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Decreto 643 APRUEBA ''REGLAMENTO DE VISITA DE ABOGADOS Y DEMAS PERSONAS HABILITADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS''

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promulgacion: 17-JUL-2000 Publicación: 25-OCT-2000

Versión: Única - 25-OCT-2000

Url: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=176915&f=2000-10-25


APRUEBA ''REGLAMENTO DE VISITA DE ABOGADOS Y DEMAS PERSONAS HABILITADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS''

    Santiago, 17 de julio de 2000.- Hoy se decretó lo que sigue:
    Núm. 643.- Vistos: Lo dispuesto en los artículos 19 Nº 3º y 32 Nº 8 de la Constitución Política de la República de Chile; lo señalado en el artículo 3º letra a) del decreto ley Nº 2.859, de 1979, que aprobó la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; lo contemplado en el artículo 2º de la ley Nº 18.120, sobre comparecencia en juicio; lo preceptuado por los artículos 293, 294 y 298 del Código de Procedimiento Penal; lo indicado en el artículo 1º de la ley Nº19.567, que dictó normas de protección a los derechos del ciudadano; lo consignado en el artículo 44 del decreto supremo Nº 518 de 1998, que aprobó el ''Reglamento de Establecimientos Penitenciarios''; y, teniendo presente lo informado por el Director Nacional de Gendarmería de Chile, y
    Considerando:

    1.- Que con fecha 29 de noviembre de 1979, se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo Nº 1.114, del Ministerio de Justicia, que aprobó el reglamento de visitas de abogados y otras personas habilitadas a los establecimientos penales del país.
    2.- Que desde la época de su entrada en vigencia, se han producido numerosos cambios legislativos y reglamentarios relacionados con esta materia, los que hacen necesario adecuar su texto a la normativa vigente.
    3.- Que atendida las nuevas realidades que enfrenta la Administración Penitenciaria, se hace necesario compatibilizar adecuadamente el derecho a la defensa jurídica de los internos, con el régimen penitenciario y la seguridad de los establecimientos penales,
    D e c r e t o:

    Apruébase como ''Reglamento de Visita de Abogados y demás Personas Habilitadas a los Establecimientos Penitenciarios'', el siguiente:



T I T U L O  I

Sobre la asesoría jurídica a las personas privadas de
libertad en establecimientos penitenciarios
    Artículo 1º: Se otorgarán las más amplias facilidades a los internos para contar con la asesoría jurídica de personas autorizadas para representar en juicio, no sólo en la defensa de las causas penales que se siguen en su contra, sino además en todo otro negocio jurídico o gestión judicial que por su naturaleza, requiera la intervención de un letrado.
    Artículo 2º: Las personas habilitadas para prestar asesoría jurídica a quienes se encuentran privados de libertad en establecimientos penitenciarios, son las siguientes:

a)  Los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión;
b)  Los procuradores del número;
c)  Los estudiantes inscritos en tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de las universidades reconocidas por el Estado;
d)  Los egresados de esas mismas escuelas, hasta tres años después de su egreso;
e)  Los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial, respecto a las causas que tramiten en dicha Corporación, durante su práctica judicial para obtener el título de abogado;

    Los abogados y demás personas habilitadas que concurran a los establecimientos penitenciarios, gozarán de todas las facilidades que la infraestructura del establecimiento penal permita, para el desempeño de sus actividades profesionales.
    Artículo 3º: Solamente las personas indicadas en el artículo 2º están facultadas para concurrir a los establecimientos penitenciarios con la finalidad de asumir la representación judicial o prestar asesoría jurídica en asuntos determinados a los internos privados de libertad en dichos recintos.
T I T U L O  II

