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Resolución 462 EXENTA

Resolución 462 EXENTA FIJA ARANCEL DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA PENAL PÚBLICA Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE SU EVENTUAL COBRO, Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN Nº 244 EXENTA, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA

Promulgación: 09-SEP-2024

Publicación:

Versión: Última Versión - 19-DIC-2024

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FIJA ARANCEL DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA PENAL PÚBLICA Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE SU EVENTUAL COBRO, Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN Nº 244 EXENTA, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023
   
    Núm. 462 exenta.- Santiago, 9 de septiembre de 2024.
   
    Vistos:
   
    1. Lo dispuesto en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, que establece la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
    2. El decreto con fuerza de ley 1/19.653 fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
    3. La ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.
    4. La Ley Nº 21.180, sobre transformación digital del Estado.
    5. La Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
    6. Lo dispuesto en los artículos 35 al 39 de la ley Nº 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública.
    7. Lo establecido en los artículos 36 a 42 del decreto supremo Nº 495/2002, del Ministerio de Justicia, que establece el Re glamento sobre Licitaciones y Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública.
    8. El decreto supremo Nº 129, de 2021, del Ministerio de Justicia y DD.HH., que nombra al suscrito como Defensor Nacional, publicado en el DO con fecha 18 de febrero de 2022.
    9. El decreto supremo Nº 142, de fecha 13 de agosto de 2007, del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre Acuerdo en beneficios de litigación y asistencia jurídica gratuita entre los estados parte del Mercosur, y otros.
    10. El decreto supremo Nº 4, de fecha 9 de noviembre de 2020, que aprueba reglamento que regula la forma en que los procedimientos administrativos deberán expresarse a través de medios electrónicos, en las materias que indica, según lo dispuesto en la ley Nº 21.180 sobre transformación digital del Estado.
    11. La resolución exenta Nº 953, de fecha 7 de abril de 2008, que formaliza convenio de colaboración entre la Tesorería General de la República y la Defensoría Penal Pública para el cargo previo de deudas por arancel de servicios de defensa penal pública.
    12. El oficio DN Nº 503, de fecha 23 de agosto de 2023, que establece detalles del proceso para la determinación del eventual cobro de aranceles de los usuarios del servicio de defensa penal pública.
    13. El oficio DN Nº 62, de fecha 25 de enero de 2024, que aprueba formatos tipo del módulo de aranceles que indica.
    14. La resolución exenta Nº 399, de fecha 20 de septiembre de 2017, que aprueba convenio de colaboración y conectividad al Registro de Información Social del Ministerio de Desarrollo Social, suscrito entre la Defensoría Penal Pública y dicha Cartera de Estado.
    15. La resolución exenta Nº 244, de fecha 28 de junio de 2023, que fija arancel de los servicios de defensa penal pública y el procedimiento para la determinación de su eventual cobro y deja sin efecto Res. exenta Nº 69, de fecha 28 de febrero de 2019.
    16. La resolución Nº 7, de fecha 26 de marzo de 2019, de Contraloría General de la República, que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
   
    Considerando:
   
