Esta norma ha sido derogada el 14-OCT-1983
Decreto Ley 488 APRUEBA CODIGO DE MINERIA
MINISTERIO DE FOMENTO
Promulgacion: 24-AGO-1932 Publicación: 27-AGO-1932
Versión: Única - 30-AGO-1932
Url: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=6128&f=1932-08-30
Aprueba Código de Minería
Núm. 488.- Santiago, 24 de Agosto de 1932.-
He acordado y dicto el siguiente, Decreto-ley:
Artículo 1.o Apruébase el adjunto Código de Minería. Dos ejemplares de una edición correcta y esmerada, autorizada por el Presidente de la República y signados con el sello del Ministerio de Justicia y el del Ministerio de Fomento, se depositarán en la Secretaría de ambas Cámaras; uno en el Archivo de cada uno de esos Ministerio y otros dos en la Biblioteca Nacional.
El texto de estos ejemplares se tendrá por el texto auténtico del Código de Minería y a él deberán conformarse las demás ediciones y publicaciones que del expresado Código se hicieren.
Art. 2.o Derógase el decreto-ley N.o 3, de 8 de Junio del presente año.
Art. 3.o Esta ley regirá desde el 30 de Agosto de 1932.
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.- CARLOS DAVILA.- Ernesto Barros J.- Joaquín Fernández.- Pedro Lagos.- V. M. Navarrete.- Luis Barriga.- Juan B. Rossetti.- Guillermo Bañados.- Arturo Riveros.- M. Montalva B.- Luis D. Cruz Ocampo.- Alfonso Quijano.
CODIGO DE MINERIA
TITULO I
DE LAS MINAS Y DE LA PROPIEDAD MINERA
Artículo 1.o El Estado es dueño de todas las minas de oro, plata, cobre, azogue, estaño, piedras preciosas y demás substancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o de los particulares sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas estuvieren situadas.
Pero se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio para buscar las minas a que se refiere el precedente inciso; la de labrar y beneficiar dichas minas, y la de disponer de ellas como dueños, con los requisitos y bajo las reglas que prescribe el presente Código.
Art. 2.o La propiedad minera que la ley concede se llama pertenencia. Tiene la forma de un sólido, cuya base es un rectángulo y cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales que lo limitan. Su cara superior, medida horizontalmente, podrá comprender, a voluntad del peticionario, la extensión de una a cinco hectáreas, en las minas a que se refiere el inciso 1.o del artículo siguiente, y de una a cincuenta, en las demás; pero, en ningún caso, podrá tener menos de cincuenta metros de ancho.
Art. 3.o Cualquier interesado podrá constituir pertenencia en minas de oro, plata, cobre, estaño, plomo, platino, cadmio, manganeso, fierro, níquel, cerio, iterbio, germanio, cromo, molibdeno, tungsteno, uranio, cobalto, iridio, osmio, paladio, rodio, rutenio, arsénico, antimonio, bismuto, vanadio, niobio, tantalio, estroncio, galio, bario, berilio, zinc, mercurio, litio, titanio, torio, zirconio, radio y piedras preciosas, y en placeres metalíferos.
También podrá constituir pertenencia sobre toda otra substancia fósil, con excepción de las rocas, arenas y demás materiales aplicables directamente a la construcción. Aún sobre estas substancias podrá constituir pertenencia para otra determinada aplicación industrial o de ornamentación.
El carbón se regirá especialmente por las reglas del Título XVI.
En las substancias a que se refiere la excepción contemplada en el inciso 2.o de este artículo, sólo podrá constituir pertenencia el dueño del suelo. Mientras no la constituya, el yacimiento se mirará simplemente como cosa accesoria al suelo, y los minerales se reputarán muebles, aun antes de su separación, para el efecto de constituir derechos en favor de otra persona que el dueño. Para que la constitución de estos derechos surta efectos respecto de terceros será necesario el otorgamiento de escritura pública, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, respectivo.
Cualquier interesado podrá constituir pertenencia en las substancias a que se refiere el inciso anterior, que se encuentren en terrenos eriales del Estado, o nacionales de uso público o de las Municipalidades.
Sobre las arcillas superficiales no podrá constituirse pertenencia.
Art. 4.o No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Estado se reserva los depósitos de guano y de petróleo en estado líquido o gaseoso, ubicados ambos en terrenos de cualquier dominio, y los de nitratos y sales análogas, los de yodo y los de compuestos químicos de estos productos, que se encuentren en terrenos del Estado, o nacionales de uso público o de las Municipalidades, siempre que sobre los depósitos mencionados no se hubiere constituído, en conformidad a leyes anteriores, propiedad minera de particulares, que estuviere vigente.
Art. 5.o Las concesiones sobre substancias a que se refieren el inciso 3.o del artículo 3.o y el artículo 4.o, constituyen también propiedad minera, y les son aplicables, en consecuencia, las reglas del presente Código, a falta de disposiciones especiales.
Art. 6.o Las salinas artificiales formadas en las riberas del mar, lagunas o lagos, no son objeto de propiedad minera, y el derecho a explotarlas corresponde a los propietarios riberanos, dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua, debiendo aplicarse para este efecto la regla que consulta el artículo 651 del Código Civil.
Art. 7.o Podrá constituirse propiedad minera, sobre escorias y relaves de substancias de libre adquisición, existentes en terrenos abiertos de establecimientos de beneficio abandonados por sus dueños.
Los desmontes son cosas accesorias de la pertenencia de que proceden. Caducado el título de la concesión, podrán los particulares adquirirlos, manifestándolos independientemente, o constituyendo propiedad minera sobre alguna substancia denunciable, existente en el terreno en que estuvieren ubicados.
Art. 8.o Mientras no haya terminado el aprovechamiento industrial de los terrenos que contengan nitratos o sales análogas, yodo o compuestos químicos de estos productos, no podrán manifestarse ni mensurarse pertenencias de otras substancias minerales existentes en ellos. El Presidente de la República, oyendo a la oficina técnica respectiva, resolverá si ha terminado o no el aprovechamiento industrial.
Art 9.o Corresponderá exclusivamente al Presidente de la República hacer concesiones en la forma y por el tiempo que estime convenientes, para explotar las arenas auríferas, estañíferas y platiníferas u otras que contengan substancias minerales denunciables, que se encuentren en el mar territorial.
TITULO II
DE LA CAPACIDAD PARA ADQUIRIR PERTENENCIAS
Art. 10. Toda persona puede adquirir pertenencias o una cuota en ellas, salvo las siguientes:
1.o Los intendentes, dentro de la provincia de su mando, los gobernadores dentro de su departamento, y los geólogos e ingenieros del servicio de minas del Estado;
2.o Los miembros de las Cortes de Apelaciones y los jueces letrados en lo Civil, dentro de su respectivo territorio jurisdiccional;
3.o Los secretarios de los Juzgados de Letras en lo Civil, los Conservadores de Minas y los empleados de estos funcionarios, dentro del respectivo territorio de sus oficios; y
4.o El cónyuge no divorciado y los hijos de familia de las personas expresadas en los números anteriores.
Podrán, sin embargo, adquirir por sucesión por causa de muerte, o a virtud de un título anterior al hecho que da origen a la prohibición.
Art. 11. La contravención a lo dispuesto en el artículo anterior será sancionada, mientras la pertenencia o cuota esté en poder del infractor, con la transferencia de sus derechos a la persona que primeramente denunciare el hecho ante los tribunales. La acción correspondiente se tramitará en juicio sumario.
En todo caso, el funcionario infractor sufrirá, además, la pena de inhabilitación especial temporal en su grado medio para el cargo que desempeñe.
Art. 12. Los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad, las mujeres casadas y los disipadores sujetos a interdicción, podrán constituir pertenencias en las minas que descubrieren, sin necesidad del consentimiento o autoridad de sus respectivos representantes legales.
Las minas adquiridas por los menores adultos a que se refiere el inciso anterior quedarán incorporadas a su peculio industrial.
TITULO III
DE LA INVESTIGACION
Párrafo I
De la facultad de catar y cavar
Art. 13. La facultad de catar y cavar para buscar minas en la heredad ajena, podrá ejercitarse libremente en terrenos abiertos e incultos.
Para ejercitarla en los demás terrenos, será necesario el permiso por escrito del dueño del suelo, o de su poseedor o tenedor actuales.
Sin embargo, sólo el dueño podrá concederlo cuando la investigación se refiera a casas y sus dependencias, o a terrenos que contengan arbolados o viñedos.
Cuando el dueño fuere la Nación o la Municipalidad, el permiso deberá solicitarse del gobernador o del alcalde que corresponda.
Art. 14. En los casos de negativa de la persona o funcionario que deba dar el permiso, podrá ocurrirse al Juez de Letras del lugar, quien procederá a conceder o a denegar la autorización, sin más trámite que la audiencia verbal de los interesados, en comparendo que se celebrará con sólo el que asista; pero si el Juez lo creyere oportuno, oirá el informe de un ingeniero o perito, nombrado en la misma audiencia por los interesados, y a falta de acuerdo, por él. Sin embargo, no podrá otorgarse esta autorización cuando se trate de casas y sus dependencias o de terrenos que contengan arbolados o viñedos.
Si el interesado no pudiere practicar la investigación en el tiempo debido, podrá el juez, con conocimiento de causa, deferir la autorización para otra época oportuna.
Art. 15. El permiso concedido por el Juez conforme al artículo precedente, fijará el número de personas que podrán emplearse en la investigación, y se entenderá siempre con las condiciones siguientes:
1.o Que la investigación se practique necesariamente cuando no hubiere frutos pendientes en el terreno;
2.o Que el tiempo de la investigación no exceda de seis meses, contados desde la fecha en que se otorgue el permiso; y
3.o Que el solicitante indemnice el daño que causare con la investigación o con ocasión de ella, debiendo rendir, previamente, caución calificada por el Juez para asegurarar el cumplimiento de esta obligación, si el interesado lo exigiere.
Art. 16. Las disposiciones precedentes no impiden que puedan solicitarse pertenencias sin previo permiso para investigar, cuando no fuere necesario hacer trabajos de reconocimiento, por estar de manifiesto el mineral; salvo que se trate de hacerlo con relación a alguno de los sitios indicados en los artículos 13, inciso 3.o y 17.
Art. 17. Sin permiso del gobernador respectivo, no podrán abrirse calicatas ni otras labores mineras, en sitios destinados a la captación de las aguas necesarias para un pueblo, ni a menor distancia de cincuenta metros, medidos horizontalmente, de edificios, caminos, ferrocarriles, líneas eléctricas de alta tensión, andariveles, acueductos, obras de embalse, abrevaderos, vertientes y lagos de uso público.
El gobernador lo concederá si a juicio de un ingeniero, no hubiere inconveniente para ello, y prescribirá las medidas de seguridad que deban observarse.
Tampoco podrán abrirse calicatas ni otras labores mineras en terrenos comprendidos dentro de los límites urbanos de una ciudad, ni en los ocupados por cementerio, ni en las playas de puertos habilitados, sin permiso del gobernador respectivo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, se necesitará también permiso del Presidente de la República para ejecutar labores a menor distancia de mil quinientos metros de puntos fortificados o de aeródromos militares, y de quinientos metros de sitios destinados a depósitos de pólvora o materiales inflamables.
La contravención a lo dispuesto en este artículo se penará con multa de ciento a mil pesos, sin perjuicio de la indeminización debida por los daños que se causaren. En caso de reincidencia, la nmulta podrá llegar hasta dos mil pesos.
Art. 18. Se comprende en la investigación no sólo el derecho de abrir la tierra para hacer reconocimientos, sino el de imponer transitoriamente en los predios superficiales los servicios que fueren necesarios para la exploración.
Pero el interesado pagará la indemnización correspondiente por estos servicios, salvo que el dueño del predio superficial sea el Fisco o la Municipalidad. El monto de ella se fijará por los interesados, de común acuerdo, o por el Juez en subsidio, procediéndose en este caso en la forma indicada en el artículo 14.
Art. 19. Las resoluciones judiciales que se expidan sobre la materia a que se refiere este Párrafo, sólo serán apelables en el efecto devolutivo, salvo la que fije el monto de las indemnizaciones, que será apelable en ambos efectos.
Párrafo II
De las concesiones para explorar
Art. 20. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo precedente, cuando una persona desee establecer trabajos de investigación o cateo por medio de barrenos mecánicos o por otros procedimientos que supongan el uso de maquinarias o instrumentos para buscar substancias de libre adquisición, podrá ocurrir al Juez Letrado correspondiente, solicitando un permiso exclusivo para explorar.
Art. 21. El pedimento contendrá el nombre, domicilio, profesión, nacionalidad y estado civil del solicitante; las señales claras y precisas de la ubicación del terreno de cuya exploración se trata; su extensión aproximada, que no podrá exceder de mil hectáreas, y sus deslindes; la substancia o substancias que se deseen investigar, y el nombre y domicilio del propietario del predio.
Se acompañará a la solicitud un plano o un croquis del terreno y el testimonio de haberse enterado en arcas municipales de la ciudad cabecera del departamento, la suma de tres pesos por cada hectárea de terreno solicitado, no pudiendo este pago ser inferior a la cantidad de dos mil pesos.
