Decreto 3274 TEXTO DEFINITIVO DE LA LEY DEL COLEGIO DE ABOGADOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promulgacion: 01-SEP-1941 Publicación: 09-OCT-1941

Versión: Última Versión - 14-FEB-1991

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TEXTO DEFINITIVO DE LA LEY DEL COLEGIO DE ABOGADOS

Núm. 3,274.- Santiago 1° de Septiembre de 1941.- En uso de la facultad que me confiere el artículo 9° de la Ley N° 6,985, de 10 de Julio último, he acordado y

Decreto:

El texto definitivo de la Ley N° 4,409, cuyo texto definitivo fué a su vez fijado por decreto supremo número 1,280, de 29 de Marzo de 1935, será el siguiente:

TITULO I

De los Consejos

Artículo 1° Créase la institución denominada "Colegio de Abogados", con personalidad jurídica, que se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Art. 2° El Colegio de Abogados será dirigido por un

NOTA: 1

Consejo General residente en Santiago, y por Consejos Provinciales residentes en los lugares de asiento de las Cortes de Apelaciones.

NOTA: 1
El artículo 3° del DL 2145, de 1978, dispuso que para los efectos de lo prescrito en este artículo, se condiderará que la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte de de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda constituyen un solo tribunal.

Art. 3° El Consejo General de compondrá de 18 miembros. Los Consejos provinciales se compondrán de cinco miembros si en el distrito jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, el número de abogados inscritos en el Registro del Consejo fuere menor de treinta; de siete, si ese número fluctuare entre treinta y cincuenta; y de nueve, si fuere superior a cincuenta.

Estos cargos serán gratuitos.

Art. 4° Los Consejos Provinciales tendrán

jurisdicción sobre los abogados que ejerzan su profesión en el distrito jurisdiccional de la Corte de Apelaciones respectiva.

El Consejo General tendrá jurisdicción en el distrito de la Corte de Apelaciones de Santiago y la supervigilancia de los Consejos Provinciales y de los abogados de toda la República.

Art. 5° Para ser elegido consejero, se requiere la calidad de abogado ante la Corte Suprema o ante la Corte de Apelaciones; residir en el lugar en que el Consejo funcione y no adeudar patente profesional.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser elegidos los abogados que se hayan retirado del ejercicio de la profesión y que residan en el lugar en que el Consejo deba sesionar.

Art. 6° Los Consejos serán elegidos en votación directa por los abogados inscritos en el Registro de cada Consejo, en la forma que establezca el Reglamento respectivo.

La elección se hará por lista completa, a pluralidad de sufragios, y sin que pueda emplearse el voto acumulativo.

Sólo podrán tomar parte en la votación los abogados en ejercicio, inscritos en el correspondiente Registro con tres meses de anticipación, a lo menos, a la fecha de la elección y que no adeuden patente.

Art. 7° Los consejeros durarán en sus cargos cuatro años; podrán ser reelegidos indefinidamente.

El Consejo General se renovará cada dos años, por parcialidades de dieciocho miembros; y los Consejos Provinciales por parcialidades de dos y tres, tres y cuatro y cuatro y cinco, según se compongan de cinco, siete y nueve miembros.

Art. 8° Las elecciones ordinarias se verificarán en la primera quincena del mes de Abril del año que corresponda.

Art. 9° Si se produjere alguna vacante, el respectivo Consejo elegirá a la persona que deba ocupar el cargo el tiempo que faltare para completar el período correspondiente.

En caso de renuncia colectiva de las personas que forman un Consejo o de falta o imposibilidad de, un número de miembros que impida formar quórum para sesionar, el secretario convocará, a la brevedad posible, a los abogados de la jurisdicción a Junta General para proceder a la elección.

Art. 10. Cada Consejo, en su primera reunión, elegirá de entre sus miembros un presidente y un vicepresidente, y nombrará de entre las personas extrañas a él, un secretario-tesorero y los demás empleados necesarios y fijará sus remuneraciones.

Antes de entrar en el desempeño de su cargo, el secretario-tesorero rendirá, a satisfacción del Consejo, fianza equivalente a dos años de su sueldo.

En los asuntos o negocios en que el Consejo o alguno de sus miembros deba intervenir en conformidad con las disposiciones de esta ley, servirá de actuario el secretario del Consejo, con el carácter de ministro de fe. Tendrá igual calidad en las funciones propias de su cargo.

Art. 11. Los Consejos podrán celebrar sesión con la concurrencia, a lo menos, de la tercera parte de sus miembros, siempre que la ley no exija otro quórum.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes, salvo disposición expresa en contrario.

La fracción que resultare en la división para determinar el quórum, se considerará como entero.

Art. 12. Corresponde a cada Consejo dentro de su ju

NOTA: 1

risdicción:

a) Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión de abogado y por su regular y correcto ejercicio; mantener la disciplina profesional y prestar protección a los abogados;

b) Indicar al Presidente de la República y a los Tribunales de Justicia los abogados que considere idóneos para el desempeño de funciones judiciales. Esta clasificación se hará por las tres cuartas partes de los miembros del Consejo a lo menos;

c) Resolver las cuestiones de honorario entre el abogado y su cliente, cuando este último o ambos lo soliciten. LLegado este caso, el Consejo designará, conforme al turno que él mismo fije, a uno de sus miembros para la tramitación, el cual procederá como arbitrador. Para dictar fallo, el quórum será la mayoría absoluta de sus miembros.

