definitiva los graves problemas que vienen afrontando desde hace un siglo los araucanos.

Cuando no se da el tiempo necesario para realizar la reforma agraria, que ardientemente deseamos impulsar, y que se haga la radicación de la gente en forma ordenada, a veces no es posible contener la efervescencia de los campesinos que vienen siendo tramitados desde hace muchos años.

En la Comisión de Legislación se dijo que se menoscaba el Estado de Derecho, que hay necesidad de poner orden de cualquier manera, aun por la violencia, cuando se trata, por cierto, de gente modesta. Pero en nuestra patria hay personas modestas y señores poderosos, y aun cuando se diga que en Chile no existe justicia de clases, yo les digo a esos señores, que con énfasis sostienen que ella no existe, que revisen los expedientes de los Juzgados de Indios de Victoria, de Angol y de Temuco. ¿Cuántos son los juicios que allí se han iniciado? El 95% de ellos se refieren precisamente a restitución de suelos robados en forma habilidosa a campesinos mapuches. Digo "en forma habilidosa", porque hay quienes corren los cercos en la oscuridad de la noche, como lo han hecho durante casi un siglo. Los dueños de la tierra cuentan con medios para defenderse. En cambio, los mapuches, que desean la restitución de sus suelos, han tenido que recurrir a los Tribunales Indígenas para que se les devuelva lo que ha sido de ellos, lo que les legaron sus antepasados.

Es muy simpático decir que en Chile todo el mundo tiene derecho a la justicia y que la Constitución Política del Estado establece que todos somos iguales ante la ley. Pero esta gente tan modesta que llega a los Tribunales Indígenas, ¿tuvo algún medio para defenderse? Absolutamente ninguno. Quienes les robaron sus tierras, corrieron sus cercos y se defendieron, estaban en posesión material ilegítima de los predios. Mientras tanto, los mapuches seguían merodeando alrededor de los juzgados y recurriendo a las autoridades del Ministerio de Tierras y Colonización.

El señor AYLWIN (Presidente) .

¿Me permite, señor Senador?

Ha terminado el tiempo del Comité Radical. En el Tiempo del Comité Comunista, puede continuar con la palabra Su Señoría.

El señor CONTRERAS.-

El Gobierno del señor Ibáñez no puedo juzgar si lo hizo con buen criterio designó inspectores indígenas. Lamentablemente con el dinero se compra todo, como decía el compañero Luis Emilio Recabarren, incluso la honra de la gente. Pues bien, los inspectores indígenas no dieron resultado, y sólo en escasas oportunidades se falló a favor de los mapuches. ¿Alguna vez les concedieron la fuerza pública para correr los cercos y tomar posesión material de los bienes que les habían sido usurpados? ¡No conozco un solo caso! Pero cuando se toma un milímetro de tierra a estos "señores", entonces reclaman por el Estado de Derecho, contra la usurpación de tierras, de que los indígenas hayan muerto sus animales y se los hayan comido.

Pero éstos no han sido todos los métodos que se han usado contra los indios.

También se llevaron a cabo subdivisiones de las comunidades indígenas, lo cual permitió a un señor cualquiera adquirir derechos de alguna comunidad y tomar posesión de una parte insignificante. En medio de las borracheras y orgías organizadas en las reducciones indígenas, se apoderaron, poco a poco, del resto de los terrenos pertenecientes a los indios. Por este motivo hay reducciones, como el caso de Elicura, cerca de Cañete, donde las tierras de los indios son de media hectárea. Si yo dispusiera de ese mismo terreno en Quillota, por ejemplo, podría defender mi existencia, pero esa misma extensión de suelo en la provincia de Malleco significa el hambre para sus poseedores.

Se recurrió a otras tretas, como la de ubicar un predio en la precordillera o en la Cordillera de la Costa. Se confeccionaba un plano y después se hacían las publicaciones de acuerdo con la ley. Como el indio vive ya sea en la Cordillera de la Costa o en la Cordillera de Los Andes, nunca supo que algunos señores, por cartel, pidieron para sí ese predio, del cual el indio no tenía otro antecedente que el famoso título de merced, que en una bolsa arrugada y mugrienta guarda junto a un pequeño croquis que le dejaron sus antepasados. Nadie le insinuó jamás que debía reducirlos a escritura pública los señores Senadores abogados deben excusarme si no uso correctamente los términos legales o que debían inscribirlos en el Conservador de Bienes Raíces. Los indios se encontraron con la triste realidad de que un día cualquiera llegó la fuerza pública a desalojarlos del suelo que había sido de los suyos, de sus bisabuelos y tatarabuelos, que ellos siempre habían poblado y labrado en condiciones muy pobres y rudimentarias.

Esta es la rebelión. Quienes sembraron truenos, están cosechando ahora tempestades.

Precisamente porque nunca se hizo justicia a los mapuches, estamos presenciando ahora situaciones como aquella a que está abocado el Gobernador de Lautaro.

Finalmente, debo advertir que este desafuero pasará a la historia. Sin lugar a dudas, será aprobado, pero los comunistas tendremos el convencimiento y la tranquilidad de conciencia de haber votado siempre en contra de los desafueros de los intendentes y de los gobernadores que se negaron a otorgar la fuerza pública. No recuerdo si tres o cuatro veces votamos negativamente el desafuero del ex Intendente Kindermann, porque estaba defendiendo el derecho a una vivienda de modestos habitantes.

Ahora se pretende adoptar medidas ejemplarizadoras, según palabras de algunos miembros de la Comisión, porque a ellos les duele mucho que no se haya utilizado la fuerza pública. Eso habría sido muy importante para todos los opositores a este Gobierno, ya que les hubiera permitido disponer de una herramienta formidable para esgrimirla y aplicarla a lo largo del país. De esa manera, el Gobierno habría utilizado las Fuerzas Armadas contra los campesinos.

Tenemos un programa que significa desarrollar al máximo la reforma agraria y restituir las tierras usurpadas a los campesinos, en especial a los mapuches, a quienes tenemos obligación de defender. ¿Qué mejor manera de combatir la cesantía que la de proporcionar trabajo y arraigar a la tierra a los hombres y mujeres que han nacido en ella? Pero cuando se les niega el derecho a la existencia y a un pedazo de suelo, deben emigrar a las ciudades o a cualquiera otra parte para ganarse el pan diario.

Estimamos que si se aprueba el desafuero, ello perjudicaría a un funcionario de criterio, que ha administrado justicia con equidad, y que, si bien existía una orden judicial, no se desentendió de ella, pues reiteró que pensaba parlamentar y entenderse con los campesinos, a fin de evitar un enfrentamiento.

El caso reviste algunas situaciones dudosas. Por una parte, se pedía la restitución de 24 hectáreas y, por otra, el informe de Carabineros establecía que sólo correspondía devolver dos hectáreas a sus actuales propietarios. Había dudas y, en consecuencia, el Gobernador no podía proceder de otra forma.

A mi juicio, dicho personero no actuó en forma inconveniente. Se trata de un militante disciplinado. Pertenece a nuestro partido y sabe fehacientemente cuál es nuestro criterio frente al problema de la reforma agraria. Nuestro Secretario General dijo en este recinto que no queríamos una reforma agraria "al lote" y, por lo tanto, no podemos proceder a balazos con los campesinos.