Art. 22. Presentada la solicitud, el Juez ordenará su publicación por dos veces, dentro del plazo de cuarenta días, contado desde la fecha de la respectiva resolución.
Si la solicitud se refiere a terrenos ubicados en varios departamentos, la publicación deberá hacerse en cada uno de éstos.
Art. 23. Cualquiera que tenga interés podrá oponerse a la concesión de exploración dentro del plazo de veinte días, contados desde la última publicación.
La oposición podrá fundarse en un derecho preferente para explorar; ya concedido o en actual tramitación, sobre el mismo terreno. El Juez procederá, en este caso, en la forma prevista en el artículo 14.
Lo cual se entiende sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacer valer los interesados.
Art. 24. No habiéndose deducido oposición, o desechadas las que se hubieren formulado, el Juez otorgará la concesión, fijando en su resolución la superficie y deslindes del terreno concedido.
La resolución del Juez será apelable solamente en el efecto devolutivo, y una copia autorizada de ella se inscribirá, dentro del plazo de veinte días, en el Registro de Descubrimientos del Conservador o Conservadores de Minas respectivos. Dentro del mismo plazo se archivarán, en la oficina de esos funcionarios, el plano o croquis de la extensión concedida.
Art. 25. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 2.o y siguientes del artículo 13, y 1.o, 3.o y 4.o del artículo 17, la concesión para explorar se entenderá otorgada siempre bajo las siguientes condiciones:
a) No podrán hacerse trabajos de investigación, de ningún género, en los terrenos ocupados por pertenencias legalmente constituídas;
b) El término para la exploración no podrá exceder de dos años. Los trabajos deberán iniciarse con elementos adecuados, en los primeros seis meses, y dentro de este plazo, el concesionario hará presente al Juzgado el hecho de haberlos iniciado. Si no lo hiciere, la concesión caducará por el solo ministerio de la ley. Si lo hiciere, el Juez, previo informe de un perito, declarará si el concesionario ha cumplido esta condición, o en caso contrario, declarará caducada la concesión;
c) Durante el plazo de la investigación, sólo el concesionario podrá hacer calicatas u otras labores mineras, y solicitar pertenencias, dentro de los límites indicados en la resolución que concede el permiso;
d) El explorador no podrá establecer una explotación formal, ni hacer extracción de minerales, durante el plazo de la exploración; pero podrá disponer de los que extraiga de las perforaciones de reconocimiento, o encuentre en la superficie o necesite arrancar para la prosecución de los trabajos de investigación, salvo las substancias que la ley reserva al dueño del suelo o al Estado;
e) En caso de contravención, el Juez, a petición de cualquiera persona, mandará suspender los trabajos de explotación, y el explorador no podrá proseguirlos, si no hiciere manifestación minera en el terreno correspondiente, en el plazo de treinta días, contado desde que se le notifique la orden de suspensión. No haciéndola, podrá concederse ese terreno al primero que lo solicite;
f) Desde que se inscriba la concesión, el explorador gozará de los derechos a que se refieren los párrafos 2.o y 3.o del Título VIII; y
g) El explorador deberá indemnizar los daños que cause con ocasión de los trabajos que ejecute. Se podrá exigir que el explorador rinda previamente caución para responder por el valor de las indemnizaciones.
Art. 26. La concesión para explorar es un derecho real que puede enajenarse por acto entre vivos y transmitirse por causa de muerte, del mismo modo que los demás derechos inmuebles.
TITULO IV
DE LA MANIFESTACION
Art. 27. El descubridor hará manifestación de su hallazgo ante el Juez Letrado del departamento respectivo, por medio de un pedimento que deberá contener los requisitos señalados en el artículo 33.
Art. 28. El pedimento que abarcare terrenos de dos o más departamentos, podrá presentarse ante el Juez Letrado de cualquiera de ellos.
Art. 29. El error en que incurrriere el minero al manifestar su pertenencia en un departamenrto distinto al de la ubicación de la mina, no afectará la validez de la manifestación, siempre que aparezca producido en razón de no estar clara y debidamente deslindados los departamentos por líneas naturales u ostensibles en el sitio a que se refiere el pedimento.
No afectará tampoco a la validez de un pedimento la circunstancia de comprender terreno ya manifestado, sin perjuicio de los derechos preferentes a que haya lugar.
Art. 30. Se tendrá por descubridor al que primero se hubiere presentado a manifestar, salvo cuando se pruebe que hubo fuerza o dolo para anticiparse a hacer la manifestación, o para retardar la del que realmente descubrió primero.
Art. 31. No se tendrá por descubridor al que descubriere minas; ejecutando trabajos de minería por orden o encargo de otro, sino a aquél en cuyo nombre se ejecutaren los trabajos.
Art. 32. En los casos de los dos artículos precedentes, los perjudicados deberán iniciar la acción que les corresponda dentro del plazo de ciento ochenta días, contados desde la fecha de la resolución que ordene inscribir y publicar la manifestación.
Art. 33. El pedimento deberá contener las siguientes designaciones:
1.o Nombre, estado civil, profesión, nacionalidad y domicilio del peticionario o peticionarios;
2.o Las señales más precisas y características del sitio o punto en que se hizo el hallazgo, y el nombre del predio o del asiento mineral en que se encuentre la mina;
3.o La clase de mineral y la forma del yacimiento;
4.o El número de pertenencias que se solicite, y el nombre que se dé a cada una de ellas; y
5.o La extensión expresada en hectáreas que se desee comprenda cada pertenencia.
Cuando la manifestación se haga en conformidad a lo dispuesto en la parte final del inciso 2.o del artículo 3.o, deberá también indicarse la determinada aplicación industrial o de ornamentación que tenga la substancia denunciada.
Art. 34. Si el hallazgo se encontrare en alguno de los sitios a que se refieren los artículos 13, inciso 3.o y 17, deberá acompañarse al pedimento el correspondiente permiso para investigar, o en subsidio para manifestar, so pena de nulidad de la concesión.
Art. 35. El Secretario del Juzgado pondrá en el pedimento certificado del día y hora de su presentación; tomará nota en un registro numerado que llevará al efecto, y dará recibo al interesado, si lo pidiere.
Art. 36. El Juez examinará la manifestación y mandará inscribirla y publicarla, si contiene las designaciones enumeradas en el artículo 33. En caso contrario, ordenará que en el plazo de ocho días, contados desde la fecha del decreto, se subsanen los defectos, subsistiendo para los efectos legales la fecha de la presentación primitiva.
Subsanados los defectos, se mandará inscribirla y publicarla. Si no se subsanaren, se la tendrá por no hecha.
Pero si se tratare de una manifestación formulada en conformidad a lo dispuesto en la parte final del inciso 2.o del artículo 3.o, el Juez no mandará inscribirla y publicarla, sin previo informe favorable del servicio de minas del Estado.
Art. 37. El Secretario del Juzgado dará al peticionario copia autorizada del pedimento y demás actuaciones pertinentes.
La inscripción consistirá en la transcripción íntegra de dicha copia en el Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas respectivo.
Se hará una sola inscripción cualquiera que sea el número de pertenencias solicitadas en el mismo pedimento.
Art. 38. La publicación, que se hará por dos veces, comprenderá la copia íntegra de la inscripción.
Art. 39. La inscripción y publicación deberán hacerse dentro del plazo de sesenta días, contado desde la fecha de la resolución que las ordene.
TITULO V
DE LA MENSURA
Párrafo I
Del hito de referencia
Art. 40. Dentro del plazo de trescientos días, contado desde la fecha de la resolución que ordene la inscripción del pedimento, el peticionario deberá construir, en el terreno manifestado, un hito de referencia, de material sólido con una base no inferior a un metro cuadrado, y una altura ra mínima de dos metros, que sirva para fijar la ubicación de la pertenencia o grupo de pertenencias contiguas que se pretenda mensurar.
Los interesados podrán aprovechar como hitos de referencia los del Estado, que se encontraren a una distancia no mayor de tres kilómetros.
Se entenderán por hitos del Estado los que, ubicados por alguna oficina técnica del Estado, correspondan a operaciones topográficas o geodésicas, y cuyas coordenadas estén determinadas.
Párrafo II
De la petición de mensura.
Art. 41. Dentro del mismo plazo de trescientos días, el peticionario, o cualquiera de ellos, cuando fueren varios, deberá presentarse en el expediente de manifestación a pedir la mensura de su pertenencia o pertenencias:
En la solicitud deberá indicarse el largo y ancho de ella o de cada una de ellas y los rumbos aproximados hacia los cuales deben ser medidas, relacionándolo todo con el hito de referencia, y pudiendo reducirse la extensión solicitada en la manifestación.
Se indicará, además el nombre de las pertenencias conocidas que existan en la vecindad y, en lo posible, el nombre de los dueños de ellas.
Se acompañará a la solicitud un plano o un croquis en que se señalen la ubicación y configuración de la pertenencia o pertenencias; la copia autorizada de la inscripción de la manifestación; un ejemplar de cada número del Boletín en que ésta se hubiere publicado; y los comprobantes de haberse pagado las patentes respectivas.
El Secretario deberá otorgar recibo de este escrito, si el interesado lo pidiere.
Art. 42. El Juez examinará los antecedentes acompañados a la solicitud de mensura, y, encontrándolos conformes, mandará fijarla en cartel y publicarla. Para este fin, se dará al interesado copia de la solicitud y de su proveído.
Si de este examen apareciere que el peticionario ha dejado de cumplir cualquiera de las obligaciones, cuya omisión o retardo acarrea la caducidad de la concesión, el Juez desechará de plano la solicitud de mensura, y ordenará se cancele la inscripción de la manifestación, debiendo regir en este caso para los funcionarios respectivos lo dispuesto en el artículo 129.
Si notare, en cambio, omisiones o defectos susceptibles de ser subsanados, ordenará que se salven dentro del plazo de ocho días, contado desde la fecha del decreto que lo disponga; y cumplido esto, mandará hacer la fijación y la publicación a que se refiere el inciso 1.o de este artículo. No cumpliéndose debidamente lo ordenado, el Juez procederá en los términos del inciso precedente.
El cartel se fijará por quince días en la secretaría del Juzgado dentro del plazo de cuarenta días, contados desde la fecha de la resolución que ordene fijarlo; y dentro del mismo plazo, se hará la publicación por dos veces.
Párrafo III
De las oposiciones
Art. 43. Podrá deducirse oposición a la petición de mensura, desde la fecha de la primera publicación a que se refiere el inciso final del artículo anterior, hasta cuarenta días después.
La oposición sólo podrá fundarse:
1.o En que se trata de mensurar una pertenencia manifestada en contravención a lo dispuesto en la letra c) del artículo 25;
2.o En el derecho preferente para mensurar, en virtud de una manifestación anterior; y
3.o En el hecho de que con la mensura se pretende abarcar terrenos ya ocupados por pertenencias mensuradas, salvo lo dispuesto en el artículo 83.
La oposición será rechazada de plano, si no se presentare aparejada de la respectiva copia auténtica de la concesión, manifestación o título definitivo.
El interesado no podrá hacer valer las acciones señaladas en el artículo 63, si hubiere optado por las del presente artículo.
Art. 44. Si un interesado, oponiéndose a la mensura solicitada, se fundare en la causal segunda del artículo anterior, deberá pedir en su escrito de oposición, y con arreglo a lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 41, la mensura de su pertenenecia o pertenencias; y si se declarare su derecho preferente, se procederá en conformidad al artículo 42.
Si fueren varias las oposiciones formuladas por igual causa, el Juzgado se pronunciará sobre todas ellas en una misma sentencia, en la que fijará el orden en que deberán verificarse las mensuras solictadas.
Lo mismo se aplicará al caso en que, declarada la preferencia del opositor, se presentaren en su contra, dentro del plazo indicado en el inciso 1.o del artículo 43, otro u otros opositores que funden su pretensión en la misma causal.
Cuando dos o más interesados se presentaren separadamente solicitando mensura, y se viere, por las diversas peticiones, que hay o puede haber oposición de intereses, se acumularán, a petición de parte, los expedientes respectivos, a fin de que se resuelva en un solo fallo el orden en que debe procederse a las respectivas mensuras.
Art. 45. Las oposiciones a que se refieren los artículos anteriores se tramitarán en juicio sumario.
La sentencia definitiva será apelable en ambos efectos.
Párrafo IV
De la fijación del día y hora para la mensura
Art. 46. No habiéndose formulado oposición, el interesado deberá, dentro del plazo de diez días, contado desde la expiración del establecido en el artículo 43, pedir al Tribunal que designe día y hora para verificar la operación de mensura.
Si habiéndose formulado oposición, hubiere sido desechada, el interesado cumplirá la obligación a que se refiere el inciso anterior, dentro del plazo de diez días, contados desde que quede firme la resolución recaída en la oposición.
Art. 47. Dentro de este mismo plazo, deberá cumplir la obligación mencionada el opositor cuya preferencia para mensurar hubiere sido reconocida judicialmente.
