Decreto
900
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DFL MOP N° 164, DE 1991 LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS
CONCESIONES
OBRAS PUBLICAS
CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS
Boletín de Leyes y Decretos de Gobierno
35644
FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DFL MOP
N° 164, DE 1991 LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS
Núm. 900.- Santiago, 31 de octubre de 1996.- Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 32° N° 8 de la Constitución
Política de la República de Chile y la facultad que me ha
conferido el Artículo 5° de la Ley N° 19.460, de 13 de
julio de 1996.
D e c r e t o:
1. Derógase el Decreto N° 596 de fecha 23 de agosto de
1996 del que no ha tomado razón la Contraloría General de
la República.
Nº1
2. El Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del
DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras
Públicas, será el siguiente:
Nº2
CAPITULO I
Disposiciones Generales
CAPITULO I Disposiciones Generales
Artículo 1°.- La ejecución, reparación,
conservación o explotación de obras públicas fiscales,
por el sistema establecido en el artículo 87 del decreto
supremo N° 294, del Ministerio de Obras Públicas, de 1985,
las licitaciones y concesiones que deban otorgarse, ya se
trate de la explotación de las obras y servicios; del uso y
goce sobre bienes nacionales de uso público o fiscales,
destinados a desarrollar las áreas de servicios que se
convengan; de la provisión de equipamiento o la prestación
de servicios asociados, se regirán por las normas
establecidas en el presente decreto con fuerza de ley, su
reglamento y las bases de la licitación de cada contrato en
particular, que el Ministerio de Obras Públicas elabore al
efecto.
Las concesiones que se otorguen contemplarán la
obligación del concesionario de cumplir, durante toda la
vigencia de la concesión, con los niveles de servicio,
estándares técnicos o ambos, establecidos en las
respectivas bases de licitación, para las diferentes etapas
y condiciones de la concesión.
1
Artículo 1 bis.- Habrá un Consejo de Concesiones, de
carácter consultivo, integrado por:
1.- Un consejero de libre designación y remoción
conjunta por parte de los Ministros de Obras Públicas y de
Hacienda, quien lo presidirá.
2.- Dos consejeros designados por el Ministro de
Hacienda. El primero será un académico perteneciente a una
facultad de Economía o de Economía y Administración, y el
segundo pertenecerá a una facultad de Ciencias Jurídicas o
de Ciencias Jurídicas y/o Sociales. Uno de ellos deberá
pertenecer a una universidad con sede principal en una
región distinta de la Región Metropolitana.
3.- Dos consejeros designados por el Ministro de Obras
Públicas. El primero será un académico perteneciente a
una facultad de Ingeniería Civil, y el segundo pertenecerá
a una facultad de Arquitectura. Uno de ellos deberá
pertenecer a una universidad con sede principal en una
región distinta de la Región Metropolitana.
4.- El Ministro de Obras Públicas.
Este Consejo estará encargado de informar acerca del
tipo de infraestructura que se desarrollará al amparo de
esta ley, de los proyectos y de las modalidades de régimen
concesional, teniendo en cuenta, entre otros antecedentes, y
en caso de que ellos existan, los planes regionales de
desarrollo urbano y los planes reguladores comunales,
intercomunales y metropolitanos, y la evaluación social
aprobada por el organismo de planificación competente.
Serán oídos en este Consejo los Ministerios mandantes
de obras que se entreguen en concesión, cuando se trate de
temas atingentes a éstas. Adicionalmente, el Consejo
solicitará la opinión de otros Ministros y demás
autoridades de gobierno y administración del Estado, si
así lo estimare conveniente de acuerdo con la naturaleza
del asunto de que se trate, con el fin de colaborar en la
coordinación que deberá existir entre las entidades
públicas que participan en los diferentes tipos de
concesiones.
Las autoridades referidas en el inciso anterior
deberán asistir a las reuniones en que sean requeridas por
el Consejo personalmente o por medio de un representante
nombrado con estos fines, investido de plenos poderes.
A los consejeros designados conforme a los numerales 2
y 3 de este artículo, les serán aplicables las normas
sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas
establecidas en los artículos 54, 55 y 56 de la ley Nº
18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la
Administración del Estado. Si alguno de los consejeros
designados de conformidad a este inciso incurriere, durante
el ejercicio del cargo, en alguna de las circunstancias
inhabilitantes señaladas precedentemente, cesará de
inmediato en sus funciones.
Salvo el Ministro de Obras Públicas, los integrantes
permanentes del Consejo tendrán derecho a percibir un
honorario mensual de 30 Unidades Tributarias Mensuales.
Además, percibirán por su asistencia a cada sesión del
Consejo un honorario de 30 Unidades Tributarias Mensuales.
Con todo, el máximo que podrán percibir por ambos
conceptos será de 90 Unidades Tributarias Mensuales por
cada mes calendario.
El Ministerio de Obras Públicas deberá requerir
informe previo del Consejo de Concesiones, en los siguientes
casos:
a) Declarar de interés público los proyectos de
iniciativa privada.
b) Determinar que un proyecto de iniciativa privada sea
ejecutado con un mecanismo distinto al de concesiones, de
acuerdo al artículo 2º.
c) Analizar los proyectos de iniciativa pública que se
considerará ejecutar mediante el sistema de concesión
regulado en esta ley.
d) Establecer la excepción contenida en el artículo
19 inciso quinto, parte final.
e) Contratar las nuevas inversiones y obras bajo las
condiciones excepcionales que dispone el artículo 20 bis.
f) Analizar las modalidades del régimen concesional de
los proyectos que se someterán a licitación pública,
debiendo considerar la evaluación social aprobada por el
organismo de planificación competente.
g) Modificar las características de las obras y
servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles
de servicio y estándares técnicos establecidos en las
bases de licitación, mediante la suscripción de un
convenio complementario al contrato de concesión, cuando,
separada o conjuntamente, dichas modificaciones superen el
10% del presupuesto oficial de la obra, ya sea durante la
etapa de construcción o de explotación.
h) Establecer la política de peajes aplicables a todas
las rutas y carreteras cuya explotación se regule al amparo
de esta ley.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente,
el Ministerio de Obras Públicas podrá solicitar informe al
Consejo de Concesiones respecto a las siguientes materias:
a) Cumplido el plazo de una concesión, analizar la
procedencia de su nueva licitación;
b) Modificar las características de las obras y
servicios contratados de acuerdo al artículo 19;
c) Modificar las características de las obras y
servicios contratados de acuerdo al artículo 20, en cuyo
caso el informe del Consejo de Concesiones deberá referirse
al costo de las ampliaciones y su compensación;
d) Declarado un incumplimiento grave conforme al
artículo 28, analizar la conveniencia de realizar una nueva
licitación y sus condiciones, por el período que le reste
o si continúa como obra pública fiscal;
e) Poner término anticipado a la concesión conforme
al artículo 28 ter, y
f) Toda otra materia que el Ministro de Obras Públicas
someta a consideración del Consejo de Concesiones.
Los informes del Consejo de Concesiones serán fundados
y públicos y deberán ser evacuados dentro del plazo que
fije el Ministro de Obras Públicas, el que no podrá ser
superior a 60 días contados desde la fecha de su
requerimiento. Cuando vencido el plazo no se hubiere
evacuado el respectivo informe, se procederá sin la
opinión consultiva del Consejo de Concesiones.
El reglamento de esta ley establecerá las normas
relativas a la citación del Consejo de Concesiones, quórum
para constituirse y adoptar acuerdos y demás normas sobre
su funcionamiento.
1 BIS
CAPITULO II
Actuaciones Preparatorias
CAPITULO II Actuaciones Preparatorias
Artículo 2°.- El Ministerio de Obras Públicas será
el organismo competente para realizar las actuaciones
preparatorias que sean pertinentes, en conformidad con el
presente decreto con fuerza de ley y sus normas
complementarias.
Cualquier persona natural o jurídica podrá postular
ante el Ministerio la ejecución de obras públicas mediante
el sistema de concesión. La calificación de estas
postulaciones será resuelta por el Ministerio de Obras
Públicas, en forma fundada, dentro del plazo de un año,
contado desde su presentación. El reglamento establecerá
los criterios para la calificación de estas postulaciones.
Sin perjuicio de lo señalado, la calificación de estas
postulaciones deberá considerar el cumplimiento de lo
establecido en los planes regionales de desarrollo urbano y
en los planes reguladores comunales, intercomunales y
metropolitanos, siempre y cuando existan.
Sólo a solicitud expresa del postulante, formulada al
presentar una idea de iniciativa privada y únicamente en
proyectos de gran envergadura o complejidad técnica o con
una muy alta inversión inicial, el Ministerio podrá
ampliar, hasta por dos años en total, el plazo para el
desarrollo de los estudios de esa proposición, contado
desde la presentación original. En estos casos, el
Ministerio quedará expresamente facultado para fijar
subetapas en la entrega de esos estudios, al término de las
cuales podrá rechazar la idea propuesta o definir nuevos
estudios. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de
Obras Públicas podrá requerir la financiación conjunta de
los estudios necesarios, de acuerdo a lo señalado en el
artículo 6° bis, en el caso que decida utilizar el
mecanismo de precalificación.
El postulante deberá hacer su presentación en la forma
que establezca el reglamento.
La obra cuya ejecución en concesión se apruebe deberá
licitarse dentro de un año desde la aprobación de la
solicitud.
El postulante que ha dado origen a la licitación
tendrá derecho a un premio en la evaluación de la oferta
que formule con ocasión de la licitación de la concesión,
cuya consideración será especificada en el Reglamento y en
las Bases. Además, el Ministerio podrá ofrecer al
postulante, el reembolso de todo o parte de los costos de
los estudios que debió realizar para su proposición. Este
reembolso podrá ser hecho directamente por el Ministerio de
Obras Públicas si el proyecto presentado no se licita, o si
la licitación convocada no se perfecciona por falta de
adjudicación o por cualquier otra causa en uno o dos
llamados, o se licita por un sistema distinto del de
concesión. En caso de licitarse por concesión, este
reembolso será de cargo del adjudicatario de la concesión,
en la forma, modo y plazo que se establezca en las Bases de
la Licitación. El Ministerio entregará al postulante un
certificado en el que se individualizará al adjudicatario y
se liquidará el monto de reembolso, el que tendrá mérito
ejecutivo para todos los efectos legales. En caso que el
postulante se adjudique la concesión, la forma, modo y
plazos a que se sujetará el reembolso serán establecidas
por el Ministerio en el respectivo contrato de concesión.
La realización de estudios de preinversión y los
proyectos de inversión a ejecutarse mediante el sistema de
concesión deberán contar, como documento interno de la
Administración, con un informe emitido por el Ministerio de
Desarrollo Social. En el caso de los proyectos de
inversión, el informe deberá estar fundamentado en una
evaluación técnica y económica que analice su
rentabilidad social. Los informes relativos a los estudios
de preinversión y proyectos de inversión formarán parte
del Banco Integrado de Proyectos de Inversión administrado
por el Ministerio de Desarrollo Social. Mientras no se
cuente con dicho informe no se podrá iniciar el proceso de
licitación. Los proyectos de ampliación de concesiones en
etapa de construcción y operación que constituyan obras de
mitigación del impacto vial causado por autopistas,
estarán exceptuados de contar con el informe mencionado en
el presente inciso, cuando su costo no supere el 5% del
presupuesto oficial de la obra, sin perjuicio de que para
optar a dicha excepción, los proyectos deberán contar con
la aprobación del Ministerio de Hacienda en forma previa a
su contratación, la que deberá ser solicitada por la
Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras
Públicas mediante informe fundado.
2
Artículo 3°.- La adjudicación del contrato y el
otorgamiento de la o las concesiones correspondientes,
serán precedidas de las siguientes actuaciones, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley N° 15.840.
a) Aprobación, por el Ministerio de Obras Públicas, de
las bases de licitación, y
b) Selección del adjudicatario de la licitación por
los mecanismos previstos en este decreto con fuerza de ley y
sus normas complementarias.