    1. Que, conforme lo dispone el artículo 19 Nº 3 de nuestra Carta Fundamental, toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale, y ello se encuentra especialmente asegurado respecto de la defensa en el proceso penal, por la gravedad que la sanción penal importa para las personas que se ven sujetas a ella.
    2. Que, la ley Nº 19.718 establece, en su artículo 36, que la defensa penal pública será siempre gratuita, y excepcionalmente podrá cobrarse, total o parcialmente por los servicios prestados a los usuarios que cuenten con recursos para financiarlos privadamente.
    3. Que, el artículo 37, del decreto supremo Nº 495, del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial el 19 de agosto de 2002, que aprueba el Reglamento sobre Licitaciones y Prestación de Defensa Penal Pública, establece que la Defensoría Nacional y las Defensorías Regionales podrán requerir de otros servicios y organismos del Estado competentes, datos, antecedentes y certificados de la persona, grupo familiar o personas dependientes del defendido.
    4. Que, el artículo 39, del aludido decreto supremo Nº 495, de 2002, determina que el Defensor Nacional, mediante resolución que deberá publicarse en el Diario Oficial, fijará anualmente el arancel por los servidos que preste la Defensoría y corresponda cobrar a los usuarios.
    5. Que, el artículo 38 del mismo texto reglamentario establece que conjuntamente con el arancel de servicios de la Defensoría se precisarán los mecanismos que permitirán anualmente, fijar la fórmula para determinar los porcentajes de pago, así como los criterios para la clasificación de los usuarios y/o usuarias que permitan su asignación en categorías exentas de pago y diversos porcentajes de cobro, y las modalidades de pago.
    6. Que, conforme a lo dispuesto en la resolución exenta Nº 244, de fecha 28 de junio de 2023, se fijó el precio de los servicios de defensa penal en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), considerando de esta manera la actualización permanente del valor de los servicios de defensa.
    7. Que, si bien, la actualización monetaria del valor en pesos del arancel de los servicios de defensa penal pública se ajusta de acuerdo al valor de la UTM en el mes respectivo, ello no exime de la obligación legal y reglamentaria de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 inciso 1º de la ley Nº 19.718, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 39 del decreto supremo Nº 495, de 2002, del Ministerio de Justicia, en el sentido de que la resolución del Defensor Nacional que fijará anualmente el arancel por los servicios que corresponda cobrar a los usuarios del servicio de defensa penal pública deberá publicarse en el Diario Oficial, y que este arancel comenzará a regir en el plazo de 30 días contados desde la fecha de su publicación.
    8. Que, finalmente, cabe tener presente que el artículo 5º de la ley Nº 19.880 -reemplazado por el artículo 1º, Nº 3, de la Ley Nº 21.180, sobre transformación digital del Estado-, preceptúa que "el procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se expresarán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que se configure alguna excepción establecida en la ley", lo cual reconoce la posibilidad de que la emisión de resoluciones de cobro de arancel, las notificaciones correspondientes y el procedimiento administrativo que le sirve de antecedente se expresen a través de medios electrónicos, ello sin perjuicio de la futura implementación del Domicilio Digital Único que corresponde al medio electrónico determinado por una persona para recibir las notificaciones electrónicas en todo procedimiento administrativo, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo Nº 4, de fecha 9 de noviembre de 2020, que aprueba reglamento que regula la forma en que los procedimientos administrativos deberán expresarse a través de medios electrónicos, en las materias que indica, según lo dispuesto en el citado cuerpo legal.
   
    Por tanto,
   
    Resuelvo:

   
    1º Fíjase el siguiente procedimiento de determinación de arancel y de cobro de los servicios de defensa penal pública, para las causas que ingresen al sistema institucional, a partir de la entrada en vigor del presente acto administrativo y para aquellas ingresadas con anterioridad, pero cuya tramitación se encuentre en curso o pendiente, conforme se pasa a detallar a continuación:

   
    Artículo I. Definiciones
   
    Para efectos de la presente resolución se entenderá por:
   
