Decreto con Fuerza de Ley
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MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES
Municipios
Ley no. 18.695
Boletín de Leyes y Decretos de Gobierno
38523
FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA
LEY Nº 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES
D.F.L. Núm. 1.- Santiago, 9 de Mayo de 2006.- Visto:
Lo dispuesto en el inciso 5º y siguientes del artículo 64
de la Constitución Política de la República, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado se fijó por Decreto
Supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia.
Decreto con fuerza de ley:
Fíjase el siguiente texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades:
TITULO I
DE LA MUNICIPALIDAD
TITULO I DE LA MUNICIPALIDAD
Párrafo 1º
Naturaleza y constitución
Párrafo 1º Naturaleza y constitución
Artículo 1º.- La administración local de cada comuna
o agrupación de comunas que determine la ley reside en una
municipalidad.
Las municipalidades son corporaciones autónomas de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural de las respectivas comunas.
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Artículo 2º.- Las municipalidades estarán
constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad,
y por el concejo.
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Párrafo 2º
Funciones y atribuciones
Párrafo 2º Funciones y atribuciones
Artículo 3º.- Corresponderá a las municipalidades,
en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones
privativas:
a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de
desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes
regionales y nacionales y, en lo pertinente, con el
respectivo instrumento de planificación territorial de
nivel comunal;
b) La planificación y regulación de la comuna y la
confección del plan regulador comunal, de acuerdo con las
normas legales vigentes y en coherencia con el plan comunal
de desarrollo;
c) La promoción del desarrollo comunitario;
d) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito
públicos, dentro de la comuna, en la forma que determinen
las leyes y las normas técnicas de carácter general que
dicte el ministerio respectivo;
e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y
urbanización, en la forma que determinen las leyes,
sujetándose a las normas técnicas de carácter general que
dicte el ministerio respectivo, y
f) El aseo y ornato de la
comuna. Respecto a los residuos
domiciliarios, su recolección,
transporte y/o disposición
final corresponderá a las
municipalidades, con excepción de
las que estén situadas en un área
metropolitana y convengan con el
respectivo gobierno regional que
asuma total o parcialmente estas
tareas. Este último deberá contar
con las respectivas autorizaciones
de las Secretarías Regionales
Ministeriales de Vivienda y
Urbanismo, de Medio Ambiente
y de Salud.
En estos casos, la
municipalidad transferirá
al gobierno regional el total o
la parte proporcional de los
derechos de aseo cobrados que
correspondan a las tareas asumidas
por éste, según se determine en el
acuerdo respectivo. El alcalde que
no cumpla con este deber podrá ser
sancionado por el tribunal electoral
regional competente por notable
abandono de deberes o mediante la
aplicación de alguna de las medidas
disciplinarias dispuestas en las
letras a), b) o c) del artículo 120
de la ley N° 18.883.
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Artículo 4º.- Las municipalidades, en el ámbito de
su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros
órganos de la Administración del Estado, funciones
relacionadas con:
a) La educación y la cultura;
b) La salud pública y la protección del medio ambiente;
c) La asistencia social y jurídica;
d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento
productivo;
e) El turismo, el deporte y la recreación;
f) La urbanización y la vialidad urbana y rural;
g) La construcción de viviendas sociales e
infraestructuras sanitarias;
h) El transporte y tránsito públicos;
i) La Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio de
la comuna, la que comprenderá especialmente las acciones
relativas a las Fases de Mitigación y Preparación de estos
eventos, así como las acciones vinculadas a las Fases de
Respuesta y Recuperación frente a emergencias.
j) El desarrollo, implementación, evaluación,
promoción, capacitación y apoyo de acciones, planes,
medidas y proyectos, así como la celebración de convenios
con otras entidades públicas en el ámbito de la seguridad
pública, la prevención del delito, la reinserción social
y la asistencia a víctimas, a nivel comunal, con el objeto
de proteger a las personas y promover la convivencia
vecinal. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones del
Ministerio de Seguridad Pública, de las instituciones
policiales o de otros organismos que tengan competencia en
estas materias, de conformidad con la ley.
Asimismo, deberá desarrollar un trabajo territorial
coordinado con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública,
con el Ministerio Público y con las demás instituciones
públicas o privadas cuyas funciones se vinculen con la
seguridad pública y la prevención del delito en el ámbito
local. Deberá procurar la participación activa de las
organizaciones sociales y vecinales en estas materias
k) La promoción de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, y
l) El desarrollo de actividades de interés común en el
ámbito local.
m) La promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, la prevención de vulneraciones de derechos y
la protección general de los mismos.
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Artículo 5º.- Para el cumplimiento de sus funciones
las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones
esenciales:
a) Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas
necesarios para su cumplimiento;
b) Elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto
municipal;
c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso
público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna,
salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de
conformidad a la ley, la administración de estos últimos
corresponda a otros órganos de la Administración del
Estado. En ejercicio de esta atribución, les
corresponderá, previo informe del consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil, asignar y cambiar la
denominación de tales bienes. Asimismo, con el acuerdo de
los dos tercios de los concejales en ejercicio, podrá hacer
uso de esta atribución respecto de poblaciones, barrios y
conjuntos habitacionales, en el territorio bajo su
administración.
Las municipalidades podrán autorizar, por un plazo de
cinco años, el cierre o la implementación de medidas de
control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos
habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de
acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de
los vecinos. Además, en idénticos términos, se podrá
autorizar la implementación de medidas de control de acceso
en calles y pasajes que tuvieren un acceso y salida
diferentes, y siempre que no se limite ni entorpezca con
ello, en forma alguna, el tránsito peatonal y en todo
momento se permita el acceso a los vehículos de emergencia,
de seguridad pública, de utilidad pública y de beneficio
comunitario. Dicha autorización requerirá el acuerdo del
concejo respectivo. El plazo se entenderá prorrogado
automáticamente por igual período, salvo resolución
fundada en contrario de la municipalidad con acuerdo del
concejo.
d) Dictar resoluciones obligatorias con carácter general
o particular;
e) Establecer derechos por los servicios que presten y por
los permisos y concesiones que otorguen;
f) Adquirir y enajenar, bienes muebles e inmuebles;
g) Otorgar subvenciones y aportes para fines específicos
a personas jurídicas de carácter público o privado, sin
fines de lucro, que colaboren directamente en el
cumplimiento de sus funciones.
Estas subvenciones y aportes no podrán exceder, en
conjunto, al siete por ciento del presupuesto municipal.
Este límite no incluye a las subvenciones y aportes que las
municipalidades destinen a las actividades de educación, de
salud o de atención de menores que les hayan sido
traspasadas en virtud de lo establecido en el Decreto con
Fuerza de Ley Nº1 3.063, de Interior, de 1980, cualesquiera
sea su forma de administración, ni las destinadas a los
Cuerpos de Bomberos. Asimismo, este límite no incluye a las
subvenciones o aportes que las Municipalidades de Santiago,
Vitacura, Providencia y Las Condes efectúen a la
"Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Santiago",
para el financiamiento de actividades de carácter cultural
que beneficien a los habitantes de dichas comunas;
h) Aplicar tributos que graven actividades o bienes que
tengan una clara identificación local y estén destinados a
obras de desarrollo comunal, para cuyo efecto las
autoridades comunales deberán actuar dentro de las normas
que la ley establezca;
i) Constituir corporaciones o fundaciones de derecho
privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y
difusión del arte y la cultura. La participación municipal
en estas corporaciones se regirá por las normas
establecidas en el Párrafo 1º del Título VI;
j) Establecer, en el ámbito de las comunas o agrupación
de comunas, territorios denominados unidades vecinales, con
el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una
adecuada canalización de la participación ciudadana;
k) Aprobar los planes reguladores comunales y los planes
seccionales;
l) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el plan comunal
de seguridad pública.
Para realizar dichas acciones, las municipalidades
tendrán en consideración las observaciones efectuadas por
el consejo comunal de seguridad pública y por cada uno de
sus consejeros.
m) Aprobarlos planos de detalle de los planes reguladores
comunales y de los planes seccionales;
n) Elaborar, aprobar, modificar y materializar los planes
de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio
público.
o) Recaudar, administrar y ejecutar, en una cuenta
especial y separada del resto del presupuesto municipal, los
aportes al espacio público que se perciban, de conformidad
a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, y suscribir los convenios sobre aportes
urbanos reembolsables que regula el mismo cuerpo legal.
p) Aprobar la propuesta de normas urbanísticas especiales
elaborada por la respectiva Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo para la habilitación normativa de
terrenos, conforme con lo dispuesto en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.
q) Elaborar y/o aprobar planes maestros de regeneración de
barrios o conjuntos habitacionales de viviendas de interés
público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.
r) Aprobar los planes seccionales de remodelación de
conformidad con las disposiciones de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.
Las municipalidades tendrán, además, las atribuciones
no esenciales que le confieren las leyes o que versen sobre
materias que la Constitución Política de la República
expresamente ha encargado sean reguladas por la ley común.
Sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros
organismos públicos, las municipalidades podrán colaborar
en la fiscalización y en el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la
protección del medio ambiente, dentro de los límites
comunales.
Cualquier nueva función o tarea que se le asigne a los
municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo.
Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para
el cumplimiento de sus fines propios, de acuerdo con las
reglas establecidas en el Párrafo 2º del Título VI.
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Artículo 6º.- La gestión municipal contará, a lo
menos, con los siguientes instrumentos:
a) El plan comunal de desarrollo y sus programas;
b) El plan regulador comunal;
c) El presupuesto municipal anual;
d) La política de recursos humanos, y
e) El plan comunal de seguridad pública.
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Artículo 7º.- El plan comunal de desarrollo,
instrumento rector del desarrollo en la comuna, contemplará
las acciones destinadas a satisfacer las necesidades de la
comunidad local y a promover su avance social, económico y
cultural y, en base a ellas, definirá orientaciones
estratégicas para la planificación territorial de nivel
comunal. Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que
necesariamente deba coincidir con el período de desempeño
de las autoridades municipales electas por la ciudadanía.
Su ejecución deberá someterse a evaluación periódica,
dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan.
En todo caso, en la elaboración y ejecución del plan
comunal de desarrollo, tanto el alcalde como el concejo
deberán tener en cuenta la participación ciudadana y la
necesaria coordinación con los demás servicios públicos
que operen en el ámbito comunal o ejerzan competencias en
dicho ámbito, así como la coherencia entre sus acciones y
las disposiciones contenidas en el respectivo instrumento de
planificación territorial de nivel comunal, en todo aquello
que resulte procedente, dentro del ámbito de sus
competencias.
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Artículo 8º.- Para el cumplimiento de sus funciones,
las municipalidades podrán celebrar convenios con otros
órganos de la Administración del Estado en las condiciones
que señale la ley respectiva, sin alterar las atribuciones
y funciones que corresponden a los municipios.
Asimismo, a fin de atender las necesidades de la
comunidad local, las municipalidades podrán celebrar
contratos que impliquen la ejecución de acciones
determinadas.
De igual modo, podrán otorgar concesiones para la
prestación de determinados servicios municipales o para la
administración de establecimientos o bienes específicos
que posean o tengan a cualquier título.
La celebración de los contratos y el otorgamiento de
las concesiones a que aluden los incisos precedentes se
hará previa licitación pública, en el caso que el monto
de los contratos o el valor de los bienes involucrados
exceda de doscientas unidades tributarias mensuales o,
tratándose de concesiones, si el total de los derechos o
prestaciones que deba pagar el concesionario sea superior a
cien unidades tributarias mensuales.
Si el monto de los contratos o el valor de los bienes
involucrados o los derechos o prestaciones a pagarse por las
concesiones son inferiores a los montos señalados en el
inciso precedente, se podrá llamar a propuesta privada.
Igual procedimiento se aplicará cuando, no obstante que el
monto de los contratos o el valor de los bienes involucrados
exceda de los montos indicados en dicho inciso, concurran
imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente
calificadas por el concejo, en sesión especialmente
convocada al efecto y con el voto favorable de la mayoría
absoluta de los concejales en ejercicio.
Si no se presentaren interesados o si el monto de los
contratos no excediere de cien unidades tributarias
mensuales, se podrá proceder mediante contratación
directa.
El alcalde informará al concejo sobre la adjudicación
de las concesiones, de las licitaciones públicas, de las
propuestas privadas, de las contrataciones directas de
servicios para el municipio y de las contrataciones de
personal, en la primera sesión ordinaria que celebre el
concejo con posterioridad a dichas adjudicaciones o
contrataciones, informando por escrito sobre las diferentes
ofertas recibidas y su evaluación.
Con todo, lo dispuesto en los incisos anteriores no
será aplicable a los permisos municipales, los cuales se
regirán por lo establecido en los artículos 36 y 63, letra
g), de esta ley.
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Artículo 8º bis.- Los gobiernos
regionales podrán celebrar
convenios formales
anuales o plurianuales
de programación de inversión
pública con municipalidades, cuyo
cumplimiento será obligatorio.
La ley orgánica constitucional
sobre gobierno y administración regional
establecerá las normas generales que
regularán la suscripción, ejecución y
exigibilidad de los referidos convenios.
Dichos convenios de programación
definirán las acciones relacionadas con
los proyectos de inversión que se
disponen a realizar dentro de un plazo
determinado. Para lo anterior, deberán
especificar el o los proyectos sobre los
cuales se aplicarán, las responsabilidades
y obligaciones de las partes, las metas
por cumplir, los procedimientos de
evaluación y las normas de
revocabilidad. Asimismo, deberán
incluir, cuando corresponda, cláusulas
que permitan reasignar recursos
entre proyectos.
A los convenios de programación se
podrán incorporar otras entidades públicas
o privadas, nacionales, regionales o
locales, cuyo concurso o aporte se
estime necesario para la mayor
eficiencia en su ejecución.
En caso de tener carácter
plurianual, las municipalidades
deberán contemplar en sus
respectivos presupuestos la
estimación de los recursos
correspondientes al año pertinente
según las obligaciones adquiridas
al momento de la suscripción.
Los convenios a que se refiere
este artículo deberán ser sancionados
mediante decreto supremo expedido bajo
la fórmula establecida en el artículo
70 del decreto ley Nº 1.263, del
Ministerio de Hacienda, de 1975. Los
proyectos que se incluyan en dichos
convenios deberán cumplir con lo
dispuesto en el artículo 19 bis
del mencionado decreto ley.
8 BIS
Artículo 8º ter.- Los
gobiernos regionales podrán
suscribir convenios de
programación territorial,
con una o más municipalidades,
de carácter anual o plurianual,
destinados a formalizar los acuerdos
para la ejecución de proyectos
de impacto comunal o intercomunal
en los plazos y con los aportes
financieros de las partes que en
cada caso se acuerden. Estos
convenios deberán ser sancionados
mediante resolución del gobierno
regional respectivo.
8 TER
Artículo 8 quáter.- Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 8, las municipalidades podrán celebrar
convenios con la Tesorería General de la República para
que ésta efectúe el pago a proveedores de servicios
concesionados de recolección de residuos sólidos
domiciliarios, directamente con cargo a la recaudación de
impuesto territorial de beneficio municipal correspondiente
a la respectiva comuna y, en caso de ser insuficiente, con
cargo a la participación mensual de la respectiva comuna en
el fondo a que se refiere el artículo 38 del decreto ley
N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, cuyo texto
refundido y sistematizado fue fijado por el decreto N°
2.385, de 1996, del Ministerio del Interior. La Tesorería
General de la República deberá informar a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
dentro de los treinta días siguientes a la suscripción de
dicho convenio.
Con todo, en el caso de municipalidades que no hayan
suscrito los convenios de conformidad con el inciso
anterior, los proveedores de los servicios concesionados
podrán solicitar a la Tesorería General de la República
el pago de las facturas emitidas y no objetadas por parte
del municipio, y que se encuentren impagas por un plazo
mayor a treinta días contado desde su aceptación. La
Tesorería General de la República deberá comunicar por
oficio al municipio la solicitud de pago recibida, con el
objeto de que éste pueda suscribir el convenio dentro del
plazo de treinta días corridos contado desde la recepción
del oficio. Si el municipio no suscribiere el convenio en
dicho plazo, la Tesorería General de la República enviará
los antecedentes al jefe de la unidad de control de la
municipalidad respectiva, y será aplicable lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 81. De esta forma, los
proveedores recibirán el pago con cargo a los montos
pendientes de distribuir para la respectiva municipalidad,
según lo señalado en el inciso precedente, con prioridad
según la fecha de presentación de la solicitud. En caso de
no alcanzar los fondos para pagar el total de las facturas
adeudadas, éstas quedarán pendientes para ser pagadas con
prioridad al mes siguiente, y así sucesivamente. En ningún
caso podrá imputarse responsabilidad alguna al Fisco sobre
pagos municipales pendientes.
Las municipalidades podrán subrogarse en los
proveedores de servicios concesionados de recolección de
residuos sólidos domiciliarios, en aquellos casos en que,
por cualquier razón, éstos tuvieren deudas con
trabajadores por prestaciones laborales o previsionales
impagas.
8 QUÁTER
Artículo 9º.- Las municipalidades deberán actuar, en
todo caso, dentro del marco de los planes nacionales y
regionales que regulen la respectiva actividad.
Corresponderá al delegado presidencial regional de la
región respectiva, respecto de los planes nacionales, y al
gobernador regional, respecto de los planes regionales,
velar por el cumplimiento de lo que dispone el inciso
anterior.
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Artículo 10.- La coordinación entre las
municipalidades y entre éstas y los servicios públicos que
dependan o se relacionen con el Presidente de la República
a través de un ministerio, y que actúen en sus respectivos
territorios, se efectuará mediante acuerdos directos entre
estos organismos. A falta de acuerdo, el delegado
presidencial provincial que corresponda dispondrá de las
medidas necesarias para la coordinación requerida, a
solicitud de cualquiera de los alcaldes interesados.
Asimismo, la coordinación entre las municipalidades y entre
éstas y los servicios públicos que dependan o se
relacionen con el gobierno regional, y que actúen en sus
respectivos territorios, se efectuará mediante acuerdos
directos entre estos organismos. A falta de acuerdo, el
gobernador regional que corresponda dispondrá de las
medidas necesarias para la coordinación requerida, a
solicitud de cualquiera de los alcaldes interesados.
En todo caso, la coordinación deberá efectuarse sin
alterar las atribuciones y funciones que correspondan a los
organismos respectivos.
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Artículo 11.- Las municipalidades podrán desarrollar
actividades empresariales o participar en ellas sólo si una
ley de quórum calificado las autoriza.
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Artículo 12.- Las resoluciones que adopten las
municipalidades se denominarán ordenanzas, reglamentos
municipales, decretos alcaldicios o instrucciones.
Las ordenanzas serán normas generales y obligatorias
aplicables a la comunidad. En ellas podrán establecerse
multas para los infractores, cuyo monto no excederá de
cinco unidades tributarias mensuales, las que serán
aplicadas por los juzgados de policía local
correspondientes.
Los reglamentos municipales serán normas generales
obligatorias y permanentes, relativas a materias de orden
interno de la municipalidad.
Los decretos alcaldicios serán resoluciones que versen
sobre casos particulares.
Las instrucciones serán directivas impartidas a los
subalternos.
Todas estas resoluciones estarán a disposición del
público y deberán ser publicadas en los sistemas
electrónicos o digitales de que disponga la municipalidad.
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Párrafo 3º
Patrimonio y financiamiento municipales
Párrafo 3º Patrimonio y financiamiento municipales
Artículo 13.- El patrimonio de las municipalidades
estará constituido por:
a) Los bienes corporales e incorporales que posean o
adquieran a cualquier título;
b) El aporte que les otorgue el gobierno regional
respectivo;
c) Los ingresos provenientes de su participación en el
Fondo Común Municipal;
d) Los derechos que cobren por los servicios que presten y
por los permisos y concesiones que otorguen;
e) Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades
o de las de los establecimientos de su dependencia;
f) Los ingresos que recauden por los tributos que la ley
permita aplicar a las autoridades comunales, dentro de los
marcos que la ley señale, que graven actividades o bienes
que tengan una clara identificación local, para ser
destinados a obras de desarrollo comunal, sin perjuicio de
la disposición sexta transitoria de la Constitución
Política, comprendiéndose dentro de ellos, tributos tales
como el impuesto territorial establecido en la Ley sobre
Impuesto Territorial, el permiso de circulación de
vehículos consagrado en la Ley de Rentas Municipales, y las
patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 de dicha
ley y 3º de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas;
g) Las multas e intereses establecidos a beneficio
municipal, y
h) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de
las leyes vigentes.
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Artículo 14.- Las municipalidades gozarán de
autonomía para la administración de sus finanzas.
En D.F.L 1-19.704
el ejercicio de esta autonomía, las municipalidades podrán ART. 14
D.O. 03.05.2002
requerir del Servicio de Tesorerías, información sobre los LEY Nº 20.033
montos, distribución y estimaciones de rendimiento de todos ART. 5º Nº 2 a)
los ingresos de beneficio municipal que ese organismo D.O. 01.07.2005
recaude.
Para garantizar el cumplimiento de los fines de las
municipalidades y su adecuado funcionamiento, existirá un
mecanismo de redistribución solidaria de recursos
financieros entre las municipalidades del país, denominado
Fondo Común Municipal, el cual estará integrado por los
siguientes recursos:
1.- Un sesenta por ciento del impuesto territorial que
resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 7º
de la Ley sobre Impuesto Territorial; no obstante,
tratándose de las Municipalidades de Santiago, Providencia,
Las Condes y Vitacura, su aporte por este concepto será de
un sesenta y cinco por ciento.
2.- Un sesenta y dos coma cinco por ciento del derecho por
el permiso de circulación de vehículos que establece la
Ley de Rentas Municipales, sin perjuicio de lo establecido
en su artículo 12.
3.- Un cincuenta y cinco por ciento de lo que recaude la
Municipalidad de Santiago y un sesenta y cinco por ciento de
lo que recauden las Municipalidades de Providencia, Las
Condes y Vitacura, por el pago de las patentes a que se
refieren los artículos 23 y 32 de la Ley de Rentas
Municipales, y 3º de la Ley sobre Expendio y Consumo de
Bebidas Alcohólicas.
4.- Un cincuenta por ciento del derecho establecido en el
Nº7 del artículo 41 del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, Ley LEY Nº 19.816
de Rentas Municipales, en la transferencia de vehículos con ART. 2º a)
permisos de circulación. D.O. 07.08.2002
5. - El monto total del impuesto territorial que paguen los LEY Nº 20.033
inmuebles fiscales afectos a dicho impuesto, conforme lo ART. 5º Nº 2 b)
establece la Ley Nº 17.235; y por un aporte fiscal que se D.O. 01.07.2005
considerará anualmente en la Ley de Presupuestos, cuyo
monto será equivalente en pesos a 1.052.000 unidades
tributarias mensuales, a su valor del mes de agosto del año LEY Nº 19.816
precedente. ART. 2º c)
D.O. 07.08.2002
6.- El cien por ciento de lo recaudado por multas impuestas
por los Juzgados de Policía Local, por infracciones o
contravenciones a las normas de tránsito, detectadas por
medio de equipos de registro de infracciones.
No obstante, tratándose de multas por infracciones o
contravenciones al artículo 118 bis de la ley Nº 18.290,
sólo el 70% de ellas pasarán a integrar el Fondo Común
Municipal, quedando el porcentaje restante a beneficio de la
municipalidad en que se hubiere aplicado la multa
respectiva. Con todo, tratándose de las multas impuestas
por infracción a la prohibición establecida en el inciso
primero del artículo 114 del decreto con fuerza de ley N°
1, del Ministerio de Justicia, de 2007, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290,
sólo el cincuenta por ciento de lo recaudado ingresará al
Fondo Común Municipal, pasando el cincuenta por ciento
restante a beneficio municipal.
7.- Un aporte fiscal adicional que consultará la Ley de
Presupuestos del Sector Público a favor de aquellas comunas
pertenecientes a regiones mineras donde se ubiquen las
siguientes actividades asociadas a explotadores mineros
sujetos al Royalty Minero: refinerías; fundiciones;
yacimientos y depósitos de relaves activos que puedan
generar un impacto significativo sobre la salud de la
población, según determine el reglamento del Fondo Común
Municipal. Además, será destinado a comunas pertenecientes
a regiones mineras donde se ubiquen relaves abandonados de
carácter prioritario por encontrarse cercanos a la
población y que tengan el potencial de generar un impacto
significativo sobre la salud de ésta; o puertos cuya
actividad esté asociada mayoritariamente a la actividad
minera, ambos según determine el reglamento del Fondo
Común Municipal.
Para estos efectos, se entenderá por regiones mineras
aquellas cuyo producto interno bruto minero regional,
excluyendo la minería de petróleo y gas natural,
represente más de un 2,5% del producto interno bruto minero
nacional y de su producto interno bruto regional.
8.- Un aporte fiscal cuyo monto será equivalente en pesos
a 2.500.000 unidades tributarias mensuales a favor de
aquellas comunas que presenten una mayor dependencia del
Fondo Común Municipal o pertenezcan al grupo con menos
ingresos propios a nivel nacional.
La distribución de este Fondo se sujetará a los
criterios y normas establecidos en la Ley de Rentas
Municipales.
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Párrafo 4º
Organización interna
Párrafo 4º Organización interna
Artículo 15.- Las funciones y atribuciones de las
municipalidades serán ejercidas por el alcalde y por el
concejo en los términos que esta ley señala.
Para los efectos anteriores, las municipalidades
dispondrán de una Secretaría Municipal, de una Secretaría
Comunal de Planificación y de otras unidades encargadas del
cumplimiento de funciones de prestación de servicios y de
administración interna, relacionadas con el desarrollo
comunitario, obras municipales, aseo y ornato, tránsito y
transporte públicos, gestión del riesgo de desastres,
administración y finanzas, asesoría jurídica y control.
