Labor Parlamentaria

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica el decreto ley Nº 1.350, de 1976, que creó la Corporación Nacional del Cobre de Chile.

Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Renán Fuentealba , y de la de Hacienda, el señor Tomás Jocelyn-Holt .

Antecedentes:

Mensaje del Ejecutivo, boletín Nº 1204-08, sesión 1ª, en 21 de mayo de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 1.

Informes de las Comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs. 3 y 4, de esta sesión.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, modifica el decreto ley Nº 1.350, de 1976, que creó la Corporación Nacional del Cobre de Chile.

En primer lugar, es necesario recalcar que su tramitación comienza con la recepción del mensaje en la Oficina de Partes de esta Corporación, el 19 de mayo de 1994, enviado a la Comisión de Minería y Energía, ésta comienza su análisis el 31 del mismo mes y año.

El mensaje original del Ejecutivo pretendía sólo introducir cambios. Cito textualmente su texto: “cambios propios e inherentes a una gestión empresarial moderna, eficiente y flexible, para asegurar la competitividad y, por ende, su estabilidad y la de sus aportes al Estado en el largo plazo.

“Se trata, en consecuencia dice el mensaje, de resolver los problemas consustanciales a una estructura organizativa que adolece de gigantismos, centralismos y una excesiva concentración de poder en un solo órgano ejecutivo. Esta estructura continúa hace extremadamente difícil cualquier control eficiente, retarda la toma de decisiones y, en definitiva, obstaculiza la correcta asignación de los recursos.”

En ese ámbito de cuestiones, el Ejecutivo opta por concentrarse en los cambios institucionales referentes a la organización y administración de Codelco, sin alterar su régimen jurídico, que regula la propiedad de los yacimientos ni todo aquello que guarda relación con los derechos de los trabajadores y las materias de índole tributaria.

A través de los debates ocurridos en el seno de la Comisión, de la opinión versada de funcionarios de gobierno y de invitados relevantes en el tema, de los planteamientos efectuados por trabajadores y supervisores, de los aportes de institutos académicos y de investigación y de las inquietudes de los propios Diputados que la integran, se fue forjando la idea y la concepción de que el proyecto planteado no abordaba en su integridad ni globalidad la modernización de Codelco y que, por consiguiente, se requería de un diálogo entre parlamentarios y Gobierno que nos permitiera, por medio de indicaciones, ampliar las coberturas de las reformas planteadas en otras áreas y ámbitos de acción de dicha Corporación, tales como las que dicen relación con su objeto, con su patrimonio, con su capital, con el régimen cambiario y presupuestario, de manera de no circunscribirse sólo a introducir modificaciones en lo relativo a su administración y gestión.

El Ejecutivo, mediante una indicación sustitutiva, reemplazó en su totalidad el proyecto original. Ello nos obliga, en consecuencia, a centrar este informe en la nueva normativa propuesta por el Presidente de la República, la que se condice y es compatible con las ideas matrices y fundamentales del mensaje antes aludido.

Algunas cuestiones reglamentarias.

Entre las personas invitadas y que asistieron durante la discusión del proyecto, es preciso mencionar la constante colaboración del señor Ministro de Minería, señor Benjamín Teplizky ; del Subsecretario de Minería, señor Sergio Hernández Núñez ; del Presidente Ejecutivo de Codelco, señor Juan Villarzú ; del Vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, señor Marcos Lima ; del Vicepresidente de Asuntos Legales de Codelco, señor Waldo Fortín , y del Asesor de la Presidencia Ejecutiva de Codelco, señor Mario Cabezas .

Asimismo, participaron los señores Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda.

Además, la Comisión recibió en audiencia pública a representantes de la Federación de Trabajadores del Cobre asistió su presidente , don Raimundo Espinoza Concha , de la Federación de Sindicatos de Supervisores del Cobre, de la Sociedad Nacional de Minería, del Colegio de Geólogos, del Instituto Libertad y Desarrollo, del Colegio de Ingenieros de Minas, del Instituto Libertad, de la Mesa de Acción Común de la Izquierda, y de los sindicatos Nºs. 1 y 2 de Supervisores de Tocopilla y de la Zonal El Teniente.

Concurrieron también: por la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre, su presidente , don José San Martín ; por la Contraloría General de la República, el señor Jorge Reyes , Jefe de la División de Fiscalización de Empresas Públicas; por la Comisión Chilena del Cobre, su Vicepresidenta Ejecutiva, y, por último, el representante de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Minuta de las ideas fundamentales o matrices del proyecto.

Para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República y en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, corresponde consignar, en conformidad con el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiéndose por tales las contenidas en el mensaje.

De acuerdo con esto último, la idea matriz o fundamental es modificar el decreto ley Nº 1.350, de 1976, que creó la Corporación Nacional del Cobre de Chile, con el objeto de transformarla en un conglomerado de empresas y de radicar en los respectivos directorios las facultades de administración de cada una de ellas, sin modificar en ningún otro aspecto el régimen normativo que rige a la gran minería del cobre nacionalizada.

La modificación que consiste en dividir la empresa en una casa matriz, bajo la cual existirán empresas filiales estatales, es la parte principal del proyecto, junto con otros aspectos que iremos presentando a lo largo del informe.

Con respecto a los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, la Comisión estimó que el proyecto no contiene normas de una ni de otra índole.

En relación con los artículos del proyecto que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 220 del Reglamento de la Cámara deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, la Comisión estimó que el proyecto en su totalidad debe ser conocido por la Comisión antes mencionada.

En lo que se refiere a los artículos e indicaciones rechazados por la Comisión, me voy a remitir a lo establecido en la página 75 del informe de la Comisión de Minería boletín 120408, donde se consignan en forma pormenorizada los artículos e indicaciones que fueron rechazados durante la discusión y tramitación del proyecto en comento, por lo que obviaré su mención expresa a fin de concentrar la intervención en aspectos sustantivos relacionados con la iniciativa.

Discusión de fondo: la privatización de Codelco.

Para mejor ilustración de los señores Diputados y evitar un agotamiento excesivo de su paciencia, teniendo en cuenta de que se trata de un proyecto que encara la modernización de la empresa del Estado más importante del país, en este informe seguiré la estructura y el esquema que plantea el propio proyecto aprobado por la Comisión de Minería y Energía y que se somete a la consideración y decisión de la Sala, tratando de guardar la ecuanimidad necesaria para explicitar las opiniones de mayoría y minoría que se expresaron durante su debate, todo ello con el fin de consignar lo más fidedignamente posible los antecedentes y argumentos que sirvieron de fundamento a la aprobación por mayoría de todas sus disposiciones, con excepción de los artículos 1º y 25, que fueron aprobados por la unanimidad de sus miembros. Sin embargo, es previo analizar una cuestión que, si bien se planteó al comienzo, luego fue paulatinamente abandonada por quienes levantaron dicho asunto: la privatización de la Corporación.

El Gobierno y los parlamentarios de la Concertación planteamos muy sucintamente las razones por las cuales considerábamos innecesario debatir la privatización de la gran minería del cobre: la explotación de sus yacimientos se entrega a Codelco. Las razones brevemente aducidas son las siguientes.

En primer lugar, la gran mayoría del país, a través de un amplio consenso nacional, se manifestó partidaria de que Codelco, y más específicamente sus actuales divisiones mineras y los yacimientos de reposición, se mantengan en un ciento por ciento como propiedad del Estado, en la medida en que la empresa se desenvuelva en forma eficiente, competitiva y transparente. Así lo manifestaron los representantes de la Federación de trabajadores del cobre, de la Federación de sindicatos de supervisores del cobre, del Colegio de Geólogos, de los sindicatos 1 y 2 de supervisores de Tocopilla, de la zonal El Teniente y de la Asociación nacional de supervisores del cobre.

En todo caso, para la ilustración de los honorables colegas, la eventual privatización de Codelco requeriría de una reforma constitucional en el caso de las actuales cuatro divisiones mineras, y de una nueva ley en el de los yacimientos de reposición. Por las razones ya señaladas, es evidente que una iniciativa de esta naturaleza no contaría con el apoyo parlamentario requerido.

En segundo lugar, la empresa constituye una de las principales fuentes de financiamiento del Estado y, por ende, de los programas sociales prioritarios. Abundan y abundaron en la Comisión las cifras que nos demuestran los aportes efectuados por Codelco desde 1976 hasta la fecha, los que bordean la suma de 15 mil millones de dólares. En efecto, considerando sólo los últimos diez años, la Corporación ha realizado aportes netos al Estado, en moneda de igual poder adquisitivo y en valor actual, por la suma que he indicado.

En el período 9094, los aportes netos de la empresa al Fisco representaron cerca de un 12 por ciento de los ingresos fiscales totales, los cuales resultaron superiores a la suma de los impuestos a la renta de primera categoría que pagan todas las demás empresas que operan en Chile, y significaron más del 35 por ciento del gasto social realizado en el país en los sectores de educación, salud y vivienda.

Durante 1992-1993, el aporte tributario de Codelco fue más de ocho veces superior a la contribución de todas las empresas privadas del sector cobre, a pesar de que la producción de dicha Corporación en esos dos años superó en sólo 34 por ciento a la de las empresas privadas.

El proyecto de modernización de Codelco, que está siendo implementado por la actual administración, significa, por su parte, que a partir del año 2000 Codelco aportará al Estado y estará en condiciones de contribuir con la suma de 1.300 millones de dólares al año, suponiendo un precio estimativo y promedio de 100 centavos por libra de cobre fino.

En tercer lugar, Codelco , como el primer productor y comercializador de cobre en el mundo y una de las empresas más rentables de la industria, es el principal instrumento que tiene el país para influir en el mercado internacional del cobre y estar presente, con peso propio, en los diferentes organismos y discusiones internacionales en que se tratan materias relevantes para dicha industria. Esta oportunidad de influencia internacional, consistente con los intereses nacionales, es de gran relevancia si se considera el rol clave que desempeña el cobre en la economía y en el desarrollo del país.

