Labor Parlamentaria

El señor ALLENDE (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes.

Ocho de Su Excelencia el Presidente de la República.

Con los dos primeros, comunica que ha resuelto hacer presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:

1) El que prohibe la circulación de vehículos de propiedad fiscal, semifiscal o de empresas autónomas del Estado durante los días domingos y festivos.

Se califica de "simple" la urgencia.

2) El que establece normas para la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los diversos institutos de previsión.

-Se califica de "simple" la urgencia.

Con el tercero, comunica que ha resuelto retirar la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a las obligaciones que contraiga la Corporación de Fomento de la Producción, con motivo de la compra de acciones en poder de inversionistas extranjeros de la Compañía Chilena de Electricidad.

-Queda retirada la urgencia.

El señor ALLENDE (Presidente).- En reunión de esta mañana los Comités acordaron ampliar a 60 días, contado desde su inclusión en la convocatoria, el plazo a la Comisión de Economía y Comercio para informar sobre este proyecto.

El señor EGAS (Prosecretario).- Con el cuarto, comunica que ha resuelto retirar las observaciones formuladas al proyecto de ley que beneficia, por gracia, a don Ramón Freire Aedo.

Quedan retiradas las observaciones.

Con los tres siguientes, solicita la aprobación del Senado para designar a las personas que se indican en los cargos que se señalan:

1) A don Humberto Díaz Casanueva, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de la República Arabe Unida;

2) A don Miguel Garay Figueroa, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de la República Dominicana, y

3) A don Carlos Valenzuela Montenegro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de México.

Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Con el último, solicita el acuerdo constitucional necesario para ascender a General de Aviación, de Línea, de Armas, del Aire, al General de BrigadaAérea don Carlos Emilio Guerraty Villalobos.

-Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.

Oficios.

Ocho de la Honorable Cámara de Diputados.

Con los cuatro primeros, comunica que ha tenido a bien prestar su aprobación a los siguientes proyectos de ley:

1) El que declara que la incorporación al régimen de previsión de la Caja de Empleados Particulares de los choferes de automóviles de alquiler, no ha operado legalmente. (Véase en los Anexos, documento 1).

Por acuerdo de Comités, queda para tabla.

2) El que autoriza la erección de un monumento al Inmigrante Yugoslavo, en Punta Arenas, y libera de derechos la internación de los elementos destinados a él. (Véase en los Anexos, documento 2).

Pasa a la Comisión de Gobierno y ala de Hacienda, en su caso.

3) El que libera de derechos la internación de diversos elementos destinados a la Unión de Reporteros Gráficos de Chile. (Véase en los Anexos, documento 3).

Pasa a la Comisión de Hacienda.

4) El que desafecta de su calidad de bien nacional de uso público a los terrenos que forman la población San Pedro, de la comuna de San Antonio, y autoriza su transferencia gratuita a sus actuales ocupantes. (Véase en los Anexos, documento 4).

-Pasa a la Comisión de Agricultura y Colonización.

Con el quinto, comunica que ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Comerciantes, con excepción de las que señala. (Véase en los Anexos, documento 5).

Con el sexto, solicita el asentimiento del Senado para enviar al Archivo el informe de la Comisión Mixta de Senadores y Diputados acerca de la cuestión de límites suscitada entre. Chile y Argentina en la región de California Río Encuentro.

Con el séptimo, solicita el acuerdo de esta Corporación para remitir al Archivo, por haber perdido su oportunidad, las materias que a continuación se indican y que tuvieron su origen en el Senado:

1) Oficio por el cual se remiten antecedentes relativos a ventas de dólares efectuadas por el Banco Central de Chile;

2) Oficio con el que invita a la Honorable Cámara de Diputados con el fin de visitar la zona de Palena, en Chiloé continental;

3) Proyecto de ley que modifica el régimen de otorgamiento de indultos particulares;

4) Proyecto de ley que concede amnistía a don José Eugenio Ravinet García;

5) Proyecto de ley que concede amnistía a don Ciro Sepúlveda Quezada;

6) Proyecto de ley que rehabilita la nacionalidad chilena de don Luis Elgueta Pacheco, y

7) Proyecto de ley que concede amnistía a determinados miembros del Cuerpo de Carabineros que, en el ejercicio de sus funciones, hubieren cometido delitos en contra de las personas. (Véase en los Anexos, documento 6).

-Quedan para tabla.

Con el último, comunica que ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que autoriza a diversas municipalidades de la provincia de Talca para contratar empréstitos.

-Se manda archivarlo.

Uno del señor Ministro de Relaciones Exteriores con el que transcribe los temas que tratará la 56ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, que se realizará en Lima entre el 5 y el 12 de septiembre en curso.

-Queda a disposición de los señores Senadores.

Veintidós, de los señores Ministros de Educación Pública, Obras Públicas y Transportes, Trabajo y Previsión Social, y de los señores Superintendente de Seguridad Social, Director General de Salud y Director de Pavimentación Urbana, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores Aguirre (1), Ahumada (2), Allende (3), Baltra (4), Barros (5), Contreras Labarca (6), Castro (7), Corvalán (8), Fuentealba (9), Jaramillo (10), Luengo (11), Rodríguez (12), Tarud (13) y Teitelboim (14) :

1) Posta para San Antonio, de Yungay;

Obras Públicas en Yumbel;

Clausura de la Escuela Nº 21, de Lebu;

2) Necesidades de la Escuela Nº 3, de Concepción;

Ampliación de la Escuela Nº 31, de Chillán;

Edificio para la Escuela Nº 44, de Ñuble, y

Agua potable para Monte Aguila;

Necesidades de la localidad. Granja Estadio, de Rancagua, y Problemas educacionales de O'Higgins;

3) Pabellón para la Escuela Nº 23, de Victoria;

4) Pavimentación de calzadas en Villarrica;

Internado para Quilaco, en Mulchén, y

Supresión de cursos en liceos de Temuco;

5) Trabajadores mineros acogidos a la ley 10.383;

6) Situación de normalistas de Magallanes;

7) Trabajadores mineros acogidos a la ley 10.383;

8) Situación dé normalistas de Magallanes ;

9) Creación de Escuela Granja en Victoria ;

10) Problemas de matrícula en Rengo;

11) Problemas de alumnos de escuelas industriales ;

12) Posta para Contao;

13) Camino de Villa Prat al Durazno, y Construcción de Escuelas en Talca y Parral; y

14) Situación de trabajadores agrícolas del predio Baños de Chacabuco, de la comuna de Colina.

-Quedan a disposición de los señores Senadores.

Informes.

Seis de la Comisión de Gobierno recaídos en los siguientes asuntos:

1) Moción de los Honorables Senadores señores Prado y Von Mühlenbrock con la que inician un proyecto de ley que crea los Consejos Regionales de Turismo de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso y Santiago y de Llanquihue y Chiloé. (Véase en los Anexos, documento 7).

2) Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que otorga beneficios a determinados empleados y obreros de la Municipalidad de Providencia. (Véase en los Anexos, documento 8).

3) Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza a la Municipalidad de Los Vilos para contratar empréstitos. (Véase en los Anexos, documento 9).

4) Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza a la Municipalidad de Puerto Montt para contratar empréstitos. (Véase en los Anexos, documento 10).

5) Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza a las municipalidades de Lanco y Máfil para contratar empréstitos. (Véase en los Anexos, documento 11).

6) Observaciones, en segundo trámite, al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Talagante para contratar empréstitos. (Véase en los Anexos, documento 12).

Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, y otro, de la de Educación Pública, recaídos en el proyecto de acuerdo que aprueba el Acta de Protocolización de los Estatutos de la Oficina de Educación Iberoamericana. (Véase en los Anexos, documentos 13 y 14).

Uno de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Convenio sobre Política del Empleo. (Véase en los Anexos, documento 15).

Uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que crea el Colegio de Técnicos Agrícolas. (Véase en los Anexos, documento 16).

Otro, de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ampuero y Contreras Tapia, que otorga beneficios a empleados y obreros de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR). (Véase en los Anexos, documento 17).

Tres, de la misma Comisión, recaídos en Mensajes del Ejecutivo en los que se solicita el acuerdo del Senado para ascender a las siguientes personas:

1) A General de Brigada, el Coronel don Raúl Poblete Vergara;

2) A General de Brigada, el Coronel don Eduardo Arriagada Lasa, y

3) A Capitán de Navio, el Capitán de Fragata don Eugenio Bravo CrawleyBoevey.

Uno de la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que faculta a la Corporación de la Vivienda para transferir gratuitamente al Fisco la población Navotavo. (Véase en los Anexos, documento 18).

Dos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaídos en las siguientes mociones:

1) Del Honorable Senador señor Jaramillo, con la que inicia un proyecto de ley que otorga el beneficio de la rejubilación a los ex parlamentarios que hayan prestado servicios en el extranjero. (Véase en los Anexos, documento 19).

2) De los Honorables Senadores señores Foncea, Musalem, Noemi y Reyes, con la que inician un proyecto de ley que amplía el beneficio de subsidio por enfermedad.

(Véase en los Anexos, documento 20).

-Quedan para tabla.

Mociones.

Una del Honorable Senador señor Juliet con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley Nº 16.696 que autorizó a la Municipalidad de Hualañé para contratar empréstitos. (Véase en los Anexos, documento 21).

-Pasa a la Comisión de Gobierno.

Otra, de los Honorables Senadores señora Carrera y señores Aguirre, Contreras Labarca, Jaramillo y Musalem, con la que inician un proyecto de ley que crea el Colegio de Administradores Públicos de Chile. (Véase en los Anexos, documento 22).

-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Trece, de los Honorables Senadores señores Aguirre (1), Ahumada (2), Allende (3), Barros (4), Bossay (5), Gormaz (6), Ibáñez (7), Jaramillo (8), Palma (9), Reyes (10) y Tarud (11), con las que inician sendos proyectos de ley que benefician, por gracia, a la personas siguientes:

1) Francisco Cristian Bisquertt Zavala y Celeste Luengo;

2) Digna Camilo Aguilar;

3) José Enrique Fernández López, y Margot y Berta Vergara Sepúlveda;

4) Berta Peradotto viuda de Ramírez;

5) Sylvia Bontempi Marraccini v. de Pumarino e hijos;

6) José Alfero Ríos;

7) Marta Pepper Santa Cruz;

8) Abdón Navarro Rivas;

9) Eduardo Morales Miranda;

10) Adela Aránguiz Ravanal, y

11) Héctor Mesa García Huidobro.

-Pasan a la Comisión de Asuntos de Gracia.

Comunicación.

Una del señor Presidente de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica con la que acompaña copia del Acuerdo adoptado por esta Corporación, relacionado con la invasión a Checoslovaquia.

-Queda a disposición de los señores Senadores.

El señor ALLENDE (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITES.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La unanimidad de los Comités, en sesión de esta mañana, adoptó los siguientes acuerdos:

"1.- Destinar los primeros 45 minutos de la sesión ordinaria de hoy, sin perjuicio del tiempo asignado al Orden del Día, a considerar las siguientes materias, estimadas como de fácil pronunciamiento:

a) Proyecto de ley, informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que permite el ejercicio del derecho a sufragio a los ciudadanos no videntes;

b) Proyecto de ley, informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que crea el Colegio de Técnicos de Chile.

c) Moción de la señora Carrera y de los señores Chadwick, Jaramillo, Juliet y Musalem, que crea el Colegio de Psicólogos.

d) Proyecto de ley, informado por la Comisión de Agricultura y Colonización, que desafecta de su calidad de bien nacional de uso público al pasaje Lucrecia Fernández de la Población Aníbal Pinto de la comuna de San Miguel.

e) Proyecto de ley, informado por la Comisión de Gobierno, que otorga beneficios a los empleados y obreros de la Municipalidad de Providencia.

f) Proyecto de acuerdo, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba el Protocolo Complementario del Convenio Sanitario de 1946, entre Chile, Perú y Bolivia.

g) Proyecto de ley, con segundo informe de la Comisión de Hacienda, que libera de derechos de internación a elementos destinados a los hospitales y clínicas.

h) Proyecto de ley, informado por la Comisión de Hacienda, que establece un impuesto a las personas que viajen entre Arica y Tacna.

i) Mensajes sobre ascensos militares, informados por la Comisión de Defensa Nacional.

Ese tiempo se establece sin perjuicio de las dos horas y media que debe durar el Orden del Día. Reglamentariamente, esta parte de la sesión dura una hora y media; mas por resolución anterior de los Comités se acordó prorrogar en una hora el Orden del Día, hasta el término de la legislatura ordinaria.

2.- Otorgar un nuevo plazo de 60 días, a contar del 19 de septiembre, a la Comisión de Economía y Comercio, para que informe el proyecto de ley que otorga la garantía del Estado para la adquisición de acciones de la Compañía Chilena de Electricidad, siempre que el Ejecutivo retire la urgencia.

3.- Incluir en la tabla de la sesión especial que tendrá lugar en el día de mañana, 5 del actual, el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que declara que la incorporación al régimen de previsión de la Caja de Empleados Particulares de los choferes de taxi, no ha regido legalmente. (Esta iniciativa ha sido eximida de Comisión por acuerdo de los Comités).

4.- Celebrar una sesión especial la semana próxima, destinada exclusivamente a tratar asuntos informados por la Comisión de Asuntos de Gracia.

5.- Asimismo, por unanimidad, acordaron, previa consulta de algunos Comités ausentes, autorizar a todas las comisiones para celebrar sesiones simultáneamente con la Sala." Los Comités que no asistieron a la reunión de esta mañana, dieron su conformidad a este acuerdo, el cual, por lo tanto, se aplicará desde hoy hasta el 18 de septiembre.

1.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE DECLARA QUE LA INCORPORACION AL REGIMEN DE PREVISION DE LA CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES DE LOS CHOFERES DE AUTOMOVILES DE ALQUILER DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 15.722, NO HA OPERADO LEGALMENTE.

Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a manos de Vuestra Excelencia, la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Declárase que la afiliación a la Caja de Previsión de Empleados Particulares, ordenada por la ley Nº 15,722, ha regido y rige a contar desde su vigencia, 24 de abril de 1965, para todas las personas comprendidas en su artículo 1º, que acrediten o hayan acreditado, a satisfacción de la Caja, haberse desempeñado como taxistas en forma continua y permanente desde esa fecha o desde que se acredite tal circunstancia, si fuere posterior, cualquiera que sea la fecha de su inscripción en los registros locales.

Las imposiciones, impuestos y aportes que correspondan depositar en la Caja, se calcularán sin intereses, multas ni recargos, sobre las remuneraciones o rentas de acuerdo con la ley Nº 15.722. La Caja otorgará, para estos efectos, préstamos de acuerdo al artículo 3º de la ley Nº 10.986, con el interés corriente.

Artículo 2º.- Concédese un plazo de 180 días, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, para que los interesados se acojan a los beneficios contenidos en el artículo 1°.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.722, de 26 de octubre de 1964:

a) Sustituyese en la letra d) del artículo 39, la frase "Federación Nacional de Choferes de Taxis" por "Federación Nacional de Sindicatos Profesionales de Choferes de Taxis de Chile";

b) Suprímese en el inciso primero del artículo 12 la palabra "oportunamente", y agrégase después de la frase "Caja de Previsión de Empleados Particulares" las palabras "por dos meses,", y

c) Agrégase el siguiente inciso segundo al mencionado artículo 12:

"Los conductores no propietarios de vehículos de alquiler no estarán afectos a la sanción establecida en el inciso anterior y, la multa consultada en él, se aplicará sólo a los respectivos propietarios de automóviles.".

Artículo transitorio.- No obstante lo dispuesto en el artículo 1°, facúltase a los interesados que así lo deseen, para que limiten su acogimiento al régimen de previsión establecido por la ley Nº 15.722, sólo a contar desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Este derecho opcional, deberá ejercerse en el mismo plazo señalado en el artículo 2º."

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Pedro Stark Troncoso.Amoldo Kaempfe Bordalí.

2.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA LA ERECCION DE UN MONUMENTO AL INMIGRANTE YUGOSLAVO, EN PUNTA ARENAS.

Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de Vuestra Excelencia la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Libérase de derechos de internación y de todo gravamen que se aplique o perciba en el país, sea en favor del Fisco o de cualquiera otra entidad, y autorízase la internación de una escultura en bronce donada por el Gobierno de Yugoslavia destinada a la erección del monumento al Inmigrante Yugoslavo en la ciudad de Punta Arenas, cuya erección se autoriza.

Artículo 2º.- Autorízase la internación y libérase, asimismo, de todo derecho o gravamen a los materiales de construcción y herramientas que interne al país el Comité ProMonumento al Inmigrante Yugoslavo destinados exclusivamente a la ejecución de la referida obra."

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Pedro Stark Troncoso. Amoldo Kaempfe Bordalí.

3.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE LIBERA DE DERECHOS DE INTERNACION A ELEMENTOS PARA LA UNION DE REPORTEROS GRAFICOS DE CHILE.

Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de Vuestra Excelencia, la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Autorízase al internación y liberación del pago de los derechos, e impuestos que se perciben por las Aduanas de las máquinas

fotográficas, de filmación de 16 mm., flashes electrónicos, lentes y accesorios destinados a los asociados de la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile y pertenecientes al Colegio de Periodistas.

El Banco Central de Chile destinará divisas por valor de US$ 50.000 para las importaciones a que se refiere el inciso anterior, por una sola vez, y llevará el control de ellas. El beneficio señalado en el inciso anterior deberá ser impetrado por cada socio al Ministerio de Hacienda, el cual calificará y dictará el respectivo decreto, previa certificación del Colegio de Periodistas y con un máximo de US$ 500 para cada beneficiario.

Si dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha de importación de las mercancías, fueren enajenadas a cualquier título, deberá integrarse en arcas fiscales la totalidad de los derechos de los cuales esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos. En caso contrario, se presumirá responsables del delito de fraude aduanero de conformidad con lo establecido en el artículo 197, letra e), de la Ordenanza de Aduanas.

Artículo 2ºGozarán de las mismas franquicias, los miembros del Sindicato Orquestal para la internación de sus elementos de trabajo."

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Pedro Stark Troncoso.Arnoldo Kaempfe Bordan.

4.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE DESAFECTA DE SU CALIDAD DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO A LOS TERRENOS QUE FORMAN LA POBLACION "SAN PEDRO" DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO, Y AUTORIZA SU TRANSFERENCIA GRATUITA A SUS ACTUALES OCUPANTES.

Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de Vuestra Excelencia, la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público destinado a área verde, a los terrenos que forman la población "San Pedro", ubicada en la comuna de San Antonio, departamento del mismo nombre, y cuyos deslindes son los siguientes: al norte: con el estero San Pedro; al este: con el fundo de la Comunidad García Huidobro; al sur: con la línea del ferrocarril; y al oeste: con el río Maipo y demás tierras que forman el vivero fiscal.

Artículo 2º.- Autorízase al Presidente de la República para transferir gratuitamente estos terrenos a sus actuales pobladores, siempre que acrediten estar viviendo en ellos desde hace cinco años a lo menos, con anterioridad a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo 3º.- Los ocupantes de terrenos de la población "San Pedro" a quienes se otorgue título gratuito de dominio en conformidad a la presente ley, no podrán venderlos sino una vez transcurrido el lapso de cinco años contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, bajo la sanción de volver los terrenos a propiedad fiscal por el solo ministerio de la ley.

Artículo 4º.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo condonará las deudas hipotecarias contraídas por los damnificados por los sismos del año 1960, de los pueblos de Quele, Nueva Toltén, Puerto Saavedra y Nehuenté.

Asimismo se les otorgará título de dominio gratuito sobre los terrenos y viviendas a quienes corresponda en su carácter de damnificados."

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Pedro Stark Troncoso.Amoldo Kaempfe Bordalí.

5.- PROYECTO DE LEY, EN CUARTO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE COMERCIANTES ESTABLECIDOS DE CHILE.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile, con excepción de las siguientes, que ha desechado:

Artículo 1°

La que tiene por objeto sustituirlo por otro, nuevo.

Artículo 9º

Todas las que inciden en este artículo.

Artículo 20

La que consiste en agregar, en la letra i) de este artículo, las palabras "tipos de", a continuación del vocablo "determinados".

Artículo 23

La que tiene por objeto reemplazar la frase "en la forma que determine el Presidente de la República" por la siguiente: "la que no podrá exceder del 2% del capital propio del afectado".

Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 4.556, de fecha 5 del mes en curso.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Pedro Stark Troncoso.Amoldo Kaempfe Bordalí.

6.- PROPOSICION DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS PARA ENVIAR AL ARCHIVO LOS ASUNTOS QUE INDICA.

La Cámara de Diputados acordó solicitar de ese Honorable Senado el envío al archivo, por haber perdido su oportunidad, de las siguientes materias:

1°.- Oficio por el cual se remiten antecedentes relativos a ventas de dólares efectuadas por el Banco Central de Chile.

2º.- Oficio con el que invita a esta Corporación a formar una Comisión Mixta con el fin de visitar la zona de Palena, en Chiloé Continental.

3º.- Proyecto de ley que modifica el régimen de otorgamiento de indultos particulares.

4º.- Proyecto de ley que concede amnistía a don José Eugenio Ravinet García.

5º.- Proyecto de ley que concede amnistía a don Ciro Sepúlveda Quezada.

6º.- Proyecto de ley que rehabilita la nacionalidad chilena a don Luis Elgueta Pacheco, y

7°. - Proyecto de ley que concede amnistía a determinados miembros del Cuerpo de Carabineros que, en el ejercicio de sus funciones, hubieren cometido delitos en contra de las personas.

Lo que tengo a honra decir a Vuestra Excelencia en respuesta a vuestros oficios números 3.164, de 17 de enero de 1962; 5.912, de 15 de octubre de 1963; 52 y 56, de 3 de julio de 1957; 2.129, de 12 de julio de 1961; 2.576, de 13 de septiembre de 1961; 2.124, de 12 de julio de 1961 y 4.160, de 12 de septiembre de 1962, respectivamente.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Pedro Stark Troncoso. Amoldo Kaempfe Bordalí.

7.- INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES PRADO Y VON MÜHLENBROCK QUE CREA EL CONSEJO REGIONAL DE TURISMO DE LAS PROVINCIAS DE COQUIMBO, ACONCAGUA, VALPARAISO Y SANTIAGO, Y EL DE LLANQUIHUE Y CHILOÉ.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene a honra entregaros su informe al proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Prado y Von MüHlenbrock, que crea el Consejo Regional de Turismo de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso y Santiago, y el de Llanquihue y Chiloé.

Vuestra Comisión concedió audiencia a una delegación de Viña del Mar, compuesta por el Presidente de la Comisión de Casino, Teatro y Espectáculos de la I. Municipalidad de esa comuna, Regidor señor Manuel Llanos; por el Abogado de esa Municipalidad, don Ernesto Noguera, y por el Subdirector de Contabilidad del mismo Municipio, don Víctor Salazar.

El señor Llanos expresó que en 1966 se realizó en Viña del Mar una convención de Alcaldes y Regidores de las Municipalidades comprendidas en las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso y Santiago, donde estuvieron representadas 60 comunas, con la idea de arbitrar las medidas para dar impulso a la industria turística de la zona. Se debatió ampliamente la posibilidad de crear un organismo como el que crea el proyecto en estudio, que fuera el medio de alcanzar la integración de esas cuatro provincias en materia turística y se encomendó, para ello, a la Municipalidad de Viña del Mar, iniciar las conversaciones pertinentes con el Ejecutivo, el Servicio Nacional de Salud y la Dirección de Turismo.