Contra la decisión del Consejo no habrá recurso alguno.

En estos asuntos se usará el papel sellado que corresponda a la cuantía del honorario reclamado.

La copia autorizada del fallo tendrá mérito ejecutivo;

d) Administrar los bienes del Consejo y disponer de ellos en conformidad al artículo siguiente;

e) Formar anualmente el Presupuesto de entradas y gastos y rendir cuenta en la primera reunión ordinaria de cada año. Este Presupuesto se someterá a la aprobación del Presidente de la República. Para estos casos se requerirá el mismo quórum designado en la letra c);

f) Discernir las recompensas que se acuerde a obras publicadas en el país sobre materias comprendidas en las asignaturas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales;

g) Asistir a la sesión solemne de apertura de la Corte Suprema;

h) LLevar el Registro de los abogados en ejercicio dentro de su respectivo distrito jurisdiccional;

i) Enviar en el mes de Enero de cada año a los Tribunales de su distrito jurisdiccional, una nómina de los abogados habilitados para ejercer la profesión ante ellos y comunicarles oportunamente las nuevas inscripciones o alteraciones que se hagan en el Registro.

Esta nómina se enviará también al presidente de la Corte Suprema;

j)Representar al Presidente de la República y a los Tribunales Superiores las incorrecciones que notare en la administración de justicia y hacerles las observaciones que estime conducentes para que ésta se ejercite en forma correcta y expedita;

k) Sesionar durante el año judicial a lo menos una vez al mes.

La inasistencia de los consejeros a sesiones durante tres meses consecutivos, sin causa justificada, producirá la vacancia del cargo, previa declaración del Consejo;

l) Propender a la formación de una Biblioteca de Ciencias Jurídicas y Sociales, a la publicación de revistas y obras de igual naturaleza o de jurisprudencia y, en general, a todo cuanto tienda al desarrollo de los estudios jurídicos;

m) Organizar, con arreglo al Reglamento, instituciones de ahorro, asistencia o protección;

n) Dictar un arancel de honorarios de abogados, con un máximo y un mínimo para cada juicio o gestión, el cual regirá a falta de estipulación expresa. En desacuerdo de las partes sobre el monto del honorario,LEY 15632
ART 25 a) decidirá la justicia ordinaria, dentro de la escala fijada en dicho arancel;

ñ) DEROGADA.-LEY 17995
ART 5°

o) Comparecer en juicio para el solo efecto de velar por el cumplimiento de esta ley y en especial, para perseguir el ejercicio ilegal de la profesión. Cuando en ejercicio de esta facultad el Consejo se querellare criminalmente, no estará obligado a rendir fianza ni a prestar juramento de calumnia y no habrá lugar a que la querella pueda ser declarada calumniosa o injuriosa.

Esta facultad corresponderá al Consejo General ante todos los Tribunales de la República, y a los Consejos Provinciales, dentro de su jurisdicción.

El Consejo será representado por su presidente o por el abogado que éste designe. Para acreditar esta representación, bastará un certificado del secretario del Consejo respectivo.

NOTA: 1
El artículo 1° de la Ley N° 17.995 dispuso que los consultorios creados en conformidad a la letra ñ) del presente artículo se transformarán en tres corporaciones que se denominarán "Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana de Santiago", con domicilio en Santiago; "Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso", con domicilio en Valparaíso, y "Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío-Bío", con domicilio en Concepción. Estas Corporaciones serán las continuadoras legales del Colegio de Abogados de Chile, en lo referente, exclusivamente a los Servicios de Asistencia Judicial y al régimen de personal de esos Servicios.

Art. 13. Los bienes del Colegio de Abogados no podrán aplicarse sino:

a) A la adquisición o arrendamiento de un local para el Colegio y sus dependencia;

b) A la adquisición de mobiliario y demás elementos de funcionamiento del Colegio;

c) Al pago de los empleados que necesite, y cumplimiento de las obligaciones legales con respecto a ellos;

d) Al cumplimiento de los gravámenes o modalidades que afecten a donaciones o asignaciones aceptadas por la institución y al pago o servicio de las demás deudas legalmente contraídas por la Institución;

e) Al mantenimiento y fomento de una Biblioteca;

f) A editar obras o revistas de ciencias jurídicas o sociales;

g) A otorgar premios para obras relativas a estas ciencias que se redacten sobre temas que indique el mismo Colegio;

h) A remunerar conferencias sobre esas mismas ciencias o trabajos de investigación relativos a ellas y que el Colegio haya encargado;

i) A premiar memorias de estudiantes universitarios concernientes a la misma y que a juicio del Colegio, merezcan esta distinción;

j) A mantener consultorios jurídicos gratuitos parapobres; y

k) A mantener un servicio de asistencia médica gratuita para los miembros de la institución en caso de enfermedad;

l) A subvencionar a instituciones o corporaciones deLEY 16518
ART 3° abogados para el cumplimiento y satisfacción de sus fines societarios o gremiales.