Hacia el año 2000, Chile producirá más del 40 por ciento de la producción de cobre de mina del mundo occidental, y las exportaciones de cobre representarán más del 50 por ciento de las totales del país. Sin embargo, su legitimación como empresa del Estado demanda el cumplimiento de las siguientes metas y compromisos:

En primer lugar, lograr una rebaja en el costo de 10 centavos de dólar por libra de cobre entre los años 1993 y 2000, en moneda y precio constantes, a través del desarrollo de nuevos proyectos mineros de bajos costos, la optimización de procesos e instalaciones, el incremento de la productividad de todos los recursos de la empresa y mejoras de la gestión.

En segundo lugar, deberá continuar transfiriendo al Fisco el ciento por ciento de las utilidades del negocio, como lo viene haciendo desde hace muchos años. Codelco no compite ni competirá por recursos con los programas sociales prioritarios del Estado. Por el contrario, cada día le aportará una mayor cantidad, como consecuencia de sus menores costos.

En tercer lugar, deberá financiar el plan de inversiones, focalizado en el negocio principal, correspondiente a las divisiones mineras y a los yacimientos de reposición, con fondos generados internamente a través de las depreciaciones, impuestos deferidos, provisiones varias de largo plazo y la venta de activos fijos.

Los restantes proyectos de exploración y desarrollo minero de la empresa y la implementación de negocios complementarios al giro principal serán abordados por medio de asociaciones con el sector privado, tanto para la explotación como para la exploración, generando de esta forma nuevos negocios y posibilidades comerciales.

Por su parte, quienes argumentaron en favor de la privatización de la Corporación del Cobre esgrimen que ello se deriva de la gestión crecientemente inadecuada en esta empresa, situación que, a su juicio, el proyecto no será o no es capaz de revertir.

Se expresa textualmente que, día tras día, el país pierde nuevos recursos, tendencia que podría modificarse si existiera una gestión privada. Con la modalidad actual nos dice el Instituto Libertad en un documento de junio de 1994 y también bajo la propuesta del Ejecutivo, los ciudadanos no son dueños de la minería estatal del cobre y el Fisco obtiene cada vez menos recursos de una empresa que antes tenía un papel determinante en la economía chilena.

Se señala que la opción del Ejecutivo traerá consecuencias negativas en los rendimientos de Codelco y también en la capacidad de obtener recursos adicionales para atender prioridades nacionales que son responsabilidad exclusiva del Estado.

Se dice que Chile cuenta con parte importante de su población en extrema pobreza y con graves deficiencias en los sectores de educación, salud e infraestructura que, en opinión de ellos, podrían solucionarse, en gran parte, con la recaudación proveniente de la venta de activos públicos. Asimismo, se sostiene que el Estado podría fortalecer su acción social subsidiaria con los crecientes ingresos fiscales que con seguridad se derivarían de una gestión privada moderna y eficiente de esta empresa, realidad que se aprecia en las privatizadas de la década pasada.

Si bien se reconoce la competitividad y productividad que paulatinamente va alcanzando el sector privado minero, ello no constituye un argumento suficiente para desmerecer la existencia de Codelco, por cuanto este proyecto y así lo estimó la mayoría de la Comisión, se orienta, precisamente, a dotar a dicha Corporación de una mayor flexibilidad con el fin de asemejarla lo más posible al comportamiento de una empresa privada. No obstante, la propuesta en estudio explicita claramente el marco dentro del cual se define la relación entre Codelco y el sector privado, especialmente en lo relativo a la constitución y desarrollo de nuevas filiales con participación de privados, asociación que no será considerada de carácter público o estatal y que, por consiguiente, no estará sometida a los sistemas de control especiales, tributarios u otros, que rigen a las empresas del Fisco.

En el análisis del proyecto propuesto por el Ejecutivo y aprobado por mayoría de votos en el seno de la Comisión de Minería, como Diputado informante seguiré el esquema propuesto en el proyecto.

Título I: Creación y objeto.

Este acápite consta de 4 artículos:

1º) Creación de la Corporación Nacional del Cobre como persona jurídica, con patrimonio propio, de duración indefinida, que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Minería, cuyo objeto principal será ejercer, en representación del Estado de Chile, los derechos patrimoniales que a éste le corresponden en la gran minería del cobre. En consecuencia, Codelco se regirá por las disposiciones de la ley Nº 18.046, que norma a las sociedades anónimas abiertas, quedando sujeta a la fiscalización, vigilancia y control de la Superintendencia de Valores y Seguros.

En segundo lugar, este título se refiere a la creación de 4 empresas filiales: Chuquicamata , El Salvador, El Teniente y Andina, de propiedad enteramente estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que actuarán como continuadoras legales de la Corporación en sus respectivos establecimientos, aplicándoseles a ellas, igualmente, la ley Nº 18.046, que gobierna a las sociedades anónimas abiertas.

En tercer lugar, se definen los cometidos de la empresa, eliminándose todo otro tipo de funciones relacionadas con la exploración, investigación, producción y comercialización del cobre, sus productos o derivados que le encomiende el Gobierno, cuya voluntad deberá expresarse, en lo sucesivo, a través del directorio de la empresa, el que tiene básicamente su origen en el Ejecutivo.

Por último, el artículo 4º de este título establece que los yacimientos que Codelco haya determinado destinar o destine en el futuro a sus planes de reposición o expansión, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de la ley Nº 19.137, serán desarrollados y explotados exclusivamente por la Corporación o por una sociedad creada al efecto por el directorio de Codelco, cuyos únicos socios podrán ser la propia Codelco y una o más de sus filiales.

Trabajadores como ejecutivos de la empresa, así como dirigentes políticos y sociales, han coincidido mayoritariamente con lo que se propone por medio de esta norma.

Se crea la figura de asociación entre la empresa y alguna de sus filiales para la explotación de los yacimientos declarados de reposición, cuestión que hoy no es posible hacer de no mediar esta ley.

Conviene dejar constancia de que el motivo fundamental por el cual la Oposición rechazó la idea de legislar, en general, y luego en particular, todas las disposiciones del proyecto, con excepción de los artículos 1º y 25 que fueron aprobados por unanimidad, fue porque creyó más conveniente transformar a Codelco en sociedades anónimas estatales, para lo cual presentó una indicación sustitutiva del artículo 2º del proyecto, la que fue rechazada por mayoría de votos. Además, estimó que la estructura jurídica con la cual se dota a Codelco carece de la suficiente autonomía e independencia del gobierno de turno y de la flexibilidad necesaria para lograr su pleno desarrollo y, de esta forma, convertirla en la empresa líder del país y, en su género, del mundo.

Durante la discusión del proyecto, los avances logrados en el seno de la Comisión de Minería han sido considerados por la Oposición como insuficientes para terminar con lo que en el propio mensaje se ha calificado de “gigantismo, centralismo y excesiva concentración de poder en un solo órgano ejecutivo.” Sin embargo, los parlamentarios de la Concertación desestimaron la conformación de sociedades anónimas para reemplazar a las filiales que por esta ley se crean, basados en los argumentos que paso a indicar a continuación.

En primer lugar, es de la esencia de las sociedades anónimas la posibilidad de transar las acciones o de transferirlas a terceros.

En segundo lugar, el traspaso de propiedades mineras nacionalizadas como aportes de capital en sociedades anónimas estatales infringe las disposiciones constitucionales vigentes en cuanto a que cualquier enajenación o transferencia de Codelco a otra empresa requiere de reforma constitucional para que dichas operaciones que involucren a estos yacimientos nacionalizados y actualmente en explotación puedan efectuarse, según el espíritu y letra del decreto ley Nº 1.167, que es de rango constitucional, que agregó a la Constitución Política de 1925 los artículos veintidós y veintitrés transitorios.

Fue decisión unánime de la Comisión considerar que el artículo 1º, para su aprobación, no requería de quórum calificado, en virtud de los argumentos contenidos en las páginas 88 a la 92 del informe, materia a la cual no me referiré en detalle para no extender en demasía la presentación del informe.

Título II. Patrimonio y capital.

Este título se compone de dos artículos.

El primero de ellos prescribe que el patrimonio de la Corporación está formado por todos los bienes, activos y pasivos, derechos y obligaciones que constituyeron los patrimonios de las sociedades colectivas del Estado, los que le fueron transferidos del patrimonio correspondiente a la ex Corporación del Cobre; por los adquiridos durante la vigencia del decreto ley Nº 1.350, de 1976, y por todos los demás bienes que haya adquirido o adquiera, a cualquier título.

Respecto del cumplimiento de las obligaciones con terceros, y especialmente con los trabajadores, dispone que tanto Codelco como cada una de sus filiales son las continuadoras legales de la Corporación Nacional del Cobre de Chile y de sus antecesores legales.

El segundo artículo de este título ordena que el capital de Codelco y de sus filiales se expresará en dólares americanos y sólo podrá ser modificado por el directorio de Codelco, con el voto favorable de, a lo menos, cinco de sus directores.

Es tradición que el manejo contable de Codelco se efectúe y se exprese en dólares americanos, ya que sus ingresos también están determinados en dicha moneda, no obstante la debilidad objetiva que a veces presenta esta moneda norteamericana.

Con ello se elimina que la empresa esté sujeta a riesgos cambiarios.

Título III. De la dirección y administración.

El presente capítulo consta de ocho artículos que constituyen una de las innovaciones del proyecto y quizás una de las propuestas más interesantes respecto de la modernización de una empresa pública.

Consolidar a Codelco como una empresa eficiente y competitiva requiere adoptar una gestión empresarial de excelencia, atenuando las interferencias de tipo político y adoptando una perspectiva de largo plazo en la asignación de recursos y en el desarrollo de la empresa. Asimismo, es necesario concebir y perfilar una relación de la empresa con su dueño basada en el principio de una administración realmente autónoma, sin vulnerar la obligación del dueño de dirigir estratégicamente a la empresa y de ejercer el control de sus resultados.