Agregó que esta aspiración de las Municipalidades representadas en dicha convención se satisface plenamente con el proyecto en estudio.

El señor Noguera expresó que el espíritu de la legislatura en estudio es el fomento del comercio turístico, a través de la realización de obras de adelanto en la zona, que es la más poblada del país. La Dirección. Nacional de Turismo es un organismo de promoción del turismo, a través de actividades inmateriales; a la inversa, el Casino Municipal de Viña del Mar tiene como objetivo financiar obras de adelanto, salvo en la parte que corresponde al Servicio Nacional de Salud. Es decir, existe un organismo nacional de promoción del turismo y organismos como el Casino de Viña del Mar, cuya función no es de promoción sino de financiamiento de obras, aunque exclusivamente locales. Esta es la realidad que percibieron los representantes que acudieron a aquel Congreso y es así como concibieron un plan de construcción de obras intercomunales que atrajera el turismo, especialmente de la República Argentina, que aunque en forma incipiente, ya se observaba.

Este plan necesitaba un financiamiento y se pensó no recurrir a los fondos fiscales ni a los municipales, que son escasos, sino a la temporada de invierno del Casino de Viña del Mar. Se pensó en este financiamiento como una manera de extender los beneficios a mayor territorio, ya que actualmente lo que produce el Casino queda en Viña del Mar solamente. Y, además, porque el Casino es una empresa como cualquiera otra y sus costos de trabajo son muy altos por el hecho de funcionar sólo 6 meses en el año. Estas ideas, expresadas por los asistentes a ese Congreso, fueron recogidas por el Ejecutivo, que las convirtió en un proyecto de ley.

El señor Salazar entregó algunas cifras sobre las utilidades y gastos de operación del Casino de Viña del Mar. Expresó que el personal de dicho Casino está contratado por el año y, aunque sólo trabaja seis meses percibe el año completo.

El Honorable Senador señor Prado manifestó que por este proyecto de ley no se le concede al concesionario participación alguna. Pero le representará un beneficio en cuanto le permitirá absorber los gastos que gravitan durante todo el año a través del funcionamiento en la tempora, da de invierno, pudiendo así deducir por concepto de gastos sumas que hoy día no deduce, ya que el Casino representa gastos y no ingresos en invierno.

El señor Salazar, a requerimiento del H. Senador señor Prado, dio lectura a algunas cifras que demuestran lo que ha significado en aportes al Servicio Nacional de Salud el funcionamiento del Casino en los últimos años, cifras que detallamos en el cuadro adjunto.

CUADRO PORCENTUAL

El Honorable Senador señor Prado agregó que el Servicio Nacional de Salud recibe un porcentaje de las entradas brutas del Casino, por ello a la Municipalidad le corresponde mucho menos que a ese Servicio. Cualquiera que sea el monto de los gastos que se produzcan en el funcionamiento del Casino, el Servicio Nacional de Salud percibe la misma suma, porque sólo la Municipalidad y el Concesionario quedan afectos a todos los gastos.

El Honorable Senador señor Chadwick solicitó a los representantes de la I. Municipalidad de Viña del Mar que hicieran llegar a la Comisión el contrato de concesión del Casino y el convenio celebrado en 1939 entre la Municipalidad de Viña del Mar y la Beneficencia Pública, documentos que rolan ahora en este expediente.

El Honorable Senador señor Von Mühlenbrock expresó que el sur del país está atravesando por una seria crisis, derivada del sismo de 1960. Sólo en Valdivia hay quinientos comerciantes con orden de prisión que están prófugos. El Presidente de la República ha debido suspender los remates, porque no se trata de que no se quiera pagar, sino que se ha llegado a una situación de imposibilidad de hacerlo. Valdivia perdió su flota naviera, se derrumbaron industrias que no se reconstruyeron. En las provincias australes se observa un fenómeno que es necesario detener, y que es el éxodo hacia Argentina.

La solución de está crisis está en el desarrollo y fomento del turismo, en forma amplia y objetiva. Así como Valparaíso se va a comunicar con Mendoza por medio de un camino pavimentado, las provincias australes esperan poder comunicar a Puerto Montt con los territorios argentinos de Neuquén y Río Negro. Este camino llenaría dos objetivos igualmente beneficiosos para nuestro país, cuales serían, atraer la corriente turística que llega a San Carlos de Bariloche, y proveer a esos territorios argentinos con nuestros productos (madera, conservas, mariscos, etc.). Desde Puerto Montt a Nahuelhuapí hay una hora en avión, pero no podemos competir por esa vía. Podríamos competir si tuviéramos ese camino pavimentado que conectara a las dos ciudades en tres horas.

Este proyecto está concebido para urbanizar totalmente Puerto Varas, construir un Casino que esté a la altura del de Bariloche y construir este camino.

Nahuelhuapí es el principal centro turístico de carácter internacional con que cuenta la Repúblca Argentina. Allí llegan 30D mil turistas al año, hay allí 200 hoteles de turismo, 10 mil camas de primera clase, está totalmente organizado el turismo de invierno. El pescado y el marisco que ahí se consume debe ser traído de Mar del Plata, en circunstancias que habiendo un camino, estos productos podrían ser llevados de Puerto Montt.

Desde el punto de vista social, agregó el señor Senador, no se trata de fomentar el juego, pues ni los sectores populares ni la clase media acudirán al Casino, porque sólo visitan estos lugares las personas más adineradas. Expresó que la creación del Casino de Puerto Varas está concebida de manera completamente distinta al de la zona norte, con un plan de obras específicas y coordinadas que han sido largamente estudiadas por las dos provincias.

El Honorable señor Palma expresó que la instalación de Casinos ha sido largamente discutida, especialmente por razones de orden sociológico, pero la verdad es que en cualquier lugar del mundo en que se pretenda crear un centro de atracción turística, debe considerarse como parte importante la instalación de un Casino. La actividad turística es una verdadera industria y de la máxima importancia: significa mil millones de dólares para España, mil doscientos millones de dólares para Italia, ochocientos millones de dólares para Méjico. Chile se ha quedado atrás en este sentido, y no hay que olvidar que parte importante del desarrollo turístico la constituye el atractivo de los Casinos.

Argentina tiene un Casino en cada punto de atracción que le interesa desarrollar por razones turísticas: uno en San Juan, otro en Mendoza y otro en San Carlos de Bariloche. En el lado chileno no tenemos nada que ofrecer a los turistas que desean venir, y la riqueza argentina está haciendo que se comience a transformar en turista el hombre común. Es así como las provincias de Atacama y Coquimbo se están convirtiendo en centros de atracción turística para los argentinos. El año pasado vinieron a esa zona aproximadamente 1.000 automóviles, lo que significa 4.000 a 5.000 personas, debido a que las playas de la región se prestan admirablemente para atraer a la población del centro de Argentina (Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, etc.). Por este motivo debe implantarse una nueva política en materia turística, ya que no hay caminos, ni hoteles, ni sitios de atracción, que no sea la naturaleza misma.

Por tales motivos, Su Señoría, conjuntamente con el Honorable Senador señor Noemi, ha presentado dos indicaciones a este proyecto: una destinada a incluir a la provincia de Atacama en el organismo que se crea, porque Atacama, siendo la tercera zona económica del país, no puede ser dejada al margen, no está ligada a Antofagasta ni a Coquimbo en forma clara y por ello ha ido quedando marginada de todo, con lo que dejarla fuera del Consejo Regional de Turismo significaría consolidar esta situación de aislamiento. Atacama es la provincia más atrasada de Chile desde el punto de vista social, tiene el mayor porcentaje de mortalidad infantil y de falta de escolaridad, con la sola excepción de Arauco. La otra indicación es para crear el Casino en Peñuelas, donde está toda la instalación hecha desde hace ya mucho tiempo, está construido el edificio, las salas de juego y las salas de arte. Este Casino cubriría un área completamente distinta, por lo que no perjudicaría a ninguno de los existentes y atendería a turistas que difícilmente llegarían a Santiago, ya que se. ha comprobado que los turistas que vienen a la zona se devuelven luego a San Juan o a Córdoba sin pasar por Santiago.

El Honorable Senador señor Noemi expresó que, a su juicio, la industria turística tiene en Chile un gran porvenir. Recordó que El Líbano obtiene el 70% de sus divisas de la actividad turística. Reafirmó los conceptos del Honorable señor Palma en el sentido de que no es posible marginar a Atacama del Consejo Regional de Turismo que se crea, porque esa provincia tiene 400 kilómetros de playas a las que llegan muchos turistas argentinos, los que deben alojarse en casas particulares debido a la carencia de hoteles y hosterías.

Aparte de las disposiciones sobre funcionamiento y atribuciones de los Consejos Regionales de Turismo, el proyecto en informe especifica el régimen a que se someterá la explotación del Casino de Viña del Mar.

Los artículos 11 y 12 establecen el procedimiento que sirve para determinar, básicamente, la participación del Servicio Nacional de Salud y de los Consejos Regionales de Turismo en la explotación del período de invierno de este Casino, en relación con el convenio que rige por el período de verano y con las disposiciones legales.

El procedimiento vigente utiliza términos que previamente es preciso esclarecer, con respecto a su significado o representación: tales son los de "utilidades brutas", "gasto efectivo" y "utilidades líquidas".

Es "utilidad bruta" la que resulta de descontar del ingreso total del Casino, sin exclusión alguna, lo que corresponde al impuesto de cifra de negocios.

De la cantidad resultante debe deducirse el "gasto efectivo", que comprende los gastos de administración y los de remuneraciones del personal y sus beneficios sociales, con lo cual se llega a la "utilidad líquida" a repartirse entre el Servicio Nacional de Salud y los Consejos Regionales de Turismo en el caso del período de invierno.

En las disposiciones que se proponen, el Servicio Nacional de Salud queda garantizado en su participación por el sistema de fijar un porcentaje máximo para el probable gasto efectivo, sistema que este Servicio acepta y que se resguarda debidamente por el artículo 12, pues en todo caso la Municipalidad cubrirá cualquiera diferencia que se produzca y que sea contraria al espíritu del convenio que firmaron ambas instituciones.

El Honorable Senador señor Chadwick, que presidía accidentalmente vuestra Comisión, planteó sus dudas respecto a que el proyecto en discusión fuere procedente, desde el momento que creaba un servicio público y era de iniciativa parlamentaria.

Los Honorables Senadores señores Gumucio, Von Mühlenbrock y Prado replicaron que la iniciativa fue propiamente del Ejecutivo, pues presentó éste como indicación a otro, según consta en la exposición de motivos, y que nada impide, una vez obtenida la iniciativa, desglosar las ideas de un proyecto y presentarlo como proyecto separado, ya que la materia sobre que versa es exactamente la misma de la iniciativa. Los parlamentarios no podrían presentar un proyecto distinto, pero éste es sustancialmente igual al contenido en la indicación del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Von Mühlenbrock agregó que el Ejecutivo ha manifestado su voluntad de darle la iniciativa al enviarlo como indicación, lo que ha reiterado al solicitar la urgencia para este proyecto.

El Honorable Senador señor Prado expresó que el sentido de la disposición constitucional al entregar la iniciativa al Presidente de la República para ciertas materias, es que el Ejecutivo manifieste su voluntad, para que después manifieste la suya al Congreso. Esta legislación en estudio tuvo su iniciativa en el Ejecutivo, de eso no hay duda, y, además, el Ejecutivo considera que esta iniciativa suya debe el Congreso tratarla con urgencia.

El Honorable Senador señor Chadwick consultó acerca de si la urgencia se ha hecho presente a este proyecto a o otro, explicándosele por la Secretaría que la urgencia vino expresamente referida al proyecto en estudio.

Luego de esta explicación, el Honorable Senador manifestó que, a su juicio, el Ejecutivo había otorgado su iniciativa al proyecto al solicitar la urgencia, por lo que no lo declararía improcedente por inconstitucional; pero siendo contrario, como era, a la idea de legislar en favor del juego legalizado, particularmente en el caso de que se trata, pedía segunda discusión para la materia en estudio, declarando posteriormente terminada la primera discusión.

En una nueva reunión de vuestra Comisión, a la que concurrieron los Honorables Senadores señores Miranda (Presidente), Von Mühlenbrock y Gumucio, terminada la segunda discusión, se dio por aprobado en general por la unanimidad de los presentes.

La discusión particular se realizó sobre la base de que, atendida la urgencia con que se ha calificado el proyecto, no sería posible presentar en primer informe un estudio acabado de su texto, por lo que la Comisión esperaría el trámite del segundo informe para perfeccionarlo.

A esta discusión fueron llamados a colaborar con vuestra Comisión, además de la delegación de la Municipalidad de Viña del Mar antes referida, el Director de Turismo, don Luis Emilio Aldunte, y el abogado del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Carlos Gutiérrez.

Facultada la Mesa para dar una redacción armónica al proyecto, el texto que presentamos más adelante contiene, aparte de las ideas aprobadas, consultadas en el proyecto original, otras que corresponden a iniciativas patrocinadas en el seno de vuestra Comisión, según explicamos en seguida.

El artículo 1º crea un Consejo Regional de Turismo distinto para las provincias de Atacama y Coquimbo. Originalmente, el Consejo que tenía su sede en Viña del Mar, atendía a las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso y Santiago, pero los Honorables Senadores señores Noemi y Palma formularon indicación para incluir en sus beneficios a la de Atacama, permitiendo además el funcionamiento de un casino en Peñuelas, La Serena, para beneficio exclusivo de la zona.

Aprobada esta idea en principio, el Honorable Senador señor Miranda, de acuerdo con el Honorable Senador señor Chadwick, propusieron crear como Consejo separado el de Atacama y Coquimbo, financiándolo con el establecimiento de Peñuelas y con un porcentaje de las utilidades líquidas provenientes de Viña del Mar, lo que se aprobó. En lo que respecta a la participación de esas provincias en estas utilidades del Casino de invierno de Viña del Mar, el Honorable Senador señor Gumucio se abstuvo.

La composición de los tres Consejos de Turismo que crea este artículo se ha uniformado, reemplazándose además el Consejero de la confianza del Presidente de la República que proponía el proyecto, por un representante de la Corporación de Fomento de la Producción y otro de las actividades turísticas privadas.

El artículo 4º contiene las atribuciones de estos Consejos, creadas por vuestra Comisión, pues el original no las contenía.

El artículo 6º fija la remuneración de los Consejeros y el monto máximo que los Consejos podrán destinar a los gastos que les irrogue la mantención de su personal administrativo, con miras a evitar un proceso de burocratización de estos nuevos servicios, para lo cual, incluso, el artículo 5º permite que ejerzan sus funciones de fiscalización por medio de otros organismos.

El artículo 13 permite la explotación de casinos de juego en Peñuelas y Puerto Varas, pero sólo el período del 15 de septiembre al 15 de marzo del año siguiente, que es el que estableció para Viña del Mar el inciso primero del artículo 5º de la ley Nº 4.940.

El artículo 14 determina cómo se invertirán los recursos por los Consejos Regionales de Atacama y Coquimbo y de Llanquihue y Chiloé, pues les exige determinadas inversiones previas. La construcción de la carretera entre La Serena y San Juan fue propuesta por los Honorables Senadores señores Palma y Miranda; la distribución respecto del Consejo de Llanquihue y Chiloé es la propia que contenía el proyecto original de los Honorables Senadores señores Von Mühlenbrock y Prado.

Por estas consideraciones tenemos a honra proponeros la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Créanse Consejos Regionales de Turismo para las provincias de Atacama y Coquimbo, de Aconcagua, Valparaíso y Santiago, y de Llanquihue y Chiloé, con la calidad de personas jurídicas de derecho público.

Cada uno de estos Consejos será presidido por el Alcalde de la comuna de su sede, o su representante y los integrarán:

a) Los Intendentes de las provincias que correspondan, o quienes éstos designen en su representación;

b) Un representante de cada una de las provincias respectivas elegido por los correspondientes Alcaldes;

c) El Director de Turismo o quien éste designe;

d) Un representante de la Corporación de Fomento de la Producción, y

e) Un representante de las actividades turísticas privadas de la región.

El Presidente de cada Consejo será su representante legal.

Artículo 2º.- El Consejo Regional de Turismo de Atacama y Coquimbo tendrá su domicilio en la ciudad de La Serena, el de Aconcagua, Valparaíso y Santiago en Viña del Mar, y el de Llanquihue y Chiloé en Puerto Varas, sin perjuicio de que puedan reunirse y adoptar acuerdos en otras ciudades de su jurisdicción.

En las Municipalidades de la sede correspondiente funcionará la Secretaría del respectivo Consejo.

Artículo 3º.- Los Consejos Regionales de Turismo se relacionarán con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, tendrán las funciones y atribuciones que establece esta ley y, para los efectos de lo dispuesto en el Título III del Decreto con Fuerza de Ley Nº 47, de 4 de diciembre de 1959, se considerarán como servicios funcional y territorialmente descentralizados.

Sólo los gastos e inversiones que realicen quedarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Artículo 4º.- Corresponderá a los Consejos Regionales de Turismo:

1) Estudiar, programar y realizar la promoción del turismo en la zona de su jurisdicción;

2) Fomentar el turismo social, fundamentalmente el popular, mediante la creación de establecimientos adecuados; la concesión de créditos a sindicatos, juntas de vecinos, centros deportivos y otros grupos legalmente organizados, y la promoción de las vacaciones escolares que establece la letra h) del artículo 2º de la ley Nº 15.720, de acuerdo con la Junta de Auxilio Escolar y Becas respectivas;

3) Coordinar los planes municipales sobre fomento y desarrollo del turismo en la región;

4) Proponer al Presidente de la República la inclusión de determinados bienes en el patrimonio turístico nacional;

5) Fiscalizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre turismo y de sus propias resoluciones, denunciando las infracciones a las autoridades que corresponda;

6) Concurrir a la formación o participar en sociedades cuyo giro consista en actividades turísticas;

7) Informar, como requisito previo, la concesión para el uso exclusivo por particulares de playas de mar y riberas de lagos y ríos en los territorios de su jurisdicción;

8) Autorizar y reglamentar la destinación transitoria de residencias particulares para el alojamiento de turistas. El funcionamiento de estos establecimientos estará exento del pago de patente municipal;

9) Autorizar y fiscalizar, de acuerdo con las normas de la Dirección de Turismo, los viajes colectivos de turismo de carácter comercial, pudiendo exigir las garantías necesarias a las empresas interesadas;

10) Establecer oficinas de turismo en la región o contratar su instalación con la Municipalidad respectiva u otros organismos públicos, o autorizar su explotación por particulares;

11) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para la consecución de sus fines, y

12) Cumplir las funciones de la Dirección de Turismo o atribuciones de su Director que se les deleguen por decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 5º.- Las labores de fiscalización que esta ley encomienda a los Consejos Regionales de Turismo se ejercerán por éstos a través de las Municipalidades o de los organismos administrativos competentes.

Artículo 6º.- Antes del 1º de noviembre de cada año los Consejos deberán someter a la aprobación del Presidente de la República sus presupuestos anuales de inversiones y de gastos administrativos para el año calendario siguiente.

El presupuesto de gastos administrativos consultará el pago a los Consejeros de una remuneración por sesión a que asistan que, en el caso de los Consejos de Atacama y Coquimbo y de Aconcagua, Valparaíso y Santiago, no podrá exceder mensualmente de un sueldo vital mensual escala A), del departamento de Santiago, y en el caso del Consejo Regional de Llanquihue y Chiloé no será superior a un diez por ciento del referido sueldo vital por sesión a que asistan. Este presupuesto comprenderá también el pago de las remuneraciones del personal administrativo, cuyo monto por cada Consejo no podrá ser superior al 3% del respectivo presupuesto de inversiones.

El personal administrativo se regirá exclusivamente por el Código de Trabajo y leyes complementarias y tendrá la calidad de empleados u obreros de la actividad privada.

Artículo 7º.- El funcionamiento de los Consejos Regionales se financiará:

a) Con los recursos que les otorgue la ley anual de presupuestos;

b) Con los aportes que les acuerden las Municipalidades de la región;

c) Con los intereses y amortizaciones de los préstamos que otorguen;

d) Con los utilidades provenientes de las explotaciones comerciales que realicen, las rentas de arrendamiento que perciban y los derechos por las concesiones que otorguen, y

Con los recursos que obtengan los respectivos Consejos en virtud de lo dispuesto en los artículos 11 y 13 de la presente ley.

Artículo 8º.- El Consejo Regional podrá requerir la colaboración de cualquier institución del sector público para la consecución de sus fines o realización de sus planes o programas. La ejecución de las obras de construcción que acuerde el Consejo, deberá hacerse a través de la Dirección de Obras Públicas, la que procederá de acuerdo a las normas que la rigen.

Artículo 9º.- Modifícase el artículo 5º de la ley Nº 4.940 en el sentido de que el Casino de Municipal de Viña del Mar funcionará, además del tiempo señalado en dicho precepto legal, los días viernes, sábado y domingo, como también los días festivos y sus vísperas, en el período que media entre los días 16 de marzo y 14 de septiembre de cada año, todo de conformidad con los horarios que determine el Reglamento de esta ley. Podrá, sin embargo, prolongarse hasta en tres horas la jornada de los días domingos y festivos, llevándola hasta las 3 horas del día siguiente, siempre que se disminuya en igual número de horas la jornada correspondiente a los viernes o vísperas de festivo.

Artículo 10.- El valor de las entradas de acceso al Casino de Viña del Mar y sus salas de juego, como, asimismo, las utilidades líquidas de la explotación del establecimiento, exceptuada la participación de 33% de ella del Servicio Nacional de Salud, que se produzcan en el período indicado en el artículo anterior, se destinarán íntegramente, en la forma y condiciones indicadas en los artículos 4º y 7º a ser invertidos en los fines que esos artículos señalan.

Artículo 11.- Para fijar el monto de las utilidades de la explotación del Casino Municipal de Viña del Mar, se confeccionarán dos balances: uno correspondiente a la temporada indicada en el artículo 5º de la ley Nº 4.940, de cuyas utilidades líquidas corresponden el 33% y el 67%, respectivamente, al Servicio Nacional de Salud y a la Municipalidad de Viña del Mar, y otro, correspondiente al período indicado en el artículo 9? de la presente ley, de cuyas utilidades líquidas, a su vez, corresponden el 33% al Servicio Nacional de Salud, el 17% al Consejo Regional de Turismo de Atacama y Coquimbo y el 50% restante al de las provincias de Aconcagua, Valparaíso y Santiago.

Para el solo efecto de determinar la participación del Servicio Nacional de Salud, el 33% que le corresponde en las utilidades líquidas de las dos temporadas se calcularán sobre la cifra que resulte de descontar de las utilidades brutas el gasto efectivo producido en el año, con un tope máximo del 53% de las utilidades brutas indicadas en el presupuesto anual. La mayor utilidad líquida que de tal cálculo pudiera resultar para el Servicio Nacional de Salud, será de cargo exclusivo de la Municipalidad de Viña del Mar, sin que el mismo cálculo altere en nada las participaciones de los Consejos Regionales de Turismo de Atacama y Coquimbo y de Aconcagua, Valparaíso y Santiago.

