Labor Parlamentaria

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

En conformidad con el objeto de la presente sesión, corresponde continuar la discusión y votación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que establece normas sobre reforma agraria.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, los Diputados comunistas vamos a votar en favor de la redacción del Senado, es decir, por la supresión de la frase que dice: ""No regirá esta causal de preferencia a quien se le haya declarado legalmente terminado su contrato de trabajo por alguna de las causales establecidas en el artículo 2º de la ley Nº 16.455. .." que es la ley de despidos "... con excepción de las señaladas en los números 1, 8 y 10".

Oportunamente, en la discusión particular de este proyecto, nosotros propugnamos la idea que ahora el Senado hizo suya. De manera que, siendo consecuentes con el principio de que no podemos aceptar que se prive de preferencia a una persona porque se puso término a su contrato de trabajo por alguna de las causales señaladas en la citada ley, vamos a mantener el criterio ya sostenido anteriormente y, por lo tanto, votaremos favorablemente la modificación del Senado.

Nada más.

El señor URRA.-

Señor Presidente, al establecer la Cámara de Diputados causales de preferencia para la selección de los asignatarios, y al definirse, en el artículo 66, que está íntimamente relacionado con éste, los requisitos esenciales para ser asignatarios de tierras, queremos establecer sumariamente algunas proposiciones y definiciones vinculadas a la tramitación y discusión del proyecto de reforma agraria y que se refieren a la Situación de la población indígena chilena, tema de preocupación que inquieta territorialmente a provincias tan importantes como Arauco, Bío-Bío, Malleco, Cautín y Valdivia.

Al discutirse en la Cámara de Diputados, en el primer trámite, el artículo 66 y después el artículo 67, se promovió Un debate sobre la participación del indígena mapuche perteneciente a reducciones o comunidades, particularmente de estas provincias, y su incorporación en el proceso de la reforma agraria.

Sobre esta materia, en; este momento, ya se planteó un debate teórico, a mi juicio, sobre la incorporación del indígena en la reforma agraria y las condiciones en que según muchas personas, debían estos campesinos ser considerados entre los asignatarios de la tierra. Hubo incluso algunas proposiciones traducidas en indicaciones de algunos Diputados para que en el artículo 66, en relación también con las causales de preferencia de 1967, se colocara, entre otras, la de pertenecer a una comunidad indígena o tener la calidad de tal.

Por esta razón, y porque seguramente después de este tercer trámite en la discusión del proyecto de reforma agraria, nosotros vamos a tener oportunidad de escuchar nuevamente los planteamientos del problema del mapuche en relación con la ley sobre reforma agraria, queremos dejar claramente establecido cuál es a nuestro juicio el camino integral que se podría utilizar para resolver jurídica, social, educacional y culturalmente el problema del indígena chileno.

Por eso, al discutirse este artículo, me permito formularme las siguientes preguntas, que son la preocupación cotidiana de los indígenas del sur: ¿serán incorporados al proceso de reforma agraria?;- ¿Están comprendidos entre las disposiciones de los artículos 66, 67 y siguientes? ¿Es la reforma agraria la única salida de la situación actual del indígena chileno y de la situación jurídica en que se desenvuelve' el régimen de comunidades?

Yo creo que debemos dar respuesta a estas preguntas, por lo menos como fuente de información o de inspiración para debates que, seguramente,, se van a repetir en el Congreso Nacional en los próximos meses, cuando finalmente haya que decidir el camino que interesa seguir en la solución del problema indígena chileno.

¿Están incorporados o no los indígenas en el proceso de reforma agraria? Si concebimos la reforma como un proceso de liberación social que abre las puertas no solamente a la tenencia de la tierra, sino que, fundamentalmente, a la seguridad familiar y a la dignidad del campesino chileno, es importante dejar en claro que el indígena debe formar parte también del proceso de reforma agraria, no sólo a través de asimilaciones jurídicas sino del establecimiento de ciertas condiciones educacionales, sociales, económicas y culturales; de asistencia técnica y de organización comunitaria, que son requisitos fundamentales para lograr la incorporación del campesino en este proceso de liberación social.

Por eso, respondiendo a esta pregunta, podemos decir, en principio, que en el proyecto de reforma se establecen las oportunidades para que el indígena chileno, en su calidad de campesino, y de acuerdo con los artículos 66, 67 y siguientes, se incorpore, en igualdad de derechos, en el proceso de reforma agraria. Y así lo ha entendido la Corporación de la Reforma Agraria. Por ejemplo, en Cautín de cuatro asentamientos campesinos, que reúnen a cerca de trescientas familias, el 80 ó el 90% de los campesinos pertenecen a comunidades indígenas de la zona, abandonadas o alejadas de la provincia, que han sido considerados en lugar preferente y que, en definitiva, hoy son asignatarios del proceso de reforma agraria en los fundos Lo Juan, Rayén-Lafquén y Chillinco.

En principio, tenemos la seguridad de que la CORA también entregará las mismas oportunidades a indígenas de nuestra provincia para incorporarlos en el proceso de reforma agraria.

También es importante establecer que algunas condiciones jueguen simultáneamente con la aplicación de la ' reforma agraria, la que debe ir acompañada de una modificación total de la ley 14.511, que regula la situación de los indígenas, de acuerdo con un desarrollo constructivo de la situación social y cultural de las comunidades de la zona.

Hay que modificar integralmente la ley N9 14.511, porque, a nuestro juicio, todavía tiene una inspiración paternalista que trata de resolver, con un enfoque puramente jurídico, una situación que es esencialmente social, económica y cultural. Nos entrega respuestas sobre tramitaciones judiciales, constitución de tribunales especiales para los indígenas y, en definitiva, con puntos de vista formales, trata de resolver una situación que de hecho se viene arrastrando desde hace tiempo entre las comunidades indígenas de las provincias del sur.

Por eso, la reforma agraria exige perentoriamente la modificación de la ley Nº 14.511.

A nuestro juicio, debemos presentar a las comunidades campesina de las provincias del sur la política integral de lo que nos proponemos para resolver, definitivamente su situación.

Algunos autores, preocupados de esta materia en América Latina, han dicho que la comunidad indígena, tal como se encuentra actualmente concebida y administrada, significa sólo un estancamiento humano. Así lo dice por ejemplo, un estudio sobre la "Estructura agraria y la distribución de recursos" del señor Thomás Carroll. La comunidad indígena, en los términos en que la conocemos en nuestro país, significa un tipo de estancamiento agrario, que, a nuestro juicio, es también un estancamiento humano y social.

Thomas F. Carroll, dice:

"Los miembros de las comunidades andinas, por ejemplo, no disfrutan de facilidades crediticias. Los individuos con talento o ambición carecen de incentivos y el sistema mismo no es propicio al surgimiento de líderes eficaces ni a la acción conjunta en favor de una mayor productividad. Además, no se estimula la inversión de capital de los individuos. Todo ello contribuye a que el sistema en su forma actual se presente como un tipo de estancamiento agrario. Su principal justificación se apoya sobre bases sociológicas, ya que para aquel sector de la población rural que no puede ser absorbido por el sector agrícola comercial o por ocupaciones urbanas, ofrece tal vez una forma de vida más segura y satisfactoria que la de los colonos o peones."

Esta forma de estancamiento social y agrario es un elemento que debemos tener en cuenta en el debate de la reforma agraria, porque significa que durante mucho tiempo sirvió eficazmente, a través del minifundio administrativamente regulado y organizado por mecanismos legales, como la ley Nº 14.511, que es la palanca del minifundio de las comunidades indígenas, para sostener la gran propiedad agrícola chilena: el latifundio de nuestro país. Así lo señala, por ejemplo, un estudio de las Naciones Unidas, que dice: "En la mayoría de los países dé América Latina el minifundio ha coexistido durante mucho tiempo con el latifundio y lo ha sostenido. Los pequeños agricultores, que cultivan una o dos hectáreas de pobres terrenos montañosos, han constituido una reserva conveniente de trabajo estacional para los latifundios que ocupan los valles fértiles e incluso para las minas y plantaciones tropicales distantes. La situación de estos agricultores naturalmente ha tendido a empeorar a medida que sus propiedades han ido subdividiéndose por efecto de la sucesión, sus tierras empobreciéndose a causa de la erosión y el cultivo excesivo, o a medida que son usurpadas por los grandes terratenientes, que han recurrido a arbitrios tales como el monopolio del agua de riego. En muchos lugares las oportunidades de trabajo estacional han disminuido con la modernización de los latifundios. Se informa que en Chile los dueños de minifundios se han dedicado al pequeño comercio, como la venta de bebidas alcohólicas a los trabajadores de los latifundios."

Estas consideraciones que se hacen en un estudio técnico de las Naciones Unidas, nos lleva, a los parlamentarios democratacristianos, a fijar nuestros puntos de vista en la discusión del artículo 67, que establece las condiciones para gozar de preferencia en la asignación de tierras. En primer lugar, dentro del espíritu que anima a la Corporación de la Reforma Agraria, se desea que sean consideradas, en forma preferente, por lo menos en nuestra provincia, las personas que forman parte de las comunidades, de las reducciones indígenas de la zona; en segundo lugar, que se modifique substancial- mente el régimen jurídico para terminar con ese círculo de miseria que va oprimiendo y estrechando cada día más, en términos más angustiosos, a las comunidades indígenas de la zona.