Sobre el ingreso a los establecimientos penitenciarios y
la comunicación de personas habilitadas con los internos
    Artículo 4º: Las autoridades penitenciarias no tienen facultad para suspender el derecho de los internos a ser visitados por las personas a cargo de su defensa judicial y, la circunstancia de que un interno se encuentre sancionado con suspensión de visitas, internación en celda de aislamiento u otra sanción impuesta por la autoridad penitenciaria de acuerdo al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, no faculta a ésta para impedir que el interno sea visitado por su abogado u otras personas habilitadas con la finalidad de asesorarlas jurídicamente o de asumir su representación judicial.
    Artículo 5º: Antes de ingresar a los establecimientos penitenciarios los abogados y demás personas habilitadas, deberán acreditar su condición de tales exhibiendo la patente profesional, el certificado respectivo u otro documento que los identifique, ante el puesto de control o guardia que exista al efecto. Estos documentos deberán ser exhibidos en original y permanecerán debidamente custodiados en el puesto de control o guardia durante el período que dure la visita del abogado o habilitado.
    Artículo 6º: En el caso de los abogados, su calidad de tales puede ser acreditada con su patente profesional, con un certificado de título de abogado que otorga la Secretaría de la Corte Suprema o con su cédula nacional de identidad, donde conste que la profesión de su titular es la de abogado.
    En el caso de estudiantes de 3º, 4º o 5º año de las Facultades de Derecho, o egresados de las mismas, deberán acreditar su calidad mediante certificados de alumno regular de esos años de la carrera, o de egreso de la universidad, el que habilita para ejercer como mandatario judicial, hasta tres años después de la fecha del egreso.
    En el caso de los procuradores del número, deberán acreditar su calidad de tales mediante la exhibición del documento donde conste su nombramiento o alguna otra credencial que les proporcione el Poder Judicial al efecto.
    En el caso de los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial, deberán acreditar su calidad mediante la credencial que dicha Institución les otorga para ese fin.
    Artículo 7º: En la sala de control o guardia interna de cada establecimiento se mantendrá un Libro de Reclamos, el que estará a disposición de los abogados y habilitados a fin de que, cuando lo estimaren procedente, dejen constancia de los hechos que consideren atentatorios para su desempeño y dignidad profesional, indicando, si fuera posible, el nombre del funcionario que motivó el hecho denunciado, su descripción o grado y demás antecedentes que sirvan para su individualización; el día, fecha y hora en que ocurrió el incidente, como asimismo el nombre, domicilio y firma del reclamante.
    El libro debe permanecer en la sala de control o guardia interna, sin que ninguna circunstancia justifique que éste deje de estar a disposición de los profesionales. Además deberá informarse de su existencia mediante avisos visibles colocados en los lugares por donde circulan los abogados y demás personas habilitadas en el interior de la unidad penal.
    Corresponderá al Jefe de cada establecimiento, revisar diariamente el Libro de Reclamos y velar por que los avisos que informan de su existencia permanezcan en los lugares señalados.
    En caso de existir constancia de alguna queja o reclamo, se procederá a interrogar al funcionario responsable o a quienes tengan conocimiento del hecho y, si la gravedad de la denuncia así lo aconsejare, se informará al Director Regional de Gendarmería de Chile, dentro de las 48 horas siguientes de estampada la denuncia, reclamo o queja.
    Artículo 8º: Los internos podrán recibir atención profesional diariamente, de lunes a viernes, desde media hora después del desencierro, hasta el mediodía, y desde las 14.30 horas hasta media hora antes del encierro, según proceda. Los días sábados y domingos podrán igualmente recibir dicha atención en horarios generales de visita.
    Sin embargo, en casos graves y calificados los abogados y demás personas habilitadas, podrán ingresar en horas distintas a las señaladas, previa autorización del Jefe del establecimiento o quien lo subrogue.
    Artículo 9º: En todos los establecimientos penitenciarios se habilitarán dependencias que reúnan condiciones de privacidad y comodidad indispensables para la atención profesional de los internos, para cuyo efecto el personal de vigilancia prestará la necesaria colaboración.
    En los establecimientos o secciones especiales de alta seguridad, en donde además de las salas para visitas de abogados, existan locutorios para que los reclusos conferencien con los abogados o demás personas habilitadas, debido a su alto compromiso delictual y peligrosidad, se estará a la normativa interna del establecimiento para determinar el lugar en donde se realizará la atención profesional.
    Artículo 10º: Los procuradores del número, estudiantes y egresados de derecho habilitados y los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial gozarán, en el desempeño de sus funciones, de las mismas garantías y facilidades otorgadas a los abogados.
    No se hará ninguna distinción en el trato, atención y facilidades que se otorguen a las personas habilitadas que no sean abogados.
    Artículo 11º: Los abogados y demás personas habilitadas que ingresen a los establecimientos penales, no podrán ser registrados, salvo en los casos en que se sospeche que su visita sirve de pretexto para introducir elementos prohibidos. Ello, previa orden del Jefe del establecimiento, al cual deberá darse aviso de inmediato para tal efecto.
    Los elementos que eventualmente se le encuentren se retirarán para ser examinados, tras lo cual se resolverá su devolución o su remisión a los Tribunales de Justicia si su posesión fuere constitutiva de delito.
    Artículo 12º: Se prohíbe a los abogados y demás personas habilitadas ingresar a los establecimientos penitenciarios portando teléfonos celulares, buscapersonas, radiocomunicadores o cualquier otro tipo de equipo de comunicación similar. En caso de que portaren alguno de estos elementos, deberán informarlo al personal de la guardia interna para que dichos aparatos queden debidamente guardados mientras dure la visita.
    Artículo 13º: Los maletines, bultos o paquetes cerrados que porten las personas habilitadas, podrán ser revisados por el personal de guardia por medio de exámenes visuales, detectores de metales u otras formas de chequeo, teniendo siempre en cuenta el resguardo de la dignidad profesional de los abogados y demás habilitados de derecho.
    Artículo 14º: En cualquier caso, y aun fuera de los horarios de visita, los abogados y demás habilitados podrán hacer llegar a los internos por intermedio de los funcionarios de la guardia del establecimiento penal, los escritos en que se les confiera patrocinio y poder para su conocimiento y firma, los cuales deberán ser devueltos a la brevedad posible y sin más trámite.
T I T U L O  III