En todo caso, las participaciones sumadas del Servicio Nacional de Salud en las dos temporadas de funcionamiento del Casino, equivalente al 33% de las utilidades líquidas de ambas, no podrá ser inferior, en cada año, a la suma que le habría correspondido percibir en el mismo año, por la temporada indicada en el artículo 5º de la ley Nº 4.940, conforme al convenio pactado entre la Beneficencia Pública, hoy Servicio Nacional de Salud, y la Municipalidad de Viña del Mar, por escritura pública de fecha 30 de agosto de 1939, otorgada ante el Notario de Valparaíso don Ernesto Cuadra Miranda. En el evento de serlas, el saldo, hasta completar ese valor, deberá pagarlo la Municipalidad de Viña del Mar.

Artículo 12.Para determinar las utilidades del Casino Municipal de Viña del Mar el lapso indicado en el artículo 9º, se deducirá de las utilidades brutas del Casino, producidas en ese período, el costo de explotación del establecimiento en el mismo período, costo que se fija como máximo en una suma igual al 22% de la cifra presupuestada de las referidas utilidades brutas. Sin embargo, en materia de gastos por remuneración del trabajo del personal del Casino, incluso gastos previsionales y beneficios sociales, sólo podrá imputarse al balance de la temporada indicada en el artículo 9º la parte de dichos gastos correspondientes a los días efectivamente trabajados por, dicho personal en la misma temporada. En todo caso, el costo de explotación del Casino Municipal de Viña del Mar durante el año calendario no podrá exceder del 55% de las utilidades brutas presupuestadas para el mismo año.

El Presupuesto anual de ingresos del Casino para las dos temporadas de funcionamiento del establecimiento, deberá, después de ser aprobado por la Municipalidad de Viña del Mar, ser sometido a la ratificación del Director del Servicio Nacional de Salud, quien deberá prestar o negar esa ratificación dentro del plazo de quince días, contado desde la fecha en que la Municipalidad lo someta a su consideración. Si no se pronunciare dentro de dicho plazo, se entenderá ratificado el Presupuesto. Si negare la ratificación, corresponderá al Ministro de Hacienda determinar el monto del Presupuesto de ingreso, entendiéndose aceptado el Presupuesto presentado por la Municipalidad si el Ministro no determinare aquel monto en la forma y plazo que determine el Reglamento de esta ley.

Artículo 13.- Autorízase a los Consejos Regionales de Turismo de Atacama y Coquimbo y de Llanquihue y Chiloé para habilitar y explotar u otorgar en concesión sendos establecimientos para el esparcimiento y recreación turísticas en Peñuelas, departamento de La Serena, y en el departamento de Puerto Varas, respectivamente, que funcionarán bajo el régimen de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 8º de la ley Nº 4.283, de 16 de febrero de 1928, y en el período a que se refiere el inciso primero del artículo 5º de la ley Nº 4.940, de 4 de febrero de 1931, en los horarios y demás condiciones que fije el Presidente de la República.

Las concesiones no podrán otorgarse sino por períodos hasta de cinco años renovables y de acuerdo con las bases que fije la Dirección de Turismo.

Artículo 14.- Los ingresos que produzcan las explotaciones directas en concesión de los establecimientos a que se refiere el artículo anterior,

descontados los gastos de explotación, se percibirán por los Consejos Regionales correspondientes para los fines que establecen los artículos 4º y 7º. .

Sin embargo, el Consejo Regional de Turismo de Atacama y Coquimbo deberá destinar primero estos ingresos y los que provengan de la aplicación del artículo 11, en lo que no corresponda a sus presupuestos de gastos administrativos, exclusivamente como parte, en calidad de erogación caminera particular para los efectos legales, a la construcción y pavimentación de la parte chilena de la carretera definitiva entre La Serena y San Juan (República Argentina), hasta su terminación total.

Por su parte, el Consejo Regional de Turismo de Llanquihue y Chiloé deberá destinar los ingresos del establecimiento de Puerto Varas, como sigue:

a) Un treinta por ciento (30%) como parte, en calidad de erogación caminera particular para los efectos legales, para la construcción y pavimentación del camino definitivo (parte chilena) que una a Puerto Varas y Puerto Montt con San Carlos de Bariloche (República Argentina), hasta su terminación total.

b) Un treinta por ciento (30%) a la Municipalidad de Puerto Varas para su inversión en obras de adelanto en la comuna.

c) Un treinta por ciento (30%) a la adquisición del terreno y a la a) construcción del Casino de Puerto Varas y sus obras complementarias. Si el Consejo decidiere acumular estos recursos antes de iniciar las obras, deberá invertir tales fondos transitoriamente en la adquisición de certificados de ahorro reajustables del Banco Central de Chile.

d) Un diez por ciento (10%) a los fines de los artículos 4º y 7º, pero excluyendo de sus beneficios a la comuna de Puerto Varas,

Terminadas las obras de las letras a) y c), los recursos correspondientes se destinarán también a los fines de los artículos 4º y 7º.

c

Sala de la Comisión, a 28 de agosto de 1968.

c

Acordado en sesiones de fecha 26, 27 y 28 de agosto, con asistencia de los Honorables Senadores señores Miranda (Presidente), Chadwick, Gumucio y Von Mühlenbrock.

c

(Fdo.) : Luis Valencia Avaria, Secretario.

8.- INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE OTORGA BENEFICIOS A DETERMINADOS EMPLEADOS Y OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene a honra entregaros su informe al proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que otorga beneficios a determinados empleados y obreros de la Municipalidad de Providencia.

La ley Nº 16.415 reconoció a los empleados y obreros de esta Municipalidad el tiempo servido en las concesiones de Aseo y Jardines que tenía otorgadas esa Municipalidad, antes de incorporarlas como servicios administrativos. Este reconocimiento lo hizo sólo a contar del 1º de enero de 1955, fundándose en que las funciones de tales concesiones, inherentes a las tareas municipales, hacen que los funcionarios de tales servicios han de ser considerados como empleados y obreros municipales.

La fecha del 1º de enero de 1955, para obtener los beneficios de quinquenios y desahucios, se fijó porque también a partir de ella el concesionario puso en práctica el aumento de precio del contrato para cubrir los pagos de quinquenios a su personal. .

Con todo, el propósito de solucionar una situación injusta, que perseguía la ley, no llegó a realizarse porque quedó excluido de sus beneficios un numeroso grupo de funcionarios más antiguos.

El proyecto en informe modifica esta situación y permite a todos estos servidores acogerse al régimen de la ley.

Vuestra Comisión contó con la colaboración de la señora Vicepresidente de la Caja de Retiro y Presivión de los Empleados Municipales dé la República, del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Providenciadon Mauricio Litvak, del Regidor de la misma don Emeterio Larraín y, además, con un informe que al respecto emitió el Superintendente de Seguridad Social.

Como consecuencia del debate producido y de las consideraciones hechas valer por el Superintendente, vuestra Comisión acordó aceptar la extensión de beneficios que conceden los artículos 1º y 2º, dejando enteramente de cargo de la Municipalidad de Providencia el pago de los ajustes correspondientes.

El artículo 3º del proyecto, que permite a las Municipalidades en general adquirir viviendas de la Corporación de Servicios Habitacionales para destinarlas a sus obreros y empleados fue rechazado, con el objeto de iniciarlo en proyecto separado que consulte mejor y con más propiedad los beneficios perseguidos, pues incluso sería necesario modificar disposiciones vigentes de la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades.

A indicación del Honorable Senador señor Aguirre se acordó agregar una disposición que permite a la Municipalidad de Providencia mejorar los montos de algunas pensiones que paga a familiares de obreros fallecidos por accidentes del trabajo y que no están afectos a las leyes correspondientes.

Se aprobó, asimismo, la autorización a la Municipalidad de Providencia para modificar su presupuesto vigente, con el objeto de que pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley.

Finalmente, y por dos votos contra uno fue rechazada una indicación del Honorable Senador señor Bossay para elevar a la categoría de Jefe de Sección a los Abogados Municipales.

En consecuencia tenemos a honra proponeros la aprobación de esta iniciativa con las siguientes modificaciones:

Artículo 1°

Agregar el siguiente inciso:

"El gasto que represente la aplicación de estas disposiciones será enteramente de cargo de la Municipalidad de Providencia."

Artículo 2º

Intercalar, después de "jubilación", lo siguiente: "como tales."

Agregar el siguiente inciso:

"El gasto que demande la aplicación del presente artículo será enteramente de cargo de la Municipalidad de Providencia.".

Artículo 3º

Rechazado.

A continuación, y como artículos 3° y 4º, agregar los siguientes, nuevos:

Artículo 3.Autorízase a la Municipalidad de Providencia para elevar, por gracia, las pensiones que paga a los familiares de obreros fallecidos por accidentes del trabajo a sumas no inferiores a Eº 150 mensuales, por el presente año, y a reajustarlas anualmente conforme al reajuste que corresponda al sector municipal, con cargo a sus recursos propios.

Artículo 4º.- Autorízase a la Municipalidad de Providencia para modificar su presupuesto vigente de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.".

En consecuencia, el proyecto de ley aprobado por vuestra Comisión queda como sigue:

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Reconócese a los actuales empleados y obreros de la Municipalidad de Providencia que se encuentran en las condiciones señaladas en el inciso primero del artículo único de la ley Nº 16.415, de de enero de 1966, para los solos efectos señalados en ese mismo precepto, el tiempo servido en las concesiones de los Servicios de Aseos y Jardines que tenía otorgada dicha Municipalidad, a contar del 1º de enero de 1936.

La mayor remuneración que corresponda recibir a tales empleados y obreros con motivo de los quinquenios que enteren como consecuencia del reconocimiento indicado en el inciso anterior, se devengará sólo a contar del 1° de enero de 1968.

Para los efectos del reconocimiento de tiempo servido en las concesiones, se hará extensivo a la presente ley lo dispuesto en el inciso tercero del artículo único de la ley Nº 16.415.

El gasto que represente la aplicación de estas disposiciones será enteramente de cargo de la Municipalidad de Providencia.

Artículo 2º.- Reconócese a los ex obreros de la Municipalidad de Providencia acogidos a jubilación como tales durante los años 1967 y 1968, para los efectos del cálculo de la pensión que les corresponde percibir, el tiempo servido en las concesiones de los Servicios de Aseos y Jardines que tuvo otorgadas dicha Municipalidad, a contar del 1º de enero de 1936.

El gasto que demande la aplicación del presente artículo será enteramente de cargo de la Municipalidad de Providencia.

Artículo 3º.- Autorízase a la Municipalidad de Providencia para elevar, por gracia, las pensiones que paga a los familiares de obreros fallecidos por accidentes del trabajo a sumas no inferiores a Eº 150 mensuales, por el presente año, y a reajustarlas anualmente conforme al reajuste que corresponda al sector municipal, con cargo a sus recursos popios.

Artículo 4º.- Autorízase a la Municipalidad de Providencia para modificar su presupuesto vigente de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.".

Sala de la Comisión, a 2 de septiembre de 1968. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señor Aguirre (Presidente), señora Carrera y señor Gumucio. (Fdo.):Luis Valencia Avaria, Secretario.

9.- INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene a honra entregaros su informe al proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, que autoriza a la Municipalidad de Los Vilos para contratar empréstitos.

El proyecto en informe, formulado en los términos corrientes para este tipo de legislación, autoriza créditos en favor de ese Municipio hasta por la suma de Eº 300.000, los que serán invertidos en un plan de obras de adelanto comunal que comprende aportes a la Dirección de Obras Sanitarias y a la de Pavimentación Urbana para la realización de obras de alcantarillado y pavimentación, aporte al Sindicato Profesional de Pescadores para la construcción de un galpón para las embarcaciones e implementos de pesca en la Caleta de Los Vilos, construcción de un campo deportivo municipal, construcción de un Mercado Municipal, canalización y abovedamiento de parte del canal del pueblo de Quilimarí, y habilitación del Balneario Los Vilos.

El servicio de la deuda se hará con cargo al rendimiento de la tasa del uno por mil sobre el avalúo de los bienes raíces de la comuna que, para tal efecto destina el artículo 2º, letra c), del Decreto de Hacienda Nº 2.047, de 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley Nº 15.021.

Las demás disposiciones del proyecto, son las usuales en esta clase de iniciativas, por lo que no merecieron a vuestra Comisión un especial comentario.

Por las razones expuestas, tenemos a honra proponeros la aprobación del presente proyecto de ley en los mismos términos en que consta en el oficio de la Honorable Cámara de Diputados.

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1968.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Aguirre (Presidente), Chadwick, Pablo y Von Mühlenbrock.

(Fdo.): Luis Valencia Avaria, Secretario.

10.- INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene a honra entregaros su informe al proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza a la Municipalidad de Puerto Montt para contratar empréstitos.

El proyeco en informe, formulado en los términos corrientes para este tipo de legislación, autoriza créditos en favor de ese Municipio hasta por la suma de Eº 1.900.000, los que serán invertidos en la adquisición de los terrenos necesarios para el funcionamiento de la Universidad que se construirá en Puerto Montt y en la urbanización de las poblaciones Manuel Rodríguez, PresidenteIbáñez, Teniente Merino y Eduardo Frei, de esa ciudad.

El servicio de la deuda se hará con cargo al rendimiento de la tasa del uno por mil sobre el avalúo de los bienes raíces de la comuna que, para tal efecto destina el artículo 2º, letra e), del Decreto de Hacienda Nº 2.047, de 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley Nº 15.021.

Las demás disposiciones del proyecto son las usuales en esta clase de iniciativas, por lo que no merecieron a vuestra Comisión un especial comentario.

Por las razones expuestas, tenemos a honra proponeros la aprobación del presente proyecto de ley en los mismos términos que constan en el oficio de la Honorable Cámara de Diputados.

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1968.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Aguirre (Presidente), Chadwick, Pablo y Von Mühlenbrock.

(Fdo.) : Luis Valencia Avaria, Secretario.

11.- INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE AUTORIZA A LAS MUNICIPALIDADES DE LANCO Y MAFIL PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene a honra entregaros su informe al proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, que autoriza a las Municipalidades de Lanco y Máfil para contratar empréstitos.

La iniciativa, formulada en los termines corrientes para este tipo de

legislación, autoriza créditos en favor de la Municipalidad de Lanco, por la suma de Eº 180.000 y de la de Máfil por Eº 150.000, los que serán invertidos en diversas obras de adelanto comunal, tales como, instalación de redes de alumbrado, construcción de un gimnasio cubierto, adquisición de vehículos motorizados para los servicios municipales de aseo en Lanco y para locomoción colectiva en Máfil, pavimentación' de calles y construcción de aceras, extensión de redes de agua potable, construcción de caminos y otras.

El servicio de la deuda se hará con cargo al rendimiento de la tasa del uno por mil sobre el avalúo de los bienes raíces de las respectivas comunas que, para tal efecto destina el artículo 2º, letra e), del Decreto de Hacienda Nº 2.047, de 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley Nº 15.021.

Las demás disposiciones del proyecto son las usuales en esta clase de iniciativas, por lo que no merecieron a vuestra Comisión un especial comentario.

Por las razones expuestas, tenemos a honra proponeros la aprobación del presente proyecto de ley en los mismos términos en que consta en el oficio de la Honorable Cámara de Diputados.

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1968.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan (Presidente), Chadwick, Pablo y Von Mühlenbrock.

(Fdo.) : Luis Valencia Avaria, Secretario.

12.- INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene a honra entregaros su informe a las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Talagante para contratar empréstitos.

La referida observación consiste en suprimir el artículo 11 del proyecto aprobado por el Congreso Nacional, que faculta a las Municipalidades para consultar en sus presupuestos las sumas necesarias para atender los gastos de representación y secretaría de los Regidores cuando sus ingresos sean superiores a tres millones de escudos anuales.

El Ejecutivo estima que tal disposición equivale a otorgar un sueldo a los Regidores, lo que contraviene el precepto constitucional que establece el carácter concejil de dichos cargos y que, además, su aplicación agravaría el desfinanciamiento de los Municipios.

El Honorable Senador señor Pablo manifestó que, personalmente, es contrario a la disposición porque ella significa, especialmente en el caso de las Municipalidades de escasos ingresos, limitar en forma apreciable los gastos de representación del Municipio, pero votaría en contra del veto por tener orden de su Partido en ese sentido.

El Honorable señor Von Mühlenbrock expresó, que, también por instrucciones de su Partido votaba favorablemente el veto, y que, dada la importancia de la materia de que se trata, habría sido aconsejable que se tratara como proyecto separado, para haber tenido así la oportunidad de estudiarlo y debatirlo con más profundidad y mayor acopio de antecedentes.

El Honorable Senador señor Chadwick, quien presidía accidentalmente vuestra Comisión, dejó constancia de que votaba en contra del veto por un imperativo de conciencia, coincidente con las instrucciones que recibió de su Partido, pues considera que el Gobierno Comunal es un elemento de la máxima importancia para el perfeccionamiento de la democracia y esta norma que ha sido vetada por el Ejecutivo es la única posibilidad viable de que puedan llegar a ocupar cargos de Regidores personas de escasos recursos.

Vuestra Comisión, por dos votos en contra y uno a favor, acordó proponeros que desechéis esta observación, insistiendo en la aprobación del proyecto primitivo.

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1968.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Chadwick (Presidente), Pablo y Von Mühlenbrock.

(Fdo.) : Luis Valencia Avaria, Secretario.

13.- INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL ACTA DE PROTOCOLIZACION DE LOS ESTATUTOS DE LA OFICINA DE EDUCACION IBEROAMERICANA.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores pasa a informaros acerca del proyecto de acuerdo, con urgencia calificada de "simple" e iniciaciado en un Mensaje, que aprueba el Acta de Protocolización de los Estatutos de la Oficina de Educación Iberoamericana.

A la sesión en que vuestra Comisión trató este asunto asistió el Asesor Jurídico del Miniserio de Relaciones Exteriores, señor Jorge Iglesias; el Director General Adjunto para Asuntos Económicos de la Cancillería, señor Gastón Illanes, y el Coordinador de Asistencia Técnica Internacional del Ministerio de Educación, señor Osear Agüero.

Estando este proyecto de acuerdo pendiente del estudio de vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, la Sala, en sesión de 11 de marzo de este año, acordó solicitar un dictamen previo de la Comisión de Educación Pública.

Evacuado el informe de la citada Comisión de Educación, nos abocamos, en la sesión de hoy, al estudio del respectivo instrumento internacional, que está constituido propiamente por los Estatuos orgánicos de la denominada Oficina de Educación Iberoamericana (OEI).

El citado instrumento internacional consta de 24 artículos agrupados en 10 Capítulos.

Antes de entrar al análisis de algunas disposiciones que estimamos de interés, os adelantamos que, para el cumplimiento de sus fines, la Oficina podrá celebrar acuerdos y suscribir convenios, tratados y demás instrumentos legales, con los Gobiernos iberoamericanos, las organizaciones internacionales y las instituciones, centros y demás entidades culturales y educativas.

Los Estados iberoamericanos, representados por sus Gobiernos, tienen la calidad de miembros de la Oficina de Educación Iberoamericana; las organizaciones y demás entidades recientemente nombradas son simplemente asociadas.

Los fines específicos de la referida Oficina están señaladas en el artículo 2º.

Sobre el particular señalamos las de:

-orientar, asesorar y, en su caso, servir a las personas y los organismos interesados en las cuestiones culturales y educativas,

-colaborar en la preparación de textos y material de enseñanza y en la formación de criterios didácticos ajustados al espíritu y realidad de los pueblos iberoamericanos,

-cooperar con los Ministerios de Educación de los países iberoamericanos en la realización de sus planes educativos y colaborar especialmente en el perfeccionamiento y coordinación de sus servicios técnicos, y

-crear centros especializados, fundar institutos, establecimientos y demás entidades y organismos de investigación, documentación, intercambio, información y difusión en materia educativa o docente, y los servicios descentralizados que exija el cumplimiento de sus fines o la ejecución de su programa de actividades.

Respecto de la expresión "orientar" empleada al referirse al primero de los fines señalados, al Honorable Senador señor Juliet le pareció inadecuada, por cuanto da a entender que este organismo puede ir demasiado lejos en su misión y, en consecuencia, debía precisarse su alcance, el cual no puede ser otro que "aconsejar" o "asesorar", pero jamás "dirigir" u "ordenar".

Vuestra Comisión compartió el criterio de su Señoría y acordó hacer lo correspondiente salvedad en este informe.

Siempre sobre esta materia, se hizo presente por parte de las personas que concurrieron en representación del Ejecutivo que, a pesar de que Chile no ha ratificado el presente instrumento, ha recibido a través del Ministerio de Educación una importante ayuda, especialmente en asesoría y material didáctico para la educación técnica y en la organización de seminarios internacionales a nivel de funcionarios.

La ratificación permitiría llevar a cabo numerosos planes que el Gobierno ya ha propuesto a la Oficina de Educación Iberoamericana, derivados del esfuerzo que está realizando a través de la Reforma Educacional.

Se agregó, en lo atinente a este aspecto, que la Oficina tiene convenios con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Se expresó, asimismo, que aunque este organismo no ha demandado desembolsos pecuniarios de ninguna especie a nuestro país, su ratificación traerá mayores beneficios, especialmente si se considera que existe el peligro de que otros Estados miembros canalicen en su favor el peso de su programación,

En cuanto a la estructura legislativa, de gobierno, administrativa y de dirección técnica, a las cuales se refieren los artículos 6 a 17 de los Estatutos en análisis, están suficientemente consideradas en el informe de la Comisión de Educación, al igual que lo que sucede con los países que los han ratificado y aquellos en los cuales se está en vías de ratificarlos.

Al patrimono de este organismo y a su administración aluden los artículos 18, 19 y 20. Como se expresó también en el informe de la Comisión de Educación, dicho patrimonio está constituido principalmente por las subvenciones y aportes de los Estados miembros y de las entidades que contribuyen a su mantenimiento, por el producto de la ¡venta de sus publicaciones y por' las remuneraciones que perciba por la prestación de sus servicios técnicos ó los de sus centros.

Acerca de este punto, se nos dio a conocer que existe un principio de acuerdo entre nuestro Gobireno y la Oficina de Educación Iberoamericana, en orden a que se reinvierta en Chile la casi totalidad del aporte que el país deba efectuar durante los dos primeros años de vigencia del Convenio, suma que asciende a US$ 10.000 anuales.

Os advertimos que copia de los Estatutos del referido organismo internacional figura como anexo del informe de la Comisión de Educación Pública.

Los antecedentes relacionados nos sirvieron de fundamento para dar nuestra aprobación a los Estatutos sometidos a nuestro conocimiento, ha

ciendo presente al Ejecutivo que, en el acto de ratificación, haga la salvedad de que el alcance de la expresión "orienar" que figura en la letra b) del artículo 2º, no puede ser otro que "aconsejar" o "asesorar".

Con el mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de recomendaros que aprobéis el proyecto de acuerdo objeto de este informe, con la recomendación señalada en el párrafo precedente.

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1968.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Juliet y Musalem.

(Fdo.) : Raúl Charlín Vicuña, Secretario.

14.- INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL ACTA DE PROTOCOLIZACION DE LOS ESTATUTOS DE LA OFICINA DE EDUCACION IBEROAMERICANA.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación Pública tiene el honor de informaros acerca del proyecto de acuerdo, propuesto en un Mensaje con urgencia calificada de "simple", que aprueba el Acta de Protocolización de los Estatutos de la Oficina de Educación Iberoamericana.

