Labor Parlamentaria

El señor CERONI .-

Señor Presidente , en el poco tiempo de que dispongo, voy a tratar de resumir, a grandes rasgos, el trabajo muy intenso que realizó la Comisión investigadora.

En primer lugar, el objetivo de la Comisión fue establecer las acciones u omisiones que los órganos de la administración del Estado evidenciaron en el proceso de privatización del patrimonio público durante el gobierno de Pinochet, así como su impacto en la concentración de la riqueza y en la distribución del ingreso nacional.

El procedimiento de trabajo de la Comisión consideró la búsqueda y el análisis de la

información histórica sobre el proceso de privatizaciones, recurriendo principalmente a informes, estudios e investigaciones generados en diversas fechas por académicos, entidades privadas y organismos del Estado.

Igualmente, recibió el testimonio de muchas personalidades conocedoras de la materia, las cuales están mencionadas en el informe.

La información sobre las privatizaciones llevadas a cabo en Chile, durante el período 1973 a 1990, es escasa. Tampoco hay información completa sobre los subsidios que entregó en dicho período el Estado al sector privado por concepto de muebles e inmuebles donados o enajenados a bajos precios, de los valores totales de los préstamos condonados o castigados a través de la Corfo o del Banco del Estado, del saneamiento de empresas antes de su enajenación, del apoyo a la banca y a otras empresas en la crisis de 1980, de los créditos blandos, de las tierras del sector reformado rematadas a bajos precios.

Pese a esas dificultades, en el informe se presentan cifras indicativas, las que se irán complementando y precisando en la medida en que este instrumento se vaya socializando, dado que la historia de Chile y el patrimonio público pertenecen a todos los chilenos.

En el período que va de 1970 a 1990 fueron devueltas y enajenadas aproximadamente 725 empresas y activos de Corfo, cifra en la que se comprenden las creadas por el Estado y las que habían sido intervenidas o requisadas entre 1970 y 1973. El 70 por ciento de estas empresas correspondían al sector industrial; el 25 por ciento al de servicios y sólo un 5 por ciento, al primario. En el informe figuran los nombres de dichas empresas.

De ese total de empresas, 341 fueron devueltas a sus dueños sin pago alguno, ya que habían sido intervenidas o requisadas entre 1970 y 1973.

Durante el período de enajenación comprendido entre 1973 y 1990 fueron privatizadas empresas que tradicionalmente pertenecieron al Estado, es decir, eran estatales antes de 1970. Podría mencionar, a lo menos, 46 de gran significación, entre ellas Celulosa Constitución, Celco ; Celulosa Arauco , Empresa Forestal Arauco, Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich; Industria Azucarera Nacional, Iansa ; Empresa Nacional de Electricidad, Endesa ; Compañía Chilena de Electricidad, Chilectra , y Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel .

Dentro del listado de las setecientas y tantas empresas, algunas que fueron enajenadas durante los primeros años; con posterioridad, quebraron. Ante esto, fueron intervenidas nuevamente por el Estado, el cual, después de sanearlas, las reprivatizó. A ese grupo se las denominó empresas pertenecientes al “área rara”. La mayoría de ellas fueron bancos intervenidos entre 1970 y 1973, y algunas isapres y AFP creadas después de esa fecha. Entre ellas figuran las AFP Provida y Santa María ; los bancos de Chile, Español Chile, O’Higgins, Osorno y La Unión; la Compañía Cervecerías Unidas; la Compañía de Petróleo de Chile, Copec ; Hucke y Mckay ; las isapres Colmena y Cruz Blanca; la Línea Aérea del Cobre, Ladeco ; la Sociedad El Tattersall, Viña San Pedro y otras más que aparecen en el informe.

Es interesante destacar que después del plebiscito de 1988, se aceleró el proceso privatizador de ciertas empresas. Aunque se había iniciado los años previos, importantes paquetes accionarios se pusieron a la venta después de plebiscito, procediéndose a su enajenación hasta los últimos días del gobierno militar.