También se requiere buscar alianzas con otras empresas que aprovechen complementariedades, sumen fortalezas y recursos y compartan riesgos en negocios conjuntos, de modo de ampliar las ventajas competitivas de Codelco.

La nueva ley crea un conjunto de empresas con una casa matriz y filiales de la misma. La casa matriz y las filiales estatales estarán regidas por las normas que gobiernan a las sociedades anónimas abiertas. Todas ellas tendrán una personalidad jurídica y patrimonio propios y contarán con sus respectivos directorios, a los cuales les corresponderá ejercer la dirección y administración superior de la empresa y de las filiales, con todas las facultades y responsabilidades que establece la Ley de Sociedades Anónimas Abiertas.

La estructura y el esquema de administración reseñados presentan varias ventajas: permiten compatibilizar los beneficios de la descentralización y acercamiento de las decisiones a las unidades de negocios, con las sinergias asociadas a la posibilidad de aprovechar economías de escala de carácter corporativo. Dado el gran tamaño de Codelco, este proceso de descentralización en la toma de decisiones facilita una gestión orientada a los negocios de la empresa y, por ende, una mejor gestión de cada uno de ellos, con una clara medición de la rentabilidad y de los resultados de cada negocio.

El proyecto identifica claramente dónde queda radicada la autoridad y la consiguiente responsabilidad dentro de la empresa. En efecto, el rol de la junta de accionistas que establece la ley Nº 18.046, en el caso de Codelco, corresponderá al Presidente de la República, y en el caso de las filiales, al directorio de la casa matriz.

Por lo tanto, los directorios, tanto de la casa matriz como de las filiales, tienen una instancia clara a quien responder por los resultados de su administración.

Por otra parte, la facultad de administración de Codelco y de sus filiales queda claramente radicada en los respectivos directorios. La gestión del Vicepresidente Ejecutivo de Codelco queda supeditada a los lineamientos del directorio de Codelco, que tendrá, además, la facultad de designarlo y removerlo, como veremos más adelante.

El directorio de Codelco estará compuesto por siete miembros. Seis serán designados libremente por el Presidente de la República por un período de seis años, y la mitad se renovará cada tres años. El séptimo también será nombrado por el Presidente de la República, de una quina presentada por los trabajadores a través del Ministerio de Minería, y durará tres años en sus funciones.

En las filiales, los cinco miembros de su directorio serán nombrados por el directorio de la casa matriz. Uno de ellos será el Vicepresidente Ejecutivo de Codelco y otro será elegido de una quina propuesta por los trabajadores. Todos, a excepción del Vicepresidente Ejecutivo, durarán tres años en sus cargos y podrán ser removidos en cualquier momento por el directorio de la casa matriz.

Tanto a nivel divisional como corporativo existirá, además, un segundo director laboral, quien tendrá carácter de suplente con derecho a voz. Este sistema de conformación y de renovación de los directorios significa mayor estabilidad en su composición y que no tendrán la representación corporativa, como ha sido hasta la fecha. Ello otorga a la empresa una mayor autonomía con respecto a interferencias de tipo político o a los intereses de organismos o sectores específicos y resuelve dualidades como las que hoy se presentan, por ejemplo, ministros que son directores de Codelco y deben velar, además, por los intereses de sus respectivas carteras.

En el esquema propuesto, la visión de los directorios estará completamente centrada en los negocios y en la agenda corporativa de la empresa, y éstos contarán con facultades y responsabilidades consistentes con una optimización de la gestión de Codelco y de sus filiales.

Las facultades asignadas a los directorios, su esquema de designación y la renovación de la mitad del directorio de Codelco cada tres años entrega a la empresa una mayor estabilidad en su visión y estrategia de mediano y largo plazo y también una mayor estabilidad y permanencia en sus respectivas políticas.

Por último, cabe agregar que a los directores de la casa matriz y de las filiales les es aplicable la ley Nº 18.046, que regula las sociedades anónimas abiertas, en virtud de lo cual rigen respecto de ellos las mismas incompatibilidades, inhabilidades, responsabilidades y prohibiciones que afectan a los directores de cualquier sociedad anónima.

Estas mismas normas, por extensión, se aplicarán también al Vicepresidente Ejecutivo de Codelco, a los gerentes generales de las filiales y a todos aquellos ejecutivos de dicha Corporación y de la empresa o de sus filiales, a los cuales el directorio de la casa matriz determine que les son aplicables.

Por último, cada una de las atribuciones que se confieren al directorio de Codelco fueron analizadas individualmente y votadas una a una. Ellas están contenidas en el artículo 10 del proyecto aprobado por la Comisión y evitaré entrar en su detalle, el que puede ser conocido por todos los señores parlamentarios, ya que se consignan en el informe correspondiente.

Título IV. Régimen cambiario y presupuestario de Codelco.

Primero haré un análisis de la situación a la luz del decreto ley Nº 1.350, que rige el comportamiento y funcionamiento de la Corporación Nacional del Cobre.

Hoy, la Corporación debe presentar sus presupuestos a consideración de los Ministerios de Minería y de Hacienda antes del 1º de septiembre, exigencia que la obliga a empezar su proceso presupuestario en marzo, con la emisión de programas tentativos de producción para permitir las discusiones y aprobaciones en los distintos niveles de la Corporación. Los presupuestos de operaciones, inversiones y amortización de créditos que debe presentar, se operan y aprueban a través de un presupuesto de caja.

En la práctica, la operación y el control de Codelco por medio de un presupuesto de caja se realizan sólo para satisfacer los requerimientos del Ministerio de Hacienda, ya que dentro de la actividad empresarial es una de las herramientas utilizadas para manejar adecuadamente los flujos de dinero; pero no es la más conveniente para controlar la gestión de una empresa.

Codelco, como cualquier empresa, utiliza un completo sistema de costos y un adecuado sistema de contabilidad que le permite dar satisfacción a sus necesidades de gestión y cumplir con sus obligaciones tributarias.

Por otra parte, el artículo 18 del actual decreto ley N°1.350 establece que, con cargo a los retornos de las exportaciones, el Banco Central depositará en las cuentas corrientes de la empresa las cantidades correspondientes a los egresos del presupuesto de caja. De esta manera, la diferencia entre los retornos y los egresos, deducidas algunas partidas, constituyen provisoriamente los excedentes de beneficio fiscal.

El articulado afecta el manejo empresarial de la empresa, toda vez que lo limita al cumplimiento estricto de su presupuesto que, como se ha señalado, inicia su generación nueve meses antes de la operación de enero y 21 meses antes de la de diciembre del año siguiente.

Aun cuando en la realidad este artículo no se ha aplicado, el Banco Central tiene atribuciones para administrar a Codelco a través del manejo de su caja.

En síntesis, se debe corregir una situación legal que no opera, ya que ninguna empresa comercial puede hacer rígido su manejo financiero a través de un presupuesto mensual definido con mucha anticipación.

Dos últimos comentarios sobre la normativa vigente en materia presupuestaria y de inversiones.

En primer lugar, el artículo 23 establece que la empresa no estará obligada a liquidar el total de lo retornado, pero la parte no liquidada deberá mantenerla en cuentas corrientes en el Banco Central.

Esta disposición también impide el manejo financiero de dicha Corporación, ya que la parte no liquidada permanece sin ser utilizada en el mercado, posibilitando la obtención de rentas sólo al Banco Central por los intereses que esos depósitos generen.

En segundo lugar, el artículo 9°, letra m), del actual decreto ley Nº 1.350 exige que los créditos que la empresa contrate deben ser autorizados por el Ministerio de Hacienda, lo que en la práctica significa que dicha cartera autoriza las líneas de crédito de Codelco con cada uno de los bancos acreedores, conjuntamente con aprobar las modificaciones a dichas líneas si ello ocurriere.

¿Cuál es, en consecuencia, la situación en que queda Codelco con el proyecto aprobado?

La iniciativa define un nuevo esquema de administración financiera para la Corporación y sus filiales estatales. La modificación fundamental consiste en la introducción de un plan de desarrollo sexenal que será el principal instrumento de gestión de la empresa y que hará posible una planificación de las inversiones y del desarrollo de Codelco dentro de una perspectiva de más largo plazo.

El plan integrará los planes de desarrollo de las filiales y se actualizará anualmente. En él se incorporarán metas anuales de inversión, de producción, de costos y rentabilidad para los próximos seis años; también definirá la política de reparto de dividendos y de endeudamiento.

Tanto el plan de desarrollo como las políticas de traspaso de utilidades y de endeudamiento para los próximos seis años deberán ser aprobados por el Presidente de la República a más tardar el 30 de octubre de cada año, y sólo podrá ser modificado en forma excepcional por el Presidente de la República a petición fundada del directorio de la casa matriz, previo informe de los Ministerios de Hacienda y de Minería.

Los presupuestos anuales de operaciones, inversión y de caja de Codelco y sus filiales se aprobarán dentro del contexto que entrega el plan sexenal, lo que define una nueva relación entre la empresa y el Gobierno.

Una vez fijada la política de reparto de dividendos y de endeudamiento, el directorio contará con libertad en el marco de dichas políticas para tomar decisiones que involucren aspectos financieros de la empresa, situación que hoy día no existe.

Esta mayor autonomía redundará en una simplificación de muchas autorizaciones que hoy día se requieren tanto del Banco Central como del Ministerio de Hacienda.

Coincidente con la mayor autonomía con que se quiere dotar a la Corporación, se entrega un nuevo esquema de administración financiera. Se establecen parámetros para la evaluación de proyectos pertenecientes a Codelco, los cuales serán establecidos por el directorio de la casa matriz. Ello permitirá que esas evaluaciones se realicen con parámetros similares a los que utilizan las empresas privadas del sector cobre para sus decisiones de inversión.

