Labor Parlamentaria

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Dentro del tiempo del Partido Radical Democrático, ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Dentro del turno del Partido Socialista ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor Olave.

El señor OLAVE.-

Señor Presidente, voy a ser muy breve, porque los planteamientos o argumentos expuestos por los partidos de Oposición y de Gobierno han sido bastante claros y específicos sobre la materia.

Nosotros creemos que aquí no se ha sido concreto, no se ha sido claro para plantear lo que realmente se siente y lo que verdaderamente se defiende. Lo serio, lo verdadero, es que este planteamiento de los 24 meses de período máximo que puede considerarse para el cálculo del desahucio en la Administración Pública, es un derecho adquirido por los trabajadores, que se ha mantenido durante muchos años y que no ha sido modificado. Este es un hecho claro y concreto.

Ahora, ¿qué es lo que se hacía? Se limitaban en alguna medida los desahucios de algunos grupos de trabajadores. Como estuvo claro que se iba a perjudicar a algunos sectores, se modificó a través de una indicación del mismo Ejecutivo y se dejó a salvo el derecho de la gran mayoría de los trabajadores. ¿Cuáles son los derechos que no están a salvo? Los derechos de un grupo de privilegiados, que sacan esas jubilaciones y desahucios realmente millonarios que han sido limitados con la anuencia de todos los partidos políticos, que han sido votados favorablemente en la Cámara de Diputados y en el Senado. De modo que aquí no se defiende ningún antiguo principio, como se ha señalado, ni se sienta ningún precedente. Ya se modificó el régimen de pensiones y jubilaciones millonarias de un grupo minoritario, que estaba, en realidad, llevándose de las arcas fiscales los dineros que servían para financiar las pensiones y jubilaciones de las grandes mayorías de trabajadores. Ahora ocurre lo mismo con este sistema de desahucio. Eso es lo claro y lo concreto.

Nosotros, los socialistas, no estamos por seguir manteniendo privilegios. Creemos que cuando un trabajador puede obtener, en estos momentos, 480 mil escudos de desahucio, no se atenta contra sus derechos si se recortan y limitan los derechos de los que obtienen sumas superiores a esta cantidad. Allá los señores Diputados que, en conciencia, de acuerdo con sus principios doctrinarios y postulados, creen que tienen la obligación de defender a esos que se llevan la gran torta del erario. Allá ellos. Pero que no nos vengan a dorar la pildora diciéndonos que están defendiendo a las grandes mayorías de los trabajadores.

Nosotros votamos por las grandes mayorías de trabajadores, porque creemos que están a buen recaudo sus derechos e intereses y porque no estamos dispuestos a seguir legitimando los fabulosos desahucios que sacan algunos grandes señorones. Ahora bien, para hablar de principios, de doctrina, también hay que tener solvencia moral. En el Gobierno del señor Alessandri se echaron a la calle más de 3 mil funcionarios de la Administración Pública, y durante el Gobierno de la Democracia Cristiana, se mantuvo en comisiones de servicios a decenas de funcionarios que estaban siendo realmente perseguidos por el régimen del señor Frei. De modo que esto no es una novedad. Aquí en esta Cámara, algunos señores Diputados dieron a conocer desde los bancos de la Oposición, listas de nombres de funcionarios que debían ser destituidos, porque, según ellos, estaban haciendo la contrarrevolución, y porque, según ellos, estaban en contra del gobierno de turno.

Eso es todo.