Labor Parlamentaria

Participaciones

  • Alto contraste

Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha

Antecedentes
  • Cámara de Diputados
  • Sesión Ordinaria N°9
  • Celebrada el
  • Legislatura número 364
Índice

Cargando mapa del documento

cargando árbol del navegación del documento

Intervención
FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 7963-06)

Autores

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, como parlamentaria de región, específicamente como diputada de Atacama, una de mis principales banderas de lucha ha sido el regionalismo.

La iniciativa en debate es, sin duda, de la mayor relevancia y trascendencia en ese ámbito, porque pone su foco en lo que, a mi juicio, debiese ser una de las metas fundamentales para alcanzar un desarrollo territorial pleno y equilibrado en nuestro país y para nuestros habitantes: la regionalización y la descentralización.

En más de una ocasión he señalado que es imposible alcanzar la gran meta de derrotar la desigualdad sin lograr antes el objetivo de la descentralización. La desigualdad que tanto aqueja a Chile encuentra una de sus peores manifestaciones en el centralismo, porque golpea a las regiones y se expresa muy fuertemente en las condiciones de vida, en las oportunidades en salud, en empleo y estudios para nuestra gente; en la falta de infraestructura y recursos, en el costo de la vida, en las externalidades negativas de las empresas, en el sacrificio ambiental de nuestras comunas, como les ha ocurrido a Chañaral, Freirina , Huasco y en prácticamente toda la Región de Atacama.

De ahí que esta iniciativa, que busca fortalecer la regionalización en el país, sea un avance, un comienzo, el inicio de un camino que debería llevarnos a alcanzar ese propósito, aunque para ello se requerirán muchos otros esfuerzos, otras medidas y otros proyectos legislativos.

Para mí, la relevancia de este proyecto se encuentra absolutamente ligada, y me atrevería a decir que incluso condicionada, a otro proyecto, que apunta al gran anhelo de las regiones: elegir democráticamente a la máxima autoridad regional, sea que esta se llame intendente o gobernador regional, como se propuso recientemente.

Por ello, se hace absolutamente necesario hacer un llamado para agilizar lo más posible la tramitación de esa iniciativa, ya que no queremos que se materialice a fines de 2017, como podría ocurrir, según han señalado algunos medios de prensa. La verdad es que lamentaríamos profundamente que eso pasara. Por eso, pido al Ejecutivo que ponga el pie en el acelerador respecto de la tramitación de ese respecto.

En relación con el proyecto en estudio, considero necesario destacar que entre sus principales objetivos está el de reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la administración central; precisar la funciones del gobierno regional, distinguiendo las del consejo regional de las del intendente; agregar funciones al gobierno regional, atendiendo a la nueva modalidad de elección por sufragio universal de los consejeros regionales; regular el procedimiento de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales, y establecer normas para dirimir las divergencias que surjan con motivo de las transferencias.

Quiero subrayar, además, que se incorporan dentro de las funciones del gobierno regional, la de elaborar y de aprobar, previa consulta con los municipios, el plan regional de ordenamiento territorial, para orientar la planificación y las decisiones que impacten a los territorios urbanos y rurales; financiar estudios y proponer condiciones de localización para residuos y sistemas de tratamiento; formular políticas regionales de fomento productivo; proponer e implementar proyectos en materia cultural y social en grupos vulnerables o de riesgo social, y financiar programas de carácter cultural, fortaleciendo la identidad regional y fomentando la práctica del deporte.

Además, se establecen nuevas competencias y atribuciones para los consejeros regionales, como la de aprobar el plan de ordenamiento territorial, fiscalizar al intendente y a las unidades dependientes, aprobar el plan de inversiones y citar a informar a las autoridades regionales o provinciales, entre otras.

Cabe mencionar la potestad para la creación de áreas metropolitanas bajo la administración del gobierno regional en cada región, lo que, a mi juicio, puede contribuir al desarrollo integral de ese territorio regional.

Finalmente, quiero indicar que el valor del proyecto radica en el traspaso de competencias a las regiones, apuntando a una mirada estratégica de un desarrollo equilibrado, a una mirada amplia para planificar, apuntando a las necesidades y potencial de cada una de sus comunas.

Esa visión está unida a la posibilidad de entregar la elección de los intendentes a la ciudadanía de la región; pero eso no tiene que ver con que la gente de regiones queramos darnos el gustito de elegir al intendente, sino que se relaciona con el hecho de que no podemos aspirar a transformarnos en verdaderos gobiernos regionales si no tenemos una autoridad con la suficiente autonomía, con recursos y empoderada por la ciudadanía para fijar el rumbo de la región y presentar propuestas al consejo regional, siguiendo un modelo de funcionamiento similar al del Ejecutivo y del Parlamento.

De allí la importancia de que esta iniciativa de fortalecimiento de la regionalización vaya de la mano del proyecto de elección de los intendentes. Por ello, es necesario reiterar el llamado para acelerar su tramitación.

Finalmente, quiero señalar, no por capricho ni de manera antojadiza, que si las regiones tuvieran un nivel adecuado de descentralización, de autonomía administrativa y de recursos, no tendríamos a los trabajadores públicos de la Región de Atacama movilizados por 37 días, debido a una demanda justa, que va mucho más allá de un simple bono, sino que tiene que ver con un nuevo trato y con un mejoramiento de la calidad de vida de toda una región. En la actualidad, existe consenso y unidad prácticamente de parte de todas las autoridades políticas de Atacama -parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros regionales- y de la ciudadanía, respecto de que la demanda de los trabajadores es una causa justa, por lo que si hoy dispusiéramos de la capacidad y de las atribuciones para resolverla, hace mucho tiempo que este conflicto se habría terminado.

Considero que alcanzar ese derecho en forma urgente es un objetivo común de todas las regiones de Chile.

He dicho.

Top