Dichas unidades sólo podrán recibir la denominación de
Dirección, Departamento, Sección u Oficina.
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Artículo 16.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior, la organización interna de las
municipalidades deberá considerar, a lo menos, las
siguientes unidades: Secretaría Municipal, Secretaría
Comunal de Planificación, Unidad de Desarrollo Comunitario,
Unidad de Administración y Finanzas y Unidad de Control.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, en
aquellas municipalidades cuyas plantas funcionarias no
consideren en el escalafón directivo los cargos señalados
en el inciso precedente, el alcalde estará facultado para
crearlos, debiendo, al efecto, sujetarse a las normas sobre
selección directiva que la ley dispone.
Dichos cargos tendrán dos grados inmediatamente
inferiores a aquel que le corresponde al alcalde en la
municipalidad respectiva, y aquellos señalados en el
artículo 47 mantendrán la calidad de exclusiva confianza.
En aquellas comunas que tengan más de cien mil
habitantes deberán considerarse, también, las unidades
encargadas de cada una de las demás funciones genéricas
señaladas en el artículo precedente.
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Artículo 16 bis.- Existirá un director de seguridad
pública en todas aquellas comunas donde lo decida el
concejo municipal, a proposición del alcalde.
Para estos efectos, el alcalde estará facultado para
crear dicho cargo y para proveerlo en el momento que decida,
de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto municipal.
Para desempeñar este cargo se requerirá estar en
posesión de un título profesional o técnico de nivel
superior otorgado por un establecimiento de educación
superior del Estado o reconocidos por éste.
El director de seguridad pública será designado por
el alcalde y podrá ser removido por éste, sin perjuicio
que rijan a su respecto, además, las causales de cesación
de funciones aplicables al personal municipal.
Dicho director será el colaborador directo del alcalde
en las tareas de coordinación y gestión de las funciones
de la letra j) del artículo 4, en el seguimiento del plan
comunal de seguridad pública, y ejercerá las funciones que
le delegue el alcalde, siempre que estén vinculadas con la
naturaleza de su función.
La designación y remoción del director de seguridad
pública deberá ser informada a la Subsecretaría de
Prevención del Delito y a la delegación presidencial
regional respectiva. Ambos órganos deberán llevar una
nómina actualizada de los directores de seguridad pública
a niveles nacional y regional, según corresponda.
16 BIS
Artículo 17.- Las municipalidades de comunas con menos
de cien mil habitantes podrán refundir, en una sola unidad,
dos o más funciones genéricas, cuando las necesidades y
características de la comuna respectiva así lo requieran.
Esta facultad no podrá ejercerse respecto de las unidades
mínimas señaladas en el artículo anterior.
17
Artículo 18.- Dos o más municipalidades, de aquéllas
a que alude el inciso primero del artículo anterior,
podrán, mediante convenio celebrado al efecto y cuyo
eventual desahucio unilateral no producirá consecuencias
sino hasta el subsiguiente año presupuestario, compartir
entre sí una misma unidad, excluidas la secretaría
municipal, el administrador municipal y la unidad de
control, con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de
los recursos humanos disponibles.
18
Artículo 19.- Para los efectos de determinar la
población de las comunas se considerará el censo
legalmente vigente.
En el caso de las municipalidades correspondientes a
agrupaciones de comunas, el número de habitantes que se
tendrá en cuenta para los efectos de los artículos
anteriores, será la totalidad de la población de las
comunas que las integren.
19
Artículo 20.- La Secretaría Municipal estará a cargo
de un secretario municipal que tendrá las siguientes
funciones:
a) Dirigir las actividades de secretaría administrativa
del alcalde y del concejo;
b) Desempeñarse como ministro de fe en todas las
actuaciones municipales, y
c) Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la
declaración de intereses establecida por la Ley N° 18.575.
d) Llevar el registro municipal
a que se refiere el artículo 6°
de la ley N° 19.418, sobre Juntas
de Vecinos y demás Organizaciones
Comunitarias.
20
Artículo 21.- La Secretaría Comunal de Planificación
desempeñará funciones de asesoría del alcalde y del
concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de
las competencias de ambos órganos municipales.
En tal carácter, le corresponderán las siguientes
funciones:
a) Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y
del concejo en la formulación de la estrategia municipal,
como asimismo de las políticas, planes, programas y
proyectos de desarrollo de la comuna;
b) Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos
de plan comunal de desarrollo y de presupuesto municipal;
c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas,
proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e
informar sobre estas materias al concejo, a lo menos
semestralmente;
d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la
situación de desarrollo de la comuna, con énfasis en los
aspectos sociales y territoriales;
e) Elaborar las bases generales y específicas, según
corresponda, para los llamados a licitación, previo informe
de la unidad competente, de conformidad con los criterios e
instrucciones establecidos en el reglamento municipal
respectivo;
f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los
servicios públicos y con el sector privado de la comuna, y
g) Recopilar y mantener la información comunal y regional
atingente a sus funciones.
Adscrito a esta unidad existirá el asesor urbanista,
quien requerirá estar en posesión de un título
universitario de una carrera de, a lo menos, diez semestres,
correspondiéndole las siguientes funciones:
a) Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del
desarrollo urbano;
b) Estudiar y elaborar el plan regulador comunal y
mantenerlo actualizado; deberá elaborar los informes de
monitoreo que establece la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y promover las modificaciones que sean
necesarias, además de preparar el plan de inversiones en
infraestructura de movilidad y espacio público y los planos
de detalle y planes seccionales, en su caso.
c) Informar técnicamente las proposiciones sobre
planificación urbana intercomunal, formuladas al municipio
por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo.
21
Artículo 22.- La unidad encargada del desarrollo
comunitario tendrá como funciones específicas
a) Asesorar al alcalde y, también, al concejo en la
promoción del desarrollo comunitario;
b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones
comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y
promover su efectiva participación en el municipio, y
c) Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando
corresponda, medidas tendientes a materializar acciones
relacionadas con salud pública, protección del medio
ambiente, educación y cultura, capacitación laboral,
deporte y recreación, promoción del empleo, fomento
productivo local y turismo.
22
Artículo 23.- La unidad de servicios de salud,
educación y demás incorporados a la gestión municipal
tendrá la función de asesorar al alcalde y al concejo en
la formulación de las políticas relativas a dichas áreas.
Cuando la administración de dichos servicios sea
ejercida directamente por la municipalidad, le
corresponderá cumplir, además, las siguientes funciones:
a) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar
acciones y programas relacionados con salud pública y
educación, y demás servicios incorporados a su gestión, y
b) Administrar los recursos humanos, materiales y
financieros de tales servicios, en coordinación con la
unidad de administración y finanzas.
Cuando exista corporación municipal a cargo de la
administración de servicios traspasados, y sin perjuicio de
lo dispuesto en el inciso primero, a esta unidad municipal
le corresponderá formular proposiciones con relación a los
aportes o subvenciones a dichas corporaciones, con cargo al
presupuesto municipal, y proponer mecanismos que permitan
contribuir al mejoramiento de la gestión de la corporación
en las áreas de su competencia.
23
Artículo 24.- A la unidad encargada de obras
municipales le corresponderán las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza
General, junto con los instrumentos de planificación
territorial correspondientes, en la forma que determine la
citada ley. Para dicho efecto, gozará de las siguientes
atribuciones específicas:
1) Dar aprobación a las fusiones,
subdivisiones y modificaciones
de deslindes de predios en las
áreas urbanas, de extensión urbana,
o rurales en caso de aplicación
del artículo 55 de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones;
2) Dar aprobación a los anteproyectos
y proyectos de subdivisiones
afectas a declaratoria de utilidad
pública, loteos, obras de
urbanización y de edificación y
otorgar los permisos
correspondientes en las áreas
urbanas y de extensión urbana o
rurales, en caso de aplicación
del artículo 55 de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones,
previa verificación de que éstos
cumplen con los aspectos a revisar
de acuerdo a la citada ley.
3) Fiscalizar la ejecución de dichas
obras hasta el momento de su
recepción, y
4) Recibirse de las obras y
autorizar su uso, previa
verificación de que éstas
cumplen con los aspectos a
revisar de acuerdo a la Ley
General de Urbanismo y
Construcciones.
b) Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que
las rijan;
c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de
urbanización y edificación en la forma que determine la
Ley General de Urbanismo y Construcciones;
d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las
obras de urbanización y edificación realizadas en la
comuna;
e) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y
rural y pronunciarse sobre los informes de mitigación de
impacto vial presentados en la comuna a petición de la
secretaría regional ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones o de la dirección de Tránsito y
Transporte Públicos Municipal respectiva;
f) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad
municipal, sean ejecutadas directamente o a través de
terceros, y
g) En general, aplicar las normas legales sobre
edificación y urbanización en la comuna, en los términos
que disponga la Ley General de Urbanismo y Construcciones y
su respectiva Ordenanza General.
Quien ejerza la jefatura de esta unidad deberá poseer
indistintamente el título de arquitecto, de ingeniero
civil, de constructor civil o de ingeniero constructor
civil.
En el ejercicio de las funciones descritas en las
letras a), b), c) y g) del inciso primero de este artículo,
la unidad encargada de obras municipales deberá dar
estricto cumplimiento a las instrucciones que imparta la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
respectiva en el marco de su labor de supervigilancia de
acuerdo con los artículos 4º y 12 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones. Además, deberá entregar la
información que le sea solicitada por dicha Secretaría
respecto del estado de los procedimientos de otorgamiento de
permisos, autorizaciones o certificados seguidos ante ella;
la caracterización de dichas unidades, considerando la
dotación y antigüedad de funcionarios, perfiles
profesionales, acceso y participación en capacitaciones,
recursos físicos, entre otros. Lo anterior, en el plazo
máximo de veinte días hábiles, contado desde la
recepción de la solicitud.
24
Artículo 25.- A la unidad encargada de la función de
medio ambiente, aseo y ornato corresponderá velar por:
a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas,
jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso
público existentes en la comuna;
b) El servicio de extracción de basura;
c) La construcción, conservación y administración de
las áreas verdes de la comuna;
d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar
acciones y programas relacionados con medio ambiente;
e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la
comuna que sean de su competencia, y
f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para
la aprobación de la misma, el concejo podrá solicitar
siempre un informe técnico al Ministerio del Medio
Ambiente.
25
Artículo 26.- A la unidad encargada de la función de
tránsito y transporte públicos corresponderá:
a) Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos;
b) Determinar el sentido de circulación de vehículos, en
coordinación con los organismos de la Administración del
Estado competentes;
c) Señalizar adecuadamente las vías públicas;
d) Aprobar, observar o rechazar los informes de
mitigación de impacto vial o emitir opinión sobre ellos, a
petición de la secretaría regional ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y
e) En general, aplicar las normas generales sobre
tránsito y transporte públicos en la comuna.
26
Artículo 26 bis.- En general, corresponderá a la
Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres:
a) Prestar apoyo al alcalde en todas las materias
referentes al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta
ante Desastres.
b) Elaborar el Plan Comunal para la Reducción del
Riesgo de Desastres y el Plan Comunal de Emergencia, en
conformidad con lo dispuesto en la ley que establece el
Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y
su reglamento.
c) Confeccionar los informes en aquellas materias de su
competencia, referidas a los artículos 28 y 32 de la ley
indicada en la letra anterior, cuando las unidades
señaladas en dichos artículos soliciten su
pronunciamiento.
d) Aportar al funcionario que designe el Director
Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta
ante Desastres, la información referente a su comuna para
la elaboración del mapa de riesgo que contempla la ley que
establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta
ante Desastres.
e) Coordinar con la Dirección Regional del Servicio
Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y con
los organismos o entidades públicas correspondientes, en el
marco de sus competencias, las acciones en materia de
Gestión del Riesgo de Desastres en su comuna.
26 BIS
Artículo 26 ter.- Esta Unidad se podrá asignar o
crear a proposición del alcalde y con la aprobación del
concejo municipal respectivo. Una vez que el alcalde cuente
con la aprobación anterior, estará facultado para crear y
proveer el cargo de encargado de la Unidad de Gestión del
Riesgo de Desastres, para lo que se considerará la
disponibilidad en el presupuesto municipal, lo cual deberá
ser certificado por los jefes de las unidades de
administración y finanzas, y de control de la municipalidad
respectiva.
El cargo aludido corresponderá al escalafón de
directivos o jefaturas, y para su acceso se estará a los
requisitos exigidos en el artículo 8 de la ley N° 18.883,
según corresponda a un cargo de directivo o de jefatura.
Será designado por el alcalde y podrá ser removido
por éste, sin perjuicio de que rijan a su respecto,
además, las causales de cesación de funciones aplicables
al personal municipal.
26 TER
Artículo 27.- La unidad encargada de administración y D.F.L 1-19.704
finanzas tendrá las siguientes funciones: ART. 27
a) Asesorar al alcalde en la administración del personal D.O. 03.05.2002
de la municipalidad. Además, deberá informar LEY Nº 20.033
trimestralmente al concejo municipal sobre las ART. 5º Nº 3
contrataciones de personal realizadas en el trimestre D.O. 01.07.2005
anterior, individualizando al personal, su calidad
jurídica, estamento, grado de remuneración y, respecto del
personal a honorarios contratado con cargo al subtítulo 21,
ítem 03, del presupuesto municipal, el detalle de los
servicios prestados. También, en la primera sesión de cada
año del concejo, deberá informar a éste sobre el
escalafón de mérito del personal municipal y un reporte
sobre el registro del personal enviado y tramitado en la
Contraloría General de la República en el año
inmediatamente anterior.
b) Asesorar al alcalde en la administración financiera de
los bienes municipales, para lo cual le corresponderá
específicamente:
1.- Estudiar, calcular, proponer y regular la
percepción de cualquier tipo de ingresos municipales;
2.- Colaborar con la Secretaría Comunal de
Planificación en la elaboración del presupuesto municipal;
3.- Visar los decretos de pago;
4.- Llevar la contabilidad municipal en conformidad con
las normas de la contabilidad nacional y con las
instrucciones que la Contraloría General de la República
imparta al respecto;
5.- Controlar la gestión financiera de las empresas
municipales;
6.- Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta
bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría
General de la República.
Tratándose del pago a proveedores de servicios
concesionados de recolección de residuos sólidos
domiciliarios, se estará a lo dispuesto en el artículo 8
quáter.
7.- Recaudar y percibir los ingresos municipales y
fiscales que correspondan.
c) Informar trimestralmente al concejo sobre el detalle
mensual de los pasivos acumulados desglosando las cuentas
por pagar por el municipio y las corporaciones municipales.
Al efecto, dichas corporaciones deberán informar a esta
unidad acerca de su situación financiera, desglosando las
cuentas por pagar.
d) Mantener un registro mensual, el que estará disponible LEY Nº 20.033
para conocimiento público, sobre el desglose de los gastos ART. 5º Nº 3
del municipio. En todo caso, cada concejal tendrá acceso D.O. 01.07.2005
permanente a todos los gastos efectuados por la
municipalidad.
e) Remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior, en el formato y
por los medios que ésta determine y proporcione, los
antecedentes a que se refieren las letras c) y d)
precedentes. Dicha Subsecretaría deberá informar a la
Contraloría General de la República, a lo menos
semestralmente, los antecedentes señalados en la letra c)
antes referida.
f) El informe trimestral y el registro mensual a que se LEY Nº 20.033
refieren las letras c) y d) deberán estar disponibles en la ART. 5º Nº 3
página web de los municipios y, en caso de no contar con D.O. 01.07.2005
ella, en el portal de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo en un sitio especialmente
habilitado para ello.
27
Artículo 28.- Corresponderá a la unidad encargada de
la asesoría jurídica, prestar apoyo en materias legales al
alcalde y al concejo. Además, informará en derecho todos
los asuntos legales que las distintas unidades municipales
le planteen, las orientará periódicamente respecto de las
disposiciones legales y reglamentarias, y mantendrá al día
los títulos de los bienes municipales.
Podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a
requerimiento del alcalde, en todos aquellos juicios en que
la municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo
comprenderse también la asesoría o defensa de la comunidad
cuando sea procedente y el alcalde así lo determine.
Además, cuando lo ordene el alcalde, deberá efectuar
las investigaciones y sumarios administrativos, sin
perjuicio que también puedan ser realizados por
funcionarios de cualquier unidad municipal, bajo la
supervigilancia que al respecto le corresponda a la
asesoría jurídica.
28
Artículo 29.- A la unidad encargada del control le D.F.L 1-19.704
corresponderán las siguientes funciones: ART. 29
D.O. 03.05.2002
a) Realizar la auditoría |operativa interna de la
municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de
su actuación;
b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria
municipal;
c) Representar al alcalde los actos municipales que estime
ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo objeto
tendrá acceso a toda la información disponible. Dicha
representación deberá efectuarse dentro de los diez días
siguientes a aquel en que la unidad de control haya tomado
conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare medidas
administrativas con el objeto de enmendar el acto
representado, la unidad de control deberá remitir dicha
información a la Contraloría General de la República;
d) Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio
de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos,
emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance
del ejercicio programático presupuestario; asimismo,
deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado
de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones
previsionales de los funcionarios municipales y de los
trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a
la gestión municipal, administrados directamente por la
municipalidad o a través de corporaciones municipales, de
los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo
Común Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos
por co ncepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. LEY Nº 19.926
En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las ART. 5º
consultas o peticiones de informes que le formule un D.O. 31.12.2003
concejal;
e) Asesorar al concejo en la definición y evaluación de
la auditoría externa que aquél puede requerir en virtud de
esta ley; y
f) Realizar, con la periodicidad que determine el
reglamento señalado en el artículo 92, una presentación
en sesión de comisión del concejo, destinada a que sus
miembros puedan formular consultas referidas al cumplimiento
de las funciones que le competen.
La jefatura de esta unidad se proveerá mediante
concurso de oposición y antecedentes y no podrá estar
vacant e por más de seis meses consecutivos. Las bases del LEY 20.033
concurso y el nombramiento del funcionario que desempeñe ART. 5º Nº 4
esta jefatura requerirán de la aprobación del concejo. A D.O. 01.07.2005
dicho cargo podrán postular personas que estén en
posesión de un título profesional o técnico acorde con la
función. El jefe de esta unidad sólo podrá ser removido
en virtud de las causales de cese de funciones aplicables a
los funcionarios municipales, previa instrucción del
respectivo sumario. En el caso de incumplimiento de sus
funciones, y especialmente la obligación señalada en el
inciso primero del artículo 81, el sumario será instruido
por la Contraloría General de la República, a solicitud
del concejo.
29
Artículo 30.- Existirá un administrador municipal en
todas aquellas comunas donde lo decida el concejo a
proposición del alcalde. Para desempeñar este cargo se
requerirá estar en posesión de un título profesional.
Será designado por el alcalde y podrá ser removido por
éste o por acuerdo de los dos tercios de los concejales en
ejercicio, sin perjuicio que rijan además a su respecto las
causales de cesación de funciones aplicables al personal
municipal.
El administrador municipal será el colaborador directo
del alcalde en las tareas de coordinación y gestión
permanente del municipio, y en la elaboración y seguimiento
del plan anual de acción municipal y ejercerá las
atribuciones que señale el reglamento municipal y las que
le delegue el alcalde, siempre que estén vinculadas con la
naturaleza de su cargo.
En los municipios donde no esté provisto el cargo de
administrador municipal, sus funciones serán asumidas por
la dirección o jefatura que determine el alcalde.
El cargo de administrador municipal será incompatible
con todo otro empleo, función o comisión en la
Administración del Estado.
30
Artículo 31.- La organización interna de la
municipalidad, así como las funciones específicas que se
asignen a las unidades respectivas, su coordinación o
subdivisión, deberán ser reguladas mediante un reglamento
municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo
conforme lo dispone la letra k) del artículo 65.
Asimismo, en este reglamento, las municipalidades
podrán crear unidades que estimen necesarias para su
funcionamiento, pudiendo asignarle funciones de las unidades
designadas en los artículos 21, 22, 23, 25 y 27 de esta
ley, las cuales, en dicho caso, no serán ejercidas por
aquellas mientras sean asignadas a la nueva unidad.
Para la creación de dichas unidades será necesario
contar con el debido financiamiento municipal y con un
informe fundado que justifique su necesidad y acredite su
debido financiamiento, elaborado por las unidades de
Administración Municipal, la Dirección de Administración
y Finanzas y la Secretaría Comunal de Planificación. En
este caso, el reglamento deberá ser aprobado por los dos
tercios de los concejales en ejercicio, debiendo mediar un
plazo de, a lo menos, quince días hábiles entre el
conocimiento de éste y su aprobación.
La destinación de un funcionario a una nueva unidad
deberá considerar su experiencia laboral, su formación
técnica y profesional en relación a la nueva unidad, y no
podrá significar detrimento en su grado ni en sus
remuneraciones.
31
Párrafo 5º
Régimen de bienes
Párrafo 5º Régimen de bienes
Artículo 32.- Los bienes municipales destinados al
funcionamiento de sus servicios y los dineros depositados a
plazo o en cuenta corriente, serán inembargables.
La ejecución de toda sentencia que condene a una
municipalidad se efectuará mediante la dictación de un
decreto alcaldicio. Con todo, tratándose de resoluciones
recaídas en juicios que ordenen el pago de deudas por parte
de una municipalidad o corporación municipal, y
correspondiere aplicar la medida de arresto prevista en el
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, ésta
sólo procederá respecto del alcalde en cuyo ejercicio se
hubiere contraído la deuda que dio origen al juicio.
32
Artículo 33.- La adquisición del dominio de los
bienes raíces se sujetará a las normas del derecho común.
Sin embargo, para los efectos de dar cumplimiento a las
normas del plan regulador comunal, las municipalidades
estarán facultadas para adquirir bienes raíces por
expropiación, los que se declaran de utilidad pública.
Asimismo, decláranse de utilidad pública los inmuebles
destinados a vías locales y de servicios y a plazas que
hayan sido definidos como tales por el Concejo Municipal a
propuesta del alcalde, siempre que se haya efectuado la
provisión de fondos necesarios para proceder a su inmediata
expropiación.
33
Artículo 34.- Los bienes inmuebles municipales sólo
podrán ser enajenados, gravados o arrendados en caso de
necesidad o utilidad manifiesta.
El procedimiento que se seguirá para la enajenación
será el remate o la licitación públicos. El valor mínimo
para el remate o licitación será el avalúo fiscal, el
cual sólo podrá ser rebajado con acuerdo del concejo.
34
Artículo 35.- La disposición de los bienes muebles
dados de baja se efectuará de conformidad a la ley sobre la
economía circular en la adquisición de bienes y servicios
de los organismos del Estado.
35
Artículo 36.- Los bienes municipales o nacionales de
uso público, incluido su subsuelo, que administre la
municipalidad, podrán ser objeto de concesiones y permisos.
Los permisos serán esencialmente precarios y podrán
ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a
indemnización.
Las concesiones darán derecho al uso preferente del
bien concedido en las condiciones que fije la municipalidad.
Sin embargo, ésta podrá darles término en cualquier
momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave
al uso común o cuando concurran otras razones de interés
público.
El concesionario tendrá derecho a indemnización en
caso de término anticipado de la concesión, salvo que
éste se haya producido por incumplimiento de las
obligaciones de aquél.
36
Artículo 37.- Las concesiones para construir y
explotar el subsuelo se otorgarán previa licitación
pública y serán transferibles, asumiendo el adquirente
todos los derechos y obligaciones que deriven del contrato
de concesión.
La transferencia deberá ser aprobada por la
municipalidad respectiva en los términos consignados en la
letra j) del artículo 65 de esta ley, dentro de los 30
días siguientes a la recepción de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que la municipalidad se
pronuncie, la transferencia se considerará aprobada, hecho
que certificará el secretario municipal.
El adquirente deberá reunir todos los requisitos y
condiciones exigidos al primer concesionario, circunstancia
que será calificada por la municipalidad al examinar la
aprobación a que se refiere el inciso anterior.
La municipalidad sólo podrá rechazar la transferencia
por no concurrir en el adquirente los citados requisitos y
condiciones.
Las aguas, sustancias minerales, materiales u objetos
que aparecieren como consecuencia de la ejecución de las
obras, no se entenderán incluidos en la concesión, y su
utilización por el concesionario se regirá por las normas
que les sean aplicables.
En forma previa a la iniciación de las obras el
concesionario deberá someter el proyecto al sistema de
evaluación de impacto ambiental, regulado en la Ley Nº
19.300, sobre Bases del Medio Ambiente.
El concesionario podrá dar en garantía la concesión
y sus bienes propios destinados a la explotación de ésta.
Los Conservadores de Bienes Raíces llevarán un
registro especial en que se inscribirán y anotarán estas
concesiones, sus transferencias y las garantías a que se
refiere el inciso anterior.
La concesión sólo se extinguirá por las siguientes
causales:
1.- Cumplimiento del plazo por el que se otorgó;
2.- Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas al
concesionario, y
3.- Mutuo acuerdo entre la municipalidad y el
concesionario.
37
Artículo 38.- Las personas que contraigan obligaciones
contractuales con la municipalidad por una suma no inferior
a dos unidades tributarias mensuales, deberán rendir
caución.
38
Artículo 39.- El alcalde tendrá derecho al uso de
vehículo municipal para el desempeño de las actividades
propias de su cargo, sin que sean aplicables a su respecto
las restricciones que establecen las normas vigentes en
cuanto a su circulación y a la obligación de llevar disco
distintivo.
39
Artículo 39 bis.- Podrán destinarse provisionalmente
a las municipalidades, para satisfacer las necesidades de la
comunidad local, los inmuebles que se encuentren en la
comuna y hayan sido incautados por delitos a los que se
refiere la ley Nº 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366,
que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 40 de dicho cuerpo legal.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el
Ministerio Público deberá informar trimestralmente a las
municipalidades sobre los inmuebles incautados en la comuna.