    1. Usuario(a) : Todas las personas imputadas o condenadas por un crimen, simple delito o falta, que sea de competencia de un Juzgado de Garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respecti vas cortes, en su caso, que carezcan de abogado/a por cualquier motivo y que requieran de defensa penal pública.
    2. Servicio de Defensa Penal : Prestación que entrega la Institución, a través de abogados/as que se denominan defensores/as penales públicos/as, para entregar defensa legal a toda persona imputada o cond enada conforme al Código Procesal Penal, por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un Juzgado de Garantía o de un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y de las respectivas Cortes en su caso.
    3. Registro Social de Hogares (RSH) : Sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales, construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Estado, proveniente de diversas instituciones.
    4. Clasificación Socio Económica (CSE) : Consiste en una ordenación de las personas o grupos de personas unidas por un vínculo de parentesco que forman parte del RSH, en función de sus ingresos y otros atributos necesarios.
    5. Tramo del RSH : Corresponde a los tramos de Calificación Socioeconómica en la que se ubica a los hogares de Chile.
    6. Tramos del Servicio de Impuestos Internos : Tramos de tributación en que el Servicio de Impuestos Internos clasifica a los contribuyentes de acuerdo a sus ingresos.
    7. Estados de la Causa : Corresponde a los sucesivos estados que adquiere la causa durante el proceso de cobro del arancel de un imputado, los que tienen por finalidad precisar la situación en que se encuentra el proceso de cobro de arancel de una persona imputada y asegurar un seguimiento más eficaz del mismo.
    8. Reconsideración Administrativa : Recalificación del tramo de copago al que inicialmente quedó afecto el usuario y/o usuaria, en razón a situaciones o circunstancias especiales debidamente acreditadas.
    9. Resolución de Cobro del Arancel : Acto administrativo que fija el monto a pagar por la prestación de los servicios de defensa penal y que queda formalizado una vez firmado, numerado y fechado el respectivo documento.
    10. SIGDP : Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal.
    11. Derivación : Forma de terminación de la prestación de defensa penal pública por la decisión de la persona imputada de continuar su defensa con un abogado/a privado/a (Art. 106 del CPP).
    12. Conciliación en Acción Penal Privada : Acuerdo entre querellante y persona imputada que pone fin a una causa de acción penal privada (Art .404 del CPP).
    13. Sobreseimiento Definitivo : Resolución judicial que declara terminado el proceso penal, respecto de una o diversas personas imputadas, debido a la existencia de una causal que impide en forma concluyente continuar con el proceso (Arts. 250 y 251 del CPP).
    14. Sentencia en Juicio de Acción Privada : Toda sentencia definitiva que resuelva el caso mediante aplicación de procedimiento de acción penal privada (Arts. 400 y sgtes. del CPP, Título II del Libro IV del mencionado Código). Resultando aplicable para este procedimiento especial la normativa que regula el procedimiento simplificado, esta categoría de término es la afectada cuando la causa es objeto de sentencia definitiva, ya sea mediante la realización de efectivo juicio oral, o bien, luego de admisión de responsabilidad por parte de la persona imputada mediante la querella criminal presentada en su contra. Se refiere siempre a sentencia definitiva pronunciada por Juzgado de Garantía.
    15. Sentenc ia de Término en Juicio Abreviado : Toda sentencia definitiva que resuelva el caso mediante aplicación de procedimiento abreviado (Arts. 406 y sgtes. del CPP). La categoría en cuestión es aplicable cualquiera sea la oportunidad procesal en que se sentencie la causa, mediante el referido procedimiento especial.
    16. Sentencia de Término en Juicio Oral : Toda sentencia definitiva que resuelva el caso mediante aplicación de juicio oral en procedimiento ordinario (Arts. 281 y sgtes. del CPP, Título III del Libro II del mencionado Código). Se refiere siempre a sentencia definitiva pronunciada por Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.
   
    Artículo II. Servicios de Defensa Penal
   
    Es toda actuación, diligencias, peritajes o gestiones judiciales y/o extrajudiciales realizada por un Defensor penal público o licitado ante los distintos organismos del Estado y Tribunales de Justicia con compete ncia en lo Penal, que signifiquen actividad de defensa, desde la primera actuación del procedimiento dirigida en contra del u suario, incluido el término de la prestación del servicio por alguna de las formas de finalizar los casos contemplados en la presente resolución y hasta la completa ejecución de la sentencia.
   
    Artículo III. Gestiones del Servicio de Defensa Penal con cobro
   
    Sin perjuicio de los casos señalados en el artículo V de la presente resolución, establézcanse para la determinación de la obligación del pago del servicio, y que eventualmente implicarán cobro de arancel, las siguientes tipologías por tipo de término:
   
   
   
    Los valores del arancel serán establecidos en pesos, al valor de la UTM correspondiente al mes de la respectiva resolución de cobro.
   
    Artículo IV. Exclusión del cobro
   
    1. Quedan excluidos de la obligación de pago de arancel los usuarios y/o usuarias que se encuentren en la siguiente situación:
   
    A. Cuyas causas se tramiten bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
    B. Adscritos(as) al Registro Social de Hogares (RSH), cuyos hogares están clasificados en el Registro Social de Hogares, en los tramos de ingreso hasta el 90% de menores ingresos o vulnerabilidad.
    C. Migrantes con nacionalidad de alguno de los países integrados en el "Mercado Común del Sur" (Mercosur).
    D. Adultos mayores (mujeres mayores de 60 años y hombre mayores de 65 años).
    E. Condenados(as) a Penas privativas de libertad efectivas.
    F. A los que se les haya solicitado suspensión del procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 458 CPP.
    G. Que cuenten con certificado de discapacidad en los términos de la ley Nº 20.422.
   