Por vía de ejemplo, podemos señalar que en la provincia de Cautín, que recoge más del 50% de la población indígena del país, hay 2.024 reducciones con cerca de 97.558 personas adultas; en Malleco, 347 reducciones con más de 50 mil personas; en Bío-Bío hay cerca de 3 mil personas; en Arauco, más de 5 mil personas; en Valdivia, más de 20 mil personas; Osorno y Llanquihue tiene alrededor de 5 mil familias indígenas. Creo que, dentro de los propósitos de la reforma agraria, debe considerarse una política integral que dé asistencia al campesinado.

Por otra parte, nos parece importante sugerir en la discusión de la reforma agraria algunas proposiciones que están íntimamente relacionadas, a nuestro juicio, con las materias de asignación, condiciones y referencias para optar a los asentamientos. Entre las medidas legislativas que deben tenerse presentes para complementar la validez de los artículos de la ley de reforma agraria, está el problema de las comunidades divididas, con títulos definitivos sobre hijuelas. En casos como éstos, se pueden sugerir las siguientes recomendaciones: que todas las transacciones de suelo sean hechas previa tasación de la Corporación de la Reforma Agraria; que de preferencia los adquirentes sean indígenas, los que obtendrían del INDAP y de otros organismos, créditos para complementar el valor de la compra; que se permita la adquisición de terrenos indígenas por terceros, aunque no sean indígenas, pero siempre que haya una calificación de la Corporación de la Reforma Agraria, que se limiten las compras hasta completar una unidad familiar o económica.

En el caso de las comunidades indígenas que aún no se han dividido, es importante entregar un antecedente fundamental. Durante los últimos diez años, el número de divisiones que se han aprobado por los juzgados indígenas de la zona, es prácticamente mínimo. En cifras concretas, creo que en los últimos tres años, por ejemplo, no son más de cuatro o cinco las divisiones aprobadas.

En este momento, la tramitación, la burocracia que han mantenido durante los últimos años los funcionarios encargados de dividir las comunidades, y, más que eso, los trámites administrativos para resolver el problema de las reducciones indígenas, es intolerable. En esta materia, con mucha honestidad, tendríamos que distinguir algunas responsabilidades: por ejemplo, la asistencia técnica, extraordinariamente importante, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Hay una preocupación de parte de la Corporación de la Reforma Agraria, traducida en hechos concretos, como es la incorporación de los mapuches dentro de los asentamientos. Pero la Dirección de Asuntos Indígenas, a mi juicio, no ha entregado con la audacia que en este caso se requiere, la política necesaria para solucionar, en términos integrales, el problema indígena de la zona.

Y creo que en este momento no se puede comparar el trabajo del INDAP, o de la CORA, con el trabajo de la Dirección de Asuntos Indígenas, que ha demostrado una lenidad extraordinariamente grave en la solución de este problema, el que, en nuestras provincias, se viene arrastrando desde hace más de cuarenta o cincuenta años.

Hemos querido hacer estas consideraciones, porque creemos que deben tenerse en cuenta, por lo menos como proposiciones o recomendaciones generales, para la justa aplicación de la ley de reforma agraria.

Pido que se incluya en mi intervención un informe que tengo en mi poder y que se refiere extensamente a esta materia.

El señor PHILLIPS.-

¡ Léalo!

El señor URRA.-

Ha sido preparado por algunas personas que han estado trabajando sobre el problema indígena y contiene una serie de recomendaciones sobre aspectos culturales, educacionales y sociales, que, en definitiva, han sido recogidos por la mayoría de los dirigentes indígenas, por lo menos de la provincia de Cautín.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, me parece que lo lógico habría sido que ese trabajo, que, sin duda, debe ser serio e importante, se hubiera dado a conocer en la Comisión de Agricultura de la Cámara, en el primer trámite constitucional del proyecto. Todos tenemos interés en saber de qué se trata. Compañeros nuestros, como el Honorable señor Tuma, por ejemplo, también han hecho trabajos sobre el problema indígena. Lo justo sería que la Cámara conociera todo lo que se ha realizado sobre el particular, y no aprobar, en forma unilateral, la publicación del trabajo de un señor parlamentario, en circunstancias que hay otros que no se han divulgado.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, en cuanto a la letra a) del artículo 67, que pasa a ser 70, los Diputados socialistas votaremos de acuerdo con el criterio del Senado. Sabemos perfectamente bien cómo se aplica la ley 16.455, especialmente para con los trabajadores agrícolas.

En cuanto a la letra b), habríamos querido que se hubiera tomado en cuenta la indicación que hicieron en el Senado los señores Corbalán y Teitelboim para eliminar la frase "sin violencia ni clandestinidad". Esos términos dan para una serie de interpretaciones que sabemos perfectamente bien en qué forma pueden ser utilizadas. Desgraciadamente, eso no se puede alterar.

Reitero que votaremos favorablemente la supresión que el Senado sugiere hacer en la letra a).

Nada más.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Señor Presidente, he escuchado con profundo interés los planteamientos del Honorable colega señor Urra. Ambos representamos a una provincia en que hay muchas familias indígenas. A mí me parece que debe ser muy interesante el trabajo que nos pensaba dar a conocer a través de su publicación en la versión oficial.

Yo participé en el estudio de este proyecto en la Comisión de Agricultura. Otros colegas de Cautín estaban presentes cuando, junto con el Honorable señor Tuma, planteamos que las comunidades indígenas, que forman una gran población en las provincias de la zona sur, quedaran de hecho incorporadas en las disposiciones de este proyecto de ley.

Voy a hacer un poco de historia. Lo real es que, desde que se puso en vigencia la ley 15.020, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que tiene oficinas permanentes en distintos puntos del país, y especialmente en la provincia de Cautín, ha atendido a. los indígenas con créditos de todo tipo para sus explotaciones. Este sector ha sido y está siendo atendido.

Ahora, los campesinos indígenas que han sido ubicados en los asentamiento de la provincia de Cautín son los que antes estaban en la zona de Toltén y Puerto Saavedra, cuyos predios quedaron bajo agua con el maremoto de 1960. La Corporación de Fomento de la Producción adquirió predios para este efecto. Naturalmente, le ha correspondido entregarlos a la Corporación de Reforma Agraria, en algunos actos en los cuales han estado presentes el señor Ministro de Agricultura y altos funcionarios de la Administración Pública. A esta gente se la ubicó en la zona de Cullinco, Los Laureles y Las Hortensias. Pero esto no se ha hecho porque la ley actual o este proyecto permítan la incorporación de los indígenas en los planes de la reforma agraria. Como ha señalado el Honorable señor Urra, esta materia, no ha quedado comprendida en estas disposiciones, y ello por una razón muy sencilla.

Cuando se discutía este proyecto en la Comisión de Agricultura, preguntamos, con el Honorable señor Tuma, cuál iba a ser la situación de los indígenas. El Honorable señor Tuma incluso formuló indicaciones sobre el particular. A uno de los técnicos de la reforma agraria -creo que se trataba del señor Orchard- le consultamos si era posible incorporar a estos campesinos en la distribución de tierras. El informó a la Comisión -de ello hay constancia en actas- que sería imposible considerar a este sector tan numeroso, porque, desgraciadamente, la superficie arable y cultivable de nuestro territorio no se puede ampliar. De acuerdo con los estudios técnicos que se han realizado hasta el momento, parece que no existen terrenos suficientes para dar satisfacción a las justas aspiraciones de todos los sectores campesinos, sean chilenos o indígenas. De ahí que nos permitimos señalarle a este técnico -no estoy seguro de si el nombre que di corresponde a él- que quizás habría que buscar la manera de hacerle un segundo piso a nuestro territorio cultivable para dar solución integral a este problema.

Me extraña profundamente que, a esta altura, un representante del partido de Gobierno, que no ha participado en las discusiones habidas en la Comisión técnica -de la Cámara, nos hable de nuevas proposiciones.

El señor ESCORZA.-

¿Le parece mal?

El señor FUENTES (don Samuel).-

Estas proposiciones debieron presentarlas a través del estudio técnico del Ministerio de Agricultura, para tratar de convertirlas en ley. Seguramente, la incorporación del sector indígena habría contado con nuestra unánime aprobación. A lo largo y a lo ancho de la República, se anunció que se propondría un proyecto de reforma agraria muy completo. Aquí se ve que no era tan completo.

El señor ESCORZA.-

No hubo acuerdo...

El señor FUENTES, (don Samuel).-

No es que no haya habido acuerdo, Honorable colega. Lo que pasa es que por rayones técnicas, no se incorporó al sector de campesinos indígenas en este proyecto.

Ahora se habla de reformar la ley 14.511 y de incorporar a los indígenas. Pero, ¿porqué no se incluyó a todos los sectores agrícolas en el proyecto original del Gobierno? A todos los sectores, a los chilenos, a los indígenas y a los extranjeros que trabajan en el agro chileno, se les prometió solucionarles sus problemas en forma integral.