Finalmente, conviene resaltar lo establecido en el artículo 17 del texto aprobado por la Comisión, en virtud del cual, antes del 30 de diciembre de cada año, el Ministerio de Hacienda podrá observar los presupuestos consolidados de operación, de inversión y de caja de la empresa. Si así no lo hiciere, se entenderá aprobada la proposición del directorio de Codelco sobre la materia.

Título V. Fiscalización y sanciones.

Este título comprende los artículos 26 y 27.

En primer lugar, me referiré al artículo 26.

Amplia y profusa discusión mereció este título en la Comisión, dados los acontecimientos que la opinión pública conoció con ocasión de operaciones de Codelco en mercados de futuro. Todos sus miembros se abocaron a encontrar los mecanismos más eficientes para asegurar una debida y oportuna fiscalización de la empresa.

Al respecto, cabe tener presente la situación real que plantea el proyecto, toda vez que en sus disposiciones no se menciona ni asigna, específica y particularmente, un rol a la Contraloría General de la República, cuestión que motivó una variada discusión en la Comisión.

En relación con esa materia, las normas que imponen la fiscalización de la Contraloría General de la República sobre Codelco no están establecidas en el decreto ley Nº 1.350, sino en el decreto ley Nº 1.349, de 1976, Orgánica de la Comisión Chilena del Cobre.

Cuando se creó Codelco, junto con la Comisión Chilena del Cobre, hubo clara voluntad del legislador de distinguir dos clases de organizaciones: la Comisión Chilena del Cobre, sucesora legal de la antigua Corporación del Cobre, creada con las características de un servicio público descentralizado de la administración del Estado y, por otro lado, una empresa del Estado que la propia ley califica de minera, industrial y comercial y que, por lo tanto, se rige por las normas del derecho común.

En virtud de esta diferenciación, respecto de la Comisión Chilena del Cobre se estableció la fiscalización directa de la Contraloría General de la República, como organismo público. En efecto, el artículo 12 de ese cuerpo legal señala: “La Comisión Chilena del Cobre quedará sujeta a la plena fiscalización de la Contraloría General de la República”. El inciso tercero de dicha norma agrega: “La Contraloría General fiscalizará a través de la Comisión a las sociedades colectivas del Estado o a la o las empresas que sean sus continuadoras legales...”, que es el caso de Codelco. El inciso cuarto prescribe: “No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, el Contralor General de la República, podrá, cuando circunstancias especiales así lo aconsejen, disponer que la Contraloría asuma transitoriamente y en plenitud, todas o algunas de sus facultades de fiscalización o de las que corresponden a la Comisión, respecto de las sociedades colectivas del Estado...”.

Es decir, existe en esta materia una completa fiscalización sobre Codelco por parte de la Contraloría General de la República. Por un lado, lo hace mediante la Comisión Chilena del Cobre, que fiscaliza a Codelco por mandato legal y, por otro lado, lo hace ella misma por decisión del Contralor. Esto en estrecha relación con lo que señala el inciso segundo del artículo 16 de la ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, según el cual “También quedarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones, representación o participación, para los efectos de cautelar el cumplimiento de los fines de estas empresas, sociedades o entidades, la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados, y obtener la información o antecedentes necesarios para formular un Balance Nacional.”

En consecuencia, la Comisión estimó que no por el hecho de no aparecer específica y expresamente consignado un rol fiscalizador para la Contraloría General de la República, ella estuviera ausente de esa fiscalización; eso, debido a los argumentos que he mencionado.

El inciso final del artículo 26 dispone que la Superintendencia de Valores y Seguros ejercerá la fiscalización, el control y la vigilancia de Codelco y sus filiales, de conformidad a las normas pertinentes de la ley

Nº 18.046 y del decreto ley Nº 3.538, de 1980.

De acuerdo con el espíritu del proyecto en análisis, se pide a la Superintendencia de Valores y Seguros que cumpla con lo que prescribe su ley orgánica. A Codelco se le asigna únicamente el carácter de sociedad anónima y no la forma jurídica de tal.

La Superintendencia de Valores y Seguros tendrá que examinar las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos. Deberá requerir la entrega de cualquier libro, documento o antecedente, a fin de exponerlos ante la opinión pública. No se le pide que cumpla con el papel de la Comisión Chilena del Cobre ni de la Contraloría General de la República.

En el artículo 27, que se refiere a las sanciones derivadas de la responsabilidad civil y penal de los trabajadores, se consigna que a los empleados de Codelco se les aplicará la normativa del derecho común que rige a las empresas privadas, es decir, las disposiciones del Código del Trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, se aplicará también la penalidad que se establece en el artículo 239 del Código Penal al empleado de Codelco o de sus filiales que, en las operaciones, negociaciones o actuaciones en que interviniere en razón de las funciones que desempeñe, a sabiendas defraudare o consintiere en que se defraudare a alguna de aquéllas, causándoles un daño patrimonial, sin importar si se beneficia de su acción.

Asimismo ésta es una indicación que presentamos en la Comisión los parlamentarios que en ella participamos, se extiende a los empleados de Codelco el ámbito de aplicación y efectos del artículo 240 del Código Penal, que sanciona a los empleados públicos que se involucran en negociaciones incompatibles, entendiéndose como tales aquéllas en que el empleado toma decisiones que lo pueden beneficiar a él o a personas ligadas. Sin embargo como dije los trabajadores de Codelco o de sus filiales seguirán sometidos a las disposiciones del Código del Trabajo y de sus leyes complementarias.

Título VI. Otras normas.

En este acápite del proyecto sólo me referiré a lo establecido en el artículo 29, por cuanto constituye una normativa extremadamente importante para los intereses de Codelco y del país.

La ley Nº 19.137, que permitió a Codelco asociarse con terceros en aquellos yacimientos no calificados como de reposición, estableció que propenderá a tener un porcentaje del capital superior al 50 por ciento. En la práctica, el espíritu de la norma no se puede cumplir, puesto que, al tener Codelco el 50 por ciento o más de las acciones o capital de una sociedad, ella pasa a ser calificada como perteneciente al Estado y ningún socio privado, extranjero o nacional está dispuesto a asociarse con Codelco en esas condiciones. Eso se traduce, en los hechos, en que Codelco está obligada a tener un porcentaje minoritario del capital cuando se asocia con terceros. Por ejemplo, la asociación en el yacimiento de “El Abra” se pudo hacer sólo sobre la base de que Codelco no tuviera más del 49 por ciento del capital, y todas las asociaciones para exploración que se puedan realizar o concretar en el futuro responden a ese esquema.

Al obligar a Codelco a ser minoría, el país deja de percibir la ganancia de capital que se obtiene por la diferencia del valor del yacimiento como consecuencia de la inversión en exploración. En consecuencia, el artículo 29 establece: “En las sociedades, asociaciones o comunidades que se constituyan de acuerdo con el artículo 2º de la ley Nº 19.137, los aportes de cualquier naturaleza que hagan Codelco o sus filiales no se considerarán fondos del Estado para ningún efecto legal, por lo cual dichas sociedades, asociaciones o comunidades no tendrán ni adquirirán la calidad de empresas del Estado, cualquiera que sea la participación en ellas de Codelco o de sus filiales.”

Por último, es justo mencionar que la discusión de este proyecto se llevó a cabo con altura de miras y profundidad, y que tanto a los Diputados que lo aprobamos como a los colegas que legítimamente lo rechazaron, nos animó siempre la búsqueda de lo mejor para resguardar los intereses nacionales. Fue un debate en que primó siempre el respeto por la opinión contraria.

Por estas razones, la Comisión de Minería y Energía recomienda, por mi intermedio, la aprobación del proyecto de ley.

He dicho.

El señor JOCELYN-HOLT.-

Señor Presidente, en conformidad con las normas pertinentes de la ley orgánica del Congreso Nacional y del Reglamento de la Corporación, paso a informar, en nombre de la Comisión de Hacienda, sobre el proyecto de ley, iniciado en un mensaje del Presidente de la República, que establece un nuevo marco orgánico para la Corporación Nacional del Cobre de Chile.

Después de que el proyecto fuera despachado por la Comisión de Minería, la Comisión de Hacienda lo estudió y discutió en seis sesiones, a las que asistieron el Presidente Ejecutivo de Codelco con toda la plana mayor de la empresa, así como los representantes de la Federación de Trabajadores del Cobre y de la Federación de Supervisores de Codelco, quienes fueron especialmente invitados.

El proyecto de ley ya fue dado a conocer en detalle por el Diputado informante de la Comisión de Minería, toda vez que el texto que tratamos hoy es prácticamente el mismo que despachó la Comisión de origen, con tres modificaciones puntuales y con un nivel de respaldo en el caso de la Comisión de Hacienda bastante consensual entre el Gobierno y la Oposición.

Más que una explicación de los propósitos globales de la iniciativa, me limitaré a señalar básicamente las diferencias entre ambos informes, así como las normas que generaron algún tipo de discusión especial en la Comisión de Hacienda o que fueron objeto de indicaciones. Por lo demás, cabe destacar que se le remitió el proyecto para su estudio en forma integral, siendo el parecer de la Comisión no pronunciarse sobre dos normas relativas al quórum de funcionamiento de los directores de la matriz o de sus filiales, que no eran de su competencia específica y a las cuales no se les formularon indicaciones.

La Dirección de Presupuestos no acompañó antecedentes financieros ni presupuestarios en relación con el proyecto.

El propósito de la iniciativa consiste en modificar el decreto ley Nº 1.350, de 1976, que creó la Corporación Nacional del Cobre de Chile, con el objeto de transformarla en un conglomerado de empresas mediante su división en una casa matriz y empresas filiales estatales, sociedades mixtas y sociedades subsidiarias, y de radicar en los respectivos directorios las facultades de administración de cada una de ellas.

