Decreto con Fuerza de Ley 2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº20.370 CON LAS NORMAS NO DEROGADAS DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1, DE 2005 Ministerio de Educación Consejo Nacional de Educación Reconocimiento del estado Certificación y Acreditación Establecimientos Educacionales Instituciones de Educación Educación Parvularia Educación Básica Educación Media Educación Superior Ley no. 20.370 D.F.L. no. 1, 2005 Diario Oficial 39700 FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº20.370 CON LAS NORMAS NO DEROGADAS DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1, DE 2005 DFL Núm. 2.- Santiago, 16 de diciembre de 2009.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 71 de la ley Nº 20.370; en el DFL Nº 1 de 2005, del Ministerio de Educación, y en el artículo 64 inciso 5º de la Constitución Política de la República. Decreto con fuerza de ley: Ley Nº 20.370 D.O. TÍTULO PRELIMINAR 12.09.2009 Normas generales   TÍTULO PRELIMINAR Normas generales Párrafo 1º Principios y fines de la educación   Párrafo 1º Principios y fines de la educación Artículo 1º. La presente ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; fija Ley Nº 20.370 Art. los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de 1º D.O. 12.09.2009 los niveles de educación parvularia, básica y media; regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de su servicio. 1   Art. 2º. La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las Ley Nº 20.370 Art. personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo 2º D.O. 12.09.2009 espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. La educación se manifiesta a través de la enseñanza formal o regular, de la enseñanza no formal y de la educación informal. La enseñanza formal o regular es aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial. Está constituida por niveles y modalidades que aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas. La enseñanza no formal es todo proceso formativo, realizado por medio de un programa sistemático, no necesariamente evaluado y que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir a una certificación. La educación informal es todo proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad, facilitado por la interacción de unos con otros y sin la tuición del establecimiento educacional como agencia institucional educativa. Se obtiene en forma no estructurada y sistemática del núcleo familiar, de los medios de comunicación, de la experiencia laboral y, en general, del entorno en el cual está inserta la persona. 2   Art. 3º. El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Ley Nº 20.370 Art. Constitución, así como en los tratados internacionales 3º D.O. 12.09.2009 ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se inspira, además, en los siguientes principios: a) Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida. b) Gratuidad. El Estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita en los establecimientos subvencionados o que reciben aportes permanentes del Estado, de conformidad a la ley. c) Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley. d) Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial. e) Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco de las leyes que los rijan. f) Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido un proyecto diverso y determinado, y que son atendidas por él, en conformidad a la Constitución y las leyes. En los establecimientos educacionales de propiedad o administración del Estado se promoverá la formación laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, y la formación ciudadana de los estudiantes, a fin de fomentar su participación en la sociedad. g) Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir cuenta pública cuando corresponda. Asimismo, el sistema educativo deberá promover el principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos o pupilos. h) Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. i) Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades, asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de proyectos educativos institucionales diversos. j) Transparencia. La información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país. k) Integración e inclusión. El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes, y posibilitará la integración de quienes tengan necesidades educativas especiales. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. l) Sustentabilidad. El sistema incluirá y fomentará el respeto al medio ambiente natural y cultural, la buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad, como expresión concreta de la solidaridad con las actuales y futuras generaciones. m) Interculturalidad. El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. n) Dignidad del ser humano. El sistema debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ñ) Educación integral. El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista alternativos en la evolución de la realidad y de las formas múltiples del conocer, considerando además, los aspectos físico, social, moral, estético, creativo y espiritual, con atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del saber. o) Educación digital. El sistema educativo promoverá el uso responsable y seguro del contenido digital y de las tecnologías que lo soportan durante el proceso formativo, en particular, de aquel contenido vinculado a la información, la comunicación y la conectividad digital. 3   Ley Nº 20.370 Párrafo 2º D.O. 12.09.2009 Derechos y deberes   Párrafo 2º Derechos y deberes Art. 4º. La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los padres el Ley Nº 20.370 Art. derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el 4º D.O. 12.09.2009 deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Es deber del Estado propender a asegurar a todas las personas una educación inclusiva de calidad. Asimismo, es deber del Estado promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular o especial, según sea el interés superior del niño o pupilo. Es deber del Estado promover la educación parvularia en todos sus niveles y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición, sin que éstos constituyan requisitos para el ingreso a la educación básica. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso equitativo, inclusivo y sin discriminaciones arbitrarias a ellas de toda la población, así como generar las condiciones para la permanencia en el mismo de conformidad a la ley. El sistema de educación será de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad y administración del Estado o sus órganos, y otra particular, sea ésta subvencionada o pagada, asegurándole a los padres y apoderados la libertad de elegir el establecimiento educativo para sus hijos. Sin perjuicio de sus demás deberes, es deber del Estado que el sistema integrado por los establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público, laico, esto es, respetuoso de toda expresión religiosa, y pluralista, que permita el acceso a él a toda la población y que promueva la inclusión social, la equidad, la libertad y la tolerancia. Es deber del Estado promover políticas educacionales que reconozcan y fortalezcan las culturas originarias. Es deber del Estado resguardar los derechos de los padres y alumnos, cualquiera sea la dependencia del establecimiento que elijan. Corresponde, asimismo, al Estado, propender a asegurar la calidad de la educación, estableciendo las condiciones necesarias para ello y verificando permanentemente su cumplimiento; realizar supervisión, facilitar apoyo pedagógico a los establecimientos y promover el desarrollo profesional docente. Es deber del Estado mantener y proveer información desagregada sobre la calidad, cobertura y equidad del sistema y las instituciones educativas. Es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras. Es deber del Estado promover la buena convivencia, el buen trato y la no discriminación arbitraria, así como proponer medidas y orientaciones para la erradicación de todos los tipos de acoso, violencia y actos de discriminación entre los integrantes de las comunidades educativas. Asimismo, promoverá el bienestar socioemocional, el aprendizaje y la educación integral en las comunidades educativas, y propenderá al desarrollo de medidas y orientaciones para la protección de los entornos de los centros educativos. 4   Art. 5º. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar la probidad, el desarrollo de una educación inclusiva en Ley Nº 20.370 Art. todos los niveles y modalidades y promover el estudio y 5º D.O. 12.09.2009 conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; fomentar una cultura de la paz y de la no discriminación arbitraria; fomentar el desarrollo de una cultura cívica y laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa; y que promueva la participación activa, ética y solidaria de las personas en la sociedad, con fundamento en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes; estimular la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural y medio ambiental, y la diversidad cultural de la Nación. 5   Art. 6º. Es deber del Estado propender a asegurar una educación de calidad y procurar que ésta sea impartida a Ley Nº 20.370 Art. todos, tanto en el ámbito público como en el privado. 6º D.O. 12.09.2009 Corresponderá al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Educación, a la Agencia de Calidad de la Educación y a la Superintendencia de Educación, en el ámbito de sus competencias, la administración del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, de conformidad a las normas establecidas en la ley. 6   Art. 7º. El Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación velarán, de conformidad a la ley, y Ley Nº 20.370 Art. en el ámbito de sus competencias, por la evaluación 7º D.O. 12.09.2009 continua y periódica del sistema educativo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de la educación. Para ello, la Agencia de Calidad de la Educación evaluará los logros de aprendizaje de los alumnos y el desempeño de los establecimientos educacionales en base a estándares indicativos. La evaluación de los alumnos deberá incluir indicadores que permitan efectuar una evaluación conforme a criterios objetivos y transparentes. La evaluación de los profesionales de la educación se efectuará de conformidad a la ley. Los resultados de las evaluaciones de aprendizaje serán informados a la comunidad educativa, resguardando la identidad de los alumnos y de los docentes, en su caso. Sin embargo, los resultados deberán ser entregados a los apoderados de los alumnos en aquellos casos en que las pruebas a nivel educacional tengan representatividad individual, sin que tales resultados puedan ser publicados ni usados con propósitos que puedan afectar negativamente a los alumnos, tales como selección, repitencia u otros similares. 7   Art. 8º. El Estado tiene el deber de resguardar la libertad de enseñanza. Los padres tienen el derecho Ley Nº 20.370 Art. de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. 8º D.O. 12.09.2009 La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. 8   Art. 9º. La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una Ley Nº 20.370 Art. institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a 9º D.O. 12.09.2009 la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes de todas las personas integrantes de la comunidad educativa. La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 9   Art. 10. Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la Ley Nº 20.370 Art. comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y 10 D.O. 12.09.2009 estarán sujetos a los siguientes deberes: a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideoló 10   Artículo 10 bis.- Prohíbese el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal, en adelante "dispositivos móviles", en los establecimientos educacionales que imparten niveles de educación parvularia, básica o media. Excepcionalmente, se podrá autorizar el empleo de dispositivos móviles en las siguientes situaciones: a) Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales respecto de las cuales el uso adecuado de estos dispositivos móviles se considera como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes. Esta circunstancia deberá ser acreditada por el padre, madre o apoderado del estudiante a través de un certificado emitido por un profesional competente, en los términos señalados en los incisos segundo y tercero del artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. b) Si existe una situación de emergencia, desastre o catástrofe. c) Si el estudiante presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de dispositivos móviles. Esta circunstancia deberá ser acreditada por el padre, madre o apoderado del estudiante a través de un certificado médico. d) Si la utilización de estos dispositivos móviles es útil para la enseñanza en función de la naturaleza de la actividad curricular o extracurricular en los establecimientos educacionales que imparten educación básica o media. e) Si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante. Las excepciones indicadas en los literales a); c); d), en lo que respecta a las actividades curriculares; y e) deberán ser autorizadas expresamente por el director del establecimiento educacional. En consonancia con las instrucciones que imparta la Superintendencia de Educación para la actualización, aprobación y difusión de los reglamentos internos, los establecimientos educacionales deberán disponer medidas para materializar tanto la prohibición establecida en el inciso primero, y considerar mecanismos, condiciones y consecuencias aplicables al uso de dispositivos móviles; como las excepciones señaladas. La prohibición de uso de dispositivos móviles señalada en el inciso primero se aplicará, especialmente, durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa, salvo en los casos excepcionales que contempla este artículo. Sin perjuicio de lo anterior, en el nivel de educación media, los reglamentos de los establecimientos educacionales podrán disponer espacios, horarios o actividades específicas en que la utilización de dispositivos móviles esté autorizada, en atención a la autonomía progresiva de los alumnos. Dichos reglamentos deberán establecer procedimientos, acciones y medidas para regular el uso adecuado de los dispositivos móviles, así como las consecuencias de su incumplimiento. En concordancia con las medidas dispuestas en el artículo 10 quater, los establecimientos educacionales que impartan educación básica o media deberán informar a sus estudiantes, así como a toda la comunidad educativa, sobre el empleo responsable de los dispositivos móviles y los riesgos asociados, y promover instancias formativas que prevengan su uso indebido o la comisión de delitos mediante tales medios. 10 BIS   Artículo 10 ter.- Para efectos de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal aquellos medios tecnológicos que permiten efectuar telecomunicación, acceder a la red de internet para mantener interacción de telecomunicación y consultar contenidos o plataformas digitales. 10 TER   Artículo 10 quater.- El Estado desarrollará acciones informativas dirigidas a la población y, especialmente, a las comunidades educativas, respecto del impacto derivado del uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal por parte de estudiantes de educación parvularia, básica y media. Para estos efectos, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio Secretaría General de Gobierno y con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, elaborará anualmente una campaña de difusión e información destinada a: a) Promover el uso responsable y gradual de los dispositivos móviles, de acuerdo con la edad y al grado de desarrollo personal de niñas, niños y adolescentes. b) Prevenir los riesgos asociados a la utilización inadecuada de tales dispositivos. c) Dar a conocer medidas eficaces para evitar su uso inadecuado, con resguardo de los derechos establecidos en la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. 10 QUATER   Art. 11. El embarazo, la maternidad y la paternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. En los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, el cambio del estado civil de los padres y apoderados, no será motivo de impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento. Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos. El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido. En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar del alumno, no será obstáculo para la renovación de su matrícula. En ningún caso se podrá condicionar la incorporación, la asistencia y la permanencia de los y las estudiantes a que consuman algún tipo de medicamento para tratar trastornos de conducta, tales como el trastorno por déficit atencional e hiperactividad. El establecimiento deberá otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los y las estudiantes. Los establecimientos propiciarán iniciativas de apoyo biopsicosociales y de atención diferenciada, tanto en las actividades curriculares como extracurriculares, facilitando ambientes de aprendizaje que permitan atender las necesidades educativas especiales y, de este modo, promover el desarrollo de habilidades emocionales y sociales. Estas habilidades pueden ser introducidas, entre otras disciplinas o metodologías, por medio de prácticas deportivas o contemplativas, tales como meditación, yoga, mindfulness, taichi, danza o expresiones artísticas, destinadas tanto al favorecimiento del rendimiento académico, como al bienestar e integración de los y las estudiantes, en consideración a las diversas capacidades que posean y a la etapa del aprendizaje en que se encuentren. En aquellos casos en que exista prescripción médica de un especialista y con estricto cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud, el establecimiento deberá otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los y las estudiantes. Los proyectos educativos de los establecimientos educacionales particulares pagados deberán contemplar programas de inclusión escolar que incorporen los ajustes necesarios y apoyos pertinentes, tales como estrategias de diversificación de la enseñanza y adecuaciones curriculares, entre otros, para el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes. En ningún caso se podrá cancelar la matrícula ni suspender o expulsar alumnos por presentar discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes. Sin embargo, en los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no renovada su matrícula. En el caso que en la misma comuna o localidad no exista otro establecimiento de igual nivel o modalidad, lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar de manera alguna el derecho a la educación. Ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 11   Art. 12. En los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado, en ningún caso se podrá considerar el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, madres o apoderados. Los procesos de admisión de estudiantes a los establecimientos educacionales se realizarán por medio de un sistema que garantice la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, y que vele por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. Con todo, en el caso del nivel parvulario, la nueva matrícula de una niña o un niño en un establecimiento de educación parvularia que reciba aportes del Estado dejará sin efecto la matrícula en el establecimiento anterior de iguales características. Lo señalado en los incisos anteriores es sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación. 12   Art. 13. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los procesos de admisión de alumnos y alumnas deberán ser objetivos y transparentes, publicados en medios electrónicos, en folletos o murales públicos. En ningún caso se podrán implementar procesos que impliquen discriminaciones arbitrarias, debiendo asegurarse el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, en especial aquellos que versen sobre derechos de los niños y que se encuentren vigentes. Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar, en los casos que corresponda y de conformidad a la ley: a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel; b) Criterios generales de admisión; c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados; d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar; e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes; f) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso, y g) Proyecto educativo del establecimiento. Los procesos de admisión de los establecimientos educacionales particulares pagados deberán asegurar, a partir del primer nivel de transición, que el 5% de los cupos sean prioritarios para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes, siempre que se presenten suficientes postulaciones para cubrir dichos cupos. Para tener dicha prioridad los apoderados deberán presentar evaluaciones médicas o certificado de discapacidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Título II de la ley N° 20.422, para acreditar que el postulante presenta una discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes. Lo señalado en este inciso es sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación. Asimismo, los procesos de admisión de los establecimientos particulares pagados deberán priorizar a el o los hermanos de alumnos matriculados que presenten discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes, para que puedan cursar sus estudios en estos establecimientos. Los directamente afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria en el ámbito educacional podrán interponer la acción de no discriminación arbitraria establecida en la ley Nº20.609, sin perjuicio de lo establecido en la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. 13   Art. 14. Realizado un proceso de admisión, conforme a los artículos precedentes, el establecimiento publicará en Ley Nº 20.370 Art. un lugar visible y opcionalmente en un medio electrónico la 14 D.O. 12.09.2009 lista de los admitidos. A quienes no resulten admitidos o a sus apoderados, cuando lo soliciten, deberá entregárseles un informe con los resultados de sus pruebas, firmado por el encargado del proceso de admisión del establecimiento. 14   Artículo 15.- Los sostenedores asegurarán las condiciones para que en los establecimientos educacionales de su dependencia, a través de sus directores y equipos directivos, se promueva la participación de todas las personas de la comunidad educativa, especialmente, por la vía de facilitar los medios físicos o tecnológicos que tengan a disposición, para la conformación del Centro de Alumnas y Alumnos o de Estudiantes, del Centro de Padres y Apoderados, del Consejo de Profesores, del Consejo Escolar y, en los casos que determina la ley, del Consejo de Educación Parvularia, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje de párvulos y estudiantes. En los casos que corresponda, los representantes de las instancias señaladas en el inciso precedente deberán informar al director las fechas previstas para la elección de sus directivas y sobre las etapas que se encuentren establecidas en sus respectivos reglamentos, con el objeto de que sean incorporadas al calendario escolar o instrumento de planificación anual y que su realización no impida el normal funcionamiento del establecimiento educacional. En cada establecimiento educacional dependiente de un sostenedor que reciba subvenciones o aportes regulares del Estado deberá existir un Consejo Escolar, que tendrá el objetivo de estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia y el buen trato, conforme a lo establecido en el Párrafo 3º de este Título y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de su competencia. Aquellos establecimientos que no se encuentren obligados a constituir el mencionado Consejo Escolar deberán crear un Comité de Buena Convivencia Educativa u otra entidad de similares características, que cumpla las funciones de promoción señaladas en el inciso anterior. Lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto precedentes también se aplicará a los Consejos de Educación Parvularia en los establecimientos que en virtud de la ley deban contar con dicha instancia. Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un equipo a cargo de la convivencia educativa, cuyo objetivo será la implementación del Plan de Gestión de Convivencia Educativa del establecimiento y las demás materias relacionadas que determine el equipo directivo. Asimismo, tendrá a su cargo asesorar y formular recomendaciones al director y al Consejo Escolar o al Comité de Buena Convivencia Educativa, según corresponda, durante el proceso de modificación del Plan señalado en el artículo 16 H y respecto de las demás materias relacionadas que determine el equipo directivo. Este equipo tendrá especial preocupación por la participación de padres y apoderados y del estudiantado en la elaboración y desarrollo de estrategias y actividades de reflexión, promoción y resguardo de la buena convivencia y el buen trato. El equipo de convivencia será liderado por una persona a cargo de la Coordinación de la Convivencia Educativa, que deberá ser un profesional de la educación o del área psicosocial o psicopedagógica, con formación o experiencia en el ámbito pedagógico o de convivencia educativa, de jornada completa con dedicación exclusiva. El director de cada establecimiento definirá el perfil del cargo del coordinador de convivencia educativa según las características del establecimiento educacional que dirige, debiendo presentar dicho perfil al sostenedor para su aprobación antes del inicio del proceso de selección. Los establecimientos en contexto de encierro, rurales, aulas hospitalarias, de educación parvularia y aquellos que tengan una matrícula inferior a ciento cincuenta párvulos o estudiantes, estarán exceptuados de las obligaciones señaladas en los incisos quinto y sexto precedentes. En dicho caso, al menos, deberán designar un coordinador de convivencia educativa entre los profesionales del establecimiento que cuenten con una jornada o destinación acorde a las funciones que le corresponda desempeñar. El equipo de convivencia educativa, además del coordinador de convivencia educativa, podrá estar constituido por dos profesionales, preferentemente del área psicosocial o psicopedagógica. La contratación de estos profesionales podrá imputarse a la Subvención Escolar Preferencial regulada en la ley N° 20.248. 15   Art. 16. Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de esta ley serán sancionadas Ley Nº 20.370 Art. con multas de hasta 50 unidades tributarias mensuales, las 16 D.O. 12.09.2009 que podrán duplicarse en caso de reincidencia. Las sanciones que se impongan deberán fundarse en el procedimiento establecido en el artículo 50 de esta ley. 16   Párrafo 3º Convivencia Educativa y Buen Trato   Párrafo 3º Convivencia Educativa y Buen Trato Artículo 16 A.- Se entenderá por buena convivencia educativa la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, en que se promueven relaciones e interacciones inclusivas y participativas que fomentan la solidaridad, empatía, cohesión y consenso entre todos los integrantes de la comunidad educativa, a través de prácticas y procesos de aprendizaje que se orientan a reconocer y resolver las diferencias y conflictos en forma pacífica y colaborativa, atendiendo siempre el bien común, el interés superior de niños, niñas y adolescentes, respeto por los derechos y cumplimiento de deberes de todos los integrantes de la comunidad educativa y el ejercicio de la autoridad pedagógica y directiva. Los estudiantes, de acuerdo a su etapa de desarrollo, los padres, las madres, los apoderados, los asistentes de la educación y los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima educativo que promueva la buena convivencia y el buen trato, con el objeto de prevenir entre los integrantes de la comunidad educativa todo tipo de actos u omisiones que constituyan acoso, violencia o discriminación, sea que ocurran dentro del establecimiento o fuera de éste y por cualquier medio. Además, deberán fomentar interacciones armónicas, participativas, constructivas y respetuosas de los derechos y deberes de cada integrante de la comunidad. Por su parte, los sostenedores deberán promover y fomentar un proceso educativo libre de violencia, acoso y discriminación, que garantice la dignidad de todas las personas que integran la comunidad. Las relaciones e interacciones de las personas adultas de las comunidades educativas con los niños, niñas y adolescentes deberán regirse por el buen trato. Se entiende por tal, aquel que se proporciona con atención a los principios, derechos y garantías consagradas en la Constitución Política de la República y en el Título II de la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia; que fomenta, a su vez, el desarrollo de cuidados, afectos y protección; y que hace visibles las necesidades y particularidades de los niños, niñas y adolescentes, con garantía de la dignidad de todas las personas que integran la comunidad educativa y en consideración a lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 de la ley N° 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación. Los estudiantes, así como los padres, madres y los apoderados, deberán mantener siempre un buen trato con todo el personal que se desempeñe dentro del establecimiento educacional, canalizarán sus inquietudes y opiniones por los conductos formales establecidos, con respeto de su dignidad y en consideración al interés superior de niños, niñas y adolescentes ante todo evento. Si se advierte la existencia de conflictos o eventuales vulneraciones de derechos por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa, aquella deberá ser comunicada al establecimiento de conformidad con lo dispuesto en su reglamento interno. 16 A   Artículo 16 B.- Los establecimientos educacionales velarán por la prevención de todas aquellas conductas constitutivas de acoso, violencia o discriminación entre los integrantes de la comunidad educativa. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado realizada dentro o fuera del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otra u otro estudiante, y provoquen en ésta o éste maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave o que cause un clima escolar hostil, tal como el aislamiento injustificado de una o un estudiante, el ignorar deliberadamente a una o un estudiante de forma colectiva, entre otros, sea por medios tecnológicos o por cualquier otro medio, según su edad y condición. Toda vez que la normativa educacional haga referencia a agresiones u hostigamientos, se entenderán incluidas tanto las agresiones u hostigamientos físicos como psicológicos, realizados por cualquier medio. El establecimiento deberá activar oportunamente el protocolo contra el acoso escolar contemplado en su reglamento interno y de acuerdo a los plazos que éste disponga, en los casos que corresponda. Además, deberá adoptar medidas de prevención y promoción, con enfoque formativo, orientadas a toda la comunidad, en especial a los integrantes involucrados, de conformidad a lo dispuesto en la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas conductas de violencia que, sin ser acoso escolar, constituyan una agresión que atente contra la integridad física o psíquica de una o un estudiante, requerirán, igualmente, la adopción oportuna por parte del establecimiento de medidas formativas o disciplinarias proporcionales con la falta, con el objeto de prevenir la sistematicidad de dichas agresiones u hostigamientos. Cada establecimiento y comunidad educativa deberá prestar especial y preferente protección a las y los estudiantes, de acuerdo con su edad y condición, en el marco del Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, establecido en la ley N° 21.430, y de lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 de la ley N° 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra de una o un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de una o un estudiante. Las conductas descritas en este artículo, cuando sean ejercidas por estudiantes o padres, madres o apoderados u otros que no detenten la calidad de trabajadores del establecimiento, en contra de los profesionales o asistentes de la educación y, en general, en contra de cualquier trabajadora o trabajador del establecimiento educacional, constituirá violencia en el trabajo ejercida por terceros, en virtud de lo dispuesto en el literal c) del inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo. En virtud de lo dispuesto en el inciso precedente, el establecimiento deberá aplicar los protocolos o procedimientos de su reglamento interno relativos a la convivencia educativa que correspondan para la determinación de medidas disciplinarias y/o para la instrucción de acciones reparatorias con fines formativos sobre el o la estudiante, padre, madre o apoderado que haya cometido la falta, las cuales siempre deberán ir acompañadas de medidas formativas. Cuando el procedimiento del reglamento interno respecto a convivencia educativa se desarrolle de forma conjunta con aquellos a que se encuentra obligado el establecimiento de acuerdo a la ley N° 21.643, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, se deberán realizar ambos procedimientos bajo los principios de coordinación, economía y eficiencia, sin perjuicio de los demás principios establecidos en la ley. Asimismo, se dispondrán actuaciones conjuntas cuando resulten compatibles, con el objeto de evitar la sobreintervención de las partes involucradas. Deberán adoptarse oportunamente las medidas de resguardo a la integridad y bienestar de la trabajadora o del trabajador afectado de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente. Cuando las conductas descritas en los incisos precedentes tengan una motivación discriminatoria, el establecimiento deberá adoptar medidas formativas que promuevan la igualdad y no discriminación arbitraria entre los integrantes de la comunidad educativa, especialmente hacia niños, niñas y adolescentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 21.430, sin perjuicio de otras medidas u acciones establecidas en la ley. Adicionalmente, en el caso de las conductas descritas en el inciso séptimo que tengan una motivación discriminatoria, el establecimiento deberá promover la capacitación en materia de igualdad y no discriminación arbitraria de quienes detenten posiciones de autoridad y hayan incurrido en aquellas conductas, sin perjuicio de las medidas disciplinarias o sancionatorias establecidas en la ley. 16 B   Artículo 16 C.- Corresponderá al Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación, elaborar la Política Nacional de Convivencia Educativa con el objeto de definir lineamientos, orientaciones y un conjunto de acciones para la promoción de una buena convivencia educativa, y la prevención y erradicación de toda forma de violencia, acoso y discriminación en todo el sistema educativo. La Política contemplará objetivos, enfoques y dimensiones aplicables a los distintos niveles y modalidades educativas. Para la implementación de la Política, el Ministerio de Educación dispondrá, a su vez, de un Plan de Acción Nacional, con el objetivo de garantizar la coordinación, eficacia y eficiencia en la actuación de los servicios e instituciones públicas que componen el sistema educacional, en relación con los distintos ámbitos contemplados en la Política. El Plan establecerá las categorías, acciones, medidas y metas institucionales, e identificará a los organismos responsables, así como los indicadores y plazos correspondientes. La Subsecretaría de Educación dirigirá los procesos de elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación continua y actualización de la Política y del Plan regulados en el presente artículo, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Parvularia, los órganos que integran el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la Dirección de Educación Pública y cualquier otra entidad pública que resulte pertinente, de conformidad a las materias de su competencia. Para la elaboración y actualización de la Política, la Subsecretaría de Educación podrá abrir un período de consulta pública, con el fin de recibir opiniones, sugerencias y comentarios de la sociedad civil. La Política y el Plan referidos en los incisos anteriores tendrán una vigencia de ocho años. El Plan será evaluado cada dos años por las Subsecretarías de Educación y de Educación Parvularia, en los ámbitos de sus competencias. Dichas subsecretarías considerarán para ello los informes emitidos por la Agencia de la Calidad de la Educación a raíz del seguimiento y monitoreo de la Política y la gestión de la convivencia educativa a nivel nacional, y podrán generar ajustes o modificaciones a las acciones, indicadores y metas comprometidas. Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación desarrollará las materias establecidas en el presente artículo. 16 C   Artículo 16 D.- Los establecimientos educacionales deberán contar con un Plan de Gestión de Convivencia Educativa que considere los lineamientos de la Política Nacional de Convivencia Educativa. El Plan podrá también considerar las medidas determinadas por el Consejo Escolar o el Comité para la Buena Convivencia Educativa, según corresponda, sobre la materia. En todo caso, la responsabilidad respecto a la elaboración e implementación del Plan de Gestión de Convivencia Educativa recaerá siempre en el equipo o el coordinador de convivencia educativa, cuando corresponda, de acuerdo a lo señalado en el inciso tercero del artículo 15. Por su parte, la aprobación y dictación del instrumento recaerá en el director del establecimiento educacional. Los Planes de Gestión de Convivencia Educativa tendrán por objetivo promover la buena convivencia educativa, el buen trato y la erradicación de todo acto de violencia, acoso o discriminación en la comunidad educativa. Para ello deberán definir objetivos, estrategias, acciones concretas y metas en materias de convivencia educativa, tales como participación, igualdad, resolución pacífica de conflictos, mediación, cuidados y responsabilidades digitales, desarrollo socioemocional y salud mental, desde un enfoque pedagógico y de prevención de factores de riesgo. El Plan deberá contar con los siguientes contenidos mínimos: a) Acciones de coordinación con el área técnico-pedagógica, con el objetivo de asegurar el enfoque pedagógico de la convivencia, a nivel transversal en todos sus niveles y, a su vez, acciones de coordinación con el área administrativa para la adecuada aplicación de las estrategias del Plan y el reglamento interno. b) Estrategias y acciones de información, difusión y formación para todos los estamentos de la comunidad educativa, especialmente en materias referidas a la promoción del buen trato y la no discriminación arbitraria. c) Acciones de promoción del bienestar y salud mental, orientadas a los distintos estamentos de la comunidad educativa, con especial énfasis en la prevención de conductas suicidas, y en el abordaje de factores de riesgo, tales como el consumo de drogas, alcohol, tabaco, y de aquellas conductas que infringen la ley. d) Estrategias para la gestión colaborativa de conflictos de convivencia o situaciones de riesgo. e) Calendarización de las actividades a realizar durante el año escolar, con señalamiento de los objetivos de cada actividad, su contribución al propósito del Plan e indicación, además, del lugar, fecha y encargada o encargado de su ejecución. f) Estrategias y acciones que incorporen a estudiantes como sujetos activos en el proceso de aprendizaje y promoción de una buena convivencia educativa. g) Estrategias de formación dirigidas a padres, madres y apoderados sobre los principios de convivencia educativa, prevención del acoso escolar, resolución pacífica de conflictos y promoción del buen trato. La Agencia de Calidad de la Educación aplicará cuestionarios censales con el objeto de recopilar información sobre los Planes de Gestión de Convivencia Educativa, y fomentará para ello la participación de representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa. Con todo, la Agencia también podrá aplicar otros instrumentos complementarios para cumplir el señalado objeto. En virtud de los resultados de los instrumentos a que refiere el inciso anterior, la Agencia evaluará el desempeño de una muestra de establecimientos, de conformidad a la planificación contemplada en el artículo 13 de la ley N° 20.529. Esta evaluación considerará las acciones contempladas en el Plan de Gestión de Convivencia Educativa y en el Plan de Formación Ciudadana, y los resultados de instrumentos de autoevaluación de cada comunidad educativa, si los hubiere. 16 D   Artículo 16 E. Los reglamentos internos de los establecimientos educacionales deberán regular aquellas materias señaladas en los artículos 16 A y 16 B, y tendrán en consideración la normativa vigente, así como medidas de prevención, formativas y protocolos para la protección, investigación y aplicación de medidas disciplinarias, según corresponda. En virtud de lo señalado en el inciso anterior, los reglamentos internos deberán incorporar, a lo menos, las siguientes materias: a) La prohibición y prevención de toda forma de acoso, violencia y discriminación hacia cualquier integrante de la comunidad educativa. b) La promoción del derecho a una vida libre de violencia, el respeto y el reconocimiento a los derechos y garantías, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 8 y 36 de la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. c) Los derechos y deberes de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa y la regulación de sus instancias de participación. d) La descripción precisa de las conductas esperadas de cada uno de los integrantes y las acciones u omisiones que serán consideradas faltas, y el establecimiento de su graduación en atención a su gravedad. e) Los canales para la recepción y tramitación de denuncias y reclamos, así como las instancias para la presentación de sugerencias o propuestas de modificación al reglamento y otros requerimientos por parte de los miembros de la comunidad. Asimismo, deberá contemplar un canal seguro y confidencial para recibir denuncias con reserva de identidad, en que se garantice el debido resguardo de la identidad del denunciante, la no revictimización de los afectados y la adopción de medidas adecuadas en respuesta a las situaciones comunicadas. f) El deber del personal del establecimiento y de los demás adultos integrantes de la comunidad escolar de reportar al equipo directivo del establecimiento o a quien se determine en el reglamento toda información de la cual hayan tomado conocimiento sobre hechos que puedan constituir actos de acoso, violencia o discriminación contra cualquier integrante de la comunidad y, en general, cualquier acto que contravenga la buena convivencia. g) Los procedimientos de investigación en contra de las conductas de acoso, violencia o discriminación. Los procedimientos de investigación se ajustarán a los principios de imparcialidad, proporcionalidad, confidencialidad y celeridad. Las actuaciones realizadas en el marco de aquellos deberán ser pertinentes según el estamento al que pertenezcan las personas involucradas. La aplicación de medidas disciplinarias será proporcional a la o a las faltas acreditadas. Respecto de la persona afectada, se contemplarán medidas de apoyo psicosocial y acciones de reparación para aplicar cuando corresponda. Las etapas y plazos de los procedimientos de investigación que se establezcan deberán constar en el reglamento con arreglo a la normativa vigente en la materia, y asegurarán el derecho de los involucrados a ser oídos y a presentar antecedentes, y se evitará su revictimización. Con todo, en el caso de estudiantes el plazo máximo de investigación será de dos meses. h) Las medidas formativas que promuevan la igualdad y no discriminación arbitraria entre los integrantes de la comunidad educativa, en consideración a la edad y al nivel educativo al que pertenezcan aquellos sobre quienes se apliquen. i) Las medidas disciplinarias que podrán ser aplicadas, así como la manera en que se determinarán según la gravedad de la falta cometida y las circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad. Respecto a estudiantes, la aplicación de medidas disciplinarias y procedimientos se deberán determinar en consideración a su edad y etapa de desarrollo. Las medidas disciplinarias deberán fundarse en un procedimiento previo, racional y justo, en el que se respete el derecho del estudiante y de su padre, madre o apoderado a ser oídos, presentar descargos y solicitar la reconsideración de la medida ante la autoridad del establecimiento, sin perjuicio de las medidas cuya naturaleza impida total o parcialmente satisfacer el señalado estándar, tales como aquellas contempladas en el inciso segundo del artículo 8 bis de la ley N° 19.070, que aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación. El equipo de convivencia definirá medidas pedagógicas y formativas, y aquellas necesarias para abordar los factores de riesgo que incidan en conductas que contravengan el reglamento. Asimismo, en la adopción de dichas medidas, el equipo de convivencia podrá hacer partícipe a la madre, padre o apoderado del estudiante. Sin perjuicio de lo anterior, si se observan riesgos, amenazas o vulneraciones que puedan afectar los derechos y garantías de los niños, niñas o adolescentes, el establecimiento deberá actuar en conformidad al Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia establecido en la ley N° 21.430. En ningún caso se podrán adoptar medidas disciplinarias que se funden, directa o indirectamente, en el hecho de presentar discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes o transitorias. No se podrá aplicar medidas disciplinarias a los niños y niñas que cursen niveles de educación parvularia por infracciones a la convivencia, lo que no impedirá la adopción de medidas pedagógicas o formativas orientadas a desarrollar progresivamente en éstos empatía para la resolución de conflictos y comprensión de normas. Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse de forma excepcional, y deberá preferirse siempre la aplicación de medidas formativas y pedagógicas. Una vez que se haya determinado la aplicación de la medida de expulsión o cancelación de matrícula le corresponderá al director del establecimiento notificar al padre, madre, apoderado o al estudiante, en caso de que sea mayor de edad y no tenga apoderado, y le indicará el plazo para solicitar una reconsideración. Dentro del plazo de cinco días hábiles, el director deberá, además, informar la medida a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento de lo establecido en el presente literal. En el mismo plazo informará la medida a la Secretaría Regional Ministerial correspondiente. El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión o cancelación de matrícula a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este literal podrá ser sancionada como infracción grave. j) Medidas de protección para la persona afectada, especialmente cuando se trate de conductas de violencia física y sexual. Estas medidas se determinarán desde el momento en que el establecimiento tome conocimiento de los hechos y podrán extenderse hasta la conclusión del procedimiento respectivo. Asimismo, se determinarán en aplicación del principio de proporcionalidad, y podrán contemplar acciones tales como la separación de aula entre denunciante y denunciado, o la suspensión, cuando se trate de un estudiante. En todo caso, la medida de suspensión solo procederá cuando no sea posible resguardar a la persona afectada mediante otra medida y no podrá extenderse por más de quince días hábiles. Si al vencer el plazo el establecimiento aún no ha concluido el procedimiento, deberá adoptar otras medidas para la protección adecuada de la persona afectada. Sin perjuicio de ello, podrá volver a aplicar la medida de suspensión cuando se reitere una falta por parte del denunciado durante el curso del procedimiento, caso en el cual concluirá la investigación antes del término del nuevo plazo. El establecimiento deberá realizar un monitoreo pedagógico del estudiante suspendido y disponer medidas para resguardar la continuidad de su trayectoria educativa. k) Mecanismos para la gestión colaborativa de los conflictos que surjan entre los integrantes de la comunidad educativa. Estos mecanismos se regirán por los principios de voluntariedad, confidencialidad, igualdad, imparcialidad y neutralidad. Asimismo, deberán utilizarse con resguardo de los derechos fundamentales de quienes se sometan a su aplicación. En todo caso, no podrán aplicarse dichos mecanismos cuando el conflicto trate sobre hechos constitutivos de delito o vulneración de derechos fundamentales. La Superintendencia de Educación capacitará a los establecimientos educacionales que lo requieran, con el objeto de facilitar la adecuada implementación de los referidos mecanismos. l) Las demás obligaciones o contenidos que se señalen en la normativa educacional. Con todo, cuando corresponda determinar la responsabilidad administrativa de profesionales de la educación o de asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos administrados por Servicios Locales, municipalidades o corporaciones municipales, se aplicarán las medidas contempladas en sus respectivos estatutos conforme a la normativa vigente. En estos casos, los procedimientos investigativos se regirán por los plazos y etapas establecidas en el Título V de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, o, en su defecto, cuando corresponda, por los plazos y etapas establecidos en el Título V de la ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 16 E   Artículo 16 F.