El señor ESCORZA.-

Lea el artículo.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Por eso, hablar de nuevas proposiciones, a esta altura, como consecuencia de los artículos 66, 67 y siguientes, me parece que está fuera de todo lugar. El Honorable colega señor Urra, que es un personero de Gobierno, con acceso libre a La Moneda, a los Ministerios, a todas las reparticiones técnicas, pudo haber considerado antes esta justa aspiración de los indígenas, que forman la población agraria de las provincias que ha nombrado. ¿Qué proposición cabe ahora? ¿Vendrá, otra vez, el veto del Presidente de la República? Yo sé que los organismos técnicos están en perfecto conocimiento de que la superficie cultivable del agro chileno no es suficiente para atender todas las necesidades.

Lo que se ha hecho, hasta ahora, con los indígenas, en la provincia de Cautín, es la consecuencia forzosa de la necesidad de radicar a los damnificados por el maremoto de 1960. Para eso compró fundos la Corporación de Fomento de la Producción. El maremoto arrasó con predios de chilenos e indígenas...

El señor ACEVEDO.-

¡Los indígenas son chilenos también!

El señor FUENTES (don Samuel).-

... de suerte que no se pudo hacer distinciones y hubo que radicar a estos dos sectores en los fundos que, para este efecto, fueron comprados en el Gobierno pasado y entregados a la Corporación de la Reforma Agraria. Estos son los únicos asentamientos que se han realizado en la provincia de Cautín.

Gracias a la ley vigente, el Instituto de Desarrollo Agropecuario tiene oficinas permanentes en muchos puntos. Mi Honorable colega señor Urra sabe que, en pueblos de población tan reducida, como Cholchol y otros menores, situados en una zona de agricultores indígenas, se crearon, en el Gobierno pasado, oficinas especiales, a fin de evitar a los campesinos los largos viajes que debían hacer a Temuco para tramitar sus créditos en la oficina central del Instituto de Desarrollo Agropecuario. De esta manera se ha estado atendiendo, con crédito agrícola, a los campesino con todos los derechos para postu el Honorable señor Urra ha señalado.

Creo que la modificación hecha por el Senado en la letra a) debe ser aceptada. De lo contrario, por este medio, un campesino con todos los derechos para postular a la asignación de una parcela, puede ser privado de esta opción. Bastaría con declarar legalmente terminados los contratos de trabajo para echar a todos los inquilinos que han estado en un fundo durante muchos años y hacerles perder su derecho, y traer a otros campesinos, que quizás no conozcan el trabajo agrícola, ni las cualidades que la tierra pueda tener en ese predio.

Por eso creo que el Senado ha estado acertado al suprimir esa frase, a fin de evitar esta discriminación que puede ser odiosa a la larga.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, han sido muy interesantes las observaciones formuladas esta mañana por los Honorables señores Urra y Samuel Fuentes, porque un proyecto de tanta importancia como el de reforma agraria debe incluir la formulación de planes en sentido general, si se quiere que todo el territorio nacional quede afecto a ella y que las personas que trabajan en el agro reciban sus beneficios.

En realidad, tanto los campesinos indígenas del sur como: los habitantes del norte tienen la perspectiva de beneficiarse con el proyecto en debate.

Quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a las comunidades agrícolas que existen en las provincias de Atacama y Coquimbo, muy semejantes a las reducciones indígenas del sur.

Existen en Coquimbo 128 comunidades con 10 mil comuneros, los cuales, con sus familias, forman una población de más o menos 50 mil personas. Estas comunidades, que datan del tiempo de la Colonia, han sido transferidas, por encomienda, de generación en generación, y hoy día vive en ellas, en condiciones muy precarias, una población importante de la provincia. Algunas tienen una extensión mínima de 300 hectáreas y otras alcanzan a 60 mil hectáreas, y se debaten en condiciones especiales, porque en esta parte del territorio nacional la agricultura es muy incierta.

La escasez de lluvias obliga, algunos años, a la gente a emigrar hacia el norte para ganarse la vida y sustentar a las personas que quedan en dichas comunidades.

Queremos aprovechar que el Honorable señor Urra ha propuesto que se consideren las reducciones indígenas en el plan- de reforma agraria, para pedir que el Ejecutivo estudie un plan que dé un tratamiento agrícola especial a las comunidades de la provincia de Coquimbo. En este proyecto de reforma agraria, no se formula un plan expreso, real y definido para solucionar el problema de todas esas personas que están viviendo en precarias condiciones.

He dicho.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, la pieza oratoria del Honorable señor Urra ha estado, desgraciadamente, fuera de foco, porque él ha perdido de vista que estamos en el tercer trámite constitucional.

y discutiendo el artículo 67. El problema que plantea lo trata el proyecto en el artículo 174, que se refiere expresamente a la asignación de tierras a los indígenas. De tal manera que aquí estamos un poco "emborrachando la perdiz" o poniendo una especie de "cortina de humo" para esconder esto que me atrevo a llamar iniquidad, contenida en el artículo 67 aprobado polla Cámara. Este niega la causal de preferencia a los obreros que hubieren sido despedidos por causales distintas de las de los números 1, 8 y 10 del artículo 2º «de la ley Nº 16.455.

Ahora bien, esto significa que, si un obrero agrícola ha trabajado en forma permanente en el predio objeto de la asignación por lo menos tres de los últimos cuatro años anteriores a su adquisición por la CORA; pero ha incurrido en la causal 12 que no es imputable a él -porque dice que el contrato de trabajo termina con la expiración del plazo del contrato- por el solo hecho de haber expirado el plazo del contrato queda inhabilitado para invocar uña preferencia que en derecho y en justicia le corresponde. Luego, si incurre en la causal 7 del mismo artículo 2º, letra a), o sea, si un obrero agrícola sale intempestiva e injustificadamente del sitio de la faena un momento, lo suspenden del trabajo, no puede tener preferencia para ser asignatario de tierras que a lo mejor trabajó toda su vida.

En el caso de la causal 9 esto llega a ser dramático, porque se refiere a la falta o pérdida de la aptitud profesional del trabajador especializado. Supongamos que un inquilino u obrero agrícola tiene como trabajo especializado coser sacos, es especialista en esto, y pierde un dedo de una mano. Por eso, ya no puede ser asignatario de parcelas, aunque puede trabajar perfectamente en otra cosa con el resto de los dedos de sus manos. Esto constituye una verdadera iniquidad y ha sido rechazado por el Senado. Creo que el Honorable colega de la Democracia Cristiana ha incurrido en una paralogización o en un error al anunciar el voto contrario de los Diputados de su partido a la enmienda del Senado. Me parece que todavía es tiempo de rectificar el criterio manifestado y acoger la modificación del Senado.

Por estas consideraciones, he insistido nuevamente en este aspecto.

Nada más, señor Presidente.

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, el Honorable señor Samuel Fuentes ha traído a la discusión los mismos argumentos que se esgrimieron cuando se debatió este proyecto en su primer trámite constitucional y, especialmente, este artículo. En efecto, ha tratado de dejar establecido que este Gobierno, a través de la Corporación de la Reforma Agraria, no estaría actuando en forma objetiva. Ha señalado que, si en la provincia de Cautín hay algunos asentamientos, ello se debe a la obra del Gobierno pasado. Efectivamente, cuando ocurrió el maremoto, como una medida de emergencia, dicha Administración compró algunos fundos para entregarlos a los indígenas damnificados. Eso no lo puede censurar nadie, porque estaba muy bien inspirado. Pero hemos reprobado, y no sólo los parlamentarios y miembros del Partido Demócrata Cristiano, que el Gobierno de esa época se hubiera limitado a adquirir esas tierras para luego; dejarlas abandonadas, con lo cual se frustraron las aspiraciones de los campesinos a quienes se quería favorecer.

Otra cosa sobre la cual se ha hecho alarde es que los indígenas estarían al margen del proyecto que estamos discutiendo. Personalmente, considero satisfactoria la forma en que está redactado este artículo, porque se exige sólo un requisito para ser acreedor a la tierra: ser campesino; por lo tanto, como la mayoría de los indígenas de Chile, especialmente los que viven en Cautín, son campesinos, de hecho están favorecidos por el espíritu de la ley. Y lo que más me agrada es que esta incorporación de los campesinos a este estatuto involucra un derecho que ni este Gobierno -estoy plenamente convencido de que no lo hará, ya que nadie puede discutir el buen espíritu que han tenido los rectores de la Corporación de la Reforma Agraria ni otros, en el futuro, podrán desvirtuarlo.'Así, no se podrá repetir lo que ocurrió en Gobiernos pasados. Se ha dicho, en más de una ocasión, que en el Gobierno anterior las parcelas se entregaron a los asignatarios con criterio partidista. Por ejemplo, en la provincia de Cautín se dio el caso de un oficial del Ejército que, en pleno desempeño de sus funciones, se hizo acreedor a una parcela de la reforma agraria. Como nosotros censuramos estos hechos y no estamos dispuestos a permitir que continúen sucediendo, hemos establecido en el texto de este proyecto de ley quiénes serán los verdaderos asignatarios de tierras de la reforma agraria.