Tales objetivos están vinculados al cumplimiento de las siguientes metas que la empresa se ha propuesto cumplir según expresiones vertidas en la Comisión por sus ejecutivos y que el Diputado informante de la Comisión de Minería señaló anteriormente:

1º.Lograr una rebaja de los costos de producción de la empresa.

2º.Transferir al Fisco el ciento por ciento de sus utilidades.

3º.Financiar el plan de inversiones destinado al negocio principal de las divisiones mineras y los yacimientos de reposición, con fondos generados internamente, sin necesidad de aumentar su endeudamiento.

4º.Asociaciones con el sector privado para la exploración y desarrollo de nuevos proyectos mineros.

En la Comisión se puso énfasis en que el proyecto plantea la sustitución del actual estatuto jurídico de Codelco por uno que sea flexible, permitiendo al conglomerado ser más competitivo y eficiente, y en que la gestión empresarial adopte una perspectiva de largo plazo en la asignación de recursos y desarrollo de la empresa.

Se busca radicar con precisión tanto la autoridad como las responsabilidades dentro de la empresa, correspondiéndole al Presidente de la República el rol que la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas, entrega a las juntas de accionistas y, en el caso de las filiales, al directorio de la matriz.

Se define un nuevo esquema de administración financiera para Codelco y sus filiales estatales, consistente en un plan de desarrollo de seis años que permitirá una planificación de las inversiones de la casa matriz y de las filiales de más largo plazo, y que incluirá, además, metas anuales y políticas de reparto de dividendos y de endeudamiento.

En materia de transparencia y fiscalización, la empresa se regirá por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas y sujeta al control de la Superintendencia de Valores y Seguros, manteniéndose en lo pertinente la fiscalización de la Comisión Chilena del Cobre y de la Contraloría General de la República.

De este modo, Codelco queda obligada a publicar Fecus semestrales, con información sobre los resultados económicos y financieros de la empresa y sus filiales; a comunicar los hechos relevantes que afectan su posición y a otras exigencias que otorgan mayor transparencia e información pública de su gestión. Esta es una estructura de fiscalización más exigente que la que existe hoy, porque involucra a la opinión pública en el manejo diario y cotidiano de la empresa.

La Comisión de Hacienda introdujo tres modificaciones muy puntuales al proyecto despachado por la Comisión de Minería.

En primer lugar, respecto de los representantes de los trabajadores y supervisores en el directorio de la matriz y sus filiales, obedeciendo a una inquietud de la Federación de Supervisores y de común acuerdo con el Presidente Ejecutivo de Codelco, se aprobaron, por unanimidad, dos indicaciones presentadas por los Diputados señores Arancibia , Jürgensen , Andrés Palma , Sabag , señora Rebolledo y quien les habla, a los artículos 8º y 11, en el sentido de definir la modalidad para elaborar las quinas que se conformarán de entre los trabajadores y supervisores de la empresa o de la respectiva filial, para ocupar el cargo titular y suplente de director laboral de la matriz y sus filiales.

La idea es garantizar que los trabajadores y supervisores alternen el ejercicio de la titularidad y suplencia del cargo de director laboral para cada período sucesivo, de modo que ninguno quede perpetuamente relegado a una suplencia. Asimismo, se trata de asegurar que las quinas sean integradas por votación universal y secreta de todos los trabajadores, en su caso, y supervisores, tratándose de su propia quina, sea que los trabajadores pertenezcan o no a sindicatos afiliados a la Federación de Trabajadores, tratándose de ellos, o que los supervisores pertenezcan o no a su respectiva federación.

También se aprobó, por unanimidad, una indicación al artículo 26, presentada por los Diputados señores José García , Kuschel y Orpis para obligar a Codelco y sus filiales a publicar trimestralmente sus balances y estados financieros en un diario de circulación nacional, y a remitir los mismos a las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado.

Aun cuando se desestimaron y se insistió en el proyecto aprobado por la Comisión de Minería, se discutieron los siguientes temas.

Se declaró inadmisible una indicación al artículo 1º para dar a Codelco el carácter de sociedad anónima.

Por lo demás, según lo dicho por el propio Presidente Ejecutivo de Codelco y por sus asesores, resulta poco práctico pretender introducir el tema de la privatización de la empresa más allá de cualquier discusión sobre sus supuestas bondades, mediante un cambio de denominación, pues tal privatización requiere de una reforma constitucional, en el caso de las actuales cuatro divisiones mineras, y de una autorización legal, en el de los yacimientos de reposición. El nombre de la empresa no cambia la naturaleza jurídica de la propiedad de los yacimientos; sólo introduce conflicto y desconfianza en un tema respecto del cual es poco probable que se logren los quórum requeridos, ya que sólo termina por distraer el esfuerzo que se hace por modernizar Codelco y lograr su desarrollo futuro como empresa del Estado.

Uno de los objetivos del proyecto es hacer aplicables a Codelco las normas sobre sociedades anónimas abiertas relativas a transparencia, a sistemas de información y control, al ejercicio de responsabilidades y a todo lo que le sea compatible. Por lo tanto, el verdadero fin se logra no tanto con el nombre sino con la manera en que la empresa opera en el mercado, y en ese sentido el proyecto cumple con el objetivo real.

Se discutió el alcance del artículo 2º, que dispone que Codelco será dueña absoluta y exclusiva de las filiales, y el artículo 4º, que establece que el desarrollo y explotación de los yacimientos destinados a planes de reposición o expansión serán efectuados exclusivamente por Codelco o por una sociedad en que ella esté asociada con una o más de sus filiales.

Para algunos señores Diputados de Oposición era conveniente considerar la participación de privados en la propiedad de las filiales. Sin embargo, el artículo 4º fue aprobado tal como venía por 7 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Asimismo, se rechazó una indicación que proponía eliminar dicho artículo, que fija la modalidad bajo la cual Codelco puede desarrollar y explotar los yacimientos de reposición.

Fue muy controvertido el artículo 7º en lo relativo a las remuneraciones de los directores de Codelco y de sus filiales. Se planteó que el monto fijado equivalente al de la remuneración de los ministros de Estado incluidas las asignaciones que a éstos les corresponda era bajo, atendida tanto la naturaleza y tamaño de la empresa como la necesidad de que sus ejecutivos tengan sueldos competitivos, parecidos a los que entregan empresas de similares características a nivel mundial. También se inquirió si sería conveniente establecer por ley este tipo de remuneraciones, toda vez que el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades sobre juntas de accionistas, puede fijar las remuneraciones de los directores.

Finalmente, se solicitó votación separada de la norma, la que se aprobó en su forma original.

Se rechazaron indicaciones a los artículos 10 y 14, que tenían por objeto reforzar las atribuciones del Presidente de la República para definir la empresa de auditoría externa que certificará los balances de Codelco y sus filiales y para aprobar sus estatutos, todo ello a sugerencia del Vicepresidente ejecutivo de la empresa.

Se afirmó que las indicaciones eran innecesarias, en consideración a que eso es precisamente lo que dice el proyecto en su versión actual.

En el artículo 22, se polemizó sobre la evaluación que les corresponderá hacer a Mideplan y a Cochilco más que nada al primero de los proyectos de inversión, exploración e investigación que desarrollan Codelco y sus filiales. A Cochilco le corresponderá la evaluación técnica, y Mideplan se encargará básicamente de su impacto social; pero ambos verán los proyectos desde una óptica distinta de la de la empresa, lo que será un aporte valioso para determinar la conveniencia de un proyecto en estudio.

No se discute mayormente el rol de Cochilco, pero sí hubo dudas sobre el papel de Mideplan. Considerando la naturaleza y envergadura de los proyectos que normalmente tiene que enfrentar Codelco, en realidad, aparte de la evaluación interna que pueda hacer la empresa por sí sola, parece del todo aconsejable efectuar una evaluación desde distintas perspectivas. A partir de ahí, la norma fue aprobada con votación dividida.

Todo lo demás, aparte de los temas que acabo de mencionar, fue aprobado unánimemente tal como lo despachó la Comisión de Minería, y en algunos casos sólo con abstenciones. Es decir, las normas sobre objeto o giro especial de la empresa, constitución de su patrimonio, especificación de lo que le pertenece a la matriz y a sus filiales y forma en que se expresa su capital, consignadas en los artículos 3º, 5º y 6º, fueron aprobadas sin problemas.

La integración del directorio de la matriz y de sus filiales y sus atribuciones, materias incluidas en los artículos 8º, 10, 11 y 13, también fueron aprobadas.

Tampoco hubo problemas para aprobar los artículos 15 y 16, relativos al plan sexenal de desarrollo de Codelco, que actúa como marco para los presupuestos anuales, a la forma en que se aprueba el mismo, a las políticas de traspaso de utilidades y endeudamiento de la empresa; los artículos 19 y 21, relacionados con la forma en que la matriz debe ingresar mensualmente los dividendos provisorios anticipados al Fisco, a la manera en que las filiales traspasarán sus utilidades a la matriz, y los artículos 10, 17, 18 y 20, que se refieren a las atribuciones del directorio de Codelco en relación con los presupuestos consolidados de la empresa, al rol del Ministerio de Hacienda para fijar las pautas e impartir las instrucciones que definan la manera en que se confeccionarán dichos presupuestos, su estructura, mensualización e información sobre su ejecución y la facultad de Hacienda para formular observaciones al presupuesto aprobado.

Asimismo, fueron aprobados los artículos 23 y 24, relativos a la forma en que Codelco y sus filiales deben retornar, mantener y liquidar el producto de sus exportaciones; el artículo 25, sobre régimen de contabilidad y tributación de Codelco y sus filiales, y el artículo 26, que fija la manera en que se ejerce la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros sobre la empresa y sus filiales, y el papel de Cochilco como contralor técnico de Codelco, con la indicación aprobada ya mencionada que obliga a la empresa a publicar trimestralmente sus balances y estados financieros, y a remitir la misma información a las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado.