- La Superintendencia de Educación podrá capacitar a los establecimientos para la aplicación, con enfoque pedagógico y formativo, del Plan de Gestión de la Convivencia Educativa dispuesto en el artículo 16 D. Para estos efectos, con el fin de resguardar la calidad metodológica de las acciones, la Superintendencia podrá requerir la asesoría técnica del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. 16 F   Artículo 16 G.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 D, al inicio de cada año escolar los establecimientos educacionales deberán informar a la comunidad educativa sobre los contenidos del Plan de Gestión de la Convivencia Educativa y del reglamento interno, con especial énfasis en los protocolos de prevención y actuación dispuestos frente a situaciones de acoso, violencia y discriminación arbitraria, y señalará las garantías de seguridad, protección y privacidad de las personas afectadas y los canales para la conducción de denuncias internas. Los instrumentos mencionados deberán entregarse a padres, madres y apoderados al momento de la matrícula o de su renovación, en formato impreso o digital, y se dejará constancia de su recepción. Asimismo, se informará a la comunidad educativa sobre las modificaciones que se realicen a estos instrumentos durante el año escolar y se deberá contar de forma permanente con ejemplares impresos de éstos, en un lugar visible del establecimiento educacional y en su sitio web. Ningún integrante de la comunidad educativa podrá alegar desconocimiento de las normas internas del establecimiento educacional, salvo en caso de incumplirse conjuntamente las obligaciones señaladas en el inciso anterior. La difusión de los instrumentos señalados en el inciso segundo deberá ser continua, a través de contenidos o acciones con un lenguaje comprensible para todas las edades, con el fin de alcanzar el mayor conocimiento, difusión y apropiación de la regulación interna. 16 G   Artículo 16 H.- El sostenedor, a través del director y el equipo directivo del establecimiento educacional, deberá asegurar el desarrollo adecuado de procesos participativos para la actualización del Plan de Gestión de la Convivencia Educativa y del reglamento interno, al menos cada cuatro años, por curso, nivel o ciclo. Se contemplará la participación de todos los estamentos y sus integrantes, con el objeto de recoger las experiencias y necesidades particulares de la comunidad educativa. Estos procesos serán liderados por el director con la asistencia del equipo de convivencia y la colaboración del Consejo Escolar, el cual podrá proponer ejes de trabajo y mecanismos para asegurar la participación de toda la comunidad educativa, incluida la de aquellos integrantes que no forman parte exclusivamente de un curso o nivel, y la correcta sistematización y levantamiento de sus solicitudes o propuestas. El coordinador de convivencia educativa podrá participar en el Consejo Escolar durante dichos procesos, con derecho a voz. El director, a través del coordinador de convivencia educativa, presentará un informe al Consejo Escolar con los principales resultados de los procesos participativos y las propuestas recogidas. El Consejo Escolar, si así lo estima, podrá acordar observaciones al informe, siempre que no contravengan la normativa educacional o el proyecto educativo institucional del establecimiento. En caso de presentarse observaciones, el director podrá acogerlas o rechazarlas de manera fundada. Si las acoge, el Consejo Escolar deberá aprobar el informe y luego el director deberá sancionar el Plan. En caso de no presentarse observaciones, o una vez rechazadas éstas de manera fundada, el Consejo Escolar aprobará el informe y el director sancionará el Plan. Concluido este proceso, el director pondrá a disposición de toda la comunidad educativa el Plan de Gestión de Convivencia Educativa en el plazo establecido por el reglamento interno del establecimiento. El establecimiento podrá fijar la cantidad de etapas y actividades para el desarrollo de los procesos de actualización participativos, en virtud de las disposiciones señaladas en los incisos precedentes, dentro de un mismo año escolar. Asimismo, podrá disponer instancias para el desarrollo de dichas actividades, tales como, consejos de curso, reuniones de apoderados u otras. La contravención a lo dispuesto en el presente artículo constituirá una infracción grave a la normativa educacional, cuyo cumplimiento será fiscalizado por la Superintendencia de Educación. Los procesos de actualización participativos regulados en este artículo no obstan ni restringen la realización de procedimientos breves para llevar a cabo modificaciones o actualizaciones en tiempos intermedios, tales como las actualizaciones anuales que cada establecimiento realice para adecuarse a la normativa vigente, o aquellas que sean mandatadas por la ley o por los órganos administrativos competentes. En estos casos se deberá considerar por lo menos la participación del Consejo Escolar, cuando corresponda. En caso de que un establecimiento educacional no se encuentre obligado a constituir el Consejo Escolar, será el Comité de la Buena Convivencia Educativa el que participará en cada uno de los procesos descritos en el presente artículo. 16 H   Artículo 16 I.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 C, la Subsecretaría de Educación deberá coordinar sus competencias vinculadas a la Política Nacional de Convivencia Educativa y al Plan de Acción Nacional que requieran, en su elaboración o ejecución, de la participación de otros órganos de la Administración del Estado. En especial, promoverá mecanismos eficientes de gestión y funcionamiento con los siguientes órganos: a) Con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez, para una adecuada articulación entre las políticas públicas e instituciones del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia que se vinculan con la convivencia educativa, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 21.430. b) Con el Ministerio de Seguridad Pública, a través de las Subsecretarías competentes, con la finalidad de articular acciones y medidas en, al menos, los siguientes ámbitos: i. Anticipación, detección, prevención, atención y mitigación de factores de riesgo socio delictivo en estudiantes. Para favorecer la detección temprana y la atención preventiva de estudiantes de enseñanza básica y media expuestos a factores de riesgo asociados a indicadores de vulnerabilidad socio delictual, la Subsecretaría de Educación colaborará en la gestión e implementación de acciones, programas o estrategias orientadas a prevenir el involucramiento delictivo de niños, niñas y adolescentes, a resguardar y promover sus derechos. Asimismo, apoyará la entrega de asesoría técnica a establecimientos educacionales que requieran desarrollar iniciativas preventivas. ii. Seguimiento y acompañamiento psicosocial. Se velará por una idónea coordinación con programas de acompañamiento educativo de estudiantes a los que se les haya aplicado una medida de expulsión o cancelación de matrícula, para su adecuada reinserción educativa y social. iii. Promoción de acciones que eviten la ocurrencia de hechos violentos o delictivos o de incivilidades, con el fin de resguardar la seguridad en los entornos e interiores de los establecimientos educacionales. iv. Cooperación e interoperabilidad en la implementación de recursos tecnológicos y en el desarrollo de herramientas de seguimiento, análisis, estudios, investigaciones y evaluaciones que promuevan una mejora continua de las políticas públicas implementadas en el marco de sus respectivas competencias, así como de aquellas destinadas a comprender mejor la criminalidad adolescente y sus necesidades de atención. Las acciones y medidas dispuestas en esta letra deberán ajustarse a las recomendaciones y lineamientos técnicos para la elaboración de políticas, planes y programas elaborados por el Ministerio de Seguridad Pública. c) Con el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, la promoción del bienestar y la salud mental de las comunidades educativas y sus integrantes, mediante la articulación de la implementación de aquellas políticas que inciden en éstas y la entrega de las orientaciones y directrices necesarias para abordarlas, con especial énfasis en la salud mental y el bienestar psicosocial tanto estudiantil como laboral y en la prevención de conductas suicidas. Asimismo, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para la adecuada coordinación de la derivación a centros de salud y su atención en ellos, en los casos que corresponda. d) Con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, para articular la acción conjunta de las políticas públicas que implementa éste en la prevención y erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres en el marco de la convivencia educativa, con énfasis en el trato justo y no sexista. e) Con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Justicia, para una acción coordinada sobre aquellos estudiantes que han infringido la ley, con el objeto de asegurar su continuidad en el sistema escolar, y resguardar sus trayectorias educativas. Asimismo, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para establecer la actuación coordinada en la prevención y erradicación de la discriminación en las comunidades educativas. f) Con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría del Trabajo, en materias de protección de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, especialmente en los siguientes ámbitos: i. Seguridad y salud en el trabajo para el rubro educativo y las profesiones u oficios del sector. ii. Evaluación de riesgos laborales, especialmente, los psicosociales relacionados con el acoso, violencia y discriminación en el trabajo del sector educacional. iii. Fiscalización que realicen los organismos dependientes de las respectivas carteras a establecimientos educacionales que incida en materias de convivencia educativa y laboral. Las coordinaciones recién enunciadas podrán implementarse de forma separada, conjunta y/o simultáneamente, según el tipo de intervención pública que se requiera. La actuación estatal al interior de los establecimientos educacionales será liderada, dirigida y coordinada por sus directores, mientras que aquella a ejecutarse fuera de ellos corresponderá a las autoridades políticas o administrativas que determine la ley o el reglamento que al efecto se dicte. El ejercicio de estas funciones y atribuciones siempre reconocerá como finalidad preferente la garantía de derechos de párvulos y estudiantes, con especial foco en la protección y continuidad de las trayectorias educativas, considerando el involucramiento de sus familias y adultos significativos. Junto con ello, su ejercicio contemplará criterios de equidad territorial, en virtud de lo cual podrá ser priorizado el apoyo a establecimientos rurales de difícil acceso o con alta concentración de estudiantes prioritarios. 16 I   Artículo 16 J.- Con el propósito de resguardar la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, los sostenedores de establecimientos educacionales podrán incorporar en sus reglamentos internos la medida de revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas, a fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otros o para atentar contra la infraestructura del establecimiento educacional, o que fueren potencialmente peligrosos para la comunidad educativa. El ejercicio de esta medida deberá resguardar la igualdad ante la ley, el derecho a la no discriminación arbitraria, a la vida privada y a la honra de los involucrados, así como el interés superior del niño y adolescente y el derecho a la educación. Esta revisión se realizará cumpliendo lo dispuesto por el reglamento interno de cada establecimiento, el que al menos deberá establecer el personal del establecimiento expresamente autorizado y capacitado para tal efecto; el deber de evitar cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria de los involucrados, y la necesidad de que la revisión se realice en lugares especialmente designados para tales fines. Queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal y de vestimentas que esté usando. El personal autorizado podrá disponer de una revisión excepcional e individual en un lugar privado dentro del establecimiento. Ésta deberá realizarse respetando estándares mínimos de resguardo y protección de los derechos del estudiante, los que no podrán ser desconocidos ni restringidos. Para estos efectos, la diligencia deberá efectuarse en presencia permanente de, al menos, dos personas adultas pertenecientes al establecimiento, una de las cuales deberá integrar el equipo de convivencia escolar, resguardando en todo momento la dignidad e intimidad del estudiante y evitando cualquier exposición pública. De la revisión a que se refiere el inciso anterior deberá levantarse un registro escrito y firmado por el personal señalado precedentemente, en el que se individualice al estudiante, a las personas adultas presentes, los motivos fundados que justificaron la medida, los elementos encontrados y la hora de inicio y término de la diligencia. Una copia de dicho registro deberá ser entregada al estudiante y a su madre, padre o apoderado, junto con información clara acerca de los mecanismos de reclamo disponibles. Asimismo, los establecimientos podrán contemplar en sus reglamentos internos la facultad de solicitar al estudiante mostrar o vaciar el contenido de los bolsillos de su vestimenta. Esta solicitud deberá efectuarse sin contacto físico con el estudiante ni exposición innecesaria de su persona, y con sujeción a los demás resguardos y procedimientos previstos en este artículo. El personal del establecimiento educacional no podrá realizar la revisión de manera forzosa. En caso de que, practicada la revisión, se hallaren elementos de aquellos descritos en el inciso primero, el personal autorizado del establecimiento deberá comunicar de manera inmediata tal circunstancia a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile, para que adopten las medidas o procedimientos que correspondan en conformidad a la ley. En caso de negativa del estudiante, el personal del establecimiento educacional deberá informar de manera inmediata a sus padres y apoderados, para que al menos uno de ellos concurra a revisar las pertenencias del estudiante en presencia del personal autorizado del establecimiento. Durante el tiempo que tome la gestión anterior, el estudiante deberá permanecer bajo resguardo y acompañamiento del personal autorizado, en un espacio adecuado, que deberá ser distinto del de la sala de clases. Si el padre, madre o apoderado concurre y el estudiante persiste en su negativa, aquel deberá retirar las pertenencias del establecimiento, debiendo el sostenedor del colegio dejar constancia de lo ocurrido e informar del hecho a la Oficina Local de la Niñez competente. La concurrencia del padre, madre o apoderado al establecimiento en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior no podrá ser considerada, para ningún efecto, como salida intempestiva o injustificada de labores en los términos de la letra a) del número 4 del artículo 160 del Código del Trabajo, debiendo los empleadores otorgar las facilidades necesarias para el resguardo del interés superior del niño, niña o adolescente. Tratándose de estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales, trastorno del espectro autista, condiciones de neurodivergencia o sensibilidades sensoriales acreditadas, la revisión sólo podrá efectuarse con el acompañamiento previo y permanente, durante toda la diligencia, de un profesional del Programa de Integración Escolar o del equipo de convivencia con formación específica, previa contención emocional adecuada y mediante la adopción de los ajustes razonables que resulten necesarios conforme a las necesidades particulares del estudiante. En ningún caso podrá efectuarse contra la oposición fundada del profesional acompañante, quien deberá velar por el resguardo del interés superior del niño, niña o adolescente. La inobservancia de este inciso será considerada infracción grave para los efectos del artículo 76 de la ley N° 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización. La aplicación de la medida de revisión que regula este artículo dará lugar a la activación del Plan de Gestión de Convivencia Educativa previsto en el artículo 16 D, y a la intervención del coordinador o coordinadora de convivencia escolar con dedicación exclusiva, cuando se verifiquen los supuestos objetivos previamente establecidos en el reglamento interno del establecimiento educacional, conforme a las orientaciones generales que imparta el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación llevará un registro actualizado de los establecimientos educacionales que incorporen en sus reglamentos internos la medida de revisión de pertenencias. Los sostenedores deberán reportar semestralmente a la Secretaría Regional Ministerial respectiva la cantidad de registros realizados y el número de elementos prohibidos o armas halladas. Esta información será remitida a la Agencia de Calidad de la Educación para que evalúe anualmente la efectividad de la medida, mediante el cruce de datos con los resultados de instrumentos de evaluación pertinentes con que ya cuente. 16 J   Artículo 16 K.- Los establecimientos educacionales promoverán el deber y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos en instancias formativas, de fortalecimiento de la convivencia escolar y demás procesos educativos. Por su parte, los padres, madres y apoderados tendrán el deber de respetar y contribuir con el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento educacional. Para el cumplimiento de los deberes señalados en el inciso anterior, los establecimientos educacionales deberán, periódicamente, programar y citar a reuniones de apoderados, según lo establezcan sus reglamentos internos. 16 K   Ley Nº 20.370 TÍTULO I D.O. 12.09.2009 De los niveles y modalidades educativas   TÍTULO I De los niveles y modalidades educativas Art. 17. La educación formal o regular está organizada en cuatro niveles: Parvularia, básica, media y Ley Nº 20.370 Art. superior, y por modalidades educativas dirigidas a atender a 17 D.O. 12.09.2009 poblaciones específicas. 17   Art. 18. La educación parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños desde su nacimiento hasta Ley Nº 20.370 Art. su ingreso a la educación básica, sin constituir 18 D.O. 12.09.2009 antecedente obligatorio para ésta. Su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, de acuerdo a las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, apoyando a la familia en su rol insustituible de primera educadora. 18   Art. 19. La educación básica es el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de los alumnos, Ley Nº 20.370 Art. en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, 19 D.O. 12.09.2009 cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, y que les permiten continuar el proceso educativo formal. 19   Art. 20. La educación media es el nivel educacional que atiende a la población escolar que haya finalizado el Ley Nº 20.310 Art. nivel de educación básica y tiene por finalidad procurar 20 D.O. 12.09.2009 que cada alumno expanda y profundice su formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad, los cuales son definidos por las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley. Este nivel educativo ofrece una formación general común y formaciones diferenciadas. Estas son la humanístico-científica, técnico-profesional y artística, u otras que se podrán determinar a través de las referidas bases curriculares. La formación diferenciada humanístico-cientifica está orientada a la profundización de áreas de la formación general de interés de los estudiantes. La formación diferenciada técnico-profesional está orientada a la formación en especialidades definidas en términos de perfiles de egreso en diferentes sectores económicos de interés de los alumnos. La formación diferenciada artística está orientada a la formación especializada definida en términos de perfiles de egreso en las diferentes áreas artísticas de interés de los alumnos. Dicha enseñanza habilita, por otra parte, al alumno, para continuar su proceso educativo formal a través de la educación superior o incorporarse a la vida del trabajo. 20   Art. 21. La educación superior es aquella que tiene por objete la preparación y formación del estudiante en un Ley Nº 20.370 Art. nivel avanzado en las ciencias, las artes, las humanidades y 21 D.O. 12.09.2009 las tecnologías, y en el campo profesional y técnico. El ingreso de estudiantes a la educación superior tiene como requisito mínimo la licencia de educación media. La enseñanza de educación superior comprende diferentes niveles de programas formativos, a través de los cuales es posible obtener títulos de técnico de nivel superior, títulos profesionales, grados académicos o títulos universitarios o sus equivalentes. 21   Art. 22. Son modalidades educativas aquellas opciones organizativas y curriculares de la educación regular, Ley Nº 20.370 Art. dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar 22 D.O. 12.09.2009 respuesta a requerimientos específicos de aprendizaje, personales o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación. Constituyen modalidades la educación especial o diferencial, la educación de adultos y las que se creen conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley. Tanto las bases curriculares como los criterios u orientaciones para construir adecuaciones curriculares deberán contar con la aprobación del Consejo Nacional de Educación, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86. 22   Art. 23. La educación especial o diferencial es la modalidad del sistema educativo que desarrolla su acción de Ley Nº 20.370 Art. manera transversal en los distintos niveles, tanto en los 23 D.O. 12.09.2009 establecimientos de educación regular como especial, proveyendo un conjunto de servicios, recursos humanos, técnicos, conocimientos especializados y ayudas para atender las necesidades educativas especiales que puedan presentar algunos alumnos de manera temporal o permanente a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de un déficit o una dificultad específica de aprendizaje. Se entenderá que un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación. La modalidad de educación especial y los proyectos de integración escolar contarán con orientaciones para construir adecuaciones curriculares para las escuelas especiales y aquellas que deseen desarrollar proyectos de integración. Los establecimientos educacionales particulares pagados no podrán cobrar un mayor valor de matrícula ni un arancel superior a estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes en razón de los ajustes necesarios y apoyos pertinentes para su acceso y permanencia en el establecimiento. Se efectuarán adecuaciones curriculares para necesidades educacionales específicas, tales como las que se creen en el marco de la interculturalidad, de las escuelas cárceles y de las aulas hospitalarias, entre otras. La educación intercultural bilingüe se expresa en el sector curricular dirigido a los niños y niñas, jóvenes y adultos que reconocen la diversidad cultural y de origen y en la cual se enseñan y transmiten la lengua, cosmovisión e historia de su pueblo de origen, estableciendo un diálogo armónico en la sociedad. 