Decreto 4 APRUEBA LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SU PLAN DE ACCIÓN 2024-2032

APRUEBA LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SU PLAN DE ACCIÓN 2024-2032

   

    Núm. 4.- Santiago, 8 de agosto de 2024.

    Visto:

    Lo dispuesto en los artículos 32 N° 6° y 35 de la Constitución Política de la República de Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el decreto supremo N° 830, de 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los Derechos del Niño; en los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución A/RES/70/1, de 25 de septiembre de 2015; en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en la ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; en la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; en el decreto N° 10, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez, que aprueba reglamento que establece la forma de funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, según lo previsto en el artículo 76 de la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; en el decreto N° 12, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez, que aprueba el reglamento que determina la integración y funcionamiento de las Mesas de Articulación Interinstitucional de la oferta dirigida a niños, niñas y adolescentes, según lo previsto en el literal i) del artículo 66 de la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

    Considerando:

    1° Que, corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Familia velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de conformidad a las funciones y atribuciones que le entrega el artículo 3° bis de la ley N°20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica.

    2° Que, el literal b) del artículo 3° bis de la ley N° 20.530 antes referida, señala que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendrá, entre sus funciones y atribuciones proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Niñez y su Plan de Acción, informar sobre su ejecución y recomendar las medidas correctivas que resulten pertinentes, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 16 bis de la citada ley.

    3° Que, la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, tiene por objeto, la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.

    4° Que, asimismo, la referida ley crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que está integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes, hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado.

    5° Que, el artículo 79 de la ley N° 21.430, prescribe que la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia establecerá los objetivos generales, fines, directrices y lineamientos en materia de protección, garantía y promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes dictadas conforme a ellos. Asimismo, la referida Política deberá propender a la creación de las condiciones político-institucionales que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia, fortaleciendo la gestión pública, así como el seguimiento, monitoreo, evaluación y la rendición de cuentas y se orientará a fortalecer la calidad de los programas, de los servicios y las prestaciones de las políticas sociales generales y especializadas, y a potenciar la participación y colaboración con la sociedad civil en sus objetivos.

    6° Que, el artículo 80 de la ley N° 21.430, dispone que la política que se formule deberá contener, a lo menos, un diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia en el país, sus objetivos y fines estratégicos, distinguiendo áreas y materias; orientaciones y ejes de acción dirigidos al cumplimiento de dichos objetivos y fines, considerando criterios de descentralización y desconcentración, según corresponda. Que, la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción asegurarán que el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia sea de carácter universal, coordinado, integral, sistémico e intersectorial.

    7° Que, el artículo 81 de la ley N° 21.430, establece que el plan de acción ya referido deberá contener, a lo menos, a) los derechos y garantías de la niñez y la adolescencia que se abordarán; b) los programas o líneas programáticas que lo integran; c) las acciones y medidas específicas a ejecutar; d) los plazos de ejecución; e) los órganos y cargos responsables; f) las metas para sus acciones y medidas, y g) los indicadores necesarios para su evaluación.

    8° Que, el artículo 82 de la ley N° 21.430, prescribe que la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción serán elaborados a través de un proceso interministerial, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en el que se deberá considerar la participación del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, las Oficinas Locales de la Niñez, el Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez, expertos y organizaciones de la sociedad civil, en particular aquellas organizaciones sin fines de lucro que trabajen con la niñez y adolescencia. La Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción tendrán una duración de nueve años, y será revisada y evaluada al menos cada tres años.

    9° Que, el inciso segundo del artículo 82 antes referido, dispone que la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción, serán aprobados mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a propuesta del Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, y deberá ser suscrito, además, por aquellos Ministros con competencia en la materia respectiva.

    10° Que, el artículo 2, del decreto supremo N° 12, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez, que aprueba el reglamento que determina la integración y funcionamiento de las Mesas de Articulación Interinstitucional de la oferta dirigida a niños, niñas y adolescentes, según lo previsto en el literal i) del artículo 66 de la ley 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, establece que estas Mesas informarán, de la forma prevista en dicho reglamento, respecto de la realidad de la niñez y adolescencia a nivel comunal, regional y nacional, según corresponda; respecto de las necesidades detectadas de programas o servicios para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en su territorio, o para su protección especializada, con el objetivo de analizar la pertinencia de una posible ampliación de la oferta o de una nueva oferta en el territorio, así como para la elaboración del Plan de Acción de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia.

    11° Que, el artículo 16 bis de la ley N° 20.530, en sus literales a) y b) prescribe que el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, tendrá entre sus funciones, aprobar la propuesta de Política Nacional de la Niñez y su Plan de Acción, y sus actualizaciones, presentadas por la Subsecretaría de la Niñez, y acordar mecanismos de coordinación y articulación de las acciones de los órganos de la Administración del Estado, en sus diferentes niveles, en materia de infancia, velando por su pertinencia e integridad de acuerdo a la Política Nacional de la Niñez y su Plan de Acción.

    12° Que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 16 bis y del artículo 12 de la citada ley N° 20.530, el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, estará integrado por los siguientes ministros: a) El Ministro de Desarrollo Social y Familia, quien lo presidirá; b) El Ministro de Hacienda; c) El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia; d) El Ministro de Educación; e) El Ministro de Salud; f) El Ministro de Vivienda y Urbanismo; g) El Ministro del Trabajo y Previsión Social; h) La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género; i) El Ministro o Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; j) el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y k) el Ministro del Deporte.

    13° Que, el artículo segundo transitorio de la ley N° 21.430, establece que la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción deberán adecuarse a los principios, objetivos, deberes, derechos y garantías establecidos en dicha ley dentro del plazo de dos años contado desde su publicación, aun cuando su plazo de vigencia no haya concluido.

    14° Que, en relación con el proceso de elaboración de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción, desarrollado por la Subsecretaría de la Niñez entre los años 2023 y principios de 2024, se consideró un desarrollo en cinco etapas. En una primera, se realizó la recopilación de antecedentes que incluyó una revisión documental del material disponible, así como también la realización de estudios, tales como la evaluación del Plan de Acción 2018-2025 y la estimación de inversión en materias de niñez y adolescencia.

    15º Que, en una segunda etapa, en el marco de un trabajo intersectorial, se realizó un levantamiento de principios, enfoque y perspectivas, establecidos en la Ley de Garantías, donde se discutió el marco metodológico en la elaboración de la política y sus principales dificultades y desafíos; en una tercera, se realizó un análisis y diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia en el país, priorizándose las principales problemáticas; en una cuarta etapa, se llevaron a cabo jornadas de trabajo intersectorial y reuniones bilaterales entre la Subsecretaría de la Niñez y distintos organismos públicos, con la finalidad de trazar y definir los compromisos institucionales que quedaron descritos en el Plan de Acción de la Política Nacional.

    16° Que, en la última y quinta etapa, se revisaron los datos disponibles y necesarios para establecer metas e indicadores de resultado para cada objetivo estratégico y se construyó una propuesta para ser discutida y abordada con las respectivas autoridades que forman parte de la Mesa de Articulación Interinstitucional Nacional; además de llevarse a cabo un proceso amplio participativo, con el objeto de conocer la opinión de los actores consultados, a saber, la sociedad civil, el Consejo de la Sociedad Civil de Niñez, opinión de niños, niñas y adolescentes, el Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, equipos ministeriales y de servicios públicos a nivel nacional y regional, equipos locales representantes de las Oficinas Locales de la Niñez y de las Oficinas de Protección de Derechos, Defensoría de los Derechos de la Niñez, entre otros, y expertos en materia de niñez y adolescencia.

    17° Que, el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, con fecha 29 de abril de 2024, aprobó la propuesta de Política Nacional de la Niñez y su Plan de Acción, presentada por la Subsecretaría de la Niñez.

    18° Que, por todo lo anteriormente expuesto precedentemente, corresponde dictar el decreto supremo, mediante el cual se aprueba la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032.

    Decreto:

    Apruébase la "Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032"

    POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SU PLAN DE ACCIÓN 2024-2032

    Glosario de acrónimosy siglas

    ACE: Agencia de Calidad de la Educación, Ministerio de Educación

    CAJ: Corporación de Asistencia Judicial

    CASEN: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional

    CCN: Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes

    CDN: Convención sobre los Derechos del Niño

    CECREA: Centros de Creación, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

    CEM: Centro de Estudios del Ministerio de Educación

    CEPI: Centro de Estudios Primera Infancia

    CIDENI: Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez

    CIM: Centro de Innovación del Ministerio de Educación

    CNTV: Consejo Nacional de Televisión

    CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

    CONASET: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

    COSOC: Consejo de la Sociedad Civil

    CRC: Comité de los Derechos del Niño (por sus siglas en inglés)

    DDHH: Derechos Humanos

    DEIS: Departamento de Estadísticas e Información de Salud

    DEP: Dirección de Educación Pública, Ministerio de Educación

    DIDECO: Dirección de Desarrollo Comunitario

    DIPRES: Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda

    DS: Decreto Supremo

    ELPI: Encuesta Longitudinal de Primera Infancia

    ENDIDE: Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia

    ESNNA: Explotación Sexual contra niñas, niños y adolescentes

    FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en inglés)

    FOSIS: Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

    GENCHI: Gendarmería de Chile, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

    INE: Instituto Nacional de Estadísticas

    INJUV: Instituto Nacional de la Juventud, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

    INTEGRA: Fundación Integra

    JUNAEB: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Ministerio de Educación

    JUNJI: Junta Nacional de Jardines Infantiles, Ministerio de Educación

    MAIN: Mesa de Articulación Interinstitucional Nacional

    MAIR: Mesa de Articulación Interinstitucional Regional

    MDSF: Ministerio de Desarrollo Social y Familia

    MINDEP: Ministerio del Deporte

    MINCAP: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

    MIN DEFENSA: Ministerio de Defensa Nacional.

    MINAGRI: Ministerio de Agricultura

    MIN BIENES NACIONALES: Ministerio de Bienes Nacionales

    MINCIENCIA: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

    MINECON: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

    MINEDUC: Ministerio de Educación

    MIN INTERIOR: Ministerio del Interior y Seguridad Pública

    MINENERGÍA: Ministerio de Energía

    MINJUDDHH: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

    MINMINERÍA: Ministerio de Minería

    MINMUJERYEG: Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

    MINREL: Ministerio de Relaciones Exteriores

    MINSAL: Ministerio de Salud

    MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo

    MMA: Ministerio del Medio Ambiente

    MOP: Ministerio de Obras Públicas

    MTI: Mesa Técnica Interinstitucional

    MTT: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

    NNA: Niñas, niños y adolescentes

    OCA: Organismo Colaborador Acreditado del Sename

    OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

    ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas

    OE: Objetivos Estratégicos

    OIT: Organización Internacional del Trabajo

    OLN: Oficina Local de la Niñez

    OPD: Oficina de Protección de Derechos

    OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil

    PISA: Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos

    PDI: Policía de Investigaciones

    PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

    PNNA: Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción

    SEGEGOB: Subsecretaría General de Gobierno, Ministerio Secretaría General de Gobierno

    SEGPRES: Subsecretaría General de la Presidencia, Ministerio Secretaría General de la Presidencia

    Sename : Servicio Nacional de Menores, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

    SENADIS: Servicio Nacional de la Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

    SENAMA: Servicio Nacional del Adulto Mayor, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

    SENDA: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Ministerio del Interior y Seguridad Pública

    SERNAMEG: Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

    SENAPRED: Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Ministerio del Interior y Seguridad Pública

    SERMIG: Servicio Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior y Seguridad Pública

    SERNATUR: Servicio Nacional de Turismo, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

    SERVICIO CIVIL: Dirección Nacional del Servicio Civil, Ministerio de Hacienda

    SES: Subsecretaría de Evaluación Social, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

    SERPAT: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

    SEVS: Sistema Elige Vivir Sano, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

    SIMCE: Sistema de Medición de la Calidad de la Educación

    SITAN: Análisis de la Situación de la Niñez y Adolescencia, Unicef

    SNRSJ: Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

    SPD: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública

    SPE: Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

    SRCI: Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

    SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Ministerio del Interior y Seguridad Pública

    SUB CULTURAS: Subsecretaría de las Culturas y las Artes, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

    SUB EDUCACIÓN: Subsecretaría de Educación, Ministerio de Educación

    SUB MUJERYEG: Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

    SUB NIÑEZ: Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

    SUB ED PARVULARIA: Subsecretaría de Educación Parvularia, Ministerio de Educación

    SUB DDHH: Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

    SUB JUSTICIA: Subsecretaría de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

    SUB INTERIOR: Subsecretaría del Interior, Ministerio del Interior y Seguridad Pública

    SUB PATRIMONIO: Subsecretaría del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

    SUB PREVISIÓN SOCIAL: Subsecretaría de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social

    SUB REDES ASISTENCIALES: Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud

    SUB SERVICIOS SOCIALES: Subsecretaría de Servicios Sociales, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

    SUB SALUD PÚBLICA: Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud

    SUBTEL: Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

    SUB TRABAJO: Subsecretaría del Trabajo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social

    SUB TRANSPORTES: Subsecretaría de Transportes, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

    SUPER EDUCACIÓN: Superintendencia de Educación, Ministerio de Educación

    SUPER SALUD: Superintendencia de Salud, Ministerio de Salud

    UCAI: Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

    Unicef: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

    I. Introducción

    A treinta y cuatro años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), Chile ha realizado progresos significativos para alinear sus políticas públicas e institucionales con los estándares internacionales de derechos humanos. En 1992, el presidente Patricio Aylwin delegó a la Secretaría del Comité Económico-Social de Ministros la tarea de desarrollar un plan integral de acciones enfocadas en la niñez, denominado Metas y Líneas de Acción en Favor de la Infancia.

    Posteriormente, se han implementado diversas iniciativas que reflejan el esfuerzo continuo del país para garantizar la protección de derechos, a través del Plan Nacional de la Infancia de 1993, y la Política Nacional a favor de la Infancia y la Adolescencia y su Plan de Acción 2001-2010.

    Entre las reformas legales se destacan las leyes de filiación, adopción, maltrato infantil, erradicación de los menores de 18 años de las cárceles de adultos, protección social para familias en extrema pobreza, creación de los tribunales de familia, entrevistas videograbadas, entre otras. Estas leyes han sido cruciales para fortalecer la protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

    Por su parte, a principios de los 2000 una innovación importante fue la creación de las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) en diversas comunas del país, que se establecieron para fortalecer la protección local y la accesibilidad a derechos de la niñez y adolescencia. Asimismo, se crea el Subsistema de Protección Integral a la Infancia "Chile Crece Contigo" en el año 2009, mediante la ley N° 20.379, como una forma de articular las redes de apoyo local en favor de la primera infancia, período fundamental en el desarrollo de las personas.

    A nivel institucional, se crean dos consejos mediante decretos supremos: i) el Consejo de Ministros para la Infancia y la Adolescencia (decreto supremo N° 114, de 2002, del Ministerio de Planificación y Cooperación) y ii) el Consejo Nacional de la Infancia (decreto supremo N° 21, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia). Del trabajo institucional de este último Consejo derivó la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia de 2015-2025, que delineó un objetivo claro, el compromiso del país con la instalación de un Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

    En respuesta a este desafío, el Estado de Chile ha implementado importantes avances institucionales recientes, incluyendo la creación en 2018 de la Subsecretaría de la Niñez dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y de la Defensoría de la Niñez, órgano autónomo, además del proceso de transformación del Servicio Nacional de Menores (Sename), que derivó en el establecimiento de dos nuevas entidades, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia) en 2021 y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) en 2023.

    A estos hitos se suma un logro legislativo de gran importancia para el país. En marzo del año 2022 se publica la ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (en adelante, Ley de Garantías), la cual tiene por objeto la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (en adelante e indistintamente NNA). Tras un extenso proceso de tramitación legislativa, Chile logró equiparar su legislación a los estándares internacionales, dejando atrás su posición como el único país de América Latina y el Caribe sin un marco legal específico para proteger, garantizar y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes.

    Con el objetivo de transformar la interacción del Estado, la sociedad y las familias con los NNA, esta ley consagra la obligación de estos actores de respetar, promover y proteger los derechos de la niñez y adolescencia en Chile, poniendo especial énfasis en la promoción y prevención para evitar la vulneración de dichos derechos, marcando un antes y un después en la forma en que estas entidades se relacionan con los niños, niñas y adolescentes.

    La implementación de un Sistema de Garantías y Protección Integral representa un desafío sin precedentes para el país, que abarca un entramado de políticas, normativas (tanto nacionales como internacionales) e instituciones a nivel nacional, regional y local, comprometidas con el reconocimiento, respeto, protección y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. Este Sistema busca asegurar su bienestar integral y abordar de manera efectiva cualquier vulneración de sus derechos.

    Este enfoque de protección integral implica la promoción de derechos, la prevención de su vulneración, la protección social y administrativa (tanto universal como especializada), y la protección judicial, incluyendo la reparación y restitución a través de servicios especializados.

    A su vez, el Sistema de Garantías, mediante su mandato de coordinación interinstitucional, apunta a la garantía de respuestas oportunas a las necesidades de la niñez y adolescencia y a la creación de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil y de los propios niños, niñas y adolescentes.

    Este último elemento es un aspecto fundamental de la Ley de Garantías. Esta norma subraya la importancia de reconocer a NNA como sujetos de derechos y señala que la mejor expresión de tal reconocimiento es lograr su participación efectiva, ya que: i) a través de ella, este grupo de la población puede influir en el ejercicio y goce de otros derechos que le deben ser garantizados; y ii) es un componente necesario para el desarrollo integral de los NNA a partir del reconocimiento de su autonomía progresiva.

    Este nuevo paradigma, basado en un enfoque de derechos, marca un cambio significativo en el país y en la gestión pública en materia de niñez y adolescencia: exige nuevos principios orientadores y una reestructuración organizativa y operativa de la institucionalidad acorde con las obligaciones derivadas tanto de la CDN como de la Ley de Garantías, promoviendo la colaboración coordinada y eficiente de los diversos actores para fomentar un enfoque intersectorial articulado.

    La Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2024-2032 redefine y enfoca los esfuerzos hacia la creación de directrices y lineamientos sólidos que fortalezcan el Sistema de Garantías, buscando generar las condiciones político-institucionales para el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia.

    Dada su relevancia, la Subsecretaría de la Niñez (SN) desde un inicio impulsó y consideró para la elaboración de esta Política un proceso participativo ciudadano amplio denominado La Fuerza de tus Derechos, al que se incorporaron diversos actores del sector público y privado, de la sociedad civil, de organismos internacionales y, principalmente, niñas, niños y adolescentes de las 16 regiones del país.

    El objetivo de contar con una Política Nacional y Plan de Acción para el periodo 2024-2032, dice relación con ofrecer desde el Estado una hoja de ruta para los próximos nueve años que asegure un enfoque centrado en el bienestar integral de la niñez y adolescencia. La Política Nacional, y en particular su Plan de Acción, buscan cerrar progresivamente las brechas existentes en el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes.

    La estructura de este documento presenta a las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil, a las niñas, niños, adolescentes y sus familias, y a la ciudadanía en su conjunto, información sobre las prioridades que tiene el Estado de Chile respecto a la protección integral de la niñez y adolescencia.

    En el siguiente capítulo, se aborda el proceso de elaboración de la Política Nacional, detallando las actividades realizadas e instituciones que formaron parte del proceso, y describiendo las instancias de participación ciudadana y los ámbitos de incidencia de cada una de estas. En el tercer capítulo, mediante un abordaje regional, se revisa la situación actual de la niñez y adolescencia en Chile, ofreciendo una caracterización general de la población y de los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes, y considerando las condiciones particulares de los grupos que requieren de protección reforzada y las principales problemáticas que vive la niñez en el país.

    El cuarto capítulo presenta la teoría de cambio que orienta el Plan de Acción, identificando las problemáticas priorizadas, sus causas, los objetivos estratégicos establecidos para cada una de ellas, así como los resultados esperados, tanto intermedios como finales.

    Por su parte, el capítulo quinto ofrece el enfoque, las perspectivas y los principios que orientan el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de la Política Nacional y su Plan de Acción. En el capítulo sexto, se explicitan la visión y los objetivos estratégicos priorizados para la Política Nacional.

    El capítulo séptimo describe el modelo de gobernanza de la Política Nacional y su Plan de Acción a través de cinco componentes, identificando además las instituciones participantes para el desarrollo de cada uno de ellos.