    Artículo V. Datos socioecónomicos de la persona usuaria
   
    Los datos socioeconómicos para determinar la capacidad de pago del usuario y/o usuaria serán requeridos de otros organismos y servicios del Estado competentes, según lo dispuesto en el artículo 37 del decreto supremo Nº 495, de 2002, que aprueba el Reglamento sobre Licitaciones y Prestación de Defensa Penal Pública.
    Para dichos efectos, se utilizará como fuente de información de la calificación socioeconómica de nuestros usuarios y/o usuarias para la focalización de la aplicación de pago o gratuidad de la prestación de defensa, la provista por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a cuyo cargo se encuentra la sistematización y actualización permanente de la información del Registro Social de Hogares (RSH), dicho registro tiene por finalidad proveer la información que permite la caracterización de la población objetivo, definida para los distintos beneficios, programas y/o prestaciones sociales creadas por ley; y la del Servicio de Impuestos Internos, solo en lo que se refiere a la adscripción a tramos impositivos de los usuarios y/o usuarias de la defensa penal pública.
   
    Artículo VI. Información sobre el eventual cobro del arancel
   
    Todos los usuarios y usuarias deberán ser notificados desde la primera gestión del servicio de defensa penal, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.880, y el artículo 36 de la ley 19.718 preferentemente a través de correo electrónico a la casilla o dirección e-mail válida del usuario y/o usuaria mientras se encuentre en implementación el Domicilio Digital Único regulado en el DS Nº 4, de 2020, o en su defecto personalmente, o por carta certificada, de toda la información relacionada con el cobro de arancel, en especial los aranceles existentes y las modalidades de pago de los servicios de defensa penal pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 40 del DS 495, de 2002.
    Las Direcciones Administrativas Regionales serán las unidades responsables de informar y notificar, desde la primera gestión del servicio de defensa penal, el eventual cobro de arancel, a los usuarios no incluidos en la lista de las exclusiones establecidas. Asimismo, los Directores(as) Administrativos(as) Regionales, en el contexto de lo establecido en la ley Nº 19.880 y en la ley Nº 21.180, deberán procurar la obtención de las direcciones de correos electrónicos de las personas usuarias y recopilación y custodia de los medios de verificación de la notificación en formato digital, para todos los efectos legales.
    Para asegurar el cumplimento de la obligación de informar las condiciones de aplicación de cobro por los servicios de defensa penal pública, en todas las defensorías locales y licitadas y en las plataformas digitales de la institución, debe estar disponible en lugar accesible el arancel y sus condiciones de cobro, para la adecuada información de todos los usuarios del servicio.
   
    Artículo VII. Determinación del monto a cobrar y emisión de la resolución respectiva
   
    En virtud de lo dispuesto en el artículo 9º de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado, norma que consagra el principio de economía procedimental, se establece que para aquellos usuarios y/o usuarias exentos(as) del pago de arancel no será necesario dictar acto administrativo alguno que los declare como tales.
    Para la determinación del monto a cobrar, la causa deberá estar terminada y su forma de término ingresada en el sistema informático de la DPP y deberá considerar lo establecido en el artículo IV de la presente resolución. Una vez definido, registrado y notificado por el sistema informático el valor a cobrar, el Defensor Regional emitirá, dentro de los diez días hábiles siguientes, la correspondiente resolución administrativa.


   
NOTA
      El numeral 1° de la Resolución 647 Exenta, Justicia, publicada el 19.12.2024, modifica temporalemente hasta el 31 de marzo de 2025, lo dispuesto en el inciso de la presente norma, que fija arancel de los servicios de defensa penal pública y el procedimiento para la determinación de su eventual cobro, en el sentido que una vez definido, registrado y notificado por el sistema informático el valor a cobrar, el(la) Defensor(a) Regional luego de emitida la correspondiente resolución administrativa que fija el valor del arancel a cobrar, contará con un plazo prudencial que no podrá exceder del mes de marzo de 2025 para notificar dicho acto administrativo al(la) usuario(a) correspondiente.
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