Art. 14. El Consejo General llevará, además, el Registro de los abogados titulados de la República.

Art. 15. El Consejo General con acuerdo de los dos terciosde sus miembros podrá, de oficio o a petición de los Consejos Provinciales, dictar resoluciones de carácter general, relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado.

Art. 16. Sin perjuicio de las facultades que corresponden a los tribunales de Justicia, el Consejo podrá corregir de oficio o a petición de parte, en la forma que se indica en los artículos 22 y 24, todo acto desdoroso para la profesión, abusivo de su ejercicio o incompatible con la dignidad y cultura de los debates judiciales, pudiendo, al efecto, hacer uso de las medidas siguientes:

a) amonestaciones;

b) censura; y

c) Suspensión del abogado por un plazo que no exceda de seis meses, dando cuenta de ella a la Corte Suprema y a la respectiva Corte de Apelaciones.

Para acordar la suspensión se requiere la concurrencia de los dos tercios de los miembros del Consejo. Si es acordada por un Consejo Provincial, el abogado podrá dentro del plazo de quince días, reclamar ante el Consejo General, que resolverá oyendo al interesado, previo informe del Consejo respectivo. Mientras se resuelva la reclamación quedarán suspendidos los efectos de la medida adoptada.

Art. 17. El abogado que haya sido declarado reo por

NOTA:

resolución ejecutoriada por alguno de los delitos que tenga como pena principal o accesoria la inhabilitación para profesiones titulares, quedará de hecho suspendido de sus funciones por todo el término que dure el juicio y hasta que recaiga en él sentencia que le ponga término.

Si la sentencia fuere absolutoria o de sobreseimiento, quedará de hecho terminada la suspensión. En caso contrario, la suspensión durará el tiempo de la condena, salvo la excepción del artículo siguiente.

La resolución que declare reo al inculpado será comunicada de oficio por el Tribunal al Consejo General del Colegio de Abogados.

NOTA:
El artículo 9º de la LEY 19047, modificado por las leyes 19114 y 19158, ordenó sustituir la palabra "reo" por las expresiones " procesado", "inculpado", "condenado", "demandado" o "ejecutado" o bien mantenerse según corresponda.

Art. 18. Podrá, asimismo, el Consejo General, acordar con el voto de los dos tercios de sus miembros, la cancelación del título, siempre que motivos graves lo aconsejen. Todo acuerdo del Consejo que cancele el título, será apelable dentro de diez díaz ante la Corte Suprema, que conocerá del recurso en Tribunal Pleno y requerirá para ser confirmada el voto de los dos tercios de los miembros presentes del Tribunal.

Declarada la cancelación, el abogado será eliminado del Registro de la Orden.

Art. 19. Sólo se considerarán como motivos graves los siguientes:

a) Haber sido suspendido el abogado inculpado tres o más veces;

b) Haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados en los artículos 231 y 232 del Código Penal o en los Títulos IV y IX del Libro II del mismo Código; y

c) Haber sido aceptada por el Consejo General la acusación que se hubiere formulado por alguno de los delitos a que se refieren los artículos 231 y 232 del Código Penal.

Art. 20. Son aplicables a los miembros de los Consejos, las causales de implicancia y de recusación que rigen para los jueces y se harán valer en la forma que para los últimos determina el Código de Procedimiento Civil.

Conocerá de ellas un Tribunal compuesto de tres miembros del Consejo, elegidos por sorteo, con exclusión de los afectados.

Si por cualquier causa no pudiere constituirse este Tribunal, conocerá la Corte de Apelaciones respectiva.

Si aceptadas las implicancias o recusaciones, el Consejo quedare sin número para funcionar, se integrará con abogados elegidos por sorteo de entre los que tengan los requisitos necesarios para ser consejeros.

Art. 21. Antes de aplicar cualquiera medida disciplinaria, el Consejo deberá oir, verbalmente o por escrito, al abogado inculpado, a quien se citará con dos días de anticipación, a lo menos, por medio de una carta certificada dirigida a su domicilio. Si el domicilio estuviere fuera del asiento del Consejo, el plazo para la comparecencia será de diez días.

Comparezca o no el citado, el Consejo procederá.

Art. 22. Las personas que se creyeren perjudicadas con los procedimientos profesionales de su abogado, podrán ocurrir al respectivo Consejo, el cual apreciará, privadamente y en conciencia el motivo de la queja, oyendo al interesado en la forma que determina el artículo anterior.

Art. 23. Estas reclamaciones y la decisión que sobre ellas recaiga, no podrán ser publicadas sin acuerdo expreso del Consejo, bajo la multa de quinientos a mil pesos, que aplicará sumariamente al culpable el respectivo juez de Letras de Mayor Cuantía del lugar en que se hiciere la publicación.

Art. 24. El Consejo, en conocimiento de losLEY 15632
ART 25 c)
LEY 16437
ART 23 antecedentes acompañados a la reclamación, exigirá como requisito previo para darle curso, un depósito a su orden hasta de medio sueldo vital mensual del departamento de Santiago, escala A, para responder al pago de la multa que deberá imponer, si la reclamación

NOTA: 2

fuere desechada. Esta multa será de E° 1 hasta medio sueldo vital mensual, escala A, del departamento de Santiago y se regulará habida consideración a la gravedad de los antecedentes.

