Labor Parlamentaria

El señor MERCADO.-

Pido la palabra.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MERCADO.-

Señor Presidente, con el advenimiento de un Presidente radical, don Pedro Aguirre Cerda, comenzó a cobrar importancia el área estatal de la economía chilena. Basta recordar los grandes proyectos llevados a la realidad durante ese Gobierno para comprender que la zona de influencia del Estado se amplió considerablemente en relación con épocas pasadas. En aquella oportunidad, el Gobierno actuó creando y desarrollando actividades nuevas y vitales para el país, como el acero, la electricidad, el petróleo y muchas otras, las que vinieron a sumarse e incluso a estimular a la actividad privada existente. Puede decirse que desde entonces han coexistido prácticamente las tres áreas en nuestro país; la estatal, la mixta y la privada, sin que se hubiera planteado la necesidad de una definición precisa de ellas y una delimitación de sus alcances.

Al asumir el Gobierno de la Unidad Popular ha cobrado gran importancia la definición de las áreas y, sobre todo, el procedimiento de incorporación de actividades al área estatal. Como es de conocimiento público, la meta final de la Unidad Popular es la implantación del socialismo, entendiendo por tal, al parecer, el dominio abrumador del Estado sobre cualquier otro tipo de actividad. Por lo tanto, si se trata de expropiar, nacionalizar o más genéricamente estatizar empresas existentes, el impacto de las medidas y sus repercusiones pueden acarrear efectos graves sobre el incentivo a producir, a invertir, a crear nuevas labores o simplemente a trabajar. Además se plantea la duda acerca de la subsistencia misma de la actividad privada. ¿Qué tipo de socialismo es el que se desea implantar y qué características tendrá, en consecuencia, el período de transición?

Este problema fue plenamente reconocido en la Convención del Partido Radical de 1967, antes de la división. En ese evento se aprobó, por unanimidad, incorporar al programa del Partido el modelo de tres áreas sustentado por don Alberto Baltra, el cual posteriormente pasó a ser la base del programa de la Unidad Popular en esta materia. Ese modelo, junto con señalar el papel principal y dinamizante del sector estatal como impulsor del desarrollo y realizador efectivo de la planificación, hacía hincapié en la importancia y en la mantención del sector privado. A éste se le deberían determinar y respetar las reglas del juego que lo sustentan para que pudiera desarrollar sus actividades en un ambiente de confianza y certidumbre. El Senador Baltra, en una reciente intervención, enfatizó la necesidad de dar una definición legal al área privada.

Ahora debemos preguntarnos: ¿cómo ha procedido el Gobierno de la Unidad Popular al respecto?

En primer lugar, su programa de acción incluye una descripción general de las tres áreas, la cual no constituye propiamente una demarcación. El área de producción social pretende abarcar -textualmente- "todas aquellas actividades en general que condicionan el desarrollo económico y social del país", expresión muy amplia que puede ser aplicada a todo género de actividades de cualquier magnitud.

En segundo lugar, el Gobierno no se preocupó mayormente por una definición legal precisa hasta una fecha muy reciente, en la que presentó un proyecto de ley que otorgaba amplias atribuciones al Estado para proceder mediante decretos, sin dejar de lado todos los procedimientos que ha estado utilizando hasta ahora. En efecto, el Gobierno ya ha constituido un área de propiedad social bastante extensa, mediante la compra de acciones, procedimiento de discutible legalidad, expropiaciones basadas en un decreto ley del año 1932, intervenciones y requisiciones so pretexto de conflictos sociales, muchas veces inexistentes, o desabastecimientos provocados justamente por huelgas o "tomas" realizadas con ese propósito. De esta manera, el Estado ha pasado a ser dueño de la industria textil, del hierro, fabricación de alimentos para aves, cemento, acero, carbón, salitre, lana y de la mayor parte de la banca particular, las editoriales y la industria pesquera.

Para el futuro, el Gobierno se propone seguir estatizando, completando la reforma agraria, tomando en sus manos todo el comercio exterior, las empresas de distribución, etcétera. A esta altura del proceso, se hace imprescindible la legislación sobre las áreas, puesto que creemos que la política gubernativa ha tenido efectos abiertamente negativos para el desarrollo económico nacional, al provocar el desaliento de la producción.

Hay tres puntos claves de la situación económica actual, en los que puede verse, con mayor claridad, este desaliento de la producción provocado por la indefinición y los procedimientos seguidos en materia de área social. Ellos son el desabastecimiento de artículos esenciales, la detención de la inversión y la grave crisis del comercio exterior. Debido al poco tiempo de que dispongo me referiré solamente a los dos últimos. El desabastecimiento me parece que habla por sí solo y ha sido puesto en dramática evidencia por la llamada "marcha de las cacerolas", en la cual, la mujer chilena, en forma masiva, protestó valerosamente por la falta de artículos esenciales que está sufriendo.