    El capítulo octavo presenta el Plan de Acción que, como establece la ley, considera: a) los derechos y garantías de la niñez y la adolescencia que se abordarán, b) los programas o líneas programáticas que lo integran, c) las acciones y medidas específicas a ejecutar, d) los plazos de ejecución, e) los órganos y cargos responsables, f) las metas para sus acciones y medidas y g) los indicadores necesarios para su monitoreo y evaluación.

    II. Construcción participativa de la Política Nacional y su Plan de Acción

    El proceso de elaboración de la Política Nacional y su Plan de Acción fue desarrollado entre febrero del año 2023 y abril del año 2024, a través de un amplio proceso participativo ciudadano denominado La Fuerza de tus Derechos, cumpliendo con el principio de participación que consagra la Ley de Garantías. Esta iniciativa incorporó a diversos actores del sector público (a nivel nacional, regional y comunal), de la sociedad civil, el sector privado, los organismos internacionales y la academia; y, principalmente, convocó a niñas, niños y adolescentes de las 16 regiones del país para conocer sus principales problemas, necesidades y, sobre todo, sus propuestas.

    Asimismo, y conforme lo establece el artículo 82 de la Ley de Garantías, la Política Nacional fue elaborada a través de un proceso interministerial, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez, en el que se consideró la participación de: i) el Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, ii) la Defensoría de los Derechos de la Niñez, iii) las Oficinas Locales de la Niñez, iv) el Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez (COSOC) y v) expertos y organizaciones de la sociedad civil, en particular aquellas organizaciones sin fines de lucro que trabajan con la niñez y adolescencia.

    La elaboración de la Política se organizó en 5 etapas:

    1. Recopilación de antecedentes.

    2. Definición de principios, enfoque y perspectivas.

    3. Análisis de la situación de la niñez y adolescencia y priorización de problemáticas.

    4. Definición de compromisos intersectoriales.

    5. Definición de indicadores y metas.

    Según se avanzó en cada etapa, el proceso se nutrió de las diversas instancias de participación, incorporando opiniones y propuestas de todos los actores consultados.

    2.1. Proceso participativo

    Para el proceso participativo se utilizó una metodología mixta de levantamiento de información, considerando diversas técnicas, tales como revisión documental, entrevistas en profundidad, talleres participativos, consultas públicas, talleres autogestionados, encuestas de opinión, entre otras, las que se llevaron a cabo tanto de manera presencial como en línea. A lo largo de este proceso se contó con la asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina para Chile del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

    Tal como mandata la Ley de Garantías, la construcción de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia consideró la participación de una amplia variedad de actores y las temáticas más relevantes se abordaron en tres ámbitos a lo largo del proceso: (1)

    2.1.1. Levantamiento de información con autoridades y organizaciones de la sociedad civil

    Este levantamiento se realizó durante los meses de junio del año 2023 y marzo del año 2024 con el objetivo de identificar los principales desafíos de la implementación de la Ley de Garantías, los problemas que afectan a los niños, niñas y adolescentes y el rol de la sociedad civil en la implementación de la Política. En total participaron 216 personas, quienes abordaron, principalmente, la Ley de Garantías y su implementación en el territorio, los desafíos de la articulación intersectorial, los temas prioritarios para la Política y su Plan de Acción, la gobernanza de la Política y el rol de la sociedad civil en su implementación.

    Tabla 1. Levantamiento de información con autoridades y organizaciones de la sociedad civil

    Fuente: Subsecretaría de la Niñez, 2024.

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(1) Ver anexo N°1 para conocer el listado de instituciones y personas que participaron en cada fase del proceso participativo

    2.1.2. Levantamiento de información, a nivel regional, con niños, niñas, adolescentes y autoridades

    El levantamiento de información se realizó entre agosto del año 2023 y enero del año 2024 y tuvo como objetivo escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes y de autoridades regionales, respecto de los problemas que vive la niñez y adolescencia en los territorios y qué grupos son los que presentan mayores dificultades para el ejercicio de sus derechos. Para ello, se realizaron 16 diálogos regionales en línea con niños, niñas y adolescentes; un taller presencial en el Internado Nacional Barros Arana de la comuna de Santiago; un taller presencial con el apoyo del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación de la SEGEGOB, en colaboración con la Subsecretaría de la Niñez; un encuentro regional y otro nacional de niños, niñas y adolescentes, en el marco del proceso de elección de representantes del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (CCN); y un diálogo con el CCN. En todas estas instancias participaron un total de 1.401 niños, niñas y adolescentes.

    Por otro lado, se realizó un taller con Directores/as de Desarrollo Comunitario (DIDECO), donde participaron representantes de 259 municipalidades de las 16 regiones del país; 12 diálogos regionales con autoridades clave del sector, con la participación de 286 personas; un diálogo nacional en línea con representantes de los Gobiernos Regionales, el que contó con 14 participantes de 10 regiones del país; y un taller presencial con representantes de la División de Desarrollo Regional de la SUBDERE y las Divisiones de Promoción y Prevención y Planificación y Estudios de la Subsecretaría de la Niñez, en donde participaron 16 personas.

    En las instancias señaladas se discutió sobre los principales problemas que afectan a los niños, niñas y adolescentes en su entorno, el conocimiento de sus derechos, el rol de los Gobiernos Regionales, los instrumentos de planificación territorial, las fuentes de financiamiento regional, la gobernanza de la Política Nacional, entre otros temas.

    Tabla 2. Levantamiento de información con NNA y autoridades, en representación de los territorios

    Fuente: Subsecretaría de la Niñez, 2024.

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(2)  Corresponde a una red colaborativa de organizaciones de la sociedad civil en niñez.

(3)  Propuesta elaborada por OIT y Unicef, en el marco de la Recomendación sobre pisos sociales 202 de la OIT.

    2.1.3. Levantamiento con niños, niñas y adolescentes y la ciudadanía desde la plataforma La Fuerza de tus Derechos

    A partir del segundo ámbito, se definió qué temáticas consultadas en los diálogos regionales con niños, niñas y adolescentes eran de interés para ser divulgadas en un formato masivo, mediante el uso de una plataforma web (4) .

    El proceso participativo de consulta abierta a la ciudadanía se realizó a través de la página web La Fuerza de tus Derechos desde noviembre de 2023 a febrero de 2024. Consistió en levantar la opinión de niños, niñas y adolescentes y la ciudadanía, desde una modalidad individual y grupal, principalmente con la participación de grupos de NNA de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), Oficinas de Protección de Derechos, establecimientos educacionales, residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada, Centros de Creación (CECREA), entre otras organizaciones de redes locales.

    En paralelo, y para ampliar los canales de participación, la Subsecretaría de la Niñez realizó una encuesta de opinión abreviada vía WhatsApp, dirigida principalmente a adultos/as responsables de niños, niñas y adolescentes.

    Tanto la consulta vía plataforma web como la encuesta vía WhatsApp indagaron sobre los principales problemas que afectan a los niños, niñas y adolescentes que residen en el país, el conocimiento de sus derechos y propuestas de acciones concretas para el cumplimiento de sus derechos. Asimismo, solo a los adultos responsables de niños, niñas y adolescentes, se les consultó además sobre los principales elementos del entorno necesarios para garantizar el bienestar de sus hijos e hijas y los apoyos requeridos para su cuidado. Considerando ambos procesos, participaron 11.902 personas.

    Tabla 3. Levantamiento con niños, niñas y adolescentes y la ciudadanía desde la plataforma La Fuerza de tus Derechos

    Fuente: Subsecretaría de la Niñez, 2024.

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(4) Para incorporar información sobre los derechos consagrados en la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría de la Niñez (2022b) proporcionó el material de consulta denominado Modelo de conceptualización y categorización de derechos de la niñez y adolescencia, que fue citado e incluido adecuadamente en las metodologías de apoyo para llevar a cabo el levantamiento de la consulta.

    En total, considerando los 3 ámbitos descritos, participaron 14.094 personas, de las cuales 6.293 son niños, niñas y adolescentes, es decir, el 45% del total de participantes.

    2.2. Etapas de construcción de la Política y el Plan de Acción

    Para llevar a cabo el proceso de construcción de la Política y su Plan de Acción, en junio del año 2023 se conformó la Mesa Técnica Interinstitucional (MTI), integrada por representantes de 61 instituciones públicas (subsecretarías, servicios públicos, superintendencias y Fuerzas de Orden y Seguridad), todos ellos designados de manera oficial para representar a sus respectivas instituciones como punto focal, tal como lo establece el marco del funcionamiento de la Mesa de Articulación Interinstitucional Nacional (MAIN)(5) . Este espacio interinstitucional posibilitó la generación de acuerdos que concluyeron en la definición de compromisos intersectoriales y metas para su monitoreo y evaluación. Asimismo, se contó con la asistencia técnica de Unicef y el apoyo metodológico del Programa de Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, para la definición de la teoría de cambio que sustenta la Política y para profundizar los desafíos de la intersectorialidad en las políticas públicas. Este proceso se organizó en cinco etapas. (6)

    Etapa 1: Recopilación de antecedentes

    Se inició en febrero del año 2023, en forma previa a la convocatoria de la Mesa Técnica Interinstitucional, como una instancia de preparación de las etapas siguientes. Consideró la revisión documental de todo el material que aportara a la definición de los contenidos de la Política, la generación de estudios y el análisis de investigaciones recientes en materias vinculadas a los derechos de la niñez y adolescencia. Este proceso fue clave para identificar las brechas de información que necesitaban ser consultadas en el proceso participativo, mediante diversas técnicas de levantamiento de información.

    Un aspecto crucial en el inicio de este proceso fue tomar en cuenta las recomendaciones de la Evaluación de la implementación y vigencia del Plan Nacional de Acción de Niñez y Adolescencia 2018-2025 elaborado por el Centro de Estudios de la Primera Infancia (CEPI), encargado por Unicef y la Subsecretaría de la Niñez. Este análisis proporcionó antecedentes técnicos necesarios para orientar la construcción de la nueva Política y Plan de Acción 2024-2032, en cumplimiento con la Ley de Garantías.

    Tabla 4. Revisión documental y estudios: fuentes primarias y secundarias

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(5) Para conocer el detalle de los equipos técnicos del nivel central que participaron del proceso de construcción de la Política Nacional y su Plan de Acción, ver anexo N°2: Listado de instituciones que forman parte de la mesa técnica interinstitucional y de representantes de dicha instancia.

(6) El funcionamiento de las Mesas de Articulación Interinstitucional está regulado en el Decreto Supremo 12 de 2023, que aprueba el reglamento que determina la integración y funcionamiento de las Mesas de Articulación Interinstitucional de la oferta dirigida a niños, niñas y adolescentes.

    Fuente: Subsecretaría de la Niñez, 2024.

    Es importante destacar que, aunque la revisión de documentos y estudios se concentró principalmente en la etapa inicial, este análisis se mantuvo a lo largo de todo el proceso, es decir, se adaptó según las necesidades emergentes para enriquecer y fundamentar las decisiones relacionadas con el contenido de la Política y su Plan de Acción.

    Etapa 2: Definición de principios, enfoque y perspectivas

    Para esta etapa se convocó a la Mesa Técnica Interinstitucional, llevándose a cabo una jornada de trabajo en la que participaron 58 personas (7) y en donde se discutió la posibilidad de aplicar los principios que establece la Ley de Garantías, el enfoque propuesto por la Subsecretaría de la Niñez sobre derechos para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y sus perspectivas en el quehacer institucional y las dificultades para ello. Para el debate, que se centró en el contenido de una nota técnica elaborada por la Subsecretaría de la Niñez con apoyo de Unicef y Fundación Colunga, se conformaron grupos de trabajo para discutir una serie de preguntas, concluyendo en una plenaria donde se compartieron las reflexiones grupales.

    Etapa 3: Análisis de la situación de la niñez y adolescencia y priorización de problemáticas

    En esta etapa se actualizó y validó el diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia en Chile y, en particular, la teoría de cambio de donde surge la formulación del resultado final y los objetivos estratégicos de la Política. Para ello, se realizó una jornada en la que participaron 57 personas (8) , iniciando con un encuadre acerca de qué implica fundar la Política y su Plan de Acción en el enfoque de derechos para el bienestar de NNA, con el propósito de fijar la mirada a largo plazo respecto a sus objetivos.

    Luego, se expuso sobre qué es una teoría de cambio y se explicó la metodología de café mundial (9) , con la cual se hizo trabajo de grupos. Asimismo, como apoyo al trabajo de los grupos participantes, se hizo entrega de un set de materiales para fundamentar sus opiniones, elaborados con la información recopilada en la etapa 1, esto es: ficha con datos de caracterización nacional de niños, niñas y adolescentes , Observaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado de Chile del año 2022, y síntesis de las principales opiniones de niños, niñas y adolescentes provenientes de las fases del proceso participativo. Como resultado de esta jornada, además de validar y complementar la teoría de cambio propuesta por la Subsecretaría de la Niñez, se priorizaron las problemáticas que afectan a los NNA en el ejercicio de sus derechos.

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(7) Ver anexo N° 3 sobre listado de participantes Jornada "Principios, enfoque y perspectivas", 1 de agosto 2023.

(8) Ver anexo N°4 sobre listado de participantes Jornada "Análisis de la situación de la niñez y adolescencia", 19 y 20 de diciembre 2023.

(9) Corresponde a un proceso de conversación, análisis y reflexión entre un grupo de personas en base a un conjunto de preguntas con el objetivo de generar acuerdos y/o caminos de acción creativos e innovadores.

    Etapa 4: Definición de compromisos intersectoriales

    Para la definición de los compromisos intersectoriales se realizó una jornada de trabajo en la que participaron 74 personas (10) , la cual se inició con la presentación acerca de qué implica la intersectorialidad en las políticas públicas y la explicitación de los criterios que debiesen cumplir las acciones comprometidas para que fueran parte de la Política y su Plan de Acción.

    Luego, las instituciones se organizaron en grupos para analizar los 10 objetivos estratégicos priorizados en la etapa anterior. Nuevamente se utilizó la metodología de café mundial y se puso a disposición como material de apoyo la identificación de los derechos vinculados a cada objetivo estratégico, sus causas, las áreas o materias en que se desagrega el objetivo, una síntesis de las opiniones de los niños, niñas y adolescentes, la oferta programática vigente según objetivo estratégico y los compromisos internacionales vinculados (Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado de Chile de 2022 y Agenda 2030).

    La jornada concluyó con un primer levantamiento de compromisos intersectoriales, los que posteriormente se complementaron por medio de una matriz enviada por correo electrónico al punto focal de cada institución elaborada por la Subsecretaría de la Niñez, en donde se solicitó precisar la acción comprometida, el plazo de ejecución (corto, mediano y largo), instituciones responsables, curso de vida al que se dirige la acción, si se destina a un grupo que requiere de protección reforzada y si la acción ya es parte de alguna Política o Plan de Acción vigente vinculada con niños, niñas y adolescentes. Asimismo, para la definición de compromisos, se realizaron reuniones bilaterales con cada institución, participando en estas instancias 109 personas del sector público.

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(10) Ver anexo N° 5 sobre listado de participantes Jornada "Compromisos intersectoriales", 1 de agosto 2023.

    Etapa 5: definición de metas y sus indicadores

    Durante la etapa de construcción de metas y sus indicadores, se organizó un taller con la participación de expertos en medición del PNUD, Unicef y una especialista externa de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En este espacio de trabajo conjunto con la Subsecretaría de la Niñez se presentó la matriz de indicadores diseñada para alinearse con los 10 objetivos estratégicos que han sido priorizados para la Política Nacional. Este esfuerzo colaborativo buscó asegurar una medición precisa y eficaz del progreso y el impacto de la Política Nacional en el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.

    La definición de los indicadores se realizó siguiendo criterios que incluyen el rango etario de la población objetivo, la vinculación directa con cada uno de los objetivos estratégicos establecidos, la urgencia de abordar cada aspecto, la disponibilidad y accesibilidad de los datos, la periodicidad con la que estos datos pueden ser recolectados y actualizados, y la capacidad de comparar los resultados a través del tiempo con otros sistemas internacionales. Esta metodología garantiza que los indicadores sean no solo relevantes y específicos, sino también factibles y útiles para monitorear avances y realizar ajustes oportunos en la Política Nacional en el monitoreo anual y la evaluación cada tres años, tal como lo exige la Ley de Garantías en sus artículos 82 y 83.

    La propuesta de metas e indicadores fue compartida con la Mesa Técnica Interinstitucional para su validación, diferenciando indicadores relevantes que permiten el monitoreo de las áreas o materias de cada objetivo estratégico e indicadores clave, que son un subconjunto de los anteriores pero que se seleccionan para, a partir de ellos, formular una propuesta de meta a ser cumplida al año 2032.

    Luego de las etapas mencionadas, se dio inicio al proceso de aprobación de la Política y su Plan de Acción, a través de la Mesa de Articulación Interinstitucional Nacional, instancia en la que participan Subsecretarios/as y Jefes/as de Servicios, a quienes se les solicitaron comentarios de la propuesta de Política y Plan de Acción. Posteriormente, se compartió el borrador del documento con los gabinetes ministeriales de los Ministerios convocados al Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, para finalmente ser sancionado por dicho Comité.

    Esquema 1. Etapas del proceso de construcción de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032

    Fuente: Subsecretaría de la Niñez, 2024.

    III. Diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia en Chile

    Los cambios normativos e institucionales, así como los distintos fenómenos sociales, económicos y sanitarios que han ocurrido en Chile desde la aprobación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025, han impactado significativamente a la población chilena, afectando de manera especial a NNA.

    Durante este periodo se destaca la crisis social de 2019, marcada por la demanda de derechos sociales y el ciclo de procesos constituyentes; la crisis de salud por COVID-19, que limitó severamente el acceso de niños, niñas y adolescentes a la educación y espacios de socialización; y la crisis migratoria, que subrayó la necesidad de políticas públicas que atiendan de manera integral y no discriminatoria a personas migrantes. Además, el fenómeno de la violencia en diversos contextos (entorno educativo, barrio, familia), los conflictos territoriales y desafíos socioambientales, han puesto de relieve las múltiples dimensiones de vulnerabilidad que enfrentan cotidianamente los niños, niñas y adolescentes.

    Estos escenarios complejos han exigido una respuesta estatal pertinente y de calidad para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, evidenciando la importancia de adaptar las políticas públicas a las realidades cambiantes. La situación de grupos que requieren de protección reforzada ha revelado brechas significativas en la protección de sus derechos, demandando una atención focalizada y diferenciada por parte del Estado para asegurar su bienestar y desarrollo integral.

    En línea con las consideraciones previas, las más recientes Observaciones del Comité sobre los Derechos del Niño (CRC) subrayan la necesidad de que el Estado de Chile tome medidas inmediatas. El Comité destaca ciertas áreas críticas en sus Observaciones Finales sobre los informes periódicos sexto y séptimo combinados de Chile de junio de 2022 (Naciones Unidas, 2022).

    Esquema 2. Observaciones del CRC al Estado de Chile, año 2022

    Fuente: Subsecretaría de la Niñez, 2024.

    Considerando la adopción por parte de Chile de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su compromiso por implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se destaca que 13 de los 17 ODS van en línea con los objetivos estratégicos de esta Política Nacional, en tanto se relacionan estrechamente con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del país.

    Tabla 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

    Fuente: Objetivos y metas de desarrollo sostenible, Naciones Unidas, disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

    3.1. Caracterización sociodemográfica de la niñez y adolescencia

    De acuerdo con los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del año 2022 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022), en Chile viven 4.451.114 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años, equivalente al 22,4% del total de personas del país. De esta población, 50,8% son hombres y el 49,2% son mujeres. La población de niños, niñas y adolescentes ha disminuido entre 2006 y 2022 (29,2% y 22,4% respectivamente) con una baja de 6,8 puntos porcentuales.

    Respecto a la distribución de la población de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años según territorio, la región de Tarapacá presenta la mayor proporción de niños, niñas y adolescentes con un 27,7%, seguida por la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo con un 26,1% y Atacama con un 25,6%. La menor proporción de NNA se presenta en las regiones de Ñuble (20,8%), Valparaíso (21,7%) y Maule (21,8%), según datos de la Casen 2022.