A la sesión en que vuestra Comisión estudió este asunto asistió el Ministro de Educación Pública, señor Máximo Pacheco y el Asesor Jurídico de ese Ministerio, señor Adolfo Azolas.

En sesión de fecha 20 de febrero del año en curso la Sala acordó enviar el respectivo Mensaje en informe a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Con posterioridad, en sesión de 11 de marzo del mismo año, se aprobó una indicación para enviarlo previamente a la Comisión de Educación Pública, con el objeto de que una vez informado por ésta, vuelva a la citada Comisión de Relaciones Exteriores.

Nos corresponde, en consecuencia, dar cuenta de nuestro cometido en orden a realizar un estudio del aludido instrumento internacional.

En el Tercer Congreso Iberoamericano de Educación, reunido en la capital de la República Dominicana el 31 de octubre de 1957, se aprobaron los Estatutos de la Oficina de Educación Iberoamericana y los Jefes de las Delegaciones que representanban a sus Gobiernos entre los cuales se encontraba el de nuestro país, suscribieron la respectiva Acta de Protocolización.

La citada Oficina de Educación Iberoamericana (OEI) es un organismo internacional de cooperación educativa pra los países iberoamericanos.

Desde su sede en Madrid está de hecho cumpliendo sus objetivos desde 1954.

Aunque Chile no ha ratificado aun el correspondiente instrumento internacional, por el hecho de haber concurrido a la aprobación de sus Estatutos, fue miembro del Consejo Directivo de este organismo desde 1957 a 1960 y es de las naciones firmantes que más he recibido de él.

Dicho instrumento ha sido ratificado por Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Está en trámite de ratificación en Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Uruguay y Venezuela.

Los fines específicos de la Oficina de Educación Iberoamericana esr tan señalados en el artículo 2º de sus Estatutos y sería largo referirse a todos y cada uno de ellos.

Sobre el particular nos basta deciros que los programas que se organizan para alcanzar tales fines multiplican la inversión del país en que se aplican a lo menos ocho veces.

Con atinencia a lo anterior se observó en vuestra Comisión que la tardanza en la ratificación por parte de Chile importaba el peligro que otros Estados miembros canalizaran en su favor el peso de estas programaciones.

La citada Oficina está regida por un órgano legislativo, que son los Congresos Iberoamericanos de Educación, que constituyen la suprema autoridad de aquélla. Estos Congresos se reúnen una vez cada tres años en el país que se haya elegido para su sede en la Asamblea anterior.

Además, existe un órgano de gobierno y administración denominado Consejo Directivo y otro, a cargo de la dirección técnica, que es la Secretaría General. El primero de los recientemente mencionados está formado por los Ministros del ramo de Educación de los Estados miembros, o sus representantes, y está presidido por el Ministro de Educación del país en que ha de celebrarse el próximo Congreso, o su representante.

La Secretaria General ostenta también la representación de la Oficina en los asuntos de trámite y en sus relaciones con los Gobiernos iberoamericanos y con las organizaciones intergubernamentales. El titular de dicha Secretaría será electo por el Congreso y durará en sus funciones hasta la celebración del siguiente, pudiendo ser reelegido.

Los distintos órganos de la Oficina de Educación Iberoamericana podrán ser instalados en cualquiera de los países iberoamericanos que den garantías para su funcionamiento. No obstante lo anterior, la sede central de la Oficina, como hemos dicho, tiene su domicilio en Madrid.

El patrimonio de este organismo está constituido principalmente por las subvenciones y aportes de los Estados miembros y las entidades que contribuyan a su mantenimiento y por las remuneraciones que perciba por la prestación de sus servicios técnicos.

Adjuntamos como anexo a este informe copia de los Estatutos del comentado organismo internacional.

Los antecedentes relacionados sirvieron a vuestra Comisión de Educación Pública para aprobar, con la abstención del Honorable Senador señor Teitelboim, el proyetco de acuerdo objeto de este informe y tiene el honor de recomendaros que adoptéis igual pronunciamiento.

Sala de la Comisión, a 29 de agosto de 1968.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Teitelboim (Presidente), Aylwin y Sepúlveda.

(Fdo.) : Raúl Charlín Vicuña, Secretario.

Acta de Protocolización de los Estatutos de la Oficina de Educación

Ib eroamericana.

En Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana, el día treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y siete, los jefes de las Delegaciones acreditadas por sus respectivos Gobiernos ante el Tercer Congreso Iberoamericano de Educación, convocado conjuntamente por el Gobierno de la República Dominicana y la Oficina de Educación Iberoamericana, proceden a suscribir el Acta de Protocolización de los Estatutos de la Oficina de Educación Iberoamericana, los cuales fueron aprobados con el voto conforme de los suscritos, según el Acuerdo adoptado por el Pleno del Congreso en su sesión plenaria celebrada el día treinta de octubre de mil novecientos cincuenta y siete, y cuyo texto fiel dice así:

ACUERDO

El Tercer Congreso Iberoamericano de Educación, Considerando:

Que el Segundo Congreso Iberoamericano de Educación, reunido en Quito en el mes de octubre de 1954, estableció las bases estatutarias que habían de regir la Oficina de Educación Iberoamericana, y delegó poderes en el Consejo Directivo del organismo para redactar articuladamente sus Estatutos;

Que el Consejo Directivo ha presentado a este Tercer Congreso Iberoamericano de Educación el texto vigente de dichos Estatutos, acompañándolo de un Proyecto de Reforma de los mismos;

Que la Comisión del Tercer Congreso Iberoamericano de Educación, designada especialmente para realizar el estudio de los Estatutos y su proyectada reforma, ha realizado un examen exhaustivo de dichos documentos, presentando al Pleno del Congreso un texto completo, y

Que el Consejo Directivo ha solicitado del Tercer Congreso Iberoamericano de Educación la protocolización del texto de los Estatutos reformados, para que sirva de instrumento capaz de ser ratificado por los Gobiernos de los Estados que se afilien en el futuro a la Oficina de Educación iberoamericana o que deseen perfeccionar su afiliación,

Resuelve:

Primero.Aprobar el siguiente texto de los Estatutos de la Oficina de Educación Iberoamericana:

CAPITULO PRIMERO.

Naturaleza y Fines.

Artículo 1º.- La Oficina de Educación Iberoamericana (O.E.I.) es un organismo internacional de cooperación educativa para los países iberoamericanos.

Artículo 2º.- Los fines específicos de la Oficina de Educación Iberoamericana son los siguientes:

a) Organizar servicios de información y documentación sobre el desarrollo de la educación en los países iberoamericanos.

b) Orientar, asesorar y, en su caso, servir a las personas y los organismos interesados en las cuestiones culturales y educativas.

c) Difundir los principios y recomendaciones aprobados por los Congresos Iberoamericanos de Educación y promover su realización efectiva.

d) Fomentar el intercambio cultural y educativo de personas, asesorar sobre la contratación de profesores y expertos en organización de enseñanza y difundir en todos los países iberoamericanos las experiencias logradas en cada uno de ellos.

e) Convocar y organizar Congresos, Asambleas, Conferencias, Seminarios y demás reuniones de cualquier naturaleza, sobre temas educativos, y participar en aquellas a que fuera invitada.

f) Colaborar en la preparación de textos y material de enseñanza y en la formación de criterios didácticos ajustados al espíritu y realidad de los pueblos iberoamericanos.

g) Cooperar con los Ministerios de Educación de los países iberoamericanos en la realización de sus planes educativos y colaborar especialmente en el perfeccionamiento y coordinación de sus servicios técnicos.

h) Coordinar la acción de los países iberoamericanos en el seno de las Organizaciones internacionales de carácter educativo, a fin .de que su cooperación en ella sea eficaz y útil tanto en el orden nacional como en el plano internacional.

i) Promover la creación de organizaciones, asociaciones, uniones y demás tipos de entidades nacionales, regionales o internacionales, relacionadas con los distintos grados de enseñanza y diversos aspectos de la vida educativa o docente de los países iberoamericanos, que podrían constituirse como entidades independientes o asociadas.

j) Aceptar la asociación de entidades educativas o docentes ya existentes.

k) Crear centros especializados, fundar institutos, establecimientos y demás entidades y organismos de investigación, documentación, intercambio, información y difusión en materia educativa o docente, y los servicios descentralizados que exija el cumplimiento de sus fines o la ejecución de su programa de actividades.

Artículo 3º.- Para el cumplimiento de sus fines, la Oficina de Educación Iberoamericana podrá celebrar acuerdos y suscribir convenios, tratados y demás instrumentos legales con los gobiernos iberoamericanos, las organizaciones internacionales y las instituciones, centros y demás entidades culturales y educativas.

CAPITULO SEGUNDO.

Afiliación y Asociación.

Artículo 4..- 1º) Son Miembros de la Oficina de Educación Iberoamericana los Estados Iberoamericanos cuyos gobiernos soliciten o acepten integrar este organismo.

2º) La afiliación puede hacerse en cualquier momento por intercam, bio de comunicaciones con la Secretaría General y supone la aceptación de los presentes Estatutos.

Artículo 5º.- Podrán asociarse con carácter consultivo a la Oficina de Educación Iberoamericana las entidades oficiales o privadas, de carácter educativo o docente, nacionales, regionales o internacionales, que sean admitidas como tales, por los Congresos Iberoamericanos de Educación, previa recomendación del Consejo Directivo.

CAPITULO TERCERO

Organos.

Artículo 6º.- La Oficina de Educación Iberoamericana se rige por su órgano legislativo que es el Congreso Iberoamericano de Educación y los órganos delegados, que son el Consejo Directivo y la Secretaría General.

CAPITULO CUARTO.

Congresos Iberoamericanos de Educación.

Artículo 7º.- 1°) Los Congresos son la suprema autoridad de la Oficina de Educación Iberoamericana y estarán integrados por representaciones oficiales de los Estados Miembros.

2º) Se reunirán, por lo menos, una vez al trienio en el país que haya establecido para su sede en cada caso el Congreso anterior.

3º) La convocatoria para cada uno de los Congresos se realizará en la forma que convinieren el país invitante y la Oficina de Educación Iberoamericana.

4º) Ninguno de los Estados participantes podrá tener más de cinco representantes y cada Delegación tendrá derecho a un voto.

5º) Las entidades asociadas y los gobiernos e instituciones invitadas a título de Observadores, podrán estar representados hasta por dos delegados, que tendrán voz, pero no voto.

Artículo 8º1º) Los Congresos de Educación podrán reformar con una mayoría de dos tercios, los Estatutos de la Oficina de Educación Iberoamericana y decidir sobre la sede de sus distintos órganos.

2º) Los Congresos, por simple mayoría, deberán resolver sobre el Programa de actividades y presupuesto de la Oficina de Educación Iberoamericana y decidir sobre la admisión de las entidades asociadas.

CAPITULO QUINTO.

El Consejo Directivo.

Artículo 9º.- El Consejo Directivo es el órgano de gobierno y administración de la Oficina de Educación Iberoamericana y estará integrado por los Ministros en el ramo de educación de los Estados miembros o sus representantes.

Artículo 10.- 1º) El Consejo Directivo de la Oficina de Educación Iberoamericana estará presidido por el Ministro de Educación del país en que haya de celebrarse el próximo Congreso, quien podrá designar persona que le represente.

2º) El Consejo Directivo nombrará entre sus miembros un Vicepresidente, y actuará como Secretario "ex oficio" del mismo, el Secretario General de la Oficina de Educación Iberoamericana.

Artículo 11.Cuando el Consejo Directivo lo estime conveniente está facultado para convocar a Congresos Generales a todos los países iberoamericanos, los cuales estarán representados por delegaciones oficiales, con el objeto de estudiar la situación educacional y discutir soluciones en el mismo campo, coincidieren o no con las reuniones trienales de la Organización. Asimismo, queda facultado para invitar a asistir a unas u otras reuniones a las entidades asociadas y organismos internacionales con los cuales mantenga vinculación.

CAPITULO SEXTO.

Secretaría General.

Artículo 12.- La Secretaría General de la Oficina de Educación Iberoamericana, tendrá la dirección técnica del organismo y ostentará su representación en los asuntos de trámite y en sus relaciones con los gobiernos iberoamericanos y con las organizaciones intergubernamentales.

Artículo 13.- El titular de la Secretaría General será electo por el Congreso y durará en sus funciones hasta la celebración del próximo Congreso, pudiendo ser reelegido. ,

El Consejo Directivo, a propuesta del Secretario General, designará un Secretario General Adjunto.

El Secretario General y el Secretario General Adjunto deben ser nacionales de países iberoamericanos distintos.

Artículo 14.- El Secretario General estará asistido en materia técnica por una comisión asesora, formada por personalidades de cada uno de los Estados Miembros que sean invitados a integrarle por el Secretario General, previa conformidad del Consejo Directivo.

CAPITULO SEPTIMO.

Sede de los órganos.

Artículo 15.- La sede central de la Oficina de Educación Iberoamericana tiene su domicilio en Madrid.

Artículo 16.- Los distintos órganos de la Oficina de Educación Iberoamericana podrán ser instalados en cualquiera de los países iberoamericanos que garanticen su libertad de acción para el cumplimiento de sus fines, la salvaguardia de su "status" internacional y el apoyo oficial o privado necesario para su sostenimiento.

Artículo 17.- La Oficina de Educación Iberoamericana establecerá en cada caso, con las autoridades del país en que tenga su sede alguno de sus órganos, las condiciones en que deberán instalarse y funcionar los mismos.

CAPITULO OCTAVO.

Patrimonio y Administración.

Artículo 18.- El patrimonio de la Oficina de Educación Iberoamericana estará constituido por: a) Las subvenciones y aportaciones de los Miembros y de las entidades oficiales o privadas que contribuyan a su sostenimiento; b) Por las cesiones y donaciones particulares; c) Por el producto de la venta de sus publicaciones y las remuneraciones que perciba por la prestación de sus servicios técnicos o los de sus centros; d) Por el material inventariable y el fondo bibliográfico y documental existente en sus dependencias; e) Por el fondo de reserva que autorice cada Congreso.

Artículo 19.- La administración de la Oficina de Educación Iberoamericana estará a cargo de un Administrador y un Tesorero, que dependerán de la Secretaría General, la cual deberá rendir cuentas de cada ejercicio al Consejo Directivo.

Artículo 20.- Un mes antes de la celebración de cada Congreso Iberoamericano de Educación, la Secretaría General distribuirá entre los miembros de la Oficina de Educación Iberoamericana un informe de actividades, el presupuesto previsto para el próximo trienio y el estado de cuentas, todo lo cual será previamente sometido a la consideración y aprobación del Consejo Directivo.

CAPITULO NOVENO.

Aplicación de los Estatutos y su Reglamentación.

Artículo 21.- La aplicación de los presentes Estatutos, así como su reglamentación y el funcionamiento de los distintos órganos y centros de la Oficina de Educación Iberoamericana, con excepción de los Congresos Iberoamericanos de Educación, quedan encomendadas al Consejo Directivo.

CAPITULO DECIMO.

Disposiciones Finales.

Articulo 22.- La Secretaría General de la Oficina de Educación Iberoamericana fijará su domicilio en la sede del Instituto dé Cultura Hispánica de Madrid.

Artículo 23.- El Director del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, podrá asistir a las Reuniones del Consejo Directivo de la Oficina de Educación Iberoamericana con voz y sin voto, en su calidad de representante del organismo fundador.

Artículo 24.- Las declaraciones generales votadas en los Congresos Iberoamericanos de Educación constituirán el apéndice de los presentes Estatutos.

Segundo.- Protocolizar el texto anterior en un Acta especial, desglosada del Acta Final del Congreso, firmada por los jefes de las delegaciones gubernamentales oficialmente acreditadas para representar a sus respectivos países en el Tercer Congreso Iberoamericano de Educación.

Tercero.- Encomendar a la Secretaría General de la Oficina de Educación Iberoamericana el envío de copias debidamente autorizadas a todos los gobiernos de los países iberoamericanos.

En fe de lo cual, firman la presente Acta para que conste a todos sus efectos:

Por Cuba: Eduardo Borrel Navarro.

Por Colombia: Francisco Posada de la Peña.

Por Brasil: Francisco Montojos.

Por Chile: Luis Gómez Catalán.

Por la República Dominicana: Manuel Ramón Ruiz Tejada.

Por Ecuador: Otto Quintero Rumbea.

Por El Salvador: Julio Fausto Fernández.

Por España: Jesús Rubio García Mina.

Por Guatemala: Rubén Villagrán Paul.

Por Nicaragua: Rene Schick.

Por Panamá: Francisco Aued.

Por Paraguay: Francisco M. Barreiro Maffiodo.

Por Perú; Carlos Valera.

Por Venezuela: Gustavo Adolfo Ruiz.

(Fdo.): Patricio Silva Echenique, Subsecretario de Relaciones Exteriores.

15.- INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS RELATIVO AL CONVENIO Nº 122 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE POLITICA DEL EMPLEO.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros acerca de un proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Convenio Nº 122 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la Política del Empleo, adoptado en la 48ª Reunión de la Conferencia General de dicha Organización, en el mes de junio de 1964.

A la sesión en que tratamos este asunto concurrieron el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Gabiel Valdés; los señores Edmundo Vargas y Jorge Iglesias, Asesores Jurídicos de la Cancillería; el señor Mariano Egaña, Director del Servicio Nacional del Empleo, y el señor Hernán Fuenzalida, Asesor Jurídico de dicho Servicio.

Como lo expresa el, Mensaje en que se propone la aprobación de este Convenio y de lo cual pudo cerciorarse vuestra Comisión en el estudio que realizó del mismo, el sistema jurídico chileno se ajusta plenamente a las normas y principios consignados en el referido instrumento internacional. Aún más, estamos en situación de aseverar que sus disposiciones no sólo confirman y enfatizan derechos ya incorporados en nuestra legislación laboral, sino que algunas de ellas figuran entre las garantías que nuestra Constitución Política asegura a todos los habitantes de la República. Tal sucede, entre otras materias, con la libertad para escoger un empleo y la no discriminación.

Por otra parte, en el seno de vuestra Comisión se destacó que Chile es el primer país de Sudamérica que ha formulado, a través de la Oficina de Planificación Nacional, un Plan Oficial de Empleo, incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, cuya principal finalidad es lograr el pleno empleo.

Cabe detenerse, en seguida, en algunas consideraciones a que da lugar el análisis del articulado del Convenio en cuestión.

Así, para aplicar las medidas en él propuestas, cada miembro deberá determinar y revisar regularmente las decisiones que habrá de adoptar como parte integrante de una política económica y social coordinada, tomando las disposiciones que sean necesarias para su ejecución.

Además, como una manera de que dicha política alcance en la práctica plena eficacia, deberá consultarse a los representantes de los empleadores y de los trabajadores, con el objeto de tomar en cuenta sus experiencias, opiniones y aspiraciones.

En lo que concierne a la ratificación de Convenios adoptados en Reuniones de la Organización Internacional del Trabajo, cabe anatar que mientras los países económicamente desarrollados registran el mayor número de ratificaciones a este tipo de instrumentos ellas son escasas entre las naciones de menor desarrollo económico.

Fundándose en las consideraciones precedentes, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores prestó su aprobación al proyecto de acuerdo materia de este informe y os recomienda adoptar igual pronunciamiento.

Adjuntamos como anexo el texto completo de este instrumento internacional, que consta de 11 artículos.

Sala de la Comisión, a 28 de agosto de 1968.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Castro y Reyes. (Fdo.): Raúl Charlín Vicuña, Secretario.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Convenio 122

Convenio Relativo a la Política del Empleo.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Ofifina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 de junio de 1964 en su cuadragésima octava reunión;

Considerando que la Declaración de Filadelfia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida, y que en el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo se dispone la lucha contra el desempleo y la garantía de un salario vital adecuado;

Considerando, además, que de acuerdo con la Declaración de Filadelfia incumbe a la Organización Internacional del Trabajo examinar y considerar los efectos de las políticas económicas y financieras sobre la política del empleo, teniendo en cuenta el objetivo fundamental de que "todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades";

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que "toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo";

Teniendo en cuenta las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo en vigor relacionados directamente con la política del empleo, especialmente el Convenio y la Recomendación sobre el servicio del empleo, 1948; la Recomendación sobre la orientación profesional, 1949; la Recomendación sobre la formación profesional, 1962, así como el Convenio y la Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958;

Teniendo en cuenta que estos instrumentos deben ser considerados como parte integrante del un programa internacional más amplio de expansión económica basado en el pleno empleo, productivo y libremente elegido;

Habiendo decidido la adopción de diversas propuestas relativas a la política del empleo que se hallan incluidas en el octavo punto del orden del día de la reunión, y

Habiendo determinado que estas propuestas revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 9 de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, el siguiente Convenio, que padrá ser citado como el Convenio sobre la política del empleo, 1964:

Artículo 1

1.- Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económico, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productividad y libremente elegido.

2.- La política indicada deberá tender a garantizar:

a) Que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que busquen trabajo;

b) Que dicho trabajo será tan productivo como sea posible;

c) Que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este empleo esta formación y las facultades que posea, sin que se tengan en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión política, procedencia nacional u origen social.

3.- La indicada política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico, así cómo las relaciones existentes entre los objetivos del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y será aplicada por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales.

Artículo 2

Por los métodos indicados y en la medida en que lo permitan las condiciones del país, todo Miembro deberá:

a) Determinar y revisar regularmente las medidas que habrá de adoptar, como parte integrante de una política económica y social coordinada, para lograr los objetivos previstos en el artículo 1;

b) Tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación de tales medidas, incluyendo, si fuere necesario, la elaboración de programas.

Artículo 3

En la aplicación del presente Convenio se consultará a los representantes de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar y, en relación con la política del empleo, se consultará sobre todo a los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución.

Articulo 4

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 5

1.- Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2.- Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3.- Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 6

1.- Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2.- Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo. .

Artículo 7

1.- El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2.- Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 8

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artíulos precedentes.

Artículo 9

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 10

1.- En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 6, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) A partir de la fecha en que entré en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2.- Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 11

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Es copia fiel del original.

16.- INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE CREA EL COLEGIO DE TECNICOS AGRICOLAS.

Honorable Senado :

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, que crea el Colegio de Técnicos Agrícolas.

Cada vez adquieren mayor importancia las profesiones de tipo medio entendiéndose por éstas las carreras cortas, no universitarias y de carácter especializadoy, en especial, aquéllas relacionadas con la producción, como es el caso de la agricultura en sus diversas formas.

De acuerdo a los antecedentes que hemos dispuesto, hay en la actualidad alrededor de 3.500 egresados de planteles de enseñanza fiscal destinados a formar a los trabajadores agrícolas especializados.

En esta clase de enseñanza del Estado, se distinguen dos grupos de establecimientos. El primero, y más numeroso, depende de la Dirección General de Enseñanza Agrícola, Comercial y Técnica del Ministerio de Educación Pública. Entre éstas están las escuelas agrícolas de Ovalle, La Serena, Romeral, Molina, Contulmo, Manzanares, Panimávida, Quillón, Los Angeles y Coihaique. En el segundo grupo, cabe mencionar a la Escuela Práctica de Agricultura, anexa a la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile; y, además, a la Escuela Superior de Agricultura, de San Felipe, que desde 1961 otorga el título de Técnico Agrícola.

Por otra parte, y en virtud de la Ley Nº 12.446, de 26 de febrero de 1957,'modificada por la Ley Nº 14.037, de 27 de septiembre de 1960, se otorgó reconocimiento legal a los títulos de las Escuelas agrícolas de la enseñanza particular. Entre éstas debe señalarse a la Escuela Superior de Agricultura "Adolfo Matthei", dé Osorno.