Si fueren dos o más los opositores que se encontraren en este caso, la cumplirán sucesivamente, siguiendo el orden que se les hubiere señalado, dentro del plazo de diez días, contado desde que quede firme la respectiva resolución que apruebe el acta de mensura o que declare caducado el derecho preferente del opositor a quien le corresponda mensurar.
Pero si a algún opositor, cuya preferencia para mensurar hubiere sido reconocida, se le formulare a su vez oposición, y ésta fuere desechada, el plazo de diez días se contará desde que quede firme la resolución que deseche la oposición.
Art. 48. Una vez verificada la mensura del opositor u opositores, o caducada toda preferencia para hacerla, el interesado deberá pedir, dentro del plazo indicado en el inciso 2.o del artículo anterior, que se señale día y hora para la mensura de su pertenencia o pertenencias.
Art. 49. Toda resolución judicial que fije día y hora para verificar la mensura, deberá ser publicada por dos veces, en extracto, redactado por el Secretario, sin perjuicio de notificarla por el estado a los interesados que se hubieren apersonado en el expediente respectivo.
La operación no podrá efectuarse antes de los cinco días siguientes a la fecha de la última de las publicaciones referidas.
Solamente por causa justificada podrá designarse nuevo día para la operación, debiendo procederse en conformidad a las disposiciones precedentes.
El señalamiento de día y hora podrá ser pedido por cualquier interesado.
Art. 50. Solicitada la mensura de una pertenencia, y hasta que quede inscrita el acta, no podrá paralizarse, por más de tres meses, la tramitación de la gestión o de los juicios a que diere lugar.
Si transcurriere este término sin que el interesado o alguna de las partes practicaren diligencias útiles destinadas a dar curso progresivo o a los autos, a realizar la operación de mensura, en su caso, cualquiera persona podrá solicitar que se declare, con sólo el mérito del certificado del Secretario, la caducidad de la concesión o concesiones de que se trate y que se ordene cancelar las inscripciones respectivas.
Mientras no se hiciere uso de este derecho, podrá en cualquier tiempo continuarse el procedimiento, pero el derecho para pedir la caducidad subsistirá hasta que quede inscrita el acta de mensura.
Art. 51. Cuando se tramite un juicio sobre preferencia de mensura, la persona que haya deducido oposición, estará también sujeta a las obligaciones indicadas en el artículo anterior. No cumpliéndolas, el Juez, de oficio, o a petición de cualquiera persona, declarará desistida a aquélla del derecho de preferencia alegado, sin perjuicio de la concesión, si procediere.
Párrafo V
De la operación
Art. 52. La mensura se ejecutará por el ingeniero del servicio de minas del Estado, que corresponda, en conformidad al Reglamento que dicte el Presidente de la República para organizar el servicio de mensura de minas.
En los departamentos en que no hubiere personal del referido servicio, la mensura se llevará a efecto por cualquier ingeniero de minas, o por un perito elegido por interesado de entre las personas que anualmente designe con tal objeto, para cada departamento, el Presidente de la República, a propuesta del Jefe del servicio.
Si por causa justificada no pudieren aplicarse las disposiciones contenidas en los incisos precedentes, el Juez designará la persona que deba realizar la operación.
En la resolución en que se fije día y hora para la mensura, se indicará el nombre del ingeniero o perito que la ejecutará, el cual no podrá ser recusado sino por el que solicita la mensura y en el caso contemplado en el inciso anterior.
El ingeniero o perito será siempre asistido por dos testigos.
Cada interesado podrá, por sí, o por medio de un perito designado previamente por escrito ante el Juez, concurrir a la mensura vigilar la operación y hacer en el terreno las observaciones que estime procedentes.
Art. 53. El ingeniero o perito encargado de ejecutar la operación de mensura, obrará como ministro de fe, en cuanto a la veracidad de los hechos certificados por él y relativos al día, hora y lugar en que se ejecute la operación; a la asistencia de los testigos e interesados, y a los reclamos que cualquier asistente formule en el acto de la mensura; y quedará afecto a las mismas responsabilidades civiles y criminales que las leyes señalan a esa clase de funcionarios en el desempeño de sus cargos.
Cualquier interesado podrá pedir al Juzgado que designe un receptor que concurra a la operación de mensura y firme el acta respectiva.
Art. 54. El ingeniero o perito, al mensurar, deberá someterse a las normas siguientes:
1.o Reconocerá el hito de referencia, y si reune los requisitos exigidos, procederá a verificar la mensura, partiendo de un punto cuya ubicación determinará por tres visuales dirigidas a tres puntos fijos y perceptibles del terreno, o bien, lo referirá a otro punto que fijará, precisando su rumbo y distancia. El punto de partida se relacionará con el hito de referencia y, en general, no se omitirá circunstancia alguna que en cualquier tiempo, pueda contribuir a establecer la ubicación de la pertenencia;
2.o Practicará la mensura en la forma indicada por el minero en la solicitud de mensura y con arreglo al plano o croquis acompañado, o como entonces lo pidiere, si no hubiere interesado que se oponga;
3.o No podrá, en caso alguno, abarcar con la mensura terrenos ya ocupados por otra pertenencia mensurada, salvo que se trate del caso contemplado en el artículo 83;
4.o La mensura se orientará con respecto al meridiano astronómico. Cuando éste no estuviere fijado en el asiento minero, el ingeniero o perito que usare la brújula, anotará el ángulo de declinación magnética correspondiente al meridiano de la capital del departamento; y
5.o El ingeniero o perito colocará hitos, sólidamente construídos y bien perceptibles, a lo menos en cada uno de los vértices de la pertenencia o del perímetro del grupo de pertenencias contiguas.
Si algún vértice quedare situado en un lugar inaccesible, o dentro del mar, lago o pantano, fijará la dirección de los lados, o del rectángulo, por medio de hitos colocados en la parte más próxima al vértice inaccesible.
No suspenderá la operación, con motivo de observaciones o reclamos que formularen los interesados, y resolverá en el terreno las cuestiones de carácter técnico que se le presenten.
Párrafo VI
Del acta
Art. 55. Terminada la operación, el ingeniero o perito levantará un acta que contendrá la narración precisa, clara y circunstanciada del modo cómo se ejecutó, y de las particularidades del criadero mineral.
Siempre que sea posible, indicará los nombres, ubicación y dueños de las pertenencias colindantes. Deberá también dejar testimonio de todas las observaciones y reclamos que hicieren los interesados o sus representantes, y de la forma en que fueron resueltas las cuestiones de carácter técnico.
Cuando se hubiere aprovechado para la mensura un hito del Estado indicará, además, la operación técnica de la cual éste forma parte y sus correspondientes coordenadas.
Esta acta será subscrita por el ingeniero o perito, interesados, testigos y el ministro de fe, en su caso.
El ingeniero o perito deberá entregar a cualquier interesado que se lo pida, copia del acta, autorizada por él.
Art. 56. El ingeniero o perito quedará también obligado a confeccionar un plano por triplicado de la pertenencia mensurada, con indicación de los puntos que han servido de base para ubicar la pertenencia y las particularidades del terreno y pertenencias colindantes.
El Reglamento determinará la escala del plano, según los casos.
Art. 57. Cuando se mensuren dos o más pertenencias contiguas de un mismo dueño, podrá extenderse una sola acta y levantarse un solo plano, siempre que se individualicen y determinen con precisión la ubicación y los deslindes de cada pertenencia.
Art. 58. El acta y el plano deberán ser presentados al Juez por el ingeniero o perito, a la mayor brevedad. Cualquier intere el Juez al servicio de minas del Estado, a fin de que haga esta entrega, para lo cual tendrá el plazo que el Tribunal le señale.
Art. 59. El acta y plano se remitirán por el juez al servicio de minas del Estado, a fin de que le informe sobre la ejecución de la operación realizada.
Art. 60. El Juez aprobará el acta de mensura siempre que reuna los requisitos legales y que no consten en ella misma faltas o ilegalidades sobre las cuales deba resolver; y mandará inscribirla en el Registro de Propiedad del Conservador de Minas, disponiendo se dé al efecto al interesado copia autorizada de ella y del respectivo auto aprobatorio. Uno de los ejemplares del plano será agregado al expediente, otro será mandado archivar en el Conservador de Minas, y el tercero, acompañado de una copia del acta de mensura, se enviará al servicio de minas del Estado.
Notando en el acta faltas o ilegalidades, mandará el Juez subsanarlas, y hecho, regirá lo dispuesto en el inciso anterior.
Art. 61. Si en el acta apareciere que se han suscitado cuestiones sobre divergencias periciales o reclamos de los interesados, el Juez, antes de pronunciarse sobre el acta, las resolverá, sustanciando la causa con arreglo al procedimiento sumario.
Art. 62. Las resoluciones que aprueben el acta o denieguen su aprobación, serán apelables en ambos efectos.
Párrafo VII
De la inmutabilidad de la operación
Art. 63. La operación de mensura es inmutable. No obstante, cualquiera persona que tenga interés, con exclusión del dueño de la pertenencia, podrá pedir su nulidad, fundándose en que se ha faltado a alguno de los requisitos establecidos en el presente Título.
Podrá también pedirla por error pericial, fraude o dolo; por haberse comprendido en la mensura terrenos concedidos para explorar; o por haberse abarcado con ella terrenos ya ocupados por pertenencias mensuradas, sin perjuicio de lo dipuesto en el artículo 83.
Estas acciones prescriben en el plazo de dos años, contados desde la fecha de la inscripción del acta respectiva.
Art. 64. La mensura que deba ejecutarse nuevamente por haberse declarado nula la practicada, deberá verificarse en el mismo terreno en que ésta tuvo lugar; salvo que los fundamentos de la declaración de nulidad no lo permitieren, en cuyo caso el cambio de ubicación deberá limitarse a lo estrictamente necesario para no contrariar ese fallo.
Art. 65. El minero estará obligado a mantener y conservar en pie el hito de referencia y los que fijen los deslindes de su pertenencia, o del perímetro del grupo de pertenencias contiguas, y no podrá alterarlos o mudarlos, todo bajo pena de pagar una multa que no baje de cien pesos y que no exceda de mil pesos, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que le afectare, si hubiere procedido maliciosamente.
Art. 66. Cuando por algún motivo se derribaren o destruyeren uno o más linderos, el Juez, a petición del minero o de cualquier colindante, mandará colocarlos en su primitivo lugar. Las disposiciones de los Párrafos IV, V y VI de este Título, regirán en la reposición de linderos, en cuanto le fueren aplicables.
Si por caducidad del título de una o más de las pertenencias alinderadas en conjunto, variare el perímetro, se procederá, en la misma forma, a la colocación de los hitos necesarios para señalar el nuevo perímetro.
El procedimiento establecido en el inciso 1.o de este artículo se aplicará cuando se hubiere alterado o mudado algún lindero, sin perjuicio de las penas y responsabilidades criminales.
TITULO VI
DE LAS DEMASIAS
Art. 67. La extensión de terreno encerrada por tres o más pertenencias mensuradas, en que no sea posible ubicar otra de la forma y cabida mínima indicadas en el artículo 2.o, constituye una demasía, y accederá, por ministerio de la ley, en el momento de mensurarse la pertenencia que cierre el polígono, a aquella de las colindantes que hubiere sido manifestada primero.
Art. 68. La demasía no aumentará el valor de la patente de la pertenencia a que acceda, y formará con ésta un todo indivisible.
Art. 69. El minero favorecido podrá anotar al margen del título de mensura de su pertenencia, la existencia de la demasía, previo decreto del Juez, dado con citación de los colindantes de ella. Al mismo tiempo, archivará el plano respectivo.
Art. 70. No habiéndose practicado los trámites a que se refiere el artículo anterior, el minero favorecido perderá su derecho a la demasía, cuando caduque el título de cualquiera de las pertenencias que la formaban.
TITULO VII
DE LA CONDICION JURIDICA DE LAS PERTENENCIAS
Art. 71. La pertenencia es un inmueble distinto y separado del terreno superficial, aunque aquélla y éste pertenezcan a un solo dueño, y se rige por las mismas leyes que los demás bienes raíces, salvo las disposiciones especiales de este Código.
Art. 72. El acta de mensura inscrita constituye el título de propiedad de la pertenencia y da originariamente la posesión legal de ella.
Art. 73. Se reputan inmuebles accesorios de la pertenencia las construcciones, instalaciones y demás objetos destinados permanentemente por su dueño a la investigación, arranque y extracción de minerales.
Art. 74. Las pertenencias no son susceptibles de división material, sino intelectual o de cuota.
Esta disposición no se aplica a la propiedad salitrera.
Art. 75. El tiempo de posesión necesario para ganar por prescripción las pertenencias, será de dos años, en la prescripción ordinaria, y de seis en la extraordinaria, sin distinción en caso alguno enre presentes y ausentes.
Las suspensiones que la ley acuerda a favor de ciertas personas, tanto en la prescripción adquisitiva como en la extintiva, no se tomarán en cuenta, transcurrido el plazo de seis años.
Art. 76. Será válido el contrato de promesa de venta de una pertenencia o parte alícuota de ella, de acciones en una sociedad minera y, en general, de cualquier otro derecho regido especialmente por el presente Código, aunque se estipule que es facultativo para el promitente comprador realizar o no la compraventa.
