Labor Parlamentaria

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Marcela Cubillos.

La señora CUBILLOS (doña Marcela).-

Señor Presidente , en los últimos días hemos escuchado sorprendentes declaraciones de la autoridad, con las que intenta convencernos de que los hechos de violencia ocurridos en el país son aislados y que no hay que generar alarma o temores infundados. Incluso, parlamentarios de la Concertación, en días pasados, en la prensa, en relación con la entrega de estadísticas, como lo señaló el diputado señor Burgos en una entrevista el domingo recién pasado -no es una crítica, sólo una cita-, han dicho que no se le puede pedir al Gobierno que elija los peores cuadros y se haga un haraquiri cada tres meses.

Lo que nosotros queremos pedir al Gobierno, precisamente, es que no elija nada, que entregue la información completa, y que la compare siempre de la misma manera.

Han sido ya demasiada las veces en que los gobiernos de la Concertación han jugado con la buena fe de los chilenos, prometiendo planes antidelincuencia que después no operan, o si los implementan, poco sabemos de sus evaluaciones o de los resultados.

Por ejemplo, en marzo de 1993, se lanza el plan de seguridad vecinal para combatir la delincuencia en la Región Metropolitana. Resultados, evaluaciones, no los sabemos. En 1995, se inicia el plan de seguridad ciudadana en el centro de Santiago, con reestructuración de la acción policial. Resultado: nunca lo supimos. El 12 de marzo de 1997, el gobierno anuncia un plan de seguridad de 1996 a 2000; su evaluación tampoco la sabemos. En marzo de 1997, la intendencia metropolitana anuncia otro plan contra la delincuencia con medidas preventivas y con un costo de 350 millones de pesos. ¿En qué quedó ese plan? En abril de 1998, la intendencia metropolitana anuncia otro plan preventivo. Ahora, éste contempla planes piloto de seguridad. ¿Por qué se cambió el plan? ¿Qué pasó con esto? No lo sabemos.

En mayo de 1998, el ministro Figueroa anuncia que el gobierno se fijó un año de plazo para reducir la delincuencia. En enero de 1999, el gobierno da a conocer nuevo plan de seguridad ciudadana. En febrero de 2000 se anuncia la extensión del plan cuadrante, que se evaluará en tres meses, y se dice que ahora sí se conocerá el resultado del plan de 1999. En mayo de 2001, dentro del plan comuna segura, el gobierno se compromete a reducir la delincuencia en 73 comunas, con 1.200 millones de pesos destinados a financiar este plan y, al final, en octubre de 2001, el Presidente Lagos anuncia veinte nuevas medidas de seguridad. ¿Resultados, efectos? Bueno, no los sabemos.

La delincuencia, la violencia, el temor, desgraciadamente, el Gobierno no los puede abordar como lo ha hecho con otros problemas sociales, con marketing y propaganda.

Aquí no basta un buen montaje comunicacional o ministros en terreno diciendo que no ha pasado nada. Tampoco bastan anuncios de espectaculares planes de seguridad.

Es evidente que la Concertación se motiva con temas políticos cuando hay que atacar a Lavín o a la Alianza, pero el temor y la inseguridad que hoy existen en Chile no lo inventó ni lo promueve la UDI. Existen, son reales. Mala suerte. Tampoco sirve echarle la culpa a los alcaldes, como se ha intentado en algunas declaraciones de prensa. Si los alcaldes fueran responsables de la seguridad ciudadana, el subsecretario Correa, cuando hizo este informe tan positivo, tan auspicioso, sobre la seguridad en el país, debió haber dicho que era más seguro gracias a la gestión de los alcaldes de la UDI. No lo hizo. Pero aquí vuelvo a citar, con todo respeto, a mi compañero de distrito, el diputado Burgos , cuando le preguntan en la entrevista de “El Mercurio” quién lleva la pelota de la seguridad en el país. Él contesta, textualmente: “El Ministerio del Interior y la Subsecretaría; lo otro es música”. Comparto su opinión.

Ojalá que esta sesión especial no termine con un nuevo anuncio o con un nuevo plan antidelincuencia o con nuevas cifras que pretendan demostrar lo indemostrable por parte del Gobierno. Nuestro objetivo, al pedir esta sesión, es que el Gobierno explique por qué intenta ocultar y disimular este problema y cuántos planes o anuncios más tendremos que escuchar a través de la televisión o leer en la prensa antes de ver que las autoridades se decidan a asumir como propia la responsabilidad del combate a la delincuencia y lo hagan con eficacia, mostrando resultados concretos y verdaderos. Queremos, en verdad, que la próxima vez que aparezcan el ministro del Interior o el subsecretario en la prensa, hagan evaluaciones públicas transparentes de las medidas que implementen. En caso contrario, es preferible que no aparezcan.

He dicho.