En líneas generales, la enseñanza práctica de las disciplinas agropecuarias se divide en tres grados: el primero que requiere dos años de estudios y exige condición previa al ingreso del alumno tener cursados seis años de escuela primaria, para obtener el título de Auxiliar de Campo; el segundo grado dura tres años y termina con el título de Práctico Agrícola, y el tercero, que dura otros tres años, otorga el título de Técnico Agrícola. La Escuela Práctica de Agricultura de Santiago que, como hemos dicho, funciona anexa a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, cuenta también con cursos de perfeccionamiento profesional en determinadas especialidades de Arboricultura y Cultivo, Ganadería y Lechería, Viticultura y Vinificación.

Se han dictado, en los últimos años, numerosas leyes que han organizado en Colegios Profesionales a este tipo de actividades técnicas, con el objeto de velar por su correcto ejercicio y perfeccionamiento y, asimismo, para la protección de sus Colegiados. Estas corporaciones han representado un aporte efectivo al desenvolvimiento de las actividades de la producción. De ahí que tengan, hoy día, particular trascendencia en nuestro país.

La iniciativa en informe tiende precisamente a organizar en un Colegio a los trabajadores de la agricultura que han recibido determinada preparación técnica o práctica. No obstante, se ha estimado conveniente agrupar en esta clase de instituciones sólo a los Técnicos, Prácticos y Peritos Agrícolas, a fin de hacer posible la existencia, entre los colegiados, de un nivel homogéneo de capacitación.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó a idea de legislar sobre esta materia y, en seguida, procedió a discutir en particular el articulado del proyecto.

Sin modificaciones, se aprobaron las normas del Título I del proyecto, que crea una persona jurídica de derecho público denominada Colegio de Técnicos Agrícolas, cuyo objeto es velar por el perfeccionamiento, protección, prestigio y prerrogativas de la profesión, regular su correcto ejercicio y mantener la disciplina profesional.

El Título II se refiere a la organización y elección del Colegio y se deja expresamente establecido que formarán parte de él los Técnicos, Peritos y Prácticos Agrícolas que exhiban el respectivo título otorgado por un establecimiento fiscal de enseñanza agrícola de tipo medio o por planteles particulares, de esta misma clase de enseñanza, reconocidos por el Estado.

En cuanto a su estructura, se crea un Consejo Nacional, domiciliado en Santiago, y diversos Consejos Regionales, con sede en determinadas ciudades y con jurisdicción de las agrupaciones provinciales que se señalan en el artículo 4º.

Sin embargo, para lo dispuesto en los Títulos VI y VII que analizaremos más adelante formarán el Consejo Regional de la provincia de Santiago los cuatro miembros del Consejo Nacional elegidos en representación de dicha jurisdicción.

También se dan las reglas fundamentales para la elección de los Consejeros Nacionales y Regionales, y se deja entregado al Reglamento, como es lo habitual, lo referente a la forma y condiciones en que deberán llevarse a cabo estos actos; pero se establece, en forma expresa, el procedimiento de reclamaciones sobre las elecciones.

Se dieron por aprobados todos estos artículos, con enmiendas de mera redacción y ligeros cambios en las agrupaciones de provincias correspondientes a los Consejos Regionales. Asimismo, se acordó ampliar a 15 y 30 días los respectivos plazos fijados en el artículo 6º para las reclamaciones referentes a los actos eleccionarios.

En el Título III se expresa la composición del Consejo Nacional. Este estará integrado por quince miembros, de manera que cuatro de ellos sean designados por los colegiados de la jurisdicción de Santiago y once por las de los Consejos Regionales.

Se consignan también, tanto las autoridades que regirán el Consejo Nacional, como los requisitos que ellas deben reunir. Además, un sistema de inhabilidades e incompatibilidades, la duración de tales cargos, sus atribuciones y la forma de adoptar acuerdos.

A fin de dejar claramente establecido en el proyecto que formarán parte de este Colegio no sólo los Técnicos Agrícolas sino también las personas que tengan los títulos correspondientes a los grados de Práctico y Perito, se reemplazó en el artículo 7º la expresión "Técnicos Agrícolas" por otra que comprende expresamente a todos ellos. Similar resolución se adoptó, con el mismo objeto, en todos aquellos artículos en que se hace referencia sólo a los Técnicos Agrícolas.

Aparte una enmienda de redacción hecha al artículo 14, atinente a las facultades del Consejo Nacional, y una necesaria concordancia formulada al artículo 15, relativo a incompatibilidades entre los cargos de Consejeros Nacionales y Regionales, en razón de lo dispuesto en el inciso final del artículo 4° ya estudiado, vuestra Comisión prestó también su acuerdo a las disposiciones sobre esta materia.

A continuación, y con algunas enmiendas, de carácter formal, se aprobó el Título IV que estatuye los Consejos Regionales, integrados por siete miembros elegidos por los colegiados de las respectivas jurisdicciones.

Para ser miembros de dichos Consejos se señalan los mismos requisitos exigidos para Consejero Nacional, además, tener domicilio dentro de la correspondiente jurisdicción.

Asimismo, y en la medida en que les son aplicables, se han hecho extensivas a esta clase de autoridades las normas establecidas para el Consejo Nacional, y respecto de sus atribuciones, adaptadas a las modalidades propias de estos Consejos Regionales.

El Título V se refiere a las reuniones generales de los Consejos.

En primer término, se aprobó, sin enmiendas, el artículo 20, que dispone una reunión general ordinaria en la segunda quincena del mes de abril de cada año. En ella, cada Consejo deberá presentar una cuenta de su labor del año precedente y un balance de su estado económico. El balance del Consejo deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República.

Por el artículo 21, se establecen reuniones generales extraordinarias cuando lo acuerde el Consejo o lo solicita por escrito al Presidente, indicando su objeto, un número de colegiados no inferior al 20% de los inscritos en el respectivo Registro.

Se dio por aprobado también este artículo, con la sola modificación de rebajar al 10% el guarismo antes señalado.

Los restantes artículos de este Título agregan reglas sobre quórum y forma de practicar las citaciones respectivas, y fueron aprobados, en sus mismos términos, por la Comisión.

El Título VI trata del ejercicio de la profesión. De conformidad al artículo 24 que fue aprobado con dos enmiendas de forma, para tal efecto se requiere estar en posesión del Título de Técnico, Práctico o Perito Agrícola, concedido por la autoridad competente, estar inscrito en el Registro respectivo y encontrarse al día en el pago de la patente.

El artículo 25 consigna normas sobre reclamaciones que pudieran deducir los terceros que se sientan agraviados con las actuaciones profesionales de un colegiado, y su conocimiento se deja entregado al respectivo Consejo Regional. Para dar curso a estas reclamaciones éste exigirá un depósito previo por parte del interesado para responder el pago de la multa que podrá imponérsele si la solicitud es desechada. El monto de la multa será de Eº 5 a Eº 50, que regulará de aeuerdo a la gravedad de los antecedentes que se invoquen por el solicitante.

En seguida, este mismo artículo señala un procedimiento de apelación para el miembro del Colegio afectado por la reclamación y que, a consecuencia de ella, se le hubieran aplicado las sanciones de censura o suspensión del ejercicio profesional por un lapso no superior a seis meses.

La Comisión aprobó el inciso primero de esta disposición, pero elevó a un 2 y a un 50% de un sueldo vital mensual, las multas señaladas anteriormente.

Sin modificarlo sustancialmente, se le dio nueva redacción al inciso segundo de este artículo que expresa que el Consejo apreciará la prueba y fallará en conciencia, según lo dispuesto en la letra f) del artículo 19.

El artículo 26 dispone que las reclamaciones mencionadas anteriormente y los fallos ejecutoriados que sobre ellas recaigan no deberán ser publicadas sin acuerdo expreso del Consejo respectivo, y se señala, para el caso de contravención, una multa de Eº 5 a Eº 50, la que se aplicará sumariamente por el Juez de Letras de Mayor Cuantía del lugar en que se hiciere la publicación. Se indica, asimismo, que esta multa se duplicará en caso de reincidencia.

Vuestra Comisión estimó conveniente sustituir este artículo, para darle una forma más adecuada a su texto, aumentar las multas respectivas y determinarlas en proporción a un sueldo vital mensual, y sujetar el procedimiento judicial a las disposiciones sobre faltas establecidas en el Libro III del Código de Procedimiento Penal.

Por último, el artículo 27 de este Título estatuye la obligación de designar Técnicos Agrícolas habilitados para el ejercicio profesional, cuando se trate de nombramientos de empleados públicos, municipales, semifiscales y de organismos, corporaciones, o instituciones que dependan directa o indirectamente del Estado, para funciones propias de esta clase de Técnicos.

Esta disposición fue aprobada con el solo cambio de la expresión "Técnicos" por otra, comprensiva de todos los profesionales afectos a esta ley, por la razón señalada anteriormente.

Las medidas disciplinarias se encuentran contenidas en el Título VII, y ellas corresponden, en general, a las establecidas para otros Colegios Profesionales.

El artículo 28 enumera las medidas disciplinarias que podrán imponer los Consejos Regionales y da normas para su aplicación. Establece, además, un procedimiento de apelación para las resoluciones que apliquen las medidas de censura y suspensión del ejercicio profesional por un plazo no superior a seis meses. Respecto de esta última sanción, se exige el acuerdo de los dos tercios de I03 Consejeros en ejercicio.

Con modificaciones relativas a su concordancia con el resto del articulado del proyecto, se aprobó, asimismo, este precepto.

A continuación, y con un simple cambio de referencia, se aprobó el artículo 29 del proyecto, que dispone que el Consejo Nacional, al conocer de una reclamación, podrá cancelar el título a un colegiado, cuando concurran los votos de los dos tercios del total de sus miembros y motivos graves así lo aconsejen. Dicha resolución será apelable ante la Corte Suprema.

El artículo 30 precisa que los únicos motivos graves en que puede fundamentarse la cancelación del título profesional, son los siguientes: suspensión del inculpado a lo menos tres veces en el curso de cinco años y haber sido el inculpado condenado por algún delito incompatible con la dignidad profesional. Acerca de esta última causal se agrega que tendrán siempre esta calidad los delitos que merezcan pena aflictiva.

En primer término se introdujo al encabezamiento de este artículo una frase inicial para concordarlo con el inciso, primero del artículo anterior.

En seguida, se estimó conveniente eliminar la frase final de este artículo, que atribuía a los delitos sancionados con pena aflictiva el carácter de incompatibles con la dignidad profesional.

A continuación, suprimió también el artículo 31, que establecía, como efecto de la cancelación del título profesional, la vacancia del cargo o la terminación del contrato de trabajo, en su caso, del afectado, siempre en que la calidad de Técnico Agrícola fuere requisito para ocupar un empleo en una institución fiscal, semifiscal, municipal, de administración autónoma o particular.

Al adoptar este acuerdo, vuestra Comisión considero, fundamentalmente, que en los estatutos de las instituciones citadas ya se contienen normas sobre esta materia, dictadas en consideración a las características de tales servicios.

En virtud del artículo 32, se crea un procedimiento de recusación de los miembros de los Consejos, cuando éstos deban resolver alguna reclamación o aplicar medidas disciplinarias.

Vuestra Comisión, aunque compartió plenamente el propósito de establecer esta clase de garantías procesales, no juzgó procedente aprobar la causal relativa a la amistad o enemistad que pudiere tener alguno de los miembros del Consejo respectivo respecto de alguna de las partes.

El Título VIII. se refiere a las sanciones.

En el artículo 35, se estatuye que incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de Eº 2 a Eº 10 el Técnico Agrícola que ejerciere la profesión hallándose suspendido por resolución ejecutoriada de autoridad competente. Se agrega que, en caso de reincidencia, la pena se aumentará en un grado y la multa podrá duplicarse. Con igual pena, se sanciona al que use distintivos, placas, avisos, membretes o cualquier otro medio de propaganda para atribuirse la calidad de Técnico Agrícola, u ofrezca servicios o expida certificados sin estar en posesión del título correspondiente.

La Comisión acordó fijar las multas en un 10 y 20% de un sueldo vital mensual, respectivamente, y reemplazar las expresiones "Técnico Agrícola" por aquellas que ya se han indicado.

En seguida, se rechazó el artículo 36, que disponía la clusura provisional del local en que ejerciere sus actividades un colegiado que hubiere sido encargado reo por alguno de los delitos antes referidos. Esta medida debía decretarse con carácter definitivo si, aquél resultare condenado por sentencia ejecutoriada.

Entre otras consideraciones, no se estimó prudente aprobar dichas medidas porque podían dar lugar a situaciones en que ellas no se justificarían, como es el caso, por ejemplo, de que el afectado ejerciera, también, en su local, actividades distintas a las de Técnico, Práctico o Perito Agrícola o que lo hubiera arrendado con otras personas.

A continuación y sin enmiendas, se aprobó el Título referente al patrimonio del Colegio, el que se formará por el pago de los derechos de inscripción del Título profesional en el Registro General, por los derechos anuales que deberán pagar sus miembros y que se determinarán por los respectivos Consejos Regionales, y por los demás bienes que el Colegio adquiera, a cualquier título.

En la misma forma, se aprobó el artículo transitorio del proyecto, por el cual se establece una Comisión para organizar la elección de los Consejeros Nacionales y Regionales y la Constitución de los respectivos Consejos. Esta Comisión deberá realizar su cometido dentro del plazo de seis meses contado desde la vigencia de la presente ley, y estará integrada por un representante de la Dirección General de Educación Agrícola, Comercial y Técnica del Ministerio de Educación Pública, por el Director de la Escuela Práctica de Agricultura dependiente de la Universidad de Chile y por dos representantes de los planteles particulares de enseñanza agropecuaria, designados por el Ministerio de Educación.

Por último, y de conformidad con el Reglamento del Senado, el señor Presidente declaró inadmisible una indicación formulada por el Honorable Senador señor Contreras Labarca, para agregar diversas letras, nuevas, al artículo 5º de la ley Nº 12.851, de febrero de 1958, que creó el Colegio de Técnicos.

En mérito de las consideraciones expuestas, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo 3º

Reemplazar la expresión "de educación, legalmente" por las palabras "de enseñanza similar".

Artículo 4º

Sustituir el inciso primero por el siguiente:

"Artículo 4º.- El Colegio será dirigido por el Consejo Nacional, con domicilio en Santiago, y por los siguientes Consejos Regionales, que tendrán su sede en las ciudades que se señalan y ejercerán jurisdicción sobre las provincias que se indican:

1.- Antofagasta, sobre Tarapacá y Antofagasta;

2.- La Serena, sobre Atacama y Coquimbo;

3.- Valparaíso, sobre Valparaíso y Aconcagua;

4.- San Fernando, sobre O'Higgins, Colchagua y Curicó;

5.- Linares, sobre Talca, Linares y Maule;

6.- Chillán, sobre Nuble, Concepción y Arauco;

7.- Angol, sobre BíoBío y Malleco;

8.- Temuco, sobre Cautín y Valdivia;

9.- Osorno, sobre Osorno, Llanquihue y Chiloé; 10.Coihaique, sobre Aisén, y 11.Punta Arenas, sobre Magallanes.".

Artículo 6º

Sustituir las palabras "cinco" y "quince" por los vocablos "quince" y "treinta", respectivamente.

Artículo 7º

Sustituir los términos "técnicos agrícolas" por la palabra "colegiados".

Artículo 8º

Sustituir la referencia a la letra c) del artículo 37 por otra a la letra b) del artículo 35.

Artículo 14

En la letra a) suprimir la frase que sigue a la palabra "General", hasta el punto y coma (;), exclusive.

En la letra b), sustituir las palabras "técnicos agrícolas" por la expresión "miembros del Colegio".

Artículo 15

Sustituir el punto final por una coma (,), agregando a continuación la siguiente frase: "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 49".

Artículo 16

Reemplazar la expresión "técnicos agrícolas" por el vocablo "colegiados".

Artículo 19

Intercalar, en la letra a), luego de la palabra "Técnicos", lo siguiente: ", Peritos y Prácticos".

Sustituir la letra d) por la siguiente:

"d) Aplicar en única instancia la medida disciplinaria a que se refiere la letra a) del artículo 28, y en primera instancia las señaladas en las letras b) y c) de dicho precepto;".

En el primer inciso de la letra f), reemplazar las palabras "técnico agrícola" por "colegiado"; en el inciso segundo de ésta letra, agregar, como palabras iniciales, la expresión "Con todo,", colocando en minúscula la primera letra de la palabra "cuando".

Artículo 21

Sustituir "técnicos agrícolas" por "colegiados", y reemplazar el guarismo "20% por "10%".

Artículo 22

Sustituir las palabras "técnicos agrícolas" por el vocablo "colegiados".

Artículo 23

Reemplazar por una coma (,) el punto y coma (;) escrito luego de la palabra "extraordinaria".

Artículo 24

En el inciso primero, sustituir la expresión "de técnico agrícola" por una coma (,) anteponer la palabra "respectiva" al vocablo "profesión". En el inciso segundo, eliminar las palabras "técnicos agrícolas".

Artículo 25

En el inciso primero, sustituir los vocablos "técnico agrícola" por la palabra "colegiado", y reemplazar la expresión "Eº 5 a Eº 50" por la siguiente: "un dos a un cincuenta por ciento de un sueldo vital mensual, Escala A, del departamento de Santiago,".

Reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

"El Consejo apreciará la prueba y fallará en conciencia, según lo dispuesto en el artículo 19, letra f), oyendo al interesado.".

En el inciso tercero, reemplazar la expresión "técnico agrícola" por el vocablo "colegiado".

Artículo 26

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 26.- Se prohibe la publicación de la reclamación, y del fallo que sobre ella recaiga, sin acuerdo expreso del Consejo respectivo.

El que infringiere esta disposición será penado con una multa de medio a un sueldo vital mensual, Escala A. del departamento de Santiago, la que se impondrá conforme al procedimiento señalado en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal.".

Artículo 27

Intercalar, luego de la palabra "técnicos", lo siguiente: ", práctico o peritos".

Artículo 28

En el inciso primero, reemplazar la expresión "técnico agrícola" por el vocablo "colegiado".

En el inciso tercero, sustituir la palabra "Provincial" por "Regional".

Artículo 29

En el inciso primero, intercalar, a continuación de la palabra "técnico", la expresión ", práctico o perito".

En el inciso tercero, sustituir las palabras "técnico agrícola" por el vocablo "colegiado", y reemplazar la expresión "del Colegio" por "de la Orden".

Artículo 30

Reemplazar la palabra "Solamente" por la siguiente frase: "Para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo anterior, sólo".

En la letra b), eliminar la frase que sigue a la palabra "profesional", hasta el punto final, exclusive.

Artículo 31

Suprimirlo.

Artículo 32.

Pasa a ser artículo 31.

Sustituir el punto y coma (;) con que termina el Nº 3 por la expresión ", y".

Suprimir el Nº 4º. El Nº 5º pasa a ser 4º, sin modificaciones.

Sustituir en su inciso tercero la expresión "técnicos agrícolas" por "colegiados".

Artículo 33.

Pasa a ser artículo 32, con la sola modificación de eliminar las palabras "técnico agrícola".

Artículo 34.

Pasa a ser artículo 33, sin modificaciones.

Artículo 35.

Pasa a ser artículo 34.

En el inciso primero, reemplazar los vocablos "técnico agrícola" por la expresión "miembro del Colegio", y sustituir la expresión "Eº 2 a

Eº 10" por la siguiente: "un diez a un veinte por ciento de un sueldo vital mensual, Escala A, del departamento de Santiago".

En el inciso segundo, intercalar, a continuación de la palabra "técnico", lo siguiente: ", práctico o perito".

Artículo 36.- Suprimirlo.

Artículo 37.- Pasa a ser artículo 35, sin modificaciones.

Agregar, a continuación, el siguiente epígrafe nuevo: "Artículo transitorio.".

Artículo transitorio. Pasa a denominarse "Artículo único".

Con las modificaciones señaladas, el proyecto aprobado, queda como sigue:

Proyecto de ley:

"TITULO I.

De su constitución y finalidades.

Artículo 1°.- Créase una institución con personalidad jurídica denominada "Colegio de Técnicos Agrícolas", que se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios de los respectivos Consejos Regionales.

Artículo 2º.- El Colegio de Técnicos Agrícolas tiene por objeto velar por el perfeccionamiento, prestigio y. prerrogativas de la profesión de técnico agrícola y por su regular y correcto ejercicio, mantener la disciplina profesional y prestarle protección.

TITULO II.

De la organización y elección

Artículo 3º.- Formarán parte del Colegio de Técnicos Agrícolas, los técnicos, peritos y prácticos agrícolas que exhiban el respectivo título, otorgado por un establecimiento fiscal de enseñanza agrícola de tipo medio

o por planteles particulares de enseñanza similar reconocidos por el Estado.

Artículo 4º.- El Colegio será dirigido por el Consejo Nacional, con domicilio en Santiago, y por los siguientes Consejos Regionales, que tendrán su sede en las ciudades que se señalan y ejercerán jurisdicción sobre las provincias que se indican:

1.- Antofagasta, sobre Tarapacá y Antofagasta;

2.- La Serena, sobre Atacama y Coquimbo;

3.- Valparaíso, sobre Valparaíso y Aconcagua;

4.- San Fernando, sobre O'Higgins, Colchagua y Curicó;

5.- Linares, sobre Talca, Linares y Maule;

6.- Chillán, sobre Ñuble, Concepción y Arauco;

7.- Angol, sobre BíoBío y Malleco;

8.- Temuco, sobre Cautín y Valdivia;

9.- Osorno, sobre Osorno, Llanquihue y Chiloé;

10.- Coihaique, sobre Aisény

11.- Punta Arenas, sobre Magallanes.

En Santiago, el Consejo Nacional hará las veces de Consejo Regional para esta provincia. Sin embargo, respecto de lo dispuesto en los Títulos VI y VII de la presente ley, harán las veces de Consejo Regional de Santiago, los cuatro miembros del Consejo Nacional elegidos por la jurisdicción de Santiago.

Artículo 5º.- Las elecciones de Consejeros Nacionales y Regionales deberán efectuarse dentro de los primeros quince días del mes de mayo del año que corresponda, en la forma que establezca el Reglamento.

Artículo 6º.-En caso de presentar reclamación respecto del acto eleccionario, ésta deberá formularse por escrito, dentro de los quince días siguientes a la elección, ante el Consejo Nacional, el que resolverá sobre ella en única instancia dentro del plazo de treinta días contado desde la recepción del reclamo. Si el reclamante o el afectado fueran miembros del Consejo : Nacional, estarán inhabilitados para integrarlo hasta que éste resuelva sobre ella.

TITULO III.

Del Consejo Nacional.

Artículo 7º.- El Consejo Nacional estará compuesto de quince miembros, elegidos por votación directa de los colegiados en ejercicio, domiciliados en cada uno de los Consejos Regionales. De éstos, cuatro serán designados por los colegiados de la jurisdicción de Santiago.

Artículo 8º.- Para ser miembro del Consejo Nacional se requiere:

Estar inscrito en el Registro del Colegio, con cinco años de antigüedad, a lo menos;

No haber sido objeto de medida disciplinaria ejecutoriada dentro de los últimos cinco años anteriores a la elección;

Estar al día en el pago de los derechos a que se refiere la letra b) del artículo 35, y

No haber sido condenado ni estar encargado reo por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.