3
CAPITULO III
De las licitaciones
Otorgamiento de la Concesión y Formalización del
Contrato
CAPITULO III De las licitaciones Otorgamiento de la Concesión y Formalización del Contrato
Artículo 4°.- Las licitaciones podrán ser nacionales
o internacionales y a ellas podrán presentarse personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplan
los requisitos y exigencias que establezca el Reglamento.
4
Artículo 5°.- Derogado
5
2010-01-20
Artículo 6°.- Para participar en la licitación
pública a que se refiere el Artículo 4° del presente
decreto con fuerza de ley, será necesario garantizar la
seriedad de la propuesta en la forma, monto y condiciones
que el Reglamento o las bases administrativas establezcan.
6
Artículo 6º bis.- El Ministerio de Obras Públicas
podrá efectuar un llamado a precalificación de licitantes
a fin de seleccionar, mediante un proceso compuesto por una
o varias etapas, a los interesados que cumplan con los
requisitos uniformes, objetivos y razonables que se
establezcan en las respectivas bases de precalificación,
los que sólo podrán referirse a aspectos jurídicos, de
capacidad financiera o técnica, de experiencia, resultados
en otras obras encargadas en el pasado, cumplimiento
histórico de la normativa laboral y de seguridad social y
responsabilidad del interesado o de sus personas
relacionadas.
Además, tratándose de proyectos de iniciativa
pública o privada que sean multifuncionales y que revistan
un elevado grado de complejidad, tales como cárceles,
hospitales, autopistas urbanas u otros similares, las bases
de precalificación podrán exigir otros requisitos
objetivos y necesarios para participar en proyectos de esta
naturaleza, en tanto no constituyan elementos arbitrarios y
resguarden la igualdad de trato entre los participantes de
este proceso. Asimismo, las bases de precalificación
podrán contemplar un procedimiento y un período de tiempo
para que los precalificados propongan al Ministerio de Obras
Públicas las mejoras, adiciones o ajustes que estimen
conveniente incluir en el diseño del proyecto definitivo,
mediante presentaciones que tendrán carácter público.
Durante dicho procedimiento, dentro del plazo establecido en
las bases de precalificación, los precalificados y el
Ministerio de Obras Públicas podrán formularse consultas y
solicitudes de aclaración. El Ministerio de Obras Públicas
podrá solicitar al efecto la realización de estudios
adicionales, los que se regirán por lo establecido en el
inciso siguiente. Con todos estos antecedentes, el
Ministerio de Obras Públicas podrá perfeccionar y
armonizar los niveles de servicio y estándares técnicos
del proyecto. El Ministerio de Obras Públicas, dentro del
plazo fijado en las bases de precalificación, comunicará
los contenidos adicionales o ajustes que serán incorporados
en las bases de licitación.
Las bases de precalificación podrán establecer que
los precalificados concurran por partes iguales al
financiamiento de los estudios que el Ministerio de Obras
Públicas considere necesarios para elaborar las bases de
licitación, individualizando los estudios y su valor. La
realización de tales estudios deberá ser contratada por el
Ministerio de Obras Públicas a entidades independientes,
con competencia en la materia de que se trate.
El Ministerio de Obras Públicas elaborará las bases
de licitación dentro del plazo establecido en las bases de
precalificación, y procederá a la selección del
adjudicatario con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7º
y sus normas complementarias.
El adjudicatario de la licitación deberá reembolsar a
los licitantes el monto aportado por éstos para el
financiamiento de los estudios que se hubieren contratado de
conformidad a lo previsto en el inciso tercero de este
artículo, en la forma, modo y plazo establecidos en las
bases de precalificación. Dicho reembolso será de cargo
del Ministerio de Obras Públicas, si éste se desistiere de
la licitación una vez efectuada la precalificación o
declarare desierta la licitación por razones fundadas.
6 BIS
Artículo 7°.- La licitación de la obra materia de la
concesión se decidirá evaluando las ofertas técnicamente
aceptables, de acuerdo a las características propias de las
obras, atendido uno o más de los siguientes factores,
según el sistema de evaluación que el Ministerio de Obras
Públicas establezca en las Bases de Licitación:
a)estructura tarifaria,
b)plazo de concesión,
c)subsidio del Estado al oferente,
d) pagos ofrecidos por el oferente al Estado, en el caso
de que éste entregue bienes o derechos para ser utilizados
en la concesión,
e) ingresos garantizados por el Estado,
f) grado de compromiso de riesgo que asume el oferente
durante la construcción o la explotación de la obra, tales
como caso fortuito o fuerza mayor,
g) fórmula de reajuste de las tarifas y su sistema de
revisión,
h) puntaje total o parcial obtenido en la calificación
técnica, según se establezca en las bases de licitación,
i) oferta del oponente de reducción de tarifas al
usuario, de reducción del plazo de la concesión o de pagos
extraordinarios al Estado cuando la rentabilidad sobre el
patrimonio o activos, definida ésta en la forma establecida
en las bases de licitación o por el oponente, exceda un
porcentaje máximo preestablecido. En todo caso, esta oferta
sólo podrá realizarse en aquellas licitaciones en las que
el Estado garantice ingresos de conformidad a lo dispuesto
en la letra e) anterior,
j) calificación de otros servicios adicionales útiles
y necesarios,
k) consideraciones de carácter ambientales y
ecológicas, como son por ejemplo ruidos, belleza escénica
en el caso del trazado caminero, plantación de árboles en
las fajas de los caminos públicos concesionados, evaluadas
por expertos y habida consideración de su costo con
relación al valor total del proyecto.
Asimismo, consideraciones sobre el cumplimiento de lo
establecido en los planes regionales de desarrollo urbano,
los planes reguladores comunales, intercomunales y
metropolitanos, y
l) ingresos totales de la concesión calculados de
acuerdo a lo establecido en las bases de licitación. Este
factor de licitación no podrá ser utilizado en conjunto
con ninguno de los factores señalados en las letras a), b)
o i) anteriores.
La definición de estos factores y su forma de
aplicación para adjudicar la concesión será establecida
por el Ministerio de Obras Públicas en las Bases de
Licitación. En dichas bases se podrán contemplar uno o
más de los factores señalados como parte del régimen
económico de la concesión. Igualmente, en las bases se
deberá establecer si la inversión y la construcción se
realiza en una o varias etapas, durante el período de
vigencia del contrato de concesión, de conformidad al
cumplimiento de los niveles de servicio previamente
establecidos. Las inversiones y construcciones previstas
para realizarse con posterioridad al inicio de la
explotación parcial o total de la obra, podrán quedar
sujetas a uno o varios plazos, o al cumplimiento de una o
más condiciones, conjunta o separadamente. Los plazos y las
condiciones deberán estar claramente determinados en las
bases.
En todo caso, si en las bases de licitación se
contempla como parte del régimen económico del contrato de
concesión el factor contemplado en la letra d) del inciso
primero de este artículo, y éste no es un factor de
licitación, los pagos deberán ser equivalentes al valor
económico de los bienes o derechos respectivos. Este se
determinará mediante peritaje previamente contratado por el
Ministerio.
Sólo podrá ser factor de licitación el contemplado en
la letra d) del inciso primero de este artículo, en los
casos en que el servicio prestado por la obra en concesión
sea también ofrecido en condiciones competitivas, en el
mercado que, para estos efectos, se estime relevante. El
Ministerio declarará esta condición fundadamente en las
bases de licitación.
Por su parte, en las licitaciones que tengan su origen
en una iniciativa privada, el factor contemplado en la letra
h) del referido inciso sólo podrá considerarse para
dirimir el empate entre ofertas económicamente iguales.
Las tarifas ofrecidas, con su correspondiente reajuste,
serán entendidas como tarifas máximas, por lo que el
concesionario podrá reducirlas.
El Director General de Concesiones de Obras Públicas,
con visto bueno del Ministro de Obras Públicas, podrá
solicitar a los oferentes, hasta antes de la apertura de la
oferta económica, aclaraciones, rectificaciones por errores
de forma u omisiones, y la entrega de antecedentes, con el
objeto de clarificar y precisar el correcto sentido y
alcance de la oferta, evitando que alguna sea descalificada
por aspectos formales en su evaluación técnica.
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Artículo 8°.- La adjudicación del contrato a que se
refiere el artículo 1°, se resolverá por decreto supremo
del Ministerio de Obras Públicas, que deberá llevar,
además, la firma del Ministro de Hacienda.
El contrato se perfeccionará una vez publicado en el
Diario Oficial el decreto supremo de adjudicación.
8
Artículo 9°.- El adjudicatario quedará obligado a:
a) Constituir, en el plazo y con los requisitos que el
Reglamento o las Bases Administrativas establezcan, una
sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera,
con quien se entenderá celebrado el contrato y cuyo objeto
será la ejecución, reparación, conservación y
explotación de obras públicas fiscales por el sistema
establecido en el artículo 87° del decreto supremo N°
294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas.
b) Suscribir ante notario tres transcripciones del
decreto supremo de adjudicación de la concesión, en señal
de aceptación de su contenido, debiendo protocolizarse ante
el mismo notario uno de sus ejemplares, dentro del plazo que
fijen las bases de licitación, contados siempre desde su
publicación en el Diario Oficial. Una de las
transcripciones referidas precedentemente será entregada
para su archivo al Departamento de Concesiones de la
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, y la
otra a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas. Las
transcripciones suscritas en la forma señalada harán fe
respecto de toda persona y tendrán mérito ejecutivo sin
necesidad de reconocimiento previo.
Dichos plazos serán fatales y no podrán ser inferiores
a sesenta días. El incumplimiento de las obligaciones
señaladas en las letras a) y b) será declarado mediante
decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, en el
cual se dejará sin efecto dicha asignación. En este caso,
el Ministerio podrá llamar a una nueva licitación pública
o, mediante el mecanismo de licitación privada, llamar a
los demás oferentes presentados en la licitación ya
realizada a mejorar sus ofertas en el plazo de 15 días.
El inicio del cómputo del plazo de duración del
contrato de concesión se regirá por lo dispuesto en el
artículo 25 de esta ley.
9
Artículo 10°.- En el contrato de concesión se dejará
constancia de otros beneficios que se incluyan como
compensación por los servicios ofrecidos, según lo
establezcan las bases, tales como concesiones para servicios
turísticos, autoservicios, publicidad u otros. En aquellos
casos en que, con ocasión de la ejecución de las obras, el
concesionario recuperare terrenos ribereños fiscales que
antes se encontraban ocupados por las aguas, el Ministerio
podrá ofrecer dar en pago la entrega de parte de los
terrenos ribereños fiscales recuperados o de otros
preexistentes, conjunta o alternativamente con los restantes
beneficios establecidos en esta ley.
10
Artículo 11°.- El concesionario percibirá como única
compensación por los servicios que preste, el precio,
tarifa o subsidio convenidos y los otros beneficios
adicionales expresamente estipulados. El concesionario no
estará obligado a establecer exenciones en favor de usuario
alguno.
No obstante lo señalado en el inciso anterior,
estarán exentos del pago de peaje, ya sea en forma manual,
con sistema automático o de telepeaje, los vehículos de
emergencia definidos en el número 43) del artículo 2° de
la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N°1, de 2007, de los Ministerios de
Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, cuando se
encuentren cubriendo una situación de tal naturaleza. Se
presume que estos vehículos se encuentran atendiendo una
situación de emergencia cuando se trasladen con balizas o
sirenas encendidas, en el marco de un procedimiento y
conforme a las normas institucionales que les permitan
utilizar dichos sistemas de alerta y sonido.
En tal caso, ninguna persona o entidad, bajo
circunstancia alguna, podrá impedir u obstaculizar su paso,
ni cuestionar el mérito de la emergencia invocada,
tratándose especialmente de plazas de peaje.