23   Art. 24. La educación de adultos es la modalidad educativa dirigida a los jóvenes y adultos que deseen Ley Nº 20.370 Art. iniciar o completar estudios, de acuerdo a las bases 24 D.O. 12.09.2009 curriculares específicas que se determinen en conformidad a esta ley. Esta modalidad tiene por propósito garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la Constitución y brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida. La educación de adultos se estructura en los niveles de educación básica y media, y puede impartirse a través de un proceso presencial o a través de planes flexibles semi-presenciales de mayor o menor duración, regulados conforme lo dispuesto en el artículo 32. 24   Ley Nº 20.370 D.O. TÍTULO II 12.09.2009 Normas generales sobre educación parvularia, básica y media   TÍTULO II Normas generales sobre educación parvularia, básica y media Párrafo 1º Requisitos mínimos de la educación parvularia, básica y media y normas objetivas para velar por su cumplimiento   Párrafo 1º Requisitos mínimos de la educación parvularia, básica y media y normas objetivas para velar por su cumplimiento Art. 25. El nivel de educación básica regular tendrá una duración de seis años y el nivel de educación media Ley Nº 20.370 Art. regular tendrá una duración de seis años, cuatro de los 25 D.O. 12.09.2009 cuales, en el segundo caso, serán de formación general y los dos finales de formación diferenciada. La educación parvularia no tendrá una duración obligatoria. Tratándose de las modalidades educativas, el Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, podrá autorizar estudios de menor o mayor duración, los que deberán contar con la aprobación del Consejo Nacional de Educación. 25   Art. 26. La educación parvularia no exige requisitos mínimos para acceder a ella, ni constituirá antecedente Ley Nº 20.370 Art. obligatorio para ingresar a la educación básica. 26 D.O. 12.09.2009 Para ingresar a la educación media se requiere haber aprobado la educación básica o tener estudios equivalentes. 26   Art. 27. La edad mínima para el ingreso a la educación básica regular será de seis años y la edad máxima Ley Nº 20.370 Art. para el ingreso a la educación media regular será de 27 D.O. 12.09.2009 dieciséis años. Con todo, tales límites de edad podrán ser distintos tratándose de la educación especial o diferencial, o de adecuaciones de aceleración curricular, las que se especificarán por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación. 27   Art. 28. Sin que constituya un antecedente obligatorio para la educación básica, la educación parvularia fomentará Ley Nº 20.370 Art. el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá 28 D.O. 12.09.2009 los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan: a) Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de autocuidado y de cuidado de los otros y del entorno. b) Apreciar sus capacidades y características personales. c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo. d) Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo vínculos de confianza, afecto, colaboración y pertenencia. e) Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, religiosa y física. f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del lenguaje verbal y corporal. g) Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples. h) Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, informarse y recrearse. i) Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno. j) Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer. k) Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes niveles educativos. l) Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos. m) En el caso de establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas desarrollen los aprendizajes que les permitan comprender y expresar mensajes simples en lengua indígena reconociendo su historia y conocimientos de origen. 28   Art. 29. La educación básica tendrá como objetivos generales, sin que esto implique que cada objetivo sea Ley Nº 20.370 Art. necesariamente una asignatura, que los educandos desarrollen 29 D.O. 12.09.2009 los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan: 1) En el ámbito personal y social: a) Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a su edad. b) Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos. c) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos y responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. d) Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y desarrollar capacidades de empatía con los otros. e) Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y tolerancia a la frustración. f) Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes. g) Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y salud. 2) En el ámbito del conocimiento y la cultura: a) Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad. b) Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimientos, de manera sistemática y metódica, para la formulación de proyectos y resolución de problemas. c) Comunicarse con eficacia en lengua castellana, lo que implica comprender diversos tipos de textos orales y escritos adecuados para la edad y expresarse correctamente en forma escrita y oral. d) Ejercer derechos en entornos digitales y fortalecer la convivencia mediante el uso responsable, seguro, creativo y reflexivo de las tecnologías digitales, con reconocimiento de los potenciales riesgos, beneficios y oportunidades de su utilización. e) Comprender y expresar mensajes simples en uno o más idiomas extranjeros. f) Comprender y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos básicos, relativos a números y formas geométricas, en la resolución de problemas cotidianos, y apreciar el aporte de la matemática para entender y actuar en el mundo. g) Conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile y su diversidad geográfica, humana y socio-cultural, así como su cultura e historia local, valorando la pertenencia a la nación chilena y la participación activa en la vida democrática. h) Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano, y tener hábitos de cuidado del medio ambiente. i) Aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica, para conocer y comprender algunos procesos y fenómenos fundamentales del mundo natural y de aplicaciones tecnológicas de uso corriente. j) Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse a través de la música y las artes visuales. En el caso de los establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas, se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas desarrollen los aprendizajes que les permitan comprender diversos tipos de textos orales y escritos, y expresarse en forma oral en su lengua indígena. 29   Art. 30. La educación media tendrá como objetivos generales, sin que esto implique que cada objetivo sea Ley Nº 20.370 Art. necesariamente una asignatura, que los educandos desarrollen 30 D.O. 12.09.2009 los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan: 1) En el ámbito personal y social: a) Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los faculte para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable. b) Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios derechos, necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás y, en especial, en el ámbito de la familia. c) Trabajar en equipo e interactuar en contextos socio-culturalmente heterogéneos, relacionándose positivamente con otros, cooperando y resolviendo adecuadamente los conflictos. d) Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus instituciones, los derechos humanos y valorar la participación ciudadana activa, solidaria y responsable, con conciencia de sus deberes y derechos, y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses. e) Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y cualidades que les permitan aportar con su trabajo, iniciativa y creatividad al desarrollo de la sociedad. f) Tener hábitos de vida activa y saludable. 2) En el ámbito del conocimiento y la cultura: a) Conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la existencia, la naturaleza de la realidad y del conocimiento humano. b) Pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la propia actividad y de conocer y organizar la experiencia. c) Analizar procesos y fenómenos complejos, reconociendo su multidimensionalidad y multicausalidad. d) Expresarse en lengua castellana en forma clara y eficaz, de modo oral y escrito; leer comprensiva y críticamente diversos textos de diferente nivel de complejidad, que representen lo mejor de la cultura, y tomar conciencia del poder del lenguaje para construir significados e interactuar con otros. e) Ejercer derechos en entornos digitales y fortalecer la convivencia democrática mediante el uso responsable, seguro, creativo, crítico y reflexivo de las tecnologías digitales, con reconocimiento de los potenciales riesgos, beneficios y oportunidades de su utilización. f) Comprender el lenguaje oral y escrito de uno o más idiomas extranjeros, y expresarse en forma adecuada. g) Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento matemático para resolver problemas numéricos, geométricos, algebraicos y estadísticos, y para modelar situaciones y fenómenos reales, formular inferencias y tomar decisiones fundadas. h) Comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento científico, y utilizar evidencias empíricas, en el análisis y comprensión de fenómenos relacionados con ciencia y tecnología. i) Conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar actitudes favorables a la conservación del entorno natural. j) Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los valores cívicos que la fundamentan. k) Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en especial aquellos aspectos de carácter político, culturales y religiosos de relevancia para la sociedad chilena y tener conciencia de ser parte de un mundo globalizado. l) Tener un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos artísticos de acuerdo a sus intereses y aptitudes. m) Conocer y aplicar conceptos y técnicas financieras básicas, así como desarrollar actitudes, conductas y prácticas que favorezcan la toma de decisiones ciudadanas y le permitan ejercer acciones eficaces para mejorar su bienestar económico, personal y familiar. En el caso de los establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas desarrollen los aprendizajes que les permitan mantener su dominio de la lengua indígena y el conocimiento de la historia y la cultura de su pueblo. En el caso de los establecimientos educacionales que ofrezcan la formación diferenciada técnico-profesional y artística, se consideran, además, como objetivos generales, los aprendizajes requeridos por el perfil de egreso de las respectivas especialidades que impartan. 30   Art. 31. Corresponderá al Presidente de la República, mediante decreto supremo dictado a través del Ministerio de Ley Nº 20.370 Art. Educación, previa aprobación del Consejo Nacional de 31 D.O. 12.09.2009 Educación, establecer las bases curriculares para la educación parvularia, básica y media. Éstas definirán, por ciclos o años, respectivamente, los objetivos de aprendizaje que permitan el logro de los objetivos generales para cada uno de los niveles establecidos en esta ley. Las bases curriculares aprobadas deberán publicarse íntegramente en el Diario Oficial. Las bases curriculares tendrán una vigencia mínima de seis años. Sus modificaciones y actualizaciones deberán incorporar, a lo menos, procesos de diagnóstico, consulta, evaluación y retroalimentación. Con todo, en casos fundados, podrán introducirse actualizaciones o ajustes a asignaturas, o a especialidades de la modalidad técnico-profesional, en un período inferior al señalado anteriormente. El Consejo Nacional de Educación aprobará las bases curriculares de acuerdo al procedimiento del artículo 86, velando por que los objetivos de aprendizaje contemplados en éstas sean relevantes, actuales y coherentes con los objetivos generales establecidos en la ley. Asimismo, deberá constatar que los objetivos de aprendizaje que se le presentan sean adecuados a la edad de los estudiantes, estén debidamente secuenciados y sean abordables en el tiempo escolar disponible en cada nivel y modalidad, y se adecuen al tiempo de libre disposición señalado en el inciso final de este articulo. El Consejo Nacional de Educación tendrá un plazo de sesenta días para aprobar, rechazar o hacer observaciones a la propuesta del Ministerio de Educación. En caso de que formule observaciones, el Ministerio de Educación tendrá un plazo de treinta días para dar respuesta a éstas, tras lo cual el Consejo deberá aprobar o rechazar la propuesta en un plazo de cuarenta y cinco días. El Ministerio de Educación deberá elaborar planes y programas de estudios para los niveles de educación básica y media, los cuales deberán, si cumplen con las bases curriculares, ser aprobados por el Consejo Nacional de Educación, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86. Dichos planes y programas serán obligatorios para los establecimientos que carezcan de ellos. Sin embargo, los establecimientos educacionales tendrán libertad para desarrollar los planes y programas propios de estudio que consideren adecuados para el cumplimiento de los objetivos generales definidos en las bases curriculares y de los complementarios que cada uno de ellos fije. Los establecimientos educacionales harán entrega, a la autoridad regional de educación correspondiente, de los planes y programas propios que libremente elaboren, debiendo dicha autoridad certificar la fecha de entrega. Los planes y programas se entenderán aceptados por el Ministerio de Educación transcurridos sesenta dí 31   Art. 32. Corresponderá al Ministerio de Educación, previa aprobación del Consejo Nacional de Educación, de Ley Nº 20.370 Art. acuerdo al procedimiento dispuesto en el artículo 86, 32 D.O. 12.09.2009 establecer las bases curriculares específicas para la modalidad de educación de adultos. Los establecimientos educacionales tendrán libertad para desarrollar los planes y programas de estudios que consideren adecuados para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje definidos en las bases curriculares y de los complementarios que cada uno de ellos fije. Los establecimientos educacionales harán entrega, a la autoridad regional de educación correspondiente, de los planes y programas que libremente elaboren, debiendo dicha autoridad certificar la fecha de entrega. Los planes y programas se entenderán aceptados por el Ministerio de Educación transcurridos sesenta días contados desde la fecha de su entrega, fecha a partir de la cual se incorporarán al registro de planes y programas que el Ministerio llevará al efecto. No obstante, dicho Ministerio podrá objetar, de manera fundada, los respectivos planes y programas que se presenten para su aprobación, dentro del mismo plazo a que se refiere el inciso anterior, si éstos no se ajustan a las bases curriculares de educación de adultos que se establezcan de acuerdo a esta ley. Esta objeción deberá notificarse por escrito en ese plazo mediante carta certificada dirigida al domicilio del respectivo establecimiento. En todo caso, procederá el reclamo de los afectados por la decisión del Ministerio de Educación, en única instancia, ante el Consejo Nacional de Educación, en el plazo de quince días contados desde la fecha de la notificación del rechazo, disponiendo dicho Consejo de igual plazo para pronunciarse sobre el reclamo. El Ministerio de Educación deberá elaborar planes y programas de estudio para la educación de adultos, los cuales deberán ser aprobados previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86. Dichos planes y programas serán obligatorios para los establecimientos que carezcan de ellos. 32   Art. 33. El Ministerio de Educación creará un banco de planes y programas complementarios, que serán aprobados Ley Nº 20.370 Art. mediante decreto supremo del mismo, el que deberá contener 33 D.O. 12.09.2009 al menos cinco alternativas para cada nivel educativo. Estos planes y programas deberán cumplir con los objetivos de aprendizaje definidos en las bases curriculares y haber sido aplicados previamente en establecimientos educacionales que, en conformidad al grado de cumplimiento de los estándares nacionales de aprendizaje, se encuentren ubicados en la categoría de establecimientos de buen desempeño, de conformidad a lo establecido en la ley. Los planes y programas de que trata este artículo podrán comprender un ciclo completo o un subciclo de la enseñanza escolar y referirse a la totalidad o a una parte de las áreas de estudio comprendidas en las bases curriculares. Estos planes y programas deberán estar siempre disponibles en la página web del Ministerio de Educación. Los establecimientos que empleen estos planes y programas deberán comunicarlo al Ministerio de Educación, a los padres y apoderados, y a los alumnos. 33   Art. 34. En el caso de la educación especial o diferencial, corresponderá al Ministerio de Educación, Ley Nº 20.370 Art. previa aprobación del Consejo Nacional de Educación 34 D.O. 12.09.2009 conforme al procedimiento establecido en el artículo 86, definir criterios y orientaciones para diagnosticar a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, así como criterios y orientaciones de adecuación curricular que permitan a los establecimientos educacionales planificar propuestas educativas pertinentes y de calidad para estos alumnos, sea que estudien en escuelas especiales o en establecimientos de la educación regular bajo la modalidad de educación especial en programas de integración. 34   Art. 35. El Ministerio de Educación podrá proponer, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86, Ley Nº 20.370 Art. la creación de nuevas modalidades educativas al Consejo 35 D.O. 12.09.2009 Nacional de Educación, que complementen la educación regular o profundicen áreas específicas de ella. En el caso de ser aprobadas, deberá formular las bases curriculares específicas para ellas, las que deberán ser también aprobadas por el Consejo Nacional de Educación conforme al procedimiento antes señalado. El Ministerio de Educación también podrá proponer al Consejo Nacional de Educación, de acuerdo al procedimiento del artículo 86, adecuaciones a las bases curriculares de la educación regular para aquellas personas o poblaciones que por sus características o contextos lo requieran, buscando la mayor equivalencia posible con sus objetivos de aprendizaje, especialmente en lo que respecta a la educación artística e intercultural. 35   Art. 36. Por decreto supremo, expedido a través del Ministerio de Educación, deberá reglamentarse la duración Ley Nº 20.370 Art. mínima del año escolar y las normas en virtud de las 36 D.O. 12.09.2009 cuales los organismos regionales respectivos determinarán, de acuerdo a las condiciones de cada región, las fechas o períodos de suspensión y de interrupción de las actividades escolares. En el decreto supremo mencionado en el inciso anterior se establecerán, además, las condiciones en virtud de las cuales los organismos regionales competentes determinarán las fechas o períodos de suspensión y de interrupción de las actividades de los establecimientos de educación parvularia. Asimismo, por decreto supremo se determinará la duración del calendario parvulario para aquellos establecimientos que imparten educación parvularia y que reciben aportes regulares del Estado. Lo dispuesto sobre el calendario parvulario no será aplicable a los establecimientos de educación parvularia durante los períodos en que no presten la atención integral a la que alude el artículo 1º de la ley N° 20.832, que crea la autorización de funcionamiento de establecimientos de educación parvularia. 36   Art. 37. Le corresponderá a la Agencia de Calidad de la Educación diseñar e implementar el sistema nacional de Ley Nº 20.370 Art. evaluación de logros de aprendizaje. Esta medición 37 D.O. 12.09.2009 verificará el grado de cumplimiento de los objetivos generales a través de la medición de estándares de aprendizaje referidos a las bases curriculares nacionales de educación básica y media. La Agencia deberá contar con instrumentos válidos y confiables para dichas evaluaciones, que se apliquen en forma periódica a lo menos en un curso, tanto en el nivel de educación básica como en el de educación media, e informar los resultados obtenidos. Estas mediciones deberán informar sobre la calidad y equidad en el logro de los aprendizajes a nivel nacional. Las evaluaciones nacionales e internacionales se desarrollarán de acuerdo a un plan de, a lo menos, cinco años, elaborado por el Ministerio de Educación, aprobado previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación, emitido conforme al procedimiento del artículo 86. Este plan deberá contemplar las áreas curriculares que son objeto de evaluación, los grados de educación básica y media que son medidos, la periodicidad de la evaluación y las principales desagregaciones y modos de informar resultados. Las evaluaciones nacionales periódicas serán obligatorias y a ellas deberán someterse todos los establecimientos educacionales de enseñanza regular del país. La Agencia de Calidad de la Educación deberá informar públicamente los resultados obtenidos a nivel nacional y por cada establecimiento educacional evaluado. En caso alguno la publicación incluirá la individualización de los alumnos. Sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados deberán ser informados de los resultados obtenidos por sus hijos cuando las mediciones tengan representatividad individual, sin que tales resultados puedan ser publicados ni usados con propósitos que puedan afectar negativamente a los alumnos, en ámbitos tales como selección, repitencia u otros similares. La Agencia de Calidad de la Educación coordinará la participación de Chile en mediciones internacionales de aprendizaje de los alumnos, debiendo informar públicamente sobre sus resultados. 37   Art. 38. Le corresponderá a la Agencia de Calidad de la Educación diseñar e implementar un sistema de evaluación Ley Nº 20.370 Art. del desempeño de los establecimientos y sostenedores 38 D.O. 12.09.2009 educacionales. Esta evaluación estará basada en estándares indicativos de desempeño de los establecimientos, elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación, de conformidad al procedimiento del artículo 86. Éstos deberán ser precisos, objetivos y fáciles de comprender, y deberán tomar en consideración, entre otros, los resultados de aprendizaje de los alumnos, los resultados de las evaluaciones del desempeño de los docentes, cuando corresponda, y otros indicadores de calidad de procesos relevantes de los establecimientos que permitan realizar una evaluación integral según los objetivos generales establecidos en la ley. En ningún caso el incumplimiento de estos estándares indicativos de desempeño ni de las recomendaciones que se desprendan de estas evaluaciones dará origen a sanciones. No obstante, la Agencia de Calidad de la Educación informará de estas evaluaciones a la comunidad educativa. La evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales y de los sostenedores se orientará a fortalecer las capacidades institucionales y de autoevaluación de los establecimientos y sus planes de mejoramiento, y a asegurar la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen. Este proceso de evaluación se inicia con la revisión de los resultados de la autoevaluación institucional, respetando el proyecto educativo institucional y considerando las condiciones de contexto de la institución. 