Otorgado el contrato por escritura pública, inscrita en el Registro de Hipotecas y Gravámenes, o en el Registro de Accionistas, según proceda, estará obligado a efectuar la compraventa, en los mismos términos que lo habría estado el promitente vendedor, todo aquel a quien se transfiera la cosa, a cualquier título.
Además, si pendiente el contrato de promesa, y sin consentimiento expreso del promitente comprador, se ejecutare un acto o celebrare un contrato que limite o afecte, o que pueda limitar o afectar a la tenencia, posesión o propiedad de la cosa prometida, quedará resuelto ipso facto el acto o contrato, una vez realizada la compraventa, salvo que el promitente comprador exprese su propósito de respetarlo, substituyéndose en los derechos y obligaciones de su antecesor en el dominio.
Art. 77. No hay rescisión por causa de lesión enorme en los contratos de compraventa y de permuta de pertenencia o de una parte alícuota de ella.
Art. 78. En cada departamento o sección de departamento habrá una oficina encargada del Registro Conservatorio de Minas, que se regirá por las disposiciones de un Reglamento especial.
En ella se llevarán, además del Repertorio, los libros siguientes:
1.o Registro de Descubrimientos;
2.o Registro de Propiedad;
3.o Registro de Hipotecas y Gravámenes; y
4.o Registro de Prohibiciones e Interdicciones.
Art. 79. Se inscribirán en el primero la concesión de exploración y la manifestación, la transferencia y transmisión de ellas y de los derechos que de las mismas se deriven; y en el segundo, el acta de mensura y la transferencia y transmisión de una pertenencia constituída.
Art, 80. Se llevará, además, en cada oficina del Conservador un registro especial que se denominará Registro de Accionistas, en el cual se harán no sólo las anotaciones a que se refiere el artículo 139, sino también las transferencias y transmisiones de acciones de los socios y los gravámenes y prohibiciones que las afecten, por cualquier causa.
Este Registro será completado con un Indice, que se llevará por orden alfabético de sociedades y socios.
TITULO VIII
DE LOS DERECHOS DEL MINERO
Párrafo I
De la extensión del dominio
Art. 81. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, desde el momento de la inscripción del pedimento, el descubridor podrá efectuar todos los trabajos necesarios para el reconocimiento de la mina y constitución de su título; y si con motivo de estos trabajos arrancare minerales, se hará dueño de ellos, a excepción de los que la ley reserva al dueño del suelo o al Estado.
Si se pusieren obstáculos por el dueño del fundo o por cualquiera otra persona para que el peticionario realice los trabajos referidos, deberá el Juez autorizar el auxilio de la fuerza pública, siempre que exista informe favorable del servicio de minas del Estado.
Art. 82. Inscrita el acta de mensura de la pertenencia, el concesionario de alguna de las substancias a que se refiere el inciso 1.o del artículo 3.o, se hace dueño no sólo de ella, sino de todas las demás que encontrare dentro de los límites de su pertenencia, salvo las comprendidas en los incisos 3.o y 4.o del artículo 3.o y en el artículo 4.o.
Los demás concesionarios sólo se hacen dueños de las susbstancias que hayan sido materia de la concesión.
Art. 83. En los terrenos ocupados por pertenencias a que se refieren los incisos 2.o y siguientes del artículo 3.o, podrán constituirse otras, para explotar substancias sobre las cuales la ley permite constituir propiedad minera a cualquier interesado. Gozará de este mismo derecho el dueño del suelo en el caso contemplado en el inciso 4.o del mismo artículo.
En todos estos casos, el primer concesinario no podrá ser perturbado en sus trabajos por el segundo, y éste deberá entregar a aquél todas las substancias que le pertenezcan y que extrajere con motivo de sus labores.
Art. 84. No obstante lo dispuesto en el inciso 1.o del artículo 82, si un concesionario aprovechare, en explotación separada, substancias que la ley reserva al dueño del suelo, éste tendrá derecho a exigir su entrega, pagando los costos de extracción, mientras las substancias explotadas se encuentren en el terreno.
Igual derecho tendrá el dueño del suelo cuando la substancia manifestada en conformidad a lo dispuesto en la parte final del inciso 2.o del artículo 3.o, se destine directamente a la construcción.
Art. 85. Las aguas procedentes de los trabajos subterráneos de las minas pertenecen a éstas.
Párrafo II
De los servicios que deben prestar los terrenos superficiales
Art. 86. Desde la inscripción del acta de mensura, los terrenos superficiales están sujetos, con el solo fin de facilitar al minero los medios necesarios para efectuar una cómoda explotación de la mina, a los siguientes gravámenes:
1.o El de ser ocupados, en toda la extensión necesaria, por canchas y depósitos de minerales, desmontes, relaves y escorias; por plantas de extracción y beneficio de minerales, y por canales, tranques, cañerías, habitaciones, construcciones y demás obras complementarias;
2.o Los establecidos en beneficio de las empresas concesionarias de servicios eléctricos, de acuerdo con la legislación respectiva; y
3.o El de tránsito, y el de ser ocupados por caminos, ferrocarriles, cañerías, planos inclinados y andariveles que unan la pertenencia con los caminos públicos, establecimientos de beneficio, estaciones de ferrocarril, puertos de embarques o centros de consumo.
Art. 87. Tanto la finca en que se encuentre ubicada la pertenencia, como las inmediatas, siempre que no estén cultivadas o cerradas, quedarán sujetas a la servidumbre de pastaje para los animales destinados a la explotación y acarreo de los minerales, y al uso de las leñas que emplearen en los menesteres domésticos los trabajadores de las minas; pero el derecho de cortarlas cesa, si el propietario del fundo las entregare cortadas.
Art. 88. El minero podrá, asimismo, aprovecharse de las aguas que corran por cauces artificiales o naturales, para la bebida de los operarios y animales y para el movimiento de las máquinas de explotación y beneficio, quedando en esta parte sometido a la legislación sobre uso de aguas para fines industriales.
Podrá también el minero usar las aguas que corran por cauces naturales, en el beneficio de los productos de su mina, debiendo solicitar la respectiva merced en conformidad a las diposiciones legales.
Si estuvieren agotadas las aguas de los cauces naturales de la región, el minero podrá utilizar, con igual objeto, las que corran por cauces artificiales, siempre que el resto de las aguas no resulte insuficiente para el uso a que estén destinadas.
Para el aprovechamiento de las aguas con los fines indicados, podrá el minero ejecutar en los predios superficiales las obras que fueren necesarias.
Art. 89. Las mismas servidumbres y derechos acordados para las pertenencias, podrán imponerse a favor de los establecimientos de beneficio de minerales.
Art. 90. Las servidumbres y demás derechos a que se refiere este Párrafo, se constituirán previa indemnización de todo perjuicio que directa o indirectamente se causare a los dueños de los terrenos, o a cualquiera otra persona.
Art. 91. La constitución de las servidumbres y demás derechos, su ejercicio e indemnizaciones correspondientes, se determinarán por acuerdo de los interesados que conste en escritura pública, o por resolución judicial. La indemnización podrá pagarse de una sola vez, o en forma periódica.
Art. 92. Las servidumbres y derechos referidos son esencialmente transitorios; no podrán aprovecharse en fines distintos a aquellos para los cuales han sido constituídos, y cesarán, terminado este aprovechamiento.
Podrán, además, ampliarse o restringirse, de acuerdo con el desarrollo que adquieran los trabajos mineros.
Art. 93. Mientras se tramite el juicio respectivo, el Juez podrá autorizar al minero para hacer uso, desde luego, de las servidumbres y derechos solicitados en su demanda, siempre que rinda caución suficiente para responder de las indemnizaciones que pueda estar obligado a pagar.
Párrafo III
De los servicios que se deben las pertenencias entre sí
Art. 94. Las pertenencias están sujetas, en favor de otras y en cuanto les sean aplicables, a las servidumbres y demás derechos establecidos con relación a los predios superficiales y, en general, a todos los servicios que, sin impedir o dificultar su explotación, aprovechen a otras.
Art. 95. Lo dispuesto acerca de la constitución, ejercicio, subsistencia e indeminizaciones, en el caso de servidumbres y servicios sobre los predios superficiales, se aplicará a la servidumbre y servicios de pertenencia a pertenencia.
Art. 96. Las pertenencias están especialmente sujetas a la servidumbre de ser atravesadas por labores mineras, destinadas a dar o facilitar ventilación, desagüe o acceso a otras pertenencias.
Para los efectos de este Párrafo, se entenderá por socavón cualquiera labor que tenga los objetos indicados.
Art. 97. El dueño de una pertenencia que tuviere que iniciar un socavón en pertenencia ajena o atravesarla con él, y no pudiere llegar a un avenimiento con el dueño de esta última, podrá solicitar del Juez que corresponda a la ubicación de la pertenencia sirviente, el permiso necesario para realizar el trabajo.
Art. 98. El Juez, previa citación del dueño de la pertenencia indicada, nombrará un ingeniero o perito para que le informe acerca de los puntos siguientes:
1.o Si la obra es posible y útil;
2.o Si se puede llevar el socavón por otro punto sin incurrir en gastos excesivamente mayores; y
3.o Si no se inhabilita o dificulta considerablemente la explotación de la pertenencia por donde se le intente llevar.
El ingeniero o perito acompañará a su informe un plano que determine el rumbo y amplitud que, a su juicio, habrá de dársele al socavón dentro, de la pertenencia sirviente.
Art. 99. Cada uno de los interesados podrá nombrar un perito para que informe también al juez sobre la materia.
Art. 100. Los peritos nombrados por los interesados tendrán, para presentar sus informes, el plazo de ocho días, contado desde que presente el suyo el perito nombrado por el Juez, transcurrido el cual podrá éste dictar su resolución, aunque aquéllos no hubieren presentado los suyos.
Art. 101. Si el Juez concediere el permiso solicitado, fijará el rumbo que deberá seguir el socavón y el máximo de amplitud que podrá dársele en la pertenencia ajena.
Si el fallo se apartare del informe del perito nombrado por el juez, se ordenará la confección de un nuevo plano en que se fijarán este rumbo y amplitud.
Art. 102. El socavonero no podránn dentro de la pertenencia ajena, variar el rumbo ni la amplitud fijados al socavón, a menos que obtenga nuevo permiso, como en el caso de la solicitud primitiva.
Art. 103. El dueño de la pertenencia sirviente tiene el derecho de visitar el socavón cuando lo estime conveniente, y podrá ocurrir al Juez, como en el caso del artículo 112.
Art. 104. El socavonero deberá indemnizar los perjuicios que causare el dueño de la pertenencia sirviente, y si éste lo solicitare, rendirá caución antes de empezar la obra.
Art. 105. El dueño de la pertenencia sirviente deberá abstenerse de tocar las fortificaciones del socavón y de arrancar minerales, dentro de las labores de su pertenencia, en términos que comprometan la seguridad del socavón, salvo que las refuerce convenientemente.
El socavonero lo indemnizará de los gastos y de todo perjuicio que el cumplimiento de esta obligación le irrogare.
Art. 106. Si el socavonero encontrare substancias minerales en pertenencia ajena, no podrá explotarlas; y las que tuviere que extraer dentro de la amplitud del socavón, las entregará a su dueño, deducidos los gastos de su extracción; salvo que éste se niegue a recibirlas, en cuyo caso las hará suyas.
Art. 107. El socavonero que desagüe pertenencia ajena con utilidades para ésta, tendrá derecho a pedir que se le abone por su dueño, a justa tasación pericial, el valor del beneficio que reciba, o el costo que le demandará obtenerlo por otros medios.
Si un socavón desaguare dos o más pertenencias, o una pertenencia fuere desaguada por dos o más socavones, el monto de lo que deba pagarse al socavonero se distribuirá entre las varias pertenencias o socavones, a prorrata del beneficio que reciban o reporten, respectivamente.
El pago sólo podrá exigirse sobre los productos de la pertenencia desaguada.
Art. 108. Todo camino abierto para una pertenencia podrá ser utilizado por otras. Los costos de conservación se repartirán entre todas ellas, a prorrata del uso que de él hicieren.
Con este objeto, los interesados nombrarán entre ellos mismos una junta, que anualmente fijará la cuota con que deba contribuir cada pertenencia para las reparaciones y conservación del camino.
Cualquiera dificultad que ocurra a este respecto, será resuelta por el Juez, procediéndose en la forma indicada en el inciso 1.o del artículo 14.
TITULO IX
DE LA EXPLOTACION DE LAS MINAS Y DE LAS INTERNACIONES
Art. 109. Los mineros podrán explotar libremente sus minas, salvo la observancia de los reglamentos de policía y seguridad que se dictaren y de lo dispuesto en el artículo 17.
Art. 110. Se prohibe al minero internarse con sus labores en pertenencia ajena. Toda internación sujeta al que la efectúa al pago del valor líquido de los minerales que hubiere extraído, y a la indemnización de los perjuicios causados.