A su vez, las municipalidades señalarán al Ministerio
Público los inmuebles cuya destinación provisional
pretendan que éste solicite al juez de garantía, así como
los fines a los cuales dichos bienes serían destinados.
Para ello, el alcalde requerirá el acuerdo del concejo, y
deberá certificarse que existen recursos suficientes para
hacerse cargo de los costos de conservación, los que se
financiarán con cargo al presupuesto de la municipalidad
requirente.
Una vez decretado el comiso de un bien inmueble que le
haya sido destinado provisionalmente, la municipalidad
podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido
su dominio para satisfacer las necesidades de la comunidad
local, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 46 de la ley Nº 20.000.
Mientras dure la destinación provisional y hasta tres
años después de la transferencia del inmueble de que se
trate, la municipalidad deberá informar trimestralmente a
la Contraloría General de la República los inmuebles que
en virtud de lo dispuesto en este artículo le hayan sido
destinados provisionalmente o transferidos, la finalidad
para la cual se destinaron o transfirieron y el uso que se
les ha dado, con el objeto de que esta última pueda ejercer
su labor de fiscalización.
39 bis
Párrafo 6º
Personal
Párrafo 6º Personal
Artículo 40.- El Estatuto Administrativo de los
Funcionarios Municipales regulará la carrera funcionaria y
considerará especialmente el ingreso, los deberes y
derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación
de funciones, en conformidad con las bases que se establecen
en los artículos siguientes.
Para los efectos anteriores, se entenderá que son
funcionarios municipales el alcalde, las demás personas que
integren la planta de personal de las municipalidades y los
personales a contrata que se consideren en la dotación de
las mismas, fijadas anualmente en el presupuesto municipal.
No obstante, al alcalde sólo le serán aplicables las
normas relativas a los deberes y derechos y la
responsabilidad administrativa. Asimismo, al alcalde y a los
concejales les serán aplicables las normas sobre probidad
administrativa establecidas en la Ley N° 18.575.
40
Artículo 41.- El ingreso en calidad de titular se
hará por concurso público y la selección de los
postulantes se efectuará mediante procedimientos técnicos,
imparciales e idóneos que aseguren una apreciación
objetiva de sus aptitudes y méritos.
41
Artículo 42.- El personal estará sometido a un
sistema de carrera que proteja la dignidad de la función
municipal y que guarde conformidad con su carácter
técnico, profesional y jerarquizado. Le serán aplicables
las normas sobre probidad administrativa establecidas por el
título III de la Ley N° 18.575, para el personal de la
Administración Pública.
La carrera funcionaria se fundará en el mérito, la
antigüedad y la idoneidad de los funcionarios de planta,
para cuyo efecto existirán procesos de calificación
objetivos e imparciales.
Las promociones podrán efectuarse, según lo disponga
el estatuto, mediante ascenso en el respectivo escalafón o,
excepcionalmente, por concurso, aplicándose en este último
caso las reglas previstas en el artículo anterior.
42
Artículo 43.- El personal gozará de estabilidad en el
empleo y sólo podrá cesar en él por renuncia voluntaria
debidamente aceptada; por jubilación, o por otra causal
legal basada en su desempeño deficiente, en el
incumplimiento de sus obligaciones, en la pérdida de
requisitos para ejercer la función, en el término del
período legal o en la supresión del empleo. Lo anterior es
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47.
El desempeño deficiente y el incumplimiento de
obligaciones deberá acreditarse en las calificaciones
correspondientes o mediante investigación o sumario
administrativo.
Los funcionarios municipales sólo podrán ser
destinados a funciones propias del empleo para el cual han
sido designados.
Los funcionarios municipales podrán ser designados en
comisiones de servicio para el desempeño de funciones
ajenas al cargo, en la misma municipalidad. Las comisiones
de servicio serán esencialmente transitorias y no podrán
significar el desempeño de funciones de inferior jerarquía
a las del cargo, o ajenas a los conocimientos que éste
requiere o a la municipalidad.
43
Artículo 44.- Dos o más municipalidades podrán
convenir que un mismo funcionario ejerza, simultáneamente,
labores análogas en todas ellas. El referido convenio
requerirá el acuerdo de los respectivos concejos y la
conformidad del funcionario.
El Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales regulará la situación prevista en el inciso
anterior.
44
Artículo 45.- Para los efectos de la calificación del
desempeño de los funcionarios municipales, se establecerá
un procedimiento de carácter general, que asegure su
objetividad e imparcialidad. Además, se llevará una hoja
de vida por cada funcionario, en la cual se anotarán sus
méritos y deficiencias.
La calificación se considerará para el ascenso,
cesación en el empleo y para los estímulos al funcionario,
en la forma que establezca la ley.
45
Artículo 46.- La capacitación y el perfeccionamiento
en el desempeño de la función municipal se realizarán
mediante un sistema que propenda a estos fines a través de
programas.
Estas actividades podrán llevarse a cabo mediante
convenios con instituciones públicas o privadas. El
Ministerio de Vivienda y Urbanismo informará los programas
de formación y capacitación en planificación urbana y
materias afines y su respectiva certificación disponibles
para cada año calendario.
La ley podrá exigir como requisito de promoción o
ascenso el haber cumplido determinadas actividades de
capacitación o perfeccionamiento. La destinación a los
cursos de capacitación y perfeccionamiento se efectuará
por orden de escalafón o por concurso, según lo determine
la ley.
Podrán otorgarse becas a los funcionarios municipales
para seguir cursos relacionados con su capacitación y
perfeccionamiento.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informará y
ofrecerá anualmente programas de capacitación en
planificación territorial y materias afines al personal
profesional y técnico de las secretarías comunales de
planificación de los municipios vulnerables, tanto del
sector urbano como rural, que forman parte del Fondo de
Equidad Territorial que creó la ley N° 21.591, sobre
Royalty a la Minería.
46
Artículo 47.- Tendrán la calidad de funcionarios de
exclusiva confianza del alcalde, las personas que sean
designadas como titulares en los cargos de secretario
comunal de planificación, y en aquellos que impliquen
dirigir las unidades de asesoría jurídica, de salud y
educación y demás incorporados a su gestión, y de
desarrollo comunitario.
47
Artículo 48.- En el sistema legal de remuneración de
las municipalidades se procurará aplicar el principio de
que a funciones análogas, que importen responsabilidades
semejantes y se ejerzan en condiciones similares, se les
asignen iguales retribuciones y demás beneficios
económicos.
48
Artículo 49.- La municipalidad velará permanentemente
por la carrera funcionaria y el cumplimiento de las normas y
principios de carácter técnico y profesional establecidos
en este párrafo, y asegurará tanto la igualdad de
oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el
perfeccionamiento de sus integrantes.
49
Artículo 49 bis.- Los alcaldes, a través de un
reglamento municipal, podrán fijar o modificar las plantas
del personal de las municipalidades, estableciendo el
número de cargos para cada planta y fijar sus grados, de
conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, del
Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y publicado
el año 1981.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el
reglamento que se dicte ejerciendo la potestad reconocida en
el inciso anterior estará sometido al trámite de toma de
razón ante la Contraloría General de la República y se
publicará en el Diario Oficial.
Para el ejercicio de esta facultad se deberán
considerar los siguientes límites y requisitos:
1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha
del reglamento respectivo.
2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la
disponibilidad presupuestaria y su proyección deberán
considerar los ingresos propios y el gasto en personal de
los tres años precedentes al proceso de fijación o
modificación de las plantas; todo lo cual deberá ser
certificado previamente por los jefes de las unidades de
administración y finanzas y control de la municipalidad
respectiva.
3. Disponer de escalafón de mérito del personal
actualizado, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y
50 de la ley N° 18.883.
4. En caso que se incremente el número total de cargos
en la planta de personal, a lo menos un 75% (setenta y cinco
por ciento) de los nuevos cargos que se creen deberán
requerir título profesional o técnico.
5. Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones
de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en
la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración
de la planta de personal. Para tal efecto, se deberá
constituir un comité bipartito, integrado paritariamente
por representantes del alcalde y de las asociaciones de
funcionarios existentes en la municipalidad.
Su opinión deberá ser presentada al concejo municipal
en ejercicio con anterioridad a la readecuación de la
planta y no será vinculante.
En las municipalidades donde no existan asociaciones de
funcionarios, o éstas no se encuentren vigentes,
representarán a los funcionarios aquellos que sean elegidos
en votación secreta efectuada para tal efecto, debiendo
representar a distintos estamentos.
6. Los alcaldes deberán presentar la propuesta de
planta de personal y del reglamento que la contenga al
concejo municipal, la que deberá ser aprobada por los dos
tercios de sus integrantes en ejercicio.
7. El concejo municipal no podrá aumentar el número
de cargos ni modificar los grados que contenga la
proposición y sólo podrá reducir o rechazar la
proposición de planta.
8. La municipalidad deberá remitir copia del
reglamento que determine la planta respectiva y sus
antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su
dictación.
9. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5°
de la ley N° 15.231, en el artículo 7° de la ley N°
19.602 y en el artículo 16 de esta ley, en lo atingente a
la posición de los cargos que allí se indican.
En caso que la fijación de la nueva planta haya
considerado una proyección de ingresos y gastos para la
municipalidad determinada con negligencia inexcusable, se
entenderá que se configurará causal de notable abandono de
deberes, tanto de parte del alcalde como del o de los
concejales que hayan participado de tal decisión. Para
dichos efectos se procederá según lo dispuesto en la letra
c) del artículo 60, en la letra f) del artículo 76 y en el
artículo 77.
El o los concejales que hubieren votado por rechazar la
propuesta de planta podrán recurrir al Tribunal Electoral
Regional para solicitar que declare el notable abandono de
deberes, según lo dispuesto en el inciso anterior, dentro
del plazo de treinta días hábiles contado desde la
aprobación de la planta por parte del concejo municipal.
Con todo, el alcalde deberá remitir a la Contraloría
General de la República el reglamento a que se refiere el
inciso primero de este artículo, una vez transcurrido el
plazo precedentemente señalado, sin que se haya interpuesto
la acción que establece el inciso anterior o una vez que el
Tribunal Electoral Regional haya rechazado la acción. Lo
dispuesto en este inciso será certificado por el Secretario
del Tribunal Electoral Regional.
49 BIS
Artículo 49 ter.- Para los procesos de encasillamiento
del personal que se originen en la fijación o modificación
de plantas de personal de conformidad al procedimiento
dispuesto en el artículo precedente, se seguirán las
normas siguientes:
a) Los funcionarios de las plantas de directivos,
profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y
auxiliares se encasillarán en cargos de igual grado al que
tenían a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden
del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no
existieren los grados que tenían los funcionarios, por
haber variado los grados de ingreso a ellas, éstos se
encasillarán en el último grado que se consulte en la
nueva planta.
En el ejercicio de esta facultad, los alcaldes podrán
encasillar de acuerdo al escalafón de mérito, a los
funcionarios titulares en una planta distinta a la que
éstos pertenecen en la medida que hayan quedado vacantes
luego de la provisión indicada en el párrafo anterior,
siempre que se cumplan los requisitos propios del cargo y,
además, los siguientes:
i.- Que el funcionario, a lo menos tres años antes,
esté realizando las funciones propias del estamento de la
planta en que se encasilla.
ii.- Que el funcionario acepte previamente, por
escrito, el traspaso.
b) Una vez encasillado el personal de la letra a)
precedente en los cargos que queden vacantes, se
encasillará a los funcionarios a contrata asimilados a las
referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de
diciembre del año anterior al del inicio del plazo para
ejercer la facultad de dictación del reglamento que fija o
modifica la planta de personal.
Los funcionarios a contrata señalados en el párrafo
anterior sólo podrán ser encasillados siempre que tengan,
a lo menos, cinco años de servicios continuos en la
respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento,
cumplan con los requisitos generales y específicos del
cargo correspondiente, y se encuentren calificados en lista
N° 1, de distinción, o lista N° 2, buena.
El nombramiento deberá realizarse en un cargo vacante
que corresponda a la misma planta y grado al cual se
encontraban asimilados. Con todo, aquellos funcionarios que
hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio
en los últimos treinta y seis meses anteriores al
encasillamiento sólo podrán ser encasillados en el grado
que tenían con anterioridad a dicho mejoramiento.
En caso que existan más funcionarios a contrata que
cargos vacantes, la provisión de éstos se efectuará, en
primer término, de acuerdo al resultado de la última
calificación obtenida y, en caso de empate, conforme a la
antigüedad de servicio en la respectiva municipalidad y, en
el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el alcalde.
c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los
cargos que queden vacantes se proveerán con los
funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo
a los artículos 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.883. Si
después de este procedimiento quedaren aún cargos
vacantes, éstos se proveerán en conformidad a lo estatuido
en el Párrafo I del Título II de la citada ley.
d) Lo dispuesto en este artículo quedará sujeto a las
siguientes restricciones, respecto del personal al que
afecte:
i.- El encasillamiento no podrá tener como
consecuencia, ni podrá ser considerado como causal de
término de servicios, cesación de funciones o término de
la relación laboral del personal.
ii.- No podrá significar pérdida del empleo,
disminución de sus remuneraciones, excepto en el caso
contemplado en el párrafo tercero del literal b), ni
modificación de derechos previsionales.
iii.- Cualquier diferencia de remuneraciones deberá
ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá
por los futuros mejoramientos de remuneraciones que
correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del
sector público. Dicha planilla mantendrá la misma
imponibilidad que aquella de las remuneraciones que
compensa. Además, a la planilla suplementaria se le
aplicará el reajuste general antes indicado.
iv.- Los funcionarios encasillados conservarán la
asignación de antigüedad que tengan reconocida, como
también el tiempo computable para dicho reconocimiento.
49 TER
Artículo 49 quáter.- La facultad conferida en el
artículo 49 bis podrá ejercerse cada ocho años, y dentro
de los dos años siguientes a contar del cumplimiento de
dicho período, siempre que se cumplan los requisitos y
límites que establece esta ley.
En caso de corresponder hacer uso de la citada facultad
en un año en el que se realicen elecciones municipales,
dicho derecho podrá ejercerse sólo durante el año
siguiente a éstas.
El reglamento municipal que modifique o fije la nueva
planta entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial.
La facultad establecida en el artículo 49 ter deberá
ejercerse dentro de los ciento ochenta días siguientes a la
entrada en vigencia del reglamento municipal que modifique o
fije la planta respectiva. En el caso que procediere la
realización de concursos públicos, éstos deberán
efectuarse en el plazo de un año contado desde la citada
fecha.
49 QUÁTER
Artículo 49 quinquies.- Para todos los efectos
legales, la participación de los funcionarios municipales
en la determinación de la planta municipal no se entenderá
como una vulneración al número 6 del artículo 62 de la
ley N° 18.575 y al número 1 del artículo 12 de la ley N°
19.880.
49 QUINQUIES
Párrafo 7º
Fiscalización
Párrafo 7º Fiscalización
Artículo 50.- Las municipalidades se regirán por las
normas sobre administración financiera del Estado.
50
Artículo 51.- Las municipalidades serán fiscalizadas
por la Contraloría General de la República, de acuerdo con
su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las
facultades generales de fiscalización interna que
correspondan al alcalde, al concejo y a las unidades
municipales dentro del ámbito de su competencia.
Si en el ejercicio de tales facultades la Contraloría
General de la República determina la existencia de actos u
omisiones de carácter ilegal podrá instruir el
correspondiente procedimiento disciplinario, según lo
dispuesto en el artículo 133 bis y siguientes de la ley Nº
10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General de la República.
Si como consecuencia de la investigación practicada,
la que deberá respetar las reglas del debido proceso, dicho
órgano considerase que se encuentra acreditada la
responsabilidad administrativa del alcalde, deberá remitir
los antecedentes al concejo municipal, para efectos de lo
dispuesto en la letra c) del artículo 60.
51
Artículo 51 bis.- El plazo para hacer efectiva la
responsabilidad de los alcaldes y concejales, por acciones u
omisiones que afecten la probidad administrativa o que
impliquen un notable abandono de deberes, se contará desde
la fecha de la correspondiente acción u omisión.
Con todo, podrá incoarse dicho procedimiento, dentro
de los seis meses posteriores al término de su período
edilicio, en contra del alcalde o concejal que ya hubiere
cesado en su cargo, para el solo efecto de aplicar la causal
de inhabilidad dispuesta en el inciso octavo del artículo
60 y en el inciso segundo del artículo 77.
51 BIS
Artículo 52.- En el ejercicio de sus funciones de
control de la legalidad, la Contraloría General de la
República podrá emitir dictámenes jurídicos sobre todas
las materias sujetas a su control.
52
Artículo 53.- Las resoluciones que dicten las
municipalidades estarán exentas del trámite de toma de
razón, pero deberán registrarse en la Contraloría General
de la República cuando afecten a funcionarios municipales.
Para tal objeto, la Contraloría deberá llevar un
registro del personal municipal en la forma y condiciones en
que lo hace para el resto del sector público, debiendo las
municipalidades remitir los antecedentes que aquélla
solicite.
53
Artículo 54.- La Contraloría General de la República
podrá constituir en cuentadante y hacer efectiva la
responsabilidad consiguiente, a cualquier funcionario
municipal que haya causado un detrimento al patrimonio
municipal.
Para los efectos de determinar la responsabilidad de
los funcionarios municipales, la Contraloría podrá fijar,
según el grado de intervención que les haya cabido en el
hecho, la proporción en que deban concurrir al pago de las
obligaciones o aplicar las normas relativas a la
responsabilidad solidaria.
54
Artículo 55.- Los informes que emita la Contraloría
serán puestos en conocimiento del respectivo concejo.
Serán también puestos en conocimiento del concejo,
con la periodicidad que determine el reglamento establecido
en el artículo 92, la nómina de todas aquellas solicitudes
de información pública recibidas, así como las
respectivas respuestas entregadas por la municipalidad, que
se realicen en el marco de lo dispuesto por la ley Nº
20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
55
TITULO II
DEL ALCALDE
TITULO II DEL ALCALDE
Párrafo 1º
Disposiciones generales
Párrafo 1º Disposiciones generales
Artículo 56.- El alcalde es la máxima autoridad de la
municipalidad y en tal calidad le corresponderá su
dirección y administración superior y la supervigilancia
de su funcionamiento.
En la condición antedicha, el alcalde deberá
presentar, oportunamente y en forma fundada, a la
aprobación del concejo, el plan comunal de desarrollo, el
plan comunal de seguridad pública, el presupuesto
municipal, el plan regulador, las políticas de la unidad de
servicios de salud y educación y demás incorporados a su
gestión, y las políticas y normas generales sobre
licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos.
Además, deberá presentar para aprobación del concejo la
política de recursos humanos, la cual deberá contemplar, a
lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección;
promoción y capacitación, y egreso. En este proceso los
alcaldes podrán considerar la opinión de un comité
bipartito conformado en los términos del número 5 del
artículo 49 bis. Dicha política podrá incluir también
diversos planes piloto relacionados con el recurso humano, a
fin de permitir un mejor desempeño laboral.
56
Artículo 57.- El alcalde será elegido por sufragio
universal, en votación conjunta y cédula separada de la de
concejales, en conformidad con lo establecido en esta ley.
Su mandato durará cuatro años y podrá ser reelegido.
Para ser candidato a alcalde se deberá acreditar haber
cursado la enseñanza media o su equivalente y cumplir con
los demás requisitos señalados en el artículo 73 de la
presente ley.
57
Artículo 58.- El alcalde asumirá sus funciones de
acuerdo a lo previsto en el artículo 83.
El alcalde que sea reelegido será responsable por las
acciones y omisiones imputables del período alcaldicio
inmediatamente precedente, que afecten la probidad
administrativa o impliquen un notable abandono de deberes,
sin perjuicio de que se aplique, a su respecto, lo previsto
en el artículo 51 bis.
58
Artículo 59.- El cargo de alcalde será incompatible
con el ejercicio de cualquier otro empleo o función
pública retribuido con fondos estatales, con excepción de
los empleos o funciones docentes de educación básica,
media o superior, hasta el límite de doce horas semanales.
Los funcionarios regidos por la Ley Nº 18.834, sobre
Estatuto Administrativo, los funcionarios regidos por la Ley
Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los
Funcionarios Municipales y los profesionales de la
educación regidos por la Ley Nº 19.070, sobre Estatuto
Docente, así como el personal no docente de la educación
municipal y el regido por la Ley Nº 19.378, que fueren
elegidos alcaldes en conformidad con las disposiciones de
esta ley, tendrán derecho a que se les conceda permiso sin
goce de remuneraciones respecto de los cargos que estuvieren
sirviendo en calidad de titulares, por todo el tiempo que
comprenda su desempeño alcaldicio. Lo dispuesto en este
inciso no será aplicable a las personas que se desempeñen
en cargos de exclusiva confianza.
Incurrirán en inhabilidad sobreviniente, para
desempeñar el cargo de alcalde, las personas que, por sí o
como representantes de otra persona natural o jurídica,
celebren contratos u otorguen cauciones en favor de la
municipalidad respectiva o tengan litigios pendientes con
ésta, en calidad de demandantes, durante el desempeño de
su mandato.
59
Artículo 60.- El alcalde cesará en su cargo en los
siguientes casos:
a) Pérdida de la calidad de ciudadano;
b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente;
c) Remoción por impedimento grave, por contravención de
igual carácter a las normas sobre probidad administrativa,
o notable abandono de sus deberes; y
d) Renuncia por motivos justificados, aceptada por los dos
tercios de los miembros en ejercicio del concejo. Con todo,
la renuncia que fuere motivada por la postulación a otro
cargo de elección popular no requerirá de acuerdo alguno.
La causal establecida en la letra a) será declarada
por el tribunal electoral regional respectivo, una vez
verificada la existencia de alguna de las circunstancias que
contempla el artículo 17 de la Constitución Política de
la República. Se otorgará acción pública para sustanciar
este procedimiento.
La causal establecida en la letra b) será declarada
por el mismo tribunal, a requerimiento de a lo menos dos
concejales de la correspondiente municipalidad. El alcalde
que estime estar afectado por alguna causal de inhabilidad
deberá darla a conocer al concejo tan pronto tenga
conocimiento de su existencia.
La causal establecida en la letra c) será declarada
por el tribunal electoral regional respectivo, a
requerimiento de, a lo menos, un tercio de los concejales en
ejercicio, o por un concejal o concejala cuando el alcalde o
la alcaldesa haya sido el denunciado o denunciada y se haya
verificado en procedimiento de sumario administrativo
instruido por la Contraloría General de la República, la
concurrencia de las prohibiciones establecidas en el
artículo 82 letras l) y m) de la Ley N°18.883, en
relación al artículo 126 del mismo cuerpo legal, caso en
el cual se entenderá contravención de carácter grave a
las normas sobre probidad administrativa, observándose el
procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes
de la ley Nº 18.593, de los Tribunales Electorales
Regionales, para lo cual no se requerirá patrocinio de
abogado.
En el requerimiento, los concejales podrán pedir al
tribunal electoral regional respectivo la cesación en el
cargo o, en subsidio, la aplicación de alguna de las
medidas disciplinarias dispuestas en las letras a), b) y c)
del artículo 120 de la ley Nº 18.883, que aprueba el
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
El tribunal electoral regional competente adoptará las
medidas necesarias para acumular los respectivos
antecedentes, a fin de evitar un doble pronunciamiento sobre
una misma materia.
El mismo procedimiento descrito en los incisos
anteriores se utilizará cuando el Tribunal Electoral
Regional estime que uno o más concejales han incurrido en
una contravención grave de las normas sobre probidad
administrativa o en notable abandono de deberes, lo cual se
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77 de
esta ley.
Con todo, la cesación en el cargo de alcalde,
tratándose de las causales contempladas en las letras a),
b) y c), operará sólo una vez ejecutoriada la resolución
que declare su existencia. Sin perjuicio de ello, en el caso
de notable abandono de deberes o contravención grave a las
normas sobre probidad administrativa, el alcalde quedará
suspendido en el cargo tan pronto le sea notificada la
sentencia de primera instancia que acoja el requerimiento.
En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 62. En el evento de quedar a firme dicha
resolución, el afectado estará inhabilitado para ejercer
cualquier cargo público por el término de cinco años.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51, se
considerará que existe notable abandono de deberes cuando
el alcalde o concejal transgrediere, inexcusablemente y de
manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le
imponen la Constitución y las demás normas que regulan el
funcionamiento municipal; así como en aquellos casos en que
una acción u omisión, que le sea imputable, cause grave
detrimento al patrimonio de la municipalidad y afecte
gravemente la actividad municipal destinada a dar
satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad
local. Se entenderá, asimismo, que se configura un notable
abandono de deberes cuando el alcalde, en forma reiterada,
no pague íntegra y oportunamente las cotizaciones
previsionales correspondientes a sus funcionarios o a
trabajadores de los servicios traspasados en virtud de lo
dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, de
1979, del Ministerio del Interior, y de aquellos servicios
incorporados a la gestión municipal. El alcalde siempre
deberá velar por el cabal y oportuno pago de las
cotizaciones previsionales de los funcionarios y
trabajadores señalados precedentemente, y trimestralmente
deberá rendir cuenta al concejo municipal del estado en que
se encuentra el cumplimiento de dicha obligación.
Con todo, cuando un alcalde pagare deudas previsionales
originadas en un período alcaldicio anterior en el que no
haya ejercido funciones como titular de ese cargo, él y los
demás funcionarios que intervinieren en el pago estarán
exentos de responsabilidad civil por las multas e intereses
que dichas deudas hubieren ocasionado.
60
Artículo 61.- El alcalde o concejal cuyo derecho a
sufragio se suspenda por alguna de las causales previstas en
el artículo 16 de la Constitución Política de la
República, se entenderá temporalmente incapacitado para el
desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado, mientras
dure su incapacidad, de conformidad a lo establecido en los
artículos 62 y 78.
61
Artículo 62.- El alcalde, en caso de ausencia o
impedimento no superior a cuarenta y cinco días, será
subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio
que le siga en orden de jerarquía dentro de la
municipalidad, con exclusión del juez de policía local.