Los vehículos de las Fuerzas Armadas sólo estarán
exentos del pago de peaje cuando se hubiese declarado estado
de excepción constitucional de catástrofe. Esta exención
regirá solamente durante el período de vigencia de dicho
estado de catástrofe y tendrá aplicación únicamente
dentro de la zona o región afectada, así como para
ingresar en dicha área o salir de ella. Para estos efectos,
y sin perjuicio de la publicación del decreto supremo que
declare el estado de excepción constitucional de
catástrofe, el Ministerio de Obras Públicas deberá poner
inmediatamente en conocimiento de las empresas
concesionarias el respectivo decreto supremo.
11
Artículo 12°.- El concesionario deberá constituir la
garantía definitiva correspondiente a la fase de
construcción, en la forma y monto establecido en las bases
de licitación.
12
Artículo 13°.- Antes de la entrada en servicio de la
obra, en su totalidad o de una parte de la misma,
susceptible de explotación independiente, el concesionario
deberá constituir la garantía de explotación en la forma
y monto establecido en las bases de licitación.
13
Artículo 14°.- Las garantías a que se refiere el
presente decreto con fuerza de ley deberán ser suficientes,
pudiendo ser tanto reales como personales. Su naturaleza y
cuantía se determinará en las bases de licitación.
14
CAPITULO IV
Adquisición, Expropiación y Limitaciones de la
Propiedad Privada
CAPITULO IV Adquisición, Expropiación y Limitaciones de la Propiedad Privada
Artículo 15°.- Los bienes y derechos que adquiera el
concesionario a cualquier título y que queden afectos a la
concesión, no podrán ser enajenados separadamente de
ésta, ni hipotecados o sometidos a gravámenes de ninguna
especie, sin el consentimiento del Ministerio de Obras
Públicas, y pasarán a dominio fiscal al extinguirse la
concesión.
En el caso de requerirse la expropiación de bienes y
derechos necesarios para la construcción de las obras y sus
servicios complementarios, ésta se llevará a efecto en
virtud de la declaración de utilidad pública establecida
en el artículo 105 del decreto supremo N° 294, de 1984,
del Ministerio de Obras Públicas, y conforme al
procedimiento establecido en el decreto con fuerza de ley
N° 2.186, de 1978.
Todos los desembolsos, gastos o expensas que se originen
con motivo de los actos o contratos de que trata este
artículo serán de cargo del concesionario. No obstante, el
Fisco podrá concurrir total o parcialmente al pago de las
expropiaciones si así lo establecieren las bases de
licitación.
15
Artículo 16°.- Cuando para la ejecución de la obra en
concesión resultare indispensable la modificación de
servidumbres existentes, el concesionario estará obligado a
restablecerlas, a su cargo, en la forma y plazo establecidos
por el Ministerio de Obras Públicas en las bases de la
licitación.
16
CAPITULO V
Facultades de la Administración
CAPITULO V Facultades de la Administración
Artículo 17°.- La puesta en servicio de la obra será
autorizada por el Ministerio de Obras Públicas previa
comprobación de su ajuste a los proyectos y demás
especificaciones técnicas aprobadas. Podrá efectuarse por
parcialidades, siempre que éstas constituyan por sí
mismas, unidades susceptibles de una explotación
independiente y en las condiciones que se determinen en las
bases de la licitación respectiva.
17
Artículo 18°.- Tanto en la fase de construcción como
en la explotación, el Ministerio de Obras Públicas podrá
imponer al concesionario que no cumpla sus obligaciones, las
multas previstas en las bases de licitación.
18
Artículo 19.- El concesionario podrá solicitar
compensación en caso de acto sobreviniente de autoridad con
potestad pública que así lo justifique, sólo cuando,
copulativamente, cumpla los siguientes requisitos: el acto
se produzca con posterioridad a la adjudicación de la
licitación de la concesión; no haya podido ser previsto al
tiempo de su adjudicación; no constituya una norma legal o
administrativa dictada con efectos generales, que exceda el
ámbito de la industria de la concesión de que se trate, y
altere significativamente el régimen económico del
contrato.
La inversión del concesionario para cumplir con los
niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en
las bases de licitación y en el contrato de concesión, no
será susceptible de compensación económica adicional a la
considerada en dichos instrumentos, salvo para los casos
excepcionales en que así se hubiere previsto en las bases
de licitación.
El Ministerio de Obras Públicas podrá modificar las
características de las obras y servicios contratados a
objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares
técnicos establecidos en las bases de licitación, o por
otras razones de interés público debidamente fundadas.
Como consecuencia de ello, deberá compensar económicamente
al concesionario cuando corresponda, por los costos
adicionales en que éste incurriere por tal concepto.
Las bases de licitación establecerán el monto máximo
de la inversión que el concesionario podrá estar obligado
a realizar en virtud de lo dispuesto en el inciso
precedente, así como el plazo máximo dentro del cual el
Ministerio podrá ordenar la modificación de las obras en
concesión. En todo caso, el monto máximo de estas nuevas
inversiones no podrá exceder el quince por ciento del
presupuesto oficial de la obra, ni podrá ser requerida en
una fecha posterior al cumplimiento de las tres cuartas
partes del plazo total de la concesión, salvo los casos de
expreso acuerdo por escrito con la sociedad concesionaria.
Si el valor de estas inversiones adicionales, durante
la etapa de explotación, excediera el cinco por ciento del
presupuesto oficial de la obra o correspondiere a una suma
superior a cien mil unidades de fomento, su ejecución
deberá ser licitada por el concesionario, bajo la
supervisión del Ministerio de Obras Públicas, en la forma
que establezca el reglamento, en cuyo caso el valor de las
inversiones que se compensarán al concesionario será el
que resulte de la licitación, a lo que se sumará un monto
adicional a título de costos de administración del
contrato, que será determinado en las bases de licitación.
El Ministerio tendrá un plazo de 60 días para aprobar o
manifestar sus observaciones a las bases respectivas,
contados desde la recepción de éstas. Transcurrido ese
plazo sin que el Ministerio se haya pronunciado, se
entenderán aceptadas. Con todo, por razones fundadas,
contenidas en las bases de licitación, previo informe del
Consejo de Concesiones, podrá establecerse una excepción a
la obligatoriedad de la licitación de las obras adicionales
en las condiciones anteriormente descritas.
Las compensaciones económicas referidas en los incisos
precedentes, deberán expresarse en los siguientes factores:
subsidios entregados por el Estado, pagos voluntarios
efectuados directamente al concesionario por terceros a
quienes les interese el desarrollo de la obra, modificación
del valor presente de los ingresos totales de la concesión,
alteración del plazo de la concesión, modificación de las
tarifas u otro factor del régimen económico de la
concesión pactado. Se podrán utilizar uno o varios de esos
factores a la vez.
En el caso de los incisos tercero, cuarto y quinto de
este artículo, el cálculo de las compensaciones y el
ajuste de los parámetros mencionados en el inciso anterior,
deberá siempre efectuarse de manera tal de obtener que el
valor presente neto del proyecto adicional sea igual a cero,
todo ello considerando la tasa de descuento aplicable y el
efecto económico que el proyecto adicional pueda tener en
el proyecto original, incluido el mayor riesgo que pueda
agregar al mismo. La tasa de descuento aplicable será
calculada sobre la base de la tasa de interés promedio
vigente para instrumentos de deuda consistentes con el plazo
de la inversión, ajustada por el riesgo relevante del
proyecto adicional y por el que corresponda a los mecanismos
de indemnización que se apliquen. Si existiera discrepancia
sobre la tasa de descuento aplicable, las partes podrán
recurrir a los órganos establecidos en los artículos 36 y
36 bis. Para estos efectos, se entiende por proyecto
adicional el derivado directamente de la modificación de
las características de las obras y servicios contratados.
Todas las modificaciones al contrato original para
incluir obras adicionales, que separada o conjuntamente
superen el cinco por ciento del presupuesto oficial de la
obra, y siempre que tal porcentaje corresponda a una suma
superior a cincuenta mil unidades de fomento, deberán
contar con un informe de la respectiva Dirección del
Ministerio de Obras Públicas sobre el impacto de la
modificación en los niveles de servicio originalmente
comprometidos, en la valoración de las inversiones a
realizar, y en el respeto de la proporcionalidad y
equivalencia de las prestaciones económicas mutuas y de las
estructuras y niveles tarifarios previstos en el contrato de
concesión.
Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas podrá
modificar las características de las obras y servicios
contratados con la finalidad de mejorar la inserción de las
obras concesionadas en los sectores aledaños al área de
concesión de la respectiva obra pública concesionada,
mediante la incorporación entre otros, de pantallas
acústicas, medidas de seguridad para peatones,
recuperación de terrenos eriazos, el mejoramiento y/o
conservación de áreas verdes y mobiliario urbano, entre
otras de igual naturaleza. La ejecución de las obras o
servicios a las que se refiere el presente inciso podrá
disponerse mediante resolución de urgencia del Director
General de Concesiones de Obras Públicas con el visto bueno
del Ministro de Obras Públicas, y previa aprobación de la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y
señalará las razones de interés público debidamente
fundadas. Dichas obras y/o servicios podrán ser ejecutadas
y/o prestados en terrenos aledaños al área de concesión
del contrato de concesión, que sean de propiedad o se
encuentren bajo tuición de otras instituciones públicas.
Como consecuencia de ello, se deberá compensar
económicamente al concesionario cuando corresponda, por los
costos adicionales en que éste incurra por tal concepto, de
conformidad a lo establecido en el presente artículo.
Las modificaciones que se incorporen a la concesión en
virtud de lo dispuesto en este artículo se harán por
decreto supremo fundado del Ministerio de Obras Públicas,
el que deberá llevar, además, la firma del Ministro de
Hacienda.
19
Artículo 20.- El Ministerio de Obras Públicas y el
concesionario podrán acordar la modificación de las
características de las obras y servicios contratados, a
objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares
técnicos establecidos en las bases de licitación, mediante
la suscripción del correspondiente convenio complementario
al contrato de concesión.
Las bases de licitación establecerán el monto máximo
de la inversión que el Ministerio de Obras Públicas y el
concesionario podrán establecer de común acuerdo, así
como el plazo máximo dentro del cual se podrán realizar
modificaciones de las obras en concesión. En todo caso, el
monto máximo de estas nuevas inversiones, en la etapa de
construcción, no podrá exceder el veinticinco por ciento
del presupuesto oficial de la obra. Con todo, durante la
etapa de explotación, cuando el valor de estas inversiones
exceda el cinco por ciento del presupuesto oficial de la
obra o correspondiere a una suma superior a cincuenta mil
unidades de fomento, su ejecución se efectuará de
conformidad a lo dispuesto en los incisos tercero y
siguientes del artículo precedente. Esta restricción no se
aplicará para nuevas inversiones que sean financiadas
íntegramente por el concesionario y que no den lugar a
compensaciones.
Las compensaciones que se acordaren en favor del
concesionario se regirán íntegramente por lo dispuesto en
los incisos sexto y séptimo del artículo 19.
Cuando las modificaciones a que se refiere este
artículo, separada o conjuntamente, superen el 10% del
presupuesto oficial de la obra, ya sea durante la etapa de
construcción o explotación, deberán ponerse los
antecedentes a disposición del Consejo de Concesiones para
que informe al Ministerio de Obras Públicas sobre la
conveniencia de dichas modificaciones.
La aprobación del respectivo convenio complementario
se hará mediante decreto supremo fundado del Ministerio de
Obras Públicas, que deberá llevar, además, la firma del
Ministro de Hacienda, previo informe de la respectiva
Dirección sobre el impacto de la modificación en los
niveles de servicio originalmente comprometidos, en la
valoración de las inversiones a realizar, y en el respeto
de la proporcionalidad de las prestaciones económicas
mutuas y de las estructuras y niveles tarifarios previstos
en el contrato de concesión.