Artículo 9º.- Los miembros del Consejo Nacional durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos.

Los cargos de Consejeros serán servidos gratuitamente.

Artículo 10.- No podrán ser simultáneamente miembros de un mismo Consejo los cónyuges, los parientes consanguíneos o afines en la línea recta, ni los colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive.

Artículo 11.- El Consejo Nacional, en su primera reunión, elegirá de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero.

Artículo 12.- Para todos los efectos que digan relación con las disposiciones de la presente ley, el Secretario del Consejo tendrá el carácter de Ministro de Fe.

Artículo 13.- El Consejo Nacional sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros.

Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría, salvo los casos en que, por disposiciones de la presente ley, se requiera otra mayoría.

Artículo 14.- Son atribuciones del Consejo Nacional:

a) Ordenar la inscripción en el Colegio y llevar el Registro General;

b) Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión y por su regular y correcto ejercicio; mantener la disciplina profesional; prestar protección a los miembros del Colegio, imponer preceptos de ética profesional y perseguir el ejercicio ilegal de la profesión;

c) Crear y mantener publicaciones de interés profesional;

d) Conocer en primera instancia y segunda instancia de los asuntos a que se refieren los artículos 28, letras b) y c), y 29 respectivamente;

e) Administrar y disponer de los bienes del Colegio. Para enajenar y gravar los bienes raíces, se requerirá el acuerdo adoptado en sesión especial citada al efecto, con el voto conforme de los tercios de sus miembros en ejercicio;

f) Formar el presupuesto den entradas y gastos del Consejo Nacional ; fijar los aportes a los Consejos Regionales y aprobar los respectivos presupuestos que éstos presenten;

g) Supervigilar el funcionamiento de los Consejos Regionales;

h) Dictar normas relativas al ejercicio profesional y absolver las consultas técnicas que los colegiados le formulen;

i) Crear cursos de capacitación y perfeccionamiento técnico profesional ;

j) Representar legalmente al Colegio de Técnicos Agrícolas, pero la representación en juicio corresponderá al Presidente;

k) Otorgar premios y recursos especiales para estimular el perfeccionamiento profesional;

I) Dictar el arancel profesional, con acuerdo de los dos tercios de sus miembros y aprobación del Presidente de la República.

El arancel regirá a falta de estipulación de las partes.

m) Sugerir las reformas que fuere necesario introducir en los planes de estudio de la enseñanza Técnico-Agrícola;

n) Mantener y estrechar las relaciones con las instituciones congéneres nacionales o extranjeras y organizar convenciones, jornadas o congresos;

ñ) Designar miembros honorarios y miembros correspondientes del Colegio, y

o) Organizar, con arreglo al Reglamento, instituciones de ahorro, de asistencia y protección de los colegiados.

El Consejo Nacional podrá formar, con acuerdo de los dos tercios de sus miembros, un fondo especial para cumplir cualesquiera de las finalidades contenidas en este artículo.

El Consejo Nacional podrá formar, con acuerdo de los dos tercios de sus miembros, un fondo especial para cumplir cualesquiera de las finalidades contenidas en este artículo.

Artículo 15.Los cargos de Consejeros Nacionales y Regionales son incompatibles entre sí, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 4º.

TITULO IV.

De los Consejos Regionales.

Artículos 16.- Los Consejos Regionales serán elegidos por los colegiados inscritos en la jurisdicción respectiva y estarán compuestos de siete miembros.

Artículo 17.- Para ser miembro de los Consejos Regionales se requieren las mismas exigencias establecidas en el artículo 8º, para ser Consejero Nacional y, además, tener domicilio en la jurisdicción respectiva.

Artículo 18.- Serán aplicables a los Consejos Regionales las disposiciones contenidas en los artículos 9º, 10, 11, 12 y 13, para el Consejo Nacional.

Artículo 19.- Son obligaciones y atribuciones de los Consejos Regionales:

Llevar el Registro de los Técnicos, Peritos y Prácticos Agrícolas en ejercicio, dentro de los respectivos distritos jurisdiccionales;

Las indicadas para el Consejo Nacional en las letras b),c),i),k), m) y n) del artículo 14;

Absolver las consultas técnicas que los colegiados le formulen;

Aplicar en única instancia la. medida disciplinaria a que se refiere la letra a) del artículo 28, y en primera instancia las señaladas en las letras b) y c) de dicho precepto;

Formar el presupuesto de entradas y gastos con sujeción a los aportes que anualmente le fije el Consejo Nacional;

Resolver en única instancia de las cuestiones de honorarios que se susciten entre el colegiado y su cliente, cuando éste o ambos lo soliciten. En tales casos, el Consejo designará, conforme al turno que él mismo fije, a uno de sus miembros para la tramitación, el cual procederá como arbitrador. Para dictar fallo, el quórum será la mayoría absoluta de sus miembros. La copia autorizada del fallo tendrá mérito ejecutivo.

Con todo, cuando la cuantía del honorario que se discute excediere de Eº 100, la resolución será apelable, dentro del quinto día de notificada, para ante el Consejo Nacional y

g) Dar cuenta por escrito de la labor desarrollada durante el año y presentar al Consejo Nacional el balance para su aprobación.

TITULO V

De las reuniones generales ordinarias y extraordinarias

Artículo 20.- Habrá reunión general ordinaria en la segunda quincena del mes de abril de cada año. En ella el Consejo presentará una memoria de su labor durante el año precedente y un balance de su estado económico.

El balance del Consejo Nacional será sometido a la aprobación de la Contraloría General de la República.

Artículo 21.- Habrá reunión general extraordinaria cuando lo acuerde el Consejo o lo pida por escrito al Presidente, indicando su objeto, un número de colegiados que represente, a lo' menos, el 10% de los inscritos en el Registro respectivo. En ella sólo podrá tratarse de los asuntos incluidos en la convocatoria.

Artículo 22.- En toda reunión general el quórum será el 20% a lo menos de los colegiados inscritos. No habiendo quórum para una sesión ordinaria, se citará para dentro de los quince días siguientes, a una reunión que se celebrará con los que concurran.

Artículo 23.- La citación se hará por medio de tres avisos publicados en un diario de la ciudad asiento del Consejo, con indicación del día y lugar en que debe verificarse la reunión y su objeto, si fuere extraordinaria, y, además, por carta dirigida a los miembros del Colegio, al domicilio que hayan fijado en el Registro.

El primer aviso será publicado y las cartas enviadas, a lo menos, con cinco días de anticipación al designado para la reunión.

TITULO VI.

Del ejercicio de la profesión.

Artículo 24.- Para ejercer la respectiva profesión, es menester estar en posesión del título de técnico, práctico o perito agrícola, otorgado por la autoridad competente, estar inscrito en el Registro Especial de la jurisdicción de su domicilio y hallarse al día en el pago de la patente.

Las Municipalidades otorgarán patente para el ejercicio de la profesión sólo a aquellos que acrediten estar inscritos en el Colegio.

Artículo 25.- Los que se creyeren perjudicados con los procedimientos profesionales de un colegiado, podrán recurrir al respectivo Consejo Regional, el cual en conocimiento de los antecedentes acompañados a la reclamación, exigirá como requisito previo para darle curso, un depósito a su orden, por la suma que estimare prudente, para responder al pago de la multa que deberá imponer si la reclamación es desechada, a menos que, por la mayoría de los dos tercios, acuerde no aplicarla. Esta multa será de un dos a un cincuenta por ciento de un sueldo vital mensual, Escala A, del departamento de Santiago, y se regulará habida consideración a la gravedad de los antecedentes.

El Consejo apreciará la prueba y fallará en conciencia, según lo dispuesto en el artículo 19, letra f), oyendo al interesado.

Si como consecuencia de la reglamación se aplicaren sanciones a un colegiado podrá éste apelar ante el Consejo Nacional en los casos de las letras b) y c) del artículo 28, de acuerdo con el procedimiento señalado en el mismo artículo.

Artículo 26.- Se prohibe la publicación de la reclamación, y del fallo que sobre ella recaiga, sin acuerdo expreso del Consejo respectivo.

El que infringiere esta disposición será penado con una multa de medio a un sueldo vital mensual, Escala A, del departamento de Santiago. la que se impondrá conforme al procedimiento señalado en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 27.- Los nombramientos de empleados públicos, municipales, semifiscales, de empresas, corporaciones, instituciones u organismos que dependan directa o indirectamente del Estado y que deban desempeñar funciones propias de técnicos, prácticos y peritos agrícolas, sólo podrán recaer en personas que cumplan con todos los requisitos exigidos por la presente ley para el ejercicio profesional.

TITULO VII

De las medidas disciplinarias

Artículo 28.- Sin perjuicio de las facultades que corresponden a los Tribunales de Justicia y autoridades competentes, los Consejos Regionales, dentro del territorio de su respectiva jurisdicción, podrá imponer al colegiado que en el ejercicio profesional incurra en cualquier acto desdoroso para la profesión, abusivo de su ejercicio o incompatible con la dignidad y cultura profesionales, algunas de las sanciones que se indican a continuación:

a) Amonestación;

b) Censura, y

c) Suspensión del ejercicio profesional por un plazo no superior a seis meses.

Las medidas disciplinarias que se apliquen, deberán comunicarse al interesado por el Presidente y el Secretario del respectivo Consejo, en carta certificada que se expedirá, a más tardar, al día siguiente hábil al de tomarse la medida.

La resolución del Consejo Regional que imponga alguna de las medidas disciplinarias contenidas en las letras b) y c)., es apelable en ambos efectos, dentro del plazo de quince días hábiles contado desde la fecha de la notificación ante el Consejo General, quien resolverá en el plazo de treinta días, con audiencia del inculpado, y dejando testimonio escrito de su defensa. La apelación podrá ser interpuesta aún por telégrafo.

La sanción a que se refiere la letra c), sólo podrá ser acordada por los dos tercios de los Consejeros en ejercicio.

Ejecutoriado el acuerdo que impone suspensión, se comunicará a las autoridades correspondientes para su cumplimiento.

Artículo 29.- El Consejo Nacional, conociendo de una reclamación a requerimiento del Consejo Regional o de oficio, podrá cancelar el título a un técnico, práctico o perito agrícola, siempre que concurran con sus votos los dos tercios del total de sus miembros y que motivos graves lo aconsejen.

La resolución será apelable ante la Corte Suprema, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación. Este Tribunal, constituido en pleno, deberá pronunciarse sobre ella dentro del plazo de 30 días.

Confirmada la resolución por este Tribunal, el colegiado será eliminado de los Registros de la Orden, se publicará la cancelación en el Diario Oficial y se comunicará esta determinación a cada uno de los Consejos Regionales del país y a las autoridades correspondientes, para su cumplimiento.

Artículo 30.Para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo anterior, sólo se considerará motivos graves:

a) Suspensión del inculpado a lo menos tres veces en el curso de cinco años, y

b) Haber sido el inculpado condenado por sentencia ejecutoriada por algún delito que, a juicio de los dos tercios de los miembros del Consejo, sea incompatible con la dignidad profesional.

Artículo 31.- Cualesquiera de las partes podrá impugnar la composición de los Consejos cuando éstos hayan de resolver alguna reclamación o sobre aplicación de medidas disciplinarias, con el fin de que dejen de intervenir en el conocimiento y fallo del asunto, aquellos membros que se encuentren en alguno de los casos siguientes:

1º.- Ser ascendiente o descendiente legítimo, padre o hijo natural o adoptivo de alguna de las partes, o estar ligado con ellas por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado inclusive;

2º.- Ser socio de alguna de las partes, o sus acreedores o deudores, o tener de alguna manera análoga dependencia o preeminencia sobre dicha parte;

3º. -Tener interés directo o indirecto en la materia de que se trata, y

4º.- Haber emtido opinión sobre el asunto.

Conocerá de la impugnación un Tribunal compuesto por tres miembros del Consejo Nacional, elegidos por sorteo, con exclusión de los afectados, en su caso.

Si, aceptadas las impugnaciones, el Consejo queda sin número para funcionar, se integrará, sólo para estos efectos, hasta su totalidad, por colegiados elegidos por sorteo de entre los que tengan los requisitos necesarios para ser Consejeros, siempre que no estén comprendidos en alguna de las causales señaladas en los incisos anteriores.

Para el vento de que, con la aplicación de las disposiciones precedentes, quedare algún Consejo Regional en la imposibilidad de conocer algún asunto por falta de quórum necesario, lo reemplazará el Consejo Nacional.

Artículo 32.- Antes de aplicar cualquiera medida disciplinaria, los Consejos deberán oír, verbalmente o por escrito, al inculpado, citándolo al efecto con cinco días de anticipación, a lo menos, por medio de una carta certificada dirigida a su domicilio. Si el domicilio estuviere fuera del asiento del Consejo respectivo, el plazo para la comparecencia se ampliará a quince días.

Transcurrido el plazo indicado, procederá el Consejo, comparezca o no el citado, salvo que en este último caso concurra causa legítima de excusa, calificada por el Consejo.

Artículo 33.- Las facultades que se conceden a los Consejos por los artículos 28 y siguientes, no podrán ser ejercitadas después de transcurrido un año contado desde que se ejecutaron los actos que se trata de juzgar, o de ejecutoriado el fallo criminal, en su caso.

TITULO VIII

De loa sanciones.

Artículo 34.- El miembro del Colegio que ejerciere la profesión hallándose suspendido por resolución ejecutoriada de autoridad competente, incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de un diez a un veinte por ciento de un sueldo vital mensual, Escala A, del departamento de Santiago. En caso de reincidencia la pena se aumentará en un grado y la multa podrá duplicarse.

Aquel que use distintivos, planchas, avisos, membretes o cualquier otro medio de propaganda, mediante el cual se atribuya la calidad de técnico, práctico o perito agrícola u ofrezca servicios de tal o expida certificado sin tener título, incurrirá en la pena señalada en el inciso anterior.

TITULO IX.

Del patrimonio.

Artículo 35.- El patrimonio del Colegio se formará:

a) Por el pago de los derechos de inscripción del título profesional en el Registro General, según el arancel que se fijará anualmente;

b) Por los derechos anuales que deberán pagar sus miembros, y que serán determinados por los respectivos Consejos Regionales, y

c) Por los demás bienes que adquiera a cualquier título.

Artículo transitorio.

Artículo único.- Una Comisión compuesta por: un representante de la Dirección General de Enseñanza Agrícola, Comercial y Técnica, del Ministerio de Agricultura; el Director de la Escuela Práctica de Agricultura, dependiente de la Universidad de Chile y dos representantes de los establecimientos particulares de enseñanza agropecuaria, designados por el Ministerio de Educación Pública, deberá, dentro del término de seis meses contado desde la vigencia de la presente ley, organizar la elección de Consejeros Nacionales y Regionales y la constitución de los respectivos Consejos.".

Sala de la Comisión, a 2 de septiembre de 1968.

Acordado en sesión de 28 de agosto del presente año, con asistencia de los Honorables Senadores señores Chadwick (Presidente), Contreras Labarca, Juliet y Musalem.

(Fdo.) : José Luis Lagos López, Secretario.

17.- INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES AGUIRRE, CONTRERAS TAPIA Y AMPUERO, QUE OTORGA BENEFICIOS A EMPLEADOS Y OBREROS DE ASMAR.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional tiene a honra entregaros su informe al proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Aguirre, Contreras Tapia y Ampuero, que concede beneficios a empleados y obreros de ASMAR.

ASMAR (Astilleros y Maestranzas de la Armada) fue creada en 1960, sobre la base de los Arsenales de la Marina, sus diques, varaderos y maestranzas, como una empresa del Estado, de administración autónoma, para reparar, carenar y construir las unidades de la Armada y prestar servicio a naves nacionales y extranjeras.

La condición especial de ASMAR, que no obtiene utilidades cuando sirve a la Armada, ha representado un retroceso para sus empleados y obreros, que perdieron parte de los beneficios de que gozaban. Sus quinquenios, en algunos casos, fueron integrados a los jornales que se les asignaron de acuerdo a una nueva escala y denominación que fue fijada, y los jornales se han distanciado de las remuneraciones que reciben trabajadores de especialidades análogas en otras ramas de la industria.

Advertida hace algún tiempo esta situación, se confió en que se trataba de problemas transitorios que podrían ser remediados tan pronto como la empresa obtuviera utilidades. Pero esto no ha ocurrido.

El proyecto en informe autoriza al Presidente de la República para disponer de los recursos indispensables para recuperar al personal de ASMAR en los últimos cuatro meses de este año, ateniéndose así, en este término, a la norma general que beneficiará a las Fuerzas Armadas.

El Honorable señor Gormaz expresó que, aun cuando estaba de acuerdo con el proyecto, se le representaban algunas dudas con respecto a su financiamiento, además que podría requerir patrocinio del Ejecutivo. Por todo ello, a su juicio, debería ser estudiado también por la Comisión de Hacienda.

El Honorable Senador señor Ampuero, Presidente de vuestra Comisión, repuso que se trata sólo de una autorización al Presidente de la República y no de un gasto obligatorio, por lo que podría o no utilizar los fondos del presupuesto fiscal.

En las esferas del Ejecutivo, Su Señoría conversó sobre el punto con los dos últimos Ministros de Defensa y con el Director de ASMAR, encontrando un asentimiento al principio de justicia de la petición. El señor Senador estima que esta es la forma más elástica de resolver el problema porque en definitiva quedará resuelto por la intervención de las autoridades de ASMAR y las providencias que el Ejecutivo adopte para disponer de los fondos.

El señor Subsecretario de Marina expresó que este problema fue estudiado por la Junta de Vigilancia de ASMAR y que son cuatro los aspectos que agrupa este mejoramiento. La petición la estima justa, porque en los últimos años el personal de ASMAR ha sufrido un deterioro en sus remuneraciones. Agregó que cuando tuvo ocasión de acompañar a la directiva de los obreros de ASMAR a una entrevista con Su Excelencia el Presidente de la República, en febrero de este año, éste les manifestó que, si contaba con los recursos, no tendría inconveniente en proporcionárselos.

El Honorable Senador señor Gormaz reiteró su acuerdo con el proyecto, pero insistió en que sería conveniente saber si existía un financiamiento adecuado, que no lo hiciera ilusorio, como estaba, por lo que pedía fuera estudiado por la Comisión de Hacienda.

El Honorable Senador señor Ampuero replicó que, aunque personalmente no tiene dudas, podría aceptar que es discutible la falta de patrocinio constitucional de una ley que, como en este caso, no implica gastos obligatorios, sino que autoriza al Presidente de la República para hacer un gasto determinado cuando esas disponibilidades existan; pero, en tal evento, a su juicio, sería la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento a que tendría que opinar, aunque personalmente es contrario a la consulta. La Comisión de Hacienda no tiene incumbencia en este caso, según su parecer, porque de lo que se trata es de saber si va a haber excedentes de los ingresos del presupuesto de este año para aplicarlos a esta finalidad, y eso es algo que conoce el Ejecutivo mucho mejor que la Comisión de Hacienda.

El Honorable Senador señor Gormaz manifestó que, estando de acuerdo con el proyecto, no lo votaría en contra, sino que se abstendría, por las razones ya dadas.

Cerrado el debate, vuestra Comisión, por dos votos a favor y una abstención, acordó proponeros la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Autorízase al Presidente de la República para ordenar que, en el plazo de treinta días, se ponga a disposición de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) la suma de un millón seiscientos mil escudos con el objeto de financiar el pago de asignación de vivienda, gratificación por años de servicio y el reencasillamiento de los empleados y obreros de la industria, de conformidad a los estudios realizados por la Dirección de la Empresa y los trabajadores, a contar del 1º de septiembre de 1968.

Anualmente, y mientras la industria no obtenga las utilidades suficientes para solventar los beneficios a que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la República queda autorizado para efectuar los aportes de fondos necesarios.".

Sala de la Comisión, a 21 de agosto de 1968.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ampuero (Presidente), Aguirre y Gormaz.

(Fdo.): Luis Valencia Avaria, Secretario.

18.- INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE FACULTA A LA CORPORACION DE LA VIVIENDA PARA TRANSFERIR GRATUITAMENTE AL FISCO LA POBLACION NAVOTAVO.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Obras Públicas ha estudiado el proyecto de ley, originado en la Honorable Cámara de Diputados, e iniciado por el Presidente de la República, que transfiere diversos terrenos y casas habitaciones de la ciudad de San Carlos a sus actuales ocupantes.

Los artículos 1º y 2º se refieren a la Población Navotavo. Se autoriza a la Corporación de la Vivienda para transferir al Fisco el terreno que ocupa la mencionada Población de emergencia y se dispone que el Presidente de la República concederá título gratuito de dominio, tanto por los mencionados terrenos como por las viviendas que construyó en ellos, a las personas que actualmente los ocupan. Asimismo, se establece una prohibición para enajenar por cinco años para los beneficiarios.

La mencionada Población fue construida por el Fisco en terrenos de la Corporación de la Vivienda como solución de emergencia a los daños provocados por las inundaciones ocurridas en el año 1953.

El referido conjunto de emergencia está formado por 12 casas, que fueron asignadas a personas de escasísimos recursos.

El artículo 3º faculta al Presidente de la República para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes las viviendas y sitios de la Población "Baldomero Silva", fijándose como fecha de vigencia de esta norma a aquella en que se perfeccione la donación al Fisco de los terrenos respectivos.

La referida Población está construida en terrenos de propiedad particular, que fueron ocupados con motivo de los fuertes temporales que afectaron a San Carlos hace dos años. Las construcciones se efectuaron sin conocimiento del dueño del bien raíz. Este ofreció donarlo al Fisco, pero por haber fallecido no ha podido perfeccionarse dicho acto jurídico. En la actualidad su sucesión ha hecho igual ofrecimiento.

Los antecedentes relativos a este artículo fueron expuestos por el Diputado César Fuentes.

El artículo 4º faculta al Presidente de la República y a la Municipalidad de San Carlos para transferir determinados terrenos y pabellones, respectivamente, que se construyeron con motivo del terremoto del año 1939 en la ciudad de San Carlos, a sus actuales ocupantes.

El artículo 5° exime al Fisco de la obligación de urbanización de los terrenos que el proyecto autoriza transferir.

El artículo 6º autoriza a la Municipalidad de San Carlos para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes los terrenos de la Población "Corralones Municipales".

La mencionada Población fue construida por personas de escasos recursos y con la autorización de la citada Municipalidad, en terrenos de ésta que formaban parte de los antiguos basurales de la localidad.

Por último, el artículo 7º faculta a la Corporación de Servicios Habitacionales para que en casos calificados y por razones de orden social, declare de erradicación poblaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en las leyes generales.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó en general el proyecto, debido a que soluciona problemas habitacionales que afectan a personas de escasos recursos que habitan construcciones de emergencia. Además, tuvo en especial consideración, al adoptar dicho acuerdo, la redacción de las disposiciones de la iniciativa en informe, ya que ellas no obligan sino sólo autorizan al Fisco y demás instituciones propietarias para transferir los terrenos y viviendas.

En la discusión particular, los artículos 1°, 2º, 4º, 5º y 6º fueron aprobados sin debate.

Respecto del artículo 3º, vuestra Comisión solicitó información a la Municipalidad de San Carlos, Corporación que no dio respuesta a dicha petición.

En consecuencia, se acordó dejar expresa constancia que se hacía fe de los antecedentes verbales proporcionados por el Diputado señor César Fuentes.