Es interesante analizar la privatización de ciertas empresas, puesto que el proceso se inició en un momento político especial, ya que el gobierno militar, después de perder el plebiscito, visualizó la posibilidad de que otras fuerzas políticas accedieran a la presidencia de la República en 1990.

Son varias las empresas que se privatizaron en 1988, y sus nombres también figuran en el informe. Entre ellas, se destacan la Compañía de Teléfonos de Chile, CTC; Endesa , Iansa , Laboratorios Chile, Línea Aérea Nacional, por mencionar algunas.

La Contraloría General de la República informa que gran parte de las empresas fueron enajenadas a un precio inferior a su valor libro, lo que implicó pérdida patrimonial. Según sea el método de cálculo, las pérdidas oscilan entre 27, 42 y 69 por ciento del capital vendido en el período 85-89, y el cálculo neto que informa la entidad contralora, a través de cifra parciales, llega a 2.223.163.439,98 dólares, sólo entre los años 78 y 90, por 30 empresas enajenadas.

Antes de 1979, terminó la contrarreforma agraria con la entrega a privados de 3.912 predios, equivalentes a 3.182.225 hectáreas expropiadas de acuerdo con la ley. Alrededor del 30 por ciento de estas tierras fue devuelto a sus anteriores propietarios y, entre un quinto y un tercio, rematado entre no campesinos. Un dato interesante: en 1979, la mitad de los campesinos que había recibido tierras se vio obligada a venderlas, dada la disminución de apoyo técnico y crediticio, y otros eran expulsados de los predios en que residían antes y durante la reforma agraria, incluso aquellos que contaban con sus títulos de propiedad, como ocurrió con la hacienda Rupanco y con más de 230 cooperativas. Aún se desconoce el monto de las pérdidas materiales que sufrieron estos campesinos, que sólo en la hacienda Rupanco llegaban a 850. Las pérdidas morales y humanas no pueden cuantificarse; sólo basta informar que estos grupos aún carecen de tierra y reclaman por una compensación.

Donaciones de Corfo y enajenaciones del Ministerio de Bienes Nacionales:

Entre otras donaciones, la Corfo donó 65 inmuebles, y el Ministerio de Bienes Nacionales enajenó 15.888, de los cuales 10.869 fueron a manos privadas. El valor libro de las donaciones de Corfo, sólo en 1989, llegó a 1.900 millones de pesos, en moneda de ese año, lo que representaba el 16,4 por ciento del total de su activo inmovilizado, y el 14 de febrero de 1990, se donaron bienes al fisco por una suma aproximada a 2.837 millones de pesos, en moneda del año 90, que representaba el 25 por ciento de ese mismo activo.

Corfo asumió deudas equivalentes a 1.732 millones de dólares, contraídas por las empresas filiales enajenadas, por un plazo de 14 años. Los pasivos de la corporación, que en 1984 representaban un 12 por ciento de su patrimonio, pasaron a representar un 131 por ciento, en diciembre de 1989.

El 30 por ciento de los ingresos percibidos por las privatizaciones fue a las arcas de la Corfo, y se destinó a otorgar créditos para la adquisición de acciones de empresas. El 70 por ciento restante fue a fondos generales de la Nación, es decir, no hubo un ítem específico en el presupuesto fiscal para los ingresos provenientes de las privatizaciones.

Los ingresos no se destinaron a nuevas colocaciones ni a reducciones de endeudamiento, lo que también significó pérdida patrimonial, sino a reducir el déficit fiscal que venía del período anterior y, posteriormente, a compensar la pérdida de ingresos fiscales por la reforma tributaria y por la creación de las AFP, que también fue financiada por el Estado.

En el año 90, el nuevo gobierno recibió la Corfo en crisis, con una acreencia de 800 millones de dólares, pero debía cerca de mil millones de dólares y tenía más de mil millones de dólares en cauciones. Gran parte de su deuda externa provenía de la privatización de Endesa, ya que asumió una deuda externa de 500 millones de dólares, y otra de Endesa por la compra de Edelnor, equivalente a 150 millones de dólares.

