Labor Parlamentaria

La señorita SAA.-

Señor Presidente, convocamos a esta sesión especial de la Cámara para hablar sobre la mujer, ya que existen, en efecto, muchas razones para ello.

Algunas nos producirán satisfacción, pues corresponden a logros que las mujeres hemos obtenido como producto de nuestras movilizaciones, reflexiones y propuestas. Él mismo hecho de estar aquí reunidos para hablar de la mitad de la población de nuestro país, es un gran motivo para congratularse.

Sin embargo, nos convocan, sobre todo, los problemas, preocupaciones y aspiraciones de las mujeres de nuestro país; es decir, las desigualdades e injusticias que viven las chilenas, que existen y se desarrollan pese a las metas de modernidad planteadas y a encontrarnos en el umbral del siglo XXI.

La discriminación en contra de la mujer no es un asunto inventado por algunos grupos de mujeres impulsadas por quién sabe qué sospechosos motivos, sino que es un hecho real reconocido por la comunidad internacional desde hace muchos años, y percibido como un fenómeno grave que afecta la integridad personal de las mujeres, la relación entre los sexos, la fortaleza de la familia y el desarrollo de los países a todo nivel. Menoscaba, en suma, las aspiraciones de felicidad de las mujeres y de los hombres y atenta, además -lo que es gravísimo-, contra las posibilidades de desarrollo de las mujeres como seres humanos.

Las últimas décadas marcan una creciente participación de la mujer en el trabajo remunerado, tendencia que continuará en aumento cualesquiera que sean las condiciones en que se desarrolle. Este fenómeno ha ocurrido por dos razones. En primer lugar, el cambio de patrones culturales propios de la modernidad, los procesos de educación universal, de industrialización y de democratización, entre otros, han incorporado a las mujeres a variados ámbitos de la vida de nuestro país.

En segundo lugar, su incorporación al trabajo se explica por el deterioro de la calidad de vida de un gran número de familias que deben sobrevivir con el trabajo remunerado de uno de sus miembros y por la gran cantidad de ellas que tienen un jefe de hogar mujer.

Sin embargo, hay un desfase entre esta realidad y el modo de organización de la vida pública, que sigue operando como si las mujeres sólo existieran en y para la vida doméstica. La mujeres no sólo reciben menor salario que los hombres por igual trabajo, sino que al no modificarse los roles asignados a unas y otros en el ámbito doméstico, aquéllas enfrentan una doble jornada de trabajo, con sus secuelas de estrés, de reducción de espacios de desarrollo personal y esparcimiento y de las limitaciones en su papel materno y en sus opciones de actividad social y política. Estudios han demostrado que las mujeres que trabajan jornada completa realizan, además, casi 33 horas semanales de trabajo doméstico, lo que repercute gravemente en su salud física y mental.

No obstante, consideramos que las instituciones, la legislación, el sistema productivo y, sobre todo, las relaciones familiares en cuanto a una readecuación de roles domésticos y parentales, no están adaptados para aportar soluciones a una situación que, desde luego, es un asunto de responsabilidad social y no sólo de mujeres.

Por otra parte, la situación de las mujeres que por necesidad optan voluntaria y exclusivamente por la actividad doméstica es de dependencia económica, de desprotección previsional y muchas veces de desvalorización personal. Su trabajo es sin salario y sin horario, y no es reconocido socialmente ni registrado por las cuentas nacionales, a pesar del valor que agrega a la producción de riqueza.

Se mantiene el supuesto de que la mujer es la única responsable del cuidado de la familia. En los asuntos de salud infantil, educación y programas asistenciales el papel central asignado a la mujeres el de intermediaria hacia la familia, quedando fuera muchos de sus problemas y necesidades específicas que no se definen exclusivamente por el rol maternal como es el caso de las adultas mayores, las jóvenes y las trabajadoras.

Ha significado un gran avance el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, que ha radicado en ellas la libertad y la responsabilidad de decidir sobre su fecundidad. Hasta ahora, tal decisión estaba entre las políticas sobre población de los gobiernos. Para ejercer este desechó es necesario educar y permitir el acceso de todas las mujeres a las políticas de control de su fecundidad.

Afirmo claramente que el aborto no es una posibilidad de planificación familiar, y que se deben implementar todas las medidas preventivas para que ninguna mujer tome esta decisión tan dramática.

Además, hay un desfase entre el avance de las ideas de igualdad ciudadana y derechos humanos y la realidad de subordinación y limitación que como ciudadanas vivimos las mujeres. En efecto, mientras la participación electoral de las mujeres es más alta que la de los hombres, tanto los candidatos como los representantes electos corresponden mayoritariamente al estrato masculino. En los partidos políticos, pese al alto porcentaje de militancia femenina, la abrumadora mayoría de la máxima diligencia son varones. La discriminación se extiende hacia los niveles de participación en otros puestos de responsabilidad pública; baste decir que hasta ahora sólo siete mujeres han desempeñado cargos ministeriales en Chile contra 509 hombres. Sin embargo, las mujeres hemos avanzado en la reflexión del concepto de ciudadanía. Si antes significó el derecho a voto, hoy debe ser la plena participación en la vida política, económica, cultural y social de nuestro país.

Pero, además, de la discriminación en los espacios laborales y en el ejercicio de la ciudadanía, las mujeres sufren la violencia tanto en el ámbito privado como en el público. Una de cada cuatro mujeres es maltratada en su hogar; existe el acoso sexual y se registran 20 mil violaciones al año, sólo en la Región Metropolitana.

Se ha comprobado que la base de las relaciones desiguales entre los sexos está en la violencia física o psíquica que se ejerce contra las mujeres. Los daños de todo tipo que este fenómeno produce a nivel privado y social están bastante documentados. También existe la certeza de que esta violencia tampoco hace felices a los hombres, y menos a las niñas y niños, que ven el mundo a través de estas -por decir lo menos- poco placenteras relaciones entre los sexos, cuyas rígidas reglas implican que mientras unos están culturalmente respaldados para ejercer violencia, según estos preceptos, otras deben aceptarlas sin cuestionamiento. Este aprendizaje se extiende a las relaciones entre los hombres donde a menudo la violencia es un instrumento de resolución de los conflictos.

La violencia doméstica convierte al hogar en un espacio poco seguro, lo cual implica admitir que el núcleo social básico: la familia, necesita iniciar un camino distinto en busca de nuevas pautas culturales que rijan las relaciones a su interior. Estoy convencida de que fortalecer la familia, como todos aspiramos, significa propiciar la construcción de relaciones democráticas en su interior, en donde el amor, el respeto y la tolerancia sean las herramientas básicas.

Si esto ocurre, se habrá dado un gran paso para transitar no sólo hacia la solución de la violencia en contra de la mujer y de los niños, sino hacia la satisfacción de las aspiraciones de bienestar de la comunidad en su conjunto. Para ello, se deben enfrentar con honestidad y sabiduría las grandes carencias de nuestra sociedad, particularmente en lo que se refiere a valorizar lo femenino, en especial el rol maternal que, pese a la retórica y a las alabanzas que recibe, en los hechos la inmensa mayoría de las mujeres están limitadas para ejercerlo en plenitud.

La maternidad, entendida como la crianza de los hijos, es una escuela cotidiana de afecto, pero muchas veces las mujeres la viven de manera contradictoria, porque deben ejercerla solas y, a menudo, a costa de la negación de sí mismas. Nos encontramos ante un sistema que niega la posibilidad de la maternidad a un gran número de mujeres.

¿Cuántas mujeres han abortado por ser víctimas de discriminación laboral? El problema va mucho más allá de los embarazos no deseados; también abarca las dificultades de muchas mujeres que son madres o quieren serlo para acceder a un trabajo digno y poder dar una vida adecuada a sus hijos. ¿Las mujeres abortan porque son criminales, en realidad, o porque estamos ante una sociedad que es, de hecho, abortiva? ¿Cuántas mujeres tienen coartadas sus posibilidades de construir una familia feliz?

Fortalecer la familia es, evidentemente, mucho más que declarar que hay que fortalecerla y mucho más que decir que hay que protegerla como está. El sistema educativo, los medios masivos de comunicación y la socialización familiar contribuyen a fortalecer esta situación al perpetuar la imagen tradicional de la mujer. Los mismos estereotipos están en la base de los servicios públicos y en la legislación, dificultando que ambos progenitores sean igualmente responsables del hogar y puedan desempeñarse tanto en el ámbito público como en el privado.

Asimismo, el Estado tiene una gran responsabilidad en el tema. Las políticas públicas que impulsa determinan la capacidad y poder de las mujeres en la familia, a través de la legislación civil, del control de su sexualidad y fertilidad, de las políticas de natalidad, de su rol social predominantemente de madre y esposa, de su capacidad económica en lo que respecta a sus bienes y a su capacidad de tener o no salario, de la posibilidad de tener un empleo y de los niveles educativos y culturales a que tienen acceso. Cualquier política pública tiene consecuencias para su vida, pues constituyen la mitad de la población y cualquier cosa que haga el Estado las afecta.

Con todo, en el actual período es un hecho evidente el avance de las mujeres en el logro de sus derechos. Mucho más atrás en la historia, lucharon por acceder a la educación y lo lograron; se movilizaron con la acción decidida y pionera de las sufraguistas por obtener el derecho a voto, y lo conquistaron. Sin embargo, su avance quiso ser obstaculizado por los mismos...

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

¿Me permite, señorita Diputada? Ha terminado el tiempo del Comité del Partido por la Democracia. Le ruego que redondee la idea.

La señorita SAA.-

Señor Presidente, decía que el avance en aquel tiempo quiso ser parado por los mismos que hoy pretenden imponer a las mujeres lo que debemos ser, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer.

En efecto, la realización de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing ha provocado en algunos sectores políticos y en algunos grupos religiosos -no así sociales ni culturales- reacciones similares a las que siglos atrás llevaron a la hoguera a muchas mujeres, acusadas de brujas. Estas expresiones integristas han sacado del baúl de los recuerdos de la historia ideas sobreideologizadas, que hoy no asustan a las mujeres. Lo curioso es que quieren arrogarse la representación de "la mayoría de las mujeres chilenas", para decir, como lo hicieran algunos Senadores, que el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y del Caribe 1995-2001, aprobado por todos los gobiernos de la región en Mar del Plata, no interpreta a la mayoría de las mujeres chilenas. Esta audacia, para llamarla de alguna manera, es cansadora.

¿Por qué no le dicen eso a las más de 3 mil mujeres organizadas que participaron en un debate nacional sobre esta conferencia en nuestro país, en 1994? ¿Por qué no estuvieron, aunque fuera para informarse, en los encuentros regionales abiertos que se realizaron ese año en todo el país, en el que participaron mujeres de organizaciones comunitarias, sindicales, campesinas, indígenas, políticas, profesionales, universitarias, de iglesias, entre otras?

Aplausos en las tribunas.

La señorita SAA.-

Estas tergiversaciones también las han extendido al concepto de "género" -aprobado, Diputado señor Coloma, por las Naciones Unidas como un término oficial- y al plan de igualdad de oportunidades para las mujeres chilenas.

Quieren una diferencia tajante entre los roles de padre y madre. ¿Quieren, por lo tanto, barrer debajo de la alfombra los costos que, ya hemos visto, tiene para las mujeres su incorporación al trabajo, como un derecho, la doble jornada que conlleva la desprotección de su rol maternal? ¿Quieren negar el costo que tiene para las familias, hombres, niños y mujeres, la actual situación?

La verdad es que la opinión pública y las mujeres requerimos propuestas ante loé problemas, y si no las hay, al menos, se deben evitar las distorsiones.

Por todas las razones expuestas, entregamos nuestro apoyo irrestricto, en términos personales y del Partido por la Democracia, tanto a la Conferencia Mundial sobre la Mujer, como al plan de igualdad de oportunidades para las mujeres chilenas. A este último contribuiremos con nuestra labor legislativa y fiscalizadora; ayudaremos a asegurar su implementación para que todas las mujeres del país tengan opciones y posibilidades en todos los aspectos de su vida.

Las mujeres hemos trabajado, desde hace décadas, por reformular conceptos que nos ignoran y discriminan. Cada logro ha sido ganado sobre la base de un duro trabajo de pioneras que se atrevieron y a las mujeres organizadas a lo largo de la historia.

Fueron claves sus iniciativas para que la comunidad nacional e internacional flexibilizaran su resistencia a considerar a la mitad de la humanidad como un tema de preocupación.

Han sido claves -y lo serán en el futuro- estas iniciativas para avanzar a una mayor comprensión entre mujeres y hombres y a sociedades más cálidas y humanas.

Aunque hoy se reconoce en todos los foros mundiales que no es posible el desarrollo de los países sin el progreso de las mujeres y que sus derechos humanos son parte indivisible de los derechos humanos universales, el movimiento de mujeres y el feminismo saben que para conseguir que esto se traduzca en realidad, las mujeres y sus organizaciones deben convertirse en sujetos políticos a nivel nacional e internacional.

A ellas, a las mujeres, entrego mi saludo emocionado y nuestro homenaje como Partido por la Democracia.

He dicho.