Sin embargo, previa consulta al concejo, el alcalde podrá
designar como subrogante a un funcionario que no corresponda
a dicho orden. No obstante, si la ausencia o impedimento
obedeciere a razones médicas o de salud que imposibiliten
temporalmente el ejercicio del cargo, la subrogancia se
extenderá hasta 130 días.
La subrogación comprenderá, también, la
representación judicial y extrajudicial de la municipalidad
y el derecho a asistir a sus sesiones sólo con derecho a
voz, con excepción de la representación protocolar.
Mientras proceda la subrogancia, la presidencia del concejo
la ejercerá el concejal presente que haya obtenido mayor
votación ciudadana en la elección municipal respectiva,
salvo cuando se verifique lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 107. El concejal que presida durante la
subrogancia, además, representará protocolarmente a la
municipalidad, y convocará al concejo.
Cuando el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad
temporal superior a cuarenta y cinco días, salvo en la
situación prevista en la oración final del inciso primero,
el concejo designará de entre sus miembros a un alcalde
suplente, en sesión especialmente convocada al efecto, de
conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente.
En caso de vacancia del cargo de alcalde, el concejo
procederá a elegir un nuevo alcalde, que complete el
período, de entre sus propios miembros y por mayoría
absoluta de los concejales en ejercicio, en sesión
especialmente convocada al efecto. De no reunir ninguno de
ellos dicha mayoría, se repetirá la votación,
circunscrita sólo a los dos concejales que hubieren
obtenido las dos mayorías relativas. En caso de no lograrse
nuevamente la mayoría absoluta en esta segunda votación, o
produciéndose empate, será considerado alcalde aquél de
los dos concejales que hubiere obtenido mayor número de
preferencias ciudadanas en la elección municipal
respectiva. El mismo mecanismo de las preferencias
ciudadanas se aplicará también para resolver los empates
en la determinación de las mayorías relativas en la
primera votación.
La elección se efectuará en una única sesión
extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días
siguientes a la fecha en que se hubiere producido la
vacante. El secretario municipal citará al efecto al
concejo con tres días de anticipación a lo menos. El nuevo
alcalde así elegido permanecerá en el cargo por el tiempo
que faltare para completar el respectivo período, pudiendo
ser reelegido. Mientras no sea elegido nuevo alcalde,
regirá lo dispuesto en el inciso primero.
En caso que dicha sesión no pudiere realizarse en la
fecha convocada, el secretario municipal citará a una
nueva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días
siguientes a la fracasada, en idénticas condiciones que
esta.
Si la segunda sesión nuevamente no pudiere realizarse,
en la fecha convocada, el secretario municipal citará a una
nueva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días
siguientes a la anterior. Esta nueva sesión extraordinaria,
destinada a elegir alcalde, se celebrará con el o los
concejales que asistan y resultará elegido alcalde aquel
concejal que obtenga la mayor cantidad de votos. En caso de
empate, será considerado alcalde aquel de los concejales
igualados que hubiere obtenido mayor número de sufragios en
la elección municipal respectiva.
Si la tercera sesión extraordinaria convocada tampoco
pudiere realizarse, asumirá como alcalde aquel concejal en
ejercicio que hubiere obtenido el mayor número de sufragios
en la elección municipal correspondiente.
62
Artículo 62 bis.- En caso de nulidad del acto
eleccionario de alcalde, declarada por sentencia firme o
ejecutoriada por el tribunal electoral competente, las
funciones correspondientes serán desempeñadas por el
secretario municipal, hasta la investidura del nuevo
alcalde.
62 BIS
Párrafo 2º
Atribuciones
Párrafo 2º Atribuciones
Artículo 63.- El alcalde tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la
municipalidad;
b) Proponer al concejo la organización interna de la
municipalidad;
c) Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia
de acuerdo con las normas estatutarias que los rijan;
d) Velar por la observancia del principio de la probidad
administrativa dentro del municipio y aplicar medidas
disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad
con las normas estatutarias que lo rijan;
e) Administrar los recursos financieros de la
municipalidad, de acuerdo con las normas sobre
administración financiera del Estado;
f) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso
público de la comuna que correspondan en conformidad a esta
ley;
g) Otorgar, renovar y poner término a permisos
municipales;
h) Adquirir y enajenar bienes muebles;
i) Dictar resoluciones obligatorias de carácter general o
particular;
j) Delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones
exclusivas en funcionarios de su dependencia o en los
delegados que designe, salvo las contempladas en las letras
c) y d) y la presidencia del consejo comunal de seguridad
pública. Igualmente podrá delegar la facultad para firmar,
bajo la fórmula "por orden del alcalde", sobre materias
específicas;
k) Coordinar el funcionamiento de la municipalidad con los
órganos de la Administración del Estado que corresponda;
l) Coordinar con los servicios públicos la acción de
éstos en el territorio de la comuna;
ll) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
municipalidad y de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley
Nº 18.575;
m) Convocar y presidir, con derecho a voto, el concejo;
como asimismo, convocar y presidir el consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil y el consejo comunal de
seguridad pública;
n) Someter a plebiscito las materias de administración
local, de acuerdo a lo establecido en los artículos 99 y
siguientes;
ñ) Autorizar la circulación de los vehículos
municipales fuera de los días y horas de trabajo, para el
cumplimiento de las funciones inherentes a la municipalidad,
y
o) Aprobar, observar o rechazar las solicitudes de
materializar los aportes al espacio público que contempla
la Ley General de Urbanismo y Construcciones a través de la
ejecución de estudios, proyectos, obras y medidas de
acuerdo a lo que dispone el mismo cuerpo legal.
p) Requerir de la Fiscalía del Ministerio Público y de
las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que ejerzan sus
funciones en la comuna respectiva, los datos oficiales que
éstas posean en sus sistemas de información, sobre los
delitos que hubiesen afectado a la comuna , los servicios
policiales disponibles en el territorio, así como cualquier
otro que fuere necesario para dar cumplimiento a la función
establecida en el literal j) del artículo 4.
La funcionaria o el funcionario policial de más alto
rango en la unidad policial requerida y el o la fiscal jefe
de la fiscalía local correspondiente, o en quien éstos o
éstas hayan delegado su función, deberán enviar dicha
información al alcalde o a la funcionaria o al funcionario
municipal que éste o ésta designe, a través de un medio
electrónico que habilitarán para estos efectos, dentro de
los diez días hábiles siguientes a la recepción de la
solicitud.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior,
para efectos de colaborar con la seguridad pública y la
prevención del delito, el Ministerio Público, Carabineros
de Chile y las municipalidades deberán intercambiar los
datos correspondientes a la comuna en que se encuentren,
respectivamente, en el banco de datos establecido en el
artículo 11 de la ley N° 20.931 y en el Sistema Táctico
de Operación Policial regulado en la ley N° 21.332. Lo
anterior, mediante una plataforma electrónica
interconectada, coordinada y administrada por la
Subsecretaría de Prevención del Delito, institución que
deberá mantenerla unificada y actualizada. La información
contenida en esta plataforma podrá ser consultada en todo
momento por las instituciones referidas, en el ámbito de
sus respectivas competencias.
La información a la que se refiere el presente literal
se remitirá en forma anonimizada y en ningún caso podrá
ser intercambiada, remitida ni revelada si se trata de una
materia que está sujeta a reserva de investigación de
conformidad con el artículo 182 del Código Procesal Penal.
Asimismo, le serán aplicables las demás normas especiales
que se refieran al secreto de las investigaciones penales,
las disposiciones referidas a la protección de datos
personales de la ley N° 19.628, sobre Protección de la
Vida Privada, y lo dispuesto en la ley N° 20.285, sobre
acceso a la información pública.
Con todo, la información sobre dotación policial
tendrá carácter secreto, y podrá ser conocida únicamente
por el alcalde, el director o la directora de seguridad y
las funcionarias y los funcionarios que se determine a
través de un decreto alcaldicio. La municipalidad adoptará
las medidas pertinentes para resguardar la confidencialidad
de la información.
Todo personal municipal, en su calidad de empleado
público y cualquiera sea su calidad contractual, que tenga
acceso a la información contenida en este artículo,
deberá guardar secreto de la información referida en los
incisos anteriores. El quebrantamiento de este deber
supondrá responsabilidades administrativas y penales de
conformidad con las leyes pertinentes.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Seguridad
Pública, suscrito además por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, señalará en detalle los datos
anonimizados que las instituciones participantes deberán
intercambiar, el tipo y la manera en que cada institución
podrá acceder a la información, de conformidad con sus
competencias, así como cualquier otro aspecto necesario
para el adecuado funcionamiento de la plataforma establecida
en el párrafo tercero del presente literal.
63
Artículo 64.- El alcalde consultará al concejo para
efectuar la designación de delegados a que se refiere el
artículo 68.
64
Artículo 65.- El alcalde requerirá el acuerdo del
concejo para:
a) Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto
municipal, y sus modificaciones, como asimismo los
presupuestos de salud y educación, los programas de
inversión correspondientes y las políticas de recursos
humanos, de prestación de servicios municipales y de
concesiones, permisos y licitaciones;
b) Aprobar el plan regulador comunal, el plan seccional de
remodelación, los planes seccionales y sus planos de
detalle, los planes maestros de regeneración, la propuesta
de normas urbanísticas especiales para las habilitaciones
normativas de terrenos, el plan de inversiones en
infraestructura de movilidad y espacio público y los
estudios, proyectos, obras y medidas no incluidos en éstos
que sean propuestos por los interesados conforme con el
artículo 179 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, en su caso;
c) Aprobar el plan comunal de seguridad pública y sus
actualizaciones;
d) Establecer derechos por los servicios municipales y por
los permisos y concesiones;
e) Aplicar, dentro de los marcos que indique la ley, los
tributos que graven actividades o bienes que tengan una
clara identificación local y estén destinados a obras de
desarrollo comunal;
f) Adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo
superior a cuatro años o traspasar a cualquier título, el
dominio o mera tenencia de bienes inmuebles municipales o
donar bienes muebles;
g) Expropiar bienes inmuebles para dar cumplimiento al
plan regulador comunal;
h) Otorgar subvenciones y aportes, para financiar
actividades comprendidas entre las funciones de las
municipalidades, a personas jurídicas de carácter público
o privado, sin fines de lucro, y ponerles término;
i) Transigir judicial y extrajudicialmente;
j) Suscribir los convenios de programación a que se
refieren los artículos 8º bis y 8º ter y celebrar los
convenios y contratos que involucren montos iguales o
superiores al equivalente a 500 unidades tributarias
mensuales, y que requerirán el acuerdo de la mayoría
absoluta del concejo; no obstante, aquellos que comprometan
al municipio por un plazo que exceda el período alcaldicio,
requerirán el acuerdo de los dos tercios de dicho concejo.
Asimismo, suscribir los convenios sobre aportes urbanos
reembolsables que regula la Ley General de Urbanismo y
Construcciones;
k) Otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles
término. En todo caso, las renovaciones sólo podrán
acordarse dentro de los seis meses que precedan a su
expiración, aún cuando se trate de concesiones reguladas
en leyes especiales;
l) Dictar ordenanzas municipales y el reglamento a que se
refiere el artículo 31;
m) Omitir el trámite de licitación pública en los casos
de imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente
calificadas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo
8º de esta ley;
n) Convocar, de propia iniciativa, a plebiscito comunal,
en conformidad con lo dispuesto en el Título IV;
ñ) Readscribir o destinar a otras unidades al personal
municipal que se desempeñe en la unidad de control y en los
juzgados de policía local;
o) Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de
alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el traslado de
estas patentes se practicará previa consulta a las juntas
de vecinos respectivas;
p) Fijar el horario de funcionamiento de los
establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas
existentes en la comuna, dentro de los márgenes
establecidos en el artículo 21 de la Ley sobre Expendio y
Consumo de Bebidas Alcohólicas. En la ordenanza respectiva
se podrán fijar horarios diferenciados de acuerdo a las
características y necesidades de las distintas zonas de la
correspondiente comuna o agrupación de comunas.
Estos acuerdos del concejo deberán ser fundados;
q) Otorgar patentes a las salas de cine destinadas a la
exhibición de producciones cinematográficas de contenido
pornográfico. En este caso, el acuerdo deberá adoptarse
por la mayoría simple de los miembros del concejo. El
alcalde oirá previamente a la junta de vecinos
correspondiente;
r) Otorgar la autorización a que se refiere el párrafo
segundo de la letra c) del artículo 5º, previo informe de
las direcciones o unidades de tránsito y de obras
municipales y de la unidad de Carabineros y el Cuerpo de
Bomberos de la comuna, siempre que la solicitud sea suscrita
por a lo menos el 80 por ciento de los propietarios de los
inmuebles o de sus representantes o moradores autorizados
cuyos accesos se encuentren ubicados al interior de la
calle, pasaje o conjunto habitacional urbano o rural que
será objeto de cierre. La solicitud de cierre deberá
señalar su forma de administración. La autorización
deberá ser fundada, especificar el lugar de instalación de
los dispositivos de cierre o control; las restricciones a
vehículos, peatones o a ambos, en su caso, y los horarios
en que se aplicará. La municipalidad podrá revocarla en
cualquier momento cuando así lo solicite, a lo menos, el 50
por ciento de los referidos propietarios o sus
representantes.
Con las mismas exigencias dispuestas en el párrafo
precedente, y con aquellas que se señalan a continuación,
se podrá otorgar autorización para implementar medidas de
control de acceso en calles y pasajes que tuvieren un acceso
y salida diferentes, con los siguientes requisitos:
i. El ancho de la calzada debe ser inferior a 7 metros.
ii. Podrá implementarse solamente en la entrada y
salida de calles y pasajes cuya extensión no sea superior a
una cuadra.
iii. Estarán autorizados a funcionar por un lapso no
superior a siete horas continuas, las que se deberán
indicar en la solicitud a que se refiere el párrafo primero
de este literal. Excepcionalmente, el municipio podrá
autorizar periodos de cierre que no excedan de diez horas
continuas, fundado en especiales motivos de seguridad y
siempre que no haya afectación relevante del tránsito.
La facultad señalada en los párrafos anteriores no
podrá ser ejercida en barrios o zonas declaradas patrimonio
de la humanidad o respecto de barrios, calles, pasajes o
lugares que tengan el carácter de patrimonio
arquitectónico o sirvan como acceso a ellos o a otros
calificados como monumentos nacionales.
Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública determinará las características del
cierre o de las medidas de control de acceso, según
corresponda, velando por que ellas puedan ser desactivadas
en caso de emergencia. Dicho reglamento considerará una
ordenanza municipal tipo, propuesta por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, que deberá contener
medidas para garantizar la circulación de las personas y de
los vehículos de emergencia, de utilidad pública y de
beneficio comunitario, y compatibilizar el objeto de la
autorización con el desarrollo de la actividad económica
del sector. La autorización nunca podrá comprender alguna
vía de la red vial básica. La ordenanza que se dicte sobre
la materia deberá ser sometida por el alcalde a la
aprobación del concejo.
Toda solicitud de cierre o de implementación de
medidas de control de acceso en calles y pasajes que, cumpla
con los requisitos establecidos en los párrafos
precedentes, y cuente con un ingreso o salida que acceda o
enfrente una o más vías de la red vial básica, requerirá
de un informe técnico favorable de la secretaría regional
ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectiva.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones establecerá el procedimiento para
solicitar el informe por la respectiva secretaría regional
ministerial y las condiciones para otorgarlo.
Si los organismos encargados de evacuar informes para
el establecimiento de cierres o la implementación de
medidas de control de acceso en los términos precedentes no
lo hicieren dentro de los sesenta días siguientes al
despacho de la solicitud, se entenderá que se manifiestan a
favor de ella, y
s) Aprobar todos aquellos informes que le sean requeridos
a la municipalidad en virtud de la Ley Marco Cambio
Climático.
Las materias que requieren el acuerdo del concejo
serán de iniciativa del alcalde. Sin perjuicio de lo
anterior, si el alcalde incurriere en incumplimiento
reiterado y negligente de las obligaciones señaladas en el
inciso segundo del artículo 56, podrá ser requerido por el
concejo para que presente el o los proyectos que
correspondan dentro de un tiempo prudencial. En caso de que
el alcalde persista en la omisión, su conducta podrá ser
considerada como causal de notable abandono de deberes, para
los efectos de lo previsto en la letra c) del artículo 60,
salvo en lo que se refiere a la no presentación del plan
comunal de seguridad pública, en cuyo caso los concejales
sólo podrán solicitar al Tribunal Electoral Regional la
aplicación de alguna de las medidas disciplinarias
dispuestas en las letras a), b) o c) del artículo 120 de la
ley N° 18.883. No obstante lo expresado precedentemente,
los concejales podrán someter a consideración del concejo
las materias señaladas anteriormente, siempre que éstas no
incidan en la administración financiera del municipio.
Al aprobar el presupuesto, el concejo velará porque en
él se indiquen los ingresos estimados y los montos de los
recursos suficientes para atender los gastos previstos. El
concejo no podrá aumentar el presupuesto de gastos
presentado por el alcalde, sino sólo disminuirlo, y
modificar su distribución, salvo respecto de gastos
establecidos por ley o por convenios celebrados por el
municipio. Con todo, el presupuesto deberá reflejar las
estrategias, políticas, planes, programas y metas aprobados
por el concejo a proposición del alcalde.
El presupuesto municipal incluirá los siguientes
anexos informativos:
1) Los proyectos provenientes del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, de las Inversiones Sectoriales de
Asignación Regional, del Subsidio de Agua Potable, y de
otros recursos provenientes de terceros, con sus
correspondientes presupuestos.
2) Los proyectos presentados anualmente a fondos
sectoriales, diferenciando entre aprobados, en trámite, y
los que se presentarán durante el transcurso del año,
señalándose los ingresos solicitados y gastos
considerados.
3) Los proyectos presentados a otras instituciones
nacionales o internacionales.
Los proyectos mencionados deberán ser informados al
concejo conjuntamente con la presentación del presupuesto,
sin perjuicio de informar además trimestralmente su estado
de avance y el flujo de ingresos y gastos de los mismos.
El acuerdo a que se refiere la letra b) de este
artículo deberá ser adoptado con el siguiente quórum:
a) Cuatro concejales en las comunas que cuenten con seis
concejales.
b) Cinco concejales en las comunas que cuenten con ocho.
c) Seis concejales en las comunas que cuenten con diez de
ellos.
En el caso de las contrataciones reguladas por la ley
N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestación de servicios, cuando el alcalde o
alcaldesa requiera del acuerdo del Concejo Municipal, según
los dispuesto en este artículo, las y los concejales
deberán ceñirse al principio de estricta sujeción a las
bases, dispuesto en el artículo 10 de dicha ley.
65
Artículo 66.- La regulación de los procedimientos
administrativos de contratación que realicen las
municipalidades se ajustará a la Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y sus reglamentos.
Asimismo, el procedimiento administrativo de
otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios
por las municipalidades se ajustará a las normas de la
citada ley y sus reglamentos, salvo lo establecido en los
incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 8° de la
presente ley, disposiciones que serán aplicables en todo
caso.
66
Artículo 67.- El alcalde deberá dar cuenta pública
al concejo, al consejo comunal de organizaciones de la
sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a
más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión
anual y de la marcha general de la municipalidad. Deberán
ser invitados también a esta sesión del concejo, las
principales organizaciones comunitarias y otras relevantes
de la comuna; las autoridades locales, regionales, y los
parlamentarios que representen al distrito y la
circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva.
La cuenta pública se efectuará mediante informe
escrito, el cual deberá hacer referencia a lo menos a los
siguientes contenidos:
a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado
de situación financiera, indicando la forma en que la
previsión de ingresos y gastos se ha cumplido
efectivamente, como asimismo, el detalle de los pasivos del
municipio y de las corporaciones municipales cuando
corresponda;
b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan
comunal de desarrollo, así como los estados de avance de
los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas
y los objetivos alcanzados;
c) La gestión anual del municipio respecto del plan
comunal de seguridad pública vigente, dando cuenta
especialmente del contenido y monitoreo del plan comunal de
seguridad pública;
d) La gestión anual del consejo comunal de seguridad
pública, dando cuenta especialmente del porcentaje de
asistencia de sus integrantes, entre otros;
e) Las inversiones efectuadas en relación con los
proyectos concluidos en el período y aquellos en
ejecución, señalando específicamente las fuentes de su
financiamiento;
f) Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en
que la municipalidad sea parte, las resoluciones que
respecto del municipio haya dictado el Consejo para la
Transparencia, y de las observaciones más relevantes
efectuadas por la Contraloría General de la República, en
cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la
administración municipal;
g) Los convenios celebrados con otras instituciones,
públicas o privadas, así como la constitución de
corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a
ese tipo de entidades;
h) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal;
i) Los indicadores más relevantes que den cuenta de la
gestión en los servicios de educación y salud, cuando
estos sean de administración municipal, tales como el
número de colegios y alumnos matriculados; de los
resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones
oficiales que se efectúen por el Ministerio de Educación;
de la situación previsional del personal vinculado a las
áreas de educación y salud; del grado de cumplimiento de
las metas sanitarias y de salud a nivel comunal;
j) El estado de la aplicación de la política de recursos
humanos;
k) Todo hecho relevante de la administración municipal
que deba ser conocido por la comunidad local.
l) Una relación detallada del uso, situación y
movimiento de todos y cada uno de los aportes recibidos para
la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de
movilidad y espacio público a que se refiere la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, la asignación de aportes en
dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los
fondos disponibles en la cuenta especial, la programación
de obras para el año siguiente y las medidas de mitigación
directa, estudios, proyectos, obras y medidas por concepto
de aportes al espacio público recepcionadas y garantizadas
y las incluidas en los permisos aprobados, consignando,
además, las garantías a que alude el artículo 173 de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones que obren en su
poder y la situación de los fondos obtenidos por el cobro
de garantías.
m) El estado de la planificación territorial de la
comuna, de los procesos de planificación territorial de
nivel comunal en curso y/o del estado de actualización del
respectivo instrumento, para lo que considerará los
informes de monitoreo a que se refiere la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.
Un extracto de la cuenta pública del alcalde deberá
ser difundido a la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior,
la cuenta íntegra efectuada por el alcalde deberá estar a
disposición de los ciudadanos para su consulta.
Asimismo, el alcalde deberá hacer entrega, al término
de su mandato, de un Acta de Traspaso de Gestión, la que
deberá consignar la información consolidada de su período
alcaldicio, respecto de los contenidos indicados en el
inciso segundo del presente artículo, así como de los
contratos y concesiones vigentes. Dicha Acta deberá ser
suscrita por el secretario municipal y el jefe de la unidad
de control. Sin embargo, podrán no suscribirla si no
estuviesen de acuerdo con sus contenidos, debiendo comunicar
ello al alcalde que termina su mandato. El Acta de Traspaso
de Gestión se entregará tanto al alcalde que asume como a
los nuevos concejales que se integrarán, a contar de la
sesión de instalación del concejo.
El no cumplimiento de lo establecido en este artículo
será considerado causal de notable abandono de sus deberes
por parte del alcalde.
67
Artículo 68.- El alcalde podrá designar delegados en
localidades distantes de la sede municipal o en cualquier
parte de la comuna, cuando las circunstancias así lo
justifiquen. Tal designación podrá recaer en un
funcionario de la municipalidad o en ciudadanos que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 73 y no
estén en la situación prevista por el inciso tercero del
artículo 59.
Si la designación recayere en un funcionario de la
municipalidad, éste ejercerá su cometido en comisión de
servicios; si fuere designada una persona ajena a aquélla,
podrá ser contratada a honorarios o se desempeñará ad
honórem, según se establezca en la respectiva resolución,
quedando afecta a las mismas responsabilidades de los
funcionarios municipales.
La delegación deberá ser parcial y recaer sobre
materias específicas. En la resolución espectiva el
alcalde determinará las facultades que confiere, el plazo y
el ámbito territorial de competencia del delegado.
La designación de los delegados deberá ser comunicada
por el alcalde al delegado presidencial provincial
respectivo.
68
Artículo 69.- Los alcaldes tendrán derecho a percibir
una Asignación de Dirección Superior inherente al cargo,
imponible y tributable, y que tendrá el carácter de renta
para todo efecto legal, correspondiente al 100% de la suma
del sueldo base y la asignación municipal. El gasto que
represente el pago de este beneficio se efectuará con cargo
al presupuesto de la respectiva municipalidad.
Dicha asignación será incompatible con la percepción
de cualquier emolumento, pago o beneficio económico de
origen privado o público, distinto de los que contempla el
respectivo régimen de remuneraciones, y también será
incompatible con la percepción de pagos por horas
extraordinarias. Sólo se exceptúan de la incompatibilidad
anterior, el ejercicio de los derechos que atañen
personalmente a la autoridad edilicia; la percepción de los
beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable;
los emolumentos que provengan de la administración de su
patrimonio y del desempeño de la docencia, en los términos
establecidos en el artículo 8º de la Ley Nº 19.863.
Con todo, las remuneraciones de los alcaldes y las
asignaciones asociadas a ellas, no se considerarán para
efectos de calcular el límite de gasto en personal de las
municipalidades, establecido en el artículo 1º de la Ley
Nº 18.294.
69
Artículo 70.- Los alcaldes no podrán tomar parte en
la discusión y votación de asuntos en que él o sus
parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, tengan interés.
70
TITULO III
DEL CONCEJO
TITULO III DEL CONCEJO
Artículo 71.- En cada municipalidad habrá un concejo
de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado
de hacer efectiva la participación de la comunidad local y
de ejercer las atribuciones que señala esta ley.
71
Artículo 72.- Los concejos estarán integrados por
concejales elegidos por votación directa mediante un
sistema de representación proporcional, en conformidad con
esta ley. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser
reelegidos.