Al 31 de diciembre de 1990 el total de préstamos vencidos Corfo-BID ascendía a 7.253.728.000 pesos, por concepto de deudores incobrables susceptibles de castigos, de los cuales 4.479.265.000 correspondían a deudores declarados en quiebra.

Pese al objetivo del gobierno militar de terminar con los subsidios a las empresas, la pérdida patrimonial previamente comentada se debió a la decisión de subsidiar al sector privado en las cantidades que se requiriera, de manera de crear una clase empresarial dinámica y competitiva, que pudiera hacerse cargo del modelo económico decidido por la Junta Militar.

En ese intento no sólo se subsidió con recursos provenientes de la venta de las empresas, sino que también con créditos blandos, rebajas tributarias, castigo a préstamos de donaciones, con incentivos y comodatos urbanos. Entre las donaciones se destaca la entrega de Inacap al sector privado, lo que implicó una pérdida patrimonial de 4 mil millones de pesos, en moneda de 1988. De la misma manera, se traspasó la propiedad, para su administración, de 76 institutos de enseñanza técnico-profesional.

Durante la crisis de 1982, el Estado tuvo que intervenir una serie de empresas, especialmente la banca y las recién creadas AFP, para ayudarlas a salir de la quiebra. Sanear su situación financiera y, después, reprivatizarlas implicó fuertes subsidios a través de los precios de venta y de préstamos blandos a los nuevos compradores. El Estado se hizo cargo de las deudas a través de un mayor endeudamiento externo del Banco Central y de otras entidades públicas.

De esa manera, es casi imposible cuantificar con precisión el cuantioso subsidio que entregó el Estado al sector privado durante el período 1973-1990, con el fin de implantar un modelo económico que, a juicio de sus partidarios, trajo consigo éxito, crecimiento, estabilidad económica y política y prestigio internacional para Chile. Sin embargo, el modelo se aplicó sin consenso y aprobación de todos los sectores de la sociedad civil.

Las privatizaciones contaron con su propia legalidad. La venta de acciones a través del sistema de venta directa, las compras de éstas por funcionarios públicos y los diferentes tipos de subsidios fueron entregados dentro de la legalidad vigente. Por lo tanto, no se consideró éticamente reprobable que funcionarios de la Corfo pasaran a ser dueños o directores de las empresas privatizadas, como el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou , Roberto de Andraca , Bruno Phillipi , José Yuraszek y otros, como los miembros de la junta militar y de la plana mayor de la Corfo, que compraron acciones dentro del mecanismo del capitalismo popular.

La comisión investigadora recibió denuncias referidas a la falta de transparencia de la familia de Pinochet con el aparato público. Tenemos antecedentes que la relacionan con el Instituto de Seguros del Estado y Valmoval.

Los economistas del régimen militar han puesto especial énfasis en la propiedad de los medios de producción. Fue así como iniciaron la privatización no sólo de las empresas estatales, sino de la educación, de la salud, del transporte, de la previsión, de la tierra y de las aguas. Por esta concepción se jugaron y pusieron a su servicio todos los recursos del Estado, cometiendo los mismos errores que previamente criticaron al comunismo, como imponer un modelo por la fuerza, sin ninguna búsqueda de consenso, beneficiando sólo a algunos sectores y no al conjunto de la sociedad.

Es necesario destacar que en el período 1973-1990 predominaron las desigualdades sociales de manera mucho más intensas que hace dos décadas. Estas políticas, junto a la financiera, contribuyeron a concentrar la propiedad y a fortalecer a los grupos que contaban con más poder económico.

Es indudable que el desarrollo del proceso de privatización chileno fue sólo posible en dictadura. Con el Congreso Nacional en funcionamiento, con sindicatos, con grupos de presión y organizaciones sociales no habría sido posible su culminación con las características que tuvo. Es muy difícil que un proceso similar pueda replicarse en la actualidad.