    Por otra parte, al año 2023 la esperanza de vida al nacer alcanza los 81,6 años (INE, 2024a), cifra superior a la indicada a nivel general para la región de América Latina y el Caribe, que se eleva a los 75,6 años, y para el promedio de los países que integran la OCDE, que llega a 80,2 años (OCDE y Banco Mundial, 2020). Según datos de la ONU, Unicef, OMS y el Banco Mundial, la tasa de mortalidad infantil en Chile ha disminuido significativamente desde 1990: mientras en ese año morían 19 de cada mil niños menores de cinco años, para 2021 esta cifra se redujo a 7, lo que representa una disminución anual promedio del 3,3%.(11)

    Una mayor esperanza de vida, especialmente cuando se combina con tasas bajas de natalidad, conduce a un aumento de la proporción de personas mayores en la población. En Chile, la tasa de natalidad ha disminuido constantemente cada año, cayendo de 13,6 en 2015 a 9,0 en 2021, lo que representa una reducción total de 4,6 nacimientos por 1.000 habitantes en siete años (DEIS, MINSAL, serie histórica). Esto resulta en una disminución de la tasa de recambio poblacional, es decir, una menor proporción de niños, niñas y adolescentes respecto a la población total, profundizando una transición demográfica hacia una población envejecida.

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(11)  Estimaciones elaboradas por el Grupo Interinstitucional para las Estimaciones sobre Mortalidad Infantil de las Naciones Unidas (Unicef, OMS, Banco Mundial, División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas) en childmortality.org. La proyección de los datos proviene de las previsiones demográficas mundiales de la División de Población de las Naciones Unidas; en algunos casos, es posible que no sean congruentes con los datos anteriores al año actual, disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.DYN.MORT?locations=CL

    Tabla 6. Tasa de natalidad por cada 1.000 nacidos vivos

    Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS

    La población de niños, niñas y adolescentes, al igual que la población general, está concentrada predominantemente en zonas urbanas. El porcentaje de NNA que residen en estas áreas ha aumentado desde un 87,9% en 2015 a un 89,3% en 2022, en relación con la población total de 0 a 17 años. Este aumento ha ocurrido a expensas de las áreas rurales, donde la proporción de este grupo ha disminuido. Las regiones con mayor proporción de NNA según zona urbana son las de Antofagasta (96,7%) y Metropolitana (96,3%). Por otra parte, las regiones con mayores porcentajes de NNA en zonas rurales son las de La Araucanía (28,6%) y Ñuble (27,9%) según los datos de la Casen 2022.

    En relación con los tramos de edad, la mayor parte de la población de personas menores de 18 años se encuentra entre los 6 y los 13 años (46,6%), seguido por adolescentes entre 14 y 17 años, quienes representan un 21,8%, mientras que los niños de 0 a 3 años corresponden a un 20,1%. En menor cantidad figuran los niños y niñas entre 4 y 5 años, con un 11,5%.

    Fuente: Casen, 2022

    3.2. Hogares con niños, niñas y adolescentes

    A partir de la encuesta Casen del año 2022 es posible caracterizar los hogares con NNA. El porcentaje de hogares con niñas, niños y adolescentes también ha disminuido en el tiempo, pasando de un 59,2% en 2006 a un 39,8% en 2022. El número promedio de NNA por hogar es de 1,6.

    Las regiones con mayores porcentajes de hogares con NNA son Tarapacá (48,5%), Antofagasta (44,2%) y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (42,7%), todas ellas con una diferencia aproximada de 2,4 puntos porcentuales por sobre el porcentaje nacional (39,7%). En contraste, los porcentajes más bajos de hogares con NNA se encuentran en las regiones de Magallanes y de la Antártica Chilena (36,3%), Ñuble, (36,7%) y Maule (38,1%).

    En cuanto a la estructura familiar de los hogares que incluyen niños, niñas y adolescentes, esta es diversa, aunque sigue predominando la familia nuclear biparental (56,3%), seguida por el tipo nuclear monoparental (20,7%). Destaca igualmente la composición familiar extensa, conformada por la biparental extensa (12,1%) y la monoparental extensa (10,9%), que en conjunto alcanzan un 23%.

    En lo que respecta a la jefatura de estos hogares, del total de hogares con niños, niñas y adolescentes, son mayoritariamente las mujeres quienes ocupan el rol de cabeza de familia, representando el 54,5% del total. Según la distribución regional, la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo presenta el mayor porcentaje de hogares con NNA bajo jefatura femenina, alcanzando un 63,8%, mientras que la región de Coquimbo exhibe el menor (51,4%).

    Así también, los hogares con NNA con jefaturas femeninas se encuentran en mayor proporción en pobreza multidimensional que las jefaturas de hogar masculinas: 17,4% y 15%, respectivamente.

    3.3. Caracterización de los niños, niñas y adolescentes que requieren de protección reforzada

    Algunos grupos de niñas, niños y adolescentes requieren, además, de una mirada específica, en tanto sus necesidades de protección reforzada son particulares. Se trata de aquellos grupos de la población de NNA que no pueden ejercer sus derechos (12) en condiciones de igualdad de oportunidades, lo que impide que estos puedan desarrollar al máximo sus potencialidades y su bienestar, es decir, la posibilidad de vivir una vida plena e integral.

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(12)  Estos derechos pueden ser políticos, civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales.

    De esta forma, son grupos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de desventaja, pues se ven enfrentados a discriminaciones y exclusiones particularmente complejas y de larga data, que van más allá de los ingresos económicos, y suelen estar vinculadas a aspectos socioculturales, identitarios, territoriales, y a la privación y vulneración sistemática de sus derechos humanos (13)(14). Entre ellos figuran los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a pueblos indígenas, quienes están en situación de discapacidad, son parte de la comunidad LGBTIQ+, están en una situación migratoria precaria y estigmatizada, los NNA que se encuentran bajo protección del Estado, están en conflicto con la ley penal, aquellos que viven en situación de pobreza, están en situación de calle, y quienes viven en campamentos.

    Para respetar, proteger y asegurar los derechos humanos de estos grupos de la población de NNA, es necesario que el Estado adopte medidas que den respuesta de manera oportuna y pertinente a estas situaciones de discriminación y exclusión. Para ello es necesario la promulgación de leyes, la implementación de políticas y programas públicos, y la aplicación de medidas de justicia para la restauración de los derechos humanos que han sido privados y vulnerados, así como para la reparación de los daños que dichas privaciones y vulneraciones han provocado en el desarrollo y bienestar de niñas, niños y adolescentes. (15)

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(13)  Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

(14)  PNUD (2016). Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso. USA: New York.

(15)  Unicef Chile (2020). Nota Técnica sobre los Sistemas de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco de la discusión del Proyecto de Ley que establece un Sistema de Garantía de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Chile.

    Niñez y adolescencia indígena

    Según la encuesta Casen de 2022, la población de NNA que se identifica como parte de un pueblo indígena, tribal o afrodescendiente, representa el 13,3%, aumentando su porcentaje respecto a la medición del año 2015 (12%). Las regiones con mayores porcentajes de NNA que declaran pertenecer a un pueblo indígena son La Araucanía (42%), Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (40,2%) y Arica y Parinacota (37,3%). En contraposición, las regiones con menores porcentajes de NNA que declaran pertenecer a un pueblo indígena son Maule (4,2%), Ñuble (4,2%) y Valparaíso (5%). La población de NNA que se identifica con el pueblo Mapuche constituye el 78% del total de NNA pertenecientes a los pueblos originarios. Los pueblos originarios como los Yámana o Yagán, Kawashkar o Alacalufes, y Rapa-Nui o Pascuenses, tienen la menor representación en términos de NNA, cada uno con solo el 0,1% del total.

    Niñez y adolescencia migrante

    Chile ha experimentado una importante ola migratoria en los últimos años. Según la encuesta Casen 2022, esto ha implicado que la población migrante de niños, niñas y adolescentes pase de 1,8% en 2015 a 6,7% en el año 2022, lo que significa un aumento de 4,9 puntos porcentuales. Los territorios de mayor prevalencia de la población migrante de NNA son las regiones de Tarapacá (11,6%) y la Metropolitana (10,1%), mientras que las regiones con menor población de NNA migrante son las de La Araucanía (0,8%) y Los Ríos (0,9%).

    Según el Informe de Diálogos Participativos elaborado por el Servicio Nacional de Migraciones (2024), que se centró en niños, niñas y adolescentes, entre los principales temas tratados se encuentran las dificultades emocionales y burocráticas que enfrentan los migrantes al llegar a Chile, tales como el miedo, la inseguridad, y la exclusión social. Se destaca la falta de redes de apoyo y los desafíos adicionales para aquellos que llegan sin recursos económicos o enfrentan barreras burocráticas en la regularización de su estatus migratorio.

    Las propuestas surgidas de estos diálogos sugieren la necesidad de una educación inclusiva y la eliminación de violencias y prejuicios dentro de las escuelas. Los NNA participantes abogan por políticas que fomenten la sensibilización intercultural y la participación equitativa en la sociedad chilena. Al respecto, en palabras de NNA migrantes "Hay personas que no les afecta y son indiferentes, pero hay personas que sí... A mi hermanito le hacían bullying en el colegio por ser venezolano y eso le causó una depresión. Entonces, hay que tomar conciencia" (Servicio Nacional de Migraciones, 2024, p. 4).

    Además, enfatizan la importancia de agilizar los procesos burocráticos y proporcionar un acceso más justo a los servicios públicos, incluyendo la salud y la educación, tanto para ellos como para sus familias, resaltando la relevancia de superar las barreras idiomáticas y promover una mayor inclusión en todos los aspectos de la vida pública.

    Niñez y adolescencia con discapacidad

    La Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (Endide) 2022 del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2023) indica que el 14,7% de las personas entre 2 y 17 años presenta una situación de discapacidad, observándose levemente más alta en hombres (15,1%) que en mujeres (14,3%). El 57% de este grupo declara que ha tenido problemas para acceder a atenciones o consultas médicas en los últimos 12 meses en comparación al 36,4% de personas sin discapacidad.

    En el ámbito escolar, según Endide, la tasa neta de asistencia en educación básica de niños, niñas y adolescentes de 6 a 13 años es del 92,9%, siendo ligeramente inferior que el promedio del total de estudiantes con o sin discapacidad de este tramo etario (95,9%). Con respecto a la tasa de asistencia de adolescentes entre 14 y 17 años, es de 81,2%, también ligeramente más baja que el promedio de estudiantes con o sin discapacidad de ese mismo grupo de edad (86,2%). Si bien no hay diferencias de gran magnitud, son brechas que se deben acortar.

    Entre los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 18,7% requiere más ayuda en forma de recursos especializados. De estos, el 12,8% necesita acceder a dispositivos de apoyo que actualmente no utiliza, como sillas de ruedas o aparatos auditivos, mientras que el 5,9% ya utiliza algunos dispositivos, pero necesita otros adicionales para mejorar su calidad de vida (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023).

    Niñez y adolescencia en programas de protección especializada

    En relación con los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE) a través del Sistema Informático (SIS), la atención brindada a niñas, niños y adolescentes durante el mes de agosto de 2023 fue de un total de 126.085 niños, niñas y adolescentes atendidos en uno o más programas de protección, mientras que 13.878 ingresaron(16) a uno o más de estos programas. Al 31 de agosto de 2023, 117.686 niños, niñas y adolescentes estaban vigentes(17) en alguno de los proyectos de la red. (18)

    En relación con la distribución según línea de acción, durante el mismo periodo, las atenciones en programas de atención ambulatoria de reparación concentran la mayor cantidad con un 66,4% (83.702) de niños, niñas y adolescentes atendidos. Le siguen los NNA en Oficinas de Protección de Derechos, con un 24,8% (31.328), para continuar con los atendidos en cuidado alternativo, estos/as últimos se concentran mayoritariamente en Programas de Familias de Acogida (FAE), con un 6,9% (8.720), seguido por NNA en programas de diagnóstico, con un 5,0% (6.290). Posteriormente, se encuentran los niños, niñas y adolescentes en programas de cuidado alternativo residencial, que llegan a un 3,7% (4.725).(19)

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(16)  Corresponde a niños, niñas y adolescentes que fueron atendidos al menos un día durante el mes, incluyendo aquellos que pudiesen haber ingresado en meses anteriores.

(17)  Corresponde a niños, niñas y adolescentes que han ingreso durante el mes a uno o más programas de protección.

(18)  Corresponde a niños, niñas y adolescentes que estaban siendo atendidos al 31 de agosto del año 2023.

(19)  Los porcentajes no suman un total de 100% debido a que un niño, niña o adolescente puede ser atendido en uno o más programas de protección.

    En lo concerniente a la distribución territorial, las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío concentran el número más alto de niños, niñas y adolescentes atendidos en los programas de la red de protección especializada durante agosto de 2023, con el 31,9%, 12,5% y 9,3% de los casos, respectivamente.

    Por otra parte, la información proporcionada por el Servicio Nacional de Menores (Sename) a través de Senainfo sobre adolescentes atendidos en programas de justicia juvenil, da cuenta que del total de 4.345 atendidos para el año 2023, la mayoría (78,8%) pertenece al grupo de edad de 16 a 17 años.

    Los Organismos Colaboradores Acreditados de Sename (OCAS) atendieron 1.970 adolescentes bajo el régimen de medio libre con medidas no punitivas, de los cuales un 74,4% estaban en el grupo de 16 a 17 años y 25,6% en el grupo de edad 14 a 15 años. Por otra parte, de las 895 personas bajo sanción (medidas punitivas), un 87,9% corresponde al grupo de 16 a 17 años, mientras que un 12,4% a adolescentes entre 14 y 15 años.

    En el caso de los/as adolescentes atendidos por la administración de Sename bajo el régimen de privación de libertad, 1.312 de ellos/as estaban a causa de medidas cautelares; de este total, un 78% pertenece al grupo de 16 a 17 años. En tanto, 168 individuos se encontraban cumpliendo sanciones privativas de libertad; de ellos/as, un 89,3% también forma parte del tramo de 16 a 17 años, lo que refuerza la tendencia observada en OCAS.

    Niñez y adolescencia en campamentos

    En Chile, la situación de niñas, niños y adolescentes en campamentos presenta desafíos significativos, dado que las condiciones precarias en las que viven afectan su bienestar físico, emocional y social. En relación con la distribución regional de NNA en campamentos, según el Catastro de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 2022, existían 46.342 niñas, niños y adolescentes viviendo en esta situación, siendo las regiones Metropolitana (23,4%), de Valparaíso (20%) y Tarapacá (18,5%) los territorios con mayor presencia de NNA (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2022).

    La falta de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento, así como dificultades de acceso a la educación, la exposición a la violencia y la delincuencia, son preocupaciones urgentes que requieren atención integral por parte del Estado y la sociedad civil.

    Niñez y adolescencia en situación de calle

    En cuanto a niñas, niños y adolescentes en situación de calle en Chile, la realidad es igualmente desafiante. Según el conteo nacional y caracterización de niños, niñas y adolescentes en situación de calle 2018 realizado por el Ministerio de Desarrollo Social Familia y Niñez y referenciado por la Defensoría de la Niñez (2022a), 547 NNA viven en situación de calle. Además, 174 se encuentran en esta situación con sus familias. Esta realidad los expone a riesgos graves como el abuso, la explotación laboral y la falta de acceso a servicios básicos y cuidado adecuado. Es fundamental implementar políticas y programas efectivos de prevención, protección y reinserción social para abordar esta problemática de manera integral y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en esta situación. En el año 2020 la Defensoría de la Niñez (2022a) dio cuenta de 649 niñas, niños y adolescentes que ingresaron a programas de protección de derechos por encontrarse en situación de calle.

    Niñez y adolescencia en explotación sexual

    En el contexto de viajes y turismo, la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) es una preocupación global, que también está presente en Chile. Según la Defensoría de la Niñez (2024a), entre los años 2022 y 2023 un total de 2.184 niñas, niños y adolescentes habrían sido víctimas de ESNNA. La industria del turismo puede aumentar la vulnerabilidad de los NNA a ser víctimas de explotación sexual, especialmente en áreas turísticas y fronterizas. Es fundamental fortalecer la legislación y las políticas de prevención, así como mejorar la capacidad de identificación y atención a las víctimas, involucrando a diversos actores como el gobierno, la industria turística y la sociedad civil, para combatir este grave problema y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en Chile.

    Por otra parte, la Defensoría de la Niñez (2024a) a través de datos del Ministerio Público, revela que el 64% de las víctimas de ESNNA tienen entre 14 y 17 años y un 86% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. En cuanto a la ESNNA digital, el 51% de las víctimas son menores de 13 años, y en términos de género, el 83% de las víctimas son mujeres. "Las regiones con tasas más altas que el resultado nacional son las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, O'Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y de la Antártica Chilena. De particular gravedad es la situación de la región de Magallanes la cual registra un total de 294 víctimas por cada 100.000 personas" (Defensoría de la Niñez, 2024a, p. 5).

    Niñez y adolescencia de diversidades sexo-genéricas

    Finalmente, respecto a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las diversidades sexo-genéricas, existe una brecha en la recolección de datos y estadísticas que permitan tener un panorama completo sobre las problemáticas que enfrenta este grupo. La capacidad del Estado para recolectar datos propios, suficientes y representativos sobre esta población aún está pendiente. Actualmente, la principal fuente de información es la Encuesta Nacional de Juventudes del INJUV, que incluye participantes a partir de los 15 años. Esto subraya la necesidad de ampliar y diversificar las herramientas de recolección de información para abarcar un rango de edad más amplio y ofrecer una visión más completa.

    Según el estudio de Opinión de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría de la Niñez (2020) que registra datos del año 2019, aquellos NNA pertenecientes a la diversidad sexual consideran, dentro de los derechos más importantes, el derecho a la igualdad y a no ser discriminados (46,4% frente a un 34% de la opinión de niños, niñas y adolescentes heterosexuales), lo que puede relacionarse con las mismas necesidades de protección que experimentan, dado que, por sus orientaciones sexuales o identidades de género, pueden verse coartados o invisibilizados por otras personas.

    De acuerdo con el mismo estudio, las vulneraciones hacia este grupo de la población de niños, niñas y adolescentes impactan directamente en su salud mental. Según sus opiniones, las principales afectaciones tienen relación con problemas psicológicos y depresivos (30,8%).

    3.4. Principales problemáticas que viven los niños, niñas y adolescentes en Chile

    Durante la última década, Chile ha vivido transformaciones importantes en los ámbitos social, político, ambiental y sanitario. Estos cambios, junto con la falta de un reconocimiento constitucional de los derechos de niños, niñas y adolescentes, han configurado la situación actual de este segmento de la población en el país.

    De la consulta ciudadana La Fuerza de tus Derechos, una de las principales preocupaciones es el ejercicio del derecho a la participación, expresado principalmente por adolescentes que fueron parte del proceso. A pesar de los avances en la creación de instancias institucionales para la participación de niños, niñas y adolescentes, se destaca la necesidad de transformar estos espacios en plataformas efectivas y vinculantes, con el fin de enfrentar el desinterés que los NNA tienen en este ámbito.

    En efecto, según la 10ª Encuesta Nacional de Juventudes del Instituto Nacional de la Juventud (2022) para el año 2022, solo un 14,7% de adolescentes entre 15 y 17 años participa en un centro de estudiantes o federación de estudiantes en el último año. Por otro lado, la encuesta Casen de 2022 muestra que el 22,5% de los adolescentes entre 12 y 17 años se ha involucrado en alguna organización o grupo organizado, notándose una diferencia de género en la participación; los hombres tienen una mayor participación (25,4%) en comparación con las mujeres (19,4%).

    En los procesos de consulta mediante La Fuerza de tus Derechos, los niños, niñas y adolescentes enfatizan la importancia de incluirlos de manera activa en los procesos de toma de decisiones, y abrir espacios para expresar sus opiniones y deseos. De manera coherente con la noción de participación como principio orientador, como derecho y como estrategia de materialización de otros derechos, la participación resulta relevante para la materialización de derechos como el derecho al desarrollo integral, al uso y el disfrute de su entorno público, a vivir en un medioambiente sano, el derecho a la información y libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

    En palabras de los propios NNA: "Se deberían dar más espacios de participación y dar a conocer que es un derecho; merecemos ser escuchados igual que todo el mundo" (NNA Los Lagos, Consulta pública), "que tomen en cuenta la opinión de los niños en la toma de decisiones" (NNA Valparaíso, Consulta pública), "que nos pregunten nuestra opinión" (NNA Los Lagos, Consulta pública), "en mi comuna de Aysén, participé en un taller donde pudimos hablar sobre lo que queremos cambiar en nuestro barrio. Fue genial porque sentí que los adultos realmente nos tomaban en serio y querían saber lo que pensábamos" (NNA Aysén, Consulta pública).