Cada concejo estará compuesto por:
a) Seis concejales en las comunas o agrupaciones de
comunas de hasta setenta mil electores;
b) Ocho concejales en las comunas o agrupaciones de
comunas de más de setenta mil y hasta ciento cincuenta mil
electores, y
c) Diez concejales en las comunas o agrupaciones de
comunas de más de ciento cincuenta mil electores.
El número de concejales por elegir en cada comuna o
agrupación de comunas, en función de sus electores, será
determinado mediante resolución del Director del Servicio
Electoral. Para estos efectos, se considerará el registro
electoral vigente siete meses antes de la fecha de la
elección respectiva. La resolución del Director del
Servicio deberá ser publicada en el sitio electrónico de
ese Servicio dentro de los diez días siguientes al término
del referido plazo de siete meses, contado hacia atrás
desde la fecha de la elección.
72
Artículo 73.- Para ser elegido concejal se requiere:
a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;
b) Haber aprobado la enseñanza media o su equivalente,
considerándose también como estudios equivalentes, para
estos efectos, los acreditados mediante certificado de
cuarto medio laboral;
c) Tener residencia en la región a que pertenezca la
respectiva comuna o agrupación de comunas, según
corresponda, a lo menos durante los últimos dos años
anteriores a la elección;
d) Tener su situación militar al día, y
e) No estar afecto a alguna de las inhabilidades que
establece esta ley.
No podrá ser alcalde ni concejal el que tuviere
dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o
sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo
por un tratamiento médico.
73
Artículo 74.- No podrán ser candidatos a alcalde o a
concejal:
a) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los
secretarios regionales ministeriales, los gobernadores
regionales, los delegados presidenciales regionales, los
delegados presidenciales provinciales, los secretarios
regionales ministeriales, los consejeros regionales, los
parlamentarios, los miembros del consejo del Banco Central y
el Contralor General de la República;
b) Los miembros y funcionarios de los diferentes
escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de
la Contraloría General de la República, así como los del
Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del
Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales
electorales regionales, los consejeros del Consejo para la
Transparencia, y los miembros activos de las Fuerzas Armadas
y de Orden y Seguridad Pública, y
c) Las personas que a la fecha de inscripción de sus
candidaturas tengan vigente o suscriban, por sí o por
terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la respectiva
municipalidad. Tampoco podrán serlo quienes tengan litigios
pendientes con la municipalidad, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Igual prohibición regirá respecto de los directores,
administradores, representantes y socios titulares del diez
por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes
ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pendientes, con la municipalidad.
Tampoco podrán ser candidatos a alcalde o a concejal
las personas que se hallen condenadas por crimen o simple
delito que merezca pena aflictiva, ni las personas que
mantengan una inscripción vigente en el Registro Nacional
de Deudores de Pensiones de Alimentos, regulado en la ley
N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones
alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el artículo 7° del decreto
con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de
Justicia.
Las inhabilidades establecidas en las letras a) y b)
serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o
cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente
anterior a la elección municipal.
74
Artículo 75.- Los cargos de concejales serán
incompatibles con los de miembro de los consejos comunales
de organizaciones de la sociedad civil, así como con las
funciones públicas señaladas en las letras a) y b) del
artículo anterior. También lo serán con todo empleo,
función o comisión que se desempeñe en la misma
municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en que
ella participe.
Tampoco podrán desempeñar el cargo de concejal:
a) Los que durante el ejercicio de tal cargo incurran en
alguno de los supuestos a que alude la letra c) del
artículo 74;
b) Los que durante su desempeño actuaren como abogados o
mandatarios en cualquier clase de juicio contra la
respectiva municipalidad; y
c) Los que tengan, respecto del alcalde de la misma
municipalidad, la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de
afinidad inclusive.
Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, a
los concejales no les será aplicable la incompatibilidad
establecida en el inciso primero del artículo 86 de la Ley
Nº 18.834.
75
Artículo 76.- Los concejales cesarán en el ejercicio
de sus cargos por las siguientes causales:
a) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del
cargo;
b) Renuncia por motivos justificados, aceptada por el
concejo. Con todo, la renuncia que fuere motivada por la
postulación a otro cargo de elección popular no requerirá
de acuerdo alguno;
c) Inasistencia injustificada a más del veinticinco por
ciento de las sesiones ordinarias a que se cite en un año
calendario;
d) Inhabilidad sobreviniente, por alguna de las causales
previstas en las letras a) y b) del artículo anterior;
e) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser
elegido concejal. Sin embargo, la suspensión del derecho de
sufragio sólo dará lugar a la incapacitación temporal
para el desempeño del cargo.
f) Incurrir en una contravención grave al principio de la
probidad administrativa, en notable abandono de deberes o en
alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso
primero del artículo anterior.
g) Determinación de su responsabilidad en procedimiento
de sumario administrativo instruido por la Contraloría
General de la República, respecto de la concurrencia de las
prohibiciones establecidas en el artículo 82 letras l) y m)
de la Ley N° 18.883. En estos casos se entenderá que
existe contravención de carácter grave a las normas sobre
probidad administrativa.
76
Artículo 77.- Las causales establecidas en los
literales a), c), d), e), f) y g) del artículo anterior
serán declaradas por el tribunal electoral regional
respectivo. El requerimiento lo podrán realizar, según
corresponda, el alcalde o la alcaldesa o cualquier concejal
o concejala de la respectiva municipalidad, conforme al
procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes
de la Ley Nº 18.593. El concejal que estime estar afectado
por alguna causal de inhabilidad deberá darla a conocer
apenas tenga conocimiento de su existencia. La cesación en
el cargo, tratándose de estas causales, operará una vez
ejecutoriada la sentencia que declare su existencia.
Al concejal que fuere removido de su cargo, por la
causal prevista en la letra f) del artículo precedente, le
será aplicable la inhabilidad establecida en el artículo
60.
77
Artículo 78.- Si falleciere o cesare en su cargo
algún concejal durante el desempeño de su mandato, la
vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo
integrado la lista electoral del concejal que provoque la
vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiere
correspondido otro cargo. Si el concejal que cesare hubiere
sido elegido dentro de un subpacto, la prioridad para
reemplazarlo corresponderá al candidato que hubiere
resultado elegido si a ese subpacto le hubiere correspondido
otro cargo.
En caso de no ser aplicable la regla anterior, la
vacante será proveída por el concejo, por mayoría
absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los
incluidos en una terna propuesta por el partido político al
que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien
hubiere motivado la vacante. Para tal efecto, el partido
político tendrá un plazo de diez días hábiles desde su
notificación por el secretario municipal del fallo del
tribunal electoral regional. Transcurrido dicho plazo sin
que se presente la terna, el concejal que provoca la vacante
no será reemplazado. El concejo deberá elegir al nuevo
concejal dentro de los diez días siguientes de recibida la
terna respectiva; si el concejo no se pronunciare dentro de
dicho término, la persona que ocupe el primer lugar de la
terna asumirá de pleno derecho el cargo vacante.
Los concejales elegidos como independientes no serán
reemplazados, a menos que éstos hubieren postulado
integrando pactos. En este último caso, se aplicará lo
dispuesto en los dos primeros incisos del presente
artículo. Para tal efecto, la terna que señala el inciso
segundo, será propuesta por el o los partidos políticos
que constituyeron el subpacto con el independiente que
motiva la vacante, o, en su defecto, por el pacto electoral
que lo incluyó.
El nuevo concejal permanecerá en funciones el término
que le faltaba al que originó la vacante, pudiendo ser
reelegido.
En ningún caso procederán elecciones complementarias.
78
Artículo 78 bis.- En caso de nulidad del acto
eleccionario de concejales, declarada por sentencia firme o
ejecutoriada por el tribunal electoral competente, las
funciones a que se refieren los artículos 64 y 65 serán
desempeñadas, en conjunto y de consuno, por los cuatro
funcionarios en ejercicio que sigan al alcalde en orden de
jerarquía, con exclusión del juez de policía local, hasta
la instalación del nuevo concejo.
Con todo, cuando el tribunal electoral competente
hubiese declarado la nulidad de una elección de alcalde y
concejales, mediante sentencia firme o ejecutoriada, las
atribuciones a que se refiere el inciso anterior serán
desempeñadas, en conjunto y de consuno, por los cuatro
funcionarios en ejercicio que sigan al alcalde en orden de
jerarquía, con exclusión del secretario municipal y del
juez de policía local, hasta la instalación del nuevo
concejo.
78 BIS
Artículo 79.- Al concejo le corresponderá:
a) Elegir al alcalde, en caso de vacancia, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 62, para este efecto el
concejal deberá acreditar cumplir con los requisitos
especificados en el inciso segundo del artículo 57;
b) Pronunciarse sobre las materias que enumera el
artículo 65 de esta ley. Los concejales presentes en la
votación respectiva deberán expresar su voluntad,
favorable o adversa, respecto de las materias sometidas a
aprobación del concejo, a menos que les asista algún
motivo o causa para inhabilitarse o abstenerse de emitir su
voto, debiendo dejarse constancia de ello en el acta
respectiva;
c) Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de
inversión municipales y la ejecución del presupuesto
municipal, analizar el registro público mensual de gastos
detallados que lleva la Dirección de Administración y
Finanzas, como asimismo, la información, y la entrega de la
misma, establecida en las letras c) y d) del artículo 27;
d) Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las
observaciones que le merezcan, las que deberán ser
respondidas por escrito dentro del plazo máximo de quince
días;
e) Pronunciarse respecto de los motivos de renuncia a los
cargos de alcalde y de concejal;
f) Aprobar la participación municipal en asociaciones,
corporaciones o fundaciones;
g) Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y
ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de
desarrollo comunal;
h) Citar o pedir información, a través del alcalde, a
los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime
necesario para pronunciarse sobre las materias de su
competencia.
La facultad de solicitar información la tendrá
también cualquier concejal, la que deberá formalizarse por
escrito al concejo.
El alcalde estará obligado a responder el informe en
un plazo no mayor de quince días;
i) Elegir, en un solo acto, a los integrantes del
directorio que le corresponda designar a la municipalidad en
cada corporación o fundación en que tenga participación,
cualquiera sea el carácter de ésta o aquélla. Estos
directores informarán al concejo acerca de su gestión,
como asimismo acerca de la marcha de la corporación o
fundación de cuyo directorio formen parte;
j) Solicitar informe a las empresas, corporaciones,
fundaciones o asociaciones municipales, y a las entidades
que reciban aportes o subvenciones de la municipalidad. En
este último caso, la materia del informe sólo podrá
consistir en el destino dado a los aportes o subvenciones
municipales percibidos. Los informes requeridos deberán ser
remitidos por escrito dentro del plazo de quince días;
k) Otorgar su acuerdo para la asignación y cambio de
denominación de los bienes municipales y nacionales de uso
público bajo su administración, como asimismo, de
poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales del
territorio comunal previo informe escrito del consejo
comunal de organizaciones de la sociedad civil;
l) Fiscalizar las unidades y servicios municipales. En el
ejercicio de su función fiscalizadora, el concejo, con el
acuerdo de, al menos, un tercio de sus miembros, podrá
citar a cualquier director municipal para que asista a
sesiones del concejo con el objeto de formularle preguntas y
requerir información en relación con materias propias de
su dirección. El reglamento de funcionamiento del concejo
establecerá el procedimiento y demás normas necesarias
para regular estas citaciones;
ll) Autorizar los cometidos del alcalde y de los concejales
que signifiquen ausentarse del territorio nacional.
Requerirán también autorización los cometidos del
alcalde y de los concejales que se realicen fuera del
territorio de la comuna por más de diez días.
Un informe de dichos cometidos y su costo se incluirán
en el acta del concejo;
m) Supervisar el cumplimiento del plan comunal de
desarrollo;
n) Pronunciarse, a más tardar el 31 de marzo de cada
año, a solicitud del consejo comunal de organizaciones de
la sociedad civil, sobre las materias de relevancia local
que deben ser consultadas a la comunidad por intermedio de
esta instancia, como asimismo la forma en que se efectuará
dicha consulta, informando de ello a la ciudadanía.
ñ) Informar a las organizaciones comunitarias de
carácter territorial y funcional; a las asociaciones sin
fines de lucro y demás instituciones relevantes en el
desarrollo económico, social y cultural de la comuna,
cuando éstas así lo requieran, acerca de la marcha y
funcionamiento de la municipalidad, de conformidad con los
antecedentes que haya proporcionado el alcalde con arreglo
al artículo 87.
o) Aprobar la propuesta de normas urbanísticas especiales
elaborada por la respectiva Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo para la habilitación normativa de
terrenos.
Lo anterior es sin perjuicio de las demás atribuciones
y funciones que le otorga la ley.
79
Artículo 80.- La fiscalización que le corresponde
ejercer al concejo comprenderá también la facultad de
evaluar la gestión del alcalde, especialmente para
verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las
políticas, normas y acuerdos adoptados por el concejo, en
el ejercicio de sus facultades propias.
Las diferentes acciones de fiscalización deberán ser
acordadas dentro de una sesión ordinaria del concejo y a
requerimiento de cualquier concejal.
El concejo, por la mayoría de sus miembros, podrá
disponer la contratación de una auditoría externa que
evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de
situación financiera del municipio. Esta facultad podrá
ejercerse sólo una vez al año en los municipios cuyos
ingresos anuales superen las 6.250 unidades tributarias
anuales, y cada dos años en los restantes municipios. No
obstante lo anteriormente señalado, el concejo podrá
disponer de la contratación de una auditoría externa que
evalúe el estado de situación financiera del municipio,
cada vez que se inicie un período alcaldicio. Aquella
deberá acordarse dentro de los ciento veinte días
siguientes a la instalación del concejo, a que se refiere
el inciso primero del artículo 83, y el alcalde requerirá,
también, el acuerdo del concejo para adjudicar dicha
auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior, el concejo dispondrá la
contratación de una auditoría externa que evalúe la
ejecución del plan de desarrollo, la que deberá
practicarse cada tres o cuatro años, respectivamente,
según la clasificación de los municipios por ingresos
señalada en el inciso precedente.
En todo caso las auditorías de que trata este
artículo se contratarán por intermedio del alcalde y con
cargo al presupuesto municipal. Los informes finales
recaídos en ellas serán de conocimiento público.
80
Artículo 81.- El concejo sólo podrá aprobar D.F.L 1-19.704
presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole ART. 81
especialmente al jefe de la unidad encargada del control, o D.O. 03.05.2002
al funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de
representar a aquél, mediante un informe, los déficit que
advierta en el presupuesto municipal los pasivos
contingentes derivados, entre otras causas, de demandas
judiciales y las deudas con proveedores, empresas de
servicio y entidades públicas, que puedan no ser servidas
en el marco del presupuesto anual. Para estos efectos, el
concejo deberá examinar trimestralmente el programa de
ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones
correctivas a que hubiere lugar, a proposición del alcalde.
Si el concejo desatendiere la representación formulada
según lo previsto en el inciso anterior y no introdujere
las rectificaciones pertinentes, el alcalde que no
propusiere las modificaciones correspondientes o los
concejales que las rechacen, serán solidariamente
responsables de la parte deficitaria que arroje la
ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año
respectivo. Habrá acción pública para reclamar el
cumplimiento de esta responsabilidad.
En todo caso, el concejo sólo resolverá las LEY Nº 20.033
modificaciones presupuestarias una vez que haya tenido a la ART. 5º Nº 11
vista todos los antecedentes que justifican la modificación D.O. 01.07.2005
propuesta, los cuales deberán ser proporcionados a los
concejales con una anticipación de a lo menos 5 días
hábiles a la sesión respectiva.
81
Artículo 82.- El pronunciamiento del concejo sobre las
materias consignadas en la letra b) del artículo 79 se
realizará de la siguiente manera:
a) El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá
a consideración del concejo las orientaciones globales del
municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, con
sus metas y líneas de acción. En las orientaciones
globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y sus
modificaciones, el plan comunal de seguridad pública y sus
actualizaciones, las políticas de servicios municipales,
como, asimismo, las políticas y proyectos de inversión. El
concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias
antes del 15 de diciembre, luego de evacuadas las consultas
por el consejo comunal de organizaciones de la sociedad
civil, cuando corresponda.
b) El proyecto y las modificaciones del plan regulador
comunal se regirán por los procedimientos específicos
establecidos por las leyes vigentes.
c) En las demás materias, el pronunciamiento del concejo
deberá emitirse dentro del plazo de veinte días, contado
desde la fecha en que se dé cuenta del requerimiento
formulado por el alcalde.
Si los pronunciamientos del concejo no se produjeren
dentro de los términos legales señalados, regirá lo
propuesto por el alcalde.
82
Artículo 83.- El concejo se instalará el día seis de
diciembre del año de la elección respectiva, con la
asistencia de la mayoría absoluta de los concejales
declarados electos por el tribunal electoral regional
competente, convocados para tal efecto por el secretario
municipal. En todo caso, el período de los cargos de
alcalde y de concejal se computará siempre a partir de
dicha fecha.
En la primera sesión, el secretario municipal
procederá a dar lectura al fallo del tribunal que dé
cuenta del resultado definitivo de la elección en la
comuna, tomará al alcalde y a los concejales electos el
juramento o promesa de observar la Constitución y las
leyes, y de cumplir con fidelidad las funciones propias de
sus respectivos cargos.
El concejo, en la sesión de instalación se abocará a
fijar los días y horas de las sesiones ordinarias. Una
copia del acta de esta sesión se remitirá al gobierno
regional respectivo, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes.
83
Artículo 84.- El concejo se reunirá en sesiones
ordinarias y extraordinarias. Sus acuerdos se adoptarán en
sala legalmente constituida.
Las sesiones ordinarias se efectuarán a lo menos tres
veces al mes, en días hábiles, y en ellas podrá tratarse
cualquier materia que sea de competencia del concejo.
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el
alcalde o por un tercio, a lo menos, de los concejales en
ejercicio. En ellas sólo se tratarán aquellas materias
indicadas en la convocatoria.
Las sesiones del concejo serán públicas. Los dos
tercios de los concejales presentes podrán acordar que
determinadas sesiones sean secretas.
Las actas del concejo se harán públicas una vez
aprobadas, y contendrán, a lo menos, la asistencia a la
sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas. La publicación se hará mediante los
sistemas electrónicos o digitales que disponga la
municipalidad.
Las sesiones públicas deberán ser transmitidas
simultáneamente, por cualquier medio electrónico capaz de
emitir imagen y voz. Asimismo, deberán publicarse las
grabaciones de las sesiones en la página web institucional
y/o en alguna plataforma de libre acceso en internet, y se
hará constar el enlace a ella en la página institucional o
en otras plataformas oficiales de información al público,
dentro de las setenta y dos horas siguientes a su
celebración, y mantenerse disponibles por el plazo mínimo
de tres años.
84
Artículo 85.- En ausencia del alcalde, presidirá la
sesión el concejal presente que haya obtenido,
individualmente, mayor votación ciudadana en la elección
respectiva, según lo establecido por el tribunal electoral
regional.
El secretario municipal, o quien lo subrogue,
desempeñará las funciones de secretario del concejo.
85
Artículo 86.- El quórum para sesionar será la
mayoría de los concejales en ejercicio.
Salvo que la ley exija un quórum distinto, los
acuerdos del concejo se adoptarán por la mayoría absoluta
de los concejales asistentes a la sesión respectiva.
Si hay empate, se tomará una segunda votación. De
persistir el empate, se votará en una nueva sesión, la que
deberá verificarse a más tardar dentro de tercero día. Si
se mantiene dicho empate, corresponderá a quien presida la
sesión el voto dirimente para resolver la materia.
Los alcaldes no serán considerados para el cálculo
del quórum exigido para que el concejo pueda sesionar, pero
sí en aquel requerido para adoptar acuerdos.
86
Artículo 87.- Todo concejal tiene derecho a ser
informado plenamente por el alcalde o quien haga sus veces,
de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la
corporación. Este derecho debe ejercerse de manera de no
entorpecer la gestión municipal. El alcalde deberá dar
respuesta en el plazo máximo de quince días, salvo en
casos calificados en que aquél podrá prorrogarse por un
tiempo razonable a criterio del concejo.
87
Artículo 88.- Los concejales tendrán derecho a LEY Nº 20.033
percibir una dieta mensual de entre siete coma ocho y quince ART. 5º Nº 12
coma seis unidades tributarias mensuales, según determine D.O. 01.07.2005
anualmente cada concejo por los dos tercios de sus miembros.
El alcalde acordará con el concejo el número de
sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo
efectuarse a lo menos tres.
Para efectos de la percepción de la dieta y de la
asignación adicional establecida en el inciso sexto, no
serán consideradas como tales las inasistencias que
obedecieren a razones médicas o de salud, que hayan sido
debidamente acreditadas mediante certificado expedido por
médico habilitado para ejercer la profesión, presentado
ante el concejo a través del secretario municipal.
Igualmente, para los efectos señalados, y previo acuerdo
del concejo, se podrá eximir a un concejal de la asistencia
a sesión en razón del fallecimiento de un hijo, del
cónyuge o de uno de sus padres, siempre que el deceso
hubiese tenido lugar dentro de los siete días corridos
anteriores a la sesión respectiva.
Asimismo, no se considerarán las inasistencias de
concejales motivadas en el cumplimiento de cometidos
expresamente autorizados por el propio concejo.
La dieta completa sólo se percibirá por la asistencia
a la totalidad de las sesiones del concejo celebradas en el
mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente aquélla
según el número de inasistencias del concejal. Para los
efectos anteriores, se considerarán tanto las sesiones
ordinarias como las extraordinarias. No obstante, la
inasistencia sólo de hasta una sesión podrá ser
compensada por la asistencia, en el mismo mes, a dos
sesiones de comisión de las referidas en el artículo 92.
Sin perjuicio de lo señalado, cada concejal tendrá
derecho anualmente a una asignación adicional, a pagarse en
el mes de enero, correspondiente a siete coma ocho unidades
tributarias mensuales, siempre que durante el año
calendario anterior haya asistido formalmente, a lo menos,
al setenta y cinco por ciento de las sesiones celebradas por
el concejo en dicho período.
Con todo, cuando un concejal se encuentre en el
desempeño de cometidos en representación de la
municipalidad, tendrá derecho a percibir fondos con el
objeto de cubrir sus gastos de alimentación y alojamiento.
Tales fondos no estarán sujetos a rendición y serán
equivalentes al monto del viático que corresponda al
alcalde respectivo por iguales conceptos.
88
Artículo 89.- A los concejales no les serán
aplicables las normas que rigen a los funcionarios
municipales, salvo en materia de responsabilidad civil y
penal, y lo dispuesto en artículo 82 letras l) y m) de la
Ley N° 18.883.
Ningún concejal de la municipalidad podrá tomar parte
en la discusión y votación de asuntos en que él o sus
parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de
nombramientos o designaciones que deban recaer en los
propios concejales.
Se entiende que existe dicho interés cuando su
resolución afecte moral o pecuniariamente a las personas
referidas.
89
Artículo 90.- Los empleadores de las personas que
ejerzan un cargo de concejal deberán conceder a éstas los
permisos necesarios para ausentarse de sus labores
habituales hasta por ocho horas semanales, no acumulables,
con el objeto de asistir a todas las sesiones del concejo, a
las comisiones de trabajo que éste constituya y al programa
de formación y capacitación señalado en el artículo 92
bis. Del mismo modo, se deberán conceder permisos laborales
para el desempeño de cometidos en representación de la
municipalidad, con un máximo, para estos efectos, de tres
días durante un año calendario, no acumulables. El tiempo
que abarquen los permisos otorgados no será de cargo del
empleador, sin perjuicio de lo que acuerden las partes, y se
entenderá trabajado para los demás efectos legales,
bastando para ello presentar la correspondiente
certificación del secretario municipal.
Asimismo, los concejales, por la actividad que realicen
en tal condición, quedarán sujetos al seguro contra riesgo
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
establecido en la Ley Nº 16.744, gozando de los beneficios
que correspondan a la naturaleza de su cargo. El costo de
este beneficio será de cargo municipal.
90
Artículo 91.- Los concejales podrán afiliarse al
Sistema de Pensiones, de Vejez, de Invalidez y de
Sobrevivencia de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley
Nº 3.500, por el solo hecho de asumir tales funciones. Para
estos efectos, los concejales se asimilarán al régimen de
los trabajadores por cuenta ajena.
Las obligaciones que las leyes pertinentes sobre
seguridad social imponen a los empleadores, se radicarán
para estos efectos en las respectivas municipalidades. Las
cotizaciones previsionales se calcularán sobre la base de
las asignaciones mensuales que a los concejales corresponda
percibir en virtud del inciso 1º del artículo 88.
91
Artículo 92.- El concejo determinará en un reglamento
interno las demás normas necesarias para su funcionamiento,
regulándose en él las comisiones de trabajo que el concejo
podrá constituir para desarrollar sus funciones, las que,
en todo caso, serán siempre presididas por concejales, sin
perjuicio de la asistencia de terceros cuya opinión se
considere relevante a juicio de la propia comisión.
92
Artículo 92 bis.- Cada municipalidad, en concordancia
con su disponibilidad financiera, deberá dotar al concejo
municipal y a los concejales de los medios de apoyo, útiles
y apropiados, para desarrollar debida y oportunamente las
funciones y atribuciones que esta ley le confiere, atendido
el número de concejales de la municipalidad.
Para ello, durante la primera sesión ordinaria, el
alcalde someterá a la aprobación del concejo los medios a
usar durante el período respectivo, debiendo este acuerdo
formar parte del reglamento interno a que hace alusión el
artículo 92, y ser publicado en la página web de la
municipalidad, en concordancia con lo establecido en los
artículos 2º y 7º de la ley Nº20.285, sobre Acceso a la
Información Pública.
Asimismo, cada año la municipalidad, en concordancia
con su disponibilidad financiera, podrá incorporar en el
presupuesto municipal recursos destinados a financiar la
capacitación de los concejales en materias relacionadas con
gestión municipal.