Pero, si los minerales estuvieren en poder del internante, el internado podrá exigir su restitución, deducidos los costos de extracción, además de la indemnización de los perjuicios.
Si hubiere mala fe, el pago del valor de los minerales extraídos o su restitución, se hará sin deducción alguna, sin perjuicio de la responsabilidad penal del internante responsable de hurto o robo.
Art. 111. Se presume mala fe cuando la internación exceda de diez metros, medidos perpendicularmente desde el plano que limite la pertenencia internada.
Se presume, asimismo, mala fe cuando el colindante se haya opuesto a la visita pedida judicialmente, o dificultado la ya decretada.
Art. 112. El minero que sospeche internación, o que tema inundación o derrumbe por el mal estado de las labores de la pertenencia vecina, o por el desarrollo de los trabajos que en ella se efectúen, tendrá derecho a visitar esta última, asesorado por un perito.
En caso de negativa o dificultad opuesta al ejercicio de este derecho, podrá el juez autorizar la visita, sin más trámite que oir previamente a las partes, en un comparendo que se llevará a efecto con la que asista.
Sólo será apelable la resolución que deniegue la visita.
Art. 113. El interesado podrá solicitar del Juez, como medidas prejudiciales o precautorias, que ordene fijar sellos, suspender provisionalmente las labores a que se refiera el denuncio o tomar las demás disposiciones urgentes de seguridad a que haya lugar.
Para dictar estas medidas, el Juez deberá oír el informe del ingeniero o perito que designe.
TITULO X
DEL AMPARO Y CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES MINERAS
Art. 114. Estarán obligados a amparar su pertenencia pagando una parte anual, los concesionarios de substancias comprendidas en los incisos 1.o, 2.o, 4.o y 5.o del artículo 3.o. La patente será de diez pesos por cada hectárea de extensión para los concesionarios a que se refiere el inciso 1.o, y de cincuenta centavos para los demás.
Las pertenencias de carbón constituídas en conformidad a la legislación minera anterior al Código de 1930, pagarán cincuenta centavos por cada hectárea, y las constituídas sobre placeres metalíferos, un peso por cada hectárea.
Toda fracción de hectárea se considerará como hectárea completa para el pago de la patente.
El amparo y la caducidad de las pertenencias de carbón que se constituyan en conformidad al Título XVI se regirán por las prescripciones de dicho Título.
Art. 115. El pago de la patente de cada pertenencia será anticipado y se efectuará en el curso del mes de Marzo de cada año, en la Tesorería de la comuna en que esté ubicada.
Si la pertenencia, por su ubicación, correspondiere a dos o más comunas, el pago se efectuará, por primera vez, en la Tesorería de cualquiera de ellas, y seguirá efectuándose en la misma.
Si la mensura se solicitare fuera de la época indicada en el inciso 1.o, el concesionario deberá pagar, como primera patente, una suma proporcional al tiempo que faltare hasta el primero de Marzo próximo.
Art. 116. Si el concesionario no pagare la patente en el plazo que fija esta ley, la pertenencia se sacará a remate público.
No obstante, podrá hacer el pago sin recargo alguno, mientras no se dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 1.o del artículo siguiente:
Art. 117. Dentro de los primeros quince días de Abril de cada año, las oficinas encargadas de recaudar las patentes pasarán al Juzgado respectivo, una nómina de las propiedades mineras que no hayan pagado las que les corresponda, con designación de cada dueño que figure en el rol correspondiente, substancia mineral y nombre y ubicación de las pertenencias.
El Juez señalará día y hora para el remate, y ordenará que esta resolución y la nómina indicada, sean fijadas durante veinte días en la puerta del Juzgado y publicadas por dos veces.
El remate no podrá tener lugar antes de los veinte días siguientes a la fecha en que esté terminado el plazo de la fijación de carteles y hecha la publicación de avisos.
El Secretario pondrá testimonio en los autos de haberse fijado los carteles y publicado los avisos en la forma y con la anticipación indicadas.
Art. 118. Las omisiones o errores en que incurrieren los encargados de remitir las nóminas a que se refiere el artículo anterior, podrán ser subsanadas a solicitud de cualquiera persona. El Juez procederá con conocimiento de causa.
Estas rectificaciones se fijarán y publicarán en la forma dispuesta en el artículo anterior.
Art. 119. Para tomar parte en el remate, todo postor deberá acompañar una boleta a la orden del Juzgado, por una suma equivalente al valor de la patente adeudada, o depositar ese valor en poder del Secretario.
Art. 120. El mínimo para la subasta de cada pertenencia será el valor de la patente que adeudare.
El dueño de la pertenencia no será admitido a hacer posturas por ella, pero podrá eliminarla de la subasta, hasta el momento del remate, pagando una cantidad doble del valor adeudado.
Art. 121. Para enterar el precio de la subasta, el remate pagará la parte correspondiente a las costas causadas en la gestión, tasadas por el Secretario; acompañará testimonio de haber enterado en Tesorería el valor de las patentes adeudadas, y depositará el resto, si lo hubiere, a la orden del Juzgado. Este saldo será entregado al anterior concesionario.
Art. 122. Por el hecho del remate, el subastador no se hará dueño de las cosas que se reputan inmuebles, conforme al artículo 73; pero el derecho de reclamarlas cesa, transcurrido un año desde la fecha de la escritura de adjudicación. Vencido este plazo, accederán a la pertenencia.
Art. 123. Si el rematante no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de diez días, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley, y el Juez ordenará que la pertenencia sea sacada nuevamente a remate.
En tal caso, la caución se hará efectiva y su valor ingresará en arcas municipales.
Art. 124. Los demás procedimientos relativos al remate, al acta correspondiente, a la escritura de adjudicación y a su inscripción, se regirán por las disposiciones consignadas en el Código de Procedimiento Civil, relativas a la subasta de bienes inmuebles embargados.
Art. 125. La pertenencia subastada pasará a su nuevo dueño con todos los gravámenes inscritos que la afecten.
Art. 126. Si no hubiere postores por alguna pertenencia, el Juez declarará franco el terreno, y ordenará cancelar las inscripciones de cualquiera clase que existieren en el Conservaodr de Minas con relación a ella.
En este caso, el derecho para reclamar las cosas que se reputan inmuebles, durará hasta seis meses después de constituída una nueva pertenencia en el terreno en que dichas cosas se encuentren ubicadas. Transcurrido ese plazo, accederán a la nueva pertenencia.
Art. 127. Si por cualquiera causa no se hubiere cumplido con las disposiciones anteriores y se dejare de pagar dos patentes consecutivas, caducará irrevocablemente la propiedad minera, por el solo ministerio de la ley, entendiéndose que cesan, desde ese momento, los efectos de todas las inscripciones vigentes. Esta caducidad se producirá a las doce de la noche del 31 de Marzo del año en que se incurra en la mora del segundo pago.
Cualquier interesado podrá pedir que se ordene la cancelación de las inscripciones correspondientes.
Art. 128. Las oficinas a que se refiere el artículo 117, y dentro del plazo que en él se indica, pasarán también al Juzgado una nómina de todas las propiedades mineras que hayan pagado patente en el último año, con especificación del nombre y ubicación de la pertenencia, del dueño que figura en el rol y de la cantidad pagada. El Juez ordenará archivar esta nómina en el Rregistro de Propiedad del Conservador de Minas.
Art. 129. Los jueces, secretarios y demás funcionarios a quienes se les encomiendan diligencias y actuaciones en el presente Título, deberán cumplirlas sin necesidad de requerimiento alguno.
Las omisiones o infracciones en que incurrieren , serán sancionadas con la medida disciplinaria de multa de cien a dos mil pesos. En caso de reincidencia, se les impondrá suspensión del empleo hasta por treinta días.
Art. 130. Los funcionarios encargados de pasar a los Juzgados las nóminas a que se refiere este Título, estarán también obligados a velar por la debida publicación de los avisos, fijación de los carteles y demás trámites de la subasta, hasta la terminación de las respectivas gestiones. Las omisiones o infracciones en que incurrieren serán sancionadas por el Juez respectivo, en la forma indicada en el inciso 2.o del artículo anterior.
Los gastos a que diere lugar la subasta serán de cargo de la Municipalidad respectiva, salvo lo dispuesto en el artículo 121.
Los carteles se fijarán en papel simple.
Art. 131. El tesorero de una Comuna, cuyo territorio estuviere dividido en secciones dependientes de distintos Juzgados, deberá cumplir lo dispuesto en los artículos 117 y 128, enviando a cada Juzgado las listas que correspondan a las pertenencias ubicadas en las respectivas secciones.
Art. 132. El servicio de minas del Estado tendrá a su cargo la supervigilancia de todas las actuaciones a que se refiere este Título, y los funcionarios respectivos le enviarán copia auténtica de las listas y actuaciones en que intervengan.
Llevará también un rol detallado de todas las pertenencias de la República; conservará copias auténticas de las listas de patentes pagadas, de los demás antecedentes sobre la materia, y denunciará, ante quien corresponda, cualquiera falta de cumplimiento de las obligaciones en que incurran los funcionarios mencionados.
TITULO XI
DE LA VENTA DE MINERALES
Art. 133. No son reivindicables, en forma alguna, los minerales adquiridos de persona que explote minas o que comercie en minerales en la región.
Art. 134. La compra de minerales hurtados o robados, hecha a persona distinta de las indicadas en el artículo precedente, sujeta al comprador a la presunción de encubridor de hurto o robo, cuando la compraventa se hubiere verificado, sin dejar constancia escrita y firmada por las partes y por dos testigos conocidos en el lugar, de la clase, ley y peso del metal vendido y del precio estipulado.
Art. 135. En el caso del artículo anterior, justificada la existencia del hurto o robo, el juez ordenará la restitución de los minerales, una vez que el interesado acredite que los que reclama son iguales a los que se producen en su mina.
TITULO XII
DE LAS SOCIEDADES MINERAS
SECCION I
De las sociedades que nacen de un hecho
Párrafo I
Reglas generales
Art. 136. Por el hecho de que dos o más personas inscriban una manifestación formulada en común, o por el hecho de que una o más inscriban, a cualquier otro título, parte o cuota de una pertenencia inscrita a nombre de una sola persona, nace una sociedad minera que, por el solo ministerio de la ley, forma una persona jurídica.
Esta sociedad tomará el nombre de la pertenencia y del distrito o del asiento minero en que ésta se hallare ubicada.
Su domicilio sera el del lugar donde se encuentre inscrita la pertenencia, cuyo nombre se incluya en el de la sociedad, conforme al inciso anterior o al artículo siguiente. Los socios podrán cambiar este domicilio, pero para que el acuerdo surta efectos respecto de terceros, deberá anotarse al margen de la inscripción a que se refiere el artículo 139.
Art. 137. La sociedad podrá comprender dos o más pertenencias siempre que los socios sean unos mismos y tengan igual participación en cada una de ellas, y en este caso, la sociedad tomará la denominación de la primera pertenencia que el título mencione.
Art. 138. El haber social se entenderá dividido en cien acciones, que corresponderán a los socios, a prorrata de su cuota en la propiedad minera.
Art. 139. El Conservador de Minas, cuando se le presentare para su inscripción alguno de los títulos constitutivos de sociedad a que se refieren las disposiciones precedentes, después de inscribirlo en el Registro de Descubrimientos, o en el de Propiedad, según el caso, deberá hacer a continuación, en el mismo Registro, una nueva inscripción a favor de la sociedad, bajo el nombre de ésta; y acto continuo, inscribirá en el Registro de Accionistas los nombres de las personas de que se compone la sociedad, con indicación del interés que cada una tenga en ella.
Cuando en la manifestación hecha en común no se indicare la proporción en que se pide la pertenencia para socios, se entenderá que es por partes iguales entre todos ellos.
Art. 140. Verificada la inscripción a favor de la sociedad, ésta adquiere la pertenencia, conservando sus miembros un derecho o acción mueble con relación a la sociedad.
Art. 141. Se efectuará la tradición de las acciones o derechos de los socios por la inscripción del título en el registro de accionistas del Conservador respectivo. El título deberá constar siempre en instrumento público.
La adjudicación de los derechos o acciones en una sociedad minera, deberá siempre reducirse a escritura pública, la cual se inscribirá como en el caso anterior.
Si se tratare de asignaciones testamentarias relativas a pertenencias, derechos o acciones mineras, se inscribirá el testamento.
La transferencia o transmisión de los derechos de los socios se entenderán sin perjuicio de los gravámenes u obligaciones que los afecten.
142. Cuando falleciere el dueño de una pertenencia, y mientras se practiquen las inscripciones ordenadas por el artículo 139, los herederos procederán a designar, a petición de cualquier interesado, un administrador proindiviso de la pertenencia, de acuerdo con las leyes procesales.
Cuando falleciere uno de los socios, sus herederos designarán un mandatario común para que los represente en la sociedad mientras mantengan pro indiviso sus acciones.
Art. 143. Los socios no son personalmente responsables, respecto de terceros, de las obligciones de la sociedad; y sólo responden a ésta por sus propias obligaciones como socios, con el valor de sus acciones y de los beneficios sociales que no hubieren percibido.