20
Artículo 20 bis.- Excepcionalmente, durante la etapa
de construcción y por razones de interés público
debidamente fundadas, cuando una obra concesionada
requiriere de rediseño o complementación, de tal modo que
el total de las inversiones adicionales necesarias durante
dicha etapa, incluidos los costos de mantención, operación
y conservación, superen el veinticinco por ciento del
presupuesto oficial de la obra, tales inversiones
adicionales y modificaciones de obras podrán ser
contratadas por el Ministerio de Obras Públicas con el
concesionario, una vez cumplidas las siguientes condiciones:
1) Que los hechos y circunstancias que dan lugar a la
necesidad de rediseño o complementación se produzcan con
posterioridad a la adjudicación de la concesión y no hayan
podido ser previstos al tiempo de su adjudicación;
2) Que por razones de experiencia, comportamiento,
desempeño, impactos sociales y ambientales, economías de
gestión o economías de escala, sea más eficiente
adjudicar las nuevas obras al concesionario original;
3) Que se haya acordado específicamente el diseño,
características técnicas y niveles de servicio que
deberán cumplir las obras objeto de rediseño o
complementación;
4) Que se hayan acordado las compensaciones por la
ejecución de las obras objeto de rediseño o
complementación y que dichas compensaciones estén regidas
íntegramente por lo dispuesto en los incisos sexto y
séptimo del artículo 19, y
5) Que el Panel Técnico, establecido en el artículo
36, se pronuncie explícitamente con su recomendación
favorable al acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas
y el concesionario, sobre la base de la concurrencia de los
requisitos señalados en los numerales 1), 2) y 4) de este
artículo, y de las diferencias que se producirían en caso
de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 ter. En todo
caso, el Panel Técnico podrá realizar recomendaciones de
manera previa a su pronunciamiento definitivo.
Cumplidos los requisitos anteriores, todos los
antecedentes deberán ponerse a disposición del Consejo de
Concesiones, para que informe al Ministerio de Obras
Públicas, sobre la conveniencia de proceder a acordar las
nuevas inversiones y obras bajo las condiciones antes
señaladas.
Las modificaciones que se incorporen a la concesión en
virtud de lo dispuesto en este artículo, se harán por
decreto supremo fundado del Ministerio de Obras Públicas,
el que deberá llevar, además, la firma del Ministro de
Hacienda.
20 BIS
CAPITULO VI
Derechos y obligaciones del concesionario
CAPITULO VI Derechos y obligaciones del concesionario
Artículo 21°.- El concesionario cumplirá las
funciones incorporadas en el contrato de concesión con
arreglo a las normas del derecho público, especialmente en
lo referente a sus relaciones con el Ministerio, a las
regulaciones sobre los regímenes de construcción y
explotación de la obra y al cobro de las tarifas, su
sistema de reajuste y las contraprestaciones con el Fisco,
que conforman el régimen económico del contrato.
Igualmente, deberá cumplir las normas que regulan la
actividad dada en concesión.
En cambio, en lo que se refiere a sus derechos y
obligaciones económicas con terceros la sociedad
concesionaria se regirá por las normas del derecho privado
y, en general, podrá realizar cualquier operación lícita,
sin necesidad de autorización previa del Ministerio de
Obras Públicas, con las solas excepciones que regula
expresamente esta ley y las que se estipulen en el contrato.
Así, entre otras, el concesionario podrá prendar el
contrato o dar en prenda los flujos e ingresos futuros de la
concesión para garantizar obligaciones derivadas de dicha
concesión, ceder o prendar libremente cualquier pago
ofrecido por el Fisco que conste del contrato, sin necesidad
de autorización previa del Ministerio de Obras Públicas.
Con todo, las concesionarias deberán, mensualmente,
presentar al Ministerio de Obras Públicas información
sobre los pagos realizados a los contratistas. La misma
obligación pesará sobre los contratistas respecto a los
subcontratistas. Esta información deberá ser publicada en
el sitio electrónico del Ministerio de Obras Públicas y
actualizada mensualmente.
Desde el perfeccionamiento del contrato el
concesionario podrá transferir la concesión o los derechos
de la sociedad concesionaria. El Ministerio de Obras
Públicas autorizará dicha transferencia siempre que en
ella se dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
siguiente. De lo contrario deberá denegar la autorización
por resolución fundada. Si transcurridos sesenta días
contados desde la solicitud de autorización, el Ministerio
no se hubiere pronunciado, se entenderá que la concede.
La cesión voluntaria o forzosa de la concesión deberá
ser total, comprendiendo todos los derechos y obligaciones
de dicho contrato y sólo podrá hacerse a una persona
natural o jurídica, o grupo de ellas, que cumpla con los
requisitos para ser licitante, no esté sujeta a
inhabilidades y dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 9° del presente cuerpo legal.
El Ministerio consentirá siempre las transferencias a
favor del acreedor prendario, cuando éstas sean
consecuencia de la ejecución de obligaciones garantizadas
con la prenda que se establece en el artículo 43 de esta
ley, a favor de cualquier entidad financiera sujeta a la
fiscalización de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, de la Superintendencia de Valores
y Seguros, o de los Fondos de Inversión, regulados por la
ley N° 18.815, o de las Administradoras de Fondos de
Pensiones, establecidas de acuerdo con las normas del
decreto ley N° 3500, de 1980, y, desde luego, en favor de
cualquier otra persona natural o jurídica que cumpla los
requisitos establecidos en las bases de licitación. Si el
acreedor prendario no cumpliera con dichos requisitos,
deberá contar con un operador calificado en los plazos y
términos que se establecen en las bases de licitación.
21
Artículo 22°.- El régimen jurídico de la concesión,
durante la fase de construcción de la obra, será el
siguiente:
1.- El concesionario gozará los derechos y obligaciones
del beneficiario de la expropiación limitados a lo
necesario para cumplir el contrato de concesión.
2.- Las obras se efectuarán a entero riesgo del
concesionario, incumbiéndole hacer frente a cuantos
desembolsos fueren precisos hasta su total terminación, ya
procedan de caso fortuito, fuerza mayor, o de cualquier otra
causa. El Fisco no será responsable de las consecuencias
derivadas de los contratos que celebre el concesionario con
los constructores o suministradores. No obstante, el Fisco
concurrirá al pago de los perjuicios que irrogue el caso
fortuito o la fuerza mayor, si así lo establecieren las
bases de la licitación.
Sin perjuicio de lo anterior, los contratistas de la
concesionaria deberán estar inscritos en los Registros de
Contratistas del Ministerio de Obras Públicas. No podrán
ser contratistas ni subcontratistas de un concesionario
aquellas personas que se encuentren en la situación
señalada en el artículo 28 bis de esta ley. Tanto los
contratistas como sus subcontratistas no podrán iniciar
obras sin que sus respectivos contratos se encuentren
formalizados, registrándose, por el concesionario, una
copia de ellos ante el Ministerio.
Las controversias que se susciten entre el
concesionario y los contratistas o entre éstos y sus
subcontratistas, con motivo de la aplicación,
interpretación o ejecución de los contratos celebrados
entre ellos con ocasión de la ejecución de la obra,
podrán ser conocidas y resueltas por árbitros que
determinarán sus normas de procedimiento, garantizando
siempre un justo y racional procedimiento o debido proceso,
y pronunciarán sentencia definitiva con aplicación
estricta de la ley. En tal caso, los árbitros sólo podrán
ser designados, de común acuerdo por las partes, de entre
aquellos que formen parte de una entidad de mediación,
conciliación y arbitraje existente en el país o, en su
defecto, se desempeñará como árbitro quien fuere
designado conforme a lo dispuesto en el artículo 232 del
Código Orgánico de Tribunales.
3.- Cuando el retraso en el cumplimiento de los plazos
parciales o del total, fuere imputable al Fisco, el
concesionario gozará de un aumento igual al período del
entorpecimiento o paralización, sin perjuicio de las
compensaciones que procedan.
4.- Tanto las aguas como las minas o materiales que
aparecieren, como consecuencia de la ejecución de las obras
públicas, no se entenderán incluidos en la concesión, y
su utilización por el concesionario se regirá por las
normas correspondientes, y
5.- La construcción de la obra no podrá interrumpir el
tránsito en caminos existentes. En el evento de que la
interrupción sea imprescindible, el concesionario estará
obligado a habilitar un adecuado tránsito provisorio.
22
Artículo 23°.- El régimen jurídico durante la fase
de explotación, será el siguiente:
1.- El concesionario deberá conservar las obras, sus
accesos, señalización y servicios en condiciones normales
de utilización.
2.- La continuidad de la prestación del servicio le
obligará, especialmente, a:
a) Facilitarlo en condiciones de absoluta normalidad,
suprimiendo las causas que originen molestias,
incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios
de las obras, salvo que la adopción de medidas que alteren
la normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad
o de urgente reparación, y
b) Prestarlo ininterrumpidamente, salvo situaciones
excepcionales, debidas a caso fortuito o fuerza mayor, cuyos
efectos serán calificados por los contratantes, conviniendo
las medidas que sean necesarias para lograr la más rápida
y eficiente reanudación del servicio. El valor de las obras
será acordado entre los contratantes y, a falta de acuerdo,
las partes podrán recurrir a un peritaje, que determinará,
ajustándose a lo que indiquen las bases de licitación, la
calificación, medidas o evaluación, según el caso. Las
partes concurrirán al pago del precio según los términos
del contrato de concesión.
3.- El concesionario de obras viales deberá adoptar
medidas de protección y seguridad al interior de las obras,
las que se harán extensivas a los usuarios de las mismas y
a sus bienes, debiendo establecerse en las respectivas bases
de licitación las obligaciones de vigilancia, seguridad y
asistencia, como por ejemplo la instalación de cámaras de
seguridad, cámaras térmicas, de sistema lumínico y
lectores de patentes, entre otras. A su vez, las bases de
licitación determinarán las sanciones procedentes y las
demás condiciones exigibles para proteger los derechos de
los usuarios en caso de incumplimiento, sin perjuicio de su
deber de responder según lo establecido en el artículo
35º de esta ley.
23
Artículo 24°.- El concesionario deberá velar por la
perfecta aplicación de las normas y reglamentos sobre uso y
conservación de las obras concedidas.
24
CAPITULO VII
Duración, Suspensión y Extinción de la Concesión
CAPITULO VII Duración, Suspensión y Extinción de la Concesión
Artículo 25°.- Las concesiones a que se refiere el
presente decreto con fuerza de ley tendrán el plazo de
duración que determine el decreto de adjudicación, sin que
en ningún caso pueda ser superior a cincuenta años.
El plazo se computará de acuerdo a lo establecido en
las bases de licitación. En ningún caso su inicio podrá
ser anterior a la fecha de publicación del decreto supremo
de adjudicación en el Diario Oficial.
Una vez concluido el plazo de las concesiones, las obras
deberán ser nuevamente entregadas en concesión por el
Ministerio de Obras Públicas para su conservación,
reparación, ampliación o explotación, aisladas, divididas
o integradas conjuntamente con otras obras. La
correspondiente licitación deberá efectuarse con la
anticipación necesaria para que no exista solución de
continuidad entre ambas concesiones.
En caso de que las obras concesionadas hayan quedado en
desuso o que por razones técnicas resulte improcedente,
inconveniente o perjudicial para el Estado de Chile
concesionarlas nuevamente, el Presidente de la República
podrá declararlo así, mediante decreto fundado, y eximir
el cumplimiento de lo indicado en el inciso anterior.
25
Artículo 26°.- Quedará temporalmente suspendida la
concesión:
1.- En el caso de guerra externa, conmoción interior o
fuerza mayor que impidan la prestación del servicio;
2.- Cuando se produzca una destrucción parcial de las
obras o de sus elementos, de modo que se haga inviable su
utilización por un período de tiempo, y
3.- Por cualquier otra causa que las bases de
licitación establezcan.
26
Artículo 27°.- La concesión se extinguirá por las
siguientes causales:
1.- Cumplimiento del plazo por el que se otorgó con sus
modificaciones si procediere,
2.- Mutuo acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas
y el concesionario. El Ministerio sólo podrá concurrir al
acuerdo si los acreedores que tengan constituida a su favor
la prenda establecida en el artículo 43 consintieren en
alzarla o aceptaren previamente, y por escrito, dicha
extinción anticipada;
3.- Incumplimiento grave de las obligaciones del
concesionario; y
4.- Las que se estipulen en las bases de licitación.