    Además, se subraya el adultocentrismo como una barrera transversal al ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia, especialmente en lo que respecta a ser escuchados y considerados como sujetos de derecho.

    Los problemas relacionados con la situación alimentaria de niñas, niños y adolescentes en Chile han sido destacados como preocupantes por la Estrategia para detener la aceleración del sobrepeso y obesidad en la niñez y adolescencia 2023-2030, desarrollada por el Ministerio de Salud (2024). Según los datos del año 2022 proporcionados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS, Minsal, 2022), el 22,4% de los niños y niñas menores de 6 años atendidos en el sistema público de salud han sido diagnosticados con sobrepeso y el 14,1% con obesidad. En términos de distribución territorial, las regiones de las zonas centro-sur y sur del país, incluyendo Ñuble, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, presentan las mayores prevalencias de sobrepeso y obesidad en este grupo etario.

    Según el mapa nutricional de JUNAEB del año 2022 (Ministerio de Educación, 2023), sobre la mitad del estudiantado escolar tiene un peso fuera del esperado para su edad y altura. El 26,2% presenta obesidad total (17,9% obesidad y 8,3% obesidad severa) y el 26,8% sobrepeso. El 5to básico es el nivel educativo en que se agrupa la mayor tasa de obesidad (35,6%) y la mayor malnutrición por exceso (65,8%).

    Según antecedentes proporcionados por la Estrategia para detener la aceleración del sobrepeso y obesidad en la niñez y adolescencia 2023-2030, el perfil alimentario y nutricional en Chile ha experimentado variaciones en los últimos años hacia patrones de alimentación poco saludables. Sin embargo, la tendencia predominante sigue siendo una dieta con factores de riesgo, caracterizada por el consumo de alimentos industrializados y comidas preparadas fuera del hogar. Esta situación se refleja en una mala calidad de la alimentación en la población.

    En la consulta ciudadana La Fuerza de tus Derechos se le preguntó a quienes cuidan respecto de apoyos y entornos que son necesarios para un mejor cuidado de niños, niñas y adolescentes, ofreciendo alternativas de respuesta y solicitando que seleccionaran las tres más importantes. En esta materia, un 23,7% de los adultos responsables al cuidado de NNA, mencionan necesitar apoyo tanto en la disponibilidad de alimentos saludables, como en programas de alimentación escolar y acceso a información sobre nutrición.

    En los talleres regionales, las autoridades de distintas regiones también expresaron preocupación por diversas problemáticas alimentarias. Específicamente, en Tarapacá se resaltó la desnutrición vinculada a dificultades en el acceso al sistema escolar, en La Araucanía se señaló la carencia de acceso a alimentos saludables y a oportunidades de actividad física, mientras que en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena se identificó la malnutrición por exceso, atribuida a la escasez de alimentos frescos en la región.

    Respecto de la salud mental, organizaciones de la sociedad civil y autoridades regionales de todo el país destacan este ámbito como uno de los derechos menos satisfechos y un fenómeno al alza, identificando a la pandemia de COVID-19 como un hito desencadenante.

    Durante la consulta ciudadana La Fuerza de tus Derechos, el 53,5% de los niños, niñas y adolescentes reconocieron que dentro de los principales desafíos que enfrentan están los problemas de salud mental, incluyendo los relacionados con alcohol y drogas. Además, el 45,2% de los/as cuidadores/as destacó la importancia del apoyo emocional y la salud mental para la crianza de NNA, considerando en este ámbito la terapia familiar y el apoyo psicológico.

    En los diálogos regionales, adultos de diversas áreas subrayaron las dificultades de acceso a servicios especializados y oportunos como el principal obstáculo para el manejo y prevención de problemas de salud mental. Por ejemplo, en Atacama, la dispersión geográfica limita el acceso a servicios esenciales, mientras que, en regiones como O'Higgins, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, se reporta una escasez de especialistas en salud mental pediátrica. En esta misma línea, la mayoría de las regiones que han conformado la Mesa de Articulación Interinstitucional Regional priorizan esta problemática.

    Los niños, niñas y adolescentes, por su parte, expresan un deseo urgente de más atención psicológica, reflejando la profunda afectación mental que existe en sus comunidades. "Me gustaría que se enfocaran más en la psicología porque veo que muchos en mi comunidad están afectados mentalmente, en todos los lugares, como la escuela, el hogar y espacios públicos. No estamos suficientemente protegidos y esperamos años por atención médica en salud mental, lo que lleva a más casos de suicidio" (NNA, Los Lagos).

    Según datos de la 10ª Encuesta Nacional de Juventudes del Instituto Nacional de la Juventud (2022), el 27,4% de la población entre 15 y 17 años declaró haber "sentido que sería mejor estar muerto o que ha pensado hacerse daño de alguna manera". Además, un 13,7% de los y las adolescentes en este rango de edad indicó estar en tratamiento psicológico o farmacológico por problemas de salud mental. Paralelamente, cifras del Ministerio de Salud de 2019 en Unicef Chile (2022) muestran que el 5,1% del total de suicidios en Chile corresponde a niños, niñas y adolescentes.

    En términos familiares, la pobreza emerge como un desafío multidimensional, afectando de manera diferenciada a los hogares con niños, niñas y adolescentes. La crisis sanitaria global ha contribuido a un aumento de la pobreza monetaria, complicando aún más las condiciones de habitabilidad y el bienestar integral de este grupo. Cabe destacar que en los hogares con pobreza multidimensional o monetaria hay mayor presencia de NNA que en aquellos sin pobreza.

    Según los resultados de la encuesta Casen para el año 2022, los hogares que cuentan con niñas, niños y/o adolescentes presentan una incidencia de pobreza monetaria del 8,9%, cifra que es más del doble en comparación con el 3,5% de pobreza monetaria registrada en el total de hogares sin NNA. Además, la pobreza multidimensional afecta al 16,3% de estos hogares con NNA, en contraste con el 11,5% de los hogares sin presencia de niños, niñas y adolescentes, es decir, existe una diferencia de 4,8 puntos porcentuales.

    Chile aborda la pobreza y desigualdad mediante una serie de subsidios y programas de asistencia dirigidos a los hogares más vulnerables. Estos incluyen el Subsistema Seguridades y Oportunidades, que proporciona bonos; el Subsidio Único Familiar automático, el Ingreso Mínimo Garantizado para apoyar los salarios; el Aporte Familiar Permanente; el Seguro de Cesantía; además de pensiones específicas como las de Invalidez y la Pensión Garantizada Universal (PGU) que reemplazó a la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario de Vejez, y la Pensión de Sobrevivencia. Estos mecanismos buscan asegurar un ingreso mínimo y una base de protección social para las familias.

    En el caso de la vivienda, la encuesta Casen de 2022 indica que las condiciones de hacinamiento en hogares donde viven niños, niñas y adolescentes es de un 10,5% y el porcentaje de hogares en situación de allegamiento externo con presencia de personas entre 0 a 17 años es de 2,3%, mientras que el allegamiento interno es de un 23%.

    También, niños, niñas y adolescentes opinan acerca de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, la disponibilidad de servicios básicos y el modo en que estos factores resguardan el bienestar de las personas. En palabras de los NNA, "que fuese de excelente calidad, que no hubiera tanta diferencia entre los más privilegiados y la clase baja" (NNA Valparaíso, La Fuerza de tus Derechos), "que todos los niños tengan su casa para que no pasen frío, estén con su mamá y si pueden con su papá" (NNA, Valparaíso, La Fuerza de tus Derechos), "entregando más ayuda a los niños y sus familias para poder tener los servicios básicos en la casa" (NNA La Araucanía, La Fuerza de tus Derechos).

    A nivel comunitario, el fenómeno global de crisis ambiental, el cambio climático y los riesgos de desastres naturales han afectado a ciertas regiones del país. Al respecto, la Encuesta Casen del año 2022 indica que el 60,6% de los hogares con niños, niñas y adolescentes han estado expuestos con frecuencia a, al menos, dos tipos de problemas de contaminación ambiental.(20)

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(20)  El indicador de la encuesta Casen mide la exposición a diferentes tipos de contaminación como: i) contaminación acústica, ii) contaminación del aire y/o malos olores, iii) contaminación de canales y ríos, iv) contaminación del agua proveniente

de la red pública, v) contaminación visual, vi) acumulación de basura en las calles, y vii) plagas de insectos, animales peligrosos o abandonados.

    De acuerdo con el Octavo Reporte del Estado del Medio Ambiente del Ministerio del Medio Ambiente (2023), más de 11 millones de personas en Chile residen en zonas afectadas por alta concentración de material particulado fino, lo que ha generado un incremento en las alertas ambientales, preemergencias y emergencias.

    Durante los años 2019 a 2021, más de la mitad de las estaciones de monitoreo en el país que son representativas de la población, midieron niveles promedio de partículas finas en el aire, conocidas como MP2,5, que excedieron el límite considerado seguro (20 microgramos por metro cúbico) según los estándares de calidad del aire. Las estaciones de monitoreo en el sur del país mostraron las concentraciones más altas de estas partículas, y se identifica la quema de leña en los hogares como la principal causa de esta contaminación. Coyhaique y Padre Las Casas fueron las ciudades con los niveles más elevados registrados, con 39 y 37 microgramos por metro cúbico, respectivamente.

    De acuerdo con el mismo reporte, en el año 2021 las regiones del país que presentaron las mayores emisiones de dióxido de azufre desde termoeléctricas fueron las de Antofagasta, Metropolitana, Biobío y Atacama. Respecto a la contaminación del agua, un 87% de las emisiones correspondieron a vertidos al océano, mientras que un 13% a aguas continentales. Las regiones con mayor cantidad de emisiones al océano fueron Atacama, Antofagasta y Valparaíso, mientras que aquellas con mayores emisiones a cuerpos de agua continentales, correspondieron a las regiones de Aysén, Los Lagos y Metropolitana (Ministerio del Medio Ambiente, 2023).

    Los niños, niñas y adolescentes mencionan que les " gustaría que se cumpliera a través de más fiscalizaciones y controles ambientales, además de sanciones estrictas y duras (...) Que las personas no tiren la basura al piso y que sea obligatorio solo tirarlos en basureros" (NNA Biobío, La Fuerza de tus Derechos), y "enseñar sobre las consecuencias de lo que pasaría si no se cuida el medio ambiente, por ejemplo, enseñando a reciclar y botar basura adecuadamente. Enseñar a no acumular basura, enseñar a reciclar" (NNA Coquimbo, La Fuerza de tus Derechos).

    En el ámbito educativo, si bien Chile cuenta con altas tasas de escolaridad, en los diálogos regionales con instituciones del Estado se relevó la dificultad de la permanencia de NNA dentro del sistema educativo. La crisis sanitaria de COVID-19 exacerbó problemas preexistentes, tales como la exclusión escolar y el aumento de la inasistencia, afectando de manera desigual a las zonas rurales.

    De acuerdo con los registros administrativos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, para el año 2021, la tasa de cobertura neta, que señala el porcentaje de alumnos matriculados en relación con los que corresponden a cada nivel educativo, presentó una cobertura del 53,2% en educación parvularia, lo que sugiere una significativa cantidad de niños/as en edad preescolar que no están recibiendo educación formal. Por otro lado, la educación básica mostró una cobertura mucho más alta, del 94,6%, indicando una mejor inclusión en los años obligatorios de la enseñanza. Aun así, la educación media experimenta una disminución con una tasa de cobertura del 86,2%, destacando el desafío de retener a los y las adolescentes dentro del sistema educativo.

    En términos de rendimiento académico, indicadores, tales como el porcentaje sobre el nivel mínimo en pruebas estandarizadas como SIMCE, dan cuenta de la calidad de los aprendizajes. En 2022, solo el 18% de los estudiantes de cuarto básico alcanzó un nivel adecuado en matemáticas, mientras que, en segundo medio, la cifra disminuyó al 15%. Se observa una situación ligeramente mejor en lenguaje, con un 40% de los estudiantes de cuarto básico en un nivel adecuado, aunque esta proporción cae al 18% en segundo medio.

    Estos números hablan de la necesidad de fortalecer las estrategias educativas para mejorar la comprensión y habilidades en estas áreas clave. Además, aspectos como la inclusión y el bienestar emocional son subrayados por el 72% de adolescentes de 15 años que sienten que pertenecen a su colegio, un indicador positivo que refleja la importancia del ambiente escolar en la educación integral del estudiante (PISA, 2022).

    Por otro lado, las niñas, niños y adolescentes tanto en los procesos de diálogos regionales como en las instancias de participación grupal de Oficinas Locales de la Niñez (OLN), resaltan el bullying como una preocupación y problemática frecuente en sus vidas, lo que evidencia la necesidad de abordar esta problemática en los entornos educativos.

    Por su parte, tanto en los diálogos con personas adultas como en el estudio Análisis de la oferta de servicios y prestaciones dirigidas a garantizar derechos de la niñez y adolescencia en el país (Centro de Estudios Justicia y Sociedad, 2023), se indica como una debilidad la falta de disponibilidad de oferta adecuada que promueva un cambio cultural en los espacios escolares.

    Una de las principales preocupaciones de las Mesas de Articulación Interinstitucional Regional (MAIR) en materia de niñez y adolescencia de las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, es la dificultad de acceso y permanencia en el sistema escolar. Este problema se observa especialmente en el sector rural, y se acompaña de la preocupación por la violencia en los establecimientos educativos.

    En materia de elementos del entorno que los/as cuidadores/as consideran necesarios para garantizar el bienestar de NNA que tienen a su cargo, más de la mitad de las personas (58,6%) que respondieron la encuesta en La Fuerza de tus Derechos mencionan el acceso a escuelas de calidad, que incluyan infraestructura adecuada, profesores cualificados, entre otras condiciones.

    Respecto al derecho al esparcimiento y recreación de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con los resultados para el año 2017 de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) desarrollada por el Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2017), el 94% de las niñas, niños y adolescentes encuestados afirmaron disfrutar mucho o tener interés en realizar actividad física. Sin embargo, la misma encuesta informa que solo un 46,7% de los NNA realiza actividad física al menos 3 veces por semana, situación que presenta diferencias significativas entre el quintil de mayores ingresos de la población y el más pobre (57,8% y 44,3% respectivamente). Adicionalmente, mediante los diálogos regionales con niñas, niños y adolescentes se releva la escasa presencia de actividades y espacios de recreación como una de las principales problemáticas que enfrenta este grupo.

    Por su parte, los/as cuidadores/as señalan la necesidad de soporte para mayor seguridad en los barrios (58%), lo que se traduce, por ejemplo, en más presencia policial, cámaras de seguridad y tecnología de vigilancia e iluminación en las calles. En segundo lugar, se posiciona el acceso a áreas verdes, como parques y plazas (46,3%) (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2017).

    En el marco de la conformación de las Mesas de Articulación Interinstitucional Regional, la región de Magallanes y de la Antártica Chilena destaca específicamente la falta de espacios culturales, deportivos y recreativos como una de sus principales preocupaciones. Otras regiones también señalan la necesidad de mejorar estos espacios, aunque dentro de un conjunto más amplio de problemáticas. En particular, la región del Biobío menciona la escasez de áreas dedicadas a la recreación y los deportes, enfatizando la importancia de diseñar estos espacios desde la perspectiva de los propios niños, niñas y adolescentes. Asimismo, en la región de Los Lagos se resalta la falta de espacios públicos y de recreación, subrayando su importancia para el desarrollo integral de la adolescencia en la región.

    En términos de seguridad, se aborda la violencia estatal y social, especialmente en el contexto del conflicto en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío de la región del Biobío, la cual actualmente se encuentra en un Estado de Excepción Constitucional sostenido. Por otra parte, durante el estallido social de 2019, el Comité de los Derechos del Niño observó al Estado de Chile la falta de enfoque de derechos en las prácticas de las fuerzas policiales y, frente a ello, recomendó el desarrollo de protocolos, orientaciones y procedimientos de las fuerzas policiales que pongan al centro el bienestar de la niñez, así como destacó la importancia de contar con mecanismos de reparación integral (Naciones Unidas, 2022).

    Respecto de la violencia experimentada por niñas, niños y adolescentes a nivel general, el informe Violencia contra la Niñez y Adolescencia en Chile, estudio de conocimiento, actitudes y prácticas (Unicef Chile, 2021) da cuenta que los NNA se encuentran expuestos a diversas formas de violencia. Un 47% de las personas que realizan de manera principal el cuidado de niñas, niños y adolescentes valoran positivamente al menos una práctica de disciplina violenta.

    Por su parte, la Encuesta ELPI del año 2017, indica que un 32,5% de los niños, niñas y adolescentes ha sufrido algún castigo físico a manos de sus cuidadores/as en el último mes y un 56,9% ha sido víctima de alguna agresión psicológica de parte de sus cuidadores/as en el mismo periodo (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2017).

    En el contexto de garantizar que niños, niñas y adolescentes disfruten de un entorno familiar que les proporcione cuidado, protección y aprendizaje, los participantes del proceso La Fuerza de tus Derechos aportaron su visión sobre qué significa el cuidado y las relaciones familiares. Las respuestas más frecuentes giraron en torno a "problemas familiares" y "abandono", destacando también la cantidad de tiempo que los NNA pasan solos en casa y la falta de atención que reciben. Este panorama concuerda con el hecho de que el 35% de los/as cuidadores/as reconoce la necesidad de flexibilidad horaria, la que perciben como uno de los principales apoyos para ofrecer un cuidado adecuado a niños, niñas y adolescentes.

    Asimismo, en los diálogos regionales con NNA se mencionan problemas asociados al cuidado inmediato, tales como la poca atención, la falta de comunicación, la mala convivencia, la poca privacidad y las malas relaciones familiares. En una menor proporción existen relatos vinculados a los temas relacionados con el cariño de cuidadores/as, apoyo y relación familiar.

    En resumen, se pone de relieve la complejidad de los desafíos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en Chile, resaltando la necesidad de un enfoque holístico e integrado que aborde estas problemáticas desde la perspectiva de los derechos humanos y el bienestar integral. La información cualitativa obtenida en los diálogos regionales con NNA es coherente con los resultados de la consulta pública.

    Las preocupaciones más recurrentes señaladas por los niños, niñas y adolescentes en los diálogos regionales se relacionan con la violencia, el bullying, la discriminación, el alcohol y las drogas, la escasa presencia de actividades y espacios de recreación y la salud mental. Los diálogos regionales con NNA identificaron ciertas diferencias en sus relatos respecto de los problemas con mayor recurrencia en cada región.

    3.5. Desafíos normativos e institucionales en el marco de la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia

    La Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia establece la obligación de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en ella consagrados, de modo efectivo y positivo, poniendo especial atención a la promoción y prevención para que los derechos no se vulneren.

    Lo anterior supone además un desafío de gran envergadura: implementar un Sistema de Garantías y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, consistente en el conjunto de políticas, normas (nacionales e internacionales) e instituciones nacionales, regionales y locales, destinadas a reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, asegurando su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social, así como reparar el daño por su eventual vulneración. (21)

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(21)  Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, artículos 1 y 57, ver en https://bcn.cl/2yieq.

    Este Sistema se destaca por tener un claro mandato de coordinación de los organismos públicos para garantizar la atención oportuna de la niñez y adolescencia, lo que supone la construcción de mecanismos efectivos para la detección temprana de amenazas de vulneración de derechos e identificación de brechas de oferta de todos los sectores pertinentes, debidamente articuladas con el proceso presupuestario regular del Estado, que deberá regirse por principios de prioridad, progresividad y no regresividad. El Sistema no será consistente con un enfoque de derechos si no asegura mecanismos efectivos de participación, tanto de la sociedad civil como de niños, niñas y adolescentes.

    Este nuevo paradigma de la protección integral, en el marco del enfoque de derechos, implica un cambio de modelo para la gestión pública de la respuesta a la niñez, con principios claros que guíen el actuar de la multiplicidad de actores involucrados; una estructura organizativa y operativa adaptada a las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Garantías; así como una institucionalidad fortalecida, nuevos métodos de trabajo y mejores mecanismos de colaboración y articulación.