Señor Presidente, el Honorable señor Urra me ha solicitado una interrupción.

Se la concedo con todo agrado.

El señor URRA.-

Señor Presidente, sólo deseo hacer algunas reflexiones en torno del problema indígena de las provincias del sur del país, porque estimo necesario fijar algunos puntos de vista definitivos antes de aprobarse el articulado que reglamentará la situación del campesino chileno de esas provincias.

En primer lugar, nos parece que las modificaciones de otros textos legales, como el de la ley Nº 14.511, son inseparables de la aplicación de la reforma agraria. Algunos colegas del Partido Radical nos preguntaban por qué razón no las habíamos incluido en las proposiciones o discusiones preliminares del proyecto en debate. Pues bien, la respuesta a esa interrogante es muy simple: nosotros estamos conformes con dicho articulado, en especial en cuanto se refiere a la situación del campesino indígena. Sin embargo, la autoridad correspondiente, en este caso el Ministerio de Tierras y Colonización, está encargado de redactar un proyecto de modificación de la ley que regula la situación indígena, a fin de complementar las disposiciones de la ley de reforma agraria. Nuestras proposiciones van en esa dirección y estamos dispuestos a afrontar ese trabajo legislativo, porque estamos- conscientes de que nosotros representamos para las provincias poco menos que el fundamento de esta iniciativa legal.

En segundo lugar, quiero referirme a. lo expresado por el Honorable señor Tejeda, quien decía que mis observaciones estaban fuera de foco. Al respecto, debo manifestar que no le podemos pedir "peras al olmo". No podemos pretender que el Honorable colega se despoje del rígido espíritu constitucionalista o formalista que a veces trae al debate y comprenda el sentido de un problema social extraordinariamente importante, sobre el cual tenemos- que dejar planteados nuestros puntos devista, cualquiera que sea el trámite constitucional en que estemos, en el primero o en el tercero. Lo importante es fijar algunos puntos de vista sobre esta materia, para resolver, en definitiva, este problema social que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.

El señor DE LA JARA.-

Señor Presidente, respecto al artículo 67, que señala las causales de preferencia para la selección de los asignatarios, el Honorable señor Garcés ya ha expresado que los Diputados de la Democracia Cristiana rechazarán las modificaciones del Senado que eliminan la segunda frase de la letra a) y la letra c), nueva. Pero, a la vez, debemos comunicar a los Honorables colegas que esa frase se repondrá en el veto del Ejecutivo, revisando las diversas causales de terminación del contrato de trabajo que señala el artículo 2º de la ley 16.455, en sus distintos números.

El señor OCHAGAVIA-

¿Cómo se van a revisar?

El señor DE LA JARA.-

Respecto de la letra c), nueva, que dice: "Haber pertenecido al asentamiento instalado en el predio objeto de la asignación," quiero expresar que puede ocurrir que, durante el período del asentamiento, la misma asamblea, o sea, los mismos trabajadores, eliminen a algún asentado. Sería diferente si la. disposición señalara como causal de preferencia haber pertenecido al asentamiento instalado en el predio objeto de la asignación, en el momento de la asignación.

Eso nada más, señor Presidente.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Señor Presidente, no puedo dejar pasa por alto las palabras de mi Honorable colega señor Alvarado, que ha manifestado que durante la Administración pasada, la entrega de parcelas se hizo en forma caprichosa.

Ocurre que el Honorable señor Alvarado es una persona que ha vivido en la provincia de Cautín, como el Honorable señor Urra y muchos otros Diputados presentes, en especial, el mismo señor Presidente, todos los cuales deben de conocer los hechos.

Cuando se quiso parcelar la hacienda "Lautaro", se llamó a los postulantes por los diarios. Asimismo, se dio cuenta de todas las personas que habían solicitado parcelas, por la radio y prensa de Santiago y de provincias. Y también se dieron a conocer las listas de prioridades, concediéndose plazo para formular sus reclamaciones a quienes se sentían afectados. Recuerdo el caso de un agricultor de la zona que, por este conducto, consiguió posteriormente que se le diera una parcela, porque no se le habían computado sus años como agricultor auténtico, en el trabajo de la tierra. Por consiguiente, venir a hacer esta afirmación en la Sala, me parece extraordinariamente grave.

Debo llamar la atención de la Cámara hacia el hecho de que todas las actividades de estos organismos llamados Corporación de la Reforma Agraria e Instituto de Desarrollo Agropecuario, a pesar de que se costean con recursos del Estado, no tienen otro control que el de la Superintendencia de Bancos y están ajenos al de ta Contraloría General de la República, como nosotros quisimos establecerlo, al dictar la ley N° 15.020; y, en consecuencia, nosotros no podemos pedir investigación alguna de ellas. Cuando yo solicité la nómina de los asentados en los predios de la provincia de Cautín, jamás recibí una respuesta, ni del señor Ministro de Agricultura, ni del Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria. Y cuando lo hice a través de la Contraloría General de la República, este organismo, como es natural y yo quería establecerlo, me manifestó que tendría que dirigirme a la Superintendencia de Bancos, a la que me he dirigido, sin que tampoco haya tenido respuesta, hasta estos momentos.

Creo que tengo derecho a conocer este antecedente como parlamentario. Y creo que la Cámara de Diputados también tiene derecho a conocer quiénes son los asentados en la provincia de Cautín, en los asentamientos que ha hecho la Corporación de la Reforma Agraria. Por eso, formulo, en estos instantes, una petición oficial, por intermedio de la Honorable Cámara, para que se nos proporcione esa nómina, por lo menos en lo que respecta a la provincia de Cautín, por los organismos que correspondan.

También me pide la Honorable Diputada señora Enríquez que haga la misma solicitud respecto a la provincia de Valdivia, que yo creo que sería útil.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Señor Presidente, ahora respecto al problema de los indígenas, no quiero nombrar a los Honorables colegas de Cautín que rechazaron todas las indicaciones que, en esta materia, formuló el Honorable colega señor Tuma, el cual fue a reforzar, en la Comisión, al Diputado que habla. Todo lo que se relacionaba con los indígenas fue rechazado por la mayoría de los Honorables Diputados de la Democracia Cristiana que integraban la Comisión correspondiente. Puede ser que las indicaciones hubiesen estado formuladas a la ligera o con algunos errores; pero es de ahí de donde tenía que nacer la inquietud de los Honorables parlamentarios de la Democracia Cristiana para que, en ese primer trámite o en el segundo, en el Senado de la República, esas indicaciones, hubieran podido corregirse que "deben" ser injustas y que "tienen que ser" malas, porque pertenecen a los Diputados de la Oposición.

El señor URRA.-

A mí me parece que es necesario que se conozca y se divulgue la nómina de los que actualmente están en los asentamientos a través de todo Chile, como dice el Honorable colega señor Escorza. ¿Por qué razón? Porque son real y verdaderamente campesinos, que antes estaban trabajando la tierra y que hoy la siguen trabajando.

En segundo lugar, junto con esta solicitud de la Cámara, pido que se haga la siguiente petición, por lo menos en mi nombre, si es que no hay acuerdo para enviarla en nombre de la Cámara: que se pida también a la Corporación de Reforma Agraria que nos remita la nómina de las familias que recibieron asignaciones de tierras en la colonia "Juan Cabezas Fóster", en la zona de Lastarria, hace 15 ó 20 años. Por esta razón: porque, entre estos asignatarios de tierras de la colonia "Cabezas Fóster" de hace 20 años, hay un Subdirector de Investigaciones, un arquitecto y otras personas, que de campesinos no tienen nada, ni conocen más tierra que la que tienen en la suela de sus zapatos.

Por eso, yo también pido, junto con la nómina de las familias que actualmente forman esos asentamientos campesinos, que la Corporación de Reforma Agraria nos proporcione la nómina de los parceleros de la colonia "Cabezas Fóster". Y también solicito que la Corporación de la Reforma Agraria investigue por qué 25parcelas de la colonia "Cabezas Fóster" están actualmente sin ocupar y las tierras abandonadas, hecho ya denunciado por la Directiva de la Asociación de Pequeños Agricultores de Lastarria. Pido que, junto con investigar este asunto, se retenga la entrega de los títulos de dominio, si es necesario, a esos parceleros, que de campesinos no tienen absolutamente nada, salvo la tierra que llevan en la suela de los zapatos.

El señor SUAREZ.-

Señor Presidente, el Honorable señor Fuentes acaba de manifestar que la parcelación de la hacienda "Lautaro", en la provincia de Cautín, se hizo de acuerdo con las normas reglamentarias, con publicaciones en los diarios, etcétera. Efectivamente, fue así.

Pero debe recordar el Honorable colega -yo hice la denuncia correspondiente en la Sala- las irregularidades que se cometieron en la entrega de dichas parcelas. La verdad es que, si bien para la entrega de las parcelas se estableció un puntaje, se falsificaron muchos datos.