La capacitación al concejo municipal en planificación
urbana y materias afines será llevada a cabo por el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, directamente o a través
de terceros. Los miembros del concejo municipal podrán
cursar el programa de formación y capacitación elaborado
para estos efectos. El Ministerio informará en la sesión
de instalación del concejo municipal del referido programa
y certificará la asistencia a los cursos ofertados en el
programa elaborado para estos efectos.
92 BIS
TITULO IV
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
TITULO IV DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
Párrafo 1º
De las instancias de participación
Párrafo 1º De las instancias de participación
Artículo 93.- Cada municipalidad deberá establecer en
una ordenanza las modalidades de participación de la
ciudadanía local, teniendo en consideración las
características singulares de cada comuna, tales como la
configuración del territorio comunal, la localización de
los asentamientos humanos, el tipo de actividades relevantes
del quehacer comunal, la conformación etárea de la
población y cualquier otro elemento que, en opinión de la
municipalidad, requiera una expresión o representación
específica dentro de la comuna y que al municipio le
interese relevar para efectos de su incorporación en la
discusión y definición de las orientaciones que deben
regir la administración comunal.
Con todo, la ordenanza deberá contener una mención
del tipo de las organizaciones que deben ser consultadas e
informadas, como también las fechas o épocas en que
habrán de efectuarse tales procesos. Asimismo, describirá
los instrumentos y medios a través de los cuales se
materializará la participación, entre los que podrán
considerarse la elaboración de presupuestos participativos,
consultas u otros.
93
Artículo 94.- En cada municipalidad existirá un
consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil.
Éste será elegido por las organizaciones comunitarias
de carácter territorial y funcional, y por las
organizaciones de interés público de la comuna. Asimismo,
y en un porcentaje no superior a la tercera parte del total
de sus miembros, podrán integrarse a aquellos
representantes de asociaciones gremiales y organizaciones
sindicales, o de otras actividades relevantes para el
desarrollo económico, social y cultural de la comuna.
En ningún caso la cantidad de consejeros titulares
podrá ser inferior al doble ni superior al triple de los
concejales en ejercicio de la respectiva comuna.
El consejo comunal de organizaciones de la sociedad
civil se reunirá a lo menos cuatro veces por año bajo la
presidencia del alcalde.
Un reglamento, elaborado sobre la base de un reglamento
tipo propuesto por la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo que el alcalde
respectivo someterá a la aprobación del concejo,
determinará la integración, organización, competencia y
funcionamiento del consejo comunal de organizaciones de la
sociedad civil, como también la forma en que podrá
autoconvocarse, cuando así lo solicite, por escrito, un
tercio de sus integrantes. Dicho reglamento podrá ser
modificado por
los dos tercios de los miembros del Concejo, previo informe
del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil.
Los consejeros durarán cuatro años en sus funciones.
En ausencia del alcalde, el consejo será presidido por el
vicepresidente que elija el propio consejo de entre sus
miembros. El secretario municipal desempeñará la función
de ministro de fe de dicho organismo.
Las sesiones del consejo serán públicas, debiendo
consignarse en actas los asuntos abordados en sus reuniones
y los acuerdos adoptados en las mismas. El secretario
municipal mantendrá en archivo tales actas, así como los
originales de la ordenanza de participación ciudadana y del
reglamento del consejo, documentos que serán de carácter
público.
El alcalde deberá informar al consejo acerca de los
presupuestos de inversión, del plan comunal de desarrollo y
sobre las modificaciones al plan regulador, el que
dispondrá de quince días hábiles para formular sus
observaciones.
Con todo, en el mes de mayo de cada año, el consejo
deberá pronunciarse respecto de la cuenta pública del
alcalde, sobre la cobertura y eficiencia de los servicios
municipales, así como
sobre las materias de relevancia comunal que hayan sido
establecidas por el concejo, y podrá interponer el recurso
de reclamación establecido en el Título final de la
presente ley.
Asimismo, los consejeros deberán informar a sus
respectivas organizaciones, en sesión especialmente
convocada al efecto y con la debida anticipación para
recibir consultas y opiniones, acerca de la propuesta de
presupuesto y del plan comunal de desarrollo, incluyendo el
plan de inversiones y las modificaciones al plan regulador,
como también sobre cualquier otra materia relevante que les
haya presentado el alcalde o el concejo.
Cada municipalidad deberá proporcionar los medios
necesarios para el funcionamiento del consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil.
94
Artículo 95.- Para ser miembro del consejo comunal de
organizaciones
de la sociedad civil se requerirá:
a) Tener 18 años de edad, con excepción de los
representantes de organizaciones señalados en la Ley Nº
19.418;
b) Tener un año de afiliación, como mínimo, a una
organización del estamento, en caso que corresponda, en el
momento de la elección;
c) Ser chileno o extranjero avecindado en el país, y
d) No haber sido condenado por delito que merezca pena
aflictiva.
La inhabilidad contemplada en la letra anterior
quedará sin efecto una vez transcurrido el plazo
contemplado en el artículo 105 del Código Penal, desde el
cumplimiento de la respectiva pena.
Serán aplicables a los miembros del consejo comunal
de organizaciones de la sociedad
civil las inhabilidades e incompatibilidades que esta ley
contempla para los miembros de los concejos.
Asimismo, serán incompatibles con los cargos de
consejeros regionales, concejales y consejeros provinciales.
95
Artículo 96.- Las atribuciones municipales en materia
de participación ciudadana dispuesta en los artículos
anteriores, no obstan a la libre facultad de asociación que
le corresponde a todos y a cada uno de los habitantes de la
comuna, en cuyo ejercicio el conjunto de los habitantes o
una parte de ellos, pueden darse las formas de organización
que estimen más apropiadas para el desarrollo de sus
intereses, con la sola limitación del pleno respeto a las
leyes vigentes y al orden público.
96
Párrafo 2º
De las audiencias públicas y la oficina de reclamos
Párrafo 2º De las audiencias públicas y la oficina de reclamos
Artículo 97.- Cada municipalidad deberá regular en la
ordenanza municipal de participación a que se refiere el
artículo 93 las audiencias públicas por medio de las
cuales el alcalde y el concejo conocerán acerca de las
materias que estimen de interés comunal, como asimismo las
que no menos de cien ciudadanos de la comuna les planteen.
Exceptúanse de esta exigencia las comunas de menos de 5.000
habitantes, en las que el concejo determinará el número de
ciudadanos requirentes.
Sin perjuicio de la facultad reguladora del concejo, la
solicitud de audiencia pública deberá acompañarse de las
firmas de respaldo correspondientes, contener los
fundamentos de la materia sometida a conocimiento del
concejo y, además, deberá identificar a las personas que,
en un número no superior a cinco, representarán a los
requirentes en la audiencia pública que al efecto se
determine.
97
Artículo 98.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos anteriores, cada municipalidad deberá habilitar
y mantener en funcionamiento una oficina de informaciones,
reclamos y sugerencias abierta a la comunidad. La ordenanza
de participación establecerá un procedimiento público
para el tratamiento de las presentaciones o reclamos, como
asimismo los plazos en que el municipio deberá dar
respuesta a ellos, los que, en ningún caso, serán
superiores a treinta días, de acuerdo a las disposiciones
contenidas en la ley Nº 19.880.
La información y documentos municipales son públicos.
En dicha oficina deberán estar disponibles, para quien los
solicite, a lo menos los siguientes antecedentes:
a) El plan comunal de desarrollo, el presupuesto
municipal, el plan de inversiones en infraestructura de
movilidad y espacio público, en su caso, y el plan
regulador comunal con sus correspondientes seccionales,
incluyendo sus respectivos planos de detalle, y las
políticas específicas.
b) El reglamento interno, el reglamento de contrataciones
y adquisiciones, la ordenanza de participación y todas las
ordenanzas y resoluciones municipales.
c) Los convenios, contratos y concesiones.
d) Las cuentas públicas de los alcaldes en los últimos 3
años.
e) Los registros mensuales de gastos efectuados al menos
en los últimos dos años.
98
Párrafo 3º
De los plebiscitos comunales
Párrafo 3º De los plebiscitos comunales
Artículo 99.- El alcalde, con acuerdo del concejo, a
requerimiento de los dos tercios de los integrantes en
ejercicio del mismo y a solicitud de dos tercios de los
integrantes en ejercicio del consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil, ratificada por los dos
tercios de los concejales en ejercicio, o por iniciativa de
los ciudadanos habilitados para votar en la comuna,
someterá a plebiscito las materias de administración local
relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal,
a la aprobación o modificación del plan comunal de
desarrollo, a la modificación del plan regulador o a otras
de interés para la comunidad local, siempre que sean
propias de la esfera de competencia municipal, de acuerdo
con el procedimiento establecido en los artículos
siguientes.
99
Artículo 100.- Para la procedencia del plebiscito a
requerimiento de la ciudadanía, deberá concurrir con su
firma, ante notario público u oficial del Registro Civil, a
lo menos el 10% de los ciudadanos que
sufragaron en la última elección municipal
al 31 de diciembre del año anterior, debiendo acreditarse
dicho porcentaje mediante certificación que expedirá el
Director Regional del Servicio Electoral.
100
Artículo 101.- Dentro del décimo día de adoptado el
acuerdo del concejo, de recepcionado oficialmente el
requerimiento del concejo o de los ciudadanos en los
términos del artículo anterior, el alcalde dictará un
decreto para convocar a plebiscito. Dicho decreto se
publicará, dentro de los quince días siguientes a su
dictación, en el Diario Oficial y en un periódico de los
de mayor circulación en la comuna. Asimismo, se difundirá
mediante avisos fijados en la sede comunal y en otros
lugares públicos.
El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a
plebiscito. La votación plebiscitaria se celebrará ciento
veinte días después de la publicación de dicho decreto si
ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella
se realizará el domingo inmediatamente siguiente.
Los resultados del plebiscito serán vinculantes para
la autoridad municipal, siempre que vote en él más del 50%
de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna.
INCISO SUPRIMIDO.-
En materia de plebiscitos municipales, no habrá lugar
a propaganda electoral por televisión y no serán
aplicables los preceptos contenidos en los artículos 31 y
31 bis de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios.
101
Artículo 102.- No podrá convocarse a plebiscito
comunal durante el período comprendido entre los ocho meses
anteriores a cualquier elección popular y los dos meses
siguientes a ella.
Tampoco podrán celebrarse plebiscitos comunales dentro
del mismo año en que corresponda efectuar elecciones
municipales, ni sobre un mismo asunto más de una vez
durante el respectivo periodo alcaldicio.
El Servicio Electoral y las municipalidades se
coordinarán para la programación y realización de los
plebiscitos, previamente a su convocatoria.
102
Artículo 103.- La convocatoria a plebiscito nacional o
a elección extraordinaria de Presidente de la República,
suspenderá los plazos de realización de los plebiscitos
comunales, hasta la proclamación de sus resultados por el
Tribunal Calificador de Elecciones.
103
Artículo 104.- La realización de los plebiscitos
comunales, en lo que sea aplicable, se regulará por las
normas establecidas en la Ley N° 18.700, Orgánica
Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con
excepción de lo dispuesto en el artículo 175 bis.
En todo caso, el costo de los plebiscitos comunales
será de cargo de la municipalidad respectiva.
104
TÍTULO IV A
DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL PLAN
COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TÍTULO IV A DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Municipios
Ley no. 18.695
Artículo 104 A.- En cada comuna existirá un consejo
comunal de seguridad pública. Éste será un órgano
consultivo del alcalde en materia de seguridad pública
comunal y será, además, una instancia de coordinación
interinstitucional a nivel local.
104 A
Municipios
Ley no. 18.695
Artículo 104 B.- El consejo comunal de seguridad
pública será presidido por el alcalde y lo integrarán, a
lo menos, las siguientes personas:
a) La o el secretario regional ministerial de seguridad
pública o, en subsidio, el director o directora del
departamento provincial de seguridad pública y, en defecto
de la o el segundo, la o el funcionario que la o el primero
designe.
b) Hasta dos concejales elegidos por el concejo
municipal, en una votación única.
c) El oficial o suboficial de Fila de Orden y Seguridad
de Carabineros de Chile que ostente el más alto grado en la
unidad policial territorial de mayor categoría con
presencia en la comuna. En el caso de las comunas que tengan
más de una comisaría, éste será designado por la
prefectura correspondiente.
d) El oficial policial de la Policía de
Investigaciones de Chile que ostente la mayor jerarquía de
la respectiva unidad o quien éste designe, o el oficial
policial designado por el Jefe de la Prefectura
correspondiente en aquellas comunas que no sean asiento de
unidad policial.
e) El fiscal adjunto de la fiscalía local
correspondiente del Ministerio Público y en las comunas
donde no tenga asiento una fiscalía local, el fiscal o
abogado o asistente de fiscal que designe el respectivo
fiscal regional.
f) Hasta dos representantes del consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil, elegidos por éste.
g) Un funcionario municipal que será designado por el
alcalde como Secretario Ejecutivo del consejo.
En los casos en que exista el director de seguridad
pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 bis,
el alcalde deberá designarlo siempre como Secretario
Ejecutivo.
h) Un representante de la repartición de Gendarmería
de Chile que tenga a su cargo la vigilancia y orientación
de las personas sujetas a penas sustitutivas a la reclusión
domiciliadas en la comuna respectiva.
i) Un representante de la repartición del Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil que tenga a su cargo
la vigilancia y orientación de menores infractores de ley
domiciliados en la comuna respectiva.
j) Un representante de la repartición del Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y
Alcohol que tenga injerencia dentro del territorio de la
comuna respectiva.
k) Un o una representante de la unión comunal de
organizaciones comunitarias funcionales en materia de
seguridad pública, en caso de que exista. Si hay más de
una unión comunal, la o el representante será designado de
común acuerdo entre todas ellas; en caso de que exista una
sola será representante quien ésta designe.
l) Un juez o una jueza de policía local de la comuna.
m) La jefa o el jefe del Departamento Provincial de
Educación que corresponda a la comuna respectiva.
En aquellas comunas en cuyo territorio existan pasos
fronterizos, puertos o aeropuertos, el consejo podrá
acordar que en su integración permanente se incluya,
además, un o una representante del Servicio Nacional de
Aduanas y uno del Servicio Agrícola y Ganadero, designados
por los respectivos directores regionales.
En aquellas comunas en que el porcentaje de ruralidad
supere el 20% de la población, según los criterios
establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas, el
consejo podrá acordar que en su integración permanente se
incluya, además, un o una representante del Servicio
Agrícola y Ganadero, designado en la forma señalada en el
inciso anterior.
En aquellas comunas catalogadas como área turística
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley
N° 20.423, el consejo podrá acordar que en su integración
permanente se incluya, además, un o una representante del
Servicio Nacional de Turismo, designado por el director
regional de ese organismo.
Asimismo, la asistencia y participación en el consejo
a que se refiere este artículo de los funcionarios
públicos y de los concejales mencionados en la letra b) no
otorgará derecho a dieta, emolumento o remuneración de
ningún tipo o naturaleza.
Sin perjuicio de lo anterior, el consejo podrá
invitar, especialmente si se trata del diseño, aprobación,
ejecución e implementación de las acciones necesarias para
llevar a cabo las estrategias preventivas, a un o una
representante del Servicio Local de Educación Pública, de
la Dirección de Educación o de la Corporación Municipal
de Educación, según corresponda; a la o al coordinador de
la Oficina Local de la Niñez de la comuna respectiva; a los
jueces y las juezas de garantía o de familia que tengan
competencia sobre el territorio de la comuna
correspondiente; a otras autoridades; a funcionarias
públicas o funcionarios públicos, incluidos un director o
una directora, funcionaria o funcionario, asesor o asesora,
trabajador o trabajadora del municipio; o a representantes
de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión
considere relevante para las materias que le corresponda
abordar en una o más sesiones determinadas del consejo.
La Secretaría Municipal asumirá dentro del consejo el
rol de ministro de fe, debiendo en dicho contexto levantar
acta de todas las sesiones del consejo en la forma señalada
por la ley.
El alcalde deberá informar a la Subsecretaría de
Prevención del Delito y a la delegación presidencial
regional correspondiente, dentro de los diez días
siguientes a su designación, el funcionario que asumirá la
Secretaría Ejecutiva del consejo comunal de seguridad
pública. La Subsecretaría de Prevención del Delito y la
delegación presidencial regional deberán llevar una
nómina actualizada de las personas que ejercen dicha
función.
El quórum para sesionar será la mayoría de los
miembros permanentes.
104 B
Municipios
Ley no. 18.695
Artículo 104 C.- En los casos de aquellas comunas cuyo
número de habitantes no supere los 5.000, dos o más de
ellas podrán constituir un consejo intercomunal de
seguridad pública, o bien alguna de ellas participar del
consejo comunal de una comuna colindante de mayor número de
habitantes.
Los consejos intercomunales estarán integrados de la
siguiente forma:
a) El presidente del consejo, que será uno de los
alcaldes de las comunas participantes, elegido entre éstos.
b) Las o los secretarios regionales ministeriales de
seguridad pública o, en subsidio, las directoras o
directores de los departamentos provinciales de seguridad
pública y, en defecto de las o los segundos, las o los
funcionarios que las o los primeros designen, de las
respectivas comunas que conforman el consejo.
c) Los alcaldes de las demás comunas que conforman el
consejo intercomunal.
d) Dos concejales designados por cada uno de los
concejos municipales correspondientes a las comunas
participantes.
e) Un o una representante de las uniones comunales de
organizaciones comunitarias funcionales en materia de
seguridad pública de las comunas participantes, en caso de
que existan. Si hay más de una unión comunal, el o la
representante será designado o designada de común acuerdo
entre todas ellas. En caso de que exista una sola será
representante quien designe la propia unión.
f) Un juez o una jueza de policía local
correspondiente a alguna de las comunas participantes,
elegida o elegido de común acuerdo entre los alcaldes.
g) Un funcionario municipal designado de común acuerdo
por los alcaldes participantes como secretario ejecutivo del
consejo.
En los casos en que exista en alguna de las comunas
participantes un director de seguridad pública, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 16 bis, deberá designarse a
éste como Secretario Ejecutivo. Si dos o más comunas
participantes tuviesen director de seguridad pública,
podrá ser cualquiera de ellos.
h) Un representante de cada una de las demás
instituciones referidas en el artículo anterior, en la
forma allí dispuesta, incluidos tanto aquellos cuya
integración es facultativa como obligatoria.
Sin perjuicio de lo anterior, el consejo intercomunal
podrá convocar a los mismos invitados señalados en el
artículo precedente, que tengan competencia sobre una o
más de las comunas que conforman dicho consejo; y a otras
autoridades, funcionarias públicas o funcionarios
públicos, incluidos un director o una directora, asesor o
asesora, trabajador o trabajadora del municipio; o a
representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya
opinión se considere relevante para las materias que le
corresponda abordar en una o más sesiones determinadas.
Actuará como ministro de fe del consejo intercomunal
el secretario municipal de la comuna de mayor número de
habitantes.
En este caso, el plan comunal de seguridad pública
deberá tener el mismo contenido que el señalado en el
artículo 104 F, respecto de cada una de las comunas
integrantes del consejo, además de señalar
específicamente todas aquellas problemáticas que éstas
compartan en materia de seguridad pública.
104 C
Municipios
Ley no. 18.695
Artículo 104 D.- La presidencia del consejo comunal de
seguridad pública será indelegable, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 62.
En su calidad de presidente del consejo comunal de
seguridad pública, el alcalde convocará a sesión
ordinaria, como mínimo, trimestralmente y, en forma
extraordinaria, cada vez que lo estime necesario. En
cumplimiento de esta función, se deberá destinar cada
semestre al menos una sesión del consejo para recoger la
opinión de cada una de las instituciones que la integran
acerca de las acciones concretas que las demás
instituciones podrían realizar para mejorar la seguridad
pública comunal y para dar cumplimiento a lo propuesto en
el plan comunal de seguridad pública. De igual forma, al
menos semestralmente deberá realizarse una sesión cuya
convocatoria sea abierta a representantes de la sociedad
civil y de las organizaciones comunitarias, especialmente
aquellas dedicadas a materias relacionadas con seguridad
pública y prevención del delito.
La asistencia a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del consejo comunal de seguridad pública
será obligatoria. La autoridad respectiva deberá excusarse
formal y fundadamente en caso de no poder asistir. Cada
municipalidad deberá llevar un registro de la asistencia de
las y los integrantes del consejo comunal de seguridad
pública, que deberá mantener actualizado y a disposición
del público en su sitio web institucional. Lo anterior, sin
perjuicio de la cuenta pública dispuesta en el literal d)
del artículo 67.
La inasistencia reiterada e injustificada de alguna o
alguno de las y los integrantes del consejo deberá ser
informada por el secretario municipal a través de correo
electrónico o carta certificada al superior jerárquico de
la respectiva institución, quien podrá instruir el proceso
disciplinario correspondiente, con el objeto de que se
establezcan las responsabilidades pertinentes.
De igual forma, quienes concurran en nombre de las
instituciones citadas deberán contar con la competencia o
poder suficiente, propio o delegado, para adquirir
compromisos a nivel comunal en representación de dichas
instituciones. En el caso de instituciones públicas, no
procede la delegación para adquirir compromisos que les
irroguen gasto.
Lo expresado en el inciso primero se aplicará a el o
los alcaldes del consejo constituido en los casos señalados
en el artículo anterior que no ejerzan la presidencia del
mismo.
Tratándose de las comunas de Juan Fernández e Isla de
Pascua, territorios especiales según lo dispuesto en el
artículo 126 bis de la Constitución Política de la
República, las sesiones del consejo comunal de seguridad
pública deberán celebrarse con la misma periodicidad
indicada en el inciso segundo, pero únicamente con aquellas
instituciones u organizaciones indicadas en el artículo 104
B que tengan asiento en la comuna. Sin perjuicio de lo
anterior, el alcalde con acuerdo del consejo podrá requerir
en casos calificados la presencia del resto de las
instituciones u organizaciones, las cuales deberán
concurrir cuando la disponibilidad presupuestaria y las
condiciones climáticas y de traslado al momento de realizar
el viaje lo permitan. En todo caso, las autoridades que no
tengan asiento en dichas comunas deberán concurrir a tales
consejos en al menos dos oportunidades durante el año,
debiendo informar de ello al alcalde con al menos treinta
días de anticipación.
Dentro de los diez días hábiles siguientes de
celebrada una sesión del consejo comunal de seguridad
pública, el alcalde deberá informar, mediante correo
electrónico, o por otro medio de comunicación idóneo,
expedido a través del ministro de fe del consejo, a la
Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública y a la secretaría regional
ministerial de seguridad pública respectiva, de la
convocatoria y celebración de la misma, los temas tratados
y los acuerdos adoptados, si los hubiere.
Aquellas materias relativas a la organización del
consejo comunal de seguridad pública que no estén
expresamente reguladas en este artículo serán acordadas
libremente por la mayoría de sus miembros en sesión
especialmente convocada a dicho efecto. Los acuerdos
quedarán plasmados en un documento suscrito por todos sus
integrantes y aprobado mediante decreto alcaldicio. Dicho
instrumento podrá regular, entre otras materias, el horario
de las sesiones, la posibilidad de trabajar en comisiones o
subcomisiones, la asistencia en forma telemática en casos
fundados y cualquier otro aspecto necesario para su adecuada
organización y funcionamiento.
104 D
Municipios
Ley no. 18.695
Artículo 104 E.- El consejo comunal de seguridad
pública tendrá las siguientes funciones:
a) Efectuar, a petición del alcalde o del concejo
municipal, el diagnóstico del estado de situación de la
comuna en materia de seguridad pública, para cuyo fin
podrá solicitar los antecedentes, datos o cualquier otra
información global y pertinente a los organismos públicos
o de la Administración del Estado con competencias en la
materia, incluidas las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública.
En el ejercicio de la función referida en esta letra,
el consejo deberá asesorar al alcalde en la priorización
de las acciones que deberán realizarse en la comuna, según
factores tales como la frecuencia o gravedad de ciertos
delitos o problemáticas en materia de seguridad que existan
en el territorio del respectivo municipio.
b) Suministrar a través de sus integrantes los
antecedentes e información necesarios de las instituciones
que éstos representen y entregar opinión al alcalde para
la elaboración del plan comunal de seguridad pública y su
presentación al concejo municipal.
c) Emitir opinión respecto de las ordenanzas que, de
conformidad a los artículos 12 y 65, letra k), se dicten en
materias de convivencia vecinal y seguridad pública
comunal, para lo cual el alcalde deberá solicitar su
pronunciamiento en el plazo que este último establezca, el
que no podrá ser menor a treinta días.
En caso que el consejo no se pronuncie respecto a estas
ordenanzas, el alcalde citará a una sesión extraordinaria
para que cumpla con dicha obligación dentro del plazo que
éste determine, el que no podrá ser menor a quince días.
Si el consejo nuevamente no se pronuncia en el plazo
señalado, se continuará la tramitación de la ordenanza,
prescindiendo de su opinión.
d) Efectuar el seguimiento y monitoreo de las medidas
contempladas en el plan comunal de seguridad pública.
Siempre que el alcalde constate el incumplimiento
reiterado e injustificado de alguno de los compromisos
suscritos por los representantes de las instituciones del
consejo en el marco del plan comunal de seguridad pública
deberá oficiar sobre dicho incumplimiento al superior de su
respectiva institución, quien podrá instruir el respectivo
proceso disciplinario con el objeto de que se establezcan
las responsabilidades pertinentes. Asimismo, deberá
informar a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Sin perjuicio de lo anterior, la municipalidad deberá
incorporar el estado de avance de los compromisos adquiridos
por las instituciones que conforman el consejo al registro
señalado en el inciso tercero del artículo anterior, en la
forma allí dispuesta, y publicará esta información en su
sitio web.
e) Dar su opinión y apoyo técnico al diseño,
implementación, ejecución y evaluación de los proyectos y
acciones que se desarrollen en el marco del plan comunal de
seguridad pública.
f) Constituirse en instancia de coordinación comunal,
en materias de seguridad pública, de la municipalidad, el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas de
Orden y Seguridad Pública y el Ministerio Público y demás
miembros del consejo.
g) Emitir opinión, a petición del alcalde, del
concejo municipal o del consejo de organizaciones de la
sociedad civil, sobre cualquier materia relativa a su
competencia que se someta a su conocimiento.
h) Realizar observaciones al plan comunal de seguridad
pública que elabore el alcalde, previo a su presentación
ante el concejo municipal.