Párrafo II
De las juntas
Art. 144. Todo negocio concerniente a una sociedad se tratará en juntas, que tendrán lugar en el domicilio de la sociedad.
Art. 145. Para formar juntas, será necesario citar previamente a todos los socios.
La citación se hará por medio de avisos publicados por dos veces, y de carteles fijados por cinco días en la puerta de la oficina del Conservador de Minas que corresponda.
A los socios que hubieren señalado casa dentro del departamento en que tenga su domicilio la sociedad y que la hubieren hecho anotar en un Registro de Accionistas para los efectos de la notificación, se les citará, además, por carta certificada que deberá enviar el Secretario del Juzgado, y de ello se dejará constancia en autos. La omisión del envío de la carta no acarreará la nulidad de la citación.
La junta no podrá celebrarse antes de los diez días siguientes a la fecha en que esté terminado el plazo de fijación de carteles y hecha la publicación de avisos.
Art. 146. Las convocatorias serán expedidas por el Juez respectivo, a solicitud de cualquier socio. Toda oposición que al respecto se formule, se resolverá de plano. La apelación que se dedujere contra estas resoluciones se concederá sólo en el efecto devolutivo.
Art. 147. En la citación se expresará, bajo pena de nulidad, el objeto de la reunión; el local, día y hora en que deberá celebrarse, y el nombre de todo socio que representen, a lo menos, un diez por ciento de interés en la sociedad.
Las reuniones se efectuarán en la ciudad donde la sociedad tenga su domicilio, salvo acuerdo en contrario tomado por los socios que represente los dos tercios del interés social, a lo menos.
Serán nulos los acuerdos que se tomaren fuera del objeto de la citación, o en junta celebrada en local, día y hora distintos de los designados en la citación.
Las acciones de nulidad a que se refiere este artículo sólo podrán deducirse dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de la celebración de la junta.
Art. 148. La junta podrá constituirse sin citación alguna, cuando concurra la unanimidad de los socios.
Art. 149. La junta deberá constituirse con asistencia de socios que representen, a lo menos, el cincuenta y uno por ciento de las acciones de la sociedad.
No concurriendo a la primera citación el número de socios indicado, se practicará una segunda, expresándose esta circunstancia, y la junta podrá constituirse con los socios que concurran y adoptar los acuerdos que procedan.
La segunda junta sólo podrá celebrarse trancurridos que sean diez días después de terminada la fijación y publicación de la nueva citación.
Art. 150. La junta será presidida por quien represente en ella el mayor número de acciones de la sociedad y, habiendo varios con igual derecho, se determinará por sorteo a cuál corresponde la presidencia.
Art. 151. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de las acciones concurrentes a la junta, salvo las excepciones legales.
Art. 152. La enajenación o promesa de venta de la pertenencia o de parte alícuota de ella, deberá ser acordada en junta por una mayoría no menor de los dos tercios de las acciones de la sociedad.
Para constituir hipoteca o celebrar un contrato de avío se necesitará acuerdo tomado por una mayoría que represente más del cincuenta por ciento de las acciones de la sociedad, salvo el caso del artículo 184, que se regirá por la disposición del inciso 1.o de este artículo.
Contra el acuerdo que se adopte con relación a cualquiera de los contratos indicados en los incisos anteriores, podrá reclamarse dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha de la celebración de la junta, ante el Juez respectivo, quien acogerá el reclamo solamente si aparece de manifiesto que el contrato que se proyecta es perjudicial para los intereses de la sociedad.
Este reclamo se tramitará en juicio sumario, pero el fallo que se dicte será apelable en ambos efectos. En segunda instancia se tramitará como incidente. No procederán en contra de la sentencia los recursos de casación.
Art. 153. Cuando la junta tenga por objeto tratar de la enajenación de la pertenencia o de una parte de ella, de la constitución de hipotecas o de avisos, o de la fijación de cuotas para los gastos de conservación y explotación de la pertenencia, deberá concurrir un notario, a fin de certificar la asistencia de socios, los acuerdos que se tomaren y la mayoría con que éstos hubieren sido adoptados.
Una copia del acta de esta junta, autorizada por el notario asistente, deberá ser llevada por éste, dentro del plazo de ocho días, al Conservador de Minas respectivo, para su archivo.
Párrafo III
De la administración
Art. 154. La administración de la sociedad, estará a cargo de uno o más administradores, nombrados en junta. Esta determinará las atribuciones, remuneración y duración de sus funciones.
Art. 155. El acta en que conste el nombramiento del administrador, deberá reducirse a escritura pública, y ésta anotarse en el Registro de Accionistas del Conservador que corresponda.
Mientras no se cumpla con estas formalidades, el nombramiento no surtirá efecto alguno respecto de terceros.
Art. 156. El administrador es un mandatario de las sociedades y, en consecuencia, deberá ceñirse a los términos de su mandato.
Sin perjuicio de lo que en éste se establezca, el administrador no tiene, naturalmente, más que el poder de efectuar los actos de administración, como ser: pagar las deudas y cobrar los créditos de la sociedad, siempre que pertenezcan unos y otros al giro administrativo ordinario; perseguir en juicio a los deudores; intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones; comprar los materiales necesarios para la explotación de la mina o beneficio de sus productos; contratar arrendamientos de servicios con operarios y dependientes, y ponerles término; exigir a favor de la pertenencia las servidumbres o servicios a que tiene derecho; aceptar las cargas y gravámenes que, según la ley, pesan sobre ella, y vender los minerales ya extraídos de las labores.
Para todos los actos que salgan de estos límites, necesita autorización especial otorgada por la junta.
Art. 157. Corresponde al administrador la representación de la sociedad en todo lo que se relacione, de cualquier manera, con la autoridad pública, a menos que los socios designen con este fin otro representante.
Le corresponde, asimismo, la representación judicial de la sociedad en los términos que determina el Código de Procedimiento Civil, para los administradores o gerentes de sociedades civiles o comerciales.
Mientras se nombra administrador, el mayor accionista estará investido de las representaciones que se confieren al administrador por los dos incisos precedentes. Si hubiere dos o más socios con igual derecho, asumirá dichas representaciones aquél a quien corresponda por orden alfabético, siempre que no sea incapaz.
Párrafo IV
De la distribución de los productos
Art. 158. Los beneficios o productos se distribuirán en proporción a las acciones de cada socio.
Art. 159. La distribución se hará cuando la junta lo determine o, en su defecto, cuando el administrador lo estime conveniente.
Art. 160. La distribución se hará en minerales, en pastas o en dinero, según al acuerdo de los socios.
Cuando no hubiere acuerdo, la distribución se hará en dinero.
Uno o más socios, que representen la cuarta parte de las acciones de la sociedad, podrán exigir que se les entregue su parte en minerales o pastas, previo reembolso de los gastos correspondientes.
Párrafo V
De la contribución a los gastos
Art. 161. Los socios contribuirán al pago de los gastos necesarios para la conservación y explotación de la pertenencia, en proporción a las acciones que tengan en la sociedad.
Art. 162. Para la fijación del monto de las cuotas, será necesario un acuerdo, tomado en junta, por socios que representen a lo menos la mayoría absoluta de las acciones de la sociedad y, en seguida, publicado y notificado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 145.
Es aplicable a este acuerdo lo dispuesto en los incisos 3.o y 4.o del artículo 152.
El reclamo no podrá ser acogido cuando la cuota o cuotas pedidas sean necesarias para la conservación o explotación de la pertenencia.
Las cuotas deberán pagarse, si no se hubiere señalado plazo para ello, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que quede terminada la publicación referida.
Párrafo VI
De la inconcurrencia
Art. 163. Si alguno de los socios no pagare en el plazo correspondiente la cuota acordada, caerá en inconcurrencia.
Art. 164. Producida la inconcurrencia, el administrador de la sociedad dispondrá de la parte de minerales, pastas o dinero que, perteneciendo al inconcurrente, estuvieren en poder de la sociedad, hasta la cantidad necesaria para cubrir la cuota que adeudare.
Art. 165. Si no existieren los bienes a que se refiere el artículo anterior, o si el producto de éstos no hubiera sido suficiente para la cancelación de la cuota adeudada, el administrador deberá perseguir su pago en las acciones que correspondan al socio inconcurrente. Este derecho podrá también ser ejercitado por cualquier socio concurrente en representación de la sociedad.
Art. 166. Para hacer efectivo el derecho a que se refiere el artículo anterior, se demandará en juicio ejecutivo al socio inconcurrente. Servirá de suficiente título la copia autorizada del acta de la junta en que se acordó el cobro de la cuota.
Art. 167. El ejecutado sólo podrá oponer las siguientes excepciones:
1.o La incompatibilidad del Tribunal;
2.a La falta de capacidad del demandante o de personería del que comparece en su nombre;
3.o La litis pendencia;
4.o El hecho de cobrársele una suma mayor de la que corresponda;
5.o El pago de la deuda;
6.o El hecho de existir un convenio o un acuerdo legalmente tomado, que exima al demandado de la obligación de concurrir con la cuota que se le exige;
7.o La cosa juzgada;
8.o El no haberse acordado en forma legal el cobro de la cuota exigida; y
9.o La existencia de minerales, pastas o dinero que pertenezcan al demandado, en poder de la sociedad.
Art. 168. Ejecutoriada la sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, se licitarán en pública subasta la acción o acciones del socio inconcurrente, fijándose como mínimo lo que adeudare. El sobrante, si lo hubiere, se entregará a éste, deducidos los gastos del remate y costas del proceso.
El inconcurrente podrá suspender el remate, pagando en cualquier momento lo adeudado y las costas.
Art. 169. Si no hubiere postores, la acción o acciones del inconcurrente acrecerán a los demás socios, en proporción al número de acciones de cada uno.
Párrafo VII
De la terminación de la sociedad
Art. 170. La sociedad sólo podrá terminar:
1.o Por la caducidad del título de la pertenencia; y
2.o Por la enajenación de la misma a una sola persona, o por la reunión en una sola persona de todas las acciones de que ella se compone.
SECCION II
De las sociedades que nacen de un contrato
Art. 171. Para el reconocimiento o explotación de pertenencias podrán constituirse sociedades en las formas establecidas en otros Códigos o en leyes especiales.
Art. 172. Podrán también pactarse sociedades que se rijan por las disposiciones contenidas en la Sección I de este artículo, en cuyo caso se observarán, además, las reglas siguientes:
Art. 173. Esta sociedad se formará y probará por escritura pública, inscrita en el Registro de Propiedad del Conservador de Minas respectivo.
Dicha escritura deberá espresar en todo caso:
1.o La individualización de los socios y el nombre, domicilio y duración de la sociedad;
2.o La forma de administración;
3.o La división del interés social y su distribución total entre los socios; y
4.o El aporte o transferencia de la pertenencia a la sociedad.
En la misma escritura podrán expresarse los demás pactos que acuerden los socios.
Art. 174. En la sociedad de que se trata, los socios responderán con todos sus bienes de los aportes a que se obligaron en el contrato social.
Del pago de las cuotas que se acordaren con posterioridad, responderán exclusivamente con su interés en la sociedad.
Los socios no son responsables ante terceros de las obligaciones de la sociedad, salvo estipulación en contrario.
Art. 175. Esta sociedad termina en los casos contemplados en el artículo 170, y además:
1.o Por la expiración del plazo o cumplimiento de la condición, fijados para su duración en el contrato; y
2.o Por acuerdo de los socios, tomado en la forma prevista en la escritura social.
Art. 176. Toda sociedad contractual, disuelta por cualquier causa, subsistirá legalmente entre las personas que hayan conservado parte en la pertenencia; y se aplicarán, en este caso, las disposiciones de la Sección I de este Título, a menos que los interesados acordaren otra cosa.
Si hubiere de procederse a la liquidación de la sociedad disuelta, ella se hará por el administrador, salvo lo que disponga la escritura social o acuerden los socios.
El liquidador se ajustará, en el desempeño de este encargo, a las reglas establecidas en el Código de Comercio para la liquidación de las sociedades colectivas.
Art. 177. En todo aquello que no estuviere previsto en el contrato social o en la presente Sección, según el caso, regirán las disposiciones de la Sección anterior.
TITULO XIII
DEL AVIO
Art. 178. El avío es un contrato en virtud del cual una persona se obliga a dar o hacer algo en beneficio del laboreo de una pertenencia para pagarse sólo con los productos de ella.
Art. 179. Los contratos de avío deberán otorgarse por escrito, y no surtirán efecto respecto de terceros, si no son extendidos en escritura pública, inscrita en el Registro de Gravámenes del Conservador de Minas.
Art. 180. Los avíos pueden pactarse por cantidad o tiempo determinados o indeterminados, o para ejecutar una o más obras en la pertenencia.
Art. 181. Cuando el avío es indeterminado, cualquiera de los contratantes podrá ponerle término a su arbitrio.
El aviador conservará su crédito por las cantidades de dinero que hubiere desembolsado en virtud del contrato, para ser pagado con los productos que rindiere la mina, sin perjuicio de otros acreedores de mejor derecho.