Aun cuando en el Chile de 1973 a 1990 no hubiese habido fraude, mal uso de recursos públicos o enriquecimiento ilícito, el proceso privatizador desarrollado en el período es inaceptable. No hubo transparencia, participación ciudadana ni información, situación que permitió al grupo de economistas del régimen aplicar un conjunto de medidas económicas que ellos decidieron entre sí y ante sí, sin tener que llegar previamente a consensos políticos, ni consultar al Congreso Nacional, ni responder a la prensa o a la opinión pública ni menos recibir las protestas o planteamientos de las organizaciones sociales que estaban proscritas.

La Comisión Investigadora, pese a los años transcurridos desde la creación de la comisión anterior, de 1991, nace de la misma necesidad que la de aquella, que investigó también estos antecedentes; pero, lamentablemente, por el ruido de sables, no pudo continuar su labor. Su objetivo es conocer la verdad y dejar un testimonio escrito y disponible para el conjunto de la sociedad chilena de lo que ocurrió con el patrimonio de nuestro país, con la vida de millones de chilenos y con la transformación que cambió la fisonomía de Chile y la vida de las próximas generaciones.

Por todo esto es necesario dejar aquí constancia de la información conseguida, lo que ha sido difícil, y decir que la Contraloría General de la República, en forma muy especial, aportó antecedentes a través de sus funcionarios. Y tenemos que agradecer el celo de los funcionarios de esa institución, quienes, pese a haber sido objeto de represión, hicieron informes ajustados a derecho y guardaron información, que fue desechada por sus autoridades en el período. A esos funcionarios honestos es necesario rendir homenaje, especialmente a los profesionales y auditores Jeannette Tapia Fuentes , Raúl Hurtado Clunes , Jaime Vásquez Ramírez , Elinor Garay Contreras y Nelson Palominos González .

Al mismo tiempo, los diputados a cargo de este informe rendimos un homenaje a los valientes dirigentes sindicales Pedro Araya, Aquiles Mercado y otros trabajadores anónimos, que recibieron toda suerte de vejámenes durante el régimen militar, perdiendo sus trabajos y jubilaciones, por mantenerse en el Comando de Defensa de las Empresas del Estado.

Por la necesidad de profundizar el conocimiento de lo que ha ocurrido en nuestro país y la obligación de dejar un testimonio histórico para los jóvenes y las próximas generaciones, llamamos a las instancias correspondientes de la Cámara de Diputados a publicar y distribuir este informe en universidades y bibliotecas de Chile, y a incorporarlo a nuestra página web.

También llamamos a otras instancias de esta Cámara a completar esta información y a profundizar los análisis para llegar a las cifras totales y exactas de las pérdidas sufridas por el país. Eso es una responsabilidad de todos los chilenos.

Llamamos a la Comisión de Agricultura para completar la información de la contrarreforma agraria y la situación de los campesinos despojados de sus tierras, como ocurrió en el caso de la hacienda Rupanco , y lograr las compensaciones que corresponden. A la Comisión de Educación para decidir las formas en que se pueda crear un fondo que permita a estudiantes y universidades realizar estudios e investigaciones sobre el tema. A la Oficina de Informaciones para que incluya los temas de investigación que surgen de este documento en el concurso de memoristas de la Cámara de Diputados.

Este documento se hará llegar al Consejo de Defensa del Estado para que analicen las irregularidades aquí descritas y se decida, si aún no están prescritas, las acciones que debe emprender el Estado de Chile para que esto no vuelva a ocurrir nunca más.

Señor Presidente, en forma muy breve y general menciono el contenido del informe, que es extenso y que contiene los datos correspondientes sobre la materia.

También damos las gracias a todo el equipo que nos apoyó, a los secretarios, a personas externas, a las señoras Alicia Gariazzo y Lorena Araya , y a otros, quienes colaboraron en forma efectiva en este trabajo.

He dicho.