27
Artículo 28.- La declaración de incumplimiento grave
del contrato de concesión deberá ser solicitada,
fundándose en alguna de las causales establecidas en el
respectivo contrato o bases de licitación, por el
Ministerio de Obras Públicas a la Comisión Arbitral
establecida en el artículo 36 bis.
Declarado el incumplimiento grave del contrato por la
Comisión Arbitral, el Ministerio de Obras Públicas
procederá a designar un interventor, que sólo tendrá las
facultades necesarias para velar por el cumplimiento del
contrato de concesión, siéndole aplicables las normas del
artículo 207, números 1 al 5, del Libro IV del Código de
Comercio. Este interventor responderá de culpa levísima.
Dentro del plazo de 120 días, contado desde la
declaración del incumplimiento grave, el Ministerio de
Obras Públicas, previa aprobación del Ministerio de
Hacienda, determinará si procederá a licitar públicamente
el contrato de concesión por el plazo que le reste.
El proceso de licitación, en caso que se optare por
ella, deberá efectuarse dentro del plazo de 90 días desde
que se determine que se relicitará el contrato, y el monto
recaudado producto de ella será de propiedad del
concesionario original, sin perjuicio de lo señalado en el
inciso sexto de este artículo. Las bases de la licitación
deberán establecer los requisitos que habrá de cumplir el
nuevo concesionario, los que, en ningún caso, podrán ser
más gravosos que los impuestos al concesionario original,
salvo que, mediante pronunciamiento del Consejo de
Concesiones, y en virtud de nuevos antecedentes, dichos
requisitos se revelen insuficientes para acometer la obra.
En el primer llamado a licitación, el mínimo de las
posturas no podrá ser inferior a los dos tercios de la
deuda contraída por el concesionario. A falta de
interesados se efectuará una segunda licitación, sin
mínimo, en un plazo de 90 días desde que se haya declarado
desierta la primera licitación.
Si se determinare no licitar públicamente el contrato
de concesión por el plazo que le reste, el Ministerio de
Obras Públicas, sin perjuicio de lo señalado en el inciso
sexto de este artículo, deberá pagar al concesionario el
valor de las inversiones necesarias para la prestación del
servicio, que efectivamente hayan sido realizadas por el
concesionario, y que no hayan sido amortizadas, más los
costos financieros normales del mercado pertinente a tales
inversiones, debidamente acreditados, incluidos los
reajustes e intereses devengados hasta el momento en que se
haga efectivo el pago. El monto del pago será fijado por
acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y el
concesionario, previa aprobación del Ministerio de
Hacienda, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en
que se haya determinado la no relicitación del contrato. A
falta de acuerdo, total o parcial, la determinación del
monto controvertido del pago será llevado a la
recomendación del Panel Técnico establecido en el
artículo 36, dentro de los 10 días siguientes al
vencimiento del plazo establecido para fijar el monto por
mutuo acuerdo. Si la recomendación no fuese acogida por las
partes, el monto será fijado por la Comisión Arbitral,
conforme al procedimiento del artículo 36 bis, siempre que
el concesionario requiera por escrito su intervención
dentro de un plazo de 10 días contados desde la
notificación de la recomendación del Panel Técnico. Si se
produjere acuerdo en un monto parcial, la forma de pago de
ese monto podrá ser acordada inmediatamente por escrito,
previa aprobación del Ministerio de Hacienda, reservándose
el conocimiento de lo disputado para la Comisión Arbitral.
No habiéndose alcanzado acuerdo, si el concesionario no
recurriere al Panel Técnico, o a la Comisión Arbitral,
dentro de los plazos establecidos en este inciso, se
entenderá aceptado por el concesionario el monto más alto
que el Ministerio de Obras Públicas le hubiere ofrecido en
la forma contemplada en el reglamento durante el curso de la
negociación.
La declaración de incumplimiento grave hará exigibles
los créditos que se encuentren garantizados con la prenda
establecida en el artículo 43. Dichos créditos se harán
efectivos sobre el producto de la licitación o sobre el
pago que deba efectuar el Ministerio de Obras Públicas,
según el caso, con preferencia a cualquier otro crédito.
En el caso que durante la intervención la sociedad
concesionaria hubiere contratado créditos con la
aprobación de los acreedores indicados en el inciso
anterior, y dichos créditos fueren exigibles, ellos se
harán efectivos en el producto de la licitación o en el
pago antes referido con preferencia a los garantizados con
la prenda especial de concesión de obra pública. En su
caso, y luego de deducir los créditos señalados en este
inciso, del producto de la licitación se descontarán
además los gastos acreditados en que el Ministerio de Obras
Públicas hubiere incurrido para la realización de la
misma.
28
Artículo 28 bis.- Declarado el incumplimiento grave
del contrato de concesión, conforme al artículo anterior,
la respectiva sociedad concesionaria y sus personas
relacionadas no podrán postular a licitaciones ni
participar en una nueva concesión. Se entenderá por
personas relacionadas con la sociedad concesionaria las
referidas en el artículo 100 de la ley 18.045, salvo los
parientes indicados en su letra c).
Se entenderán también como personas relacionadas con
la sociedad concesionaria, aquellas que lo hayan sido en
cualquier momento de los dos años anteriores a la fecha de
solicitud de declaración de incumplimiento grave.
La inhabilidad de la sociedad concesionaria y de sus
personas relacionadas regirá por 5 años, contados desde la
fecha en que sea dictada la sentencia que declara el
incumplimiento grave, en cuyo caso los recursos que se
entablen en su contra no suspenderán el cómputo del plazo
de la inhabilidad ni sus efectos.
28 BIS
Artículo 28 ter.- Si el interés público así lo
exigiere, el Presidente de la República, previo informe del
Consejo de Concesiones y mediante decreto fundado del
Ministerio de Obras Públicas, que deberá llevar, además,
la firma del Ministro de Hacienda, podrá poner término
anticipado a la concesión cuando un cambio de
circunstancias hiciere innecesaria la obra o servicio para
la satisfacción de las necesidades públicas, o demandare
su rediseño o complementación de tal modo que las
inversiones adicionales necesarias para adecuar la obra a
las nuevas condiciones superen el veinticinco por ciento del
presupuesto oficial de la obra. Esta potestad podrá
ejercerse exclusivamente durante la etapa de construcción.
El decreto supremo que declare el término anticipado,
señalará el plazo y condiciones en que el concesionario
deberá hacer entrega de la obra al Ministerio de Obras
Públicas.
El concesionario tendrá derecho a una indemnización
equivalente al valor de las inversiones que efectivamente se
hayan realizado para la prestación del servicio conforme al
contrato de concesión, excluidos los gastos financieros,
llevadas a valor futuro al momento en que se acuerde el
pago; su fórmula, componentes y metodología de cálculo
serán establecidos en las bases de licitación. A ello se
adicionará un porcentaje del valor presente de los
beneficios netos esperados del negocio concesionado,
correspondiente a la fracción de la inversión del proyecto
realizada por el concesionario hasta la fecha de término
anticipado.
Al monto total del pago acordado, se sumarán los
reajustes e intereses correspondientes hasta la fecha en que
se haga efectivo este pago.
Para la determinación del valor futuro de las
inversiones realizadas se considerará como tasa de
descuento, la tasa de costo de capital ponderado relevante
para el negocio de acuerdo con los criterios definidos al
efecto en las bases de licitación. Para la determinación
del valor presente de los beneficios netos esperados del
negocio concesionado se utilizará la tasa de descuento
ajustada, de tal forma que considere el riesgo en los flujos
futuros inherentes a la concesión y su distribución en el
tiempo. El procedimiento a aplicar y la correspondiente
fórmula de cálculo se establecerán en las bases de
licitación.
El monto de la indemnización será fijado por acuerdo
entre el Ministerio de Obras Públicas y el concesionario, y
aprobado por el Ministerio de Hacienda, dentro de los 60
días siguientes a la fecha de publicación del decreto
respectivo.
A falta de acuerdo, total o parcial, sobre el monto de
la indemnización o de cualquiera de sus factores de
cálculo, la controversia será llevada a la recomendación
del Panel Técnico establecido en el artículo 36, dentro de
los 10 días siguientes al vencimiento del plazo establecido
para fijar el monto por mutuo acuerdo. Si la recomendación
no fuese acogida por las partes, la controversia será
resuelta por la Comisión Arbitral, conforme al
procedimiento del artículo 36 bis, siempre que el
concesionario requiera por escrito su intervención dentro
de un plazo de 10 días contados desde la notificación de
la recomendación del Panel Técnico. Si se produjere
acuerdo en un monto parcial, la forma de pago de ese monto
podrá ser acordada inmediatamente por escrito,
reservándose el conocimiento de lo disputado para la
Comisión Arbitral. No habiéndose alcanzado acuerdo, si el
concesionario no recurriere al Panel Técnico, o a la
Comisión Arbitral dentro de los plazos establecidos en este
inciso, se entenderá aceptado por el concesionario el monto
más alto que el Ministerio de Obras Públicas le hubiere
ofrecido en la forma contemplada en el reglamento durante el
curso de la negociación.
La terminación anticipada de la concesión hará
exigibles los créditos garantizados con la prenda
establecida en el artículo 43, los que se harán efectivos
sobre la indemnización recibida por el concesionario con
preferencia a cualquier otro crédito.
Cuando correspondiere, el Ministerio de Obras
Públicas, previo informe del Consejo de Concesiones,
determinará si el proyecto reformulado será nuevamente
entregado en concesión o ejecutado en la forma establecida
en el artículo 86 del decreto con fuerza de ley N° 850,
del Ministerio de Obras Públicas, de 1998. Habiéndose
puesto término anticipado a la concesión por un cambio de
circunstancias que demandare su rediseño o complementación
a través de inversiones adicionales que superen el
veinticinco por ciento del presupuesto oficial de la obra, y
siempre que el Ministerio de Obras Públicas resuelva
ejecutarla dentro de los tres años siguientes a la fecha
del término anticipado, el proyecto reformulado deberá
entregarse en concesión mediante licitación pública.
28 TER
CAPITULO VIII
De la inspección y vigilancia de la Administración
CAPITULO VIII De la inspección y vigilancia de la Administración
Artículo 29.- Las bases de licitación deberán indicar
explícitamente los niveles de servicio exigidos para la
etapa de explotación, sus respectivos indicadores y las
sanciones.
Corresponderá al Ministerio de Obras Públicas, la
inspección y vigilancia del cumplimiento por parte del
concesionario de sus obligaciones, tanto en la fase de
construcción como en la de explotación de la obra.
En caso de incumplimiento, el Ministerio podrá imponer
al concesionario las sanciones y multas que el reglamento y
las bases de licitación establezcan, sin perjuicio del
derecho del concesionario para recurrir a los mecanismos a
que se refiere el artículo 36 bis.
29
Artículo 30°.- En conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, la Dirección correspondiente, previo
pronunciamiento favorable de la Comisión Arbitral a que se
refiere el artículo 36 bis, estará facultada para:
1.- Declarar suspendida temporalmente la concesión
cuando concurra alguna de las causales establecidas en el
artículo 26°, y
2.- Solicitar la declaración de extinción de la
concesión cuando concurra alguna de las causales
establecidas en el artículo 27°.
30
Artículo 30 bis.- Durante la vigencia del contrato de
concesión, el Ministerio de Obras Públicas, a objeto de
verificar la buena marcha de la concesión y el debido
cumplimiento de las obligaciones del concesionario, podrá
requerir de éste la entrega de la información de los
subcontratos que haya celebrado para la ejecución de la
obra y la prestación del servicio, e información cierta
relativa a su contabilidad, gestión empresarial y sistemas
de atención a usuarios. Los antecedentes recibidos deberán
ser mantenidos bajo reserva. La negativa o demora
injustificada en la entrega de los antecedentes requeridos y
la entrega de información manifiestamente inexacta o no
fidedigna se sancionarán con las multas establecidas en el
reglamento.
Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas, mediante
resolución fundada, podrá requerir al concesionario que
efectúe, bajo apercibimiento de multas, auditorías para
comprobar la veracidad y exactitud de las informaciones que
se le hayan proporcionado. El auditor deberá ser aprobado
por el Ministerio de Obras Públicas, y su contratación y
financiamiento corresponderá al concesionario requerido.
Tan pronto tenga noticia de su ocurrencia, el
concesionario deberá informar al Ministerio de Obras
Públicas de cualquier hecho o circunstancia relevante que
afecte o pueda afectar el normal desarrollo de las obras, en
la fase de construcción, o bien la correcta prestación del
servicio conforme con los niveles de servicio y estándares
técnicos establecidos en las respectivas bases de
licitación, en la fase de explotación. La infracción de
esta obligación será sancionada con las multas
establecidas en el reglamento.
30 BIS
CAPITULO IX
De las concesiones sobre Bienes Nacionales de Uso
Público o Fiscales, destinados al Desarrollo de las
Areas de Servicios que se Convenga
CAPITULO IX De las concesiones sobre Bienes Nacionales de Uso Público o Fiscales, destinados al Desarrollo de las Areas de Servicios que se Convenga
Artículo 31°.- Las resoluciones que el Ministro de
Obras Públicas dicte, en uso de la facultad que se le
otorga en la letra i) del artículo 5°, del decreto supremo
N° 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas,
deberán contener, a lo menos, lo siguiente:
a) Individualización del concesionario;
b) Individualización del bien objeto de la concesión,
indicando su superficie, deslindes y servicios a que estará
afecto, y
c)Duración de la concesión.
Estas resoluciones se dictarán a petición de los
concesionarios de explotación, en uno o más actos, y
respecto de la totalidad o parte de los bienes convenidos.
31
Artículo 32°.- Las concesiones de bienes de uso
público o fiscales, cuya administración esté entregada a
otras autoridades, o respecto de las cuales la legislación
vigente requiera la intervención de otros organismos, se
otorgarán previo informe de la autoridad u organismo
correspondiente, el que deberá ser recabado y emitido antes
de la dictación del decreto supremo de adjudicación del
contrato.
32
Artículo 33°.- Las concesiones de que trata este
capítulo, se mirarán como accesorias a la explotación de
la obra respectiva, y, en consecuencia, se extinguirán por
el solo ministerio de la ley, cuando expire esta última por
cualquier causa.
33
Artículo 34°.- La resolución que otorgue estas
concesiones habilitará al concesionario para usar y gozar
del bien respectivo, sirviéndole aquélla de título
suficiente para hacer valer su derecho frente a terceros.
El concesionario estará facultado para explotar el o
los bienes objeto de la concesión, por cuenta propia o por
terceros, quedando, en todo caso, como único responsable
ante el Ministerio de Obras Públicas.
34
CAPITULO X
Indemnizaciones y Resolución de Controversias
CAPITULO X Indemnizaciones y Resolución de Controversias
Artículo 35°.- El concesionario responderá de los
daños, de cualquier naturaleza, que con motivo de la
ejecución de la obra o de la explotación de la misma se
ocasionaren a terceros, a menos que sean exclusivamente
imputables a medidas impuestas por el Ministerio de Obras
Públicas, después de haber sido adjudicado el contrato.
35
Artículo 36.- Las discrepancias de carácter técnico o
económico que se produzcan entre las partes durante la
ejecución del contrato de concesión, podrán someterse a
la consideración de un Panel Técnico a solicitud de
cualquiera de ellas. Asimismo, el Ministerio de Obras
Públicas y una o más sociedades concesionarias, en forma
conjunta o separada, podrán realizar consultas al Panel
Técnico sobre las materias mencionadas anteriormente.
El Panel Técnico, que no ejercerá jurisdicción,
deberá emitir, de acuerdo con el procedimiento público
establecido en el reglamento, una recomendación técnica,
debidamente fundada, dentro del plazo de 30 días corridos,
prorrogable por una vez, contado desde la presentación de
la discrepancia. La recomendación será notificada a las
partes y no tendrá carácter vinculante para ellas.
La recomendación del Panel no obstará a la facultad
del concesionario para accionar posteriormente ante la
Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones de Santiago,
aunque la controversia recaiga sobre los mismos hechos. En
tal caso, la recomendación podrá ser considerada por la
Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones como un
antecedente para la dictación de su sentencia.
Podrán someterse a la consideración del Panel
Técnico las discrepancias y consultas que se produzcan en
relación con:
1.- La evaluación técnica y económica de las
inversiones realizadas por el concesionario, de su estado de
avance, de sus costos y plazos, conforme a los niveles de
servicios y estándares técnicos establecidos para la
respectiva concesión.
2.- La determinación de la existencia de costos
adicionales y sus causas económicas, técnicas o de
gestión, o de otros hechos o circunstancias que
técnicamente afecten o puedan afectar el normal desarrollo
de las obras durante la etapa de construcción.
3.- La definición de que el valor de las inversiones
haya sobrepasado alguno de los límites establecidos en los
artículos 19, 20 y 28 ter.
4.- La determinación de los efectos económicos que
tendría en la concesión la realización de obras
adicionales.
5.- La determinación técnica de la tasa de descuento,
riesgo del negocio, costos financieros y demás factores
económicos que sea necesario establecer para calcular las
compensaciones económicas correspondientes al
concesionario, en caso de terminación anticipada del
contrato de concesión, de realización de obras adicionales
o de cualquier otro evento que contemple la ley y que
requiera de esos cálculos.
6.- Las demás discrepancias técnicas o económicas
que las partes de un contrato de concesión tengan entre sí
con motivo de la ejecución del contrato o de la aplicación
técnica o económica de la normativa aplicable a dicho
contrato y que, de común acuerdo, sometan a su
consideración, así como las demás que indique la ley.
La presentación de una discrepancia ante el Panel
Técnico referida a la dictación de una resolución del
Ministerio de Obras Públicas, no suspenderá sus efectos.
El Panel Técnico podrá solicitar a los concesionarios
y al Ministerio de Obras Públicas aquellos antecedentes que
estime necesarios en relación a los aspectos técnicos y
económicos de los contratos de concesión durante la etapa
de construcción.
El Panel Técnico estará integrado por los siguientes
profesionales, que deberán tener una destacada trayectoria
profesional o académica, en las materias técnicas,
económicas o jurídicas del sector de concesiones de
infraestructura, según el caso: dos abogados; dos
ingenieros, y un profesional especializado en ciencias
económicas o financieras. Dichos profesionales no podrán
estar, ni haber estado en los doce meses previos a su
designación, relacionados con empresas concesionarias de
obras públicas, sea como directores, trabajadores, asesores
independientes, accionistas, o titulares de derechos en
ellas o en sus matrices, filiales, coligantes o coligadas, o
con empresas constructoras o de ingeniería subcontratistas
de los concesionarios; ni podrán estar, ni haber estado en
los doce meses previos a su designación, relacionados con
el Ministerio de Obras Públicas, ser dependientes del mismo
u otros servicios públicos o prestar servicios remunerados
al Ministerio de Obras Públicas o a otros servicios
públicos vinculados directa o indirectamente a la actividad
de concesiones. Las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en este inciso, se mantendrán respecto de cada
integrante, hasta un año después de haber terminado su
período.
Los integrantes del Panel Técnico serán nombrados por
el Consejo de Alta Dirección Pública, establecido en la
ley N° 19.882, mediante concurso público de antecedentes,
fundado en condiciones objetivas, transparentes y no
discriminatorias. En el marco del concurso, el Consejo de
Alta Dirección Pública deberá constatar la idoneidad de
los profesionales elegidos y la ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades que les afecten. El concurso deberá
cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento de
esta ley, y desarrollarse en un plazo máximo de 60 días
corridos. El nombramiento de los integrantes así designados
se efectuará mediante resolución del Ministerio de Obras
Públicas.
Los integrantes del Panel Técnico, permanecerán seis
años en sus cargos, y no podrán ser designados para
períodos sucesivos. Su renovación se efectuará
parcialmente cada tres años, empezando por los dos
abogados. Las designaciones serán efectuadas en listas
únicas por el Consejo de Alta Dirección Pública, con
acuerdo de cuatro quintos de sus integrantes.
El Panel contará con un secretario abogado que tendrá
las funciones que fije el reglamento y será de dedicación
exclusiva, pudiendo ejercer actividades académicas en
universidades reconocidas por el Estado.
Una vez constituido, el Panel Técnico elegirá de
entre sus integrantes al miembro que lo presidirá por los
siguientes tres años. El presidente será de dedicación
exclusiva, pudiendo ejercer actividades académicas en
universidades reconocidas por el Estado. El quórum mínimo
para sesionar será de tres de sus integrantes, a lo menos
dos de los cuales no deberán ser abogados si se tratare de
discrepancias generadas durante el período de
construcción, y los acuerdos se adoptarán por simple
mayoría, decidiendo el voto del presidente en caso de
empate.
El Ministerio de Obras Públicas financiará los gastos
de administración y funcionamiento del Panel Técnico y la
mitad del monto de los honorarios de sus integrantes,
incluyéndolos en las partidas correspondientes de la Ley de
Presupuestos. La mitad restante de los honorarios señalados
será solventada por los concesionarios regidos por esta
ley, según la prorrata definida en el reglamento. La
remuneración mensual del presidente corresponderá a una
suma equivalente a ciento cincuenta unidades tributarias
mensuales, más veinticinco unidades tributarias mensuales
por cada sesión, con un tope total de trescientas unidades
tributarias mensuales; la de los demás integrantes del
Panel, corresponderá a una suma mensual equivalente a cien
unidades tributarias mensuales, más veinte unidades
tributarias mensuales por cada sesión, con un tope total de
doscientas unidades tributarias mensuales, y la de su
secretario abogado, corresponderá a una suma equivalente a
ciento cincuenta unidades tributarias mensuales.
El Panel Técnico se constituirá y dictará las normas
de su funcionamiento.
36
Artículo 36 bis.- Las controversias o reclamaciones
que se produzcan con motivo de la interpretación o
aplicación del contrato de concesión o a que dé lugar su
ejecución, podrán ser llevadas por las partes al
conocimiento de una Comisión Arbitral o de la Corte de
Apelaciones de Santiago. El Ministerio de Obras Públicas
sólo podrá recurrir ante la Comisión Arbitral una vez que
se haya autorizado la puesta en servicio definitiva de la
obra, salvo la declaración de incumplimiento grave a que se
refiere el artículo 28, la que podrá ser solicitada en
cualquier momento. Los aspectos técnicos o económicos de
una controversia podrán ser llevados a conocimiento de la
Comisión Arbitral, o de la Corte de Apelaciones, sólo
cuando hayan sido sometidos previamente al conocimiento y
recomendación del Panel Técnico.
La Comisión Arbitral estará integrada por tres
profesionales universitarios, de los cuales al menos dos
serán abogados y uno de éstos la presidirá. Los
integrantes serán nombrados de común acuerdo por las
partes a partir de dos nóminas de expertos, la primera de
ellas compuesta por abogados y confeccionada al efecto por
la Corte Suprema, y la segunda, compuesta por profesionales
designados por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, mediante concurso público de antecedentes,
fundado en condiciones objetivas, transparentes y no
discriminatorias. En el marco del concurso, tanto la Corte
Suprema como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,
deberán constatar la idoneidad de los profesionales
elegidos y la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades
que les afecten.
El concurso deberá cumplir con el procedimiento
establecido en el reglamento de esta ley, y desarrollarse en
un plazo máximo de 60 días corridos.
