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  • Cámara de Diputados
  • Sesión Especial N°125
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  • Legislatura número 363
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Intervención
FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9790‐07) (CONTINUACIÓN) [INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA]

Autores

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señorita Paulina Núñez .

La señorita NÚÑEZ (doña Paulina) .-

Señor Presidente, si la democracia, esencialmente, es un procedimiento para zanjar diversas discrepancias políticas que surgen de la convivencia en sociedad, como cuál debe ser la autoridad que nos gobierne o los legisladores que nos representen, este proyecto aparece como uno de los más relevantes para poner fin a los vicios que durante muchos años han desprestigiado a la política.

¿Por qué nosotros somos los llamados a ser los primeros y más ejemplares cumplidores de la ley? Porque, por una parte, poner fin a los vacíos en materia de propaganda electoral o de financiamiento irregular de la política y las campañas, y, por otra, llenarlos y establecer sanciones ejemplarizantes para nosotros mismos, los actores políticos investidos de potestades públicas, ha de ser el inicio de un proceso de verdadero reencuentro entre la ciudadanía y el verdadero espíritu de la política.

Por ello, quiero comenzar resaltando un punto que parece trivial, pero que permitirá zanjar una de las irregularidades más extendidas: la ampliación del concepto de propaganda electoral. Si antes de esta reforma los candidatos podíamos realizar una precampaña mientras no hubiese un llamado explícito a votar, hoy se entenderá por propaganda electoral, para los efectos de esta ley, todo evento o manifestación pública, publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios análogos, siempre que promueva a una o más personas, o a partidos políticos constituidos o en formación, con fines electorales.

Este cambio refleja la experiencia de más de un cuarto de siglo de democracia y permite una mejor sujeción a la ley a quienes están llamados a gobernar, legislar y representar.

Por otro lado, la racionalización, la estandarización y el límite del gasto electoral van a permitir emparejar la cancha y evitar que la actividad política sea cooptada por el dinero.

A este respecto, quiero resaltar la mayor comprensión que hizo el Senado del concepto gasto electoral, al afirmar que es todo desembolso o contribución avaluable en dinero efectuado por el precandidato, el candidato, un partido político o un tercero en su favor. La virtud de esta definición radica en la mayor cantidad de sujetos que serán considerados para incidir en el financiamiento electoral y, por tanto, ser sujetos de estas normas.

Dentro de este tema, quiero destacar la prohibición de aportes de personas jurídicas y su restricción solo a personas naturales. Hay dos importantes aspectos: el primero, la eliminación de los beneficios tributarios en las donaciones, y el segundo, la distinción de estos aportes entre públicos y privados.

Lo primero merece una felicitación, porque avanzamos en una comprensión de la política como una actividad altruista, donde la participación en ella se ve como un acto cívico, desinteresado y desprovisto de toda retribución, aun cuando ella pueda ser percibida indirectamente como un crédito contra el fisco.

Lo segundo, como ha sido dicho, permite proteger el secreto del voto, asegurando que el aporte personal no sea indiciario de una preferencia. Sin perjuicio de ello, el secreto es excepcional, siendo lo general la publicidad en los aportes que, en todo caso, también han sido limitados a una cantidad acotada.

También hay otras numerosas disposiciones importantes, tales como el establecimiento de delitos por financiamiento irregular, lo cual demuestra que estamos avanzando a paso firme, sin impunidad, pues el que viole la ley derechamente perderá su cargo; la prohibición de los partidos de contratar empresas que tengan a su haber condenas por prácticas antisindicales; la modernización de las normas sobre administración financiera de los partidos y el fortalecimiento del Servicio Electoral, para que sea autónomo, independiente y con mayores atribuciones. Todas ellas permitirán fortalecer nuestra democracia y, en definitiva, los procedimientos que garantizan la igualdad de oportunidades entre candidatos, así como la transparencia, la legalidad y la legitimidad de nuestros procesos democráticos e instituciones políticas.

Este proyecto es un avance; no es la solución definitiva a los problemas que aquejan a nuestra democracia. Las leyes son mandatos, pero, al final del día, la ciudadanía juzgará conductas de personas.

Espero que esta futura ley sea fruto de un cambio que, gestándose en nosotros, trascienda a toda la nación, porque su éxito dependerá solo de los actores políticos y de su conducta. Todos nosotros tenemos, pues, ese peso sobre nuestras conciencias.

He dicho.

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