Sobre la visita de abogados a detenidos que no han sido
puestos a disposición del tribunal
    Artículo 15º: El Jefe del establecimiento penitenciario en que se encuentre una persona detenida antes de ser puesta a disposición de los Tribunales, siempre que se le solicite, deberá autorizar que el detenido conferencie con su abogado en presencia de dicha jefatura.
    Esta visita no puede prolongarse por más de 30 minutos cada día, hasta que el detenido sea puesto a disposición del tribunal.
    Artículo 16º: La conversación entre el abogado y el detenido puede versar exclusivamente sobre el trato recibido, las condiciones de su detención y sobre los derechos que puedan asistirle.
    Artículo 17º: Se entiende por Jefe del establecimiento tanto al Alcaide titular como a cualquier funcionario que lo subrogue, de acuerdo a la normativa pertinente.
T I T U L O  IV

Sobre las visitas a personas incomunicadas
    Artículo 18º: Los Jefes de establecimiento deberán tener especial atención en aquellos casos en que un detenido o preso pueda ser incomunicado por orden del juez de la causa, de manera de tomar todas las providencias necesarias para resguardar el cumplimiento de dicho mandato judicial.
    Artículo 19º: Las personas incomunicadas sólo pueden ser visitadas por abogados en la forma que determine la ley.
T I T U L O  V

Disposiciones generales
    Artículo 20º: Las visitas de abogados y demás personas habilitadas a detenidos y sujetos a prisión preventiva, se regirán por las leyes procesales y en lo que corresponda, por las disposiciones del presente Reglamento.
    Artículo 21º: Siempre que no se hubiere hecho con antelación, ya sea en el recinto policial en donde estuvo detenido, o a través de la Secretaría del Tribunal que dispuso su privación de libertad, el interno detenido o preso, aunque se encuentre incomunicado, tiene derecho a que en su presencia, a la mayor brevedad y por los medios más expeditos posibles, se informe a su familia, a su abogado o a la persona que él indique, del hecho o causa de su detención o prisión.
    Artículo 22º: Será responsabilidad de los Jefes de establecimientos penitenciarios, poner íntegramente este Reglamento en conocimiento del personal a su cargo. Una copia de éste deberá permanecer siempre en la guardia interna de las unidades penales para la consulta del personal, de los abogados y demás personas habilitadas que ingresan al establecimiento.
    Artículo 23º: Los abogados y demás personas habilitadas, tanto al ingreso como durante toda su permanencia en un recinto penal, deberán respetar las normas de seguridad y de régimen penitenciario existentes al interior del establecimiento.
    Artículo 24º: Cuando ocurran al interior de un establecimiento penal alteraciones graves al régimen penitenciario, como motines, intentos de fuga u otros, que lleven a considerar fundadamente que la integridad física de los abogados o demás personas habilitadas pueda correr algún riesgo en caso de ingresar a visitar a sus representados, los Jefes de establecimiento solicitarán a las personas habilitadas para representar en juicio que se encuentren en el exterior del recinto, posponer temporalmente su ingreso al penal hasta que la situación de peligro sea superada.
    Artículo 25º: Todas las referencias efectuadas al ''Reglamento de visitas de abogados y otras personas habilitadas a los establecimientos penales del país'', fijado por decreto supremo Nº 1.114 de 1979, contenidas en textos legales o reglamentarios, generales o especiales, se entenderán hechas al presente Reglamento.
    Artículo 26º: Derógase el decreto supremo de Justicia Nº 1.114, de 8 de agosto de 1979.
    Tómese razón, comuníquese y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

    Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Jaime Arellano Quintana, Subsecretario de Justicia.

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