Art. 182. Cuando es determinado, el minero o el aviador podrán ponerle término en cualquier tiempo, el primero, desprendiéndose de la propiedad de la pertenencia en favor del aviador, y el segundo, renunciando a su crédito de avío.
Art. 183. Puede estipularse que el pago de lo debido al aviador se verifique en minerales, en pastas o en dinero, con los premios que se convengan, sin límite alguno.
Art. 184. Puede también estipularse que, en pago de los avíos, el aviador se haga dueño de una cuota que puede llegar hasta el cincuenta por ciento de la pertenencia. Esta estipulación importará una promesa de venta, cuyo cumplimiento podrá exigir el aviador, en conformidad al artículo 76, una vez satisfecha por él las obligaciones que se impuso.
Art. 185. Los avíos deben suministrarse por el aviador en los términos estipulados; y, en defecto de estipulación, a medida que lo vaya exigiendo el laboreo. Si, notificado judicialmente, se negare a la prestación de lo debido o retarde su cumplimiento por más de quince días, podrá el minero demandar el pago por la vía correspondiente, o tomar dinero de otra persona por cuenta del aviador, o contratar un nuevo avío que goce de preferencia sobre el primero.
Art. 186. Salvo estipulación en contrario, la administración de la pertenencia estará a cargo del minero, durante los avíos.
Pero, si invirtiere en otro destino el dinero o efectos del avío, sin consentimiento del aviador, éste tendrá derecho para tomar la mina bajo su administración, sin pejuicio de las responsabilidades criminales que afecten al minero.
Tendrá el mismo derecho el aviador, si el minero llevare una administración descuidada o dispendiosa, que ponga en peligro los derechos de aquél.
Art. 187. Si, terminados los avíos, hubiere quedado la pertenencia en descubierto, el aviador tendrá derecho para tomarla bajo su administración y seguir aviándola hasta pagarse preferentemente a todo otro aviador, no sólo de lo debido en virtud del contrato de avío, sino del nuevo avío con los premios y en la forma del anterior.
Pero, si el aviador no quisiere seguir aviando la pertenencia, el minero podrá estipular, con un tercero, otro avío que goce de preferencia sobre el anterior.
Art. 188. El aviador o minero que no tenga la administración de la pertenencia, podrá visitarla, inspeccionar los trabajos, revisar los libros de contabilidad y los documentos justificativos y hacer las observaciones y reparos que la contabilidad y sistema de trabajo le sugieren, pudiendo ejercitar estas facultades cuando lo crea conveniente, por sí o por representante.
Tendrá también el derecho de pedir judicialmente el nombramiento de un interventor, con la facultad de percibir los productos líquidos.
Art. 189. Si el aviador tiene la administración de la pertenencia, no la trabajare, cuidando de mantenerla en buen estado o si se le convenciere de fraude en la administración, o de que ésta es descuidada o dispendiosa, perderá el derecho de administrarla, sin perjuicio de su responsabilidad criminal; y sólo podrá colocar en ella un interventor, como en el caso y con la facultad que se indica en el artículo anterior.
TITULO XIV
DE LA HIPOTECA
Art. 190. La hipoteca sobre pertenencias se rige por las mismas disposiciones que la hipoteca sobre los demás bienes raíces, y especialmente por las contenidas en este Título.
Art. 191. No podrá constituirse hipoteca sobre pertenencia cuya mensura no estuviere inscrita.
Art. 192, No producirá efecto la hipoteca sobre pertenencias que estén afectas a un avío inscrito, mientras el aviador no se posponga en sus derechos al acreedor hipotecario y se tome nota de la posposición en el Registro correspondiente.
Art. 193. La hipoteca sobre una pertenencia afecta a todos los bienes que, según el artículo 73, se reputan accesorios de ella, salvo lo que dispongan leyes especiales.
Sobre los demás bienes muebles destinados a la explotación de la pertenencia, y sobre las substancias minerales arrancadas del yacimiento, podrá constituirse prenda y quedar ésta en poder del deudor, con arreglo a las disposiciones que rigen la prenda industrial.
Art. 194. En la inscripción de una hipoteca sobre pertenencia bastará, para individualizar ésta, referirse a la respectiva inscripción del acta de mensura.
Art. 195. La hipoteca sobre pertenencia no da al acreedor los derechos que otorga el artículo 2427 del Código Civil, salvo que la desvalorización se produzca por dolo o culpa grave del deudor.
Art. 196. Para proceder al remate de una pertenencia hipotecada, no será necesario la tasación de ella.
El mínimo para la primera subasta será el que fijen las partes de común acuerdo, y a falta de éste, el monto de los créditos hipotecarios que la graven, más las costas judiciales.
TITULO XV
DE LOS JUICIOS SOBRE MINAS Y DE LA COMPETENCIA
Art. 197. Todos los juicios sobre minas que no tengan señalado en este Código un procedimiento especial, se tramitarán y fallarán en conformidad a las reglas del juicio ordinario.
Se tramitarán, sin embargo, conforme al procedimiento sumario, fuera de los casos ya indicados en este Código, las siguientes cuestiones:
1.o Las relativas a la constitución, ejercicio y terminación de las servidumbres y demás derechos que reconoce la ley en favor de las pertenencias y establecimientos de beneficio; a las indemnizaciones correspondientes, y a las cauciones que procedan;
2.o Las que se refieran al ejercicio de la administración de la pertenencia por parte del minero, del aviador o del acreedor a quien corresponda ese derecho; y
3.o En general, las cuestiones que, por su naturaleza, requieran una tramitación rápida.
Art. 198. Sin perjuicio de los derechos de los acreedores hipotecarios en los juicios ejecutivos y quiebras no se podrán embargar ni enajenar la pertenencia del deudor, ni las cosas que se reputan inmuebles accesorios, ni las provisiones introducidas en ella para su laboreo.
El deudor puede, no obstante, consentir en el embargo y enajenación, siempre que el consentimiento se den en el mismo juicio.
Art. 199. Pueden embargarse los minerales ya arrancados de las labores.
Si el producto de esos minerales no alcanzare para cubrir la deuda, podrá el acreedor pedir al juez que le entregue la pertenencia en anticresis judicial, hasta hacerse pago con los productos que rindiere.
Art. 200. No rindiendo la pertenencia productos bastantes para atender a su laboreo y a la cancelación del crédito, podrá el acreedor pedir al Juez autorización para aviarla bajo su administración, y tendrá derecho preferente para pagarse, no sólo de las cantidades que invirtiere en este avío, con sus intereses corrientes, sino también de su crédito primitivo.
Art. 201. Serán aplicables a la administración del acreedor, en los casos contemplados en los dos artículos anteriores, las reglas contenidas en los artículos 188 y 189.
Art. 202. En las quiebras de los mineros se requerirá a los acreedores para que ejerciten los derechos que, a virtud de las disposiciones anteriores, se acuerden al ejecutante.
Los acreedores hipotecarios y aviadores gozarán de derecho preferente para tomar la mina bajo su administración y aviarla en el orden que corresponda.
Enajenada la pertenencia, los acreedores serán pagados en conformidad a las reglas generales de prelación. Entre los aviadores preferirá el más nuevo sobre el más antiguo, según la fecha de la inscripción de los títulos respectivos.
Art. 203. Será Juez competente para conocer de todos los asuntos a que se refiere este Código, el Juez Letrado de Mayor Cuantía que tenga jurisdicción en el departamento o sección de departamento en que esté ubicada la pertenencia. Lo cual se entiende sin perjuicio de otras disposiciones de este Código y de las especiales de la Ley Orgánica de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil.
Art. 204. Los plazos que se refieren a actuaciones judiciales en asuntos contenciosos promovidos con arreglo a este Código, se entenderán suspendidos durante los días feriados.
TITULO XVI
DE LAS MINAS DE CARBON
Art. 205. Se sujetará a las disposiciones de este Título la constitución de propiedad minera en yacimientos carboníeferos, sobre los cuales no existiere pertenencia constituída en conformidad a leyes anteriores.
Art. 206. El pedimento deberá elevarse al Presidente de la República, quien otorgará la concesión una vez acreditadas las facultades económicas del solicitante, en la forma que establezca el Reglamento.
Art. 207. Para acreditar las facultades indicadas en el artículo anterior, el peticionario tendrá el plazo improrrogable de seis meses, contado desde la fecha de la presentación del pedimento. No haciéndolo, se tendrá dicha solicitud como no presentada.
Art. 208. El decreto de concesión fijará tanto el plazo dentro del cual el concesionario estará obligado a iniciar los trabajos preliminares, como el en que deba empezar la explotación.
El Presidente de la República podrá suspender o prorrogar estos plazos, en los casos calificados que determine el Reglamento.
Art. 209. El concesionario estará obligado a explotar la mina en forma proporcionada a su importancia, de acuerdo con lo que al respecto determinen el Reglamento y el decreto de concesión.
Art. 210. El concesionario, además de las indemnizaciones que correspondan al dueño del suelo con motivo de las servidumbres y demás derechos que ejercite, le pagará una regalía por cada tonelada de carbón vendida.
Esta regalía será fijada por el Presidente de la República, de acuerdo con el Reglamento, y no podrá ser superior al dos y medio por ciento del precio de venta del carbón en cancha.
La regalía en las concesiones otorgadas en bienes nacionales y en los yacimientos submarinos, pertenecerá al Estado.
Art. 211. La concesión caducará:
1.o Cuando no se dé cumplimiento a las obligaciones mencionadas en el artículo 208;
2.o Cuando, sin causa justificada, calificada por el Presidente de la República, previo informe del servicio de minas del Estado, se restrinja o suspenda la explotación en términos de que no se cumpla con lo dispuesto en el artículo 209; y
3.o Cuando, sin causa justificada, la explotación se abandone consecutivamente durante tres años, o por igual tiempo, dentro de un período de cinco años.
Art. 212. La caducidad de la concesión, en el caso del número primero del artículo precedente, se producirá ipso jure por la expiración del plazo. En los demás casos, la caducidad será declarada por el Presidente de la República, seis meses después de la fecha de haber sido requerido administrativamente el concesionario para que haga cesar la causal de caducidad, sin haberlo hecho.
El Presidente de la República, previo informe del servicio de minas del Estado, declarará inmediatamente la caducidad de la concesión si el concesionario que reiniciare la explotación dentro de los seis meses a que se refiere el inciso anterior, incurriere por segunda vez y dentro del plazo de dos años, en una restricción o suspensión de la explotación, sin causa justificada.
Art. 213. Producida o declarada la caducidad de una concesión, el yacimiento podrá ser pedido por cualquiera otra persona.
Art. 214. En virtud de la caducidad, el concesionario no pierde la propiedad de los edificios, maquinarias y demás elementos de trabajo que puedan separarse sin destruir las labores; pero tendrá para retirarlos el plazo de un año, contado desde la fecha del nuevo decreto de concesión.
Vencido este plazo, dihos bienes accederám a la pertenencia.
Art. 215. Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores, se otorgarán con la extensión que el Presidente de la República, en cada caso, determine.
La ubicación de la concesión se hará por el funcionario que se designe, y en la forma que establezca el Reglamento.
Art. 216. El decreto de concesión y el acta de la diligencia a que se refiere el artículo anterior, se inscribirán en el Registro de Propiedad del Conservador de Minas respectivo.
Esta inscripción surtirá los efectos indicados en el artículo 72.
El plano que fije la ubicación se hará por triplicado, y los ejemplares serán archivados en la forma que se indica en la segunda parte del inciso 1.o del artículo 60.
Art. 217. El Presidente de la República, previo informe del servicio de minas del Estado, podrá otorgar concesiones de exploración de yacimientos de carbón, hasta por el término de cinco años, en lugares que él mismo determinará y con la cabida que fijare en cada caso particular.
Para conceder el permiso, será oído el dueño del suelo, quien podrá exigir el otorgamiento previo de una garantía que asegure el pago de las indemnizaciones a que el explorador pueda quedar obligado con motivo de los trabajos que realizare.
Art. 218. Dentro del plazo fijado para la investigación, sólo el explorador podrá obtener concesiones de explotación en la zona señalada.
Art. 219. El Presidente de la República podrá observar para el Estado determinados terrenos carboníferos.
Art. 220. Las transferencias de las concesiones a que se refiere este Título, serán sometidas a la aprobación del Presidente de la República.
TITULO XVII
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 221. Son fatales los plazos de que trata este Código, cuando al establecerlos se emplean las palabras "en" o "dentro de".
Art. 222. En cada departamento se editará una publicación, con el nombre de "Boletín Oficial de Minería", que llevará además la designación de la ciudad en que aparezca, y que estará a cargo de la respectiva Gobernación.
Las publicaciones que ordena este Código, se harán en dicho Boletín, debiendo los interesados cubrir el importe de las que hicieren.
Los gobernadores enviarán un ejemplar de cada Boletín a la respectiva oficina del Conservador de Minas y otro al servicio de minas del Estado. Un tercer ejemplar quedará archivado en la oficina de la Gobernación.
Las dichas oficinas harán encuadernar convenientemente, por orden cronológico, estos ejemplares, que podrán ser consultados por los interesados en cualquier tiempo.