NOTA: 2
Esta modificación regirá 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, efectuada el 23 de febrero de 1966. (Ley 16.437, art. 22).

Art. 25. Toda sentencia judicial ejecutoriada que condene a un abogado a la pena de suspensión del ejercicio profesional o que produzca el efecto de cancelar su título, deberá ser comunicada al presidente del Colegio de Abogados donde esté inscrito el reo y al Consejo General.

NOTA:

Art. 26. Las facultades que se conceden a los Consejos por los artículos Nros. 16 y siguientes, no podrán ser ejercitadas después de trascurrido un año contado desde que se ejecutaron los actos que se trata de juzgar.

Art. 27. La nómina de los abogados a quienes se hubieren aplicado medidas disciplinarias por el Consejo, será remitida mensualmente por los Consejos de las Cortes de Apelaciones correspondientes.

Los abogados censurados o suspendidos no podrán figurar en listas para cargos judiciales dentro de los plazos de seis meses y un año respectivamente, contados desde la aplicación de las medidas disciplinarias.

Art. 28. Los funcionarios judiciales o administrativos que tengan a su cargo instrumentos, expedientes o archivos, relacionados con los negocios o reclamos en que intervengan los Consejos, estarán obligados a dar las facilidades necesarias con el fin de que éstos puedan imponerse de ellos.

Para este efecto, el secretario del Consejo respectivo podrá retirar los expedientes hasta por ocho días, otorgando recibo.

TITULO II

De las reuniones generales

Art. 29. Habrá reunión ordinaria en la segunda quincena del mes de Abril de cada año. En ella el Consejo presentará una memoria de la labor del Colegio durante el año precedente y un balance de su estado económico.

Este balance será sometido a la aprobación de la Contraloría General de la República.

Art. 30. En las reuniones ordinarias los abogados podrán proponer a la consideración del Consejo las medidas que creyeren convenientes para el prestigio de la Orden o el ejercicio de la profesión.

Art. 31. Habrá reunión extraordinaria cuando lo acuerde el Consejo o lo pida por escrito al presidente, indicando su objeto, un número de abogados que represente, a lo menos, el diez por ciento de los inscritos en el Registro respectivo. En ella sólo podrán tratarse los asuntos incluídos en la convocatoria.

Art. 32. En toda reunión general el quórum será el veinte por ciento, a los menos, de los abogados inscritos. No habiendo quórum, se citará para dentro de los quince días siguientes, a una nueva reunión, que se celebrará con los que concurran.

Art. 33. La citación se hará por medio de tres avisos publicados en un diario de la ciudad del asiento del Consejo, con indicación del día y lugar en que deba verificarse la reunión y su objeto, si fuere extraordinaria; y, además, por carta dirigida a los miembros del Colegio, al domicilio que hayan fijado en el Registro.

El primer aviso será publicado y las cartas enviadas, a lo menos, con cinco días de anterioridad al designado para la reunión.

TITULO III

Del ejercicio de la profesión

Art. 34. El título de abogado será expedido por una Comisión compuesta del presidente de la Corte Suprema, del presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y del presidente del Consejo General del Colegio de Abogados.

En caso de ausencia o imposibilidad de uno o más de sus miembros, será subrogado por el que haga sus veces.

Ante esta Comisión se comprobarán los requisitos que las leyes exijan para poder ser abogado y se rendirá un examen en la forma que determine el Reglamento.

Servirá de ministro de fe el secretario de la Corte Suprema.

Art. 35. Además de los requisitos exigidos por el artículo 402 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, el postulante deberá acreditar fehacientemente:

a) Antecedentes de buena conducta. La Comisión podrá practicar las averiguaciones que estime necesarias acerca de los antecedentes personales del postulante; y

b) Haber servido, a satisfacción del Consejo respectivo, en el Consultorio Jurídico para Pobres a que se refiere la letra ñ) del artículo 12, durante el tiempo y en la forma que el Reglamento determine.

Si la Comisión no admitiere a examen al postulante por estimar que no concurren los requisitos señalados en este artículo, el afectado podrá reclamar ante la Corte Suprema, la que resolverá como jurado.

Art. 36. El abogado prestará ante el presidente de la Corte Suprema juramento de que desempeñará leal y honradamente la profesión.

Expedido el título se inscribirá en el Registro de la Orden a cargo del Consejo General.

Art. 37. Si el postulante fuere reprobado no podrá repetir el examen antes de seis meses. Si se le reprobare nuevamente, el plazo para la repetición será de un año.

Art. 38. Para ejercer la profesión el abogado deberá, además, inscribirse en el Registro especial de los abogados en ejercicio en el distrito jurisdiccional de su residencia, y pagar la respectiva patente, salvo en los casos comprendidos en el inciso final del artículo 45.

Art. 39. El abogado que haya cumplido con lo dispuesto en el artículo anterior puede ejercer su profesión en toda la República.

El abogado inscrito en un Registro deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 46 para ejercer la profesión ante otro Tribunal de superior jerarquía. De esto de tomará razón en el Registro.