En la Cámara hice oportunamente la denuncia de un caso. No recuerdo exactamente el nombre; pero se trata de una persona de mi tierra natal, Nueva Imperial, que no conocía más campo que el que rodea la ciudad. Este señor fue tomado en cuenta para la asignación de una parcela. Su actividad son los "micros". Sin embargo, se le hizo aparecer como hijo de inquilino, en circunstancias que todos sabíamos que su padre y su abuelo nacieron en Nueva Imperial y conocían al campo nada más que de vista.

También hubo algún oficial de Ejército, según la denuncia del DiputadoAlvarado, en servicio activo, a quien se le atribuyó la calidad de "campesino" para concederle una parcela.

En verdad, puedo decirle al Honorable señor Fuentes, que la entrega de la hacienda "Lautaro" no se hizo en forma honesta, desde este punto de vista. Incluso, tuve una polémica pública sobre esto con el entonces Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria. Y puedo agregar que, en la actualidad,, hay en esa hacienda no menos de cinco parcelas que sus asignatarios no trabajan, aunque tienen sus casas en ellas. Hice la denuncia a la CORA, para que se arregle esta situación.

Ahora, respecto al problema de las personas integradas en los diversos asentamientos de la provincia de Cautín, el Honorable colega Fuentes sabe, porque tengo entendido que ha visitado esos asentamientos, que la gente...

El señor FUENTES (don Samuel).-

¡No dejan entrar! ¡Los tienen con candado!

El señor SUAREZ.-

Su Señoría sabe que puede entrar, como es su derecho, por lo demás, como parlamentario.

En realidad, todas las personas que visitan esos asentamientos pueden comprobar que allí, efectivamente, está la gente que perdió sus propiedades en la zona costera, con motivo de los sismos del año 1960.

Además, en el asentamiento de Cullinco, por ejemplo, puede establecerse el siguiente hecho: allí hay 36 familias, 25 de las cuales son indígenas.

En la misma zona de Cullinco, hay un fundo, comprado por la Corporación de Fomento de la Producción y pagado, según el decir de la gente de allá, a tantos miles de pesos el litro de agua, porque la mejor parte de la tierra estaba inundada. Este predio estuvo abandonado durante cuatro años; y, ahora, el Gobierno ha hecho allí un asentamiento para 36 familias, las cuales, después del primer año de trabajo, han pagado todos los gastos. Incluso, la CORA ha comprobado una utilidad de algo más de Eº 200.000, que su dueño anterior, el eficiente agricultor Miguel Larronlet, nunca logró, lo que está demostrando que este asentamiento, mediante el trabajo y capacidad de los campesinos, ha tenido éxito.

En los asentamientos de "Los Laureles" y "Las Hortensias", efectivamente, como dijo el Honorable colega Fuentes, hay exceso de asentados.

Pero había que hacer un trabajo efectivo y había que llevar a los indígenas a la zona de Toltén, a un fundo, comprado también por la Corporación de Reforma Agraria, que estaba abandonado, como acaba de decir el señor Ministro, desde hacía años. Allí llevó este Gobierno esas familias. Evidentemente, ellas son muchos; pero, por lo menos, tienen allí un trozo de terreno donde están trabajando y ganando el sustento, viviendo en un plano muy superior al que tenían antes. Además, sabe el Honorable colega Samuel Fuentes que el Gobierno actual ha expropiado otros fundos. En este momento, se va a hacer cargo del asentamiento de "Pancul", cerca de Carahue, donde se colocará a la gente que hay en exceso en los asentamientos.

Por lo demás, no se puede decir, con ligereza, que este Gobierno ha procedido mal, en este período, en la colocación de los campesinos en los asentamientos, porque, es evidente que quien quiera puede visitar estos fundos, ya que jamás se ha negado la entrada a ellos. Me parece ridículo que se hiciera así, y mucho menos a un colega parlamentario...

El señor FUENTES (don Samuel).-

¡ A mí me la han negado!

El señor SUAREZ.-

No se la pueden haber negado. Su Señoría sabe que se puede entrar, y Ud. siempre se mete por todos lados.

La verdad es que allí está asentada la gente que perdió todo en el maremoto, trabajando con eficiencia. Contrariamente a lo sucedido en el período pasado, esas parcelas se están entregando a la gente que trabaja en estos períodos de asentamiento.

Eso era todo lo que quería decir.

El señor GARCES.-

En un momento más se la concederé, señor Presidente.

También, quiero llamar la atención de la Honorable Cámara hacia el hecho de que, si bien es cierto que es muy importante este asunto de la entrega de las tierras a los indígenas, no es menos verdadero que vamos apenas en la tercera parte del proyecto. Yo creo que es necesario que todos tomemos conciencia de que es éste un proyecto que necesita un rápido despacho. Sin embargo, nos estamos empantanando en discusiones que todos comprendemos, porque todos tenemos inquietud que necesitamos expresar y sacar adelante; pero es necesario comprender también que no debemos alargar el proyecto.

Con mucho gusto le doy la interrupción al Honorable señor Garay.

El señor MOMBERG.-

Señor Presidente, en relación con lo que ha manifestado el señor Ministro, espero que no solamente enviará a la Cámara la nómina de los asentamientos constituidos en la provincia de Cautín, sino que en todo Chile. Me parece qué así lo había manifestado; de lo contrario, hago indicación en tal sentido. También confío en que se enviará la nómina solicitada por el Honorable señor Urra de todas las personas que recibieron parcelas en la región de Cabezas Fóster. Al respecto, de los términos empleados por el Honorable señor Urra se desprendería que en las Administraciones anteriores hubo dolo en la entrega de las mencionadas parcelas. Quisieran levantar este cargo que ha hecho el Honorable señor Urra...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

- Honorables señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio.

El señor ESCORZA.-

Fue en el Gobierno del señor Alessandri!

El señor MOMBERG.-

¡Fue 15 ó 20 años atrás! Está equivocado Su Señoría.

Quiero aprovechar la presencia del Honorable señor Urra en la Sala para repetir lo que decía. Por la manera en que formuló su petición para que se envíe a la Cámara la nómina de los poseedores...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Honorable señor Phillips, llamo al orden a Su Señoría.

¡Honorable señor Escorza!

El señor MOMBERG.-

. . . de parcelas en Cabezas Fóster, pareciere deducirse que las hubiesen adquirido en forma bastante onerosa. Por eso, quisiera que junto con la nómina se detallara cómo dichas parcelas fueron adquiridas, si por puntaje o no, por compra directa o a. terceros. Es posible que, como se ha dicho, entre los poseedores de estas parcelas haya un arquitecto o un funcionario de Investigaciones. Probablememente es así, pero no es para extrañarse, porque la legislación de aquella época permitía a cualquiera, persona optar a un pedazo de suelo. Es un defecto de la legislación. Si algún arquitecto, un médico o un funcionario que figura como dueño de estas parcelas la robó, debe estar preso. Si la compró, está perfectamente bien, porque el hecho de tener una profesión ajena a la agricultura no es un crimen; ni constituye dolo la adquisición de una parcela por alguna de esos personas.

Por estas razones, levanto los cargos que se han formulado en contra de estas personas, porque en esa época era justo y lógico, de acuerdo con la legislación vigente, adquirir estas parcelas.

Respecto a la parcelación de la hacienda "Lautaro", concuerdo con lo manifestado por el Honorable señor Garcés, en que sólo se está dilatando la tramitación del proyecto. ¿Por qué no pedimos la nómina de los parceleros que obtuvieron tierras en la hacienda "Lautaro", como también una relación de cómo fueron adquiridas, con qué puntaje y con qué dinero? Lo demás es continuar una permanente disputa entre un partido y otro respecto a que un régimen lo hizo mal y otro lo hizo bien.

Nosotros sabemos que el año 1970 vamos a estar discutiendo lo que hizo la Democracia Cristiana, cuando estemos en el Gobierno del señor Alessandri.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MOMBERG.-

... pero ése es un problema distinto.

Quería plantear otra materia a mi Honorable colega señor Suárez.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MOMBERG.-

Deje equivocarme, Honorable colega, déme esa satisfacción, -

El Honorable señor Suárez expresaba, que en un predio, en la región de Cautín, al lado del río Moncul, los parceleros manifestaban que se habían calificado los predios por litro de agua. Agregó que el ex propietario nunca había producido en ese fundo y que ahora las estadísticas señalaban que se ha logrado una utilidad de 270 y tantos mil escudos.

Estamos hablando del problema agrícola de un fundo. No creo que un fundo que esté trabajando por litro de agua -y no por hectárea- pueda estar produciendo. Pero podríamos examinar el monto de las inversiones que se hicieron en el fundo que produjo esa utilidad, cuál fue el costo en funcionarios, semillas no pagadas, abonos, camionetas del INDAP, porque la utilidad depende de la inversión que se ha hecho. La ganancia puede provenir perfectamente de una venta de animales o de trigo, con lo cual se pueden obtener 200 ó 300 mil escudos. Contablemente, eso está muy bien; pero veamos cuánto costó producir esto. En mi concepto, la inversión sube de los 500 mil escudos.