El Presidente de la República podrá autorizar la existencia de un solo Boletín para dos o más departamentos. El decreto que así lo disponga, o que modifique en alguna forma esta situación, deberá necesariamente ser publicado en el Diario Oficial.
Art. 223. Se considerará como Conservador de Minas respectivo, el que tenga su asiento en la misma ciudad en que funcione el Juzgado a quien corresponda intervenir en el asunto. Para los efectos de las publicaciones que deban hacerse en la cabecera del departamento, se considerará como tal esa misma ciudad.
Art. 224. En los casos en que este Código ordena archivar un documento, plano o croquis, el funcionario respectivo cumplirá esa disposición agregándolo al libro correspondiente, en la misma forma en que los notarios proceden en la protocolización de documentos públicos, y expedirá, también en esa forma, los certificados y copias que se le soliciten.
Art. 225. El servicio de minas del Estado dictará normas especiales acerca de los honorarios y gastos que deberá cubrir el minero para realizar la mensura de su pertenencia. Además de procurar la reducción de esos gastos en lo posible, estará autorizado para exonerar al minero de todo o parte de ellos, en casos calificados.
Artículos transitorios Art. 226. Los dueños de pertenencias que, a la fecha en que éntre a regir el presente Código, estuvieran ratificadas, mas no mensuradas, deberán construir el hito de referencia e iniciar los trámites para la mensura con arreglo a las disposiciones de este Código, antes del 25 de Abril de 1934. No haciéndolo, se tendrá por caducada la concesión, y el Juez, de oficio o a petición de cualquiera persona, previas las certificaciones que procedan, deberá ordenar que se cancelen las inscripciones respectivas.
Art. 227. Lo dispuesto en el artículo precedente se aplicará también a las pertenencias sobre las substancias mencionadas en el artículo 4.o del Código de Minería de 1888 que, a la fecha en que empezó a regir el Código de Minería de 1930, se consideraron ratificadas a virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de éste último.
Art. 228. Las pertenencias manifestadas bajo el imperio del Código de Minería de 1930, y cuyos plazos para construir el hito de referencia y solicitar la mensura estuvieren vigentes al entrar a regir el presente Código, deberán cumplir las referidas obligaciones dentro del plazo de dieciocho meses, si hubieren sido manifestadas hasta el 31 de Diciembre de 1931, y dentro del plazo de trescientos días, si hubieren sido manifestadas con posterioridad a esa fecha. Ambos plazos se contarán desde la fecha del decreto que haya ordenado la inscripción y publicación del respectivo pedimento.
Art. 229. Los procedimientos de mensura iniciados con anterioridad a la fecha en que éntre a regir el presente Código, continuarán durante su imperio, en conformidad a las disposiciones del de 1930.
Art. 230. No obstante lo dispuesto en los artículos 226, 227 y 228, el dueño de toda pertenencia de minerales de oro, cualquiera que sea la forma del yacimiento, manifestada con anterioridad a la fecha de vigencia de este Código y cuyo plazo para solicitar la mensura estuviere pendiente, deberá presentarse al Juzgado de Letras respectivo, solicitando la mensura, dentro del plazo de ciento ochenta días, contado desde esa misma fecha, siempre que a virtud de las disposiciones precedentes, no esté obligado a hacerlo antes de este plazo.
Art. 231. El minero que solicitare la mensura en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior y que no hubiere construido el hito de referencia, deberá indicar la ubicación precisa que éste tendrá, y lo construirá antes de llevarse a cabo la operación de mensura.
Art. 232. Los trámites para la mensura, en este caso, se efectuarán de acuerdo con las disposiciones del Código de Minería, con las siguientes modificaciones:
a) El cartel a que se refiere el artículo 42, se fijará por cinco días y los avisos ordenados en ese mismo artículo se publicarán dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la resolución que los ordene;
b) La oposición a que se refiere el artículo 43, podrá deducirse hasta veinte días, después de la primera publicación indicada en la letra anterior;
c) El opositor u opositores a que se refiere el artículo 44, al solicitar la respectiva mensura, deberán cumplir a su vez, las obligaciones correspondientes, en la forma indicada en el presente artículo;
d) Si no se hubiere formulado oposición, o si ésta fuere desechada, el Juez, de oficio o a petición de cualquier interesado, señalará día y hora para la operación de mensura; y
e) Los plazos a que se refieren los artículos 50 y 51, serán solamente de treinta días.
Art. 233. Para los efectos de lo ordenado en el artículo 230, se considerará pertenencia de minerales de oro toda aquella que haya sido manifestada por esta substancia mineral, sola o en unión de otra.
Art. 234. La obligación de mensura contemplada en el mismo artículo 230, no regirá respecto de las pertenencias solicitadas por oro y otras substancias, en las cuales, a juicio del servicio de minas del Estado, la materia aurífera no constituya o pueda constituir el objeto principal de su explotación.
Art. 235. El dueño de pertenencia que creyere tener derecho a la exención autorizada por el artículo anterior, deberá presentarse por escrito al Juzgado de Letras respectivo, dentro del plazo indicado en el artículo 230, solicitando una declaración al respecto del servicio de minas del Estado.
Si esa solicitud fuere desechada por esta oficina, el interesado deberá solicitar la mensura dentro del plazo de noventa días, contados desde la fecha en que se reciba en el Juzgado la comunicación correspondiente.
Si la solicitud fuere aceptada, los plazos para mensurar serán los establecidos en los artículos 226, 227 o 228, según el caso.
Art. 236. Siempre que una pertenencia, actualmente inscrita a cualquier título a nombre de dos o más personas, se transfiera o transmita, en todo o en parte, en forma de que varias queden con interés en ella, se constituirá, por el solo ministerio de la ley, una sociedad en las condiciones indicadas en el artículo 136.
A este efecto el Conservador de Minas deberá hacer a continuación de la inscripción del respectivo título de transferencia o transmisión, una nueva a favor de la sociedad y cumplirá con las obligaciones que le impone el inciso 1.o del artículo 139, exigiendo al interesado una minuta que contenga el nombre de los demás socios y el interés de cada uno en la cosa común.
Confrontados por el Conservador, los datos de esta minuta con los que consten de su Registro Conservatorio procederá a hacer las anotaciones del caso en el Registro de Accionistas.
Todo interesado podrá reclamar, en cualquier tiempo, de estas anotaciones ante el Juez, quien, una vez comprobados los hechos, ordenará hacer la rectificación del caso, con citación de la persona a quien pueda afectar la resolución.
Art. 237. Establecida la sociedad conforme al artículo anterior, caducarán de hecho las hipotecas constituídas sobre cuotas de la pertenencia.
Pero el acreedor hipotecario adquirirá, por el solo ministerio de la ley, derecho de prenda sobre la acción o acciones que correspondan al dueño de la cuota hipotecada. El Conservador de Minas respectivo deberá anotar este gravamen en el Registro de Accionistas, antes de cancelar la inscripción hipotecaria.
El Conservador hará las anotaciones indicadas, respetando el orden de inscripción de las hipotecas; y los acreedores prendarios se pagarán siguiendo el mismo orden.
Art. 238. Si al efectuarse las inscripciones mencionadas en el artículo anterior, hubiere vigente algún impedimento o prohibición referente a una parte o cuota de la pertenencia, que embarace o limite, de cualquier modo, el libre ejercicio del derecho de ejecutar actos o celebrar contratos, dicho impedimento o prohibición caducará por el solo ministerio de la ley, y se entenderá desde ese momento constituído, en los mismos términos, sobre la acción o acciones que correspondan en la sociedad al socio afectado. El Conservador deberá hacer la correspondiente anotación en el Registro de Accionistas.
Art. 239. Las compañías mineras nacidas de un hecho producido con anterioridad a la promulgación del Código de Minería de 1930, y que no se encuentren en el caso contemplado en el artículo 236, se regirán por las disposiciones de la Sección I del Título XII, en cuanto les fueren aplicables, mientras los interesados no dispusiren otra cosa.
Art. 240. Las disposiciones contenidas en el Título XIV, en cuanto se refieren al derecho del acreedor hipotecario para exigir la enajenación de la pertenencia, no regirán sino respecto de aquellas hipotecas que se hayan constituido con posterioridad a la fecha en que entró a regir el Código de Minería de 1930.
Art. 241. Las concesiones para explotar carbón en las playas marítimas y mar adyacente, que se hubieren otorgado en comformidad al artículo 162 del Código de Minería de 1888, quedarán vigentes en toda su integridad.
Los concesionarios a que se refiere el inciso precedente que hubieren cesado en la explotación, deberán continuarla en el término de cinco años, contados desde la fecha en que empezó a regir el Código de Minería de 1930. Si no lo hicieren, caducarán sus concesiones.
Los actuales explotadores de carbón submarino conservarán el dominio del carbón que hubieren explotado en yacimientos vacantes, y tendrán derecho para continuar sus labores en la extensión que fijará el Presidente de la República, calculada sobre la base de que puedan realizar una explotación por lo menos análoga, a la mayor de cualquiera de los últimos cinco años anteriores a la vigencia del Código de 1930, y por un tiempo no inferior a cincuenta años.
Art. 242. A falta del Boletín destinado a las publicaciones dispuestas en este Código, el funcionario que ordene practicarlas, indicará el periódico en que deban hacerse, eligiéndolo entre los de mayor circulación del departamento respectivo, o de la capital de la provincia si en aquél no hubiere alguno. Las publicaciones no serán válidas si aparecieren en anexos al periódico.
Art. 243. Todo pedimento minero, exceptuados aquellos en que se manifiesten yacimientos auríferos, entendiéndose por tales los comprendidos en el artículo 233, que se haya presentado a la autoridad administrativa desde el 10 de Junio del presente año hasta a fecha en que empiece a regir este Código, será remitido por el funcionario correspondiente al Juez Letrado respectivo para que le dé curso en conformidad a las disposiciones del presente Código, conservando cada pedimento su prioridad, según la fecha de su primitiva presentación.
Se tendrán por no presentados los referidos pedimentos que no ingresen al Juzgado respectivo dentro del plazo de sesenta días, contados desde la fecha en que comience a regir este Código.
Art. 244. Reglamentos especiales determinarán en lo no previsto en el presente Código, los deberes y funciones del Conservador de Minas; la forma y solemnidades de las inscripciones, y el arancel a que haya de sujetarse la oficina, como amismo, la tarifa a que deban ajustarse los ingenieros o peritos que practiquen las mensuras; y las disposiciones que fueren precisas para el cumplimiento de los preceptos del Título XVI. Transcurrido que sea un año después de la dictación de estos Reglamentos, sus disposiciones no podrán ser modificadas sino por una ley.
Lo dicho se entiende sin perjuicio de los demás Reglamentos que dicte el Presidente de la República, sobre Policía Minera, sobre publicación del Boletín Oficial de Minería y sobre otras materias contenidas en el presente Código.
Art. 245. Mientras se dictan los Reglamentos a que se refiere el artículo anterior, regirán el Reglamento de Planos de Minas y Canteras de 22 de Julio de 1925, el de Policía Minera de 31 de Mayo de 1926, y los demás que se hayan dictado para la aplicación del Código de Minería de 1930, en cuanto no se opongan con las disposiciones del presente Código.
Art. 246. Queda condonado el pago de las patentes mineras que debió efectuarse en Marzo de 1931 y que, no obstante las prórrogas acordadas por leyes especiales, no haya sido satisfecho hasta el día en que entre a regir el presente Código.
Para todos los efectos legales, las patentes condonadas se considerarán pagadas en Tesorería en la misma fecha referida.
Es entendido que esta condonación no surtirá efectos con relación a las pertenencias que con anterioridad a dicha fecha hayan sido subastadas y adjudicadas, o cuyo terreno haya sido declarado franco por falta de postores, o que hayan caducado por el solo ministerio de la ley.
Art. 247. El pago de las patentes mineras que debió hacerse en Marzo de 1932, y que estuviere pendiente, deberá efectuarse antes del 1.o de Octubre de este mismo año, sin necesidad de pagar patente doble.
Los Tesoreros cumplirán con la obligación de pasar a los Juzgados respectivos las listas a que se refieren los artículos 117 y 128, dentro de los primeros quince días de ese mismo mes de Octubre.
Art. 248. Las publicaciones que, de acuerdo con lo dispuesto en leyes anteriores, hayan debido hacerse en forma de que mediara entre una y otra un determinado número de días, y que no se hubieren hecho con estricto cumplimiento de esta exigencia, se tendrán como válidamente efectuadas, siempre que se hubieren practicado con arreglo a los demás requisitos legales.
Artículo final
El presente Código empezará a regir el 30 de Agosto de 1932, y en esa fecha quedarán derogadas, aún en la parte en que no fueren contrarias a él, las leyes, ordenanzas y demás disposiciones especiales preexistentes sobre minas.
Se exceptúan de esta derogación y quedarán vigentes, además de los reglamentos indicados en el artículo 245 y del decreto ley N.o 255, de 22 de Junio de 1932, las disposiciones relativas a las substancias a que se refiere el artículo 4.o. Solamente en los casos no previstos en estas últimas disposiciones, se aplicarán las reglas de este Código.
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