Tampoco generó problemas el artículo 27, que dilucida, de una vez por todas, la discusión sobre las operaciones de futuro concretamente respecto de sus responsabilidades o ante quién responden los trabajadores de Codelco, al establecer que los trabajadores de la empresa no son empleados públicos y quedan sujetos a las responsabilidades civiles y penales exigibles al sector privado, según la legislación común, salvo en lo relativo a la figura de defraudación al Fisco y a la negociación incompatible, caso en el cual se les hace extensiva su responsabilidad a la de los empleados públicos.

Del mismo modo, se aprobaron los artículos 28, que establece que Codelco no se regirá por las normas aplicables a las empresas del sector público, salvo cuando la ley lo menciona en forma expresa, como ocurre actualmente con otras empresas públicas como Televisión Nacional; el 29, que establece la forma en que deben considerarse los aportes de Codelco para las asociaciones con terceros, y el 30 y los cuatro transitorios, relativos a la entrada en vigencia de la ley, al régimen transitorio para la instalación del primer directorio de Codelco y de las filiales, de conformidad con la nueva ley.

Por último, también se aprobó el artículo segundo, que reemplaza el artículo 4º de la ley Nº 19.137, que legisla sobre asociaciones de Codelco con terceros. Fija la modalidad en que el directorio adopta los acuerdos de asociación, la manera como intervienen el Presidente de la República y los Ministros de Minería y de Hacienda en la aprobación de los mismos, y los criterios bajo los cuales Codelco propenderá a tener un participación mayoritaria en las asociaciones mencionadas.

Todas estas normas fueron aprobadas por unanimidad o sólo con abstenciones, lo que demuestra que, en general, se trata de un proyecto respecto del cual hubo gran consenso en la Comisión de Hacienda, a pesar de que, al parecer, en la de Minería corrió distinta suerte.

Esta iniciativa es una herramienta al servicio de una estrategia global de Codelco, que permite su flexibilización e introduce un esquema de administración a más largo plazo y descentralizado, y diversifica las modalidades que puede adoptar en eventuales asociaciones con privados, actuando de este modo como estímulo a las mismas.

La idea ha sido mejorar la competitividad de la empresa, introduciendo cambios importantes en su estatuto jurídico, en su estructura de gestión y en los mecanismos de transparencia y fiscalización, sin alterar su estructura de propiedad.

Las proyecciones que indican que para el año 2000 Chile estará produciendo más del 40 por ciento de la producción de cobre de mina del mundo occidental, y que sus exportaciones del mineral representarán más del 50 por ciento de las exportaciones totales del país superiores a las de hoy ilustran por qué es necesario aprobar un proyecto que cumpla con los objetivos que se han tenido en vista en éste. En verdad, cualquiera que sea el juicio que se tenga sobre la estructura de propiedad de la empresa o el rol que cada Diputado en esta Sala quiera atribuirle, su actual estructura no es sostenible en el tiempo.

Las consideraciones anteriores llevan a la Comisión de Hacienda a recomendar a la Sala la aprobación del proyecto.

He dicho.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Ávila .

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, parodiando a Alexis Tocqueville el célebre diplomático y político francés diría que un fantasma recorre la administración del Estado: el de la “modernidad tecnocrática”.

Los efectos de su inquietante aparición se sienten en este proyecto que hoy conoce la Cámara. En él queda de manifiesto el propósito de apartar a Codelco de la fiscalización autónoma, independiente e imparcial que sólo la Contraloría está en condiciones de ejercer.

El artículo 87 de la Constitución Política otorga a dicho organismo, entre otras funciones, la de ejercer el control de legalidad de los actos de la administración del Estado.

De acuerdo con el artículo 1º de la ley Nº 18.575, Codelco forma parte de la administración. Entonces, al tenor de las disposiciones ya mencionadas, una fiscalización indirecta, evasiva, oblicua y, por lo tanto, atenuada de la Contraloría, como se propone, es claramente inconstitucional.

En razón de ello, anuncio desde ya mi decisión de recurrir al Tribunal Constitucional, a fin de que se pronuncie sobre el contenido del artículo 26.

De acuerdo con el espíritu y la letra de la Carta Fundamental, todo ente del Estado debe ser fiscalizado por un organismo externo. Con ello, se garantiza la independencia, autonomía e imparcialidad del control. Obviamente, estos rasgos no se pueden dar en el caso de la Comisión Chilena del Cobre. Tal juicio no es gratuito ni puede ser agraviante para la referida institución, por cuanto emana de la propia naturaleza de su consejo directivo.

Vale la pena recordar que dicha instancia está integrada por el Ministro de Minería, que la preside; por el Ministro de Defensa Nacional, por el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por dos representantes del Banco Central y por dos representantes del Presidente de la República.

Asimismo, el Vicepresidente de Cochilco es nombrado por el Presidente de la República y, por lo tanto, tiene el carácter de funcionario de su exclusiva confianza.

¿Puede alguien sostener con seriedad que desde allí es posible concebir para Codelco un control independiente del Gobierno?

Si la Contraloría General de la República hubiese tenido que fiscalizar a Esval a través de la Corfo, no habría existido el informe de agosto de 1993, en el cual, después de acreditar numerosas irregularidades, recomienda rescindir el contrato con el Consorcio Oceánico. A contrario sensu, si la Contraloría hubiese podido fiscalizar directamente a Codelco, no habría existido el “Davilazo.”

Además, aquí hay un problema de fondo. Los bienes que administran los órganos del Estado son de la comunidad toda y ésta tiene derecho a conocer su destino. Ello sólo se logra mediante una entidad con definido carácter de independencia e imparcialidad: la Contraloría General de la República.

El hecho de que disposiciones claramente contrarias al principio del control público sean avaladas por el propio Presidente de la República, hablan del poder que ostenta el equipo directivo de Codelco. Debo admitir que éste surge del alto prestigio personal y profesional de cada uno de sus integrantes; pero aquí tenemos el deber de legislar con sentido de país; no estamos para hacer un acto de fe en el señor Juan Villarzú y su equipo.

Quiero aprovechar de despejar una falacia que se ha hecho tozuda y pertinaz: la de concebir el control como un elemento que enerva la toma de decisiones. No es así. La rigurosidad de la fiscalización es, sin duda, compatible con una gestión ágil y eficiente.

Para que cada miembro de esta Corporación asuma muy conscientemente sus responsabilidades ante el país y ante la historia, quiero hacer una didáctica analogía de ilustrativos guarismos.

Codelco posee un total de recursos de 1.820 millones 164.003 pesos. Las 384 municipalidades de todo el país manejan el 21 por ciento de tan abrumadora cifra, es decir, 387.733,9 millones de pesos; las 16 universidades estatales, un 14,5 por ciento, esto es, 265.525 millones; las 11 empresas del Estado, como un todo, no superan esa cantidad, y ella alcanza al 26 por ciento de lo que representan en conjunto los 193 servicios de la Administración del Estado, del Poder Judicial y del Poder Legislativo.

Bajo el impacto de los montos precedentes y el revelador contraste con otros sectores del ámbito público, deseo añadir otra razón de fondo por la cual creo que constituye un grave riesgo eximir a Codelco de la fiscalización directa de la Contraloría.

En el ámbito de las licitaciones y adquisiciones de las empresas públicas, se ha configurado un verdadero “paraíso de la discrecionalidad”. Para decirlo de modo franco, allí existe una “caja negra” que puede horadar las bases institucionales del sector, si no se adoptan las medidas que correspondan.

Existe una alarmante ausencia de normas y procedimientos que sean del dominio público, en especial de quienes desean establecer sanas relaciones de negocios con el Estado. Muchas licitaciones se hacen en forma privada o por invitación. Esto significa que no hay transparencia en los criterios de selección de proveedores; tampoco en los procedimientos que aseguren a todos una igualdad de oportunidades. Se crean condiciones para la corrupción cuando la apertura de las propuestas técnicas y económicas no se efectúan en audiencias públicas y con la participación de algún ministro de fe.

Los aspectos señalados debieran ser objeto de especial atención por el órgano fiscalizador, el cual también debe experimentar un proceso de modernización, sobre todo en lo que atañe al rol que cumple respecto de las empresas del Estado. En fin, próximamente presentaré una propuesta concreta para abordar estos aspectos.

Codelco es una empresa que, sólo por concepto de obras en construcción, toma decisiones que involucran la suma de 176 mil millones de pesos. Por ello, debe ser objeto de la fiscalización directa que ha dispuesto la Constitución Política de la República para los órganos de la Administración del Estado.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Viera-Gallo .

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, éste es uno de los proyectos más importantes de los discutidos por la Cámara durante esta legislatura.

Como lo señaló muy bien el Diputado informante de la Comisión de Minería, el Ejecutivo, luego de una larga discusión en la misma y de llegar a acuerdos con los parlamentarios de la Concertación, pretende modernizar Codelco. ¿Qué se entiende por modernizar la principal empresa estatal del país? Al menos dos cosas: primero, transformar su organización interna, y segundo, establecer un conjunto de relaciones más armónicas entre la empresa y el Estado.

A mi juicio, el proyecto despachado por la Comisión de Minería y ratificado con las modificaciones indicadas por la de Hacienda cumple bien con el primer objetivo, al establecer un holding o conglomerado de empresas, una casa matriz, cuatro filiales estatales y al facultar a Codelco para crear sociedades mixtas y sociedades subsidiarias, todo lo cual da mayor flexibilidad al manejo de esta importante empresa del Estado.

Sin embargo, me asaltan dudas casi en el sentido contrario de lo indicado por el Diputado señor Ávila , en cuanto a que hayamos logrado el segundo objetivo, es decir, establecer bien un estatuto de normas claras que garanticen la autonomía de la empresa respecto del Gobierno y del Estado, en general, para actuar y competir en el mercado.