Por otra parte, se acordó suprimir la frase final de este artículo, que condiciona su vigencia al perfeccionamiento de la donación de los terrenos al Fisco, por estimarla innecesaria ya que es obvio que el precepto no se podrá aplicar antes que se perfeccione el mencionado acto jurídico.

El artículo 7º fue rechazado por unanimidad, porque la disposición en él contenida significa entregar a un servicio del Estado una facultad no reglada, cuando existen disposiciones legales que regulan el ejercicio de tal atribución.

En seguida, vuestra Comisión estudió y aprobó dos indicaciones por unanimidad.

La primera de ellas, del Honorable Senador señor Chadwick, autoriza a la Corporación de la Vivienda y a la Corporación de Servicios Habitacionales para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes los terrenos y viviendas de la Población de Emergencia "Esperanza" ubicada en la ciudad de Ovalle.

Se trata de una Población de emergencia, construida por el Fisco con cargo al 2% constitucional para casos de catástrofe, en la cual se ubicó a modestas personas damnificadas por aluviones en el año 1965.

La segunda indicación, del Honorable Senador señor Pablo, faculta a la Corporación de Servicios Habitacionales para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes los terrenos y viviendas de la Población de Emergencia denominada "Pabellones CORVI", de la ciudad de San Carlos, construida con motivo del sismo del año 1960.

Por las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Obras Públicas tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto en informe con las siguientes modificaciones:

Artículo 3º

Suprimir la frase final que dice: ''Esta disposición regirá desde que se perfeccione la donación al Fisco de los terrenos respectivos.".

Artículo 5º

Pasa a ser artículo 8º, modificado en la forma que se indicará en su oportunidad.

Artículo 6º

Pasa a ser artículo 5º.

Suprimir la frase final que dice: "En el otorgamiento de los títulos de dominio la Municipalidad no estará obligada a cumplir las leyes sobre urbanización o loteamiento de terrenos.".

Artículo 7º Suprimirlo.

A continuación, agregar los siguientes artículos nuevos: "Artículo 6°.- Autorízase a la Corporación de Servicios HabitacíonaJes para que pueda transferir gratuitamente el dominio de las viviendas y terrenos de la Población de Emergencia denominada "Pabellones CORVI", construida en el sector sudponiente de la ciudad de San Carlos con motivo de los sismos de 1960.".

Artículo 7º.- Autorízase a las Corporaciones de la Vivienda y de Servicios Habitacionales para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes los terrenos y viviendas de la Población de Emergencia denominada "Población Esperanza", de la ciudad de Ovalle. Los mencionados terrenos están inscritos a fojas 589, bajo el número 591, del Registro de Propiedad de Ovalle, de 1966; corresponden al potrero "La Carmelitana Número Uno", y sus deslindes son: al Norte, en línea BC de doscientos treinta y dos metros cincuenta centímetros aproximadamente, con propiedad de la Sociedad Jiménez, Bitrán, Mundaca y Compañía Limitada;

al Sur, en línea AH de doscientos treinta y seis metros aproximadamente, con Población Canihuante; al Oriente, en línea ED de seis metros aproximadamente con antiguo camino a La Serena, anterior camino al Olivo y otros puntos; en línea DE de treinta y siete metros aproximadamente, con Población Canihuante; en línea FG de cuarenta y un metros cincuenta centímetros aproximadamente, con Población Canihuante; y en línea GH de cuarenta y siete metros aproximadamente, con Población Canihuante; al Poniente, en línea AB de doscientos cincuenta y seis metros aproximadamente con propiedad de doña María Pizarro viuda de Muñoz, callejón particular de por medio.

En seguida, agregar como artículo 8º el artículo 5°.

Intercalar después de "y Colonización,", lo siguiente: "la Municipalidad de San Carlos, la Corporación de la Vivienda y la Corporación de Servicios Habitacionales," y colocar en plural la frase "no estará obligado".

Con las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Autorízase a la Corporación de la Vivienda para transferir al Fisco, a título gratuito, el dominio del terreno ocupado por la población de emergencia denominada "Navotavo", ubicado en la ciudad de San Carlos, comuna y departamento del mismo nombre, provincia de Ñuble, de una superficie de 1.487 metros cuadrados y cuyos deslindes son: al Norte, calle J. del Pino, en 52,10 metros; al Sur Oriente, calle Diagonal Navotavo, en 78,80 metros; y al Poniente, con propiedad particular en 56 metros; inscrito en mayor superficie a favor de la tradente a fs. 36 vta. número 65 del Registro de Propiedades del año 1949 del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos. La transferencia del predio al 'Fisco se efectuará sin mayor trámite.

Artículo 2º.- El Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Tierras y Colonización, concederá título gratuito de dominio a aquellas personas que a la fecha de publicación de la presente ley se encontraren ocupando viviendas en la mencionada población. Se incluirá en dicho título el terreno y las viviendas que el Fisco construyó en dicha población.

Los beneficiarios no podrán vender dichos terrenos o viviendas sino después de transcurridos cinco años de su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces a nombre de ellos.

Artículo 3°.- Se faculta al Presidente de la República para que, por intermedio del Ministerio de Tierras y Colonización, transfiera a título gratuito el dominio, en favor de sus actuales ocupantes, de las viviendas y sitios de la población "Baldomero Silva", de la ciudad de San Carlos.

Artículo 4º.- Facúltase al Presidente de la República para que, por intermedio del Ministerio de Tierras y Colonización, transfiera gratuita

mente a sus actuales ocupantes el dominio de los terrenos que están ubicados en la ciudad de San Carlos entre las calles Serrano, Brasil, Gazmuri y General Lagos, y cuyo dominio se encuentra inscrito a nombre del Fisco a fojas 543, bajo el número 833 del Registro de Propiedades de 1937 del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos.

Se faculta también a la Municipalidad de San Carlos para transferir gratuitamente a las mismas personas el dominio de los respectivos pabellones levantados sobre esos terrenos y que fueron construidos con motivo del terremoto del año 1939.

Artículo 5°Se faculta a la Municipalidad de San Cario para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad en que está ubicada la población Corralones Municipales.

Artículo 6º.- Autorízase a la Corporación de Servicios Habitacionales para que pueda transferir gratuitamente el dominio de las viviendas y terrenos de la Población de Emergencia denominada "Pabellones CORVI", construida en el sector sudponiente de la ciudad de San Carlos con motivo de los sismos de 1960.

Artículo 7º.- Autorízase a las Corporaciones de la Vivienda y de Servicios Habitacionales para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes los terrenos y viviendas de la Población de Emergencia denominada "Población Esperanza", de la ciudad de Ovalle. Los mencionados terrenos están inscritos a fojas 589, bajo el número 591, del Registro de Propiedad de Ovalle, de 1966; corresponden al potrero "La Carmelitana Número Uno", y sus deslindes son: al Norte, en línea BC de doscientos treinta y dos mestros cincuenta centímetros aproximadamente, con propiedad de la Sociedad Jiménez Bitrán, Mundaca y Compañía Limitada; al Sur, en línea AH de doscientos treinta y seis metros aproximadamente, con Población Canihuante; al Oriente, en línea ED de seis metros aproximadamente con antiguo camino a La Serena, anterior camino al Olivo y otros puntos; en línea DE de treinta y siete metros aproximadamente, con Población Canihuante; en línea FG de cuarenta y un metros cincuenta centímetros aproximadamente, con Población Canihuante; y en línea GH de cuarenta y siete metros aproximadamente, con Población Canihuante; y al Poniente, en linea AB de doscientos cincuenta y seis metros aproximadamente con propiedad de doña María Pizarro viuda de Muñoz, callejón particular de por medio.

Artículo 8º.- El Ministerio de Tierras y Colonización, la Municipalidad de San Carlos, la Corporación de la Vivienda y la Corporación de Servicios Habitacionales, en el otorgamiento de estos títulos de dominio, no estarán obligados a cumplir las leyes sobre urbanización o loteamiento de terrenos."

Sala de la Comisión, a 29 de agosto de 1968.

Aprobado en sesión del día de ayer, con asistencia de sus miembros Honorables Senadores señores Curtí (Presidente), Chadwick, González Madariaga y Reyes.

(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.

19.- INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR JARAMILLO, QUE OTORGA DERECHOS A REJUBILAR A LOS EX PARLAMENTARIOS QUE HAYAN PRESTADO SERVICIOS EN EL EXTRANJERO.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Jaramillo, que otorga derecho a rejubilar a los ex parlamentarios que hayan prestado servicios en el extranjero.

A la sesión en que se trató esta materia asistieron, además de sus miembros, los señores Carlos Briones, Superintendente de Seguridad Social; Raúl Herrera, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, y Alberto Bronfman, abogado del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Expresa el autor, en la parte expositiva de su moción:

"En nuestra vida democrática, no es extraño que sean llamadas a servir en el exterior personas que han desempeñado el cargo de parlamentario. Tal designación revela un reconocimiento a cualidades personales, pero también envuelve una seria responsabilidad en el cumplimiento de la delicada misión, que siempre interesa a la Nación toda.

"Sin embargo, tan honrosa distinción generalmente sólo se estima como de beneficio particular para el designado, sin considerar los esfuerzos muchas veces económicosque ella implica.

"Creo, pues, de estricta justicia reconocer esos servicios, asimilándolos a la misma situación que existe cuando el parlamentario vuelve a desempeñar este cargo de representación popular, caso en el cual, al término de su mandato, se le computa el nuevo tiempo servido y tiene derecho a reliquidar su pensión de jubilación, dentro de los límites y con los requisitos que exige la legislación vigente."

En el seno de vuestra Comisión, el Honorable Senador señor Jaramillo reiteró los conceptos transcritos y agregó que su iniciativa sólo otorga una mera facultad para acogerse a los beneficios de la rejubilación, porque no siempre el ex parlamentario tendrá interés en rejubilar computando los servicios prestados en el extranjero. Sostuvo que su iniciativa, además de ser justa, representa un muy bajo costo, puesto que en la actualidad no pasan de diez las personas que serían favorecidas con la disposición que propone.

El Honorable Senador señor Foncea declaró estar de acuerdo con la idea, por cuanto se refiere a personas que tienen derecho a rejubilar y a quienes el proyecto en informe sólo posibilita el reconocimiento de servicios efectivamente prestados para rejubilar como parlamentario. Por eso y con el propósito de dar a la norma carácter permanente, formuló indicación para que no puedan rejubilar únicamente los actuales ex parlamentarios, sino también los que en el futuro sean designados para desempeñar algún cargo diplomático.

Asimismo, en atención a las observaciones formuladas por los señores Carlos Briones y Raúl Herrera, formuló indicación para incómpatibiiizar las pensiones de rejubilación de ex parlamentarios a que se refiere esta iniciativa con cualquiera otra, pudiendo el interesado optar por una de ellas.

El proyecto y las indicaciones fueron aprobados con los votos de los señores Foncea y Jaramillo y la abstención de la señora Campusan.

En cambio, con los votos de los señores Foncea y Jaramillo y la oposición de la señora Campusano, fue rechazada, por no disponer de mayores antecedentes, una indicación del Honorable Senador señor Contreras Labarca que establecía un nuevo plazo de 90 días para acogerse a los beneficios de la ley Nº 16.421, que autoriza a los secretarios de congrégales para reconocer el tiempo servido a honorarios con anterioridad al 21 de mayo de 1961.

En mérito de las razones expuestas, vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene a honra recomendaros la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Facúltase a los ex parlamentarios que, después de obtener su jubilación, hayan prestado servicios en el extranjero, para acogerse, dentro del plazo de 30 días contado desde la publicación de la presente ley o desde que cesen en el desempeño d sus cargos, a los beneficios de la rejubílación de acuerdo a lo dispuesto en las leyes Nºs. 11.745, 12.566, 13.044, 14113. 16.250 y 16.433, según corresponda.

Las pensiones que se obtengan en virtud de la presente ley serán incompatibles con cualquiera otra; no obstante, los interesados podrán optar por la pensión que estimen de mayor conveniencia.

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1968.

Acordado en sesión de fecha 28 de agosto ppdo., con asistencia de los Honorables Senadores señora Campusano (Presidente), y señores Foncea y Jaramillo.

(Fdo.) : Rodemil Torres Vásquez, Secretario.

20.- INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES FONCEA, MUSALEM, NOEM1 Y REYES, QUE AMPLIA EL BENEFICIO DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Foncea, Musalem, Noemi y Reyes, que amplía el beneficio de Subsidio por enfermedad, establecido en los artículos 27 de la ley Nº 10.383 y 17 de la ley N° 16.781 para los obreros imponentes del Servicio de Seguro Social y para los empleados particulares, respectivamente.

A las sesiones en que se estudió esta iniciativa asistieron, aparte de sus miembros, el Honorable Senador señor Musalem; la señorita Mercedes Ezquerra, Directora del Servicio de Seguro Social, y los señores Carlos Briones, Superintendente de Seguridad Social; Raúl Herrera, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, y Alberto Bronfman, abogado del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En general, el subsidio por enfermedad es la cantidad de dinero que el Servicio Nacional de Salud, el Servicio Médico Nacional de Empleados o las respectivas Cajas de Previsión Social pagan a los imponentes activos a partir del cuarto día de licencia por enfermedad.

El artículo 27 de la ley Nº 10.383 establece en favor de los afiliados al Servicio de Seguro Social que, "si el asegurado estuviere incapacitado para trabajar por enfermedad o accidente que no sea del trabajo, por un tiempo superior a tres días, recibirá un subsidio de enfermedad que será igual, por cada día que exceda de tres, al promedio del salario diario sobre el cual haya impuesto en los últimos seis meses calendario.".

Por su parte, el artículo 17 de la ley N° 16.781, que otorga asistencia médica y dental a los imponentes activos y jubilados de los organismos que señala, dispone que el Servicio Médico Nacional de Empleados pagará a sus afiliados empleados particulares, que estuvieren incapacitados para trabajar por enfermedad, por un tiempo superior a tres días, un subsidio equivalente al 85% del promedio del sueldo imponible de los últimos seis meses calendario, durante todo el período en que se encuentren acogidos a licencia por enfermedad no comprendida en la ley sobre reposo preventivo y mientras dicha enfermedad no sea declarada irrecuperable.

Los obreros imponentes del Servicio de Seguro Social y los empleados particulares gozan, pues, de subsidio por enfermedad a partir del cuarto día y no perciben, por tanto, ingreso alguno durante los tres días precedentes, en razón a que ni el patrón o empleador está obligado al pago de las remuneraciones, ni tampoco las respectivas Cajas de Previsión a conceder el beneficio por esos tres días.

La carencia del derecho durante los tres primeros días de enfermedad es una norma de legislación internacional y constituye lo que la doctrina llama "pequeño riesgo", que es de cargo del trabajador y que se justifica por la necesidad de controlar el correcto ejercicio de este beneficio de la seguridad social.

Sin embargo, la norma anterior no se aplica en nuestro país a los empleados públicos regidos por el Estatuto Administrativo, por cuanto el artículo 94 del D.F.L. Nº 338, de 1960, les concede derecho a gozar del total de sus remuneraciones desde el primer día de enfermedad.

Y, a pesar de lo dispuesto por la legislación vigente para los obreros y empleados particulares, muchos de ellos han logrado en la práctica, a través de convenios colectivos, que sus patrones o empleadores acepten la obligación de pagar, con sus recursos, los tres primeros días que se ausentan del servicio por enfermedad. Además, en el hecho, existen también algunas organizaciones sindicales que, mediante cuotas de los trabajadores, financian el subsidio de los tres primeros días de enfermedad.

La situación planteada motiva la gran diferenciación que en materia de subsidios existe entre los trabajadores del sector privado.

De allí que la iniciativa en informe, inspirada en el deseo de nivelar a los trabajadores en el goce de este beneficio, les concede derecho a percibir su salario, sueldo o remuneración habitual por el período de hasta tres días de ausencia del trabajo por enfermedad, debidamente justificada, que no se encuentre cubierto por los subsidios establecidos en los artículos 27 de la ley Nº 10.383 y 17 de la ley Nº 16.781, e impone la responsabilidad de su pago al respectivo patrón o empleador.

El señor Musalem manifestó que, a su juicio, el otorgamiento de este beneficio representa un imperativo de justicia social, pues no se justifica la falta de ingresos durante los tres primeros días de enfermedad ni la diferencia que en su goce actualmente existe entre los trabajadores, del sector privado. Asimismo, juzgó preferible que el pago del beneficio sea de cargo patronal, porque de esta manera se obtiene un adecuado control en su otorgamiento y se impide gravar aún más a los empleadores con imposiciones previsionales.

El señor Allende expresó que concuerda con el contenido social del proyecto en informe; pero que, en su opinión, no debería ser de cargo del patrón o empleador el pago de los tres primeros días de subsidio, por cuanto considera inconveniente colocar al trabajador frente a quien otorga el beneficio, ya que cualquier incumplimiento o demora en concederlo puede producir graves problemas en las relaciones laborales de estos sectores. Por eso, es partidario de que el subsidio se pague por un organismo independiente, ajeno a toda intervención patronal directa, como un beneficio propio de la seguridad social.

No obstante encontrar justo el pago del subsidio a partir del primer día de enfermedad, anotó que la implantación de este sistema podría originar abusos similares a los que en la actualidad se observan en el sector de empleados públicos regidos por el Estatuto Administrativo, en lo referente a la excesiva frecuencia con que se acude a los servicios médicos para certificar una dolencia pasajera y gozar de este beneficio, anormalidad que produce un recargo exagerado de las consultas médicas y un ausentismo del servicio, muchas veces injustificado.

En atención a estas observaciones, concluyó declarando que le parecía más aceptable, previos los estudios de costo y financiamiento, que el beneficio se pague desde el primer día de enfermedad por una institución de la seguridad social, pero sólo a aquellos trabajadores que tengan derecho a percibirlo a partir del cuarto día de licencia médica.

El señor Foncea sostuvo que, en su concepto, el beneficio debe concederse a los empleados y obreros que aún no han obtenido derecho a subsidio de enfermedad desde el primer día en virtud de contratos colectivos, y que, en todo caso, únicamente debe otorgarse cuando el trabajador se enferma por un lapso superior a tres días.

La señora Campusano estuvo de acuerdo en dictar una norma de carácter general que imponga a los patrones y empleadores la misma obligación de pagar el subsidio por los tres primeros días de enfermedad que muchos de ellos ya tienen por convenios directos con sus trabajadores. Sin embargo, en atención a los abusos a que podría dar margen la implantación del sistema propuesto, declaró que también encontraba aceptable conceder el beneficio desde el primer día sólo cuando el trabajador tuviere derecho a subsidio a partir del cuarto día de licencia médica por enfermedad.

El señor Ahumada dijo que, en principio, concordaba con la idea de otorgar el subsidio por enfermedad a partir del primer día; pero que, para decidir acerca de su establecimiento, era imprescindible resolver previamente el delicado problema de la incidencia económica que tiene para el empleador o patrón y para las instituciones de previsión, según sea' quien se responsabilice del pago. Señaló que al imponerse el beneficio con cargo al empleador o patrón se recargaría aún más el elevado porcentaje que a título de imposiciones hacen en la actualidad a las respectivas Cajas de Previsión, que asciende al 57 y 48% de los sueldos y salarios, respectivamente; y que, si se otorga el subsidio con cargo a los actuales recursos de los institutos previsionales, se crearía de inmediato un grave desfinanciamiento de los fondos disponibles.

El señor Briones expuso que en materia de subsidios, al igual que en cualquiera otra relativa a beneficios de seguridad social, es aconsejable que prime la uniformidad de criterios respecto de todos los trabajadores, sin distinción alguna. Observó que lamentablemente en este sentido existe en nuestro país una notable desigualdad; puesto que en el sector público el subsidio se paga desde el primer día de enfermedad y en el sector privado hay un grupo de empleados y obreros que ha obtenido igual beneficio por convenios colectivos y otro, que constituye la mayoría de los trabajadores, que no goza de subsidio sino a partir del cuarto día de enfermedad, de acuerdo a la legislación vigente.

Estimó que, en efecto, la norma aplicable al sector público origina en la práctica abusos de parte de los funcionarios, pues basta la certificación médica de simples malestares para percibir el subsidio, con lo que se recarga considerablemente el número de consultas y se provoca un perjudicial ausentismo del servicio, que atenta contra el buen rendimiento de la administración pública.

Para impedir los inconvenientes señalados, nuestra legislación únicamente concede derecho a subsidio a partir del cuarto día de enfermedad. De modo que cualquiera modificación de este sistema requiere de un estudio cuidadoso de sus repercusiones y consecuencias.

Desde luego, anotó que el sistema basado en la responsabilidad patronal, como lo establece el proyecto de ley en informe, si bien constituye una forma de aseguramiento, técnicamente ya no es aceptado por la moderna tendencia que da al subsidio el carácter de un beneficio inherente a la seguridad social, liberando al empleador de la responsabilidad de su pago con el integro de una imposición y cambiando la relación trabajador empleador por la de trabajador institución de seguridad social. Con todo, de aceptarse este criterio y a fin de evitar los inconvenientes anotados, fue de opinión de conceder el subsidio desde el primer día de enfermedad sólo en el caso de que el trabajador perciba este beneficio a partir del cuarto día.

En seguida, señaló que el sistema basado en la responsabilidad del Estado, a través de los organismos de seguridad social, ofrece las tres alternativas siguientes:

1ª Conceder el subsidio a partir del cuarto día de enfermedad;

2ª Concederlo desde el primer día de enfermedad, y

3ª Concederlo desde el primer día de enfermedad pero sólo a los subsidiados con más de tres días de licencia.

Como se dijo, la primera alternativa se contempla en el artículo 27 de la ley Nº 10.383, para los imponentes del Servicio de Seguro Social y en el artículo 17 de la ley Nº 16.781, para los empleados particulares.

Su costo actual es de Eº 63.000.000 para los obreros y de Eº 18.245.000 para los empleados.

El costo del beneficio para los obreros se financia, según la letra b) del artículo 59 de la citada ley Nº 10.383, con el 4,5% de cargo del Servicio de Seguro Social, más el 5,5% de aporte estatal, recursos que son destinados a atención médica, subsidios y auxilios de lactancia y entregados al Servicio Nacional de Salud. De conformidad con el artículo 27 de la misma ley, del monto del subsidio se descuenta el 15% para el pago de imposiciones y, si el asegurado estuviere hospitalizado, un 15% más para cubrir el gasto de su alimentación en el hospital.

El costo del beneficio para los empleados se financia, de acuerdo con el artículo 22 de la ley Nº 16.781, con una imposición adicional de cargo del empleador, del 1% de las remuneraciones por las cuales se cotizan imposiciones en la respectiva institución de previsión social. Los fondos recaudados por este concepto son íntegramente aportados al Servicio Médico Nacional de Empleados para destinarlos exclusivamente al pago de los subsidios. Además, conforme al artículo 10 del Decreto Supremo Nº 528, de 2 de agosto de 1968, el beneficiario de subsidio por enfermedad aporta para el integro de sus imposiciones, con cargo al subsidio, el 5% de su monto, que se descuenta al pagársele el beneficio, y el Servicio Médico Nacional de Empleados aporta, con cargo al Fondo Especial de Subsidios, el 10% del monto de los subsidios que pague a los imponentes de cada Caja.