38   Ley Nº 20.370 D.O. Párrafo 2º 12.09.2009 Calificación, validación y certificación de estudios y licencias de educación básica y media   Párrafo 2º Calificación, validación y certificación de estudios y licencias de educación básica y media Art. 39. Los establecimientos de los niveles de educación básica y media deberán evaluar periódicamente los Ley Nº 20.370 Art. logros y aprendizajes de los alumnos de acuerdo a un 39 D.O. 12.09.2009 procedimiento de carácter objetivo y transparente, basado en normas mínimas nacionales sobre calificación y promoción. Dichas normas deberán propender a elevar la calidad de la educación y serán establecidas mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, el que deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86. Asimismo, por decreto supremo del Ministerio de Educación se establecerán los criterios, orientaciones y el procedimiento para la certificación de aprendizajes, habilidades y aptitudes, y para la promoción de un curso a otro de los alumnos con necesidades educativas especiales que durante su proceso educativo requirieron de adaptaciones curriculares. 39   Art. 40. Los establecimientos reconocidos oficialmente Ley Nº 20.370 Art. certificarán las calificaciones anuales de cada alumno y, 40 D.O. 12.09.2009 cuando proceda, el término de los estudios de educación básica y media. No obstante, la licencia de educación media será otorgada por el Ministerio de Educación. En el caso de la educación técnico-profesional, el Ministerio de Educación, una vez cumplidos los requerimientos de titulación fijados en las bases curriculares, entregará títulos de técnico de nivel medio. En el caso de la educación artística, el Ministerio de Educación otorgará un certificado que acredite la realización de estudios en la mención a la que el alumno optó. 40   Art. 41. Por decreto supremo, expedido a través del Ministerio de Educación, se reglamentará la forma como se Ley Nº 20.370 Art. validará el aprendizaje desarrollado al margen del sistema 41 D.O. 12.09.2009 formal, por experiencia personal o el mundo laboral, conducente a niveles o títulos, y la forma como se convalidarán los estudios equivalentes a la educación básica o media realizados en el extranjero. Asimismo, el Ministerio de Educación deberá otorgar las certificaciones de aprendizajes y competencias adquiridas en procesos no formales y flexibles, de acuerdo a un procedimiento establecido por decreto supremo. Corresponderá, igualmente, al Ministerio de Educación, fijar por decreto supremo un procedimiento para establecer las equivalencias y homologaciones de aprendizajes o estudios dentro de las distintas formaciones diferenciadas de la educación media regular, y entre la enseñanza regular básica o media y las modalidades. 41   Art. 42. La licencia de educación media permitirá optar a la continuación de estudios en la Educación Ley Nº 20.370 Art. Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 42 D.O. 12.09.2009 por ley y por las instituciones de educación superior. 42   Art. 43. El Ministerio de Educación otorgará el título correspondiente a un oficio a los alumnos de la Ley Nº 20.370 Art. educación de adultos o de la educación especial que hayan 43 D.O. 12.09.2009 aprobado los programas respectivos, definidos en el marco curricular específico, establecido de acuerdo con esta ley. 43   Ley Nº 20.370 Art. Art. 44. La educación media que se imparta en los 44 D.O. 12.09.2009 establecimientos de educación de las instituciones de la Defensa Nacional deberá cumplir los objetivos generales señalados en esta ley para dicho nivel y los requisitos específicos mínimos de egreso que determine la reglamentación institucional correspondiente. Asimismo, sus planes y programas de estudio, en lo referido a la enseñanza media regular, se sujetarán a las normas establecidas en esta ley. El Estado, por intermedio del Ministerio de Educación, velará por el cumplimiento de los objetivos generales de la enseñanza media regular y, a través del Ministerio de Defensa, por la observancia de los requisitos específicos mínimos de egreso que determine la reglamentación institucional respectiva. 44   Artículo 44 bis.- Convenios de cooperación educativa para prácticas profesionales. A fin de resguardar la salud mental de todas las personas intervinientes en los procesos de prácticas profesionales, los establecimientos educacionales de cualquier nivel en que se realicen deberán habilitar mecanismos para la suscripción de convenios escritos de cooperación educativa con las entidades colaboradoras. Se entenderá por prácticas profesionales aquellas actividades de naturaleza formativa para estudiantes y supervisadas por la respectiva institución de educación superior a la que aquellos pertenezcan. Los referidos convenios contendrán los términos, derechos y deberes de cada parte en la realización de las prácticas, con los siguientes contenidos mínimos: a) Los objetivos educativos de la práctica y las actividades en que ella consistirá. b) Los plazos de duración de la práctica, el régimen de permisos para la evaluación de la asistencia del estudiante, y las condiciones para la rescisión anticipada del convenio en caso de incumplimiento de alguno de sus términos. c) Los seguros eventualmente aplicables en caso de accidentes. d) La protección de los datos personales del estudiante. e) La regulación de los eventuales conflictos surgidos durante el desarrollo de la práctica y los mecanismos de resolución a través de protocolos de actuación que resulten aplicables. f) Los términos del reconocimiento de la institución de educación superior a la labor realizada por los tutores de la entidad colaboradora. g) Los plazos y procedimientos para la entrega del informe final por parte del estudiante a cargo de la práctica, con la valoración de sus competencias y su calificación. En ningún caso podrá condicionarse la entrega del informe final de la práctica o su valoración o calificación final, a la entrega de la evaluación que pueda o deba hacer el estudiante del mismo proceso de práctica, de su tutor o tutores, de la entidad colaboradora o de la institución de educación superior a la que pertenezca. Dicha evaluación deberá siempre ser entregada con posterioridad a la evaluación definitiva del proceso de práctica. 44 bis   Ley Nº 20.370 D.O. Párrafo 3º 12.09.2009 Reconocimiento oficial del Estado a establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media   Párrafo 3º Reconocimiento oficial del Estado a establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media Art. 45. El reconocimiento oficial del Estado es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad confiere Ley Nº 20.370 Art. a un establecimiento educacional la facultad de certificar 45 D.O. 12.09.2009 válida y autónomamente la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular, y de ejercer los demás derechos que le confiere la ley. Sin perjuicio de lo establecido en este párrafo, se podrá impartir cualquiera otra clase de educación no reconocida por el Estado. Excepcionalmente, estos establecimientos educacionales podrán optar al reconocimiento oficial, cuando apliquen métodos pedagógicos o planes y programas de estudio que no contengan evaluaciones equivalentes a las de general aplicación en el sistema, y que hayan funcionado exitosamente por al menos 6 años sin que nunca hayan obtenido reconocimiento oficial previamente. Para la presentación de dicha solicitud al Ministerio se requerirá del acuerdo de la respectiva comunidad educativa, no siendo en este caso exigencia para el reconocimiento la presentación del reglamento de evaluación del establecimiento. La solicitud precedente será sometida al procedimiento administrativo que se establezca en un reglamento que al efecto se dicte. Dicha normativa deberá considerar, además, un informe fundado del Consejo Nacional de Educación sobre la factibilidad de aprobar la excepción solicitada, en virtud de las normas que le rigen. Una vez reconocidos, estos establecimientos educacionales deberán cumplir los objetivos generales establecidos en esta ley, así como los estándares nacionales de aprendizaje que se exigen al conjunto del sistema escolar. De esta manera, podrán certificar estudios conforme a sus propuestas educativas, debiendo en enseñanza media cumplir al menos las exigencias que permitan a sus alumnos acceder a la licencia de educación media. Un establecimiento educacional que haya comenzado el proceso de reconocimiento oficial sólo podrá iniciar actividades una vez concluido plenamente el acto administrativo de reconocimiento oficial referido en el inciso primero del presente artículo. El incumplimiento del requisito descrito en el inciso anterior se considerará una infracción grave, según lo dispuesto en el artículo 76 de la ley Nº 20.529. 45   Art. 46. El Ministerio de Educación reconocerá oficialmente a los establecimientos educacionales que Ley Nº 20.370 Art. impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, 46 D.O. 12.09.2009 básica y media, cuando así lo soliciten y cumplan con los siguientes requisitos: a) Tener un sostenedor. Serán sostenedores las personas jurídicas de derecho público, tales como municipalidades y otras entidades creadas o reconocidas por ley, y las personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social único sea la educación. El sostenedor será responsable del funcionamiento del establecimiento educacional. Todos los sostenedores que reciban subvenciones o aportes regulares del Estado no podrán perseguir fines de lucro, y deberán destinar de manera íntegra y exclusiva esos aportes y cualesquiera otros ingresos a fines educativos. Asimismo, deberán rendir cuenta pública respecto de su uso y estarán sujetos a la fiscalización y auditoría de la Superintendencia de Educación. El representante legal y el administrador de entidades sostenedoras de establecimientos educacionales deberán cumplir con los siguientes requisitos: estar en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste; no haber sido sancionado con las inhabilidades para ser sostenedor por haber cometido alguna de las infracciones graves señaladas en el artículo 50 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación; no haber sido condenado, en más de una ocasión dentro de los últimos cinco años, por un tribunal de la República por haber ejercido prácticas antisindicales, por haber incumplido la ley Nº19.631 en cuanto al pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, o en virtud de acciones de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores; no haber sido condenado, como autor, cómplice o encubridor, por crimen o simple delito de aquellos a que se refiere el Título VII del Libro II del Código Penal, o la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, u otros que establezca la ley, y no haber sido condenado con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad a que se refiere el artículo 39 bis del Código Penal. Las sanciones de inhabilidad aplicadas por infracciones cometidas por la entidad sostenedora se entenderán aplicadas a su representante legal y administrador. La calidad de sostenedor no podrá transferirse ni transmitirse en caso alguno y bajo ningún título. No obstante, podrán transferirse y transmitirse los bienes muebles o inmuebles que componen el establecimiento. b) Contar con un proyecto educativo, el que, en todo caso, deberá resguardar el principio de no discriminación arbitraria, no pudiendo incluir condiciones o normas que afecten la dignidad de la persona, ni que sean contrarios a los derechos humanos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en especial aquellos que versen sobre los derechos de los niños. c) Ceñirse, en los programas de estudio que apliquen, a las bases curriculares elaboradas por el Ministerio de Educación de acuerdo a lo señalado en los artículos 31 o 32 de esta ley. d) Tener y aplicar un reglamento que se ajuste a las normas mínimas nacionales sobre evaluación y promoción de los alumnos para cada uno de los niveles a que se refiere el artículo 39 de esta ley. e) Comprometerse a cumplir los estándares nacionales de aprendizaje, de conformidad a los instrumentos que la ley establezca para tales efectos. f) Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar las materias indicadas en el artículo 16 E. g) Tener el personal docente idóneo que sea necesario y el personal asistente de la educación suficiente que les permita cumplir con las funciones que les corresponden, atendido el nivel y modalidad de la enseñanza que impartan y la cantidad de alumnos que atiendan. Tratándose de la educación parvularia y básica, se entenderá por docente idóneo al que cuente con el título de profesional de la educación del respectivo nivel y especialidad cuando corresponda, o esté habilitado para ejercer la función docente según las normas legales vigentes. En la educación media, se entenderá por docente idóneo al que cuente con el título de profesional de la educación del respectivo nivel y especialidad cuando corresponda, o esté habilitado para ejercer la función docente según las normas legales vigentes, o esté en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos ocho semestres, de una universidad acreditada, en un área afín a la especialidad que imparta, para lo cual estará autorizado a ejercer la docencia por un período máximo de tres años renovables por otros dos, de manera continua o discontinua y a la sola petición del director del establecimiento. Después de los cinco años, para continuar ejerciendo la docencia deberá poseer el título profesional de la educación respectivo, o estar cursando estudios conducentes a dicho grado o acreditar competencias docentes de acuerdo a lo que establezca el reglamento. Este reglamento sólo podrá establecer los instrumentos de evaluación de conocimientos disciplinarios y prácticas pedagógicas como el medio idóneo para acreditar competencias docentes. Los docentes, habilitados conforme a la ley y el personal asistente de la educación deberán, además, poseer idoneidad moral, entendiéndose por tal no haber sido condenado por crimen o simple delito de aquellos a que se refiere el Título VII del Libro II del Código Penal, o la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, o la ley Nº 20.066, que sanciona la violencia intrafamiliar, ni a la pena de inhabilitación establecida en el artículo 39 bis del Código Penal. h) Acreditar un capital mínimo pagado, en proporción a la matrícula proyectada para el siguiente, según la tabla que se establece a continuación: Matrícula proyectada Monto a (cantidad de acreditar (unidades alumnos) de fomento) 0 - 100 200 101 - 200 300 201 - 400 600 401 - 600 1.000 601 o más 1.400 i) Acreditar que el local en el cual funciona el establecimiento cumple con las normas de general aplicación, previamente establecidas. En el evento de que el sostenedor no sea propietario del local donde funciona el establecimiento educacional, deberá acreditar un contrato, sea en calidad de arrendatario, comodatario o titular de otro derecho sobre el inmueble, de duración no inferior a 5 años e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Esta acreditación deberá renovarse seis meses antes de la finalización de los cinco años contemplados. j) Disponer de mobiliario, equipamiento, elementos de enseñanza y material didáctico mínimo, adecuados al nivel y modalidad de educación que pretendan impartir. En el caso de la educación técnico-profesional, el equipamiento y maquinarias de enseñanza que se utilicen deberán estar debidamente adecuadas a los niveles de desarrollo del área productiva o de servicios de que se trate. Los requisitos contemplados en las letras precedentes serán reglamentados mediante decreto supremo del Ministerio de Educación. 46   Artículo 46 bis.- Excepcionalmente, la Subsecretaría de Educación Parvularia podrá otorgar el reconocimiento oficial del Estado a aquellos establecimientos que, sin cumplir con alguno de los requisitos de la letra i) del artículo anterior, acrediten que ello se debe únicamente a las características físicas y territoriales del lugar en que se emplazan. En estos casos, los establecimientos deberán contemplar medidas de mitigación acordes a las características acreditadas, que permitan asegurar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa. Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y suscrito por el Ministerio de Hacienda determinará el procedimiento para solicitar el reconocimiento oficial en el caso del inciso primero, así como las medidas de mitigación que se deberán emplear y los medios que sirvan para acreditar la existencia y suficiencia de estas medidas. 46 BIS   Art. 47. El establecimiento educacional que opte al reconocimiento oficial deberá presentar, ante el Secretario Ley Nº 20.370 Art. Regional Ministerial de Educación correspondiente, una 47 D.O. 12.09.2009 solicitud acompañada de todos los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior. Si dicha solicitud no se resolviera dentro de los noventa días posteriores a su entrega, se tendrá por aprobada. Si la solicitud fuere rechazada, de manera fundada, se podrá reclamar ante el Ministro de Educación en un plazo de quince días contado desde la notificación del rechazo, el que resolverá dentro de los quince días siguientes. 47   Art. 48. El reconocimiento oficial se hará por resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación Ley Nº 20.370 Art. que corresponda, en la que se indicará, a lo menos, el 48 D.O. 12.09.2009 nombre y dirección del establecimiento, la identificación del sostenedor o del representante legal, en su caso, y el nivel y modalidad de enseñanza que imparta. Obtenido el reconocimiento oficial, un establecimiento educacional sólo requerirá nueva autorización, de acuerdo con los procedimientos descritos en el inciso anterior y en los artículos 46 y 47, para crear un nivel o una modalidad educativa diferente o una nueva especialidad en el caso de los establecimientos técnicoprofesionales. 48   Art. 49. El Ministerio de Educación llevará un Registro Público de Sostenedores y un Registro Público de Ley Nº 20.370 Art. Establecimientos Educacionales con Reconocimiento Oficial, 49 D.O. 12.09.2009 los que se encontrarán disponibles en la página web del Ministerio de Educación u otros medios electrónicos. En el caso del Registro Público de Sostenedores, éste deberá incluir la constancia de su personalidad jurídica; la identificación de su representante legal; su domicilio; historial de infracciones, si las hubiere, y demás antecedentes que señale el reglamento. En el caso de percibir subvención o aportes estatales, deberá también informarse sobre la recepción y monto de dichos recursos. En el caso del Registro Público de Establecimientos Educacionales con Reconocimiento Oficial del Estado, se incluirán los resultados de las evaluaciones de aprendizaje de los alumnos y de los profesionales de la educación, cuando corresponda, y la categoría en la que se encuentre el establecimiento de acuerdo al sistema de aseguramiento de la calidad, en la forma que señale el reglamento. Los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado deberán, además, exhibir en un lugar visible, un cartel en que conste dicho reconocimiento. Las menciones que deberá contener este cartel serán reglamentadas por el Ministerio de Educación. Cuando la Superintendencia de Educación decrete la revocación del reconocimiento oficial de un establecimiento, el Ministerio de Educación procederá a eliminar al establecimiento educacional afectado o al sostenedor, o ambos, si procediere, de los registros correspondientes, practicando la respectiva subinscripción. 49   Art. 50. La Superintendencia de Educación será el organismo encargado de fiscalizar la mantención de los Ley Nº 20.370 Art. requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial del 50 D.O. 12.09.2009 Estado. En caso de pérdida de alguno de los requisitos para ser reconocido oficialmente; de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 o 34 y en las normas señaladas en el artículo 16, o en el caso de obtención de resultados educativos reiteradamente deficientes respecto de los estándares nacionales, de conformidad a lo que la ley establezca para tales efectos, y oído previamente el sostenedor o representante legal, el establecimiento educacional podrá ser sancionado de conformidad a lo establecido en el inciso séptimo de este artículo. La Dirección Regional de la Superintendencia de Educación correspondiente será el organismo competente para sustanciar el procedimiento respectivo y aplicar las sanciones que procedan. Para ello deberá ponderar las pruebas que se presenten en los descargos. El procedimiento podrá iniciarse de oficio por la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación correspondiente, o por denuncia del Ministerio de Educación, o a solicitud de otros organismos públicos relacionados o dependientes de éste. Tratándose de denuncias derivadas del Ministerio de Educación y de informes negativos de la Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación ordenará directamente la formulación de cargos y la instrucción del debido proceso. La resolución que ordene instruir el proceso deberá notificarse personalmente o por carta certificada al sostenedor o a su representante legal, quien tendrá diez días hábiles para presentar los descargos y medios de prueba que estime pertinentes. El Director Regional de la Superintendencia de Educación correspondiente podrá, mediante resolución fundada, aplicar las siguientes sanciones en atención a la naturaleza, gravedad y reiteración de la infracción: a) Amonestación. b) Multa a beneficio fiscal en conformidad a las normas de la ley que establezca un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media. La multa no podrá ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención educacional mensual por alumno matriculado en el establecimiento educacional. c) Suspensión temporal del reconocimiento oficial hasta por el plazo de 6 meses. d) Pérdida del reconocimiento oficial. De la resolución que dicte el Director Regional de la Superintendencia de Educación, podrá reclamarse ante el Superintendente de Educación dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación de la resolución que se impugna. En caso que la Superintendencia de Educación disponga la sanción de revocación o suspensión del reconocimiento oficial del Estado, deberá enviar al Ministerio de Educación los antecedentes que correspondan para su aplicación y posterior exclusión del registro correspondiente, según lo establecido en el artículo 49 de esta ley, sin perjuicio de los recursos judiciales que procedan. 50   Art. 51. Los establecimientos de educación de las Instituciones de la Defensa Nacional que impartan educación Ley Nº 20.370 Art. media se regirán, en cuanto a su reconocimiento oficial, 51 D.O. 12.09.2009 por las normas de este párrafo. 51   Art. 51 bis. Sin perjuicio de sus demás facultades, las secretarías regionales ministeriales de educación, para los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial del Estado por Establecimientos Educacionales, y la Superintendencia de Educación, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento y mantención de los requisitos para obtener Reconocimiento Oficial, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si los docentes y el personal asistente de la educación de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones, establecidos por el decreto ley Nº 645, de 1925, del Ministerio de Justicia. Para los mismos efectos, deberán consultar al Servicio de Registro Civil e Identificación si el representante legal y el administrador de la entidad sostenedora de un establecimiento educacional presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal a) del artículo 46 en el Registro General de Condenas o en el Registro Seccional de Inhabilitaciones. 51 BIS   Ley Nº 18.962 D.O. TÍTULO III 10.03.1990 Reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de educación superior DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación D.O. 21.02.2006   TÍTULO III Reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de educación superior Párrafo 1º Normas generales   Párrafo 1º Normas generales Art. 52. El Estado reconocerá oficialmente a las siguientes instituciones de educación superior: a) Ley Nº 18.962 Art. Universidades; 29 D.O. 10.03.1990 b ) Institutos profesionales; c) Centros de formación DFL Nº 1, de 2005, técnica, y del Ministerio de d) Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratágicos; Educación Art. 33 Aca demias de Guerra y Politécnicas; Escuelas de Armas y D.O. 21.02.2006 Especialidades de las Fuerzas Armadas; Escuela Técnica Ley Nº 19.584 art. Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil; 1º letra a) D.O. Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile; 10.09.1998 Escuelas Matrices de Oficiales de las Fuerzas Armadas; Escuela de Carabineros, la Escuela de Formación de Carabineros y Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile, la Escuela de Gendarmería de Chile; y Escuela de Investigaciones Policiales, Centro de Capacitación Profesional de la Policía de Investigaciones de Chile e Instituto Superior de la Policía de Investigaciones de Chile. 52   Art. 53. Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales Ley Nº 18.962 Art. sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no 30 D.O. 10.03.1990 tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para DFL Nº 1, de 2005, el efecto de tener reconocimiento oficial. del Ministerio de Los institutos profesionales y centros de formación Educación Art. 34 técnica de carácter privado podrán ser creados por D.O. 21.02.2006 cualquier persona natural o jurídica en conformidad a esta ley, debiendo organizarse siempre como personas jurídicas de derecho privado para el efecto de tener reconocimiento oficial. Estas entidades no podrán tener otro objeto que la creación, organización y mantención de un instituto profesional o un centro de formación técnica, según el caso; todo ello sin perjuicio de la realización de otras actividades que contribuyan a la consecución de su objeto. Los establecimientos de educación superior a que se refiere la letra d) del artículo precedente, se regirán en cuanto a su creación, funcionamiento y planes de estudios, por sus respectivos reglamentos orgánicos y de funcionamiento y se relacionarán con el Estado a través del Ministerio de Defensa Nacional, excepto la Escuela de Gendarmería de Chile, la que se relacionará con el Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y los establecimientos de educación superior pertenecientes a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, las que se relacionarán con el Estado a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 53   Art. 54. Los establecimientos de educación superior reconocidos oficialmente otorgarán títulos técnicos de nivel Ley Nº 18.962 Art. superior, títulos profesionales y grados académicos, 31 D.O. 10.03.1990 según corresponda. Los centros de formación técnica sólo podrán otorgar el título de técnico de nivel superior. Los DFL Nº 1, de 2005, institutos profesionales sólo podrán otorgar títulos del Ministerio de profesionales de aquellos que no requieran licenciatura, y Educación Art. 35 títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que D.O. 21.02.2006 otorgan los anteriores. Las universidades podrán otorgar títulos profesionales y toda clase de grados académicos en especial, de licenciado, magíster y doctor. Corresponderá exclusivamente a las universidades otorgar títulos profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido previamente el grado de licenciado en las carreras que impartan. No obstante, el otorgamiento del título profesional de abogado corresponde a la Corte Suprema de Justicia en conformidad a la ley. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se entiende que: a) El título de técnico de nivel superior es el que se otorga a un egresado de un centro de formación técnica o de un instituto profesional que ha aprobado un programa de estudios de una duración mínima de mil seiscientas clases o cuatro semestres, que le confiere la capacidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo al nivel profesional. b) El título profesional es el que se otorga a un egresado de un instituto profesional o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional. c) El grado de licenciado es el que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada. d) El grado de magíster es el que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios de profundización en una o más de las disciplinas de que se trate. Para optar al grado de magister se requiere tener grado de licenciado o un título profesional cuyo nivel y contenido de estudios sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado. e) El grado de doctor es el máximo que puede otorgar una universidad. Se confiere al alumno que ha obtenido un grado de licenciado o magíster en la respectiva disciplina y que haya aprobado un programa superior de estudios y de investigación, y acredita que quien lo posee tiene capacidad y conocimientos necesarios para efectuar investigaciones originales. En todo caso, además de la aprobación de cursos u otras actividades similares, un programa de doctorado deberá contemplar necesariamente la elaboración, defensa y aprobación de una tesis, consistente en una investigación original, desarrollada en forma autónoma y que signifique una contribución a la disciplina de que se trate. 54   Ley Nº 20.370 Art. Párrafo 2º 70 D.O. 12.09.2009 Del Reconocimiento Oficial de las universidades Ley Nº 18.962 D.O. 10.03.1990 DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación D.O. 21.02.2006   Párrafo 2º Del Reconocimiento Oficial de las universidades Art. 55. Las universidades que no sean creadas por ley, Ley Nº 18.962 Art. deberán constituirse por escritura pública o por 44 D.O instrumento privado reducido a escritura pública, la que 10.03.1990 debe contener el acta de constitución de la entidad y los DFL Nº 1, de 2005, estatutos por los cuales han de regirse. del Ministerio de Educación Art. 48 D.O. 21.02.2006 55   Art. 56. Los estatutos de las universidades deberán Ley Nº 18.962 Art. en todo caso, lo siguiente: 45 D.O. 10.03.1990 DFL Nº 1, de 2005, a) Individualización de sus organizadores; del Ministerio de b) Indicación precisa del nombre y domicilio de la entidad; Educación Art. 49 c) Fines que se propone; D.O. 21.02.2006 d) Medios económicos y financieros de que dispone para su Ley Nº 20.370 Art. realización. Esto último deberá acreditarse ante el 7º Consejo Nacional de Educación; Transitorio D.O. e) Disposiciones que establezcan la estructura de la 12.09.2009 entidad, quiénes la integrarán, sus atribuciones y duración de los respectivos cargos; f) Que ninguna normativa interna ni ningún acto ni contrato entre la universidad y sus estudiantes o personal académico y no académico contenga disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización de éstos; g) Los títulos profesionales y grados académicos de licenciado que otorgará inicialmente, y h) Disposiciones relativas a modificación de estatutos y a su disolución. 56   Art. 57. Las universidades gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de depositar en el Ministerio de Ley Nº 18.962 Art. Educación una copia debidamente autorizada, del instrumento 46 D.O. 10.03.1990 constitutivo a que se refiere el artículo 55, el cual deberá inscribirse con su número respectivo en un registro Ley Nº 18.956 Art. que dicha Secretaría de Estado llevará al efecto, 20 D.O. 08.03.1990 acompañado de copia del proyecto correspondiente. En DFL Nº 1, de 2005, dicho registro se anotará también la disolución y la del Ministerio de cancelación de la personalidad jurídica de la universidad Educación Art. 50 cuando procediere. D.O. 21.02.2006 En archivo separado se mantendrá copia de los estatutos y sus modificaciones. El registro a que se refiere este artículo se entenderá practicado desde el momento del depósito del instrumento constitutivo para cuyo efecto el Ministerio debe autorizar una copia en la cual se acreditará fecha del depósito y la inserción en la misma del respectivo número del registro. 57   Art. 58. El Ministerio de Educación no podrá negar el registro de una universidad. Sin embargo dentro del plazo de Ley Nº 18.962 Art. noventa días contado desde la fecha del depósito, el 47 D.O. 10.03.1990 Ministerio podrá objetar la constitución de la universidad Ley Nº 18.956 Art. si no se da cumplimiento a algún requisito exigido para su 20 D.O. 08.03.1990 constitución o si los estatutos no se ajustaren a lo DFL Nº 1, de 2005, prescrito en la ley. del Ministerio de Educación Art. 51 La universidad deberá subsanar los defectos de D.O. 21.02.2006 constitución o conformar sus estatutos a las observaciones Ley Nº 18.956 Art. formuladas por el Ministerio de Educación dentro del plazo 20 D.O. 08.03.1990 de sesenta días, contado desde la fecha en que le fueron notificadas las objeciones. Vencido este plazo sin que la universidad haya procedido a subsanar satisfactoriamente los reparos, el Ministerio mediante resolución fundada, cancelará la personalidad jurídica a la universidad, ordenando sea eliminada del registro respectivo. 58   Art. 59. Procederá asimismo, la cancelación de la personalidad jurídica y la eliminación del registro Ley Nº 18.962 Art. correspondiente, si transcurrido el plazo de un año contado 48 D.O. 10.03.1990 desde la fecha de obtención de la personalidad jurídica, la nueva universidad no ha dado cumplimiento, por hechos que DFL Nº 1, de 2005, le sean imputables, a los requisitos exigidos por esta ley del Ministerio de para obtener su reconocimiento oficial. Educación Art. 52 D.O. 21.02.2006 59   Art. 60. Las modificaciones de los estatutos, aprobadas con el quórum y requisitos que éstos establezcan y reducidas Ley Nº 18.956 Art. a escritura pública, deberán registrarse en el Ministerio 20 D.O. 08.03.1990 de Educación dentro del plazo de treinta días contado Ley Nº 18.962 Art. desde la fecha de la escritura pública de modificación 49 D.O. 10.03.1990 respectiva, aplicándose, además, en lo que sea pertinente, DFL Nº 1, de 2005, lo dispuesto en los artículos 55 y 58, de la presente ley. del Ministerio de Educación Art. 53 D.O. 21.02.2006 60   Art. 61. Las nuevas universidades se entenderán reconocidas oficialmente una vez cumplidos los siguientes Ley Nº 18.962 Art. requisitos: 50 D.O. 10.03.1990 DFL Nº 1, de 2005, a) Estar constituidas como persona jurídica de acuerdo con del Ministerio de lo d ispuesto en los artículos anteriores, lo que deberá Educación Art. 54 D.O. 21.02.2006 certificarse por el Ministerio de Educación; Ley Nº 18.956 Art. b) Contar con los recursos docentes, didácticos, 20 D.O. 08.03.1990 económicos, fi nancieros y físicos necesarios para ofrecer Ley Nº 20.370 Art. el o los grados académicos y el o los títulos 7º Transitorio D.O. profesionales que pretende otorgar, certificado por el Consejo Nacional de Educación, y 12.09.2009 c) Contar con el certificado del Consejo Nacional de Educación en que conste que dicho organismo ha aprobado el Ley Nº 20.370 Art. respectivo proyecto institucional y sus programas 7º Transitorio D.O. correspondientes y que llevará a efecto la verificación 12.09.2009 progresiva de su desarrollo institucional. 61   Art. 62. Una vez certificado el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención del Ley Nº 18.962 Art. reconocimiento oficial, el Ministerio de Educación dentro 51 D.O. 10.03.1990 del plazo de treinta días contado desde la fecha de Ley Nº 18.956 Art. recepción de los antecedentes requeridos, deberá dictar el 20 D.O. 08.03.1990 decreto de reconocimiento oficial. DFL Nº 1, de 2005, Las universidades sólo podrán iniciar sus actividades del Ministerio de docentes una vez obtenido el reconocimiento oficial. Educación Art. 55 D.O. 21.02.2006 62   Art. 63. Las nuevas universidades deberán iniciar sus actividades docentes ofreciendo a lo menos uno de los Ley Nº 18.962 Art. títulos que, en conformidad a esta ley, requieren haber 52 D.O. 10.03.1990 obtenido previamente a su otorgamiento, el grado académico de licenciado en una disciplina determinada. Podrán además, DFL Nº 1, de 2005, por cada uno de los títulos referidos, ofrecer otras del Ministerio de carreras, siempre que estén en el área del conocimiento de Educación Art. 56 los anteriores y cuyo nivel, a lo menos, sea equivalente a D.O. 21.02.2006 un grado de licenciado. En el caso que el título ofrecido, sea el de profesor, deberán las nuevas universidades otorgar a lo menos uno de educación básica y otro de educación media. Los títulos profesionales que requieren haber obtenido el grado de licenciado a que se refiere el inciso primero son los siguientes: a) Título de Abogado: Licenciado en Ciencias Jurídicas; b) Título de Arquitecto: Licenciado en Arquitectura; c) Título de Bioquímico: Licenciado en Bioquímica; d) Título de Cirujano Dentista: Licenciado en Odontología; e) Título de Ingeniero Agrónomo: Licenciado en Agronomía; f) Título de Ingeniero Civil: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería; g) Título de Ingeniero Comercial: Licenciado en Ciencias Económicas o Licenciado en Ciencias en la Administración de empresas; h) Título de Ingeniero Forestal: Licenciado en Ingeniería Forestal; i) Título de Médico Cirujano: Licenciado en Medicina; j) Título de Médico Veterinario: Licenciado en Medicina Veterinaria; k) Título de Psicólogo: Licenciado en Psicología; l) Título de Químico Farmacéutico: Licenciado en Farmacia; m) Título de Profesor de Educación Básica: Licenciado en Educación; n) Título de Profesor de Educación Media en las asignaturas científico-humanísticas: Licenciado en Educación; ñ) Título de Profesor de Educación Diferencial: Licenciado en Educación; o) Título de Edu cador de Párvulos: Licenciado en Ley Nº 19.054 Art. Educación; 2º Nº 1), letras p) Título de Peri odista: Licenciado en Comunicación Social, a) y b) D.O. 13.04.1991 Ley Nº 19.054 Art. 2º Nº 1), letra c) D.O. 13.04.1991 y Ley Nº 20.054, Art. q) Título de Traba jador Social o Asistente social: 1º Nº 1 D.O. 27.09.2005 Licenciado en Trabajo Social o en Servicio Social, Ley Nº 19.054 Art. respectivamente. 2º Nº 1), letra c) D.O. 13.04.1991 Ley Nº 20.054, Art. 1º Nº 2 D.O. 27.09.2005 Ley Nº 20.054, Art. 1º Nº 3 D.O. 27.09.2005 63   Art. 64. Por decreto supremo fundado del Ministerio de Ley Nº 18.962 Art. Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de 53 D.O. 10.03.1990 Educación, adoptado por mayoría de sus miembros, en sesión convocada a ese solo efecto, y escuchada la entidad afectada, se cancelará la personalidad jurídica y revocará Ley Nº 18.956 Art. el reconocimiento oficial a una universidad, en los 20 D.O. 08.03.1990 siguientes casos: DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de a) Si ella no cumple con sus objetivos estatutarios; Educación Art. 57 b) Si realizare actividades contrarias a la moral, al orden D.O. 21.02.2006 público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional; Ley Nº 20.129 Art. c) Si incurriere en infracciones graves a sus estatutos; 55 Nº 8 D.O. d) Si dejare de otorgar títulos profesionales de aquellos 17.11.2006 que requieren haber obtenido previamente el grado de Ley Nº 20.370 Art. licenciado. 7º Transitorio D.O. En la fundamentación del decreto respectivo deberá 12.09.2009 dejarse constancia de la causal que originó la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial. En los casos en que la causal respectiva se verifique sólo respec to de una o más carreras o sedes de una Ley Nº 20.129 Art. determinada universidad, el Ministerio podrá disponer que 55 Nº 9 D.O. solamente se revoque el reconocimiento oficial respecto de 17.11.2006 la carrera o sede afectada, subsistiendo la personalidad jurídica y el reconocimiento oficial de la institución. Será responsabilidad del Ministerio velar por el adecuadoresguar do de la información acerca de los procesos Ley Nº 20.129 Art. iniciados en virtud de este artículo hasta que se haya dictado la resolución definitiva y no queden recursos 55 Nº 10 D.O. pendientes por parte de la entidad afectada. 17.11.2006 64   Art. 65. La sanción de cancelación de la personalidad Ley Nº 18.962 Art. jurídica implica la revocación del reconocimiento oficial. 54 D.O. 10.03.1990 DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación Art. 58 D.O. 21.02.2006 65   Art. 66. La universidad se disolverá en la forma establecida en sus estatutos, sin perjuicio de la decisión Ley Nº 18.962 Art. de la autoridad competente que ordene la cancelación de su 55 D.O. 10.03.1990 personalidad jurídica. DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación Art. 59 D.O. 21.02.2006 66   Ley Nº 18.962 Párrafo 3º D.O. 10.03.1990 Del Reconocimiento Oficial de los institutos DFL Nº 1, de 2005, profesionales del Ministerio de Educación D.O. 21.02.2006   Párrafo 3º Del Reconocimiento Oficial de los institutos profesionales Art. 67. Los institutos profesionales que no sean creados por ley deberán organizarse como personas jurídicas Ley Nº 18.962 Art. de derecho privado, de acuerdo a lo dispuesto en el 56 D.O. 10.03.1990 artículo 53 inciso segundo de esta ley. DFL Nº 1, de 2005, Los instrumentos constitutivos de las personas del Ministerio de jurídicas organizadoras de institutos profesionales Educación Art. 60 deberán contemplar en todo caso lo siguiente: D.O. 21.02.2006 a) Individualización de sus organizadores; b) Indicación precisa del nombre y domicilio de la entidad; c) Fines que se propone; d) Medios económicos y financieros de que dispone para la reali zación de sus objetivos. Esto último deberá Ley Nº 20.370 Art. acreditarse ante el Consejo Nacional de Educación; 7º e) Disposiciones que establezcan la estructura de la Transitorio D.O. entidad, quiénes la integran, sus atribuciones y duración 12.09.2009 de los respectivos cargos; f) Que ninguna normativa interna ni ningún acto ni contrato entre el instituto profesional y sus estudiantes o personal académico y no académico contenga disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización de éstos, y g) Disposiciones relativas a la disolución de la entidad y a la modificación de la escritura social. 67   Art. 68. Los institutos profesionales para solicitar el Ley Nº 18.962 Art. reconocimiento oficial deberán entregar al Ministerio de 57 Educación una copia debidamente autorizada del instrumento D.O. 10.03.1990 constitutivo de la persona jurídica organizadora. El Ley Nº 18.956 Art. Ministerio inscribirá al instituto en un registro que 20 D.O. 08.03.1990 llevará al efecto. DFL Nº 1, de 2005, En dicho registro se anotará también las del Ministerio de modificaciones al instrumento constitutivo, la disolución y Educación Art. la revocación del reconocimiento oficial del instituto 61 D.O. 21.02.2006 profesional, cuando procediere. En archivo separado se mantendrá copia de los instrumentos constitutivos y de sus estatutos. El registro a que se refiere este artículo se entenderá practicado desde el momento de la entrega del instrumento constitutivo, para cuyo efecto el Ministerio debe autorizar una copia en la cual se acredita dicha fecha con el número del registro respectivo. 68   Art. 69. El Ministerio no podrá negar el registro de un instituto profesional. Sin embargo, dentro del plazo de Ley Nº 18.962 Art. noventa días, contado desde la fecha del registro, el 58 D.O. 10.03.1990 Ministerio podrá objetar el instrumento constitutivo si no DFL Nº 1, de 2005, se ajustare a lo prescrito por la ley. del Ministerio de El instituto deberá conformar su instrumento Educación Art. 62 constitutivo a l as observaciones formuladas por el D.O. 21.02.2006 Ministerio de Educación dentro del plazo de sesenta días Ley Nº 18.956 Art. contado desde la fecha en que le fueron notificadas las 20 D.O. 08.03.1990 objeciones. Vencido este plazo sin que el instituto haya procedido a subsanar satisfactoriamente los reparos, el Ministerio mediante resolución fundada, ordenará su eliminación del registro respectivo. 69   Art. 70. Procederá asimismo, la eliminación del registro, si transcurrido el plazo de un año desde la fecha Ley Nº 18.962 Art. de la inscripción, el nuevo instituto no ha dado 59 D.O. 10.03.1990 cumplimiento, por hechos que le sean imputables, a los DFL Nº 1, de 2005, requisitos exigidos por esta ley para obtener el del Ministerio de reconocimiento oficial. Educación Art. 63 D.O. 21.02.2006 70   Art. 71. Las modificaciones del instrumento constitutivo deberán entregarse al Ministerio de Educación Ley Nº 18.962 Art. para su registro dentro del plazo de treinta días contado 60 D.O. 10.03.1990 desde la fecha de la escritura pública de modificación Ley Nº 18.956 Art. respectiva, aplicándose en los demás lo que sea pertinente 20 D.O. 08.03.1990 de los artículos 68 y 69 de la presente ley. DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación Art. 64 D.O. 21.02.2006 71   Ley Nº 18.962 Art. Art. 72. Los institutos profesionales se entenderán 61 D.O. 10.03.1990 reconocidos oficialmente una vez que hubieren cumplido los DFL Nº 1, de 2005, siguientes requisitos: del Ministerio de Educación Art. 65 a) Estar inscritos en el Registro de Institutos D.O. 21.02.2006 Profesionales según lo establece el artículo 68; b) Contar con los recursos docentes, didácticos, económicos, fi nancieros y físicos necesarios para cumplir Ley Nº 20.370 Art. sus fines, debidamente certificado por el Consejo Nacional 7º Transitorio D.O. de Educación, y c) Contar con el certificado del Consejo Nacional de 12.09.2009 Educación en que conste que dicho organismo ha aprobado el Ley Nº 20.370 Art. respectivo proyecto institucional y los correspondientes 7º Transitorio D.O. programas y que llevará a efecto la verificación progresiva de su desarrollo institucional. 12.09.2009 72   Art. 73. El Ministerio de Educación deberá, en un plazo de treinta días contado desde la recepción de los Ley Nº 18.962 Art. antecedentes requeridos, dictar el decreto de reconocimiento 62 D.O. 10.03.1990 oficial o de rechazo. Si no lo hiciere, se entenderá que el Ley Nº 18.956 Art. instituto se encuentra reconocido oficialmente. 20 D.O. 08.03.1990 Los institutos profesionales sólo podrán iniciar sus a ctividades docentes una vez obtenido su reconocimiento DFL Nº 1, de 2005, oficial. del Ministerio de Educación Art. 66 D.O. 21.02.2006 73   Art. 74. Por decreto supremo fundado del Ministerio de Ley Nº 18.962 Art. Educación previo acuerdo del Consejo Nacional de 63 D.O. 10.03.1990 Educación, adoptado por mayoría de sus miembros, en Ley Nº 18.956 Art. sesión convocada a ese solo efecto, y escuchada la entidad 20 D.O. 08.03.1990 afectada, se podrá revocar el reconocimiento oficial en los DFL Nº 1, de 2005, siguientes casos: del Ministerio de Educación Art. a) Si la institución no cumple sus fines; 67 D.O. 21.02.2006 b) Si realizare actividades contrarias a la moral, al orden Ley Nº 20.129 Art. público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional; 55 Nº 11 D.O. c) Si incurriere en infracciones graves a lo establecido en 17.11.2006 su escritura social o en su reglamento académico, y Ley Nº 20.370 Art. d) Si dejare de otorgar títulos profesionales. 7º Transitorio D.O. En la fundamentación del decreto respectivo deberá 12.09.2009 dejarse constancia de la causal que originó la revocación del reconocimiento oficial. En los casos en que la causal respectiva se verifique sólo respec to de una o más carreras o sedes de un Ley Nº 20.129 Art. determinado instituto profesional, el Ministerio podrá 55 Nº 12 D.O. disponer que solamente se revoque el reconocimiento oficial 17.11.2006 respecto de la carrera o sede afectada, subsistiendo el reconocimiento oficial de la institución. Los institutos profesionales se disolverán en la forma establecida en sus estatutos, sin perjuicio de lo establecido precedentemente. 74   Ley Nº 18.962 D.O. Párrafo 4º 10.03.1990 Del reconocimiento oficial de los centros de formación DFL Nº 1, de 2005, técnica del Ministerio de Educación D.O. 21.02.2006   Párrafo 4º Del reconocimiento oficial de los centros de formación técnica Art. 75. Los centros de formación técnica que no sean creados por ley deberán organizarse como personas jurídicas Ley Nº 18.962 Art. de derecho privado, de acuerdo a lo dispuesto en el 64 D.O. 10.03.1990 artículo 53 inciso segundo de esta ley. DFL Nº 1, de 2005, Los instrumentos constitutivos de las personas del Ministerio de jurídicas organizadoras de centros de formación técnica Educación Art. 68 deberán contemplar en todo caso lo siguiente: D.O. 21.02.2006 a) Individualización de sus organizadores; b) Indicación precisa del nombre y domicilio de la entidad; c) Fines que se propone; d) Medios económicos y financieros de que dispone para la reali zación de sus objetivos. Esto último deberá Ley Nº 18.956 Art. acreditarse ante el Consejo Nacional de Educación; 20 D.O. 08.03.1990 e) Disposiciones que establezcan la estructura de la Ley Nº 20.129 Art. entidad, quiénes la integran, sus atribuciones y duración 55 Nº 13 D.O. de los respectivos cargos; 17.11.2006 f) Que ninguna normativa interna ni ningún acto ni contrato Ley Nº 20.370 Art. entre el instituto profesional y sus estudiantes o personal 7º Transitorio académico y no académico contenga disposiciones que D.O. 12.09.2009 prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización de éstos, y g) Disposiciones relativas a la disolución de la entidad y a la modificación de la escritura social. 