La política del Gobierno ha causado la caída de la inversión privada, la cual no ha podido ser compensada por el aumento de la inversión pública, según declaración del propio Ministro de Hacienda, señor Zorrilla. Aunque no se han entregado cifras oficiales al respecto, la Exposición de Hacienda es bien clara al hablar de la detención de la inversión en el país. Este hecho tiene una proyección de incalculables consecuencias, ya que todo posible aumento de la tasa de desarrollo económico depende directamente de la inversión, esto es, del incremento de los bienes de producción o capital. El Ministro se propone recuperar terrenos en 1972; ¿pero cómo logrará hacerlo?

En primer lugar, según su informe, en este año se logró absorber la cesantía y la capacidad instalada ociosa existente al comienzo de su gestión, de modo que por este lado no podrá contar con nuevos recursos sin distraerlos de otras actividades.

En segundo lugar, la producción industrial, que muestra un aumento global del 10% entre enero y septiembre del presente año, en comparación con el mismo período del año pasado, ha concentrado su expansión casi exclusivamente en bienes de consumo personal y bienes intermedios diversos; en cambio, las industrias metal-mecánicas y las primarias básicas prácticamente han quedado en los mismos niveles del año pasado.

En tercer lugar, en un cuadro general de importaciones al alza, las de maquinarias y accesorios han disminuido en un 33% entre enero y septiembre de este año en comparación con el mismo período del año pasado.

Por último, los recursos de importación para el próximo año están seriamente amagados por la espectacular caída de las reservas internacionales, que ha desembocado en la reciente crisis cambiaría. El Gobierno se ha visto en la obligación de devaluar, en abierta contradicción con su programa, que hablaba de evitar las "escandalosas devaluaciones". Ha subido el tipo de cambio para la internación de maquinaria y repuestos en un 57%, además del depósito previo del 10.000% a que ya estaban sujetos grandes partidas de estos bienes. Todo eso no constituye justamente un estímulo a la importación de estos bienes.

Nos preguntamos muy seriamente: ¿con qué recursos, ya sea de producción nacional o importados, podrá aumentar la inversión el próximo año?

En materia de comercio exterior, el Gobierno ha llevado a cabo una política de control e intervención, que ya lo hacen efectuar directamente el 85% de las exportaciones (cobre principalmente) y el 55% de las importaciones. Ha hecho uso intensivo de la tasa de depósito previo del 10.000% y del mecanismo de subsidio llamado "draw-back".

Mantuvo fijo el tipo de cambio durante más de un año, provocando el desaliento de las exportaciones. Esto ha quedado de manifiesto por la caída de los embarques de productos agropecuarios e industriales, con excepción de harina y aceite de pescado y acero. El resultado de esta política ha sido el enorme déficit de la balanza de pagos, que según la Exposición de Hacienda alcanzará a 175 millones de dólares a fines de 1971. Pareciera que la incertidumbre provocada en las actividades productoras nacionales se hubiera extendido al exterior. No de otra manera se explica la cancelación de líneas de crédito y la menor entrada de capital externo, que ha obligado al Gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional, organismo tantas veces estigmatizado por la Izquierda chilena como agente del imperialismo.

Basándonos fundamentalmente en estos efectos perniciosos que ha tenido para la economía del país la política de indefinición de las áreas y la arbitrariedad de los procedimientos usados para expandir el área social, es que creemos que procede una profunda rectificación de rumbos en la política económica nacional. Este proyecto de reforma constitucional, en discusión, puede ser el arma fundamental que inicie esta rectificación. En él se establece como principio básico la obligación constitucional de determinar por ley las empresas de producción de bienes y servicios que integrarán las áreas social y mixta, derogándose expresamente las normas sobre requisiciones de establecimientos industriales y comerciales contenidas en el decreto Nº 338, de Economía y Comercio, de 1945, y toda disposición de carácter reglamentario o administrativo que permita, de modo directo o indirecto, requisar, nacionalizar o estatificar empresas.

También nos parecen altamente beneficiosas las siguientes disposiciones de este proyecto:

1º- Establecer la reserva para el Estado de todas las actividades económicas enumeradas en el Nº 3 del artículo 1º, entre las cuales no figuran el papel y la celulosa por sus evidentes implicaciones para la libertad de prensa.

2º- Establecer que la pequeña y mediana propiedad rústica, empresa industrial, extractiva o comercial y la vivienda habitada por su dueño o familia no podrán ser nacionalizadas y, en caso de expropiación, la indemnización deberá pagarse previamente en dinero.

3°- Reconocer por ley la formación de empresas, cuya administración corresponderá íntegramente a los trabajadores que laboren en ella en forma permanente, cualquiera que sea el área que integren dichas empresas en función de quienes sean sus propietarios, caso en el cual los trabajadores tendrán el uso y goce de los bienes respectivos y participarán de las utilidades que resulten de su gestión.

Finalmente, diremos que la aprobación de este proyecto está en la línea social-demócrata preconizada por la Democracia Radical, que es partidaria de una sociedad más justa, humana, igualitaria y con plenas garantías para la iniciativa individual de todos sus componentes.

Por todas estas razones, votaremos favorablemente el proyecto de reforma constitucional de los Senadores Hamilton y Fuentealba, en la seguridad de que su aprobación traerá algo de tranquilidad al ambiente de incertidumbre que el Gobierno de la Unidad Popular ha creado, en especial, en el sector de pequeños y medianos empresarios.