Art. 40. La primera presentación de cada parte o interesado en asuntos contenciosos o no contenciosos ante cualquier Tribunal de la República, sea ordinario, arbitral o especial, deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Esta obligación se entenderá cumplida por el hecho de poner el abogado su firma, indicando, además, su nombre, apellidos, domicilio, el número de su inscripción en el Registro de la Orden y el número del recibo de su patente al día. Sin estos requisitos no podrá ser proveída y se tendrá por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones que al respecto se dicten no serán susceptibles de recurso alguno.

El abogado conservará este patrocinio y su responsabilidad mientras en el proceso no haya testimonio de la cesación de dicho patrocinio. Podrán, además, tomar la representación de su patrocinado en cualquiera de las actuaciones, gestiones o trámites de las diversas instancias del juicio o asunto.

Si la causa de la expiración fuere la renuncia del abogado, deberá éste ponerla en conocimiento de su patrocinado, junto con el estado del negocio y conservará su responsabilidad hasta que haya transcurrido el término de emplazamiento desde la notificación de su renuncia, salvo que antes se haya designado otro patrocinante.

Si la causa de la expiración fuere el fallecimiento del abogado, el interesado deberá designar otro en su reemplazo en la primera presentación que hiciere con posterioridad a ese fallecimiento, en la forma y bajo la sanción que se indica en el inciso 1.o de este artículo.

Art. 41. Ninguna persona, salvo en los casos de excepción contemplados en el artículo siguiente o cuando la ley exija la intervención personal de la parte, podrá comparecer en los asuntos y ante los Tribunales a que se refiere el artículo 40, sino representada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, por procurador del número, por mandatario que designe el respectivo Consultorio Jurídico para Pobres, por estudiante actualmente inscrito en 3.o, 4.o o 5.o años, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de algunas de las Universidades autorizadas, o por egresados de esas mismas Facultades que hubieren cursado 5.o año y hasta 3 años después de haber rendido los exámenes correspondientes. Los secretarios de las Universidades respectivas certificarán, a petición verbal del interesado, el hecho de estar vigente la matrícula y el de la fecha del egreso, en su caso.

Para la iniciación y secuela del juicio, podrá, sin embargo, solicitarse autorización para comparecer y defenderse personalmente. El juez podrá concederla atendida la naturaleza y cuantía del litigio o las circunstancias que se hicieren valer, sin perjuicio de exigir la intervención de abogados, siempre que la corrección del procedimiento así lo aconsejare. Las resoluciones que sobre estos particulares expida el juez serán apelables sólo en el efecto devolutivo.

Ante la Corte Suprema sólo se podrá comparecer por procurador del número y ante las Cortes de Apelaciones, Marcial, Naval y de Aeronáutica, ninguna parte podrá comparecer sino personalmente o representada por un procurador del número.

El litigante declarado rebelde sólo podrá comparecer ante estos últimos Tribunales representado por el procurador del número.

Si al tiempo de pronunciarse el Tribunal sobre la respectiva solicitud, el mandato no estuviere legalmente constituído, el Tribunal se limitará a ordenar la debida constitución del mandato dentro de un plazo máximo de tres días. Extinguido este plazo y sin necesidad de acusar la rebeldía, se tendrá la solicitud por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones que se dicten sobre esta materia no serán susceptibles de recurso alguno.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a la delegación del mandato y a las autorizaciones para diligenciar exhortos. En este último caso las calidades a que se refiere el inciso 1.o de este artículo se acreditarán ante el Tribunal exhortado.

Si al mandatario o delegado no se le hubiere conferido todas o algunas de las facultades que se indican en el inciso 2.o del artículo 8.o del Código de Procedimiento Civil, la parte firmará con aquél los escritos que digan relación con tales facultades.

No obstante lo dispuesto en el inciso 1.o, en los mandatos con administración de bienes podrá conferirse al mandatario la facultad de comparecer en juicio, pero si éste no fuere abogado habilitado para el ejercicio de la profesión o procurador del número, deberá delegarlo en caso necesario en persona que posea alguna de estas calidades.

El juez de oficio o a petición de parte, podrá exigir si lo estima necesario, la comparecencia del abogado patrocinante o del mandatario de cualquiera de las partes a fin de que ratifique su firma ante el secretario.

Art. 42. Las obligaciones consignadas en los artículos 40 y 41 no regirán en aquellos departamentos en que el número de abogados en ejercicio sea inferior a 4, hecho que determinará el Consejo Provincial respectivo con acuerdo de la Corte de Apelaciones correspondiente.

Exceptúanse, también, del cumplimiento de estas obligaciones, las solicitudes sobre pedimentos de minas que se formulen ante los Tribunales, sin perjuicio deLEY 7540
ART 1° a) cumplirse las exigencias que establece esta ley respecto de las tramitaciones posteriores a que den lugar.