Las nóminas de expertos estarán conformadas, la
primera de ellas, por veinte abogados y, la segunda, por
diez profesionales universitarios de áreas ligadas a la
economía, la ingeniería o la construcción, y sólo
podrán figurar y permanecer en ellas quienes tengan una
destacada actividad profesional o académica en sus
respectivas áreas de desempeño, acrediten a lo menos diez
años de ejercicio profesional y no estén relacionados con
empresas concesionarias de obras públicas, sea como
directores, trabajadores, asesores independientes,
accionistas, o titulares de derechos en ellas o en sus
matrices, filiales, coligantes o coligadas, o con empresas
constructoras o de ingeniería subcontratistas de los
concesionarios, ni haberlo estado en los doce meses previos
a su designación. Asimismo, no podrán estar relacionados
con el Ministerio de Obras Públicas, ser dependientes del
mismo u otros servicios públicos o prestar servicios
remunerados al Ministerio de Obras Públicas o a otros
servicios públicos vinculados directa o indirectamente a la
actividad de concesiones, ni haberlo estado en los doce
meses previos a su designación. El reglamento establecerá
las formalidades para su nombramiento.
Las dos nóminas de expertos se renovarán parcialmente
cada cinco años mediante nuevo concurso público de
antecedentes, no pudiendo figurar ningún profesional en
ella por más de quince años consecutivos o discontinuos,
sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente. A
falta de acuerdo de las partes en uno o más integrantes, su
nombramiento será efectuado por sorteo ante el secretario
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de entre los
candidatos incluidos en las nóminas.
Los integrantes de la Comisión deberán ser designados
al inicio de la respectiva concesión y la Comisión, a su
vez, deberá quedar constituida dentro de los 30 días
siguientes a dicha designación. Sus integrantes
permanecerán en el cargo durante toda la vigencia del
respectivo contrato de concesión. No obstante, podrán ser
reemplazados de común acuerdo, cuando ello sea necesario o
se estime conveniente, o a solicitud de cualquiera de las
partes, por una sola vez, siempre que hubieren transcurrido
más de tres años desde la fecha de su nombramiento y no
estuvieren conociendo de una reclamación. Ello, sin
perjuicio de las inhabilidades e incapacidades
sobrevinientes que pudieren afectar a alguno de los
integrantes, en cuyo caso se aplicará para el nombramiento
de su reemplazante el procedimiento establecido en el inciso
anterior.
Los integrantes de la Comisión serán remunerados por
el respectivo concesionario y el Ministerio de Obras
Públicas, por partes iguales, en la forma y con los
límites que establezca el reglamento.
La Comisión, en cuanto se designen sus integrantes y
se constituya, deberá determinar el modo en que se le
formularán las reclamaciones y el mecanismo de
notificación que empleará para poner en conocimiento de
las partes las resoluciones o decisiones que emita, y
dictará las demás normas de procedimiento que estime
pertinentes. Entre estas últimas se encontrarán las que
regulen la audiencia de las partes y aquellas
correspondientes a los mecanismos para recibir las pruebas y
antecedentes que las partes aporten.
Salvo disposición en contrario de esta ley, las partes
deberán formular sus reclamaciones a la Comisión dentro
del plazo de dos años contados desde la puesta en servicio
definitiva de la obra, si el hecho o ejecución del acto que
las motiva ocurriese durante la etapa de construcción, y de
dos años contados desde la ocurrencia del hecho o desde que
hubieren tenido noticia del mismo si así se acreditare
fehacientemente, si éste ocurriese en etapa de
explotación.
Sin perjuicio de lo anterior y de lo establecido en los
artículos 28 y 28 ter, el plazo para reclamar contra
resoluciones del Ministerio de Obras Públicas será de un
año, el que se reducirá a 120 días en el caso de
resoluciones que impongan multas, plazo que en todo caso se
suspenderá por la interposición de los correspondientes
recursos de reposición o jerárquico, hasta su resolución.
Vencidos estos plazos prescribirá la acción.
Los acreedores prendarios de la prenda sin
desplazamiento establecida en el artículo 43, serán
admitidos en los procedimientos a que diere lugar el
funcionamiento de esta Comisión, en calidad de terceros
independientes.
Sometido un asunto a su conocimiento y hasta antes de
la citación para oír sentencia, la Comisión podrá llamar
a conciliación, de oficio o a solicitud de alguna de las
partes, y proponer, oralmente o por escrito, bases de
arreglo dentro de los 30 días corridos siguientes a aquél
en que se notifique la resolución que llama a
conciliación.
La Comisión Arbitral tendrá las facultades de
árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y apreciará
la prueba conforme a las reglas de la sana crítica,
admitiendo además de los medios de prueba indicados en el
artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, cualquier
otro medio, indicio o antecedente que, en concepto de la
Comisión, sea apto para establecer los hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos. La Comisión tendrá un plazo
de 60 días hábiles, contado desde que se cite a las partes
al efecto, para dictar sentencia definitiva con arreglo a
derecho, la que será fundada, y deberá enunciar las
consideraciones de hecho, de derecho, técnicas y
económicas sobre cuya base se haya pronunciado.
La sentencia definitiva no será susceptible de recurso
alguno.
La sentencia definitiva y todos los escritos,
documentos y actuaciones de cualquier especie que se
presenten o verifiquen en el curso del procedimiento, serán
publicados en la forma que establezca el reglamento.
En caso que se optare por recurrir ante la Corte de
Apelaciones, según lo dispuesto en el inciso primero de
este artículo, se aplicará el procedimiento establecido en
los artículos 69 a 71 de la ley N° 18.840, Orgánica
Constitucional del Banco Central de Chile, y se estará a
las siguientes disposiciones:
1.- No será exigible boleta de consignación.
2.- El traslado del recurso se dará al Director
General de Concesiones de Obras Públicas.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las
atribuciones del Poder Judicial y de la Contraloría General
de la República.
36 BIS
Artículo 36 ter.- El concesionario sólo podrá
solicitar la suspensión de los efectos del acto
administrativo reclamado ante la Comisión Arbitral desde
que se encuentre constituida de conformidad con el artículo
36 bis, o ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en su
caso.
Dicha solicitud se tramitará con audiencia del
Ministerio y para decretarla deberán existir motivos graves
y calificados, debiendo acompañarse comprobantes que
constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se
reclama.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Arbitral no
podrá, en caso alguno, autorizar o disponer la
paralización de la construcción de las obras o de la
prestación del servicio por un plazo superior a sesenta
días, sea directamente o mediante la suspensión de los
efectos de un acto del Ministerio de Obras Públicas, a
menos que existiere acuerdo entre las partes en cuanto a
mantener dicha paralización.
36 TER
CAPITULO XI
Otras disposiciones
CAPITULO XI Otras disposiciones
Artículo 37°.- En caso que el concesionario abandone
la obra o interrumpa injustificadamente el servicio, el
Ministerio deberá solicitar a la Comisión Arbitral que
así lo declare y lo autorice para proceder a la
designación de un interventor.
La Comisión conocerá del asunto en calidad de
Comisión Arbitral, según lo dispuesto en el artículo
anterior, y tendrá un plazo de 3 días hábiles contados
desde la solicitud para resolver fundadamente. Podrá
prorrogar dicho plazo por igual período, por una sola vez y
por decisión fundada. Si transcurre el plazo sin
pronunciamiento se entenderá que se autoriza al Ministerio
para proceder a la designación.
Autorizada la designación del interventor, se
entenderá haber incumplimiento grave del contrato de
concesión y se procederá según lo dispuesto en los
incisos segundo y siguientes del artículo 28.
Si dada la gravedad del caso ello fuera necesario, la
Comisión podrá requerir a la fuerza pública se proceda a
la inmediata reanudación del servicio mientras se encuentra
pendiente la resolución acerca de la intervención. En este
caso se podrá suspender el cobro del peaje o tarifa
respectiva a los usuarios. La Comisión podrá dejar sin
efecto esta decisión en cualquier momento.
37
Artículo 38°.- En caso que se declare el inicio del
procedimiento concursal de liquidación del concesionario,
la primera junta ordinaria de acreedores deberá
pronunciarse, a proposición del liquidador o de dos o más
acreedores, por subastar la concesión o por la
continuación definitiva de actividades económicas del
concesionario. Si no hubiere acuerdo sobre una u otra de
estas materias, deberá procederse a la subasta de la
concesión.
Para la subasta de la concesión, las bases de la misma
deberán respetar los términos, beneficios y condiciones
del contrato de concesión primitivo. El mínimo de las
posturas, en la primera subasta, no podrá ser inferior a
los dos tercios del monto de la deuda contraída. A falta de
postores se efectuará la segunda subasta sin mínimo.
La adjudicación de la concesión se ajustará a lo
previsto en el artículo 21.
En el evento de que la junta de acreedores acordare la
continuación definitiva de actividades económicas del
concesionario, ésta no estará sujeta a otro plazo de
término que lo que reste del contrato de concesión. En lo
demás, se regulará por lo previsto en la Ley de
Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y
Personas respecto de la continuación definitiva de
actividades económicas.
En caso de declararse el inicio de un procedimiento
concursal de liquidación, el Ministerio nombrará un
representante para que, actuando coordinadamente con el
liquidador y la junta de acreedores, vele por el
mantenimiento del o de los servicios objeto de la
concesión, sin perjuicio de que la representación del
interés fiscal sea realizada por quien o quienes
corresponda.
38
Artículo 39°.- Para los efectos de esta ley, se
entenderá por obra pública fiscal a cualquier bien
inmueble construido, reparado o conservado a cambio de la
concesión temporal de su explotación o sobre bienes
nacionales de uso público o fiscales destinados al
desarrollo de áreas de servicio, a la provisión de
equipamiento o a la prestación de servicios asociados.
El Ministerio de Obras Públicas es competente para
otorgar en concesión toda obra pública, la provisión de
su equipamiento o la prestación de servicios asociados,
salvo el caso en que tales obras estén entregadas a la
competencia de otro Ministerio, servicio público, Municipio
o empresa pública u otro organismo integrante de la
administración del Estado. En estos casos, dichos entes
públicos podrán delegar mediante convenio de mandato
suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, la entrega en
concesión de tales obras bajo su competencia, para que
éste entregue su concesión, regida por esta ley. En estos
casos se entenderá incluido en dicho convenio la totalidad
del estatuto jurídico de concesiones de Obras Públicas,
esto es, tanto el procedimiento de licitación,
adjudicación y la ejecución, conservación y explotación
como las facultades, derechos y obligaciones que emanan de
la ley.
En las obras que se otorguen en concesión en virtud de
esta ley se podrá incluir, conjunta o separadamente, la
concesión del uso del subsuelo y de los derechos de
construcción en el espacio sobre los bienes nacionales de
uso público o fiscales destinados a ellas. Igualmente, el
Ministerio podrá sujetar a concesión o vender dichos
derechos estableciendo su conexión física y accesos con la
o las obras que se licitan o se encuentran previamente
concesionadas.
39
Artículo 40°.- El Ministerio de Obras Públicas en
forma privativa y especial será el único organismo que
regulará y fijará los límites máximos y mínimos de
velocidad en las vías construidas, conservadas o reparadas
por el sistema de concesión de acuerdo a este cuerpo legal
y ningún otro organismo será competente para ello.
Estos límites podrán ser superiores a los fijados en
conformidad con la legislación del tránsito, cuando el
estándar y trazado de las vías fijadas por el Ministerio
de Obras Públicas así lo permita. Pero, en ningún caso,
respecto de las obras que se entregan en concesión podrán
establecerse velocidades inferiores a las consideradas para
las mismas situaciones en la legislación.
40
Artículo 41°.- Las bases de licitación establecerán
los accesos y obras de conexión que debe tener una obra en
concesión, incluyendo aquellas que permitan el uso de los
accesos existentes que hubieren sido autorizados conforme a
derecho.
El concesionario, en conformidad con lo dispuesto en las
bases de licitación, o en su solicitud, en los casos no
previstos en aquéllas, con la autorización previa del
Ministerio de Obras Públicas, en ambos casos, el que no
podrá denegarla sino por causa justificada, estará
facultado para autorizar a terceros interesados nuevos
accesos y conexiones a la obra en concesión, y podrá
cobrar a estos terceros un pago por el acceso, adicional al
costo de las obras necesarias para su habilitación. El
monto de estos pagos será convenido entre el concesionario
y el o los interesados según lo dispongan las bases de
licitación o libremente, en los casos no contemplados en
éstas.