Con todo, dichas observaciones deberán ser remitidas
por el alcalde al concejo municipal, juntamente con el plan
comunal de seguridad pública, para que sean conocidas por
éste al momento de su aprobación.
El consejo deberá pronunciarse especialmente sobre las
metas, objetivos y medios de control de gestión que consten
en el plan, y que deberán incorporar en el ejercicio de sus
labores cada una de las instituciones participantes, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
i) Proponer medidas, acciones, objetivos y mecanismos
de control de gestión, en el ámbito de sus respectivas
competencias, los que en todo caso deberán ser coherentes
con las directrices generales de las respectivas
instituciones.
Sin perjuicio de lo anterior, los consejeros deberán
comprometer acciones concretas que la institución a la cual
representan pueda desplegar dentro del territorio comunal
durante la vigencia del plan comunal de seguridad pública,
y que puedan colaborar a mejorar la seguridad pública
municipal.
j) Cumplir las demás funciones determinadas por la
ley.
104 E
Municipios
Ley no. 18.695
Artículo 104 E bis.- En cada consejo existirá un
comité de coordinación operativa presidido por el alcalde
e integrado por el director o la directora de seguridad, y
por quienes representen a las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública y al Ministerio Público. En caso de que no haya
director o directora de seguridad en la municipalidad,
integrará el comité la secretaria ejecutiva o el
secretario ejecutivo del referido consejo.
Las funciones de este comité serán:
a) Establecer las directrices para la ejecución de las
acciones acordadas por el consejo y la implementación de
las medidas del plan comunal de seguridad pública, y para
su adecuado monitoreo.
b) Constituir una instancia de coordinación operativa
entre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el
Ministerio Público y la municipalidad.
c) Diseñar estrategias en materia de seguridad pública
a nivel comunal, en coherencia con el plan establecido en el
artículo 104 F.
d) Acordar la implementación de medidas tendientes a
enfrentar cualquier contingencia en materia de seguridad
pública y prevención del delito que afecte a la comuna.
Estas medidas se aplicarán únicamente respecto de aquellas
materias señaladas en la letra j) del artículo 4, y
deberán ser coherentes con el Plan Comunal de Seguridad
Pública y en el marco de su disponibilidad presupuestaria.
Su adopción debe respetar en todo momento tanto la
autonomía del Ministerio Público, como la dependencia de
las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública respecto del
Ministerio de Seguridad Pública.
Para el adecuado ejercicio de sus funciones, el comité
podrá contar, además, con la colaboración de las otras
instituciones representadas en el consejo. Dichas
instituciones actuarán de manera concertada en el ámbito
de sus respectivas competencias.
El alcalde, o bien, el director o la directora de
seguridad deberán convocar a este comité en forma
ordinaria, a lo menos, una vez al mes y, en forma
extraordinaria, cada vez que sea necesario.
Asimismo, el alcalde deberá informar trimestralmente al
concejo municipal y al consejo comunal de seguridad pública
de la ejecución de las acciones acordadas por el comité y
la implementación de las medidas del plan comunal de
seguridad pública. En dicha oportunidad, el comité podrá
proponer acciones y presentar sugerencias respecto de su
ejecución.
104 E bis
Artículo 104 F.- El plan comunal de seguridad pública
será el instrumento de gestión que fijará las
orientaciones y las medidas que la municipalidad y los
órganos y organismos señalados en el artículo 104 B
dispongan en materia de seguridad pública a nivel comunal,
sin perjuicio de las funciones y facultades que la
Constitución y la ley confieren al Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, a las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública y al Ministerio Público. El plan referido deberá
estar siempre adaptado a la realidad de cada comuna, en
consideración a su presupuesto, cantidad de habitantes,
geografía, problemas específicos en materia de seguridad
pública, y cualquier otra circunstancia relevante para
efectos de su elaboración o implementación.
Este instrumento contendrá un diagnóstico de la
situación de seguridad de cada comuna y establecerá
objetivos, metas, acciones y mecanismos de control de
gestión conforme a los compromisos que cada integrante del
consejo comunal de seguridad pública realice, de acuerdo a
su disponibilidad presupuestaria y en el ámbito de sus
respectivas competencias. Asimismo, en este plan constarán
las estrategias de prevención primaria, secundaria y
terciaria de tipo social, comunitaria y situacional que
adopte cada municipalidad.
Asimismo, en los objetivos y metas de dicho instrumento
deberá contemplarse la priorización de ciertos delitos o
problemáticas en materia de seguridad que afecten a la
comuna sobre la base de factores tales como la frecuencia o
gravedad del delito, para lo cual deberá considerarse lo
obrado por el respectivo consejo, en virtud de la función
señalada en la letra a) del artículo precedente.
Sin perjuicio de lo anterior, el plan comunal deberá
considerar, a lo menos, las siguientes materias:
a) Medidas de prevención de conductas infractoras por
parte de niñas, niños y adolescentes.
b) Medidas de prevención y resguardo de la seguridad
de los establecimientos educacionales y sus entornos.
Además, contemplará medidas para la adecuada coordinación
interinstitucional en la prevención y detección de
conductas de estudiantes con riesgo socio delictual,
inasistencia grave o deserción escolar, o respecto de
quienes se hayan aplicado medidas de expulsión o
cancelación de matrícula, con el objeto de resguardar su
seguridad y su adecuada reinserción educativa.
c) Prevención y rehabilitación del consumo de drogas.
d) Fortalecimiento de la convivencia comunitaria.
e) Mejoramiento urbano en barrios vulnerables.
f) Prevención de la violencia intrafamiliar y
violencia contra las mujeres.
g) Proyectos específicos para prevenir los delitos de
mayor relevancia y ocurrencia en la comuna.
h) Fomento de políticas de prevención del delito
dirigidas a las organizaciones comunitarias. Para tal objeto
se podrán contemplar cursos y capacitaciones, especialmente
para comités de seguridad vecinales y rurales.
i) Medidas de atención y asistencia a víctimas de
delito.
j) Medidas de prevención y rehabilitación del consumo
de drogas y alcohol, en coherencia con los lineamientos que
entregue sobre esta materia el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol.
k) Medidas de mejoramiento de las condiciones urbanas,
semiurbanas y rurales que digan relación con la seguridad
pública.
l) Mecanismos alternativos de resolución de conflictos
vecinales.
m) Otras materias de interés comunal en el área de la
seguridad pública.
Para lo dispuesto en el inciso anterior, el alcalde
deberá considerar la opinión que expongan en las sesiones
del consejo comunal de seguridad pública los representantes
de los organismos públicos o privados que tengan
competencia en la materia, en virtud de lo dispuesto en el
inciso quinto del artículo 104 B.
Las municipalidades, con el objeto de ejecutar los
objetivos y metas relacionados con el plan comunal de
seguridad pública, que sean de su competencia y que cuenten
con el financiamiento respectivo, deberán llevar a cabo las
estrategias, acciones o medidas que correspondan en forma
directa, en coordinación con el Ministerio de Seguridad
Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del
Delito cuando corresponda, o bien, a través de convenios
celebrados con órganos públicos o privados, los que
deberán adjuntarse al respectivo plan.
Asimismo, los órganos públicos sólo quedarán
obligados al cumplimiento de las metas u objetivos a los
cuales se hayan comprometido expresamente en el mencionado
plan o en un convenio celebrado en virtud de lo establecido
en el inciso anterior, y siempre que dichas metas u
objetivos se encuentren dentro de la esfera de sus
respectivas atribuciones legales.
Por su parte, respecto a las materias o problemáticas
incorporadas en el plan comunal de seguridad pública que no
sean de competencia de la municipalidad, de los órganos
públicos participantes del consejo ni de ninguna otra
entidad con la que se haya celebrado un convenio en virtud
de lo establecido en el inciso sexto, el secretario regional
ministerial de seguridad pública o, en subsidio, el
director o directora del departamento provincial de
seguridad pública, al momento de recibir el plan comunal,
procederá a derivarlo a las instituciones competentes para
evaluar su ejecución.
La Subsecretaría de Prevención del Delito, en tanto,
deberá dictar orientaciones técnicas y elaborar un formato
de plan comunal de seguridad pública.
La vigencia de este último será de cuatro años, sin
perjuicio de lo cual el alcalde, asesorado por el consejo
comunal de seguridad pública, deberá actualizarlo
anualmente o cada vez que sea necesario de acuerdo con el
diagnóstico efectuado por el mismo consejo, las
recomendaciones que realice el comité de coordinación
operativa o el director o la directora de seguridad
pública. Las actualizaciones deberán contar con la
aprobación del concejo municipal, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 82.
En todo caso, los planes comunales de seguridad
pública deberán ser consistentes y estar debidamente
coordinados con los instrumentos emanados del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública en este ámbito, en
particular, con el Plan Nacional de Seguridad Pública y
Prevención de la Violencia y el Delito.
Para los efectos señalados en el inciso anterior y de
los artículos 13 y 16 de la ley N° 20.502, las
municipalidades deberán remitir los respectivos planes
comunales de seguridad pública, dentro de los diez días
siguientes a su aprobación, a la Subsecretaría de
Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad Pública,
al consejo regional de seguridad pública y a la o al
secretario regional ministerial de seguridad pública o, en
subsidio, al director o directora del departamento
provincial de seguridad pública.
Asimismo, dentro del mismo plazo señalado en el inciso
anterior, las municipalidades deberán difundir los planes
referidos a través de la página web municipal o por
cualquier otro medio que asegure su debido conocimiento por
parte de la comunidad.
Los acuerdos, compromisos, acciones y estrategias del
Sistema Táctico de Operación Policial que administra
Carabineros de Chile deberán encontrarse en concordancia
con los lineamientos establecidos en los planes comunales de
seguridad pública y los acuerdos adoptados por los consejos
comunales de seguridad pública.
104 F
Municipios
Ley no. 18.695
TITULO V
DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
TITULO V DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
Artículo 105.- Para las elecciones municipales, en
todo lo que no sea contrario a esta ley, regirán las
disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional sobre
Votaciones Populares y Escrutinios, de la Ley Orgánica
Constitucional de los Partidos Políticos y de la Ley
Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones
Electorales y Servicio Electoral.
105
Artículo 106.- Las elecciones municipales se
efectuarán cada cuatro años, el último domingo del mes de
octubre.
106
Párrafo 1º
De la presentación de candidaturas
Párrafo 1º De la presentación de candidaturas
Artículo 107.- Las candidaturas a alcaldes y
concejales sólo podrán ser declaradas hasta las
veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a la fecha
de la elección correspondiente. Tales declaraciones sólo
podrán incluir hasta tantos candidatos como cargos
corresponda elegir en la respectiva comuna o agrupación de
comunas. Las candidaturas a alcalde y concejal son
excluyentes entre sí. Una misma persona sólo podrá
postular al cargo de alcalde o de concejal en una sola
comuna.
La falsedad de cualquiera de los hechos aseverados en
la declaración mencionada en el artículo 3° de la ley N°
18.700, o su omisión, producen la nulidad de la
declaración de ese candidato y la de todos sus efectos
legales posteriores, incluyendo su elección.
En el caso que un alcalde postulare a su reelección o
a su elección como concejal en su propia comuna, se
procederá a su subrogación en conformidad con el inciso
primero del artículo 62, desde los treinta días anteriores
a la fecha de la elección y hasta el día siguiente de
ella. En todo caso, durante el período señalado, el
alcalde conservará su remuneración y la atribución de
participar en las sesiones del concejo con derecho a voz y
voto. Sin embargo, la presidencia del concejo sólo podrá
ejercerla un concejal que no estuviere repostulando a dicho
cargo o postulando al cargo de alcalde. Si hubiere más de
uno en tal situación la presidencia le corresponderá a
quien haya obtenido individualmente mayor votación
ciudadana en la elección respectiva. Si todos los
concejales estuvieren repostulando, la presidencia se
decidirá por sorteo entre ellos.
El pacto electoral regirá en todas las regiones del
país en que uno o más de los partidos políticos
integrantes del mismo se encuentren legalmente constituidos.
Las declaraciones de candidaturas a alcalde y a concejales
que presente un pacto electoral y los subpactos comprendidos
en él, sólo podrán incluir candidatos de los partidos
políticos que se encuentren legalmente constituidos en la
respectiva región. Estas declaraciones deberán ser
suscritas por los presidentes y secretarios generales de los
partidos políticos que integren el pacto o subpacto
electoral. El partido político que no suscribiere las
declaraciones a las que se refiere este inciso se entenderá
que se retira del pacto electoral, y no podrá celebrar
otro, salvo con candidatos independientes. Asimismo, el
partido político retirado del pacto no podrá declarar
candidaturas en los lugares en que el pacto electoral del
cual se retira haya celebrado elecciones primarias conforme
a la ley Nº 20.640.
En lo demás, las declaraciones de candidaturas se
regirán por los artículos 3°, con excepción del inciso
tercero para el caso de los concejales, 3° bis, con
excepción de su inciso tercero, 4°, incisos segundo y
siguientes, y 5° de la ley N° 18.700.
Las declaraciones de candidaturas de concejales
deberán ser presentadas por los partidos políticos o
pactos electorales en un solo acto respecto de cada comuna.
107
Artículo 108.- Las candidaturas a alcalde podrán ser
declaradas por un partido político, por un pacto de
partidos, por un pacto entre un partido político e
independientes, por un pacto de partidos e independientes, y
por independientes.
Las candidaturas a alcalde declaradas sólo por
indepen-dientes, se sujetarán a los porcentajes y
formalidades establecidos en los artículos 112 y 113 de la
presente ley.
108
Artículo 109.- En las elecciones de concejales un
partido político podrá pactar con uno o varios partidos
políticos, con independientes o con ambos.
Los partidos políticos que participen en un pacto
electoral podrán subpactar entre ellos o con
independientes, de acuerdo a las normas que sobre
acumulación de votos de los candidatos se establecen en el
artículo 124 de la presente ley, pudiendo excepcionalmente
excluir en forma expresa, al momento de formalizarlo, la o
las comunas en que no regirá dicho subpacto. Los subpactos
estarán siempre integrados por los mismos partidos.
Los candidatos independientes que participen en un
pacto electoral podrán subpactar entre ellos, con un
subpacto de partidos integrantes el mismo o con un partido
del pacto que no sea miembro de un subpacto de partidos.
Asimismo, podrán subpactar con un partido integrante de un
subpacto en la o las comunas expresamente excluidas de dicho
subpacto. Para los efectos señalados, como para la
declaración de candidaturas, los candidatos independientes
actuarán por sí o por medio de mandatario designado
especialmente para ello por escritura pública.
A la formalización de un subpacto electoral le serán
aplicables, en lo pertinente, las normas de los incisos
cuarto y quinto del artículo 3º bis de la Ley Orgánica
Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Los partidos políticos e independientes que así lo
prefieran podrán subscribir un pacto electoral para la
elección de alcaldes y un pacto electoral distinto para la
elección de concejales.
Los pactos para la elección de concejales a que alude
el inciso anterior sólo podrán ser conformados por uno o
más partidos políticos o independientes que integren un
mismo pacto electoral para la elección de alcaldes.
109
Artículo 110.- Las declaraciones de pactos
electorales, de los subpactos que se acuerden, así como la
o las comunas excluidas de los subpactos, deberán constar
en un único instrumento y su entrega se formalizará en un
solo acto ante el Director del Servicio Electoral, hasta las
cuarenta y ocho horas antes de que comience a correr el
plazo para declarar candidaturas señalado en el inciso
primero del artículo 107.
110
Artículo 111.- A los pactos y subpactos se les
individualizará sólo con su nombre y a cada uno de los
partidos políticos suscriptores con su nombre y símbolo,
indicándose a continuación los nombres completos del
candidato a alcalde o, en su caso, de los candidatos a
concejales afiliados al respectivo partido. En el caso de
declaraciones de partidos políticos, éstos se
individualizarán con su nombre y símbolo.
En el caso de los independientes que forman parte de un
pacto se les individualizará al final del respectivo pacto,
bajo la denominación "independientes". Los independientes
que, a su vez, formen parte de un subpacto, se les
individualizará de la misma forma al final del respectivo
subpacto.
Los subpactos entre independientes y entre éstos y
partidos se individualizarán como tales.
Las declaraciones de candidaturas a alcalde y
concejales de una misma lista o pacto deberán señalar
expresamente el cargo al cual postulan los respectivos
candidatos.
111
Artículo 112.- Las declaraciones de candidaturas
independientes a alcalde o concejal deberán ser
patrocinadas por un número no inferior al 0.5% de los
electores que hayan sufragado en la votación popular más
reciente en la comuna o agrupación de comunas respectiva.
En todo caso, entre los patrocinantes no se
contabilizarán los correspondientes a afiliados a partidos
políticos que superen el cinco por ciento del porcentaje
mínimo que establece el inciso anterior.
La determinación del número mínimo necesario de
patrocinantes la hará el Director del Servicio Electoral
mediante resolución que se publicará en el sitio
electrónico de ese Servicio con siete meses de
anticipación, a lo menos, a la fecha en que deba realizarse
la elección.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
anteriores, los independientes que postulen integrando
pactos o subpactos no requerirán de patrocinio.
112
Artículo 113.- El patrocinio de candidaturas
independientes a alcalde o concejal deberá suscribirse ante
un notario público de la respectiva comuna, por ciudadanos
habilitados para votar en la misma. En aquellas comunas en
donde no exista notario público, será competente para
certificar el patrocinio el oficial del Registro Civil de la
jurisdicción respectiva.
No podrá figurar el mismo patrocinante en diversas
declaraciones de candidaturas independientes. Si ello
ocurriere, será válido solamente el patrocinio que figure
en la primera declaración hecha ante el Servicio Electoral,
y si se presentaren varias simultáneamente, no será
válido en ninguna de ellas el patrocinio que se haya
repetido.
No obstante, a los candidatos independientes que
postulen integrando pactos o subpactos no les será
aplicable lo dispuesto en los incisos anteriores.
113
Artículo 114.- Al tercer día de expirado el plazo
para declarar candidaturas, el Director del Servicio
Electoral procederá a efectuar el sorteo contemplado en el
inciso segundo del artículo 23 de la Ley Nº 18.700,
Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios.
114
Párrafo 2º
De las inscripciones de candidatos
Párrafo 2º De las inscripciones de candidatos
Artículo 115.- El Director Regional del Servicio
Electoral, dentro de los diez días siguientes a aquél en
que venza el plazo señalado en el inciso final del
artículo 7 de la ley N° 18.700, deberá, mediante
resolución que se publicará en un diario de los de mayor
circulación en la región o provincia respectiva, aceptar o
rechazar las que hubieren sido declaradas.
Los partidos políticos y los candidatos independientes
podrán, dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la referida resolución, reclamar de ella
ante el tribunal electoral regional respectivo, el que
deberá pronunciarse dentro de quinto día.
115
Artículo 116.- Dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del plazo para impugnar a que se refiere el
artículo anterior o al fallo ejecutoriado del tribunal
electoral regional, en su caso, el Director Regional del
Servicio Electoral procederá a inscribir las candidaturas
en un registro especial. Desde este momento, se considerará
que los candidatos tienen la calidad de tales para todos los
efectos legales.
En todo caso, el tribunal electoral regional deberá
notificar sus resoluciones a los respectivos Directores
Regionales del Servicio Electoral y a los patrocinantes de
los reclamos tan pronto como las pronuncie.
116
Párrafo 3º
Del escrutinio en las mesas receptoras de sufragio
Párrafo 3º Del escrutinio en las mesas receptoras de sufragio
Artículo 117.- Derogado.
117
2013-04-27
Artículo 118.- Para los efectos del escrutinio general
y de la calificación de las elecciones, contemplados en el
párrafo siguiente, el secretario de la mesa receptora de
sufragios remitirá al presidente del tribunal electoral
regional el sobre a que se refieren los artículos 73 y 74
de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios. Asimismo, el secretario de la Junta
Electoral remitirá al mismo tribunal los sobres con las
actas de cuadros de los Colegios Escrutadores que hubieren
funcionado en su jurisdicción.
118
Párrafo 4º
Del escrutinio general y de la
calificación de las elecciones
Párrafo 4º Del escrutinio general y de la calificación de las elecciones
Artículo 119.- El escrutinio general y la
calificación de las elecciones municipales serán
practicados por los tribunales electorales regionales, en
conformidad a los Títulos IV y V de la ley N° 18.700,
orgánica constitucional sobre votaciones populares y
escrutinios, teniendo, en cuanto les fueren aplicables,
todas las facultades que se conceden al Tribunal Calificador
de Elecciones.
Las resoluciones que dicten los Tribunales Electorales
Regionales, en el marco de la competencia que se les
confiere por la presente ley, serán apelables para ante el
Tribunal Calificador de Elecciones.
El plazo para comparecer en segunda instancia será el
segundo día contado desde el respectivo certificado de
ingreso. La resolución que proclame a los candidatos
definitivamente electos no será susceptible de recurso
alguno.
Sin perjuicio de lo establecido en los incisos
precedentes, las instancias jurisdiccionales electorales
deberán poner en conocimiento del Juzgado de Garantía
competente aquellos hechos o circunstancias fundantes de la
reclamación que, a su juicio, revistieren características
de delito.
119
Artículo 120.- Para determinar los concejales
elegidos, el tribunal electoral regional deberá seguir el
procedimiento indicado en los artículos siguientes.
120
Artículo 121.- Se considerará que constituyen una
lista, los pactos electorales, los partidos que participen
en la elección sin formar parte de un pacto electoral y
cada una de las candidaturas independientes que no formen
parte de un pacto electoral.
Para establecer los votos de lista, el tribunal sumará
las preferencias emitidas a favor de cada uno de los
candidatos de una misma lista.
121
Artículo 122.- Se determinará el cuociente electoral,
para lo cual los votos de lista se
dividirán sucesivamente por uno, dos, tres, cuatro, y así
sucesivamente, hasta formar tantos cuocientes por cada lista
como concejales corresponda elegir. Todos esos cuocientes se
ordenarán en forma decreciente de mayor a menor y el que
ocupe la posición ordinal correspondiente al número de
concejales a elegir, será el cuociente electoral.
Para determinar cuántos son los elegidos en cada lista
se dividirá el total de votos de la
lista por el cuociente electoral. Se considerará la parte
entera del resultado de la división, sin aproximar y
despreciando cualquiera fracción o decimal.
122
Artículo 123.- Para determinar los candidatos a
concejales elegidos dentro de cada lista se observarán las
siguientes reglas:
1) Si a una lista corresponde igual número de concejales
que el de candidatos presentados, se proclamará elegidos a
todos éstos.
2) Si el número de candidatos presentados es mayor que el
de los concejales que a la lista corresponda, se proclamará
elegidos a los que hubieren obtenido las más altas
mayorías individuales, a menos que la lista corresponda a
un pacto electoral, caso en el cual se aplicará la norma
del artículo siguiente.
3) Si el número de candidatos presentados es inferior al de
los concejales que a la lista
le corresponde elegir, se proclamará elegidos a todos los
candidatos de la lista, debiendo reasignar el cargo sobrante
recalculando el número de cargos elegidos por las demás
listas. Para ello se repetirá el cálculo del inciso
segundo del artículo anterior, utilizando como cuociente
electoral al cuociente que ocupe la posición ordinal que
siga en el orden decreciente de los cuocientes determinados
según el inciso primero del artículo anterior. Si fuesen
más de uno los cargos sobrantes, para determinar el
cuociente electoral, se avanzará en el orden decreciente de
los cuocientes del inciso primero del artículo anterior,
tantas posiciones ordinales como cargos sobrantes existan.
4) Si, dentro de una misma lista, un cargo correspondiere
con igual derecho a dos o más candidatos, resultará
elegido aquel que haya obtenido el mayor número de
preferencias individuales y, en caso de que persista la
igualdad, se procederá por el tribunal electoral regional
al sorteo del cargo en audiencia pública.
5) Si el último cargo por llenar correspondiere con igual
derecho a dos o más listas o candidaturas independientes,
resultará elegido el candidato de la lista o independiente
que haya obtenido mayor número de preferencias individuales
y, en caso de que persista la igualdad, se procederá por el
tribunal electoral regional al sorteo del cargo en audiencia
pública.
123
Artículo 124.- Para determinar los candidatos elegidos
en una lista que corresponda a un pacto electoral se
procederá a sumar las preferencias de los candidatos
incluidos en cada uno de los partidos o de los subpactos,
según sea el caso.
Posteriormente, se repetirá el procedimiento descrito
en el artículo 122, considerando para este efecto como si
fueran una lista a cada uno de los integrantes del pacto
electoral, ya sea que se trate de partidos, subpactos o
candidatos independientes que no hubieran subpactado, según
sea el caso, todo ello con el objeto de determinar el
número de candidatos que elige cada integrante del pacto.
Determinado el número que elige cada integrante del
pacto electoral, se repetirá el procedimiento descrito en
el artículo 123, para determinar quiénes son los
candidatos electos de cada integrante del pacto,
considerando también para este efecto como si fueran una
lista a cada uno de los integrantes del pacto electoral, ya
sea que se trate de partidos, subpactos o candidatos
independientes que no hubieran subpactado, según sea el
caso.