    El Estado debe emplear todos los medios a su alcance para que las disposiciones de la Ley de Garantías sean efectivas y adecuadas para todos los niños, niñas y adolescentes en el territorio. En la construcción de los Sistemas de Protección se destacan tres dimensiones que deben operar simultáneamente, la normativa, programática e institucional, las cuales deben orientarse a la adopción y armonización de una legislación acorde con los estándares de derechos humanos de la niñez y adolescencia; a la adopción de políticas públicas, prácticas, programas y servicios que creen las condiciones para el goce y el ejercicio efectivo de los derechos, y puedan responder también a las eventuales vulneraciones de ellos; y por último, al establecimiento de entidades responsables de tomar decisiones estratégicas y asumir la coordinación y articulación de todos los órganos y actores que concurren en el Sistema, incluyendo la ejecución programática.

    Precisamente, en atención a la envergadura de la reforma, la misma ley dispuso de su implementación progresiva, señalando a nivel legal un orden de priorización. Es así como se estableció plazo legal para la instalación de las Oficinas Locales de la Niñez; para la dictación de los reglamentos asociados al funcionamiento de diversos componentes del Sistema de Garantías como las Mesas de Articulación Interinstitucional, el Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, o las Oficinas Locales de la Niñez; para la adecuación de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción; y para la presentación de dos proyectos de ley: adecuación de las leyes asociadas al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y de la ley que crea los Tribunales de Familia, dictadas con anterioridad al nuevo marco de institucionalidad y derechos de la niñez y adolescencia.

    En términos normativos, entre las iniciativas más destacadas se encuentra la reforma integral al sistema de adopción, diseñada para mejorar la coherencia normativa y asegurar la protección integral mediante un enfoque sistémico. Además, se está debatiendo la Ley de Armonización de la Ley de Garantías y la Reforma de los Tribunales de Familia, con el objetivo de consolidar el paradigma de protección integral y fortalecer el Sistema de Garantías, subrayando la importancia de considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.

    Los esfuerzos para armonizar la legislación existente con los principios de la Ley de Garantías incluyen la modificación de la ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la ley N° 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados, para mejorar el funcionamiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Estas adecuaciones buscan resolver inconsistencias y clarificar procedimientos administrativos y de protección, integrando a las Oficinas Locales de la Niñez en los procesos judiciales de familia y diferenciando los planes de intervención. Esta armonización legislativa se propone no solo como una corrección de aspectos formales sino como una mejora substancial que asegure la operatividad y la efectividad del Sistema de Garantías.

    Por otro lado, uno de los desafíos críticos que enfrenta el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, es la necesidad de fortalecer los programas especializados que aborden eficazmente las necesidades particulares de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con conductas infractoras recurrentes, los problemas de simultaneidad de adolescentes que son parte del Servicio de Protección Especializada y del Servicio de Reinserción Social Juvenil, el consumo de sustancias, la exclusión escolar, la situación de calle, entre otros.

    Estos aspectos también han sido destacados en las Comisiones Coordinadoras de Protección Nacional y Regional, las cuales han subrayado la importancia de identificar las necesidades y brechas en el acceso a las ofertas programáticas existentes para niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, se indica la necesidad de aumentar la oferta priorizada para tratamiento residencial para el consumo problemático de alcohol y otras drogas, o la importancia de priorizar camas en todas las Unidades Hospitalarias de Cuidados Intensivos de Psiquiatría (UHCIP) a nivel nacional destinadas a estos jóvenes para tratamientos psiquiátricos y procesos de desintoxicación.

    El objetivo es mejorar la correspondencia entre la demanda y la oferta disponible. Los aprendizajes en este ámbito destacan la importancia de un diagnóstico territorial preciso y pertinente. No obstante, el desafío pendiente reside en profundizar la colaboración de diversos sectores en la construcción de soluciones integrales y oportunas que respondan efectivamente a estas necesidades.

    En cuanto a las principales brechas de atención a adolescentes y jóvenes que transitan por el sistema penal, estas se encuentran vinculadas a áreas como la salud integral, tratamiento del consumo de sustancias, educación y capacitación laboral. Estas brechas incluyen la falta de profesionales especializados, infraestructura adecuada y coordinación intersectorial eficiente. Abordar estos aspectos es clave para ofrecer respuestas que atiendan adecuadamente las necesidades de estos jóvenes y para facilitar su reincorporación exitosa a la sociedad.

    IV. Teoría de cambio

    Ante el complejo panorama que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en Chile, se estimó necesario construir una teoría de cambio que oriente la Política y su Plan de Acción, con el propósito de precisar el problema que se aborda y las dificultades o cuellos de botella que explican dicho problema, identificando las causas que deben ser atendidas para lograr el propósito que se plantea.

    El desarrollo de la teoría de cambio adoptó como punto de partida el Análisis de la situación de la niñez y adolescencia en Chile (SITAN, por sus siglas en inglés) realizado por Unicef Chile (2022), en el que se expone una priorización de las problemáticas que experimentan las niñas, niños y adolescentes para el ejercicio de sus derechos a partir de las opiniones de diversos actores y de las últimas cifras disponibles. Allí se muestran las principales brechas que obstaculizan el bienestar integral de NNA en el país.

    El abordaje del problema general, esto es, que los niños, niñas y adolescentes presentan bajo bienestar integral debido a que existen dificultades para el ejercicio de sus derechos, requiere de la identificación de cuáles son dichas dificultades, las que se desagregan en 11 problemas específicos que dan cuenta de aquellos fenómenos que en mayor medida hoy contribuyen a la producción y reproducción del problema general.

    Esta selección no niega la existencia de otras dificultades que afectan la vida de niñas, niños y adolescentes en Chile, sino que se centra en aquellos aspectos que, de acuerdo con las voces de la niñez y adolescencia recogidas en diálogos regionales, consultas ciudadanas abiertas y encuentros con Consejos Consultivos de NNA, así como también datos cuantitativos de diversas fuentes oficiales, emergen como los más críticos. Entre estos, destacan la salud mental, la violencia en contextos educativos, la escasez de espacios públicos y áreas verdes, la limitada participación de NNA en temas de su interés y las condiciones de precariedad en sus hogares. Los propios niños, niñas y adolescentes han señalado que el abordaje de estas problemáticas es prioritario, así como la búsqueda de sus soluciones.

    Los problemas identificados fueron clasificados en los ejes de derechos provenientes de la Convención sobre los Derechos del Niño: Supervivencia, Desarrollo, Protección y Participación.

    Eje Supervivencia

    Problema 1: Hábitos de vida poco saludables

    Los desafíos en la alimentación y actividad física de niñas, niños y adolescentes abarcan una amplia gama de factores culturales, económicos, educativos y urbanísticos. Destacan la prevalencia de dietas poco saludables, insuficiente actividad física, el escaso tiempo para la preparación de comidas nutritivas de parte de sus adultos responsables, las limitaciones económicas para acceder a alimentos de calidad, los entornos inseguros que restringen el juego al aire libre y una oferta educativa que no ha puesto el foco en los beneficios de una mayor integración de componentes relacionados con la nutrición y el ejercicio.

    Además, se resalta la insuficiencia de políticas públicas efectivas para promover estilos de vida saludables y la necesidad de un enfoque más integral que contemple la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias, particularmente de aquellas monoparentales. La carga de las responsabilidades domésticas y de crianza que recae en un solo adulto puede limitar el tiempo y los recursos disponibles para la preparación de comidas nutritivas y la participación en actividades físicas regulares. A demás, estas familias pueden experimentar restricciones económicas más severas, dificultando el acceso a alimentos saludables y variados.

    Problema 2: Falta de abordaje integral de la salud mental

    La atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes se ve obstaculizada por una serie de desafíos interrelacionados. Entre ellos, la necesidad de proporcionar a los adultos mejores herramientas para abordar estos problemas, mejorar la detección temprana de las dificultades de salud mental, tanto en casa como en la escuela, y adaptar los enfoques de atención para centrarse más en las necesidades y preocupaciones de los niños, niñas y adolescentes.

    La pobreza, el hacinamiento, la contaminación y las realidades de las familias monoparentales sin redes de apoyo amplifican estas dificultades. Adicionalmente, la salud mental de los/as cuidadores/as es poco abordada, y hay una escasez de políticas públicas que promuevan el bienestar de la salud mental adaptadas a las necesidades de cuidado y con un enfoque de género e interculturalidad.

    Existe también un déficit en el presupuesto disponible para las políticas y los programas específicos de salud mental, agravado por la falta de profesionales especializados. Este panorama subraya la necesidad de una estrategia integral que involucre tanto al sector público como al privado y la sociedad civil, para innovar en la forma de abordar estas materias y apoyar efectivamente a los NNA.

    Problema 3: Exposición a contaminación ambiental y riesgo climático

    La escasa sensibilización sobre la sostenibilidad ambiental, junto con patrones de consumo y gestión de residuos insostenibles, subrayan la urgente necesidad de educar a niños, niñas y adolescentes y familias sobre el impacto ambiental que pueden tener las actividades cotidianas, como la alimentación poco saludable, el uso de medios de transporte como, por ejemplo, el automóvil, entre otros. El desafío ambiental se ve amplificado por las prácticas contaminantes de algunas industrias, razón por la cual se requiere fortalecer la regulación en estas materias. Asimismo, el déficit de inversión en infraestructuras verdes y la exclusión de comunidades marginadas de los esfuerzos de mitigación ambiental profundizan la problemática. Esto evidencia la necesidad de adoptar un enfoque más integral que vincule estrechamente el medio ambiente con la salud pública, los procesos sociales, económicos y políticos.

    Problema 4: Viviendas inadecuadas

    Las familias enfrentan dificultades para ahorrar, las que se ven agravadas por un marcado déficit habitacional que se refleja en varios factores: viviendas en estado irrecuperable, hogares en situación de allegamiento y casos de hogares allegados hacinados, entre otros. Estas condiciones deterioran significativamente la calidad de vida de los hogares con NNA. La problemática se amplifica aún más dado el creciente número de familias que se ven obligadas a vivir en campamentos, evidenciando un fenómeno social que afecta a sectores cada vez más amplios de la población.

    La provisión de soluciones habitacionales adecuadas y asequibles representa un desafío crítico que requiere atención urgente para garantizar condiciones de vida dignas a niños, niñas y adolescentes y sus familias.

    Eje Desarrollo

    Problema 5: Limitaciones en el acceso y permanencia en el sistema educativo

    La seguridad en los entornos escolares, la relación entre estudiantes y docentes, y la relevancia de la integración escolar desde la primera infancia emergen como áreas críticas. Las diferencias entre zonas urbanas y rurales, junto con los desafíos en la inclusión de la población migrante y una oferta educativa con limitaciones para responder a las variadas necesidades, evidencian brechas significativas en la calidad de la enseñanza.

    El desarrollo de estrategias innovadoras para la búsqueda de soluciones a estos problemas requiere abordar los factores que afectan la permanencia escolar y los aprendizajes a lo largo de la vida, especialmente ante la escasa integralidad de las políticas públicas que garanticen y den continuidad a las trayectorias educativas. Los desafíos incluyen el monitoreo de indicadores que explican el fracaso escolar, tales como la repitencia, deserción y sobreedad; la falta de financiamiento; y disponer de mayores opciones educativas que permitan la reinserción escolar. Esto resalta la importancia de adoptar enfoques más comprehensivos y adaptativos en el sector educativo, que puedan responder efectivamente a estas necesidades críticas.(22)

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(22)  Entendido este como el hecho de no lograr completar el nivel mínimo obligatorio trazado por el Estado de doce años de escolaridad. Extraído en: https://epja.mineduc.cl/que-se-entiende-por-trayectoria-educativa-en-el-programa-dereinsercion-escolar/

    Problema 6: Limitaciones para acceder a espacios para esparcimiento, juego y recreación

    La percepción de riesgo en los espacios públicos, junto con la movilidad cotidiana debido a la lejanía de los centros de trabajo y las largas jornadas laborales, reducen significativamente la disponibilidad de tiempo libre para realizar actividades de juego, ocio y recreación de los adultos/as responsables y niños, niñas y adolescentes.

    En muchos casos, los espacios públicos pueden ser limitados y presentar desafíos en cuanto a su estado y mantenimiento. Esto sugiere que el diseño urbano debiera tener una mayor consideración de las necesidades y opiniones de niñas, niños y adolescentes, especialmente en lo que respecta a la inclusión de más áreas verdes.

    La estructura actual de la jornada escolar, con un enfoque predominante en lo académico, podría beneficiarse de una mayor integración de actividades recreativas y del uso de espacios alternativos para la enseñanza, como museos, plazas y áreas verdes. Esto permitiría ampliar las oportunidades de esparcimiento y enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes.

    El déficit de programas del Estado para fomentar el uso de espacios públicos y la falta de indicadores para monitorear el aprovechamiento de la ciudad por parte de NNA, subrayan la importancia de políticas que promuevan su bienestar integral y participación activa en sus entornos.

    En las zonas rurales, la problemática del acceso a espacios de esparcimiento, juego y recreación se intensifica debido a varios obstáculos adicionales. La falta de conectividad y opciones de transporte limita seriamente la movilidad de los niños, niñas y adolescentes, impidiendo su participación en actividades recreativas fuera de sus comunidades inmediatas. La dispersión geográfica de estas áreas también contribuye a la escasez de espacios públicos adecuados y bien mantenidos, lo que hace aún más difícil para los NNA acceder a lugares seguros y estimulantes para el juego y la recreación. Estos factores combinados exigen una atención especial para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes del país tengan igualdad de oportunidades en cuanto a recreación.

    Eje Protección

    Problema 7: Pobreza de hogares con niños, niñas y adolescentes

    La organización del presupuesto familiar es un desafío para muchas familias vulnerables afectadas por una combinación de complejidades socioeconómicas, de prácticas de consumo excesivo y un sistema de crédito que lleva al endeudamiento. Estas dificultades se ven agravadas por un mercado laboral que ofrece pocas oportunidades de empleo de calidad, especialmente para aquellas personas con menor nivel educativo, y por los roles de género tradicionales que sobrecargan a las mujeres con responsabilidades de cuidado. Esto redunda en una situación que complica a las familias y que se exacerba por la falta de redes de apoyo, las dificultades en el acceso a servicios básicos, la influencia negativa del narcotráfico y la violencia, así como por los efectos económicos adversos de la pandemia.

    Aunque las políticas sociales están diseñadas para ofrecer apoyo, a menudo necesitan adaptarse mejor a las necesidades cambiantes de las familias que se enfrentan a desafíos adicionales, como la brecha digital y legislaciones que no protegen completamente sus derechos. Se necesita una estrategia comprehensiva para combatir la pobreza, resaltando la urgencia de reformular las políticas sociales para que sean más inclusivas y adaptativas.

    Problema 8: Limitantes para ejercer el derecho a vivir en familia

    Las familias enfrentan múltiples desafíos que impactan el bienestar de niñas, niños y adolescentes, que abarcan, entre otros, la falta de tiempo para el esparcimiento, dificultades económicas y una marcada brecha de género en el ámbito de los cuidados. A pesar de contar con una ley que concilia la vida personal, familiar y laboral, se debe seguir avanzando en estas materias. (23)

    Por otra parte, la falta de un piso de protección social contribuye a estilos de crianza que a veces invisibilizan a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y normalizan prácticas que no son adecuadas. Esta situación se ve agravada por problemas de salud mental en cuidadores/as, altos niveles de endeudamiento, precariedad laboral y, en ocasiones, consumo problemático de drogas y alcohol.

    Las largas jornadas laborales, el transporte público insuficiente y la segregación residencial limitan aún más las oportunidades de esparcimiento y cuidado adecuado. La responsabilidad del cuidado de niños, niñas y adolescentes se concentra solo en las familias, sin un reconocimiento adecuado del papel que la sociedad en su conjunto debería desempeñar en esta tarea.

    La limitación de políticas específicas para promover el buen trato, las competencias parentales y el apoyo a las familias desde el ámbito laboral, revelan una necesidad urgente de abordar estas problemáticas desde una perspectiva integral y diversa.

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(23) Ley N° 21.645.

    Problema 9: Exposición a la violencia

    Los entornos familiares, educativos y comunitarios enfrentan desafíos complejos marcados por la violencia en todas sus formas. La interacción entre la violencia de género, las experiencias traumáticas de los/as cuidadores/as, el estrés generado por condiciones económicas adversas, el excesivo tiempo de desplazamiento entre el trabajo y el hogar, el escaso tiempo de ocio, entre otros factores adversos, configura un entorno desafiante para las familias y las instituciones del Estado que deben garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

    Además, las prácticas disciplinarias violentas evidencian un contexto en el que los derechos de niñas, niños y adolescentes no son plenamente reconocidos. La normalización cultural del maltrato y las rígidas normas de género, junto con la creciente accesibilidad a armas y la constante exposición a la violencia, refuerzan este ciclo perjudicial para los NNA y sus familias.

    La falta de difusión de métodos efectivos para manejar y prevenir estos fenómenos, así como una oferta limitada de actividades que sirvan como factores protectores, como el deporte y la cultura, perpetúan la asociación entre violencia y pobreza. Este escenario subraya la imperiosa necesidad de fomentar una cultura de buen trato y un compromiso más firme con los derechos humanos.

    Eje Participación

    Problema 10: Dificultades para la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes

    La participación de NNA en decisiones que afectan su vida en la familia, escuela y comunidad es limitada, lo que redunda en una baja autonomía para incidir en asuntos propios.

    El desconocimiento adulto sobre el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes, sumado a una perspectiva adulto-céntrica, es decir, una cultura que pone en mayor valor al mundo adulto por sobre la niñez y adolescencia, dificultan la creación de espacios adecuados para el diálogo intergeneracional.

    Junto con lo anterior, existe una falta de claridad en cómo utilizar la información de procesos participativos con NNA, dada la insuficiente capacitación de funcionarios/as públicos sobre el derecho a la participación social o el derecho a la participación de NNA y, por otra parte, la escasez de datos sobre la relevancia de la participación desde la perspectiva de la niñez y adolescencia.

    A menudo, se subestima la importancia de la participación frente a otras necesidades básicas no satisfechas de los NNA y hay una deficiente educación en cultura cívica en las escuelas, donde predominan las relaciones verticales. La cultura de participación social en el país es débil y la formación cívica adulta no se alinea con enfoques contemporáneos sobre el tema.

    Estrategias clave para la implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral

    Problema transversal: Débiles condiciones político-institucionales

    Es esencial fortalecer las condiciones político-institucionales para asegurar que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean efectivamente ejercidos y protegidos. Una de las principales problemáticas en este ámbito tiene relación con la falta de conocimiento suficiente del enfoque de derechos de la niñez por parte de los diversos actores de la sociedad, incluyendo a las familias.

    A su vez, el presupuesto disponible para el financiamiento de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia todavía es limitado, lo que acrecienta la brecha de oferta de prestaciones y servicios destinada a esta población. El financiamiento depende prácticamente de forma exclusiva de las discusiones anuales de presupuesto, lo que limita la atención oportuna de necesidades emergentes y la generación de modalidades flexibles, pertinentes y territorialmente apropiadas de intervención en problemas de alta relevancia para el bienestar de la niñez y adolescencia. Dentro de las necesidades emergentes se incluyen aquellas derivadas de situaciones de emergencia y catástrofes naturales que frecuentemente afectan al país, y particularmente a los NNA y a sus familias, quienes requieren de ayudas tempranas.

    Resulta necesario tanto fortalecer las fuentes de financiamiento actual como diversificarlas, teniendo en especial consideración el principio de progresividad y no regresividad de los derechos estipulados en el artículo 17 de la Ley de Garantías y Protección Integral. Este principio obliga al Estado a mejorar continuamente los recursos destinados a la realización de los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluso en situaciones de crisis económica o catástrofes naturales, garantizando su efectividad a través de programas a corto, mediano y largo plazo.

    Así también, el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño insta a que los Estados Parte adopten todas las medidas necesarias para implementar los derechos económicos, sociales y culturales, utilizando al máximo los recursos disponibles y, cuando sea necesario, busquen la cooperación internacional. En el último informe emitido por el CRC el año 2022 al Estado de Chile, también se indica en las "Medidas generales de aplicación" numeral 8 letra a) que se aumenten y sigan controlando las asignaciones presupuestarias de todos los ámbitos y sectores relacionados con los derechos del niño.

    Estos enfoques refuerzan la no regresividad, asegurando que los recursos no solo se mantengan, sino que se aumenten según las necesidades para el pleno desarrollo de la niñez y adolescencia.