Por eso, es necesario una cifra, una ecuación matemática muy sencilla: costo,, venta de productos, utilidad. ¡Este es el ejercicio que debe hacerse en un año, evidente !

El señor TUMA.-

Señor Presidente, quisiera decirle a mi Honorable colega señor Suárez que deberíamos hablar con prudencia cuando hacemos algunos cargos.

El ha dicho que en la hacienda "Lautaro" habría algunos agricultores y ciertos ciudadanos que adquirieron predios y que no cumplieron con las cuotas. Pero yo puedo asegurarle al Honorable señor Suárez que recientemente se le ha entregado una dé estas parcelas a un militante de la' Democracia Cristiana. Según los antecedentes que tengo, no se trata de un campesino, sino de un activista político...

El señor SOTA.-

¿Cómo se llama?

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Honorable señor Tuma, el señor Suárez le solicita una interrupción.

El señor TUMA.-

Todavía no he empezado, y quiero agregar algo más, señor Presidente. Luego le voy a conceder la interrupción.

Señor Presidente, yo estuve en Lautaro hace pocos días, y se me aseguró y se me dio el nombre de la persona...

Varios señores DIPUTADOS.-

¿Cómo se llama?

El señor TUMA.-

. .. pero no sabía que iba a intervenir el Honorable señor Suárez respecto a la hacienda "Lautaro", y no me gusta ser "acusete"...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor TUMA.-

Sin embargo, puedo averiguar el nombre y entregarlo.

-Hablan varios señores Diputados a la, vez.

El señor TUMA.-

Pero siempre se han hecho estas cosas; en todas partes "se cuecen habas".

En Toltén, por ejemplo, el INDAP le ha dado un crédito de 3 mil escudos a un ciudadano que no es ni agricultor ni asignatario ...

Varios señores DIPUTADOS.-

¿Quién es?

El señor TUMA.-

Esta tarde les voy a dar el nombre; voy a llamar por teléfono.

De manera que también en este Gobierno se siguen haciendo chanchullos, y se van a continuar haciendo.

La historia se va a escribir más adelante. Pero no estoy de acuerdo" con lo que ha dicho el Honorable señor Momberg, por cuanto el año 1970, con Allende y no con Alessandri, se escribirá la historia del Gobierno de la Democracia Cristiana, y ahí vamos a conocer todas las irregularidades que se cometieron durante esta Administración, ...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio.

El señor TUMA.-

.. . que escapan al conocimiento de los Ministros, de los Vicepresidentes y de los jefes de Servicios. No creo que en Temuco el jefe del INDAP haya tenido conocimiento de que a una persona que no reúne los requisitos necesarios se le concedió un crédito por 3 mil escudos. Voy a hacer la denuncia correspondiente en Temuco, porque me lo dijeron hace pocos días.

Por eso, para hacer estas afirmaciones hay que tener cuidado, ya que en todas partes "se cuecen habas".

El señor SUAREZ.-

Señor Presidente, como- él Honorable colega señor Tuma acaba de llegar, parece que no escuchó toda mi intervención, que fue muy breve, a raíz de las palabras pronunciadas por el Honorable colega señor Samuel Fuentes, en el sentido de que en regímenes anteriores, cuando se hizo entrega de parcelas, se procedió reglamentariamente. Yo dije que en esa ocasión, en esta misma Sala, presentó denuncias concretas con nombres y apellidos.

El Honorable señor Tuma ha estado "disparando!' directamente hacia mí. Voy a dar el nombre de la persona a que él se refirió. En la hacienda "Lautaro" están asignadas las parcelas y uno de los ocupantes de ellas era un señor Guzmán Trutru.

El señor TUMA.-

¿Quién?

El señor SUAREZ.-

El señor Guzmán Trutru, quien murió y, por lo tanto, la parcela quedó abandonada. La Corporación de la Reforma Agraria la entregó en arrendamiento por un año a su hermano José Guzmán Trutru, el cual fue colaborador nuestro en tareas partidarias hasta hace más o menos seis meses. Creo que por ahí vienen los "disparos" del Honorable señor Tuma.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

¡Honorable señor Tuma, llamo al orden a Su Señoría!

El señor SUAREZ.-

Eso no le gusta al Honorable señor Tuma.

En primer lugar, quiero dejar establecido que el señor José Guzmán es agricultor, como le debe constar a Su Señoría, y, justamente, sus padres tuvieron tierras otrora en la localidad de Lautaro. El desea optar a esta parcela que la CORA le tiene entregada en arrendamiento por un año, mientras decide. Por tanto, nada de irregular puede haber en eso.

Si el Honorable señor Tuma quiso "disparar" hacia estos lados, creo que erró el "tiro", como le ha ocurrido muchas veces en su vida política.

El señor ESCORZA.-

Señor Presidente, yo me he referido a las parcelaciones que se hicieron durante el Gobierno del señor Alessandri, las cuales se efectuaron exactamente en las mismas condiciones que las otras realizadas en Administraciones anteriores.

El registro categórico de antecedentes que el artículo 66 del proyecto establece, para optar a una parcelación, significa que las personas interesadas en obtener esos predios deben ser los propios campesinos, los trabajadores o los inquilinos de los fundos, de las haciendas de Sus Señorías, y no pueden ya ser jubilados de las Fuerzas Armadas o de Ferrocarriles, ni personas que nada tienen que ver con la agricultura. Es decir, esta reforma agraria tiende a darle la tierra al que la trabaja, en forma directa.

En el Gobierno del señor Alessandri, como lo vamos a probar cuando llegue el informe que hemos pedido sobre todas, las parcelaciones hechas en Chile, no se procedió así. Se dieron terrenos sólo a ciertos privilegiados, a amigos del señor Alessandri.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, parece que el Honorable señor Escorza desconoce las disposiciones de la ley número 15.020 y las normas legales anteriores, o sea, las que regían para la entrega de parcelas que hacía la Caja de Colonización Agrícola. Si las conociera, no formularía los cargos que está haciendo en este momento.

Y yo puedo incluso señalarle que no hace mucho tiempo, durante el Gobierno del señor Alessandri, hubo necesidad de dictar la ley Nº 13.098, que creó la Corporación de Magallanes, con el objeto de echar pie atrás sobre todo lo que hizo la Administración del señor Ibáñez en la concesión de tierras en esa provincia. Eso sí que fue un escándalo; la opinión pública tomó conciencia de ello. Entre otras condiciones, se estableció un nuevo sistema de puntaje para adquirir predios y se determinó que en caso de igualdad, se efectuaría un sorteo ante Notario.

No se libran de responsabilidad, respecto a esas irregularidades quienes hoy día dicen ser democratacristianos, porque entonces estuvieron en el Gobierno del señor Ibáñez.

El señor BASSO.-

Señor Presidente, ya que se ha conversado bastante acerca de la labor realizada por la INDAP en el actual Gobierno, quiero referirme a un hecho.

A comienzos del año pasado, formulé serias denuncias por actuaciones de funcionarios de esa institución, las que fueron transmitidas al señor Ministro de Agricultura por intermedio de un oficio de la Cámara de Diputados. Para recibir una respuesta acerca de esas irregularidades, tuvo que solicitar, varias veces, a la Oficina de Informaciones de la Corporación que reclamara y exigiera una contestación. Después de mucho caminar, durante diez meses, obtuve la contestación.; y, claro está, ella fue negativa en cuanto a mi denuncia. Porque, precisamente, no se ordenó un sumario ni una investigación seria, sino que se limitaron a. enviar al afectado, al jefe del INDAP en la provincia de Ñuble y, como era lógico, la respuesta resultó favorable a él.

Sin embargo, ya que se ha querido justificar en esta sesión la labor de ese organismo, expresando, como lo hizo el Honorable señor Suárez, que su intervención en un fundo permitió el año pasado obtener 274.000.000 de pesos de utilidad, yo quiero destacar que cosas muy distintas ocurren en mi provincia. Y voy a empezar por reiterar parte de los cargos que formulé por escrito al señor Ministro de Agricultura: "Duplicidad de documentos: Al hacer una visita el auditor del INDAP, señor Max Besser, para instruir un sumario por robo en Pinto, constató, al revisar las carpetas de los agricultores, que había duplicidad de letras por productos recibidos y no recibidos, recibos de entrega enmendados, de los cuales no se les dio copia a los agricultores, puesto que se les había hecho firmar en blanco un solo ejemplar. De todo esto hay constancia en el archivo de la oficina de Coihueco. Se le dio orden al señor práctico agrícola don Alberto Robert de destruir esa documentación, a lo que el señor Robert se negó, debido a que la mayor parte está rendida en Santiago."

"Deterioro de productos: En Yungay se pudrieron 20.000 kilos de semillas de papas, en circunstancias que en Quinquina no se entregó esta semilla por no haber existencia, que se puede verificar porque todavía están en bodega en Yungay. Además, hay trigo de semilla en todas las bodegas, el que se ha dado de baja, en circunstancias que para la siembra no hubo semilla suficiente para los agricultores." Se les negó pese a que había de más.