No regirá tampoco respecto de los asuntos de que conozcan los Jueces de Menor Cuantía en lo Criminal, deLEY 15632
ART 25 d)
N° 1 subdelegación, de distrito, de mataderos o abastos; los Alcaldes; los Jueces de Policía Local, salvo en asuntos sobre regulación de daños y perjuicios de cuantía superior a dos sueldos vitales mensuales, escala A, delLEY 15632
ART 25 d)
N° 2
LEY 15632
ART 25 d)
N° 3
LEY 11986
ART 23 departamento de Santiago; los Juzgados de Menores; los Tribunales del Trabajo, siempre que la cuantía del asunto sea inferior a dos sueldos vitales mensuales, escala A, del departamento de Santiago y siempre que no funcione en el respectivo departamento un Consultorio del Servicio de Asistencia Judicial del Colegio; los árbitros arbitradores; la Dirección General de Impuestos Internos, salvo que tratándose de asuntos

NOTA: 3

superiores a cuatro sueldos vitales mensuales, laLEY 15632
ART 25 d)
N° 4 Dirección exija por resolución fundada la intervención de abogados; la Contraloría General de la República; la Camara de Diputados y el Senado en los casos de los artículos 39 y 42 de la Constitución Política del Estado; ni en los juicios cuya cuantía noLEY 15632
ART 25 d)
N° 5 exceda de un sueldo vital mensual, escala A, del departamento de Santiago; ni en las causales electorales; ni en los recursos de amparo; ni respecto del denunciante en materia criminal; ni en las solicitudes en que aisladamente se pidan simples copias, desarchivos y certificaciones; ni respecto de los martilleros, peritos, depositarios, interventores, secuestres y demás personas que desempeñen funciones análogas, cuando sus presentaciones tuvieren por único objeto llevar a efecto la misión que el Tribunal les ha confiado o dar cuenta de ella.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en los juicios cuya cuantía no exceda de 10.000 pesos, no podrá ser mandatario sino persona que sepa leer y escribir y tenga domicilio conocido. Será facultativo para el Juez aceptar el mandato, rechazarlo o declararlo cancelado, en cualquier estado del juicio sin expresión de causa. Las resoluciones que al respecto dicte no serán susceptibles de recurso alguno. En los asuntos de que conozcan los Tribunales del Trabajo y cuya cuantía sea inferior a un sueldo vital mensual, escala A, del departamento de Santiago y en aquellos de que conozcan los Juzgados de Menores, los interesados podrán comparecer personalmente; pero, si lo hicieren por mandatario, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 41.

En las ciudades donde rijan las obligacionesLEY 15632
ART 25 e) establecidas en los artículos 40 y 41 y no existieren Consultorios Jurídicos para Pobres, las personas notoriamente menesterosas, a juicio del Tribunal, serán representadas y patrocinadas gratuitamente por el abogado de turno .

NOTA: 3
La modificación introducida por la Ley 11986, rige 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, efectuada el 11 de noviembre de 1955. (Ley 11.986, art. 30).

Art. 43. Los respectivos Consejos del Colegio de Abogados en los meses de Abril y Octubre de cada año, enviarán a los Tribunales unipersonales y colegiados de su distrito jurisdiccional la nómina de los abogados habilitados durante el semestre para el ejercicio de la profesión ante esos Tribunales, con indicación del nombre y apellidos del abogado, del número de su inscripción en el Registro de la Orden y del número del recibo de su patente al día.

Esta nómina se conservará en poder del Tribunal y una copia de ella será fijada en la Secretaría del mismo.

Si en dicha nómina se omitiera el nombre de algún abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, sea por haber efectuado con retardo el pago de su patente, por pertenecer a otro distrito jurisdiccional o por otra causa, el secretario del Tribunal, a requerimiento verbal del interesado, adicionará la nómina en referencia con el nombre y datos del abogado omitido, previa comprobación por éste del pago de la patente vigente o de estar exento de ella y de hallarse inscrito en el Registro de la Orden.

Sólo se considerará habilitado para el ejercicio de la profesión el abogado que figure en la nómina a que se refiere este artículo.

Los Consejos del Colegio de Abogados otorgarán a los abogados un carnet especial que acredite su calidad de tales y en el cual se hará constar el pago periódico de la patente.

Art. 44. El Consejo respectivo velará por la correcta y expedita defensa de las causas en que haya partes que gocen del privilegio de pobreza.

TITULO IV

De las patentes

ART. 45.- DEROGADO.-DL 3637 1981
ART 3°

ART. 46.- DEROGADO.-DL 3637 1981
ART 3°

ART. 47.- DEROGADO.-DL 3637 1981
ART 3°

Art. 48. La falta de pago oportuno de la patente inhabilita por sí sola al abogado para el ejercicio de la profesión. Esta inhabilidad cesa con su pago.

El abogado que, no obstante lo dispuesto en el inciso anterior, ejerza su profesión sin haber pagado la patente que corresponda, incurrirá en una multa de 100 a 500 pesos, que se aumentará al doble en caso de reincidencia. Las multas serán aplicadas breve y sumariamente con la sola audiencia del afectado, por el juez de Letras en lo Civil del departamento que estuviere de turno al hacerse la denuncia.