    V. Enfoque y perspectivas

    La presente Política Nacional ha avanzado en la construcción de un marco conceptual que favorezca una comprensión transversal sobre la importancia de contribuir a que las niñas, niños y adolescentes experimenten una buena calidad de vida. Particularmente, el enfoque de derechos y el concepto de bienestar integral promueven que el Estado (como garante principal de derechos de los NNA) y los co-garantes (las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad y las familias en general, que inciden en las políticas de niñez, vigilan su pertinencia y aportan a generar condiciones de respeto a los derechos de NNA) orienten su quehacer hacia la promoción de las "oportunidades de las que [las niñas, niños y adolescentes] disponen, al sentido y la finalidad que atribuyen a sus vidas y a la medida en que disfrutan de las posibilidades para llevar a cabo sus proyectos." (Robeyns, 2005 en Ministerio de Desarrollo Social y Familia y PNUD, 2021, p. 5).

    De este modo, el enfoque de bienestar integral basado en derechos centra su atención en la responsabilidad del Estado y otros co-garantes para el aseguramiento de derechos, promoviendo que todas las niñas, niños y adolescentes de manera colectiva y particular sean situados al centro de todas las políticas de Estado, tanto en aquellas dirigidas directamente a este grupo, como en las que de manera indirecta inciden en el ejercicio pleno de sus derechos.

    El marco de referencia que sostiene la Política Nacional y el Plan de Acción se basa en lo establecido en la ley Nº 21.430 y ha sido profundizado a partir de los diferentes procesos de levantamiento de información previamente descritos y lo propuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus observaciones generales.

    5.1. Enfoque de Bienestar Integral basado en Derechos

    Unicef-Innocenti (2020) propone comprender una buena infancia como "aquella en que [las niñas y] los niños tienen una experiencia positiva de la niñez y la perspectiva de un futuro prometedor", afirmando también que el bienestar, entendido como un fenómeno multinivel, se constituye en la principal vía para asegurar avances significativos para el presente y futuro de las niñas, niños y adolescentes.

    El bienestar integral se compone de múltiples niveles que, a su vez, están atravesados por la situación material concreta u objetiva de la vida de las niñas, niños y adolescentes y las percepciones que ellas y ellos tienen sobre esta (OCDE, 2022; Observatorio Niñez, 2023; Unicef-Innocenti, 2020). En este contexto, se reconoce que el bienestar integral es afectado por aspectos objetivos y subjetivos (Statham y Chase, 2010; Unicef-Innocenti, 2007; Unicef-Innocenti, 2020), que interactúan y se vinculan entre sí.

    A diferencia del bienestar objetivo, que dice relación con aspectos concretos (por ejemplo, habitabilidad, salud física, ingresos, nutrición), el bienestar subjetivo debe entenderse como las percepciones que tienen las personas sobre sus vidas. Sobre este último, la OCDE (2022 en Observatorio Niñez, 2023) propone conceptualizarlo a partir de tres dimensiones: la evaluación de la vida, los afectos y el desarrollo humano potencial. La adopción de este enfoque presenta para el Estado el desafío de generar indicadores que permitan conocer la realidad material (pobreza por ingreso y multidimensional) y simbólica en que viven las niñas, niños y adolescentes, así como la interpretación que cada persona hace sobre su propia trayectoria vital y las situaciones que la afectan.

    El modelo denominado Mundos de Influencia elaborado por Unicef-Innocenti (2020) ofrece una aproximación a una posible forma de abordar la pregunta relativa a cómo medir y conocer el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes. Esta propuesta permite resguardar una comprensión del bienestar en que se sitúa a los NNA como protagonistas de sus vidas, los que a su vez están informados por aquellos contextos inmediatos que habitan, pero también por los contextos amplios que de manera indirecta inciden en sus vidas.

    El modelo organiza estos contextos en tres niveles de mundos: mundo en general, mundo en torno a la infancia y el mundo directo de la infancia. Todos ellos informan los resultados relativos al bienestar de las niñas, niños y adolescentes. El mundo general se caracteriza por el contexto político, económico y social tanto del país como internacional, y por las políticas dirigidas indirecta o directamente a la niñez; este mundo, entonces, constituye el marco general sobre el cual la vida de las personas se sitúa y se hace posible. El mundo en torno a la infancia se comprende como los recursos y redes de contacto disponibles para las niñas, niños y adolescentes; los recursos dicen relación con el acceso a servicios sociales, habitabilidad, la seguridad del entorno en que viven, entre otros; y las redes refieren a aquellos vínculos que permiten a los NNA y sus familias desplegarse y sostener la vida, como son la escuela, los espacios laborales y la comunidad. Por último, el mundo de la infancia está compuesto por las relaciones directas sostenidas por las niñas, niños y adolescentes que pueden tener lugar en instituciones como la escuela, en sus barrios y en su familia, y las actividades que los NNA pueden realizar, como aprender, jugar y socializar.

    En consideración de lo anterior, la decisión de establecer el enfoque de bienestar integral basado en derechos como el centro conceptual de la Política Nacional radica en que este promueve una visión de la niñez y adolescencia como sujetos sociales, cuyas vidas afectan el desarrollo de sus familias, comunidad y país, del mismo modo que dichos espacios afectan sus vidas.

    La Política Nacional entiende como bienestar integral el reconocimiento del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en todos los aspectos de su vida, esto es, físico, mental, emocional y social, así como su acceso a la educación, vivienda, alimentación adecuada, cuidado, protección y su participación activa en las decisiones que los afectan. Asimismo, considera que el bienestar de los NNA y sus familias se ve influenciado por el contexto en que viven y, además, que cada etapa del desarrollo posee necesidades particulares que cambian a lo largo del curso de vida. Como parte del contexto en que se desarrollan los niños, niñas y adolescentes, se reconoce que el territorio afecta positiva o negativamente su bienestar, visibilizando brechas de desigualdad, por ejemplo, las asociadas a la niñez y adolescencia rural respecto del acceso a tecnologías de información y conectividad, de la profundidad de la pobreza monetaria y multidimensional, del menor acceso a servicios básicos, como educación y salud, y con menores oportunidades, entre otras. Con esta definición, la Política Nacional busca contribuir al mejoramiento de las condiciones y experiencias de vida de las niñas, niños y adolescentes, dando cumplimiento efectivo y disfrute al nivel más alto posible de sus derechos.

    5.2. Perspectivas

    Las perspectivas orientan respecto a cómo evaluar y promover el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes. En consideración del enfoque de bienestar basado en derechos, se distinguen cinco perspectivas que deben ser comprendidas de forma entrelazada como elementos transversales a tener presente en el diseño, ejecución y evaluación de la Política Nacional y todas las actividades definidas en su Plan de Acción.

    Perspectiva de curso de vida

    Reconoce la relevancia de concebir la vida de las personas como procesos en donde cada momento es indivisible del anterior y del futuro. Asimismo, esta perspectiva sitúa a las personas en el entramado social, permitiendo comprender su situación particular en consideración de su historia familiar, comunitaria y nacional. Esta perspectiva, mediante la noción de trayectorias, hace posible identificar y dar relevancia a hitos que afectan positiva o negativamente el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

    Perspectiva de género

    Dice relación con el ejercicio permanente y transversal de relevar el género como una categoría analítica sustantiva para observar, analizar y abordar los efectos diferenciados de las oportunidades, roles sociales e interacciones que experimentan las personas a nivel individual y social (FAO, 1999; Hervías y Radulović, 2023). La adopción de una perspectiva de género contribuye a reconocer las posibles diferencias que experimentan las personas según su género y cómo estas informan su bienestar.

    Perspectiva interseccional

    Refiere a una subcorriente de la perspectiva de género, sostenida en los postulados de Crenshaw (1989). Esta perspectiva propone que las diferentes categorías sociales (edad, género, sexo, raza, clase, situación de discapacidad, situación migratoria, entre otras) que configuran la identidad de una persona, son co-constitutivas entre sí (no sumativas) y, por tanto, su interacción produce efectos diferenciados y específicos (Cole y Duncan, 2023; Hankivsky y Cormier, 2011). El reconocimiento de que la vida de las personas está atravesada por múltiples categorías permite identificar la realidad específica que viven diversos niños, niñas y adolescentes y así diseñar legislaciones, políticas y programas que den respuestas pertinentes a dichas realidades.

    Perspectiva intercultural

    Esta perspectiva se sostiene en el reconocimiento de la diversidad cultural, otorgando legitimidad a las representaciones, concepciones y prácticas culturalmente distintas, así como a la producción de nuevas formas culturales que surgen en la interacción entre culturas. La inclusión de esta perspectiva contribuye a asegurar que las formas culturales de cada niña, niño y adolescente puedan emplearse como un factor protector para sus vidas y no como una herramienta de discriminación arbitraria ante la homogenización de la niñez en las legislaciones, políticas y programas dirigidos o que afectan indirectamente a este grupo.

    Perspectiva territorial y comunitaria

    Dice relación con el mundo en torno a la infancia y su contexto espacial directo, que abarca instancias y territorios tan diversos como lo son las localidades, los barrios y las comunidades existentes donde los niños, niñas y adolescentes se desenvuelven. Esta perspectiva busca poner énfasis en dichos mundos para así identificar los promotores y obstaculizadores específicos para el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Lo anterior, con el objetivo de informar al Estado sobre las medidas necesarias a desarrollar y las características que estas deben tener para alcanzar de forma eficiente y efectiva los resultados esperados.

    5.3. Principios consagrados en la Ley de Garantías

    La Ley de Garantías, a través de sus 17 principios fundamentales, proporciona los cimientos esenciales para la interpretación, aplicación y desarrollo del marco legislativo contenido en la Ley. Estos principios son pilares que guían el entendimiento y la aplicación de sus disposiciones legales, asegurando que su aplicación sea coherente con los valores y objetivos de la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

    Los principios establecidos en la Ley de Garantías consideran los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero además incluyen otros, tales como: i) participación social de niños, niñas y adolescentes, ii) fortalecimiento del rol protector de las familias, iii) efectividad, iv) protección social, v) progresividad y no regresividad, vi) responsabilidad de la Administración del Estado, vi) participación y colaboración ciudadana, vii) intersectorialidad, entre los principales.

    Estos principios no solo reflejan la adhesión a estándares internacionales en materia de derechos de la niñez y adolescencia, sino que también demuestran un esfuerzo del país por adaptar y superar esos estándares, incorporando otros aspectos cruciales para el contexto específico y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes dentro del marco legal nacional.

    VI. Visión y objetivos estratégicos

    La Política Nacional de Niñez y Adolescencia busca la realización efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes, promoviendo, respetando, protegiendo y realizando su ejercicio en el marco del Sistema de Garantías y Protección Integral, el cual los reconoce como sujetos activos de derechos y propicia su participación efectiva en los procesos que afectan su vida y desarrollo para alcanzar su bienestar integral.

    En Chile los niños, niñas y adolescentes ejercen plenamente todos sus derechos, en el marco de un Sistema de Garantías y Protección Integral consolidado; en un entorno social, político y económico que fomenta su crecimiento y desarrollo integral, asegurando que la niñez y adolescencia alcancen su máximo potencial de desarrollo, su bienestar integral y ejerzan una participación activa en la sociedad.

    Esta visión se sustenta en la convicción de que garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia no solo es un imperativo ético y legal, sino que es deber primordial del Estado con las familias, comunidades y la sociedad en su conjunto. Al asegurar que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos, se está favoreciendo que estos puedan desarrollar al máximo sus capacidades y contribuir, desde su participación, al desarrollo sostenible del país, lo que implica que Chile pueda ser más inclusivo, democrático, equitativo y justo para todos y todas.

    La Política Nacional incorpora una visión en que se reafirma que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de derechos para que puedan crecer, aprender y desarrollarse plenamente, respetando su dignidad y diversidad, mediante entornos seguros que resguarden, respeten y protejan sus derechos con el fin de propender a su bienestar integral.

    Objetivos estratégicos que guiarán la Política Nacional

    La Política Nacional se construye sobre los avances significativos que Chile ha logrado en la situación de la niñez y adolescencia en las últimas décadas. Avances en la legislación e institucionalidad que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también en la reducción de la pobreza que los afecta, la baja sostenida de las tasas de mortalidad infantil, la disminución de los niños, niñas y adolescentes que viven en cuidado alternativo bajo protección del Estado, el aumento en la cobertura de educación parvularia y la reactivación de los aprendizajes luego de la pandemia, entre otros, posibilitan que hoy se ponga en el centro el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y se planteen un conjunto de objetivos que se dirigen específicamente a reducir las principales dificultades en el ejercicio de sus derechos.

    Considerando lo anterior, se plantea como resultado final o propósito de la Política Nacional, aumentar el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes, a través del ejercicio de sus derechos. Para cumplir con lo anterior, se han definido objetivos estratégicos (que corresponden a resultados intermedios), los que se presentan ordenados según ejes de derecho, esto es: Supervivencia, Desarrollo, Protección y Participación, incluyendo la descripción de las estrategias claves para la implementación del Sistema de Garantías.

    Supervivencia

    1. Favorecer hábitos de vida saludable en niños, niñas y adolescentes a través de una alimentación saludable e inocua y de la práctica regular de actividad física: asegurar que niños, niñas y adolescentes accedan a alimentación saludable y promover una vida sana y activa.

    2. Fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes: asegurar una atención integral y oportuna en salud mental a niños, niñas y adolescentes, mediante la prevención de la ocurrencia de trastornos en salud mental y la respuesta efectiva cuando estos ocurren, para aumentar su bienestar emocional, psicológico y social. 

    3. Mejorar las condiciones medio ambientales de los territorios en que los niños, niñas y adolescentes se desenvuelven: asegurar que niños, niñas y adolescentes se desarrollen en un ambiente saludable, sostenible y libre de contaminación.

    4. Mejorar las condiciones de acceso a viviendas adecuadas para los hogares con niños, niñas y adolescentes: asegurar que niños, niñas y adolescentes dispongan de una vivienda con espacios adecuados y servicios básicos integrados que permitan su privacidad e integridad, emplazada en entornos saludables y libres de violencia, que favorezcan su desarrollo integral.

    Desarrollo

    5. Fortalecer trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes que permitan el desarrollo de competencias y el logro de aprendizajes: asegurar el acceso de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, su permanencia y egreso, mediante la garantía de su derecho a una educación inclusiva y de calidad desde la primera infancia, y con mecanismos específicos para prevenir la exclusión escolar, en particular de los niños, niñas y adolescentes que requieren de protección reforzada; mejorar la convivencia escolar en conformidad con los derechos humanos; y respetar y promover su derecho a la participación al interior de los establecimientos educativos acorde con las leyes vigentes en materia de participación en los Centros de Alumnos y Consejos Escolares.

    6. Aumentar la disponibilidad de espacios adecuados y seguros para el esparcimiento, juego y recreación de niños, niñas y adolescentes: asegurar la disponibilidad de espacios recreativos públicos, seguros y adecuados a las necesidades de niños, niñas y adolescentes para que puedan ejercer sus derechos al esparcimiento, al juego, a las actividades físicas, al deporte, a las actividades recreativas y a participar libremente en la vida cultural, en las artes y actividades sociales.

    Protección

    7. Disminuir la proporción de hogares con niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza monetaria y multidimensional, mediante su acceso a programas y prestaciones de protección social: asegurar a los niños, niñas y sus familias las condiciones sociales y económicas que permitan el máximo desarrollo de sus potencialidades y bienestar integral mediante el acceso a programas y prestaciones de protección social.

    8. Fortalecer las condiciones para que niños, niñas y adolescentes se desarrollen en entornos positivos para su cuidado: asegurar que niños, niñas y adolescentes vivan en un ambiente familiar que les brinde cuidado, protección y aprendizajes que les permitan desplegar el máximo de sus potencialidades, mediante el acceso a programas y prestaciones que otorguen apoyos a sus cuidadores/as y comunidades para ejercer el rol de cuidado y protección de manera respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

    9. Disminuir todas las formas de violencia ejercidas contra niños, niñas y adolescentes y reparar los daños que estas provocan en su desarrollo y bienestar: asegurar la prevención de la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas de expresión y en todos los entornos en que estos se desenvuelven, así como la reparación de daños en caso de su ocurrencia, de modo de contribuir a su bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual.

    Participación

    10. Aumentar la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en todo el país: asegurar la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en sus establecimientos educativos y entornos en los que se desenvuelven, informando sobre estos y creando nuevos espacios adecuados a su edad, madurez y necesidades particulares, de manera que puedan expresar libremente su opinión y que esta sea debidamente considerada, así como asegurar el ejercicio de sus derechos a la libertad de asociación y de acceso a todo tipo de información que les permita formarse su propio juicio y expresarlo.

    Estrategias clave

    Aumentar y mejorar las condiciones político-institucionales para garantizar el ejercicio efectivo de derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de la instalación del Sistema de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia: asegurar la sensibilización y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, generar información y conocimiento respecto a la situación de la niñez y adolescencia, monitorear la inversión pública destinada a niñez y adolescencia, mejorar la calidad de la oferta destinada a NNA y sus familias, desarrollar metodologías para la participación de niños, niñas y adolescentes y fortalecer la gestión pública para el proceso de preparación, respuesta y recuperación frente a emergencias.

    Cumplimiento con estándares internacionales

    Para cada uno de los objetivos estratégicos definidos en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2032 se hace una comparación con los estándares internacionales, tanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2023 como los principales motivos de preocupación y recomendaciones que aborda el Comité de los Derechos del Niño (CRC) en su informe del año 2022 y frente a los cuales el Estado de Chile debe responder con la adopción de medidas urgentes.

    Tabla 7. Objetivos estratégicos de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2032 y su vinculación con los ODS 2030 y materias críticas mencionadas por el CRC en su informe del año 2022 al Estado de Chile

   

    Fuente: Subsecretaría de la Niñez, 2024.

    VII. Modelo de gobernanza de la Política Nacional y su Plan de Acción

    El modelo de gobernanza de la Política Nacional y su Plan de Acción surge de la revisión de experiencias y recomendaciones tanto nacionales como internacionales recogidas de la revisión documental, entrevistas y diálogos con actores clave del aparato público y privado.

    Buena gobernanza

    La gobernanza, siguiendo al PNUD (2016, p. 3), se entiende como "el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa para dirigir los asuntos de un país a todos los niveles. Comprende los mecanismos, procesos e instituciones que puedan utilizar los ciudadanos y los grupos para definir sus intereses, ejercer sus derechos jurídicos, cumplir sus obligaciones y resolver sus diferencias por mediación". Es decir, la gobernanza refiere a la interacción dinámica entre las instituciones gubernamentales y también entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales (Stoker, 1998; Unicef España, 2022). La gobernanza, por tanto, permite responder la pregunta respecto de cómo una visión del Estado -en este caso la Política y Plan de Acción- se materializa, favoreciendo que tanto el Estado como la sociedad en su conjunto puedan contribuir y monitorear su desarrollo.

    La buena gobernanza se define como un estándar y proceso que promueve una gestión pública de calidad sostenida en ocho pilares: i) participación de diferentes actores institucionales y no institucionales, ii) orientación al consenso, iii) responsabilización, iv) transparencia, v) capacidad de respuesta, vi) efectividad y eficiencia, vii) favorecedora de la equidad y de la inclusión, y viii) rigurosidad en el cumplimiento de la ley (ECOSOC, 2006; UNESCAP, s/f). En particular, siguiendo a Unicef España (2022), la buena gobernanza de políticas para la niñez y adolescencia se caracteriza por sostenerse en una visión de trabajo multinivel que implica la incorporación de una visión integral de los actores sociales e instituciones que comparten la responsabilidad de diseñar e implementar políticas de infancia y adolescencia. Es decir, el modelo de gobernanza debe estar orientado no solo al desarrollo de un trabajo intersectorial con responsabilidades compartidas, sino que, a su vez, promueva y refuerce las capacidades de dichos sectores en los diferentes niveles del Estado y de la sociedad civil.

    Para la OCDE (2022), la gobernanza multinivel se define como la interacción entre los niveles de gobierno al diseñar e implementar políticas públicas con impacto subnacional. Esta interacción se caracteriza por una dependencia mutua, que se ejecuta verticalmente (entre diferentes niveles de gobierno), horizontalmente (en el mismo nivel de gobierno) y en red con una gama más amplia de partes interesadas (ciudadanos, actores privados).