Me quiero referir, a continuación, al nombramiento de un práctico agrícola democratacristiano, el señor Fernando Sepúlveda. "Se nombró por el señor Director Zonal a este práctico, en calidad de obrero, " -porque no reunía las condiciones necesarias- "en Pemuco primero y después en San Ignacio, solicitó pagos de letras del INDAP, con recibos sueltos, manuscritos, sin rendir estos dineros." Pidió préstamos en dinero a los agricultores señores Guido Dávila, Octavio Lallanne, Orlando González, Aquiles Vera y a varios otros que reclamaron a la Dirección Zonal. No fueron escuchados ni se efectuó investigación alguna.. Hoy se encuentra fugado.

Durante el tiempo que trabajó este señor, se perdieron 20.000 kilos de salitre y otros productos, lo que aún no se esclarece. Se dio cuenta a la Dirección Zonal y no se tomaron medidas. Además, destruyó documentación de letras y solicitudes del Servicio, sin que estos hechos hayan sido investigados por los jefes.

En Quirihue se entregaron aproximadamente 60.000 escudos en productos, sin documentación alguna, por orden de don Fernando Bórquez. Esta situación ge dio a conocer a la Dirección Zonal, en vista de que los agricultores venían a saber el monto de su deuda o a pagar y no existía su cuenta deudora. Ello fue verificado por el inspector señor Roberto Ortúzar, que estuvo presente cuando un agricultor, cansado de venir tantas veces a pagar, exigió que se le recibiera el dinero, dándosele un recibo provisorio, pero hasta hoy no tiene cuenta corriente.

Se han elaborado varias listas de posibles deudores por el práctico agrícola señor Alberto Robert, las cuales han sido enviadas oficialmente a la Dirección Zonal, sin que se hayan arbitrado los medios para recuperar esos dineros...

He querido denunciar estos hechos para dejar establecido que la labor y la realización de este organismo no es tan bella como aquí se ha expresado.

También, durante este Gobierno democratacristiano, ha habido irregularidades; y todavía las hay; ha habido funcionarios que han perpetrado robos, los cuales se encuentran actualmente fugados; y, a pesar de las denuncias hechas al señor Ministro de Agricultura, no se han realizado las investigaciones serias que debieron efectuarse para poder comprobar y sancionar las irregularidades, porque detrás de esto existe un jefe democratacristiano o un dirigente democratacristiano al cual se ampara.

Entonces, me pregunto yo si a la sombra de todo esto puede caminar bien este deseo, este anhelo que es nuestro, del Partido Radical, de transformar nuestro agro chileno mediante esta reforma agraria. ¿No va a ocurrir lo mismo que está sucediendo en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, por ejemplo, donde hay funcionarios inescrupulosos, democratacristianos, que, en vez de hacer avanzar, de llevar adelante la reforma agraria, la están obstaculizando y obstruyendo con su deshonestidad y su falta de honradez?

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BASSO.-

Por eso, yo quiero señalar que los colegas democratacristianos no pueden decir que toda la Democracia Cristiana está llena de pureza y que toda su Administración es correcta.

Nada más, señor Presidente.

El señor VALDES (don Manuel).-

Señor Presidente, frente a lo expuesto por el Honorable colega sobre el caso de Yungay, yo debo decir que lo conozco.

Efectivamente, fue más grave de lo que él señaló. Los pequeños agricultores estuvieron yendo durante una semana, con sus carretas desde los lugares más alejados, bajo la dirección de un dirigente de la Democracia Cristiana, el señor Victoriano Campos, para recibir esos créditos. Efectivamente, fueron tramitados; no se los recibió. Y así fue como nuestra gente decidió organizar a los campesinos para que los atendieran. Entonces, les fijaron exigir a esos funcionarios del INDAP que los atendieran. Entonces, les fijaron un plazo perentorio a los "pijes" que no querían entregar las semillas, porque decían que ellos no eran solidarios con el nuevo Gobierno; que no respetaban ni tenían que obeceder a un régimen que estaba en contra de los intereses "de la gente decente, de los productores, de los honestos agricultores de la. zona."

Bien, se organizaron los pequeños campesinos y esa misma noche apedrearon el local donde se iba a entregar la semilla y obligaron a los "pijecitos" a trabajar hasta las tres de la mañana repartiendo ese producto.

Y yo le digo al Honorable señor Basso que averigüe de qué filiación política son esos funcionarios públicos que él ha señalado. Le pido que consulte a qué colectividad partidista pertenecen. Desde ya, le advierto que no son del Partido Demócrata Cristiano, y que no sólo hay constancia de ese caso, sino de muchos otros, organizados por los grandes agricultores de la zona. Sabemos positivamente que, en la línea de créditos, hay intervención; que hay sabotaje organizado, que hay una verdadera guerrilla en contra de los campesinos. Se los tramita, se los veja, se les hace desesperar. ¿Para qué? Para hacer la contrarrevolución en el campo. Todos sabemos a qué partidos pertenecen esos funcionarios, y no se nos venga a decir que son militantes democratacristianos.

Conocemos perfectamente bien la forma cómo trabajan los promotores del INDAP. Esos señores que se dicen que ganan fabulosos sueldos, pero que, en la realidad, no ganan más de un sueldo vital, y que están afiliados al Servicio de Seguro Social, pues figuran en la planta como obreros. Día y noche laboran permanentemente junto a los campesinos que han tomado a su cuidado, con gran sentido de responsabilidad.

Ayer no más lamentábamos el desaparecimiento del mejor promotor que teníamos; al más abnegado, que podría haber seguido cooperando en los asentamientos durante muchos años más y que murió aplastado por un tractor, cumpliendo su deber. ¡ Esos son los hombres de nosotros!

Pero, vuelvo a insistirle al Honorable señor Basso, sobre la necesidad de averiguar la filiación política de esos que hacen sabotaje. Yo declaro en esta oportunidad que hay sabotaje organizado y lo denuncio en esta Honorable Cámara.

El señor ROSALES.-

Nosotros lamentamos que el debate se haya desviado hacia otras materias que, pese a su importancia, nada o muy poco tienen que ver con la discusión del artículo que vamos a votar. En cambio, ocurre que esta disposición tiene mucha importancia y una trascendencia enorme, porque de ella dependerá que cientos y miles de campesinos puedan quedar al margen de la reforma agraria, por las razones que ha dado el Honorable señor Tejeda.

Los señores Diputados de la Democracia Cristiana han declarado que rechazarán las modificaciones del Senado, con lo que van a consagrar este verdadero atentado contra los campesinos que contiene el artículo de la Cámara de Diputados.

Nos ha dicho el Honorable señor De la Jara que ellos se proponen corregir esto mediante el veto. Lo consideramos inconveniente, porque está a nuestro alcance enmendar el yerro de la Cámara y podemos hacerlo aceptando la modificación del Senado.

Por otra parte, tengo entendido que el señor Ministro de Agricultura, presente en la Sala, estuvo de acuerdo con esta modificación del Senado. No habría, entonces, ninguna razón para esperar el veto a fin de corregir esta verdadera monstruosidad en contra de los campesinos.

Nada más, señor Presidente.

El señor OCHAGAVIA.-

Me referiré en forma muy breve a las observaciones del Senado al artículo 67.

Después del debate que hemos escuchado y que nosotros no hemos buscado, sino que ha sido promovido por los Diputados de Gobierno, creo importante dejar perfectamente establecido cuál ha sido el criterio del Partido Nacional en relación con la asignación de tierra a los campesinos.

Nosotros pensamos que, de acuerdo con las disposiciones del artículo 67, un sector del país va a quedar marginado, y es el que corresponde al pequeño propietario, al minifundista, al obrero que está viviendo en las comunidades agrícolas, a que se han referido algunos señores Diputados; y no por razones de que se considere el problema en la ley, porque figura en ella, sino porque para que este proceso pueda abarcar el minifundio y el pequeño propietario de comunidades agrícolas, el Estado, desgraciadamente, tendría "que abordar, a través de la reforma agraria, un problema nuevo y solamente podría hacerlo en el caso de que no hubiera un número suficiente de campesinos que ocupara el suelo disponible objeto del reparto. Ese es el problema.

Por último, deseo manifestar al Honorable colega señor Escorza, a quien respeto, que su afirmación, evidentemente, es equivocada, y lo invito a que pruebe la denuncia que ha planteado. Me refiero a lo aseverado en el sentido de que durante el Gobierno del señor Alessandri se entregaron parcelas en forma irregular.

Por primera vez en la historia de la Caja de Colonización, la ley N° 15.020 incorpora la exigencia de proceder a las asignaciones por estricto puntaje, con la diferencia de que nosotros establecíamos en dicha ley que el campesino debía tener capacitación. Es decir, exigimos esta capacitación con antelación al proceso del asentamiento, sin dejar este problema, que significará cuando haya cien mil campesinos, un diez o veinte % de campesinos desplazados, y respecto de los cuales no sabemos si el Gobierno va a enfrentar su problema de acceso a la. tierra.