75   Ley Nº 18.962 Art. Art. 76. Los centros de formación técnica para poder 65 D.O. 10.03.1990 solicitar el reconocimiento oficial deberán entregar al Ley Nº 18.956 Art. Ministerio de Educación una copia del instrumento 20 D.O. 08.03.1990 constitutivo de la persona jurídica organizadora DFL Nº 1, de 2005, debidamente autorizado. del Ministerio de El Ministerio de Educación con el solo mérito de los Educación Art. a ntecedentes mencionados inscribirá al centro de formación 69 D.O. 21.02.2006 Ley Nº 20.129 Art. 55 Nº 14 letra a) D.O. 17.11.2006 técnica en un registro que llevará al efecto. Ley Nº 18.956 Art. En dicho registro se anotarán también las 20 D.O. 08.03.1990 modificaciones al instrumento constitutivo, la disolución y Ley Nº 20.129 Art. la revocación del reconocimiento oficial del centro de 55 Nº 14 letra b) formación técnica, cuando correspondiere. D.O. 17.11.2006 En archivo separado se mantendrá copia del instrumento constitutivo y de sus modificaciones. El registro a que se refiere este artículo, se entenderá pra cticado desde el momento de la entrega del Ley Nº 20.129 Art. instrumento constitutivo, para cuyo efecto, el Ministerio 55 Nº 14 letra c) deberá autorizar una copia en la cual se acredite la fecha D.O. 17.11.2006 con el número del registro respectivo. 76   Art. 77. El Ministerio no podrá negar el registro de un centro de formación técnica. Sin embargo, dentro del Ley Nº 18.962 Art. plazo de noventa días contado desde la fecha del registro, 66 D.O. 10.03.1990 el Ministerio podrá objetar el instrumento constitutivo si DFL Nº 1, de 2005, éste no se ajustare a lo prescrito por la ley. del Ministerio de El centro de formación técnica deberá conformar su i Educación Art. 70 D.O. 21.02.2006 Ley Nº 20.129 Art. 55 Nº 15 letra a) D.O. 17.11.2006 nstrumento constitutivo a las observaciones formuladas por Ley Nº 20.129 Art. el Ministerio dentro del plazo de sesenta días, contado 55 Nº 15 b) D.O. desde la fecha en que le fueron notificadas las objeciones. 17.11.2006 Vencido este plazo sin que el centro haya procedido a subsanar satisfactoriamente los reparos, el Ministerio mediante resolución fundada, ordenará su eliminación del registro respectivo. 77   Art. 78. Las modificaciones del instrumento constitutivo deberán entregarse al Ministerio de Educación Ley Nº 18.962 Art. para su registro dentro del plazo de treinta días contado 67 D.O. 10.03.1990 desde la fecha de la escritura pública de modificación DFL Nº 1, de 2005, respectiva, aplicándose en lo demás lo que sea pertinente del Ministerio de de los artículos 76 y 77 de la presente ley. Educación Art. 71 D.O. 21.02.2006 Ley Nº 20.129 Art. 55 Nº 16 D.O. 17.11.2006 78   Art. 79. Los centros de formación técnica se entenderán reconocidos oficialmente una vez que hubieren Ley Nº 18.962 Art. cumplido los siguientes requisitos: 68 D.O. 10.03.1990 DFL Nº 1, de 2005, a) Estar inscritos en el Registro de Centros de Formación del Ministerio de Técnica según lo establece el artículo 76; Educación Art. b) Contar con los recursos docentes, didácticos, 72 D.O. 21.02.2006 económicos, 9f inancieros y físicos necesarios para cumplir Ley Nº 20.129 Art. 55 Nº 17 D.O. 17.11.2006 sus funciones, debidamente certificado por el Consejo Ley Nº 20.370 Art. Nacional de Educación, y 7º Transitorio D.O. c) Contar con el certificado del Consejo Nacional de Edu 12.09.200 cación en que conste que dicho organismo ha aprobado el Ley Nº 20.370 Art. respectivo proyecto institucional y los correspondientes 7º Transitorio D.O. programas y que llevará a efecto la verificación progresiva de su desarrollo institucional. 12.09.2009 79   Art. 80. El Ministerio de Educación deberá, en un plazo de treinta días contados desde la recepción de los Ley Nº 18.962 Art. antecedentes requeridos, dictar el decreto de reconocimiento 69 D.O. 10.03.1990 oficial o de rechazo. Si no lo hiciere se entenderá que el DFL Nº 1, de 2005, centro se encuentra reconocido oficialmente. del Ministerio de Los centros de formación técnica sólo podrán Educación Art. 73 iniciar sus a ctividades docentes una vez obtenido su D.O. 21.02.2006 reconocimiento oficial. Ley Nº 20.129 Art. 55 Nº 18 D.O. 17.11.2006 80   Art. 81. Por decreto supremo fundado del Ministerio de Ley Nº 18.962 Art. Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de 70 D.O. 10.03.1990 Educación adoptado por la mayoría de sus miembros en Ley Nº 18.956 Art. sesión convocada para ese sólo efecto y escuchada la 20 D.O. 08.03.1990 entidad afectada, se podrá revocar el reconocimiento DFL Nº 1, de 2005, oficial en los siguientes casos: del Ministerio de Educación Art. a) Si la institución no cumple sus fines; 74 D.O. 21.02.2006 b) Si realizare actividades contrarias a la moral, al orden Ley Nº 20.129 Art. público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional; 55 Nº 19 D.O. c) Si incurriere en fracciones graves a lo establecido en su 17.11.2006 escritura social o en su reglamento académico, y Ley Nº 20.370 Art. d) Si dejare de otorgar títulos de técnico de nivel 7º Transitorio superior. D.O. 12.09.2009 En la fundamentación del decreto respectivo deberá dejarse constancia de la causal que originó la revocación del reconocimiento oficial. En los casos en que la causal respectiva se verifique sólo r especto de una o más carreras o sedes de un Ley Nº 20.129 Art. determinado centro de formación técnica, el Ministerio 55 Nº 20 D.O. podrá disponer que solamente se revoque el reconocimiento 17.11.2006 oficial respecto de la carrera o sede afectada, subsistiendo el reconocimiento oficial de la institución. Los centros de formación técnica se disolverán en la forma establecida en sus estatutos, sin perjuicio de lo establecido precedentemente. 81   Ley Nº 18.962 D.O. 10.03.1990 Párrafo 5° Del Reconocimiento Oficial de los títulos DFL Nº 1, de 2005, que otorgan los establecimientos de educación superior del Ministerio de dependientes de Ministerios". Educación D.O. 21.02.2006 Ley Nº 19.584 Art. 1 letra b) D.O. 10.09.1998   Párrafo 5º Del Reconocimiento Oficial de los títulos y grados que otorgan los establecimientos de educación superior de las Fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional Art. 82. Los establecimientos de educación superior de las Fuerzas Armadas, de la Dirección General de Aeronáutica Ley Nº 18.962 Art. Civil, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de 71 D.O. 10.03.1990 Chile desarrollan actividades docentes, de investigación y Ley Nº 19.584 Art. extensión de nivel superior, cuyo objetivo fundamental es 1º, letra c) D.O. formar profesionales y técnicos con los conocimientos 10.09.1998 necesarios para el cumplimiento de las funciones que les DFL Nº 1, de 2005, encomienda el artículo 101 de la Constitución Política. del Ministerio de La Academia Nacional de Estudios Políticos y Educación Art. Estratégicos desarrolla actividades de docencia, 75 D.O. 21.02.2006 investigación y extensión, destinadas a incrementar los conocimientos en materias de defensa y seguridad del personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de la Administración del Estado y del sector privado. 82   Art. 83. Las Academias de Guerra de las Fuerzas Armadas, las Academias Politécnicas Militar, Naval y Ley Nº 18.962 Art. Aeronáutica, la Escuela Técnica de la Dirección General 72 D.O. 10.03.1990 de Aeronáutica Civil, la Academia de Ciencias Policiales de Ley Nº 19.584 Art. Carabineros de Chile y el Instituto Superior de la Policía 1 d) D.O. 10.09.1998 de Investigaciones de Chile podrán otorgar, además de DFL Nº 1, de 2005, títulos profesionales, toda clase de grados académicos. En del Ministerio de especial, podrán otorgar los grados de licenciado, Educación Art. magíster y doctor en los ámbitos inherentes a sus 76 D.O. 21.02.2006 respectivos quehaceres profesionales. La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos podrá también otorgar toda clase de grados académicos. Asimismo, la Escuela Militar, la Escuela Naval, la Escuela de Aviación, la Escuela de Carabineros y la Escuela de Investigaciones Policiales, en lo que corresponda a estudios superiores, podrán otorgar títulos profesionales propios de la especificidad de su función militar o policial, según sea el caso, de acuerdo con la naturaleza de la enseñanza impartida y en el ámbito de su competencia. Estos títulos profesionales y grados académicos serán equivalentes, para todos los efectos legales, a los de similares características que otorguen las otras instituciones de educación reconocidas por el Estado, como universidades e institutos profesionales. 83   Art. 84. Las Escuelas de Armas y Especialidades de las Ley Nº 18.962 Art. Fuerzas Armadas, la Escuela Técnica Aeronáutica de la 73 D.O. 10.03.1990 Dirección General de Aeronáutica Civil, la Escuela de DFL Nº 1, de 2005, Formación de Carabineros, el Centro de Capacitación del Ministerio de Profesional de la Policía de Investigaciones de Chile y la Educación Art. 77 Escuela de Suboficiales de Carabineros podrán otorgar D.O. 21.02.2006 títulos técnicos de nivel superior según corresponda a la Ley Nº 19.584 Art. naturaleza de la enseñanza impartida y en el ámbito de su 1º letra e) D.O. competencia. 10.09.1998 Estos títulos técnicos de nivel superior de los Ley Nº 18.962 Art. establecimientos de educación superior, referidos en el 74 D.O. 10.03.1990 inciso anterior, serán equivalentes a los de similar carácter conferidos por los demás establecimientos de educación superior y reconocidos como tales para todos los efectos legales. 84   Artículo 84 bis.- La Escuela de Gendarmería de Chile desarrolla actividades docentes, de investigación y extensión de nivel superior, cuyo objetivo fundamental es formar profesionales y técnicos con los conocimientos necesarios para el cumplimiento de las funciones institucionales que les encomienda la ley. En ese sentido, podrá otorgar títulos profesionales y técnicos de nivel superior propios de su quehacer, de acuerdo con la naturaleza de la enseñanza impartida y en el ámbito de su competencia. Los títulos técnicos de nivel superior y profesionales referidos en el inciso anterior serán equivalentes a los de similar carácter conferidos por los demás establecimientos de educación superior y reconocidos como tales para todos los efectos legales. 84 bis   Ley Nº 20.370 D.O. TÍTULO IV 12.09.2009 Del Consejo Nacional de Educación   TÍTULO IV Del Consejo Nacional de Educación Ley Nº 20.370 Art. Art. 85. Créase el Consejo Nacional de Educación, en 52 D.O. 12.09.2009 adelante "el Consejo", organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. 85   Art. 86. Serán funciones del Consejo, en materia de Ley Nº 20.370 Art. educación regular parvularia, básica y media, y en las 53 D.O. 12.09.2009 modalidades de educación de adultos y especial o diferencial: a) Aprobar o formular observaciones fundadas a las bases curriculares para cada uno de los niveles de la educación regular parvularia, básica y media, y para las formaciones diferenciadas que existan o pudieren crearse en educación media, para las modalidades de educación de adultos y especial o diferencial, y para las modalidades que pudieren crearse. b) Aprobar o formular observaciones a las adecuaciones curriculares para poblaciones específicas, incluidas, entre otras, los pueblos originarios y los talentos. c) Aprobar los planes y programas para la educación básica y media, y para la educación de adultos, elaborados por el Ministerio de Educación. Dichos planes y programas serán obligatorios para aquellos establecimientos que no tengan propios. d) Servir de única instancia en los procesos de reclamación de las decisiones del Ministerio de Educación de objetar los planes y programas que se le presenten para su aprobación. e) Informar favorablemente o con observaciones el plan de evaluación de los objetivos de aprendizaje determinados en las bases curriculares de educación básica y media. f) Informar favorablemente o con observaciones los estándares de calidad propuestos por el Ministerio de Educación. g) Informar favorablemente o con observaciones las normas sobre calificación y promoción, dictadas por el Ministerio de Educación. h) Asesorar al Ministro de Educación en las materias que éste le consulte. i) Las demás que esta ley y leyes especiales establezcan. En los casos de las letras a), b), c), e), f) y g), el Consejo deberá pronunciarse en el plazo máximo de sesenta días contado desde la recepción de la solicitud respectiva. Si el Consejo no se pronunciare dentro del plazo indicado, se entenderá aprobada dicha solicitud. Cuando el Consejo formulare observaciones, el Ministerio de Educación deberá reingresar la solicitud, informando acerca de la forma en que fueron subsanadas, teniendo el Consejo un plazo máximo de cuarenta y cinco días, contado desde el reingreso de la solicitud, para aprobarla o rechazarla. 86   Art. 87. Serán funciones del Consejo, en materia de educación superior: a) Administrar el sistema de Ley Nº 20.370 Art. licenciamiento de las nuevas instituciones de educación 54 D.O. 12.09.2009 superior, en conformidad a las normas establecidas en la ley. b) Pronunciarse sobre los proyectos institucionales presentados por las nuevas instituciones de educación superior para efectos de su reconocimiento oficial. c) Verificar el desarrollo de los proyectos institucionales de las nuevas instituciones de educación superior que hayan sido aprobados. d) Establecer sistemas de examinación selectiva para las asignaturas o cursos de las carreras impartidas por las instituciones de educación adscritas a procesos de licenciamiento. Esta examinación tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los planes y programas de estudio y el rendimiento de los alumnos. e) Solicitar al Ministerio de Educación, de manera fundada, la revocación del reconocimiento oficial de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en proceso de licenciamiento. f) Administrar el proceso de revocación del reconocimiento oficial de las instituciones adscritas al sistema de licenciamiento, velando especialmente por la continuidad de estudios de los alumnos matriculados. Asimismo, le corresponderá la administración de los procesos de titulación pendientes, el otorgamiento de las certificaciones académicas que correspondan, y el resguardo de los registros curriculares y los planes y programas de las carreras de la institución. g) Apoyar al Ministerio de Educación en la administración de los procesos de cierre de las instituciones de educación superior autónomas, especialmente en lo que dice relación con los procesos de titulación de los estudiantes que se encuentran en esa etapa de sus estudios. h) Servir de instancia de apelación respecto de las decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación, de conformidad a la ley Nº 20.129. i) Informar al Ministerio de Educación sobre el cierre de las instituciones autónomas de educación superior, sus sedes o carreras, a pedido de éste, de acuerdo a las disposiciones de la ley Nº 20.129. j) Las demás que establezca la ley. 87   Art. 88. El Consejo estará compuesto por diez miembros, todos los cuales deberán ser académicos, docentes Ley Nº 20.370 Art. o profesionales destacados, que cuenten con una amplia 55 D.O. 12.09.2009 trayectoria en docencia y gestión educacional, y con especialización en educación, ciencia, tecnología, gestión y administración, o en humanidades y ciencias sociales. 88   Ley Nº 20.370 Art. Art. 89. El Consejo estará integrado por: 56 D.O. 12.09.2009 a) Un académico o profesional de reconocida trayectoria, designado por el Presidente de la República, que cumplirá las funciones de Presidente del Consejo. b) Dos profesionales de la educación que ejerzan labores docentes en el ámbito municipal y particular respectivamente, designados por el Presidente de la República, previa consulta, en el caso de al menos uno de ellos, a la organización gremial más representativa de los profesionales de la educación. c) Cuatro académicos o profesionales de reconocido prestigio propuestos por el Presidente de la República para ser ratificados en el Senado por los dos tercios de los senadores en una sola votación, debiendo, al menos, tres de ellos contar con un reconocido prestigio en el área de la educación parvularia, básica o media, correspondiendo uno a cada nivel. d) Dos académicos, designados, uno por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y otro elegido por los rectores de las universidades privadas autónomas acreditadas en reunión citada para ese efecto por el Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. e) Un académico designado por los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica acreditados, en reunión citada para ese efecto por el Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Los consejeros señalados en la letra b) serán designados de dos ternas que elaborará el Consejo de Alta Dirección Pública, debiendo una de ellas conformarse por docentes que ejerzan labores en la educación municipal y la otra por docentes que ejerzan labores en la educación particular. Los consejeros propuestos por el Presidente de la República, de conformidad a lo dispuesto en la letra c), serán elegidos por éste de un total de cuatro ternas que elaborará el Consejo de Alta Dirección Pública. Los miembros del Consejo durarán seis años en sus cargos y no podrán ser designados nuevamente para un nuevo periodo. El Consejo se renovará por mitades cada tres años, de acuerdo al mecanismo de alternancia que se defina en el reglamento de la ley. Para sesionar, el Consejo requerirá de la mayoría absoluta de sus integrantes y sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes. En caso de empate, dirimirá el voto de su Presidente. El reglamento a que se refiere el artículo 102 de la presente ley, establecerá el mecanismo de subrogación del Presidente del Consejo y los reemplazos de los consejeros cuando proceda. Los consejeros tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a quince unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de sesenta de dichas unidades por mes calendario. Esta dieta será compatible con otros ingresos que perciba el consejero. 89   Art. 90. Habrá un Secretario Ejecutivo del Consejo, designado por este organismo, que será su Ministro de Fe y Ley Nº 20.370 Art. deberá cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales efectos, 57 D.O. 12.09.2009 celebrar los actos y contratos que sean necesarios. El Secretario Ejecutivo actuará como tal en las sesiones del Consejo Directivo, con derecho a voz. 90   Art. 91. El Consejo tendrá una Secretaría Técnica que 9realizará las tareas que este organismo le encomiende Ley Nº 20.370 Art. para el cumplimiento de sus atribuciones. 58 D.O. 12.09.200 El Secretario Ejecutivo del Consejo dirigirá la Secretaría Técnica. 91   Ley Nº 20.370 Art. Art. 92. La Secretaría Técnica tendrá una planta de 59 D.O. 12.09.2009 personal compuesta por un Secretario Ejecutivo, cuatro profesionales, dos administrativos y un auxiliar. El personal se regirá por el derecho laboral común y sus remuneraciones serán equivalentes, respectivamente, a los grados de la Escala Única de Sueldos de la Administración Pública que se indican: Al Grado 3° Directivo Profesional, la del Secretario Ejecutivo; al Grado 4° Profesional, las de dos profesionales; al Grado 5° Profesional, las de los otros dos profesionales; al Grado 14° No Profesional, las de los dos administrativos, y al Grado 19° No Profesional, la del auxiliar. Corresponderá al Secretario Ejecutivo proveer el resto de los cargos de la planta de personal. El Secretario Ejecutivo estará facultado, asimismo, para designar personal adicional a contrata, asimilado a un grado de la planta o a honorarios, cuando las funciones del Consejo lo requieran. 92   Ley Nº 20.370 Art. Art. 93. Es incompatible con la calidad de miembro del 60 D.O. 12.09.2009 Consejo: a) Ser representante legal, gerente, administrador o miembro de un directorio de la entidad sostenedora de algún establecimiento educacional que imparta enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica o media. b) Desempeñar cargos directivos superiores en una institución de educación superior. Para estos efectos, se considerarán cargos directivos superiores los de Rector y miembro de las juntas directivas o consultivas, cualquiera sea su denominación, de las Instituciones de Educación Superior. c) Ser miembro de la Comisión Nacional de Acreditación. d) Ejercer el cargo de Senador, Diputado, Consejero Regional, Alcalde o Concejal. 93   Art. 94. Todo miembro del Consejo respecto del cual se Ley Nº 20.370 Art. configure algún tipo de inhabilidad o se produzca algún 61 D.O. 12.09.2009 hecho, cualquiera sea su naturaleza, que le reste imparcialidad en sus decisiones o informes, deberá informarlo de inmediato al Secretario Ejecutivo, quien procederá a dejar constancia en actas de las inhabilidades o hechos que concurran. Deberá, asimismo, comunicarlo a los demás integrantes del Consejo, absteniéndose en el acto de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal. La inhabilidad específica a que se refiere el inciso anterior se configura respecto del consejero que, en el caso particular sometido a su conocimiento, se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias: a) Desarrollar actividades que impliquen algún vínculo patrimonial o laboral con el o los establecimientos educacionales o instituciones de educación superior correspondientes. b) Mantener con el o los establecimientos educacionales o instituciones de educación superior correspondientes alguna de las relaciones descritas en los artículos 96, 97, 98, 99 y 100 de la ley Nº 18.045. c) Desempeñarse como evaluador, a cualquier título, de la o las instituciones de educación superior correspondientes sujetas al régimen de acreditación contemplado en la ley Nº 20.129. d) Participar en la agencia acreditadora cuyo informe conozca el Consejo, ya sea en cuanto a su propiedad o intereses patrimoniales, o desarrollar labores remuneradas en ella. e) Desempeñarse como docente o académico en el o los establecimientos educacionales o instituciones de educación superior correspondientes. Los miembros del Consejo respecto de los cuales se haya verificado alguna de las circunstancias antes descritas sin que se hubieren inhabilitado en el caso específico sometido a su conocimiento, en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero, serán suspendidos en sus cargos y no podrán cumplir funciones similares en el Consejo por un periodo de cinco años. Las inhabilidades de este artículo e incompatibilidades del artículo anterior serán igualmente aplicables al Secretario Ejecutivo y a los miembros de la Secretaría Técnica. A los consejeros les estará prohibida la prestación personal de servicios, incluidas asesorías y participación en directorios y, en general, la mantención de cualquier vínculo comercial o patrimonial con alguna de las instituciones respecto de las cuales el Consejo haya adoptado alguna decisión en la que el consejero respectivo haya concurrido con su voto dentro de los seis meses anteriores al cese de sus funciones en el Consejo. La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior se extenderá por seis meses contados desde el cese efectivo de funciones. La infracción a lo establecido en los incisos precedentes, será sancionada con una multa, a beneficio fiscal, de 300 unidades tributarias mensuales, para la persona natural infractora, y de 1.000 unidades tributarias mensuales para la institución de educación superior que hubiere efectuado la contratación a que hacen referencia los incisos precedentes. El Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación tendrán la obligación de interponer la respectiva acción contra la persona que incurra en la prohibición establecida en el inciso quinto de este artículo. De las infracciones a lo establecido en los incisos quinto y sexto de este artículo conocerán los juzgados de letras del domicilio del infractor y se tramitarán de acuerdo a las normas del juicio sumario del Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil. 94   Art. 95. El patrimonio del Consejo estará formado por: Ley Nº 20.370 Art. a) Los fondos que la Ley de Presupuestos u otras leyes 62 D.O. 12.09.2009 especiales le asignen. b) Los aranceles que perciba de acuerdo a esta ley. c) Los bienes que el Consejo adquiera a cualquier título y las rentas provenientes de éstos. d) Los ingresos que perciba por la prestación de servicios. e) Las donaciones o cualquier tipo de ingresos que reciba de personas naturales o jurídicas. Estas donaciones o ingresos estarán exentos de toda contribución o impuesto de cualquier naturaleza y las donaciones quedarán exentas del trámite de insinuación. 