41
Artículo 42.- Cuando el usuario de una obra dada en
concesión no cumpla con el pago de su tarifa o peaje, el
concesionario podrá cobrarlo judicialmente, reajustado
según la variación del Índice de Precios al Consumidor,
más los intereses máximos convencionales y las costas.
Será competente para conocer del cobro judicial, de acuerdo
al procedimiento establecido en la ley Nº 18.287, el juez
de policía local del territorio del domicilio del usuario.
Se considerará usuario a la persona a cuyo nombre esté
inscrito el vehículo y su domicilio será el anotado en el
Registro de Vehículos Motorizados. También será
considerado domicilio del usuario aquél que éste haya
registrado en el contrato de utilización del sistema
electrónico de cobro de tarifas o peajes a que se refiere
el artículo 114 del decreto con fuerza de ley N° 1, del
Ministerio de Justicia, de 2007, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290,
el que no podrá limitarse a ninguna Región o comuna del
país, ni su localización podrá ser objeto de incentivo
comercial alguno.
Cuando el juez condene al pago en los términos
señalados en el inciso anterior, además de lo debido,
aplicará una multa de cinco veces el monto de lo condenado.
En caso de reincidencia, esta multa aumentará a quince
veces el monto de lo condenado. En ambos casos, la multa no
podrá exceder de veinte unidades tributarias mensuales.
Para los efectos de la reincidencia se considerarán
solamente las sentencias ejecutoriadas de condena dictadas
en el período de tres años anteriores a la fecha de inicio
del respectivo proceso. Si las multas no fueren pagadas, se
anotarán en el Registro de Multas de Tránsito no pagas, en
la forma, plazos y para todos los efectos que establece la
ley Nº 18.287. En caso alguno las multas aplicadas podrán
ser pagadas si no se acredita haber pagado previamente el
capital adeudado más los intereses y las costas
determinados en la sentencia condenatoria respectiva.
Con todo, el deudor podrá eximirse de la aplicación
de las multas dispuestas en el inciso precedente, si paga el
monto efectivamente adeudado más los intereses corrientes y
las costas a la concesionaria, antes de que los autos queden
para fallo.
El cincuenta por ciento de estas multas ingresará al
Fondo Común Municipal, pasando el cincuenta por ciento
restante a beneficio de la municipalidad a que perteneciere
el juzgado de policía local en que se hubiere dictado la
sentencia condenatoria.
En el juzgamiento de estas infracciones, constituirán
medios de prueba las fotografías, filmaciones y cualquier
otro medio técnico que el Ministerio de Obras Públicas
hubiese autorizado para el control del incumplimiento de los
pagos tarifarios.
La empresa concesionaria que no diere cumplimiento a lo
dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 11
será sancionada con multa a beneficio fiscal de 1 a 50
unidades tributarias mensuales cada vez que se transgreda la
norma, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de
quien resulte directamente responsable.
42
Artículo 43.- Las concesionarias de obras viales que
dispongan de sistemas electrónicos de cobro deberán crear,
implementar, mantener y administrar, a su entero costo y
responsabilidad de éstas, un sitio electrónico unificado a
través del cual los usuarios con o sin contrato de televía
puedan realizar de manera conjunta o separada el pago de sus
cuentas de tarifas o peajes correspondientes a las distintas
concesionarias. Para hacer posible el pago de manera
conjunta las concesionarias podrán acordar la misma fecha
de facturación, de manera que las boletas sean emitidas y
estén disponibles para el pago conjunto de las diferentes
concesionarias.
Los usuarios de autopistas concesionadas y los
funcionarios municipales autorizados podrán consultar los
estados de deuda en el sitio electrónico unificado para los
efectos de lo dispuesto en el numeral 2 y en el numeral 5
del artículo 43 bis y del artículo 43 ter de la ley Nº
18.287, que establece procedimientos ante los juzgados de
policía local. Lo anterior, en la forma y condiciones que
establezca el reglamento a que se refiere este artículo.
Se entenderá que el solicitante de los beneficios
previstos en los numerales 2 y 5 del artículo 43 bis y en
el 43 ter de la ley N° 18.287 se encuentra en mora de sus
obligaciones con alguna de las sociedades concesionarias de
obras viales cuando existen cobros impagos en un plazo igual
o inferior a 5 años. El cómputo de dicho término
considerará el período comprendido entre la fecha de
vencimiento o pago, contenida en las boletas o facturas
emitidas por primera vez por las sociedades concesionarias,
y la fecha de la solicitud de rebaja.
El referido sitio electrónico unificado no implicará
recargo alguno de costos para los usuarios con o sin
contrato de televía.
El sitio electrónico unificado deberá ajustarse a los
requerimientos técnicos operativos, de contenido,
autenticación, seguridad y privacidad que establezcan los
ministerios de Obras Públicas y de Economía, Fomento y
Turismo mediante un reglamento. El sitio electrónico
unificado deberá contemplar el valor cobrado por cada
concesionaria de obras viales al usuario. Dicho reglamento
podrá considerar los sitios electrónicos desarrollados o
en proceso de desarrollo por parte de las sociedades
concesionarias de obras viales, para realizar de manera
conjunta o separada el pago de las cuentas de tarifas o
peajes por parte de los usuarios.
Asimismo, el referido reglamento determinará la forma
y condiciones en que los usuarios, por una parte, y los
funcionarios municipales, por otra, podrán consultar el
estado de deuda para efectos de lo dispuesto en el inciso
segundo del numeral 2 y en el numeral 5 del artículo 43 bis
y en el artículo 43 ter de la ley Nº 18.287. En cualquier
caso, el sitio sólo habilitará las consultas a los datos
propios del solicitante y, en caso de los funcionarios
municipales, requerirá de habilitación previa en la forma
que determine el reglamento. El uso indebido de los datos
personales por parte de los funcionarios generará las
responsabilidades previstas en la ley N° 19.628, sobre
protección de la vida privada, sin perjuicio de lo
dispuesto en otras leyes sobre la materia.
A falta de acuerdo entre las concesionarias, los costos
del sitio electrónico unificado serán soportados entre
ellas en proporción a su facturación en el año calendario
anterior. La creación, implementación, mantención y
administración del sitio, según corresponda, deben ser
encargados a un tercero elegido previa licitación conforme
a las reglas que establezca el reglamento.
Para la creación, implementación, mantención y
administración del sitio electrónico unificado, las
concesionarias de obras viales deberán adoptar los
resguardos necesarios para dar cumplimiento a las normas y
estándares del decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado
el año 2004 y publicado el año 2005, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°
211, que fija las normas para la defensa de la libre
competencia, y mitigar los riesgos de incumplimiento de esa
normativa. Las concesionarias deberán garantizar
condiciones de acceso a la información con criterios
objetivos, no discriminatorios y que protejan adecuadamente
su confidencialidad, con el propósito de resguardar las
condiciones de competencia en los mercados relacionados. El
modo y las conductas que deberán adoptarse serán
establecidos en el reglamento antes señalado.
Toda nueva concesionaria de obras viales que disponga
de sistema electrónico de cobro deberá adherirse a su
entero costo al sitio electrónico unificado.
Sin perjuicio del sitio unificado que se establece en
este artículo, las concesionarias de obras viales deberán
mantener o implementar aquellos sitios electrónicos que les
sean requeridos en las bases de licitación de la concesión
de obra pública que les fue adjudicada. Además, podrán
mantener o encargar a terceros en forma individual la
creación, implementación, mantención y administración de
sitios electrónicos adicionales que entreguen información
a los usuarios de la respectiva concesión y que permitan el
pago de sus cuentas de tarifas o peajes.
43
2011-01-22
Artículo 44.- En el cumplimiento de sus obligaciones
de vigilancia, seguridad y asistencia, el concesionario de
obras viales que opere con sistemas electrónicos o manuales
de cobro de tarifas o peajes deberá permitir el acceso al
Ministerio Público a la información e imágenes obtenidas,
cuando aquél lo requiera en el contexto de la
investigación de un delito. A su vez, deberá permitir el
acceso a las policías, de forma automatizada, en tiempo
real e interoperando con éstas, a la información relativa,
al menos, a la placa patente o ausencia de la misma, marca,
modelo y color de los vehículos motorizados que circulen
por las obras, de acuerdo a sus respectivas facultades
legales en materia investigativa o en el rol de policía
preventiva de Carabineros de Chile, con el fin de detectar
aquellos vehículos alterados y/o cuyo robo ha sido
denunciado o detectado en flagrancia, o respecto de los
cuales existan antecedentes de su utilización en delitos, o
que circulen con placas patentes alteradas o sin las mismas,
así como para informar y alertar de eventuales delitos o
infracciones que se produzcan al interior de las obras.
Con todo, el concesionario podrá convenir con las
policías la transmisión de informaciones de seguridad que
sean necesarias para prevenir los riesgos para la seguridad
pública. Los convenios que se celebren deberán garantizar
la interoperabilidad de los sistemas de información.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos
precedentes, el tratamiento de datos de carácter personal y
los sistemas utilizados para el resguardo del usuario y sus
bienes se someterán a lo dispuesto en la normativa de
protección de datos personales y a las respectivas bases de
licitación.
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ARTICULOS TRANSITORIOS
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo 1°.- Las sociedades concesionarias con su
contrato de concesión de obra pública perfeccionado en la
fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial
podrán, dentro del plazo de los tres meses siguientes,
optar por la aplicación de las normas de esta ley a sus
respectivos contratos. Aquellas que no lo solicitaren,
seguirán regidas por las normas legales vigentes en la
fecha de licitación y del perfeccionamiento de dicho
contrato de concesión.
Los adjudicatarios de obras ya licitadas en la fecha de
la publicación de esta ley cuyo contrato no se hubiese
perfeccionado y los licitantes de obras en proceso de
licitación que resulten adjudicados, podrán ejercer el
mismo derecho, en el plazo de los tres meses siguientes al
perfeccionamiento de su contrato.
Cuando las sociedades concesionarias o los
adjudicatarios opten por acogerse a las normas
modificatorias de esta ley según lo dispuesto en los
incisos anteriores, el Ministerio de Obras Públicas
dictará, sin más trámites, un decreto modificatorio del
de adjudicación en que dejará constancia del cambio en el
régimen legal de dicho contrato.
1
Artículo 2°.- Los contribuyentes que, en la fecha de
entrada en vigencia de esta ley hubieren celebrado contratos
de construcción, mantención y reparación de una obra de
uso público cuyo precio consista en la entrega en
concesión de la obra respectiva, seguirán sujetos a las
normas tributarias vigentes en la fecha de adjudicación de
tales contratos. Sin perjuicio de lo anterior, dichos
contribuyentes podrán optar, dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de publicación de esta ley, por
acogerse al régimen tributario que se establece, respecto
de sus contratos, en la ley sobre Impuesto a la Renta y en
el decreto ley N° 825, de 1974.
Para este efecto, deberán comunicar dicha opción por
escrito a la Dirección Regional del Servicio de Impuestos
Internos correspondiente. Se aplicará el régimen
señalado, en lo relativo al impuesto a las ventas y
servicios, a contar del mes siguiente a aquél en que se dé
la comunicación por la remuneración que el contribuyente
perciba desde esa fecha, y a contar del 1 de enero del mismo
año en que se entregue la comunicación, respecto de los
impuestos establecidos en la ley sobre Impuesto a la Renta
por los ingresos que el contribuyente devengue o perciba
desde dicha fecha.
2
Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 1° transitorio, los particulares indicados en los
incisos primero y segundo de dicho artículo que no ejerzan
la opción a que allí se alude, podrán optar por que les
sea aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 41.
3
Anótese, tómese razón y publíquese.- EDUARDO FREI
RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- Ricardo Lagos
Escobar, Ministro de Obras Públicas.
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.-
Saluda a Ud., Guillermo Pickering de la Fuente,
Subsecretario de Obras Públicas.