ART. 49.- DEROGADO.-DL 3637 1981
ART 3°

ART. 50.- DEROGADO.-DFL 9-2345
MIN.
INTERIOR
1979
ART 1° b)

NOTA: 4

NOTA: 4
El DFL 9-2345, Min.Interior, de 1979, derogó el artículo 50 de la presente ley. Posteriormente, el DL 3637, de 1981, en su artículo 3°, volvió a derogar el citado artículo 50.-

Art. 51. Los Consejos de Abogados otorgarán a los miembros de sus respectivas jurisdicciones anualmente, distintivos especiales que acrediten su carácter de abogados, a fin de facilitar su identificación y el libre acceso a los lugares a que tengan que concurrir en el ejercicio de sus actividades profesionales.

TITULO V

De las sanciones

Art. 52. Ningún respectivo o actuario autorizará un mandato para comparecer ante el respectivo Tribunal sin cerciorarse previamente de que el mandatario tiene algunas de las calidades indicadas en el inciso 1.o del artículo 41.

Los secretarios o actuarios que infrinjan lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con multa de 100 pesos y con el doble en caso de reincidencia, que se aplicará breve y sumariamente por el juez de la causa o por el de turno en lo Civil, en su caso, con la sola audiencia del afectado.

Art. 53. El que sin ser abogado ejecutare cualquiera de los actos a que esta ley se refiere, incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio.

En la misma pena incurrirá el que, sin tener alguna de las calidades que señala el inciso 1.o del artículo 41, represente a otro en un asunto contencioso o no contencioso que no sea de los expresamente exceptuados por la presente ley.

El abogado que aparente ser el patrocinante de un asunto sin serlo en realidad o que preste su firma para cumplir con las exigencias legales, será sancionado disciplinariamente por el Consejo respectivo.

El abogado que ejerciere su profesión hallándose suspendido por resolución ejecutoriada de un Consejo o de la justicia, incurrirá en una multa de 500 a 1.000 pesos que se aumentará al doble en caso de reincidencia. La multa se aplicará en la forma establecida en el inciso 2.o del artículo anterior.

Art. 54. Los que utilicen distintivos, planchas, avisos, membretes o cualquier otro medio de propaganda mediante el cual se atribuyan la calidad de abogados o de procurador judicial u ofrezcan servicios de tales, sin tener alguna de esas calidades, serán castigados como autores de tentativa de los delitos a que se refieren los incisos 1.o y 2.o del artículo anterior.

Art. 55. Los procuradores del número deberán limitarse estrictamente a los términos de su mandato y no les será lícito hacer acto alguno de abogado salvo cuando posean este título y cumplan los requisitos legales que los habilite para ejercer la profesión.

La contravención a este artículo será castigada con multa de 500 a 1.000 pesos, y destitución en caso de reincidencia.

Art. 56. Los notarios, archiveros y conservadores y los empleados de estos funcionarios no podrán encargarse de ninguna clase de gestiones ante los Tribunales, ni de tramitar inscripciones o legalizaciones, ni, en general, de efectuar ningun acto o diligencia que, aunque se relacione con escrituras o actuaciones realizadas en la Notaría o que sean consecuencias de tales escrituras o actuaciones; deban completarse en otras reparticiones del servicio judicial o administrativo.

Las escrituras de constitución, modificación, disolución o liquidación de toda clase de sociedades, de liquidación de sociedades conyugales, de partición de bienes, capitulaciones matrimoniales, escrituras constitutivas de personalidad jurídica, de asociaciones de canalistas, estatutos de comunidades, cooperativas, fideicomisos, usufructo, uso o habitación, servidumbres, censos y rentas vitalicias, donaciones, cuentas corrientes comerciales, convenios extrajudiciales, contratos de emisión de bonos de sociedades anónimas, pactos de avío, transacciones e hipotecas sobre naves, sólo podrán ser extendidas en los protocolos notariales sobre la base de minutas firmadas por algún abogado en ejercicio.

Unícamente estos abogados podrán encargarse de toda clase de legalizaciones ante las autoridades y oficinas judiciales o administrativas.

La contravención a este artículo será sancionada con arreglo al inciso 1.o del artículo 53.

Art. 57. Encargado reo un infractor de la presente

NOTA:

ley por alguno de los delitos previstos en los incisos 1.o y 2.o del artículo 53 o en el artículo 54, se decretará la clausura provisional de su oficina o del local en que ejerciere sus actividades. Condenado por sentencia ejecutoriada, la clausura será definitiva.

Art. 58. En los delitos a que se refiere la presente ley, sólo se concederá la libertad provisional bajo fianza hipotecaria o un depósito de dinero o de efectos públicos de un valor equivalente, y en los procesos a que den origen, el juez apreciará la prueba en conciencia.

Art. 59. Sólo podrán denunciar infracciones a esta ley, las partes, los funcionarios judiciales, los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión y el respectivo Consejo del Colegio de Abogados.

Art. 60. Sin perjuicio de las demás medidas autorizadas por las leyes, los jueces podrán requerir el auxilio de la gendarmería de prisiones o de la fuerza pública para hacer alejar del recinto de los Tribunales, cárceles, presidios y otros lugares de detención a los que, sin ser abogados, ejecuten actos de tales, a los sospechosos de estas actividades, y a los que a juicio del Tribunal, no dieren explicaciones satisfactorias de su permanencia en el recinto mismo.

Art. 61. Salvo en el caso del artículo 24 de esta ley, la aplicación de las multas que ella establece se hará con arreglo al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, el Tribunal que las aplique lo comunicará al Consejo respectivo.