Partimos de la base de que con este proyecto no se altera el régimen jurídico de la propiedad de los yacimientos, lo cual deriva de una norma constitucional, aprobada durante el Gobierno de don Salvador Allende por la unanimidad del Congreso Nacional.

En consecuencia, quiero centrarme en el segundo objetivo modernizador, es decir, la relación entre la empresa y el Estado; pero antes, quiero formular algunas consideraciones generales.

En nuestro país, según la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, las empresas públicas forman parte de esa administración. Sin embargo, dicha ley desarrolla principios generales respecto de lo que pudiéramos llamar la administración central del Estado: carrera funcionaria, ciertos principios generales, derechos de los empleados públicos, pero carece de un capítulo sobre las normas generales que debieran regir a las empresas públicas. Esto lleva a que, en la práctica, se hagan consideraciones o se actúe como si estuviéramos ajenos a la filosofía de la Constitución de 1980, respecto de cuál debe ser el papel del Estado en la actividad económica y, a que, en el fondo, se confunda empresa pública con Administración del Estado o, dicho de otra manera, empresa pública con servicio público.

La verdad es que la Constitución de 1980, ratificando lo que se hizo en la de 1925, reserva la gran minería del cobre al Estado, y dice que una ley debe establecer la organización y funcionamiento de las empresas del Estado que harán efectiva esa propiedad de los yacimientos mineros.

Ahora bien, bajo la filosofía que rige la actual Constitución que, después, se traduce en la ley del Estado empresario, éste sólo puede realizar actividades económicas cuando exista una ley especial que así lo autorice y esa actividad económica del Estado debe regirse por el derecho común, salvo determinadas excepciones.

En el caso que nos ocupa, esa filosofía está traducida en el proyecto, y por eso, en el inciso segundo del artículo 1º, se establece el principio básico, cuando se señala que Codelco se regirá por las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas Abiertas y, supletoriamente, por la legislación común, en todo lo que no esté expresamente regulado por las normas de esta ley y por las de sus estatutos. Es decir, la norma principal es la de la legislación común, y las excepciones, las que establece esta ley.

Me parece importante tener claro este principio básico, cuando los colegas parlamentarios tengan que votar el proyecto, porque lo esencial es que la ley común rige la actividad de Codelco y cada uno de los artículos sólo son excepciones a la Ley de Sociedades Anónimas, que es la filosofía que corresponde a una concepción a mi juicio moderna de lo que debiera ser una empresa pública porque ésta, en una concepción actual, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no es la forma a través de la cual el Estado cumple un servicio público, porque perfectamente lo puede hacer a través de una sociedad privada y para eso le basta al Estado con regular, por una parte, la realización de esa actividad privada, y por otra, establecer subsidios para los consumidores de bajos recursos. Por ejemplo, es lo que ocurre hoy con las empresas eléctricas.

Entonces, cuando el Estado tiene en propiedad una empresa pública no es para entregar un servicio público, sino para maximizar ganancias, las que, a diferencia de lo que ocurre con una empresa privada, son ganancias del Estado, el que, en este caso, representa a toda la comunidad.

Esa filosofía debiera inspirarnos al discutir y votar este proyecto de ley.

Lamento que no se haya presentado durante el gobierno del Presidente Aylwin ni en el del Presidente Frei , una ley básica sobre normas generales de las empresas públicas porque, en cada caso, el Parlamento tiene que discutirlo sin un marco de referencia general.

Durante el gobierno del Presidente Aylwin discutimos normas sobre ferrocarriles; lo estamos discutiendo, ahora, en el caso de Codelco, y lo tendremos que discutir mañana ya se está haciendo en la Comisión respectiva, en el caso de la Emporchi.

Es decir, nos ahorramos el ejercicio intelectual de conocer las normas comunes que debieran regir a todas las empresas públicas respecto de las cuales después se podrían ver las excepciones caso a caso.

En la legislación actual hay cosas absurdas. Por ejemplo, para que el presidente de Enap pueda ausentarse del país, se requiere un decreto del Presidente de la República.

Evidentemente, no hay ninguna empresa que pueda competir en una economía abierta y global con esa cantidad de trabas burocráticas y de concepción antigua de lo que es empresa pública.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Luis Valentín Ferrada .

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Señor Diputado, no puedo acceder a la interrupción, porque ya concluyó el tiempo de sus dos discursos de cinco minutos.

Para terminar, puede redondear su idea.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, termino señalando que con este proyecto se da un paso muy importante en la modernización de Codelco; pero quiero llamar la atención de los señores parlamentarios respecto del capítulo IV, del régimen cambiario y presupuestario de Codelco, en el que, a mi juicio, todavía se mantienen facultades excesivas del Ministro de Hacienda, especialmente en lo referido a su capacidad para intervenir directamente en el manejo concreto de la empresa. Hubiera preferido que se estableciera un equilibrio de poderes entre el directorio de Codelco y el Ministro de Hacienda y que, de haber un conflicto, lo dirimiera el Presidente de la República. Me parece que todavía hay un papel excesivo aunque reconozco que ha habido un avance del Ministerio de Hacienda en el manejo de la empresa.

Respecto de lo señalado por el Diputado señor Ávila sobre las facultades de la Contraloría, creo que hacerle caso sería la mejor forma de terminar con esta empresa.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Después de haber consultado a los cinco jefes de Comités de la Corporación, solicito el acuerdo unánime de la Sala para suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo e Incidentes de hoy; de lo contrario, mañana, en la sesión que comienza a las 10.00, no habrá tiempo suficiente para que hagan uso de la palabra todos los señores Diputados inscritos.

¿Habría acuerdo?

Algunos señores DIPUTADOS.-

No.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

No hay acuerdo.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica .

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, deseo formular una petición en el mismo sentido: ampliar el plazo del proyecto.

La idea nuestra es presentar, a lo menos, cinco indicaciones para reponer las que no fueron aprobadas en la Comisión. Se requiere entonces analizarlas en la sesión de esta tarde de la Comisión de Minería, para lo cual necesitaríamos mayor plazo.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Ferrada .

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, en el día de hoy ingresó a la Cámara un proyecto de reforma constitucional respecto de todo el sistema electoral municipal, con calificación de discusión inmediata, por lo que es muy probable que sea el tema principal de la tabla de mañana.

Quiero hacer presente el punto para que se tenga en cuenta cuando se adopte una decisión respecto de la materia en debate.

El señor LONGUEIRA.-

Pero en este momento Su Señoría está pidiendo la unanimidad.

En un proyecto de esta naturaleza, corresponde que la Mesa, junto con el Ejecutivo, concuerden un criterio para que exista el tiempo suficiente para discutirlo en profundidad.

En verdad, se nos está obligando a postergar el término del Orden del Día de esta sesión, porque se ha calificado el proyecto de “suma urgencia”. Considero un abuso el que se le cambie su calificación justo cuando pasa a trámite de Sala y se tenga que despachar con la velocidad que se está haciendo en esta sesión, en circunstancias de que se estuvo analizando un año y medio en comisiones.

Por lo tanto, no voy a dar el asentimiento para prorrogar esta sesión, en la cual se han otorgado tiempos insuficientes a las bancadas y a los parlamentarios para exponer integralmente sus puntos de vista.

Es conveniente que el Ejecutivo retire la suma urgencia, con el objeto de despachar integralmente el proyecto una vez que haya escuchado a todos los parlamentarios con el tiempo suficiente para emitir su opinión. Ahora, si quiere pasar este trámite sin discusión, no prorroguemos el Orden del Día, porque no tiene sentido estar asignando cinco minutos adicionales en un proyecto de la envergadura de Codelco.

Por lo expuesto, corresponde en esta oportunidad que la Mesa y el Ejecutivo concuerden un día para despachar este proyecto en la Sala, pero con el tiempo que permita exponer con seriedad en una materia tan relevante, como es la principal empresa pública del país.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Para el prestigio de la Mesa de la Corporación, quiero clarificar lo siguiente. Me preocupa profundamente que los acuerdos de los Comités, que normalmente se adoptan por la unanimidad de sus miembros y con la debida antelación, no se transmitan a los parlamentarios de las respectivas bancadas.

El caso expuesto por el Diputado señor Longueira fue discutido in extenso en dos reuniones de comités hace dos semanas, a raíz de lo cual se adoptaron todas las providencias del caso. Entonces, no es bueno para nadie que quede en el aire en este caso por escrito en la versión un hecho que no corresponde a la realidad.

Por el respeto que nos debemos entre nosotros, he solicitado la unanimidad de la Sala para dar más tiempo a los parlamentarios que efectivamente han participado en la Comisión de Minería en la discusión de este proyecto importante para el país, con el objeto de que puedan exponer su opinión.

Tiene la palabra el Diputado señor Vilches .

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, los Diputados de Renovación Nacional hemos estudiado acuciosamente el proyecto que modifica el decreto ley Nº 1.350, que creó Codelco-Chile, ingresado a la Cámara el 18 de mayo de 1994 y que ha sido discutido in extenso en la Comisión de Minería y Energía durante 1994 y 1995.

En primer lugar, quiero señalar que los Diputados de la bancada de Renovación Nacional vamos a rechazar la idea de legislar sobre este proyecto, pues establece una nueva estructura jurídica para la empresa del cobre, la cual no se constituye en sociedades anónimas de propiedad estatal, tal como lo hemos solicitado públicamente y en forma reiterada.

Ahora bien, la modernización efectiva de Codelco-Chile debería considerar en esta etapa los siguientes aspectos, que incluyen medidas y criterios que paso a destacar.

En primer lugar, radicar la propiedad de estas empresas inicialmente en un holding de propiedad estatal o directamente de Corfo. Tal holding debería coordinar, básicamente, los programas de comercialización general del cobre y definir los criterios de licitación de todas las pertenencias y yacimientos no incluidos en el patrimonio de las nuevas sociedades anónimas. En cualquier caso, es fundamental que no se le asigne a este holding una estructura burocrática pesada, que abra paso a un ejercicio de facultades y atribuciones similares a las que hoy ejerce la administración central de Codelco, con lo cual se aseguraría una gestión más eficiente, transparente y fácilmente fiscalizable.