No obstante lo dispuesto en los incisos precedentes, en
el caso de una lista que consista en un pacto electoral
suscrito entre un partido político y uno o más
independientes, y siempre que en dicho pacto electoral no se
incluyan subpactos, los candidatos tendrán igual derecho de
preferencia dentro del pacto, proclamándose electos a las
más altas mayorías considerando únicamente su votación
individual. Asimismo, en el caso de un subpacto que incluya
candidatos de uno o más partidos e independientes, los
candidatos tendrán igual derecho de preferencia dentro del
subpacto, proclamándose electos a las más altas mayorías
considerando únicamente su votación individual.
124
Artículo 125.- Las listas que incluyan pactos entre
partidos políticos o subpactos podrán incluir una o más
candidaturas independientes.
125
Artículo 126.- Para los efectos de lo dispuesto en los
artículos precedentes, cada postulación o candidatura
independiente, que no forme parte de un pacto, se
considerará como si fuera una lista y tendrá el
tratamiento propio de ésta.
126
Artículo 127.- Será elegido alcalde el candidato que
obtenga la mayor cantidad de sufragios válidamente emitidos
en la comuna, esto es, excluidos los votos en blanco y los
nulos, según determine el tribunal electoral regional
competente.
En caso de empate, el tribunal electoral regional
respectivo, en audiencia pública y mediante sorteo,
determinará al alcalde electo de entre los candidatos
empatados.
127
Artículo 128.- Dentro de los dos días siguientes a
aquél en que su fallo quede a firme, el tribunal electoral
regional enviará una copia autorizada de la parte
pertinente del mismo y el acta complementaria de
proclamación, en lo que se refiera a las respectivas
comunas, al delegado presidencial regional y al secretario
municipal de cada una de las municipalidades de la
provincia. Comunicará, al mismo tiempo, su proclamación a
cada uno de los candidatos elegidos.
Una copia completa del fallo y de su acta
complementaria se remitirá, además, por el presidente del
tribunal electoral regional respectivo, al Ministro del
Interior y al Director del Servicio Electoral, con el objeto
de que tomen conocimiento del término del proceso electoral
municipal.
128
TITULO VI
DE LAS CORPORACIONES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
MUNICIPALES
TITULO VI DE LAS CORPORACIONES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES MUNICIPALES
Párrafo 1º
De las corporaciones y fundaciones municipales
Párrafo 1º De las corporaciones y fundaciones municipales
Artículo 129.- Una o más municipalidades podrán
constituir o participar en corporaciones o fundaciones de
derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la
promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o
el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo.
Estas personas jurídicas se constituirán y regirán
por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del
Código Civil, sin perjuicio de las disposiciones especiales
contenidas en esta ley.
129
Artículo 130.- Las corporaciones y fundaciones a que
se refiere este párrafo podrán formarse con una o más
personas jurídicas de derecho privado o con otras entidades
del sector público.
En todo caso, la creación o participación municipal
en estas entidades deberá ser aprobada por el concejo.
130
Artículo 131.- Los cargos de directores de las
corporaciones y fundaciones que constituyan las
municipalidades no darán lugar a ningún emolumento por su
desempeño.
No podrán ser directores o ejercer funciones de
administración en las entidades a que se refiere el
presente título, así como en las corporaciones
establecidas con arreglo al Decreto con Fuerza de Ley Nº
1-3.063, del año 1980, del Ministerio del Interior, el
cónyuge del alcalde o de los concejales, así como sus
parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive,
por afinidad hasta el segundo grado y las personas ligadas a
ellos por adopción.
Asimismo, entre los fines artísticos y culturales que
se proponga la entidad, en ningún caso se comprenderán la
administración y la operación de establecimientos
educacionales o de atención de menores.
131
Artículo 132.- Las municipalidades podrán otorgar
aportes y subvenciones a las corporaciones y fundaciones de
que formen parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 65, letra g).
En ningún caso las municipalidades podrán caucionar
compromisos contraídos por estas entidades.
132
Artículo 133.- Las corporaciones y fundaciones de
participación municipal deberán rendir semestralmente
cuenta documentada a las municipalidades respectivas acerca
de sus actividades y del uso de sus recursos. Lo anterior
será sin perjuicio de la fiscalización que pueda ejercer
el concejo respecto del uso de los aportes o subvenciones
municipales.
133
Artículo 134.- El personal que labore en las
corporaciones y fundaciones de participación municipal se
regirá por las normas laborales y previsionales del sector
privado.
134
Artículo 135.- La fiscalización de estas entidades
será efectuada por la unidad de control de la
municipalidad, en lo referente a los aportes municipales que
les sean entregados.
135
Artículo 136.- Sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 6º y 25 de la Ley Nº 10.336, la Contraloría
General de la República fiscalizará las corporaciones,
fundaciones o asociaciones municipales, cualquiera sea su
naturaleza y aquellas constituidas en conformidad a este
título, con arreglo al Decreto con Fuerza de Ley Nº
1-3.063, del año 1980, del Ministerio del Interior, o de
acuerdo a cualquiera otra disposición legal, respecto del
uso y destino de sus recursos, pudiendo disponer de toda la
información que requiera para este efecto.
La unidad de control municipal respectiva tendrá, en
los mismos términos, la facultad fiscalizadora respecto de
estas entidades.
136
Párrafo 2º
De las asociaciones de municipalidades
Párrafo 2º De las asociaciones de municipalidades
Artículo 137.- Dos o más municipalidades, pertenezcan
o no a una misma provincia o región, podrán constituir
asociaciones municipales, para los efectos de facilitar la
solución de problemas que les sean comunes, o lograr el
mejoraprovechamiento de los recursos disponibles, pudiendo
dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de
derecho privado, de acuerdo con las reglas establecidas en
el Párrafo 3º del presente Título.
Las asociaciones podrán tener por objeto:
a) La atención de servicios comunes.
b) La ejecución de obras de desarrollo local.
c) El fortalecimiento de los instrumentos de gestión.
d) La realización de programas vinculados a la
protección del medio ambiente, a la seguridad pública, al
turismo, a la salud o a otros fines que les sean propios.
e) La capacitación y el perfeccionamiento del personal
municipal, como también de alcaldes y concejales.
f) La coordinación con instituciones nacionales e
internacionales, a fin de perfeccionar el régimen
municipal.
137
Artículo 138.- Del mismo modo, las municipalidades
podrán celebrar convenios para asociarse entre ellas sin
requerir personalidad jurídica. Tales convenios deberán
contemplar, entre otros aspectos, los siguientes:
a) La especificación de las obligaciones que asuman los
respectivos asociados;
b) Los aportes financieros y demás recursos materiales
que cada municipio proporcionará para dar cumplimiento a
las tareas concertadas;
c) El personal que se dispondrá al efecto, y
d) El municipio que tendrá a su cargo la administración
y dirección de los servicios que se presten u obras que se
ejecuten.
Estos convenios deberán contar con el acuerdo de los
respectivos concejos.
138
Artículo 139.- Los fondos necesarios para el
funcionamiento de las asociaciones, en la parte que
corresponda al aporte municipal, se consignarán en los
presupuestos municipales respectivos. Los municipios
asociados no podrán afianzar ni garantizar los compromisos
financieros que las asociaciones contraigan y éstos no
darán lugar a ninguna acción de cobro contra aquéllos.
Respecto del personal mencionado en la letra c) del
artículo anterior, no regirá la limitación de tiempo para
las comisiones de servicio que sea necesario ordenar, cuando
se trate de personal municipal.
139
Artículo 140.- Ninguna corporación, fundación o
asociación municipal, creada o que se cree en virtud de
ésta u otras leyes, podrá contratar empréstitos.
140
Párrafo 3º
De la personalidad jurídica de las Asociaciones
Municipales
Párrafo 3º De la personalidad jurídica de las Asociaciones Municipales
Artículo 141.- La constitución de una asociación
será acordada por los alcaldes de las municipalidades
interesadas, previo acuerdo de sus respectivos concejos, en
asamblea que se celebrará ante un ministro de fe, debiendo
actuar como tal el secretario municipal de alguna de tales
municipalidades, o un notario público con sede en alguna de
las comunas de las mismas.
Las asociaciones municipales constituidas en
conformidad a las normas de este párrafo deberán efectuar
una solicitud de inscripción en el Registro que se llevará
para tales efectos y depositar una copia autorizada reducida
a escritura pública del acta de su asamblea constitutiva,
de su directorio provisional y de sus estatutos, ante el
Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, dentro del plazo de
treinta días contado desde la fecha de la asamblea.
Dentro del plazo de sesenta días, contado desde la
fecha de la recepción de los documentos antes señalados,
el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo, podrá objetar la
constitución de la asociación, si no se hubiere dado
cumplimiento a los requisitos que la ley establece para su
formación y para la aprobación de sus estatutos, todo lo
cual será notificado por carta certificada al presidente
del órgano directivo provisional de aquella.
La asociación deberá subsanar las observaciones
efectuadas dentro del plazo de treinta días, contado desde
su notificación. Si así no lo hiciere, se tendrá por no
presentada su solicitud de inscripción en el Registro y los
miembros de la directiva provisional responderán
solidariamente por las obligaciones que la organización
hubiese contraído en ese lapso.
Cumplido el procedimiento anterior, la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo procederá a
inscribir la organización en el Registro que llevará para
tal efecto.
Transcurrido el plazo establecido en el inciso tercero,
sin que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo hubiere objetado la constitución, la
solicitud de inscripción se entenderá aprobada.
Las asociaciones municipales gozarán de personalidad
jurídica por el solo hecho de haber efectuado el depósito
y registro que se establece en el presente párrafo.
Dentro del plazo máximo de noventa días siguientes a
la obtención de la personalidad jurídica, la organización
deberá convocar a una asamblea extraordinaria, en la que se
elegirá a su órgano directivo definitivo.
El directorio, que podrán integrar alcaldes y
concejales, ejercerá la administración de la asociación,
estará constituido por un mínimo de cinco miembros y
deberá contemplar, a lo menos, los cargos de presidente,
secretario y tesorero. La presidencia corresponderá a uno
de los alcaldes de las municipalidades que componen la
respectiva asociación. El presidente del directorio lo
será también de la asociación y tendrá su
representación judicial y extrajudicial.
Un reglamento establecerá las normas sobre asambleas,
elección del directorio y demás órganos de la
asociación, reforma de sus estatutos, derechos y
obligaciones de sus miembros, registro de afiliados,
aprobación del presupuesto y del plan de trabajo anual,
disolución y demás disposiciones relativas a la
organización, facultades y funcionamiento de las
asociaciones que se constituyan en conformidad a las normas
de este párrafo.
141
Artículo 142.- Existirá un Registro Único de
Asociaciones Municipales con personalidad jurídica de
derecho privado, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
Cualquiera asociación municipal podrá solicitar de la
citada Subsecretaría el otorgamiento de un certificado que
dé cuenta de su inscripción en el Registro.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo mantendrá el Registro permanentemente
actualizado, siendo accesible vía internet, en forma
gratuita y sin exigencia de clave para el ingreso de los
usuarios.
El reglamento señalará las demás disposiciones
relativas a la forma, contenidos y modalidades de la
información del Registro que sean indispensables para su
correcta y cabal operación.
142
Artículo 143.- Los estatutos de las asociaciones
municipales deberán contener, a lo menos, las siguientes
estipulaciones:
a) Nombre de la asociación.
b) Indicación de la comuna en que tendrá domicilio la
asociación.
c) Finalidades y objetivos.
d) Derechos y obligaciones de sus miembros.
e) Órganos de dirección y de representación y sus
respectivas atribuciones.
f) Tipo y número de asambleas que se realizarán
durante el año, indicando las materias que en ellas podrán
tratarse.
g) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y
quórum para sesionar y adoptar acuerdos.
h) Normas sobre administración patrimonial y forma de
fijar cuotas ordinarias y extraordinarias.
i) Indicación de la Contraloría Regional ante la cual
harán entrega de su contabilidad.
j) Normas y procedimientos que regulen la disciplina
interna, resguardando el debido proceso.
k) Forma y procedimiento de incorporación y de
desafiliación a la asociación, debiendo constar en ambos
casos el respectivo acuerdo de concejo municipal
correspondiente.
l) Periodicidad con la que deben elegirse sus
dirigentes, la que no podrá exceder de cuatro años.
m) Forma de liquidación.
Las asociaciones que se constituyan de conformidad al
presente párrafo podrán acogerse a estatutos tipo que
establecerá la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior mediante
resolución.
No podrá negarse el otorgamiento de la personalidad
jurídica a las asociaciones municipales cuyos estatutos
cumplan con los requisitos que la presente ley establece al
efecto.
143
Artículo 144.- Las asociaciones deberán dar
cumplimiento permanente a sus estatutos.
El representante de la respectiva asociación deberá
comunicar al Ministerio del Interior, a través de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo,
dentro del plazo de 30 días, toda modificación que se
introduzca a sus estatutos, domicilio legal o composición
de los órganos directivos.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo estará facultada para fiscalizar el
cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores, para
lo cual podrá solicitar, tanto a las asociaciones como a
las municipalidades que las conformen, toda la información
necesaria para verificar el cumplimiento de sus estatutos.
144
Artículo 145.- Las asociaciones municipales
constituidas conforme a las disposiciones del presente
párrafo dispondrán de patrimonio propio, que será
gestionado de acuerdo a la voluntad mayoritaria de sus
socios, y que estará formado por las cuotas de
incorporación, cuotas ordinarias y cuotas extraordinarias,
determinadas con arreglo a los estatutos; por donaciones;
por el producto de bienes y servicios; por la venta de
activos y por erogaciones, subvenciones y aportes
provenientes de personas naturales o jurídicas, de las
municipalidades, o entidades públicas, nacionales o
internacionales; y, demás bienes que adquieran a su nombre.
Con todo, sólo serán sujeto de subvenciones
provenientes de entidades públicas nacionales, fondos
concursables o todo otro aporte de recursos de esta
naturaleza, aquellas asociaciones que se encuentren vigentes
en el Registro Único de Asociaciones Municipales,
establecido en el artículo 142.
Las municipalidades socias no podrán otorgar
garantías reales, ni cauciones de ninguna especie, respecto
de las obligaciones que puedan contraer las asociaciones a
las que pertenezcan.
145
Artículo 146.- La disolución de una asociación de
municipalidades deberá ser decidida por la mayoría
absoluta de la Asamblea de socios, debiendo constar dicho
acuerdo en un acta reducida a escritura pública, de la que
deberá notificarse a la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo, en el plazo de 30 días desde su
fecha de suscripción.
En este caso los bienes serán destinados al pago de
obligaciones pendientes. De existir un remanente, luego de
servir tales obligaciones, éste deberá restituirse a las
municipalidades socias, a través de un procedimiento de
liquidación establecido en el reglamento indicado en el
artículo 141.
146
Artículo 147.- El personal que labore en las
asociaciones municipales de que trata el presente párrafo
se regirá por las normas laborales y previsionales del
sector privado.
147
Artículo 148.- A estas asociaciones les será
aplicable, en forma supletoria, lo dispuesto en los
artículos 549 a 558 del Código Civil.
148
Artículo 149.- A las asociaciones municipales les
serán aplicables tanto el principio de publicidad de la
función pública, consagrado en el inciso segundo del
artículo 8º de la Constitución Política de la
República, como las normas de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado,
contenidas en el artículo 1º de la ley Nº 20.285.
149
Artículo 150.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 136, la Contraloría General de la República
podrá ejercer sus facultades de fiscalización y control
sobre las asociaciones municipales de que trata este
párrafo, respecto de su patrimonio, cualquiera sea su
origen.
150
TITULO FINAL
TITULO FINAL
Artículo 151.- Los reclamos que se interpongan en
contra de las resoluciones u omisiones ilegales de la
municipalidad se sujetarán a las reglas siguientes:
a) Cualquier particular podrá reclamar ante el alcalde
contra sus resoluciones u omisiones o las de sus
funcionarios, que estime ilegales, cuando éstas afecten el
interés general de la comuna. Este reclamo deberá
entablarse dentro del plazo de treinta días, contado desde
la fecha de publicación del acto impugnado, tratándose de
resoluciones, o desde el requerimiento de las omisiones;
b) El mismo reclamo podrán entablar ante el alcalde los
particulares agraviados por toda resolución u omisión de
funcionarios, que estimen ilegales, dentro del plazo
señalado en la letra anterior, contado desde la
notificación administrativa de la resolución reclamada o
desde el requerimiento, en el caso de las omisiones;
c) Se considerará rechazado el reclamo si el alcalde no
se pronunciare dentro del término de quince días, contado
desde la fecha de su recepción en la municipalidad;
d) Rechazado el reclamo en la forma señalada en la letra
anterior o por resolución fundada del alcalde, el afectado
podrá reclamar, dentro del plazo de quince días, ante la
corte de apelaciones respectiva.
El plazo señalado en el inciso anterior se contará,
según corresponda, desde el vencimiento del término
indicado en la letra c) precedente, hecho que deberá
certificar el secretario municipal, o desde la notificación
que éste hará de la resolución del alcalde que rechace el
reclamo, personalmente o por cédula dejada en el domicilio
del reclamante.
El reclamante señalará en su escrito, con precisión,
el acto u omisión objeto del reclamo, la norma legal que se
supone infringida, la forma como se ha producido la
infracción y, finalmente, cuando procediere, las razones
por las cuales el acto u omisión le perjudican;
e) La corte podrá decretar orden de no innovar cuando la
ejecución del acto impugnado le produzca un daño
irreparable al recurrente;
f) La corte dará traslado al alcalde por el término de
diez días. Evacuado el traslado o teniéndosele por
evacuado en rebeldía, la corte podrá abrir un término de
prueba, si así lo estima necesario, el que se regirá por
las reglas de los incidentes que contempla el Código de
Procedimiento Civil;
g) Vencido el término de prueba, se remitirán los autos
al fiscal judicial para su informe y a continuación se
ordenará traer los autos en relación. La vista de esta
causa gozará de preferencia;
h) La corte, en su sentencia, si da lugar al reclamo,
decidirá u ordenará, según sea procedente, la anulación
total o parcial del acto impugnado; la dictación de la
resolución que corresponda para subsanar la omisión o
reemplazar la resolución anulada; la declaración del
derecho a los perjuicios, cuando se hubieren solicitado, y
el envío de los antecedentes al Ministerio Público, cuando
estimare que la infracción pudiere ser constitutiva de
delito, e
i) Cuando se hubiere dado lugar al reclamo, el interesado
podrá presentarse a los tribunales ordinarios de justicia
para demandar, conforme a las reglas del juicio sumario, la
indemnización de los perjuicios que procedieren y ante el
Ministerio Público, la investigación criminal que
correspondiere. En ambos casos, no podrá discutirse la
ilegalidad ya declarada.
No obstante lo anterior, los reclamos que se
interpongan contra las resoluciones que emita la unidad
encargada de obras municipales en el ejercicio de las
funciones descritas en las letras a), b), c) y g) del inciso
primero del artículo 24 de la presente ley deberán
ajustarse a las reglas que disponga la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.
151
Artículo 152.- Las municipalidades incurrirán en
responsabilidad por los daños que causen, la que procederá
principalmente por falta de servicio.
No obstante, las municipalidades tendrán derecho a
repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en
falta personal.
152
Artículo 153.- Los plazos de días establecidos en
esta ley serán de días hábiles.
No obstante, los plazos de días establecidos en los
artículos 62 y 82, letra c), así como en el Título V "De
las elecciones municipales", serán de días corridos.
153
Artículo 154.- Derógase el Decreto Ley Nº 1.289, de
1975.
154
Artículo 155.- Instalada una nueva municipalidad, el o
los municipios originarios le traspasarán en el plazo de
seis meses, los servicios municipales y sus establecimientos
o sedes, ubicados en el territorio comunal que estén a su
cargo en virtud de las normas que estableció el Decreto con
Fuerza de Ley Nº 1-3.063, de 1980, del Ministerio del
Interior.
155
Artículo 156.- El traspaso de los servicios
municipales y sus establecimientos o sedes se efectuará en
forma definitiva, mediante la celebración de un convenio
entre las respectivas municipalidades, el cual deberá
considerar entre otros los siguientes aspectos:
- Descripción detallada del servicio que tome a su
cargo la nueva municipalidad, precisando los derechos y
obligaciones que el ministerio correspondiente señaló a la
municipalidad originaria.
- Individualización de los activos muebles e inmuebles
que se traspasen. Respecto de los inmuebles, deberán
identificarse y expresarse todas las menciones exigidas por
la ley y reglamentación respectiva para la inscripción de
los bienes en los registros pertinentes. En el evento de
considerarse el traspaso de vehículos motorizados, deberá
cumplirse con similar exigencia para su debida
identificación.
- Nómina y régimen del personal que se traspasa de
municipalidad señalando, entre otros antecedentes, nombre,
función que realiza, antigüedad en el servicio, lugar de
desempeño, situación previsional y remuneración.
- El vínculo laboral a que esté afecto el personal
que se traspase de conformidad a la ley se mantendrá
vigente con la nueva municipalidad empleadora, sin solución
de continuidad, no afectando los derechos y obligaciones que
de él emanan.
El convenio deberá ser sancionado por decreto de los
respectivos alcaldes. El traspaso regirá desde el primer
día del mes siguiente al de la fecha del decreto alcaldicio
de la municipalidad derivada.
156
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1º.- El personal que preste servicios en las
municipalidades continuará afecto a las normas estatutarias
actualmente en vigor hasta la dictación de los preceptos a
que se refiere el artículo 40 de esta ley.
Asimismo, seguirán siendo aplicables a dicho personal
las normas previsionales que lo rigen en la actualidad.
1
Artículo 2º.- Mientras no se dicte la ley a que se
refiere el artículo 126, inciso primero, de la
Constitución Política, las cuestiones de competencia que
se susciten entre municipalidades de una misma provincia
serán resueltas por el delegado presidencial provincial
respectivo y aquellas que se produzcan entre municipalidades
pertenecientes a distintas provincias, por el delegado
presidencial regional que corresponda.
2
Artículo 3º.- Para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 19 de esta ley, en tanto no se apruebe un nuevo
censo de habitantes, se aplicará el censo efectuado en
1982, y en el caso de creación de comunas nuevas o traspaso
de territorios efectuados con posterioridad a dicho censo,
se considerará la población que señale el informe oficial
que emita el Instituto Nacional de Estadísticas.
3
Artículo 4°.- En aquellas municipalidades
pertenecientes a las regiones declaradas zonas de
catástrofe, en conformidad al decreto supremo N° 150, de
2010, del Ministerio del Interior, el plazo a que se refiere
el inciso primero del artículo 67 de esta ley se extenderá
hasta el 31 de agosto de 2010.
4
Artículo 5º.- La ordenanza a que alude el artículo
93 y el reglamento señalado en el artículo 94 deberán
dictarse dentro del plazo de 180 días siguientes a la fecha
de publicación de la presente ley.
Los consejos comunales de organizaciones de la sociedad
civil deberán quedar instalados en el plazo de 60 días,
contado desde la fecha de publicación del reglamento
mencionado en el inciso precedente.
5
Artículo 6º.- No obstante lo dispuesto
en el artículo 106, la próxima elección
municipal se realizará el día domingo 23
de octubre de 2016.
6
Artículo 7.- El alcalde deberá convocar a la primera
sesión del consejo comunal de seguridad pública dentro del
plazo de noventa días contado desde la publicación de la
presente ley.
Las obligaciones relativas al plan comunal de seguridad
pública, en tanto, deberán cumplirse dentro de los ciento
ochenta días siguientes a la total tramitación del acto
administrativo que apruebe un convenio celebrado entre el
municipio y la Subsecretaría de Prevención del Delito, el
cual podrá generar transferencias de recursos para dicho
plan, conforme a la disponibilidad presupuestaria de esta
última institución. Deberá dejarse expresa constancia en
este convenio que su aprobación traerá aparejado el
cumplimiento de las obligaciones referidas en el presente
inciso.
Asimismo, los convenios referidos en el inciso anterior
podrán transferir recursos, con el objeto de que el
municipio disponga de una persona para que desempeñe las
funciones establecidas en el artículo 16 bis, cuando no
cuente con disponibilidad presupuestaria inmediata para
proveerlo.
Sin perjuicio de lo anterior, las municipalidades
podrán someterse voluntariamente a las obligaciones
relativas al plan comunal de seguridad pública antes de la
celebración del convenio referido en el inciso segundo.
Para esto, deberán dictar un decreto alcaldicio que así lo
determine, debiendo el alcalde presentar el primer plan
comunal de seguridad pública dentro de los ciento ochenta
días siguientes a su dictación.
Con todo, sólo se procederá a la suscripción de los
convenios referidos en el inciso segundo, o a la
incorporación voluntaria mediante decreto alcaldicio
señalada en el inciso anterior, una vez que se publique la
resolución de la Subsecretaría de Prevención del Delito
que aprueba las orientaciones técnicas y el formato de plan
comunal de seguridad pública a que hace referencia el
artículo 104 F, en el plazo de noventa días siguientes a
la publicación de la ley.
La Ley de Presupuestos del Sector Público anualmente
indicará los montos a transferir en virtud de los convenios
celebrados entre la Subsecretaría de Prevención del Delito
y los municipios en el marco de esta ley, en comunas que se
seleccionarán en base a criterios objetivos.
7
Artículo octavo transitorio.- El encargado de la
Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres a que alude el
artículo 26 ter se financiará con recursos municipales o,
en caso de no existir el cargo en el municipio, se
financiará a profesionales o técnicos de nivel superior
para desempeñar labores que fortalezcan la aplicación de
los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres, que
contempla la ley que establece el Sistema Nacional
Prevención y Respuesta ante Desastres, como parte del
convenio a que se refiere el artículo 41 de dicha ley.
OCTAVO
Anótese, tómese razón y publíquese.- Andrés
Zaldívar Larraín, Vicepresidente de la República.-
Felipe Harboe Bascuñán, Ministro del Interior (S).
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda
a usted, Claudia Serrano Madrid, Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo.