Labor Parlamentaria

La señora ÓRDENES.-

Señora Presidenta, el agua es un elemento vital para el ciclo de vida no solo de los seres humanos, sino también del planeta. El agua cubre el 70 por ciento de la superficie del planeta y solo el 2,5 por ciento corresponde a agua fresca (ríos, lagos, acuíferos), y un porcentaje menor a este último es apto para el consumo humano, agrícola e industrial.

Por lo tanto, estamos hablando de un recurso que es vital, es imprescindible, y cuya gestión es estratégica pensando en el futuro.

Y ahí hay varios temas. Una cosa es el acceso al agua potable, derecho que no está garantizado en el país. Al respecto, la encuesta Casen del año 2017 muestra que más de un millón cuatrocientas mil personas no tienen acceso a agua potable, y funcionan con camiones aljibes o tratando de sobrevivir con algún otro tipo de dispositivo para el suministro de agua potable.

El Banco Mundial, en agosto del año 2019, publicó el documento Calidad desconocida: crisis invisible del agua, que describe elnivel de contaminación del agua potable en 72 países, donde se advierte que en 83 localidades de las 392 encuestadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios el nivel de arsénico alcanzó un umbral que sobrepasa lo establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Por lo tanto, tenemos un problema de acceso y de calidad. Y en Chile contamos con recursos hídricos, pero, efectivamente, su gestión ha sido un gran déficit para lo que estamos conversando hoy día.

Lo que queremos hacer es una reforma constitucional: que se garantice como un derecho fundamental el acceso al recurso hídrico, y hoy día, como se ha señalado, el reconocimiento del agua como un bien nacional de uso público está establecido en el Código Civil, en el Código de Aguas, pero no tiene rango constitucional.

Por eso creo que también es importante la conversación que se inicia ya, y que tendrá su fecha cúlmine el 26 de abril de este año, en el marco del plebiscito para una nueva constitución, porque efectivamente tenemos que hablar de una reforma constitucional si queremos cambiar el formato de la gestión del recurso hídrico en Chile.

Lo digo porque este es un país de eufemismos, y alguien podrá señalar que no se ha privatizado el agua, ¡que es un bien nacional de uso público...! Pero, en la lógica de los derechos de uso y derechos de aprovechamiento, lo que ha ocurrido en la práctica es que a partir del Código de Aguas de 1981 se empezó a especular con un recurso tan elemental como este. La reforma del año 2005 no fue suficiente, los derechos ya estaban prácticamente todos entregados.

En la Región de Aysén yo tengo la experiencia de que quisimos declarar como reserva ambiental las cuencas de Murta, de Palena (aun así se trató de cambiar esa situación), porque eran las únicas cuencas donde teníamos aún recursos disponibles: el resto, como se ha dicho, está en manos de transnacionales, de empresas hidroeléctricas o simplemente de especuladores que han hecho de esto un negocio.

El trámite en general es bastante simple: a partir del trabajo que se hace con la Dirección General de Aguas del MOP se inscriben los derechos, se publican en los diarios y, al final, este bien nacional de uso público es transable, usted lo puede hipotecar, y lo inscribe en el Conservador de Aguas.

Por eso digo que es un país de eufemismos, porque puede que esté declarado bien nacional de uso público, pero en la práctica no se da que este recurso tan elemental para la vida lo sea.

Por otro lado, en el contexto de cambio climático, hoy día con el fenómeno del calentamiento global, existe una amenaza a la biodiversidad, pero otro gran efecto de este gran problema global es el déficit hídrico.

Chile lleva más de una década bajo esta situación de estrés hídrico. Y no es casual. Se ha hablado bastante de Petorca, y ahí el Gobierno, para abordar la crisis hídrica de la comuna, donde otorgó derechos, terminó pagando millones de pesos a fin de recuperar el agua para los pobladores, siendo que era un bien nacional de uso público.

También tenemos los primeros expatriados climáticos del país en su Región de Coquimbo, estimada Presidenta, en Montepatria, donde se estima que ya un 15 por ciento de los habitantes de esa comuna han tenido que salir del territorio por la crisis hídrica.

Este es un problema real, y si no cambiamos el formato de gestión, si no entendemos que este es un derecho humano fundamental y no le damos rango constitucional, que yo espero que sea parte de las conversaciones en el marco de la construcción y redacción de una nueva constitución en Chile, la situación se va a volver aún más crítica.

Voto a favor.