En segundo lugar, designar a los directores de la empresa holding y de las sociedades anónimas o filiales con parámetros de excelencia profesional, ajeno a los criterios políticos y de cuoteo que hasta ahora han prevalecido en tales nominaciones.

En tercer lugar, adoptar definitivamente, como criterio general en materia de proyectos de expansión de las actuales divisiones futuras sociedades anónimas la asociación con el sector privado, estableciendo fórmulas que permitan aprovechar la experiencia y calificación del actual personal de la empresa.

No obstante los mejoramientos introducidos a la propuesta del Ejecutivo, el texto despachado por la Comisión de Minería es absolutamente insuficiente y no conduce a solucionar los problemas de fondo de la empresa. Este rechazo opositor se fundamenta en que el proyecto aprobado no constituye una herramienta eficaz para lograr el desarrollo integral de Codelco y su modernización, terminar con su gigantismo, centralización y dependencia en operaciones e inversiones, que fundamentalmente dependen del gobierno de turno.

Tampoco las medidas aprobadas le dan la transparencia que requiere la administración de una empresa de esta envergadura. Por el contrario, estimamos que con esta ley que se pretende aprobar persisten todas las características que hoy le impiden crecer, avanzar y mantener el liderazgo de producción sostenido en los últimos años en la gran minería del cobre.

Consideramos que se trata de una ley híbrida, por cuanto para algunas materias se aplicarán las disposiciones de la ley N° 18.046 que rige a las sociedades anónimas. Para otras, se considerará la ley orgánica de Codelco Chile y, en subsidio de todas ellas, se utilizará la legislación de derecho común.

A nuestro juicio, la empresa del cobre mantendrá absoluta dependencia de las decisiones de Gobierno y, especialmente, del Ministerio de Hacienda para la asignación y priorización de los recursos.

En cuanto a las decisiones sobre inversiones no será posible recurrir al mercado financiero nacional e internacional para desarrollar sus propios proyectos.

Estimamos que la empresa no tendrá la flexibilidad que requiere para ser más competitiva y alcanzar mayor autonomía en sus decisiones. Incluso, no podría crecer orgánicamente, a pesar de tener proyectos con reservas de minerales, hoy ya evaluados, con los cuales en definitiva Codelco podría bajar sus costos operacionales y aumentar su rentabilidad.

En nuestra opinión, si se transformara a Codelco en sociedades anónimas, podría garantizar que el yacimiento Radomiro Tomic se convirtiera en otra sociedad anónima estatal, con las ventajas de economía y competencia que ello significa por ser el proyecto de más bajo costo operacional, lo que permitiría entregar mayores utilidades al Estado.

Esta iniciativa presenta algunos avances en relación con la actual situación de Codelco-Chile, por el hecho de que en algunos aspectos funcionará sobre la base de la ley de sociedades anónimas. Precisamente este sería el daño más grande que se le ocasionaría a esta empresa, ya que funcionaría aparentemente como sociedad anónima sin serlo en derecho. Fundamento esta apreciación con el ejemplo de los directores que, según este proyecto, tendrán facultades, prohibiciones y responsabilidades iguales a las de un director de sociedad anónima. Aquí surge la duda: si se repitiera un fraude al Fisco en la empresa, como el caso Dávila, ¿en qué forma responderían ante la ley los nuevos directores? Si no es una sociedad anónima en derecho, presumo que no será posible responsabilizarlos.

Además, el proyecto no resuelve los actuales problemas que presenta la empresa. Una administración adecuada para Codelco-Chile requiere de decisiones oportunas en planes y programas a mediano y largo plazo, como, asimismo, el compromiso de fuertes inversiones y el desarrollo de tecnologías de punta para que proyectos altamente rentables no se mantengan paralizados, como ha sido el caso del yacimiento Radomiro Tomic que lleva dos años sin iniciar su explotación.

Las informaciones entregadas por el Ministro de Hacienda, señor Eduardo Aninat , y el actual presidente ejecutivo de Codelco-Chile, señor Juan Villarzú , han confirmado en la Comisión de Minería que el Estado no puede garantizar inversiones más allá de dos años para esta empresa en las actuales condiciones por las que se rige Codelco-Chile. El proyecto en discusión no garantiza una solución a esta materia, lo que entraba definitivamente los planes y programas de mediano y largo plazo.

En materia de fiscalización, en los últimos años Codelco demostró una total y absoluta

falta de control y fiscalización de sus operaciones comerciales, por lo que en la discusión en particular los Diputados de Renovación Nacional reiteraremos las indicaciones para que se incluya como organismo de fiscalización, además de Cochilco y de la Superintendencia de Valores y Seguros, a la Contraloría General de la República.

Reitero que la posición de los Diputados de Renovación Nacional de constituir a Codelco-Chile en sociedades anónimas no es sinónimo de privatización, como en forma majadera lo han venido señalando los políticos de la Concertación. Por el contrario, las ventajas que presenta una sociedad anónima autónoma, que puede recurrir a créditos de la banca nacional e internacional y a capitales privados, otorgarían a Codelco la gran oportunidad de mantener el liderazgo de producción de cobre en Chile, de llevar a efecto todos los proyectos pendientes, bajar los costos operacionales y racionalizar la dotación de personal. También la sociedad anónima, en un futuro cercano, puede permitir la participación accionaria de sus trabajadores, con lo que se resuelve con mayor propiedad su representación en los directorios. En consecuencia, tendrían una real participación en su empresa.

En este punto, las organizaciones sindicales de los trabajadores de Codelco señalaron en la Comisión de Minería su aspiración a tener directores que los representen tanto en la casa matriz como en los directorios de cada una de las divisiones o filiales. Los Diputados de Renovación Nacional recogieron esta inquietud, así como antes apoyamos la indicación para que la representación se materialice con un director titular y uno suplente en cada uno de los directorios mencionados.

Chile ha sido un país minero y están dadas las condiciones para que la minería continúe siendo la principal actividad económica del país. En este contexto, Codelco-Chile es la primera empresa cuprera en producción y en los aportes reales al erario. Por tal razón, debemos agotar todas las instancias legales para dar a Codelco-Chile un marco jurídico que le permita competir y desarrollarse para mantener el liderazgo que hoy sustenta.

Para lograr estos objetivos es fundamental la autonomía de la empresa y una gestión de más alto nivel, orientada a obtener cobre a más bajo costo y de mejor calidad.

En 1984, Codelco-Chile tuvo una ley media de explotación de 1,57 por ciento de cobre. En los últimos diez años, bajó a 1,18 por ciento. La producción de cobre fino en 1984 fue 1 millón 50 mil toneladas. Con leves variaciones anuales de producción, la empresa alcanzó en 1993 a 1 millón 140 mil toneladas de cobre fino.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

¿Me permite señor Diputado? Han concluido los diez minutos de su intervención. Tenga la bondad de redondear su idea.

El señor VILCHES.-

Termino de inmediato, señor Presidente.

En la discusión de este proyecto es importante destacar algunos antecedentes relevantes, como los aportes netos efectuados por Codelco-Chile en su trayectoria como empresa estatal. Cifras oficiales indican que en los últimos diez años ha aportado al erario 15 mil millones de dólares, que representa la cifra más importante que una empresa chilena le ha entregado al Estado. Comparados estos aportes, en igualdad de condiciones, con las empresas privadas productoras de cobre, nos enfrentamos a una realidad diferente, dramática, ya que el aporte real de estas empresas al Estado, en relación con Codelco-Chile, equivale sólo a un 10 por ciento.

No desestimemos esta posibilidad de legislar para transformar a Codelco-Chile en la empresa orgullo de todos los chilenos.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Nuevamente recabo la unanimidad de la Sala para continuar la discusión del proyecto, dejando sin efecto los tiempos destinados a proyectos de acuerdo e Incidentes, porque ni siquiera ha intervenido un señor Diputado por Comité.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, ¿no se acordó continuar mañana su discusión?

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Señor Diputado, la sesión de mañana comienza a las 10 y el proyecto relativo a la fecha de las elecciones municipales ocupará el primer lugar de la tabla. Luego nos ocuparemos del que se refiere a Codelco.

Tiene la palabra el Diputado señor Fuentealba .

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, sólo para aclarar que hay un acuerdo de Comités para despachar este proyecto mañana, ya sea en la sesión ordinaria o en una especial que se citaría para tal efecto en la tarde.

Independientemente de que nos ocupemos de la reforma constitucional, cuya urgencia ha sido calificada de “discusión inmediata”, el proyecto en debate será analizado mañana de todas maneras.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, al parecer usted dio por rechazada la unanimidad por el hecho de que yo había alzado la mano, pero lo cierto es que quería intervenir.

No tengo ningún inconveniente en dar la unanimidad, siempre y cuando exista un compromiso formal de la Mesa en cuanto a solicitar que el Ejecutivo retire la urgencia del proyecto, de modo que los parlamentarios que representan las posiciones de las distintas bancadas no dispongan sólo de diez minutos para intervenir.

Creo que la labor de la Mesa no consiste únicamente en obtener el acuerdo de los Comités, sino, además, en permitir que la Cámara, frente a las calificaciones de urgencia efectuadas por el Ejecutivo, solicite su retiro cuando éstas sean improcedentes. En este caso lo es, y habla mal de esta Corporación aceptar la calificación de “suma urgencia” para un proyecto de esta envergadura.

Si la Mesa se compromete a solicitar que el Ejecutivo retire la urgencia y se permite que mañana los representantes de las bancadas dispongan no de diez minutos, sino del tiempo necesario para fijar sus posiciones en un proyecto de esta importancia, por cierto que daremos la unanimidad.