Con respecto a la pregunta que hacía el señor Ministro de Agricultura, quiero plantearle un asunto que, aunque puede parecer de detalle, es importante por lo que significa para la zona de la provincia de Llanquihue Existe una seria denuncia en Puerto Montt en relación con un crédito otorgado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario y que habría sido cobrado por funcionarios del INDAP e invertidos en forma que esos dineros han sido malversados. Se dice, además, que no se otorgaron los recibos correspondientes y que incluso hay recibos que serían falsificados. Esta investigación, desgraciadamente, no ha sido conocida, por lo menos en la zona. Sería conveniente que esto se aclarara, porque hay un funcionario -lo digo sin el ánimo de ofender al señor Ministro- o funcionarios que pertenecen al partido de Gobierno. Esto se ha prestado para que los campesinos de Puerto Montt planteen que existía una situación que el Instituto no querría esclarecer.

Nada más.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

Señor Presidente, es sólo para decirle al señor Ministro que el Honorable señor Basso se vio en la necesidad de reiterar ahora las denuncias que anteriormente formulara en la Sala, porque después de transcurridos unos diez meses, se le contestó por el Ministerio del ramo que no existían las irregularidades que él había señalado. Este aspecto del problema es el que deseaba aclararle a Su Señoría, pues el Honorable señor Basso no pudo leer la contestación del señor Ministro, en atención a que se le quedó en Chillán, pues no se imaginó que esta materia se iba a tratar en este debate sobre reforma agraria.

El señor OCHAGAVIA.-

Señor Presidente, nos parece positiva la modificación del Honorable Senado, ya que suprime la frase: "o las que expresamente le haya impuesto la Corporación de la Reforma Agraria al otorgar el acta de asignación.". Nos parece que esto se podría prestar para abusos y creemos que la ley es bastante clara sobre esta materia. Por eso, votaremos favorablemente la enmienda propuesta por el Senado.

Nada más.

El señor ROSALES.-

Sólo deseo dejar constancia de que estos artículos nuevos corresponden a indicaciones de los representantes del Frente de Acción Popular, patrocinadas por los Senadores compañeros Luis Corvalán y Volodia Teitelboim. Desgraciadamente, no se acogió una indicación que formaba parte también de este cuerpo de artículos y que dice lo siguiente : "En los predios que temporalmente no se expropien o que estén al margen de la expropiación en virtud de esta ley, como asimismo en los predios objeto de reserva, los campesinos que vivan y trabajen "en ellos y que sean jefes de familia, tendrán derecho a talaje para una vaca y su cría. En los predios en que, por la naturaleza del cultivo, no se disponga de tierras para el cumplimiento de este artículo, dicho goce será reemplazado por un cuarto de salario mínimo campesino, calculado incluyendo las regalías y sobre la base del año calendario." Algunos de estos beneficios ya los han logrado los campesinos, como el pago por el año calendario, que fue concedido a través de la heroica huelga de los campesinos de Colchagua. Como se trata de iniciativas enteramente justas y mínimas, esperamos su aprobación unánime por esta Honorable Corporación.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, nosotros nos alegramos de que se hayan incluido entre las modificaciones del Senado los artículos de los Senadores Corvalán y Teitelboim; y, naturalmente, también lamentamos que se haya excluido el artículo referente a los predios que temporalmente no se expropien, y a cuya indicación ha dado lectura el Honorable señor Rosales. Por eso, nosotros vamos a votar favorablemente los artículos 81 y 82, nuevos.

El señor OCHAGAVIA.-

Señor Presidente, aun cuando pareciera que los artículos 81 y 82, nuevos, tienen un sentido social, desgraciadamente señalan una actitud inconsecuente de sus autores, con el deseo de suprimir un sistema que la mayoría del país está de acuerdo ,en abolir, como es el inquilinaje.

En efecto, al hablar de las regalías, se hace referencia a esos goces de que disfruta el obrero agrícola y que, desgraciadamente, determinan que su salario en dinero se mantenga muy por debajo del salario industrial. Yo destaco la inconsecuencia de mantener un sistema negativo, que impide al obrero campesino ganar el sueldo que le corresponde y ser consumidor de artículos industriales o de otra. índole.

Los parlamentarios nacionales estamos en contra de la mantención o perpetuación de este sistema. Deseamos que el campesino, el trabajador agrícola, pueda incorporarse al régimen de participación en las utilidades y gane el salario en dinero que le corresponde, es decir, un salario justo, sin considerar estas regalías que lo mantienen en una situación que, a mi juicio, es inconveniente.

Nada más.

El señor CANCINO.-

Señor Presidente, el artículo 81 reafirma lo dispuesto en la ley publicada el 5 de noviembre de 1965, originada en un proyecto que fue patrocinado por los Diputados democratacristianos.

Propugnamos esa iniciativa, a raíz de la dictación de la ley que aumentó los salarios en un 25%, porque se pensó que las regalías quedaban comprendidas dentro de este 25% de aumento. Nosotros hicimos presente que el espíritu de la ley jamás había sido perjudicar a los campesinos, y patrocinamos la iniciativa que hoy es ley, y que mantiene las regalías existentes al 31 de abril del año 1965. De tal manera, que el actual artículo 81 de este proyecto no hace más que confirmar lo dispuesto en 'esa ley que -repito- fue una iniciativa de la Democracia Cristiana.

Nada más, señor Presidente.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

Señor Presidente, deseo anunciar los votos favorables de los Diputados radicales a este artículo 81, nuevo, del Senado.

Del contexto mismo de esta disposición se desprende, en mi concepto, que las regalías que se establecen no pueden ser disminuidas, lo cual va más allá de la ley especial citada por el Honorable colega señor Cancino. Estimo que estas regalías no serán equivalentes al 25% de aumento de los salarios, sino que, aparte de la remuneración real, los campesinos tendrán derecho a ellas.

Creo que éste es el espíritu de la disposición del Senado y su explicación. En consecuencia, no hay disminución del salario, sino que las regalías se agregan a él.

Nada más.

El señor GODOY URRUTIA.-

Señor Presidente, acogiéndome a una disposición del Reglamento que nunca se ha discutido, sino que se aplica de una manera automática, en estos pocos minutos, quiero dar a conocer a la Cámara lo que sucedió, en la tarde de ayer en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ya que el diario oficialista publica destacadamente, a tres columnas, que Diputados comunistas incitaron a tomar por asalto ese Ministerio en la tarde de ayer, refiriéndose a la colega Gladys Marín y al que habla.

Acompañando a pobladores de Las Barrancas, que hacen gestiones con el objeto de que sean incluidos en la llamada "operación sitio", para lo que, teórica y prácticamente, reúnen todos los requisitos, llegamos al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. En el momento en que subíamos, nos encontramos con que un grupo de carabineros, al mando de un oficial, obligaba a bajar de los pisos altos a dirigentes y pobladores, echándolos fuera del Ministerio. Al cambiar algunas palabras con el jefe de policía, éste nos dijo que actuaba por orden del Ministro señor Hamilton.

Volvimos con la gente al piso donde está el despacho del señor Ministro. Ahí, su Secretaria, que yo llamaría la campeona de la mentira, por las excusas, todas falsas, que nos dio, hizo lo imposible por darnos a entender que el señor Ministro no estaba presente. En realidad, estaba, pero se negaba a recibir a la comisión de los pobladores y a los parlamentarios que la acompañaban.

La gente, entre tanto, estaban, unos en una pequeña antesala, otros, en los peldaños de la escalera, en un número de 150 personas, mujeres en su inmensa mayoría.

Repentinamente, el señor Ministro salió por una de esas tantas puertas estratégicas y se acercó a la gente a dar algunas explicaciones, oportunidad que aprovechó para proferir términos totalmente fuera de lugar. Dijo que se trataba de una reunión pintoresca, folklórica; que era un verdadero choclón. Se preguntaba: "¿Qué vienen a hacer aquí estas mujeres con sus guaguas, en un Ministerio en que se trabaja tanto, en que no se puede perder tiempo y en que las audiencias hay que concertarlas con anticipación?".

Nuestra colega, Gladys Marín, Diputada por el distrito en que queda la comuna de Las Barrancas, encaró al Ministro para poner los puntos sobre las les y demostrar que hacíamos uso de un derecho, como lo tenían también los pobladores para llegar al Ministerio. Porque se trata de una oficina pública, a la que puede ir quien quiera y cuando quiera, incluso por simple curiosidad para ver cómo funciona un organismo del Estado.

Yo expreso mi extrañeza por esa actitud tan fuera de lugar, tan poco humana, tan poco cristiana.

Y lo último. Hace años, me referí a una encuesta sociológica sobre la población San José, de Ñuñoa, aparecida en el libro "Tienen derecho a vivir...". ¿Quién lo había escrito? El señor Eduardo Hamilton, hermano mayor del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo. Con ese motivo, me escribió una carta, que todavía recuerdo.

Yo le recomiendo al señor Ministro Juan Hamilton que siquiera lea este libro de su hermano. ¡A ver si así entiende mejor cuál es su tarea y su misión frente a los trabajadores, frente a los pobres, que deben vivir con dignidad!