TITULO VI

Disposiciones generales

Art. 62. Sólo los chilenos podrán ejercer la profesión de abogado. Lo dicho se entenderá sin perjuicio de lo que dispongan los tratados internacionales vigentes.

Art. 63. Las defensas orales ante cualquier Tribunal de la República sólo podrán hacerse por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Los postulantes que estén prestando sus serviciosLEY 15632
ART 25 f) en los Consultorios Jurídicos para Pobres de los respectivos Consejos de Abogados podrán, no obstante, hacer tales defensas, pero sólo ante las Cortes de Apelaciones, Marcial, Naval, de Aeronáutica y del Trabajo, en favor de las personas patrocinadas por su respectivo Consultorio. Para estos fines el Jefe de un Consultorio deberá otorgar al postulante un certificado que lo acredite como tal.

Art. 64. Puede ser árbitro todo abogado habilitado para ejercer la profesión, aunque sea menor de edad.

El nombramiento de árbitros de derecho sólo podrá recaer en un abogado.

Art. 65. La prohibición establecida en el artículo 368 de la ley de 15 de Octubre de 1875, sobre Organización y Atribuciones de los Tribunales, se referirá también a la aceptación y desempeño de arbitrajes y particiones.

Art. 66. Se prohibe a las instituciones bancarias que se acojan a las disposiciones de la ley número 4,827, de 17 de Febrero de 1930, sobre comisiones de confianza, hacer publicaciones en que de cualquiera manera inviten al público a que les confíen las redacción de testamentos o escrituras u otros actos propios de la profesión de abogado.

Se les prohibe, asimismo, hacer propaganda y publicaciones que, a juicio del Consejo General del Colegio de Abogados, vayan en desmedro o descrédito de la profesión.

Las infracciones a este artículo serán sancionadas con multa de 5,000 pesos y con el doble en caso de reincidencia, que se aplicará breve y sumariamente, por el juez de turno en lo Civil, con la sola audiencia del afectado.

Los Consejos del Colegio de Abogados deberán velar por el cumplimiento de esta disposición. Podrán, también, hacer las denuncias correspondientes y ser partes en las gestiones que se inicien al respecto, todo de acuerdo con la letra o) del artículo 12.

Art. 67. Cada vez que en esta ley se haga mención de los Consultorios Jurídicos para Pobres, se entenderá que son aquellos a que se refieren las letras ñ) del artículo 12 y j) del artículo 13.

Art. 68. Ninguna repartición u oficina fiscal, semifiscal o municipal, podrá negarse a aceptar la intervención de un abogado como patrocinante o mandatario en los asuntos que en ella se tramiten.

Art. 69. Los procuradores del número no podrán ejercer la profesión de abogado ante las Cortes de Apelaciones en que actuan.

Art. 70. El Fisco y las instituciones semifiscales estarán obligadas a constituir procuradores que sean abogados.

Art. 71. Derógase, por lo que se refiere a las patentes de abogado, el artículo 31 del decreto con fuerza de ley N.o 148, de 6 de Mayo de 1931.

Art. 72. Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículos transitorios

Artículo 1°. La disposición del artículo 62 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados no se aplicará a los extranjeros que actualmente ejercieren la profesión de abogado en el país, ni a aquellos que obtengan su título después de terminar los cursos que, a la fecha de esta ley, tengan ya iniciados en alguna Universidad reconocida.

Art. 2°. La disposición del artículo 64 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados no se aplicará a los árbitros y partidores no abogados que conozcan actualmente de un juicio arbitral o de partición. Sus funciones podrán prorrogarse hasta la terminación del negocio.

Continuarán, también, en su cargo, las personas que formen parte de un tribunal arbitral destinado a resolver las dificultades que sobrevengan en el cumplimiento de un contrato en actual vigencia.

Art. 3°. Tampoco se aplicará lo dispuesto en el artículo 3.o modificatorio del artículo 1324 del Código Civil, a las designaciones de partidores hechas en instrumentos públicos o testamentos otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley. Podrán también prorrogarse sus funciones.

Art. 4°. La prohibición del artículo 69 no regirá respecto de los actuales procuradores del número, mientras desempeñen sus cargos.

Art. 5°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70, los actuales procuradores del número del Fisco y de las instituciones semifiscales que no tengan título de abogado, podrán continuar desempeñando sus funciones, siempre que hayan sido incluídos en una lista que deberán enviar los respectivos organismos al Colegio de Abogados correspondientes, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Art. 6°. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán también a los juicios y asuntos actualmente pendientes.

Art. 7°. Dentro de los noventa días siguientes a la vigencia de esta ley, la Corte Suprema fijará el arancel a que deben sujetarse los emolumentos correspondientes a los secretarios de Juzgados, notarios y otros ministros de fe, por facción de inventarios, sean solemnes o simples, y otras diligencias que les encomienden las leyes.

Tomese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de Leyes y Decretos del Gobierno.- AGUIRRE CERDA.- Domingo J. Godoy.

documento impreso desde www.bcn.cl/leychile el 10 del 07 de 2025 a las 6 horas con 1 minuto.