    Mediante la gobernanza multinivel se aspira a contribuir en la desconcentración y la descentralización. En el contexto de la presente Política Nacional, la primera dice relación con la entrega de responsabilidades desde la institucionalidad pública del nivel central a los respectivos organismos públicos representantes a escala regional, con la finalidad de asegurar la pertinencia y oportunidad de las respuestas a las necesidades de la diversidad de NNA en sus territorios, nutriéndose del talento y la riqueza natural y cultural presente en todas las regiones de Chile, considerando siempre el interés superior de niños, niñas y adolescentes. La descentralización, por su parte, se refiere a la transferencia de una variedad de poderes, responsabilidades y recursos del gobierno central a los gobiernos subnacionales. En este sentido, la propia Política Nacional contempla la elaboración de un plan de trabajo con el apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para profundizar en los criterios de descentralización y desconcentración de la Política Nacional y su Plan de Acción. Lo anterior, enmarcado en las leyes N° 21.073 y N° 21.074 ambas de 2018; la primera regula la elección de Gobernadores Regionales, y la segunda "establece nuevas competencias a los Gobiernos Regionales (GORE), nuevas funciones de los Consejeros Regionales, un procedimiento de traspaso de competencias hacia los GORE, así como las correspondientes adecuaciones a su estructura administrativa" (Hernández, 2018, p. 2). Particularmente, la ley N° 21.074 contribuye al fortalecimiento de la regionalización en Chile, otorgando mayor autonomía a los gobiernos regionales en la gestión territorial y aumentando sus competencias mediante la transferencia de responsabilidades que realiza el Presidente de la República desde ministerios o servicios públicos a los gobiernos regionales para administrar nuevas divisiones: Fomento Productivo e Industria, Infraestructura y Transporte y Desarrollo Social y Humano.

    Un componente central de la buena gobernanza por la que apuesta esta Política Nacional dice relación con la participación incidente de NNA, la que se canaliza a través de los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes en los niveles comunal, regional y nacional. Dichos Consejos Consultivos son mecanismos de participación institucional creados por la Ley de Garantías, que tienen un rol central en la definición de temáticas de interés y en las propuestas de solución a sus demandas e intereses. La Política Nacional comprende el desafío de avanzar desde una participación consultiva a una participación incidente, que le permita a niños, niñas y adolescentes contribuir orgánicamente no solo frente a las solicitudes de las instituciones, sino que también mediante espacios creados e imaginados por ellas y ellos.(24)

    Asimismo, los actores de la sociedad civil, la academia y el sector privado cumplen un rol clave como co-garantes de los derechos de NNA y sus familias. En este aspecto, se reconoce la labor permanente que realizan las organizaciones sociales, fundaciones y mundo académico en propiciar condiciones para cambios culturales e institucionales en el país que permitan la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ello, la Política Nacional considera espacios de diálogo regulares como mecanismos que permitan recoger sus recomendaciones para la mejora continua de la calidad de las acciones que se desarrollan para el bienestar de NNA.

    La transparencia y la rendición de cuentas constituyen también pilares de la buena gobernanza, en tanto favorecen los procesos de monitoreo y evaluación de la efectividad y eficiencia de las acciones, por actores involucrados y no involucrados en su implementación. De la misma manera, aportan a la generación de un rol activo de la ciudadanía respecto del acceso a la información y el conocimiento sobre el uso de los recursos públicos en favor del bienestar de NNA.

    Particularmente, en relación con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, una buena gobernanza requiere situar al centro de todos los procesos a la niñez y adolescencia. Esto deviene del reconocimiento como sujetos de derecho y comprenderles como integrantes activos de la sociedad. Esta concepción de la niñez y de sus derechos implica asumir que todas las actividades que desarrolla el Estado (políticas, estrategias, legislaciones, programas, prestaciones, servicios) afectan a NNA de manera directa e indirecta.

    De esta manera, dar centralidad en los modelos de gobernanza al ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes profundiza las posibilidades concretas para fortalecer la equidad, en la medida que las acciones dirigidas a la garantía de derechos para este grupo tienen efectos en la realidad presente y futura de la sociedad, y la aplicación del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia permite identificar a quienes (grupos e individuos) se encuentran más precarizados y cuya atención es urgente.

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(24)  La Ley de Garantías, en su artículo 76, establece la creación de un Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Por otro lado, el artículo 66 primer inciso, letra b) de dicha Ley se refiere a la conformación de los Consejos Consultivos Comunales de Niños, Niñas y Adolescentes. A su vez, el decreto N° 10, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez, que aprueba el reglamento que establece la forma de funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, alude en su artículo 10 sobre la conformación de los Consejos Consultivos Regionales. Estos últimos, servirán de nexo y comunicación entre el Consejo Nacional y los Consejos Comunales.

    Componentes del modelo de gobernanza

    El modelo de gobernanza de la presente Política Nacional y su Plan de Acción se funda en la legislación vigente en Chile, el concepto de buena gobernanza que fue previamente descrito y las recomendaciones realizadas por Unicef España (2022) para la ejecución de una gobernanza con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia. Se establecen cinco componentes que tienen por objetivo avanzar de forma sustantiva en asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes puedan acceder a los servicios y prestaciones necesarios de forma oportuna, pertinente y ofrecidos por las instituciones especializadas en la materia.

    Para cada componente se presenta una descripción de este y las entidades que participan, las que pueden ser calificadas como responsables, vale decir, que están a cargo de la planificación de programas, servicios, estrategias o planes relativos a los compromisos adoptados en la presente Política Nacional y Plan de Acción. Las instituciones o instancias responsables deberán rendir cuentas sobre las acciones realizadas y los niveles de logro asociadas a estas.

    Por otra parte, coexisten otras entidades como responsables que son aquellas instituciones o instancias que, si bien no tienen bajo su responsabilidad el logro de resultados o de procesos, sí se configuran como actores relevantes para su alcance. El nivel de involucramiento de estas entidades no es fijo, sino que dependerá del momento y de las necesidades de las entidades principales de este proceso.

    7.1. Gestión del conocimiento

    El modelo de gobernanza de la Política Nacional y su Plan de Acción requiere contar de manera periódica con información actualizada y de calidad sobre los resultados de su implementación. Con el objetivo de generar la información necesaria para la evaluación, se desarrollará una agenda de estudios y evaluaciones que abordará temáticas vinculadas con la aplicación de la Política y su expresión territorial, la construcción de indicadores en áreas faltantes para evaluar la Política Nacional y su Plan de Acción, entre otras. La generación de dicha información estará a cargo de la Subsecretaría de la Niñez.

    Esta información debería provenir, al menos, de las siguientes fuentes:

    . Un reporte anual de monitoreo de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción, a presentar al Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, que considere la medición de los indicadores asociados a las acciones comprometidas para cada uno de los objetivos estratégicos, así como los procesos de coordinación y ajuste entre el Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia y los respectivos Planes de Acción Locales.

    . Un informe anual de la situación de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel nacional, que contenga énfasis en grupos o temáticas prioritarias por año.

    . Un informe anual de monitoreo de la implementación y funcionamiento de las Oficinas Locales de la Niñez, considerando cada uno de sus componentes.

    . Un informe trienal de evaluación de la Política Nacional y su Plan de Acción, que incluya la medición del avance de las metas comprometidas para cada uno de los objetivos estratégicos.

    . Encuestas de caracterización de la niñez y adolescencia que facilitan el seguimiento al ejercicio de derechos, tales como la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI), la Encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes (EANNA), la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), entre las principales.

    Cabe señalar que las evaluaciones realizadas en el marco del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Oferta Pública, a cargo de la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos, serán insumos para el seguimiento y actualización de la Política Nacional y su Plan de Acción, cuando se trate de programas sociales destinados a niños, niñas y adolescentes. Cuando dichos programas sean modificados o se creen nuevos programas a través del proceso de evaluación ex ante, el análisis y la opinión técnica de la Subsecretaría de la Niñez serán considerados como parte del proceso, de forma de asegurar que las propuestas sean coherentes con los contenidos de la Política Nacional y su Plan de Acción.

    Junto con lo anterior, se creará un Observatorio de la Niñez y Adolescencia con colaboración público-privada que generará conocimiento relevante sobre la situación de la niñez y adolescencia en el país. Su función consistirá en establecer alianzas con diversas instituciones, incluyendo órganos del Estado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y el sector privado, para consolidar datos y ofrecer una visión integral de las condiciones del bienestar de la niñez y adolescencia a nivel nacional. Esto facilitará la toma de decisiones basada en evidencia y el desarrollo de políticas públicas efectivas.

    Además, para capturar las variaciones y necesidades específicas a nivel local, se propone la creación de observatorios regionales enfocados en recoger y analizar datos sobre las características y necesidades de los NNA desde un enfoque territorial, y reconocer brechas. Por ejemplo, la Región del Biobío ya cuenta con un Observatorio de la Niñez y Adolescencia, denominado Observatorio y Justicia de la Niñez(25), que tiene por objetivo analizar la brecha de información relevante y pertinente para el diseño e implementación de políticas regionales hacia NNA.(26)

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(25) El Observatorio y Justicia de la Niñez Biobío es un proyecto creado y ejecutado por la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) Biobío, con el apoyo financiero del Gobierno Regional del Biobío.

(26) Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) Biobío (2023, pág. 21).

    7.2. Gestión del financiamiento y presupuesto disponible

    El ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes debe ser continuo. Como lo indica el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2015), contar con un financiamiento sostenible, equitativo y amplio de los derechos de la niñez y adolescencia se configura como una condición necesaria para el pleno ejercicio de derechos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados.

    La inversión pública focalizada en la niñez y adolescencia es eficiente y efectiva para la promoción de su bienestar integral, el de sus familias y comunidades (Naciones Unidas, 2015). En la medida que aumenta el presupuesto del Estado para este grupo, se avanza en indicadores de salud, educación, desarrollo económico y pobreza. Ante ello, la estructura de financiamiento debe considerar una distribución adecuada que abarque todos los ejes de derechos.

    Unicef, mediante la estrategia Finanzas Públicas para la Niñez, plantea la importancia de que los Estados destinen recursos públicos suficientes a las políticas y programas relacionadas con niñez, aumenten la efectividad y eficiencia del gasto público, promuevan la equidad en el gasto y faculten a la ciudadanía, incluyendo a NNA, a participar en el proceso presupuestario (Unicef, Subsecretaría de la Niñez y Dipres, 2022).

    Este componente aborda el desarrollo de un modelo de gestión del presupuesto público en materia de niñez y adolescencia que permita asegurar dicha continuidad a través de una planificación estratégica asociada a las solicitudes presupuestarias anuales de aquellas instituciones públicas que implementan programas y servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes y sus familias, de manera de potenciar las complementariedades entre prestaciones. El presupuesto asociado a la implementación del Plan de Acción de la Política Nacional será discutido y analizado por la Mesa de Articulación Interinstitucional Nacional de forma previa a la discusión presupuestaria anual, y las conclusiones y recomendaciones que de esa instancia surjan serán un insumo para la Dirección de Presupuestos durante el proceso presupuestario de cada año, para lo cual debiera considerarse el principio de prioridad establecido en la Ley de Garantías, el cual establece que los órganos del Estado deberán disponer del máximo de los recursos disponibles y según sus competencias para la protección y garantías de los NNA.

    Asimismo, el principio de progresividad y no regresividad hace necesario avanzar de forma sustantiva en el desarrollo de un plan de financiamiento que complemente a la Ley Anual de Presupuestos y con ello evitar variaciones negativas debido a contingencias o diferentes prioridades políticas. Su finalidad es disponer de recursos que permitan financiar nuevos programas de inversión social promoviendo la innovación para la atención de problemas emergentes, así como financiar alternativas de reducción de brechas que se hayan detectado a nivel local, regional y nacional en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Garantías respecto de la identificación permanente de brechas de cobertura y de oferta.

    Para esto, se estudiarán diversos modelos a partir de la revisión de experiencias nacionales e internacionales. Existen precedentes nacionales de financiamiento de esta índole, como el Fondo de Tratamiento de Alto Costo y las Garantías Explicitas en Salud (GES), que servirán como referencia. Complementariamente, se realizará una revisión exhaustiva de diferentes normas legales vigentes que se relacionan con el financiamiento, ya que estas leyes buscan facilitar y estimular el apoyo privado a diversas áreas, proporcionando beneficios fiscales a los donantes. El propósito de la revisión está dirigida a identificar potenciales herramientas que permitan fortalecer las opciones disponibles a la hora de destinar los recursos en apoyo del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entre las principales leyes a revisar se encuentran i) la ley N° 18.985 de Donaciones con Fines Culturales, ii) la ley N° 19.885 que trata las Donaciones con Fines Sociales, iii) la ley N° 19.712 que se refiere a las Donaciones con Fines Deportivos, y v) la ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

    Contar con recursos suficientes para el financiamiento asociado al cumplimiento de la Ley de Garantías contribuye al bienestar de las niñas, niños y adolescentes hoy y también en su futuro. Ante ello, este componente tiene el desafío de desarrollar un sistema que avance en instalar el enfoque de derechos de la niñez, superando visiones restringidas sobre qué medidas afectan a la infancia y adolescencia.

    7.3. Gestión normativa

    Este componente dice relación con las acciones que deben ser realizadas a nivel administrativo, reglamentario y legislativo a fin de asegurar la armonización del Sistema de Garantías y Protección Integral, la adecuación de legislaciones existentes vinculadas a niñez y adolescencia a los principios que establece la Ley de Garantías, entre otros. La armonización de todos los ámbitos normativos se constituye como un proceso dinámico y no como un resultado, en tanto, la implementación del Sistema informará sobre brechas normativas que impactan negativamente en su desarrollo y en el consecuente logro de los objetivos estratégicos 2032. El proceso de identificación de dificultades asociadas a la armonización normativa requiere del diálogo activo entre los diferentes niveles del Estado y con las organizaciones que ejecutan mediante licitaciones los proyectos dirigidos a niñez y adolescencia, a fin de pesquisar oportunamente las dificultades relativas a este ámbito.

    En lo que respecta a los avances normativos para asegurar el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Ley de Garantías dispuso de una serie de reformas legales, entre ellas, la presentación de dos proyectos de ley para adecuar las leyes asociadas al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la ley que crea los Tribunales de Familia, dictadas con anterioridad al nuevo marco de institucionalidad y derechos de la niñez y adolescencia.

    La presentación de estos proyectos de ley responde a la necesidad de hacer cambios a nivel legal para hacer operativos los principios y derechos consagrados en la Ley de Garantías, así como la nueva institucionalidad de niñez y adolescencia. Lo anterior, con el propósito de asegurar la congruencia de los diferentes elementos que componen el Sistema de Garantías, y con ello su operatividad, de manera de garantizar el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los NNA. Asimismo, responde a la priorización definida por el legislador para contribuir a un proceso de modificación y actualización de la legislación nacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para su concordancia con la Ley de Garantías y Convención sobre los Derechos del Niño.

    7.4. Monitoreo y evaluación

    La Ley de Garantías establece en el Título V los contenidos mínimos que debe abarcar tanto la Política Nacional como el Plan de Acción, así como también los procedimientos para su formulación y aprobación. En particular, en los artículos 82 y 83 se dispone que la Subsecretaría de la Niñez será la encargada de llevar a cabo su monitoreo de forma anual y su evaluación al menos cada tres años.

    El proceso de monitoreo consiste en realizar un seguimiento continuo a la implementación de la Política Nacional y su Plan de Acción, de manera de optimizar sus procesos y resultados. Ello implica analizar en forma permanente el grado en que las acciones comprometidas cumplen con lo planificado, identificando obstáculos o necesidades de ajustes en la planificación. En tanto, la evaluación se enfoca en los aprendizajes para la toma de decisión, incorporando temáticas emergentes y reformulando lo que sea necesario para el logro de las metas en los plazos acordados.

    La Política Nacional y su Plan de Acción se someterán a un proceso constante de monitoreo y evaluación, asegurando así su capacidad para adaptarse a las necesidades dinámicas y los resultados obtenidos durante su implementación. Esto permitirá la incorporación de nuevos indicadores y la adopción de compromisos adicionales, en respuesta directa a las conclusiones obtenidas del proceso de seguimiento y evaluación.

    La evaluación considerará al menos los siguientes ámbitos: pertinencia (vigencia de la teoría de cambio), coherencia (valoración, liderazgo en la articulación), sostenibilidad (logro de resultados) y enfoque de derechos humanos (aplicación del enfoque). Estos resultados, en conjunto con los que se obtengan del proceso de monitoreo, retroalimentarán el curso de acción de la Política Nacional durante los nueve años en que estará vigente.

    En relación con los actores involucrados en el monitoreo y evaluación de la Política Nacional y su Plan de Acción y su organización, predominará velar por el enfoque sistémico promovido por la Ley de Garantías.

    Le compete al Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez la aprobación de la propuesta de Política Nacional y su Plan de Acción, así como acordar mecanismos de coordinación y articulación de las acciones de los órganos de la Administración del Estado en materia de niñez y adolescencia para la consecución de los resultados comprometidos.

    . Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez (27)

    El Comité está integrado por el Ministro/a de Desarrollo Social y Familia, quien lo preside, Ministro/a de Hacienda, Ministro/a de la Secretaría General de la Presidencia, Ministro/a de Educación, Ministro/a de Salud, Ministro/a de Vivienda y Urbanismo, Ministro/a del Trabajo y Previsión Social, Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Ministro/a de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ministro/a de Justicia y Derechos Humanos y Ministro/a del Deporte. Para las sesiones que corresponda podrá invitar a los/as titulares de otros ministerios.

    El Comité, en el marco de sus funciones, tomará conocimiento en forma anual, mediante un reporte elaborado por la Subsecretaría de la Niñez, sobre los avances en la implementación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción y acordará las medidas correctivas en su planificación, las cuales serán puestas en ejecución por la Mesa de Articulación Interinstitucional Nacional (MAIN).

    . Mesa de Articulación Interinstitucional Nacional (MAIN) (28)

    Esta Mesa está integrada por Subsecretarios, jefes de Servicios y la Defensoría de la Niñez, y es presidida por la Subsecretaría de la Niñez, órgano encargado del monitoreo y evaluación de la Política Nacional y su Plan de Acción.

    Basándose en los informes semestrales elaborados por la Subsecretaría de la Niñez, esta entidad acordará los contenidos del reporte de implementación que será presentado en forma anual al Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez. En dicho reporte se deberán incluir las recomendaciones formuladas por la Comisión Asesora para el Monitoreo de la Política Nacional y su Plan de Acción, enfocándose en propuestas de mejora relacionadas con la pertinencia, eficacia y sostenibilidad de la implementación de la Política Nacional y su Plan de Acción. El informe sistematizará los resultados del proceso de monitoreo anual y, cada tres años, incorporará las conclusiones y recomendaciones que surjan de la evaluación de la Política Nacional y su Plan de Acción.

    Este documento también se presentará ante el Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y el Consejo de la Sociedad Civil de Niñez(29) , para conocimiento e incorporación de sus opiniones. Asimismo, deberá ser presentado como parte de la Cuenta Pública de la Subsecretaría de la Niñez y publicado en el sitio web de la Política Nacional y su Plan de Acción, cumpliendo así con los criterios de transparencia y rendición de cuentas. (30)

    Para la realización de las tareas descritas, la Mesa dispondrá del apoyo de dos comisiones asociadas, una dirigida a desarrollar los insumos técnicos necesarios para el monitoreo y otra para asesorar dicho proceso.

    . Comisión Técnica Interinstitucional : comisión ad hoc asociada a la MAIN que tiene como propósito apoyar la función de monitoreo de la Política Nacional y su Plan de Acción. Está integrada por representantes de Ministerios y Servicios Públicos con acciones comprometidas en la Política Nacional y el Plan de Acción y coordinada por la Subsecretaría de la Niñez. Su funcionamiento se realizará mediante subcomisiones asociadas a los objetivos estratégicos establecidos para la Política, las cuales sesionarán trimestralmente. (31)

    Una vez al año los integrantes de la Comisión deberán reportar el trabajo realizado mediante el uso de una plataforma habilitada para ello.

    Con el apoyo de esta Comisión, cada semestre la Subsecretaría de la Niñez elaborará un informe de monitoreo para ser presentado a la Comisión Asesora para el Monitoreo de la Política y su Plan de Acción, relevando avances concretos y obstaculizadores del proceso, junto con las gestiones realizadas para su abordaje.

    . Comisión Asesora para el Monitoreo de la Política y su Plan de Acción: comisión ad hoc asociada a la MAIN que tiene como propósito asesorar el proceso de monitoreo. Se sugiere que esté integrada por representantes de los siguientes actores del Sistema de Garantías: Poder Judicial, Congreso Nacional, Municipalidades, Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Defensoría de la Niñez y un representante de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en temas de infancia y adolescencia. Los detalles de la conformación de la Comisión Asesora serán parte de las acciones prioritarias a desarrollar para el primer año de puesta en marcha de la Política.

    A través del monitoreo de las acciones comprometidas, la Comisión tomará conocimiento de los nudos críticos en la implementación y formulará recomendaciones de mejora continua.

    Para el cumplimiento de su función, la Comisión podrá solicitar toda la información necesaria a la Subsecretaría de la Niñez.

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(27)  Esta instancia forma parte de la institucionalidad que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Ley N° 20.530. Para mayores detalles ver: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1030861

(28)  Esta instancia se crea en el marco de la Ley de Garantías y su norma de funcionamiento se detalla en el reglamento que determina la integración y funcionamiento de las Mesas de Articulación Interinstitucional de la oferta dirigida a Niños, Niñas y Adolescentes, aprobado por el decreto N° 12, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez. Para mayores detalles, ver: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1187903

(29)  Creado mediante Ley de Garantías. Su forma de funcionamiento e integrantes está regulada en el reglamento que establece la forma de funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, aprobado por el decreto N° 10, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez, Para mayores detalles, ver: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1194987

(30)  Contemplado en el artículo 16 ter de la ley N° 20.530. Asimismo, la ley N° 21.430, en su art. 75, establece que el COSOC de la Niñez asesorará a la Subsecretaría en materia de niñez y adolescencia.

(31)  Ex Mesa de Trabajo Interinstitucional (MTI).

    7.5. Coordinación multinivel

    Las Mesas de Articulación Interinstitucional, a nivel nacional, regional y comunal, constituyen una nueva estructura institucional creada en el marco de la Ley de Garantías. Estas instancias gestionan información tanto sobre las necesidades de niños, niñas y adolescentes, como sobre la provisión de los servicios necesarios para hacer efectivos sus derechos, definiendo acciones y compromisos intersectoriales en los distintos niveles, así como gestionando brechas de oferta y cobertura. Esta dinámica multinivel permitirá que el nivel central tenga información con evidencia sobre las brechas de oferta en los territorios, aportando con ello a disminuir las desigualdades territoriales y avanzar hacia una protección universal.

    La coordinación multinivel postula que "tanto la comprensión de las dinámicas del desarrollo territorial, como de los medios de intervención sobre ellas, requiere de una mirada integral y compleja de las interacciones entre las diversas escalas geográficas del desarrollo" (CEPAL, 2017, en CEPAL, 2017, p. 3).

    Para lograr esta capacidad de mirar integralmente se requiere de distintos puntos de observación, análisis y acción, y de capacidad de diálogo y cooperación entre los actores que se sitúan en estos diferentes niveles. De esta forma, operar en un entorno multinivel implica un esfuerzo significativo de coordinación que involucra a diversos actores y apunta a alinear estrategias, políticas y programas y distintas acciones para lograr una intervención pública coherente.

    Las mesas de articulación interinstitucional en sus niveles nacional, regional y comunal constituyen las instancias de articulación intersectorial a nivel horizontal y multinivel. Esta institucionalidad está mandatada a identificar necesidades y brechas para la protección integral, así como a generar acciones para su abordaje, reconociendo las características propias de los territorios, capacidades y competencias de los actores en los diferentes niveles de actuación. (32)

    Para facilitar la coordinación entre los tres niveles, las mesas de articulación interinstitucional consideran en su funcionamiento los principios de coordinación y complementariedad. Lo anterior implica que cada nivel tiene una visión de conjunto para identificar eventuales complementariedades. Así, las mesas de articulación interinstitucional a nivel regional deben conocer las acciones que desarrollan las mesas comunales, con el fin de potenciar sinergias y complementariedades en el espacio local. De la misma manera, la mesa nacional, a través de los informes semestrales de las mesas regionales, podrá identificar brechas de oferta y de servicios y compromisos intersectoriales que pueden potenciarse a través de la complementariedad de determinadas acciones y/o presupuestos. Las mesas comunales priorizan la resolución de las necesidades de niños, niñas y adolescentes y sus familias en el nivel local, para lograr respuestas pertinentes a sus características. Por tanto, los siguientes niveles territoriales solo toman conocimiento para su abordaje de aquellas materias que no puedan ser resueltas en el nivel local o bien regional, para finalmente ser informadas por la Subsecretaría de la Niñez -como institución que preside la Mesa de Articulación Interinstitucional Nacional- al Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, para su resolución.

    Un aspecto clave de esta coordinación dice relación con la tarea de exploración de sinergias entre herramientas y recursos disponibles con la finalidad de garantizar la protección integral de NNA en sus distintos niveles. Para ello, el trabajo de las mesas promueve la coherencia horizontal entre las estrategias, objetivos, instrumentos, programas y servicios que ejecutan los diversos actores que las conforman en temas vinculados al bienestar de niños, niñas y adolescentes y sus familias. Lo anterior, a través del establecimiento de hojas de ruta compartidas hacia objetivos comunes en cada nivel.

    En tanto, la coherencia vertical de las acciones diseñadas e implementadas a diferentes escalas se basa en el enfoque, perspectivas y principios de la Política Nacional y su Plan de Acción, lo que constituye el marco para el diseño e implementación de acciones planificadas para abordar las brechas que afectan la protección integral de NNA en los territorios. Para ello, el nivel local, a través de las Oficinas Locales de la Niñez, implementa un plan de trabajo, el cual incluye la elaboración y actualización periódica de un diagnóstico comunal y un Plan de Acción Local. Asimismo, el nivel regional contempla un plan de trabajo regional que considera la elaboración de un diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia en el territorio y el levantamiento de brechas de oferta y servicios para la protección integral.

    Por último, la coherencia temporal de las acciones e iniciativas supone su orientación hacia resultados sostenibles que contribuyan al propósito de la Política Nacional, esto es, el aumento del bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.

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(32)  Para mayores detalles, ver reglamento que determina la integración y funcionamiento de las Mesas de Articulación Interinstitucional de la oferta dirigida a Niños, Niñas y Adolescentes, aprobado por el decreto N° 12, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez, en https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1187903

    VIII. Plan de Acción de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia

    El Plan de Acción realiza una bajada operativa del enfoque, principios y objetivos estratégicos definidos en la Política Nacional. Así también, contiene los compromisos intersectoriales de las diferentes instituciones públicas, los cuales resultan fundamentales para alcanzar dichos objetivos estratégicos priorizados para que contribuyan a generar las condiciones necesarias para el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes y alcanzar su bienestar integral.

    El Plan de Acción, tal como establece la Ley de Garantías en el artículo 81, considera los siguientes contenidos:

    a) Los derechos y las garantías de la niñez y la adolescencia que se abordarán: se identifican los derechos y las garantías que se buscarán asegurar a través de la implementación del Plan. En su Título II, la Ley de Garantías consagra 33 derechos, los que abarcan aspectos como la educación, salud, protección contra el abuso y explotación, y el acceso a oportunidades para un desarrollo integral, entre otros.

    b) Los programas o las líneas programáticas que lo integran: la oferta programática de la niñez y adolescencia en el país, tanto directa como indirectamente relacionada con este grupo etario. En lo que respecta a la oferta programática, se consideran tres categorías:(33)

    1. Inversión directa en niños, niñas y adolescentes: oferta programática dirigida específicamente a este grupo, que es su población potencial y objetivo. También se contemplan los programas cuya población objetivo corresponde a establecimientos educacionales que destinan la totalidad de los recursos a niños, niñas y adolescentes.

    2. Inversión indirecta en niños, niñas y adolescentes: oferta programática orientada a las familias de niños, niñas y adolescentes o a otros agentes, con clara repercusión sobre el bienestar de NNA. En la inversión indirecta en familias, el beneficio tiene como condición la presencia de uno o más niños, niñas y adolescentes en la familia. Cuando se trata de inversión indirecta en otros agentes, el producto o servicio que recibe este agente beneficia de manera indirecta a NNA. Los otros agentes son las comunidades educativas, docentes, directivos y trabajadores del área escolar en general. En estos casos, el 100 % de los recursos van dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

    3. Inversión ampliada en niños, niñas y adolescentes: oferta programática dirigida a grupos poblacionales más amplios, de los cuales los niños, niñas y adolescentes o sus familias forman parte. En este caso, los bienes o servicios que se proveen están orientados a niños, niñas y adolescentes y/o a sus familias, pero, además, a otros grupos, es decir, que los NNA y/o sus familias son un subconjunto de la población potencial y objetivo. En estos casos, para estimar la proporción de recursos dirigidos a niños, niñas y adolescentes se utilizan ponderadores.

    c) Las acciones y medidas específicas a ejecutar por área de acción: se detallan las áreas y las acciones concretas a realizar, con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en el Plan.

    d) Los plazos de ejecución: refiere al tiempo previsto para la implementación y culminación de cada acción o medida, permitiendo así una gestión temporal eficaz. De acuerdo con lo que mandata la Ley, se hará seguimiento del Plan de Acción de manera anual, con períodos de evaluación cada tres años. De esta manera, se definen períodos de corto (2024-2026), mediano (2027-2029) y largo (2030-2032) plazo para el cumplimiento de los compromisos.

    e) Los órganos responsables: se identifican las instituciones del sector público encargadas de llevar a cabo las diferentes iniciativas contempladas en el Plan. También son consideradas acciones complementarias de órganos autónomos del Estado, como el Consejo Nacional de Televisión y el Ministerio Público. La responsabilidad del seguimiento y la rendición de cuentas de los compromisos recae en el Ejecutivo, y no en los colaboradores autónomos.

    f) Las metas para sus acciones y medidas: se establecen las metas para medir los resultados de la implementación del Plan en los periodos de tiempo establecidos. De esta manera, las metas permiten una evaluación objetiva del progreso y la efectividad de las acciones o estrategias implementadas.

    g) Los indicadores necesarios para su evaluación: se trata de métricas que proveen las herramientas para medir el progreso y la consecución de los objetivos estratégicos del Plan, facilitando una valoración objetiva y continua de su desarrollo y resultados.

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(33)  La categorización corresponde a la metodología empleada en el estudio "Estimación de la Inversión Pública (Gasto) del Gobierno Central Destinado a Niños, Niñas y Adolescentes año 2022" (UNICEF, Subsecretaría de la Niñez y DIPRES, 2023).

    8.1. Criterios para la formulación de acciones

    Para establecer compromisos, se definieron criterios que las acciones deben cumplir dentro del marco de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción.

    Las acciones a incorporar pueden ser de tipo programático (ej. diseño e implementación de programas sociales), de gestión (ej. capacitaciones, integración de flujo y sistemas de información) y normativo (ej. elaboración de reglamentos, proyectos de ley), las que deben cumplir los siguientes criterios:

    Tabla 8 Criterios para la definición de acciones para el Plan de Acción

    Fuente: Subsecretaría de la Niñez, 2024

    8.2. Acciones clave en el Plan de Acción

    El Plan de Acción incluye acciones esenciales para reforzar los compromisos en temas prioritarios para la Subsecretaría de la Niñez, avanzando hacia una protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

    Plan Integral para el Bienestar de niños, niñas y adolescentes

    Con el propósito de una implementación efectiva de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la Subsecretaría de la Niñez ha desarrollado el Plan Integral para el Bienestar de NNA. Este Plan busca asegurar que los apoyos necesarios para el desarrollo de los NNA y sus familias estén disponibles de manera oportuna y eficaz, desde una perspectiva de prevención y promoción de la protección integral.

    Para lograrlo, la Subsecretaría coordina una iniciativa intersectorial que fortalece las acciones de diversos ministerios y servicios públicos enfocados en la promoción del bienestar de la niñez y adolescencia, y en la prevención de vulneraciones de derechos. El Plan incluye 20 medidas, algunas de alcance nacional y otras específicas para territorios seleccionados por la iniciativa Estado Presente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, destinadas a mejorar la seguridad ciudadana y la presencia estatal en espacios públicos. Estas medidas serán integradas en el Plan de Acción como compromisos concretos para su implementación gradual.

    Marco para la acción contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

    El Marco para la Acción contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) es un espacio de coordinación interinstitucional dirigido al abordaje integral y la erradicación de esta grave vulneración de derechos, teniendo como sustento la normativa nacional y las obligaciones que a nivel internacional el Estado ha asumido. Para ello, la Subsecretaría de la Niñez busca coordinar un conjunto de esfuerzos para la erradicación de este tipo de prácticas, impulsados desde las instituciones del Estado, organismos de la sociedad civil y órganos autónomos.

    De esta manera, esta estrategia se constituye como una iniciativa interinstitucional clave dentro de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2024-2032 y su Plan de Acción, asegurando que no solo se dé una respuesta momentánea al abordaje de la ESNNA, sino que sea una acción sostenida en el tiempo.

    Esta integración en el Plan de Acción garantiza que las medidas adoptadas sean coherentes con los objetivos estratégicos más amplios de protección contra la violencia hacia la niñez y adolescencia, y refuerza la continuidad de las acciones a lo largo de los años. Así, la implementación de este Marco de Acción dentro de la Política Nacional es vital para el éxito a largo plazo de los esfuerzos contra la explotación sexual infantil.

    Piso de Protección Social para niños, niñas y adolescentes

    La ausencia de un piso de protección social para la niñez y adolescencia ha sido identificada como un nudo crítico para superar la pobreza y la vulnerabilidad. Más aún, la protección social es reconocida como derecho y catalizador de otros derechos en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Recomendación sobre los Pisos de Protección Social N°  202 (2012) de la OIT.

    Por lo tanto, el Plan de Acción de esta política incluye el desarrollo de un piso de protección social para niños, niñas y adolescentes, buscando la cobertura universal de protección social como un paso clave para mejorar su bienestar y asegurar sus derechos.

    Siguiendo la ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la Recomendación sobre pisos de protección social, 2012 (núm. 202) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este organismo internacional, en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), crearon una nota conceptual que define un piso de protección social para la niñez en Chile. Dicho documento proporciona un marco teórico, propone dimensiones y prestaciones específicas y, con el apoyo de la Subsecretaría de la Niñez, se ha traducido en compromisos dentro del Plan de Acción para establecer un piso de protección social adaptado a los derechos de la niñez y escalable según el progreso del país.

    8.3. Metodología para el establecimiento de metas e indicadores

    A fin de establecer indicadores que permitan monitorear y evaluar el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos, se ha realizado un levantamiento de fuentes de información oficial, tanto de datos administrativos como de encuestas.

    Se ha identificado un conjunto amplio de indicadores de resultado, los cuales se clasifican en:

    1. Indicadores relevantes para el monitoreo de los avances de los objetivos estratégicos, según área o materia.

    Los indicadores relevantes se seleccionaron considerando los siguientes criterios: i) vinculación con el objetivo estratégico o sus respectivas áreas o materias, ii) rango de edad, el indicador aborda un tramo de edad amplio entre los 0 y 17 años (inclusive), iii) periodicidad, es decir, que el indicador sea medible de manera constante en el tiempo, iv) urgencia, el indicador muestra un comportamiento negativo en el tiempo para las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, lo cual releva la urgencia de abordar la temática y v) comparabilidad, es decir, existe un parámetro internacional para comparar entre países.

    2. Indicadores clave: corresponden a un subconjunto de los indicadores relevantes, para los cuales se propone una meta que involucra a todas las instituciones que participan del objetivo estratégico.

    Para la definición de metas asociadas a cada Objetivo Estratégico, la Subsecretaría de la Niñez elaboró una propuesta con el apoyo de Unicef y PNUD. Dicha propuesta considera, además, la definición de metas deseables, impulsadas por la Subsecretaría de la Niñez. Esta propuesta fue compartida con todas las instituciones que participaron de la Política y su Plan de Acción para su validación o bien para la generación de una propuesta alternativa. A partir de lo anterior, las metas acordadas siguen los siguientes criterios:

    a. Metas formuladas por el sector especializado, vinculado al Objetivo Estratégico a partir de la evidencia o bien de valores ya señalados en otras políticas, planes y estrategias o normas vigentes.

    b. Metas formuladas a partir del promedio del indicador usando como referencia los países con índice de Desarrollo Humano (IDH) mayores o iguales a Chile (34) .

    c. Metas deseables, formuladas a partir de definiciones normativas o deseables, considerando el nivel de desarrollo actual que cuenta el país o bien que son materia de consenso respecto a mínimos que deben asegurarse a NNA y que fijan horizontes para la implementación de políticas públicas dirigida a este grupo de la población.

    A continuación, se presentan los indicadores clave y las metas acordadas con las instituciones que participaron en la Política y su Plan de Acción (35) . Posteriormente, se detallan las acciones y medidas específicas a ejecutar en el Plan de Acción. Para esto, se describe el objetivo estratégico, seguido por las áreas o materias vinculadas, los derechos de la Ley de Garantías asociados y la oferta programática. Al respecto, se informan los programas vigentes al cierre del año 2023 según el Banco Integrado de Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y su presupuesto asociado en pesos para el mismo año (36) .

    METAS E INDICADORES

    1. Hábitos de vida saludable (37)

    Anótese, tómese razón y publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Javiera Alejandra Toro Cáceres, Ministra de Desarrollo Social y Familia.- Carolina Tohá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública.- Albert van Klaveren Stork, Ministro de Relaciones Exteriores.- Maya Fernández Allende, Ministra de Defensa Nacional.- Mario Marcel Cullell, Ministro de Hacienda.- Álvaro Elizalde Soto, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Camila Vallejo Dowling, Ministra Secretaria General de Gobierno.- Nicolás Grau Veloso, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- Nicolás Cataldo Astorga, Ministro de Educación.- Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.- Jeannette Jara Román, Ministra del Trabajo y Previsión Social.- Jessica López Saffie, Ministra de Obras Públicas.- Ximena Aguilera Sanhueza, Ministra de Salud.- Carlos Montes Cisternas, Ministro de Vivienda y Urbanismo.- Esteban Valenzuela van Treek, Ministro de Agricultura.- Aurora Williams Baussa, Ministra de Minería.- Juan Carlos Muñoz Abogabir, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- Sebastián Vergara Tapia, Ministro de Bienes Nacionales (S).- Diego Pardow Lorenzo, Ministro de Energía.- María Heloísa Rojas Corradi, Ministra del Medio Ambiente.- Carolina Arredondo Marzán, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.- Jaime Pizarro Herrera, Ministro del Deporte.- Antonia Orellana Guarello, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.- Aisén Etcheverry Escudero, Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

    Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Verónica Silva Villalobos, Subsecretaria de la Niñez.

    CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

    Cursa con alcances el decreto N° 4, de 2024, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia

    N° E55060/2025.- Santiago, 4 de abril de 2025.

    Esta Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, mediante el cual se aprueba la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032, pero cumple con hacer presente, en especial respecto del resumen de acciones que se viene aprobando, que sin perjuicio de las coordinaciones que resulten procedentes, ello es en el entendido de que cada organismo intervendrá estrictamente en el marco de sus respectivas facultades consagradas en la normativa, en tanto que las medidas propuestas se canalizarán por medio de la vías formalmente dispuestas, según la materia de que se trate.

    Adicionalmente, atendida la naturaleza de las medidas que se contemplan, éstas deberán efectuarse resguardando los datos personales y sensibles, en especial, al tenor de lo prescrito en el artículo 19 N° 4, de la Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

    Luego, en cuanto al uso de establecimientos educacionales, previsto en el numeral 102, cabe manifestar que tales actividades podrán materializarse en los casos en que fuera procedente conforme a la normativa vigente, y según los criterios contenidos en la jurisprudencia de esta Entidad de Control.

    A su turno, respecto de la medida consignada en el numeral 123, procede señalar que ella solo será posible según los parámetros técnicos de admisibilidad y demás requisitos establecidos en la normativa aplicable en cada caso.

    Además, en lo relativo a las medidas de regularización y otras relacionadas con personas extranjeras, como aquellas previstas para personas sin acreditación de identidad y de filiación, corresponde que se dé estricto cumplimiento a las exigencias y requisitos que establece la legislación migratoria en cada caso.

    Por último, en lo referente a las medidas mencionadas en los numerales 172 y 187, corresponde manifestar que los aspectos amparados en los conceptos allí previstos, deben canalizarse ante los organismos legalmente competentes.

    Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del acto administrativo individualizado en el epígrafe.

    Saluda atentamente a Ud., Dorothy Pérez Gutiérrez, Contralora General de la República.

    A la señora

    Ministra de Desarrollo Social y Familia

    Presente.