La segunda alternativa representa un costo de Eº 69.440.000 para los obreros y de Eº 21.438.000 para los empleados, es decir, un costo adicional de Eº 6.440.000 y de Eº 3.139.000 sobre el costo actual, respectivamente.

La tercera alternativa tiene un costo de Eº 67.830.000 para los obreros y de Eº 19.613.00 para los empleados, o sea, un costo adicional de Eº 4.830.000 y de Eº 1.368.000 sobre el costo actual, respectivamente.

Fundado en estos antecedentes, el señor Briones terminó manifestando que para legislar en cualquiera de los sentidos que ofrecen las dos últimas alternativas es necesario encontrar la forma de financiar el costo de cada una de ellas, porque el mayor gasto que implican es imposible absorber con los actuales recursos disponibles.

Con los votos de los Honorables Senadores señores Foncea y Jaramillo y la oposición de la Honorable Senadora señora Campusano, vuestra Comisión acordó no modificar, por ahora, la actual legislación sobre subsidios de enfermedad, en vista de que acaba de ser establecida en favor de los empleados particulares por la ley Nº 16.781, de 2 de mayo del presente año, y de los inconvenientes hechos valer para adoptar alguna de las soluciones posibles, principalmente el serio problema de la incidencia económica que causaría su financiamiento. Por estas razones, tiene a honra recomendaros que rechacéis en general el proyecto de ley en informe.

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1968.

Acordado en sesiones de fechas 21 y 28 de agosto ppdo., con asistencia de los Honorables Senadores señora Campusano (Presidente) y señores Ahumada, Allende y Foncea, y señora Campusano (Presidente) y señores Ahumada, Foncea y Jaramillo, respectivamente.

(Fdo.) : Rodemil Torres Vásquez, Secretario.

21.- MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR JULIET, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

"Honorable Senado:

La ley Nº 16.696, de 2 de noviembre de 1967, autorizó a la Ilustre Municipalidad de Hualañé para contratar empréstitos hasta por la suma de Eº 30.000, con el objeto de extender el servicio de alumbrado público de la comuna, destinando para el pago de los mismos el rendimiento de la tasa parcial del uno por mil sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna.

Sin embargo, como hasta la fecha no ha podido obtenerse préstamo alguno del Banco del Estado, pese a que con el reavalúo automático de los bienes raíces ha aumentado la capacidad de pago del referido Municipio, y han variado las necesidades locales, se hace conveniente la modificación del cuerpo legal aludido a fin de que, mediante la inversión directa por la propia Corporación, autorizada por su artículo 49, se lleven a cabo las obras que con más urgencia se requieren en este momento, y pueden financiarse directamente, sin empréstitos.

En virtud de las consideraciones precedentes tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.Introdúcense a la ley Nº 16.696 las siguientes modificaciones :

Sustituyese, en la letra c) de su artículo 1°, el guarismo "30.000" por "40.000".

Sustituyese, en su artículo 2º, la expresión "Extensión del servicio de alumbrado público . . . 30.000", que se encuentra bajo el epígrafe "Municipalidad de Hualañé", por las siguientes:

"1) Transformación y ampliaciones del edificio munici

pal Eº 8.000

"2) Adquisición de mobiliario e implementos de oficina,

como máquinas de escribir y calculadoras 12.000

"3) Construcción de un Mercado Municipl . 10.000

"4) Construcción de un Gimnasio Municipal 10.000 .

Total Eº 40.000".".

(Fdo.) : Raúl Juliet Gómez.

22.- MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA CARRERA Y SEÑORES AGUIRRE, CONTRERAS LABARCA, JARAMILLO Y MU SALEM, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CREA EL COLEGIO DE ADMINISTRADORES PUBLICOS DE CHILE.

Honorable Senado:

En 1954 la Universidad de Chile estimó necesario, dada la complejidad creciente del servicio público y la especialización laboral, crear, por Decreto de Educación Nº 3.388 de 12 de julio, una escuela universitaria, la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, destinada a formar a los Administradores Públicos, profesionales especialmente preparados para servir con alto grado de eficiencia en los niveles medio y superior de la administración pública.

El poder legislativo reconoció esta necesidad y señaló en la Ley Nº 11.764 de 27 de diciembre del mismo año que:

"a fin de propender al perfeccionmiento y probidad de la función pública, las leyes y reglamentos orgánicos que en un futuro se dicten, establecerán para la provisión de los cargos de especialidad en la administración pública civil, la exigencia de que el postulante esté en posesión del correspondiente título profesional o técnico expedido por la Universidad de Chile a los egresados de la Escuela o del Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas de su dependencia o de las Escuelas o Institutos afines que establezcan las Universidades particulares de acuerdo con el estatuto orgánico de la Enseñanza Superior."

Lo dispuesto en el citado artículo se materializó en parte a través de diversos cuerpos legales, tales como el Estatuto Administrativo vigente y las Leyes Orgánicas que al crear y reestructurar servicios públicos han incorporado en sus plantas a los egresados de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas.

Es interesante destacar que ya en 1957 la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con la colaboración de la 7ª, 8ª y 9ª Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, clasificación la profesión de Administrador Público y describieron sus funciones en la siguiente forma:

"Gran Grupo 1

Administradores, Gerentes y Directores

10 Administradores y funcionarios ejecutivos de la Administración pública.

101 Administradores y funcionarios ejecutivos.

Los trabajadores de este grupo unitario toman decisiones relativas a la política del Gobierno o participan en su elaboración y velan por la aplicación de la legislación y de los reglamentos administrativos públicos. Sus funciones comprenden la presidencia o la dirección de una unidad o de un departamento de la administración nacional, provincial o local, o la participación, como miembro, en las actividades de uno de estos organismos; las consultas con los jefes políticos del Gobierno y los departamentos del Estado en lo que respecta a las cuestiones de política que requieren decisión o definición; la adopción de decisiones propias si así está previsto por orden superior; la aplicación de la política del Gobierno, bien sea tal como ha sido prescrita o haciendo uso de facultades discrecionales."

Sin embargo, la protección jurídica ofrecida a los administradores públicos por el estatuto administrativo y otras leyes en lo que respecta al ingreso al servicio público como también en la posterior calificación de la idoneidad funcionaría ha resultado, al cabo de algunos años, notoriamente insuficiente, puesto que en el ejercicio de su profesión los Administradores Públicos han superado los márgenes de la legislación actual.

Estos hechos, unidos a las necesidades de la administración estatal, las exigencias derivadas de su función profesional, posición y responsabilidad en la sociedad, como también la rápida evolución de las ciencias políticas y administrativas, motivó la fundación de la Asociación Profesional de Administradores Públicos, por Escritura Pública de fecha 25 de octubre de 1965, aprobada por Decreto de Justicia N"? 347 del 31 de Marzo de 1967, como institución de derecho privado, a la que pertenecen todos aquellos que, con el título universitario de Administrador Público otorgado por la Universidad de Chile o por otras Universidades reconocidas por el Estado, hayan manifestado su voluntad de someterse a sus estatutos y reglamentos.

No obstante que esta Asociación ha servido para cumplir una función gremial, no dispone de los recursos legales, ni reviste las condiciones necesarias para asegurar el perfeccionamiento profesional, ni menos velar eficientemente por la idoneidad ética de sus miembros.

Por las razones expuestas venimos en someteR a la consideración del Honorable Senado el siguiente:

Proyecto de ley

TITULO I.

Del Colegio de Administradores Públicos de Chile.

Artículo 1°.- Créase la institución denominada "Colegio de Administradores Públicos de Chile", con personalidad jurídica, que se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Su sede será la ciudad de Santiago.

Artículo 2º.- La finalidad del Colegio de Administradores Públicos de Chile es el perfeccionamiento, la protección económica y social y la supervigilancia de la profesión de Administrador Público.

Artículo 3º.- El Colegio será regido por un Consejo General residente en Santiago y por los Consejos Regionales que establezca el Presidente de la República a petición del Consejo General.

Artículo 4º.- El Colegio estará integrado por todos los Administradores Públicos.

Artículo 5º.- El patrimonio del Colegio se formará:

a) Con las cuotas ordinarias, extraordinarias y especiales de sus miembros;

b) Con las multas que se apliquen de acuerdo con la presente ley; y

c) Con los demás bienes que se adquiera a cualquier título.

TITULO II.

Del Consejo General.

Artículo 6º.- La representación judicial y extrajudicial del Colegio corresponderá al Consejo General, que tendrá la supervigilancia de los Consejos Regionales y de los Administradores Públicos de toda la República.

Artículo 7°.- El Consejo General estará compuesto por trece miembros, elegidos por los Consejos Regionales en la forma que establezca el Reglamento.

Artículo 8º.- Los Consejeros durarán dos años en sus cargos, podrán ser reelegidos y serán servidos gratuitamente.

Artículo 9º.- Para ser elegido Consejero se requiere:

a) Estar inscrito en los registros del Colegio;

b) No haber sido condenado por crimen o simple delito de acción pública, ni estar procesados por estos mismos delitos que merezcan pena aflictiva.

Artículo 10.- El cargo de Consejero General será incompatible con el de Consejero Regional.

Artículo 11.Si se produjere alguna vacante, asumirá como Consejero el Administrador PúbliCo que hubiere obtenido la más alta votación en la elección precedente, pero si rechazare el cargo o no lo hubiere, el

Consejo elegirá al colegiado que deba ocupar el cargo por el tiempo que faltare para completar el período correspondiente.

Artículo 12.- El Consejo, en su primera reunión, elegirá de entre sus miembros un presidente y un vicepresidente y nombrará de entre las personas extrañas a él, un Secretario y un Tesorero y los demás empleados necesarios y fijará sus remuneraciones.

En los asuntos en que el Colegio o alguno de sus miembros deba intervenir en conformidad con las disposiciones de esta ley, actuará como Ministro de Fe el Secretario del Consejo.

Artículo 13.- El Consejo sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio y los acuerdos se adoptarán por simple mayoría, salvo disposición expresa en contrario.

Artículo 14.- Son atribuciones del Consejo General:

a) Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión y por su regular y correcto ejercicio; mantener la disciplina profesional; prestar protección a los Administradores Públicos e imponer los precepl tos de la ética profesional;

b) Velar por las condiciones de trabajo y económicas de los servicios públicos o particulares, en lo que diga relación con el trabajo de los colegiados que en ellos prestan sus servicios;

c) Administrar los bienes del Colegio;

d) Fijar el monto de las cuotas ordinarias que deben pagar los colegiados, de las extraordinarias que sea necesario establecer en todo el país y de las especiales para fines determinados;

e) Aprobar anualmente el presupuesto de entradas y gastos del Consejo General y de los Consejos Regionales;

f) Promover estudios e investigaciones de materias relativas a la profesión ;

g) Llevar el registro de los colegiados;

h) Intervenir, en representación de los Administradores Públicos, en los conflictos que puedan presentarse entre estos y las instituciones en que presten servicios.

i) Representar legalmente al Colegio. El Consejo será representado por su Presidente o quien haga sus veces;

j) Organizar, con arreglo al Reglamento, instituciones de ahorro, asistencia y previsión;

k) Conocer en segunda instancia de la aplicación de medidas disciplinarias por los Consejos Regionales, sin perjuicio de poder aplicar por sí mismo las sanciones que establece esta ley;

1) Supervigilar al funcionamiento de los Consejos Regionales.

TITULO III.

De los Consejos Regionales.

Artículo 15.- El Presidente de la República, al crear los Consejos Regionales, determinará sus jurisdicciones, de manera que el conjunto de éstas deba abarcar la totalidad del territorio nacional.

Artículo 16.- Los Consejos Regionales estarán compuestos de siete miembros.

Artículo 17.- Para ser miembro de un Consejo Regional se requieren las condiciones exigidas en el artículo 9º y, además, tener domicilio en la jurisdicción del respectivo Consejo.

Artículo 18.- Los miembros de los Consejos Regionales serán elegidos en votación directa, en la forma que establezca el Reglamento, por los colegiados inscritos en los registros de la jurisdicción respectiva. Durarán dos años en sus cargos y podrán ser reelegidos. Sus funciones serán servidas gratuitamente.

Artículo 19.- Serán aplicables a los Consejos Regionales las disposiciones de los artículos 11, 12 y 13 de la presente ley.

Artículo 20.- Son obligaciones y atribuciones de los Consejos Regionales:

a) Elegir a los Consejeros Generales en la forma que establezca el Reglamento;

b) Las indicadas para el Consejo General, en cuanto le sean aplicables, dentro del territorio de su respectiva jurisdicción, con excepción de las señaladas en las letras d), k) y 1) del artículo 14; y

c) Percibir las cuotas ordinarias, extraordinarias y especiales que deberán pagar los colegiados. De estas corresponderá al Consejo General la parte que determine el Reglamento.

TITULO IV.

De las Asambleas Regionales.

Artículo 21.- Habrá asamblea ordinaria de los colegiados en el curso del mes de abril de cada año. En ella, el Consejo presentará una memoria de su labor durante el año precedente y un balance de su estado económico.

En estas asambleas los Administradores Públicos podrán proponer a la consideración del Consejo las medidas que estimaren convenientes para el prestigo de la orden y el ejercicio de la profesión.

Artículo 22.- Habrá asamblea extraordinaria cuando así lo acuerde el respectivo Consejo o lo soliciten por escrito al Presidente, indicando su objeto, un número de colegiados que representen al 10% de los inscritos en el Registro respectivo.

Artículo 23.- En toda asamblea el quórum será del 20%, a lo menos, de los colegiados. Si no hay quórum, la asamblea se celebrará al día siguiente, a la misma hora, con los que concurran, debiendo ello expresarse en la misma citación.

Artículo 24.- La citación se hará por medio de tres avisos publicados en un diario de la ciudad asiento del Consejo Regional respectivo, con indicación del día, lugar y hora en que deba verificarse la asamblea y su objeto, si fuera extraordinaria.

El primer aviso será publicado, a lo menos, con diez días de anticipación al día en que se deba celebrar la asamblea.

TITULO V.

Del Ejercicio de la Profesión.

Artículo 25.- Para ejercer la profesión de Administrador Público se requiere estar en posesión del título profesional correspondiente, otorgado por la Universidad de Chile o por otra Universidad reconocida por el Estado, estar inscrito en el registro de los Administradores Públicos del Consejo Regional en cuya jurisdicción resida y estar al día en el pago de las cuotas ordinarias.

Artículo 26.- Las personas que se creyeren perjudicadas con la acción profesional de un Administrador Público, podrán recurrir a su respectivo Consejo, el cual apreciará privadamente y en conciencia el motivo de la queja, previa audiencia del reclamante y del colegiado.

Artículo 27.- El Consejo, en conocimiento de la reclamación, exigirá como requisito previo para darle curso un depósito a su orden por la cuantía que estimare prudente para responder al pago de la multa que deberá imponer si la reclamación fuere desechada, a menos que, por la mayoría de los dos tercios acuerde no exigirlo por razones fundadas. Esta multa será de hasta un tercio de un sueldo vital mensual, escala A, del Departamento de Santiago y se requerirá habida consideración de la gravedad de los antecedentes.

Artículo 28.- Estas reclamaciones, conjuntamente con la decisión que sobre ellas recaiga, no podrán ser publicadas sin acuerdo expreso del Consejo. Si se publicaren sin esta autorización el infractor incurrirá en una multa de hasta un sueldo vital mensual, escala A, del Departamento de Santiago, que aplicará sumariamente al responsable el Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil del lugar en que se hiciera la publicación. Esta se duplicará en caso de reincidencia.

TITULO VI.

De las Medidas Disciplinarias.

Artículo 29.- Sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad administrativa y a los Tribunales de Justicia, los Consejos Regionales, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán imponer, de oficio y a petición de parte, al colegiado que incurra en cualquier acto deshonroso para la profesión, abusivo de su ejercicio o incompatible con la dignidad y cultura profesionales, las sanciones que se indican:

a) amonestación;

b) censura;

c) multa de hasta dos sueldos vitales mensuales, escala A, del Departamento de Santiago;

d) suspensión del ejercicio de la profesión por un plazo no superior a seis meses.

En caso de reincidencia podrá suspenderse al colegiado en el ejercicio de su profesión hasta por un año.

Artículo 30.- El Consejo General podrá, de oficio o a petición de parte, acordar, con el voto de los dos tercios de sus miembros, la cancelación del título siempre que motivos graves lo aconsejen.

Declarada la cancelación, el Administrador Público será eliminado del registro de la orden y la sentencia será comunicada a cada uno de los Consejos Regionales y a las autoridades correspondientes para su cumplimiento.

Sólo se considerarán motivos graves los siguientes: a) haber sido suspendido el profesional inculpado a lo menos dos veces; b) haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 231 y 232 del Código Penal y en el Título 9º del Libro II del mismo Código en los artículos 313 y 318, 342 y 353.

Artículo 31.- Toda sentencia será inmediatamente notificada a los interesados, remitiéndoles copia íntegra y autorizada del fallo por carta certificada que se dirigirá a sus domicilios.

Artículo 32.- Los interesados podrán apelar de las resoluciones de un Consejo Regional dentro del plazo de treinta días, contado desde el envío de la notificación respectiva.

La apelación podrá presentarse ante el Consejo Regional o directamente, aún por telégrafo, ante el Consejo General.

La sanción a que se refiere la letra d) sólo podrá ser acordada por la mayoría absoluta de los consejeros en ejerccio. Ejecutoriada una medida disciplinaria de suspensión, será comunicada a la autoridad correspondiente para su cumplimiento.

Mientras se resuelve la apelación quedarán suspendidos los efectos de la medida adoptada.

Artículo 33.- Todo acuerdo del Consejo que cancele el título, será apelable dentro de treinta días ante el Tribunal Administrativo correspondiente, que conocerá el recurso en tribunal pleno.

Artículo 34.- Cualquiera de los interesados podrá impugnar la composición de los Consejos cuando éstos hayan de resolver sobre alguna reclamación o sobre la aplicación de medidas desciplinarias, a fin de que dejen de intervenir en el conocimiento y fallo aquellos miembros afectados por las causales de implicancia y recusación que rigen para los jueces.

Conocerá de la solictud de impugnación un tribunal compuesto por tres miembros del Consejo elegidos por sorteo, con exclusión de los afectados.

Si aceptada la impugnación, el Consejo queda sin número para funcionar, se integrará por Administradores Públicos elegidos por sorteo de entre los que tengan los requisitos necesarios para ser consejeros, siempre que no estén también afectados por alguna causal de impugnación.

Artículo 35.- Antes de dictar sentencia, el Consejo deberá oír a los interesados, a quienes citará con cinco días de anticipación, a lo menos, por medio de carta certificada, dirigida a su domicilio. Si este estuviera fuera del asiento del Consejo respectivo, el plazo para la comparescencia será de quince días. Comparezcan o no las personas citadas, el Consejo procederá.

Artículo 36.- Ningún Administrador Público podrá ser sancionado en conformidad a esta ley después de transcurridos dos años del hecho que motivó la denuncia.

La instrucción del sumario o investigación del hecho interrumpe la prescripción a que se refiere este artículo.

Artículo 37.- Los Consejos Regionales denunciarán el ejercicio ilegal de la profesión y, al efecto, enviarán estas denuncias con los antecedentes del caso a la autoridad correspondiente, a fin de que dichos delitos sean juzgados de acuerdo con la ley.

Artículo 38.- Los Servicios Públicos que tengan a su cargo instrumentos, expedientes o archivos relacionados con reclamos en que intervengan el Colegio de Administradores Públicos de Chile, estarán obligados a dar facilidades, a fin de que el Colegio pueda imponerse de dichos antecedentes, salvo los casos de causas criminales en estado de sumario secreto.

Para este efecto el Secretario del Consejo respectivo podrá retirar los instrumentos, expedientes o archivos hasta por quince días, otorgando recibo.

Artículos transitorios.

Artículo 1°.- Dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de esta ley, el Presidente de la República procederá a crear dos Consejos Regionales.

Artículo 2º.- Las funciones que por la presente ley se le encomienden a los Tribunales Administrativos se entenderán concedidos, mientras estos se creen, a la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 3º.- Una Comisión integrada por el Presidente de la Asociación de Administradores Públicos, el Director de la Escuela de Ciencias Políticas y Administratvias de la Universidad de Chile y por el Subsecretario de Justicia o las personas en que estos deleguen sus atribuciones, tendrá a su cargo:

1) Formar el registro provisional del Colegio; y

2) organizar y presidir la elección de consejeros generales y la constitución del respectivo Consejo.

Actuará de Secretario de la comisión, sin derecho a voto, un Admnistrador Público designado por los integrantes de la misma.

Artículo 4º.- La Comisión tendrá un plazo de seis meses para el desempeño de su cometido y pondrá término a sus gestiones al declarar legalmente constituido el Consejo General del Colegio.

(Fdo.) : María Elena Carrera V.Humberto Aguirre Doolan. Carlos Contreras Labarca. Armando Jaramillo Lyon.José Musalem Saffie.

23.- PROYECTO DE LEY EN TERCER TRAMITE CONSTITITUCIONAL, QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE PERALILLO PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley del Honorable Senado que autoriza a la Municipalidad de Peralillo para contratar empréstitos, con las siguientes modificaciones:

Artículo 3º

Ha consultado como inciso segundo de este artículo, el siguiente: "En todo caso deberán destinarse cien mil escudos como aporte para el alcantarillado de Peralillo; veinte mil escudos destinados a la compra de un bien raíz para la posta de primeros auxilios de Población, y veinte mil escudos para la electrificación de la localidad de Molineros."

Ha consultado como artículo 11 nuevo, el siguiente:

"Artículo 11.Facúltase al Director de Pavimentación Urbana para rebajar en un 50% las cuentas de pavimentación de las calles Rehue, Serrano, Prat, Balmaceda, O'Higgins, Chacabuco e Independencia, de la comuna de Cobquecura. Sin embargo, tratándose de deudores con ingresos inferiores a medio sueldo vital anual del departamento de Santiago, la rebaja podrá ser total."

Lo que tengo a honra decir a Vuestra Excelencia en respuesta a vuestro oficio Nº 2694, de fecha 30 de julio de 1967.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

(Fdo.) : Héctor Valenzuela Valderrama.Amoldo Kaempfe Bordalí.

ARTICULO 3º

Proyecto del Senado:

"Artículo 3º.- El producto del o los, empréstitos será invertido, de acuerdo con la precedencia que establezcan los dos tercios de los Regidores en ejercicio, en la terminación de las obras del Estadio Municipal de Peralillo, construcción de un galpón para el Matadero Municipal, dotación de luminarias de gas de mercurio para la Avenida Errázuriz y Plaza de Armas, construcción de un gimnasio techado, construcción de una plaza de juegos infantiles y hermoseamiento de la Plaza de Armas.

Modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados

Ha consultado como inciso segundo de este artículo, el siguiente: "En todo caso deberán destinarse cien mil escudos como aporte para el alcantarillado de Peralillo; veinte mil escudos destinados a la compra de un bien raíz para la posta de primeros auxilios de Población, y veinte mil escudos para la electrificación de la localidad de Molineros.".

Ha consultado como artículo 11 nuevo, el siguiente: "Artículo 11.- Facúltase al Director de Pavimentación Urbana para rebajar en un 50% las cuentas de pavimentación de las calles Rehue, Serrano, Prat, Balmaceda, O'Higgins, Chacabuco e Independencia, de la comuna de Cobquecura. Sin embargo, tratándose de deudores con ingresos inferiores a medio sueldo vital anual del departamento de Santiago, la rebaja podrá ser total.".