95   Art. 96. Anualmente se fijarán, por acuerdo del Consejo, los montos de los aranceles que éste cobrará por Ley Nº 20.370 Art. los procesos de licenciamiento y acreditación. Con todo, 63 D.O. 12.09.2009 dichos aranceles no podrán sobrepasar los siguientes montos máximos: Licenciamiento 1 Proyecto 100 UTM Institucional Nuevo 2 Carrera nueva 40 UTM 3 Verificación 150 UTM Anual Más un cobro adicional de 0,1 UTM por alumno matriculado en la institución. 4 Examinación 7 UTM por carrera examinada, con un tope máximo de 42 UTM por institución. Más un cobro adicional de 0,1 UTM por alumno matriculado en las carreras examinadas. Acreditación Apelaciones 15% monto Institucional arancel acreditación Carreras 15% monto Pregrado arancel acreditación Carreras 15% monto Postgrado arancel acreditación Agencias 15% monto arancel acreditación Los aranceles fijados en este artículo podrán pagarse hasta en diez mensualidades. Dichos aranceles constituirán ingresos propios del Consejo Nacional de Educación. 96   Art. 97. El licenciamiento comprende la aprobación del Ley Nº 20.370 Art. proyecto institucional y el proceso que permite evaluar el 64 D.O. 12.09.2009 avance y concreción del proyecto educativo de la nueva entidad, a través de variables significativas de su desarrollo, tales como docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, programas de estudios, físicos y de infraestructura, así como los recursos económicos y financieros necesarios para otorgar los grados académicos y los títulos de que se trate. Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que hayan obtenido su total autonomía podrán voluntariamente entregar al Consejo los antecedentes necesarios para los efectos de proporcionar una adecuada información a los usuarios del sistema. 97   Ley Nº 20.370 Art. Art. 98. Las nuevas entidades de educación superior 65 D.O. 12.09.2009 deberán presentar al Consejo un proyecto de desarrollo institucional, conforme a lo señalado en el inciso primero del artículo anterior. El Consejo deberá pronunciarse sobre dicho proyecto en un plazo máximo de noventa días contado desde su recepción, aprobándolo o formulándole observaciones fundadas. Si no se pronunciare dentro de dicho plazo, se considerará aprobado el proyecto. Si formulare observaciones, las entidades de educación superior tendrán un plazo de sesenta días, contado desde la notificación de éstas, para conformar su proyecto a dichas observaciones. Si así no lo hicieren, el proyecto se tendrá por no presentado. El Consejo tendrá un plazo de sesenta días, contado desde la fecha de la respuesta a las observaciones, para pronunciarse sobre ellas. Si no lo hiciere, se aplicará lo señalado en el inciso segundo de este artículo. El Consejo deberá certificar la aprobación o rechazo del proyecto debidamente fundado, enviando copia al Ministerio de Educación. 98   Ley Nº 20.370 Art. Art. 99. El Consejo verificará el desarrollo del 66 D.O. 12.09.2009 proyecto institucional aprobado. Dicho Consejo comprobará el cumplimiento del proyecto durante un período de seis años. El Consejo, anualmente, deberá emitir un informe sobre el estado de avance del proyecto, haciendo las observaciones fundadas que le merezca su desarrollo y fijando plazos para subsanarlas. Sin perjuicio de lo anterior, hará evaluaciones parciales y requerirá las informaciones pertinentes. En caso que las observaciones formuladas no se subsanen oportunamente, el Consejo dispondrá, por el periodo que determine, la suspensión del ingreso de nuevos alumnos a todas o a algunas de las carreras que la institución imparta. Si las observaciones reiteradas se refieren a situaciones que afecten el desempeño de una o más carreras o sedes de la institución, el Consejo podrá solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de tales sedes o carreras. Cuando el incumplimiento reiterado de las observaciones formuladas por el Consejo afectare el desempeño general de la institución, el Consejo podrá solicitar fundadamente al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de la respectiva universidad, instituto profesional o centro de formación técnica. 99   Art. 100. Las universidades, institutos profesionales y Ley Nº 20.370 Art. centros de formación técnica que, al cabo de seis años de 67 D.O. 12.09.2009 licenciamiento hubieren desarrollado su proyecto satisfactoriamente a juicio del Consejo, alcanzarán su plena autonomía y podrán otorgar toda clase de títulos y grados académicos en forma independiente, lo que deberá ser certificado por éste. En caso contrario, el Consejo deberá solicitar fundadamente al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de dicha institución. Con todo, el Consejo Nacional de Educación podrá ampliar el período de verificación hasta por tres años. Si transcurrido el nuevo plazo, la entidad de educación superior no diere cumplimiento a los requerimientos del Consejo, éste deberá solicitar fundadamente al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial. 100   Ley Nº 20.370 Art. Art. 101. Durante el período de licenciamiento, las 68 D.O. 12.09.2009 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica deberán seguir el mismo procedimiento inicial respecto de otros grados de licenciado, de títulos profesionales o de títulos técnicos de nivel superior que deseen otorgar. 101   Ley Nº 20.370 Art. Art. 102. El Consejo se regirá por un reglamento que 69 D.O. 12.09.2009 fijará los tipos y periodicidad de las sesiones, las modalidades de funcionamiento interno, los quórum de sesión y de acuerdo, y las causales de pérdida del cargo. 102   Ley Nº 18.962 D.O. TÍTULO V 10.03.1990 Normas finales DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación D.O. 21.02.2006   TÍTULO V Normas finales Ley Nº 18.962 Art. Art. 103. Los establecimientos educacionales de los 74 (75) D.O. niveles básico, común y especial, y media 10.03.1990 humanística-científica y técnico-profesional declarados DFL Nº 1, de 2005, cooperadores de la función educacional del Estado se del Ministerio considerarán de pleno derecho reconocidos oficialmente para de Educación Art. los efectos de esta ley. 78 D.O. 21.02.2006 103   Art. 104. Se entiende por autonomía el derecho de cada Ley Nº 18.962 Art. establecimiento de educación superior a regirse por sí 75 (76) D.O. mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en 10.03.1990 todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y DFL Nº 1, de 2005, comprende la autonomía académica, económica y del Ministerio de administrativa. Educación Art. La autonomía académica incluye la potestad de las 79 D.O. 21.02.2006 entidades de educación superior para decidir por sí mismas la forma como se cumplan sus funciones de docencia, investigación y extensión y la fijación de sus planes y programas de estudio. La autonomía económica permite a dichos establecimientos disponer de sus recursos para satisfacer los fines que le son propios de acuerdo con sus estatutos y las leyes. La autonomía administrativa faculta a cada establecimiento de educación superior para organizar su funcionamiento de la manera que estime más adecuada de conformidad con sus estatutos y las leyes. 104   2018-05-29 Ley Nº 18.962 Art. Art. 105. La libertad académica incluye la facultad de 76 (77) D.O. abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, 10.03.1990 cumpliendo los requisitos establecidos por la ley, y la de DFL Nº 1, de 2005, buscar y enseñar la verdad conforme con los cánones de la del Ministerio de razón y los métodos de la ciencia. Educación Art. 80 D.O. 21.02.2006 105   Art. 106. La autonomía y la libertad académica no autorizan a las entidades de educación superior para Ley Nº 18.962 Art. amparar ni fomentar acciones o conductas incompatibles con 77 (78) D.O. el orden jurídico ni permite actividades orientadas a 10.03.1990 propagar, directa o indirectamente, tendencia político DFL Nº 1, de 2005, partidista alguna. del Ministerio de Estas prerrogativas, por su esencia misma, excluyen el Educación Art. adoctrinamiento ideológico político, entendiendo por tal 81 D.O. 21.02.2006 la enseñanza y difusión que excedan los comunes términos de la información objetiva y de la discusión razonada, en las que se señalan las ventajas y las objeciones más conocidas a sistemas, doctrinas o puntos de vista. 106   Ley Nº 18.962 Art. Art. 107. Los recintos y lugares que ocupen las 78 (79) D.O. entidades de educación superior en la realización de sus 10.03.1990 funciones no podrán ser destinados ni utilizados para actos DFL Nº 1, de 2005, tendientes a propagar o ejecutar actividades perturbadoras del Ministerio de para sus labores. Educación Art. Corresponderá a las autoridades respectivas velar por 82 D.O. 21.02.2006 el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior y arbitrar las medidas necesarias para evitar la utilización de dichos recintos y lugares para actividades prohibidas en el inciso precedente. 107   Ley Nº 18.962 Art. Art. 108. Los establecimientos de educación superior 79 (80) D.O. establecerán en sus respectivos estatutos los mecanismos 10.03.1990 que resguarden debidamente los principios a que se hace DFL Nº 1, de 2005, referencia en los artículos anteriores. del Ministerio de Educación Art. 83 D.O. 21.02.2006 108   Ley Nº 18.962 Art. Art. 109. Las universidades existentes al 31 de 80 (81) D.O. diciembre de 1980 y las universidades e institutos 10.03.1990 profesionales que se derivaron de ellas y las sucesoras de DFL Nº 1, de 2005, algunas de ellas, mantendrán su carácter de tales y del Ministerio de conservarán su plena autonomía. Educación Art. 84 D.O. 21.02.2006 109   Art. 110. Las universidades e institutos profesionales Ley Nº 18.962 Art. creados y organizados en virtud de las normas contenidas en 81 (82) D.O. los decretos con fuerza de ley Nº 1 de 1980 y Nº 5 de 10.03.1990 1981, del Ministerio de Educación Pública, se DFL Nº 1, de 2005, considerarán de pleno derecho reconocidos oficialmente. del Ministerio de Las universidades e institutos profesionales que a la Educación Art. 85 fecha de publicación de esta ley hubieren obtenido su D.O. 21.02.2006 autonomía de acuerdo a la legislación vigente la mantendrán de pleno derecho. 110   Art. 111. Las universidades e institutos profesionales que a la fecha de publicación de esta ley se encuentren afectos al sistema de examinación podrán optar por el Ley Nº 18.962 Art. sistema de licenciamiento establecido en la presente ley o 82 (83) D.O. mantenerse en las condiciones de examinación actualmente 10.03.1990 vigentes. DFL Nº 1, de 2005, En todo caso, si las entidades referidas en el inciso a del Ministerio de Educación Art. 86 D.O. 21.02.2006 Ley Nº 20.129 Art. 55 Nº 3 D.O. 17.11.2006 nterior optaren por el licenciamiento, sólo deberán Ley Nº 20.129 Art. cumplir las normas sobre verificación progresiva del 55 Nº 3 D.O. desarrollo de su proyecto institucional ante el Consejo 17.11.2006 Nacional de Educación. Ley Nº 20.370 Art. Si dichas entidades tienen un periodo de actividades 7º Transitorio D.O. docentes igual o inferior a seis años, se les considerará, para los efectos de la verificación de su proyecto, el 12.09.2009 tiempo transcurrido desde que iniciaron sus actividades. 111   Ley Nº 18.962 Art. Art. 112. Los centros de formación técnica creados y 83 (84) D.O. organizados en virtud de las normas contenidas en el decreto 10.03.1990 con fuerza de ley Nº 24 de 1981, del Ministerio de DFL Nº 1, de 2005, Educación Pública, se considerarán de pleno derecho del Ministerio de reconocidos oficialmente para los efectos de esta ley. Educación Art. Los centros de formación técnica, que se hayan c reado 87 D.O. 21.02.2006 de acuerdo al decreto con fuerza de ley Nº 24, de 1981, del Ley Nº 18.956 Art. Ministerio de Educación Pública, que tengan un período de 20 D.O. 08.03.1990 actividades docentes igual o inferior a seis años se les considerará para efectos de la verificación de su proyecto por el Ministerio de Educación, el tiempo transcurrido desde que iniciaron sus actividades. 112   Ley Nº 18.962 Art. Art. 113. Las universidades estatales existentes al 31 84 (85) D.O. de diciembre de 1981 y las instituciones de educación 10.03.1990 superior, derivadas de éstas o sus sucesoras, conservarán DFL Nº 1, de 2005, su naturaleza de entidades autónomas con personalidad del Ministerio de jurídica y con patrimonio propio. Educación Art. Estas entidades se regirán por las disposiciones del 88 D.O. 21.02.2006 Título III de esta ley en lo que les fueran aplicables, por las leyes que hagan referencia a ellas, por sus respectivos estatutos y reglamentos en cuanto no sean contrarias a éstas y, supletoriamente, por las normas de derecho privado. En materias académicas, económicas y administrativas estas universidades e institutos profesionales gozarán de plena autonomía. Los estatutos, ordenanzas y reglamentos, decretos y resoluciones de las entidades a que se refiere este artículo referente a los académicos se entenderán modificados de pleno derecho, en todo lo que fueren contrarias a las disposiciones de esta ley y de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y se considerarán estatutos de carácter especial para los efectos establecidos en su artículo 43, inciso segundo y el artículo 162 del Estatuto Administrativo de los funcionarios de la Administración del Estado. Las adecuaciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero, se efectuarán por la autoridad, previo acuerdo del organismo colegiado superior de la respectiva entidad. 113   Art. 114. Derogado. 114   2018-05-29 Ley Nº 20.370 Art. Artículos transitorios 70 D.O. 12.09.2009   Artículos transitorios Art. 1º. Los sostenedores de establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media, que hubieren obtenido el reconocimiento oficial del Estado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 20.370 y que a la fecha de la publicación de esta ley no hubieren cumplido con lo dispuesto en el artículo 46, letra a), de dicha norma, podrán transmitir la calidad de sostenedor, siempre que el nuevo sostenedor se adecue a los requisitos, plazos y condiciones establecidos en esta ley. Asimismo, podrá transferirse la calidad de sostenedor para el solo efecto de constituir una persona jurídica sucesora de la persona natural que detentaba dicha calidad o para la constitución de una persona jurídica que sucederá a la actual en su rol de sostenedora, ya sea que la transferencia se realice a una nueva persona jurídica o a una ya existente que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley para ser sostenedor. Las transferencias que se efectúen en virtud de este artículo comprenderán el traspaso del reconocimiento oficial respectivo, sin solución de continuidad. Dicha transferencia deberá efectuarse dentro de los dos años siguientes a la fecha de publicación de esta ley. Para todos los efectos legales a que haya lugar, se considerará que no existe solución de continuidad del reconocimiento oficial o decreto colaborador correspondiente, respecto de los establecimientos educacionales cuyos sostenedores, para el solo efecto de adecuarse a lo establecido en el artículo 46, letra a), de esta ley, presenten una nueva solicitud de reconocimiento oficial. La nueva solicitud de reconocimiento oficial deberá ser acompañada tanto de los antecedentes que acrediten la posesión del reconocimiento oficial o decreto colaborador con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº20.370, así como de aquellos que den cuenta de la creación o constitución de la persona jurídica de derecho público o de derecho privado que cumpla con las exigencias establecidas en dicha disposición. El examen de esta solicitud se limitará a estas materias y su aprobación o rechazo se basará únicamente en el cumplimiento o incumplimiento de las exigencias establecidas en el mencionado artículo 46, letra a). Esta solicitud no estará sujeta a la limitación del artículo 19, pudiendo ser presentada en cualquier época del año, debiendo expresar en forma precisa que es para el solo efecto indicado en este artículo. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero, las municipalidades y corporaciones municipales quedarán sujetas a lo prescrito en la Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades. 1   Art. 2º. Los sostenedores de establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de Ley Nº 20.370 Art. educación básica y media, y que cuenten con reconocimiento 2º Transitorio D.O. oficial a la fecha de publicación de la ley Nº 20.370, deberán dar cumplimiento a lo prescrito en la letra e) del 12.09.2009 artículo 46 de esta ley en el plazo de seis meses contado desde la fecha de entrada en vigencia de dichos estándares. 2   Art. 3º. Los sostenedores de establecimientos Ley Nº 20.370 Art. educacionales que impartan enseñanza en los niveles de 3º Transitorio D.O. educación básica y media, y que cuenten con reconocimiento oficial a la fecha de publicación de la ley Nº 20.370, 12.09.2009 deberán dar cumplimiento a lo establecido en las letras b), d), f) y g) del artículo 46 en el plazo de seis meses contado desde la entrada en vigencia de la ley Nº 20.370. En el mismo plazo, los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en el nivel parvulario, y que cuenten con reconocimiento oficial a la fecha de publicación de la ley Nº 20.370, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra b) del artículo 46 de la presente ley. 3   Art. 4º. Los sostenedores de establecimientos Ley Nº 20.370 Art. educacionales, para los efectos de dar cumplimiento a lo 4º Transitorio D.O. prescrito en la letra h) del artículo 46 de esta ley, deberán acreditar la solvencia requerida en ella o 12.09.2009 constituir, cuando sea necesario, las garantías reales o personales exigidas, en el plazo de un año contado desde la fecha de la publicación de la ley Nº 20.370. 4   Ley Nº 20.370 Art. Art. 5º. Los establecimientos educacionales de las 5º Transitorio D.O. Instituciones de la Defensa Nacional que a la fecha de publicación de la ley Nº 20.370 impartan educación media, 12.09.2009 deberán ajustarse a lo prescrito en los artículos 44 y 46 en el plazo de cuatro años contado desde la fecha referida. 5   Art. 6º. Los decretos supremos Nº 40, de 1996; Nº 220, de 1998, y Nº 239, de 2004, todos del Ministerio de Ley Nº 20.370 Art. Educación, que establecen los objetivos fundamentales y 6º Transitorio D.O. contenidos mínimos obligatorios para la educación básica, media y de adultos, respectivamente, y fijan normas 12.09.2009 generales para su aplicación, continuarán vigentes para dichos niveles de la educación regular y para la modalidad de adultos en tanto no se establezcan las nuevas bases curriculares de conformidad al Título II de esta ley. 6   Art. 7º. Con el objeto de permitir la renovación parcial de los integrantes del Consejo Nacional de Ley Nº 20.370 Art. Educación, serán designados por un periodo de tres años, 7º Transitorio D.O. los consejeros que a continuación se indican: 12.09.2009 a) El Presidente de dicho Consejo. b) Uno de los profesionales de la educación que se indican en la letra b) del artículo 89. c) El académico que se señala en la letra e) del artículo 89. Asimismo, dos de los representantes nombrados por el Presidente de la República, previa ratificación del Senado, a que alude la letra c) del artículo 89, ejercerán por un periodo de tres años. En el acto de designación o nombramiento, en su caso, deberá constar la circunstancia de ejercerse el cargo por este período especial de tres años. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 89 de la presente ley, los consejeros que hubieren sido designados por un periodo de tres años en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, cumplido dicho periodo podrán, excepcionalmente, ser nuevamente designados por un período de seis años. El Consejo Nacional de Educación de que trata el título IV, será el sucesor legal del Consejo Superior de Educación establecido en el párrafo 2º del título III del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, y el personal que labora en este último pasará a desempeñarse, sin solución de continuidad, y en la misma calidad en el primero, salvo las excepciones establecidas en esta ley. Mientras no se efectúen los nombramientos de todos los integrantes del Consejo Nacional de Educación, continuarán en sus cargos los actuales integrantes del Consejo Superior de Educación. 7   Ley Nº 20.370 Art. Art. 8º. La estructura curricular establecida en el 8º Transitorio D.O. artículo 25 comenzará a regir a partir del año escolar 2030. 12.09.2009 A contar de dicho año escolar, los cursos de séptimo y octavo año de la enseñanza básica y primero, segundo, tercero y cuarto año de la enseñanza media pasarán a denominarse primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de la educación media, respectivamente. En consecuencia, los alumnos que en el año escolar a que se refiere el inciso primero sean promovidos de sexto, séptimo y octavo año de la enseñanza básica y primero, segundo y tercer año de la enseñanza media lo serán a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de la educación media, respectivamente. Por su parte, los alumnos que en el año escolar anterior a la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular cursen y sean promovidos de cuarto año de la enseñanza media, egresarán de ésta y recibirán la licencia de educación media. Durante el año 2028, el Ministerio de Educación deberá realizar un estudio prospectivo que evalúe la pertinencia de aplicar la estructura curricular establecida en el artículo 25, y considerará a lo menos, los costos, adecuaciones de infraestructura, formación docente y bases curriculares requeridas, el que deberá presentarse a las Comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados. 8   Art. 9º. Tratándose de establecimientos educacionales Ley Nº 20.370 Art. que impartan exclusivamente enseñanza parvularia, el 9º Transitorio D.O. Ministerio de Educación podrá encomendar a otros organismos públicos relacionados o dependientes del mismo, 12.09.2009 la certificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 46 de esta ley. 9   Art. 10. En tanto no entren en vigencia las normas que Ley Nº 20.370 Art. crean la Superintendencia de Educación y la Agencia de 10 Transitorio D.O. Calidad de la Educación, las facultades que la presente ley 12.09.2009 les otorga serán ejercidas por el Ministerio de Educación. 10   Art. 11.- Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 de esta ley entrará en vigencia al inicio del año escolar 2026. 11   Artículo 12.- Lo dispuesto en el artículo 10 bis entrará en vigencia al inicio del año escolar 2026. Los establecimientos que imparten educación parvularia, básica y media tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para la actualización de sus reglamentos internos en el marco de las instrucciones que, para estos efectos, dicte la Superintendencia de Educación. En marzo de 2030 el Ministerio de Educación presentará a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado los resultados de una evaluación respecto a la implementación y los efectos de las medidas dispuestas en el artículo 10 bis, incluida información sobre convivencia escolar, rendimiento académico, bienestar socioemocional y brechas de acceso digital. Dicho estudio podrá recomendar ajustes normativos y reglamentarios. 12   Tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Mónica Jiménez de la Jara, Ministra de Educación.- Francisco Vidal Salinas, Ministro de Defensa Nacional.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.- Paula Quintana Meléndez, Ministra de Planificación. Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda a usted, Cristián Martínez Ahumada, Subsecretario de Educación.