Ley
16744
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
ACCIDENTES DE TRABAJO
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Boletín de Leyes y Decretos de Gobierno
26957
ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
TITULO I (1-4)
OBLIGATORIEDAD, PERSONAS PROTEGIDAS Y AFILIACION.
TITULO I (1-4) OBLIGATORIEDAD, PERSONAS PROTEGIDAS Y AFILIACION.
Párrafo 1°
Obligatoriedad
Párrafo 1º Obligatoriedad
Artículo 1°.- Declárase obligatorio el Seguro Social
contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, en la forma y condiciones establecidas en la
presente ley.
1
§ 2. Personas protegidas
§ 2. Personas protegidas
Artículo 2° Estarán sujetas, obligatoriamente, a este
seguro, las siguientes personas:
a) Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualesquiera
que sean las labores que ejecuten, sean ellas manuales o
intelectuales, o cualquiera que sea la naturaleza de la
empresa, institución, servicio o persona para quien
trabajen; incluso los servidores domésticos y los
aprendices;
b) Los funcionarios públicos de la Administración
Civil del Estado, municipales y de instituciones
administrativamente descentralizadas del Estado.
INCISO SEGUNDO DEROGADO.
c) Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que
signifiquen una fuente de ingreso para el respectivo
plantel;
d) Los trabajadores independientes y los trabajadores
familiares.
El Presidente de la República establecerá, dentro del
plazo de un año, a contar desde la vigencia de la presente
ley, el financiamiento y condiciones en que deberán
incorporarse al régimen de seguro de esta ley las personas
indicadas en las letras b) y c) de este artículo.
No obstante, el Presidente de la República queda
facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y
condiciones en que deberán incorporarse al régimen de
seguro que establece esta ley las personas indicadas en la
letra d).
2
Artículo 3° Estarán protegidos también, todos los
estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con
ocasión de sus estudios o en la realización de su
práctica profesional. Para estos efectos se entenderá por
estudiantes a los alumnos de cualquiera de los niveles o
cursos de los establecimientos educacionales reconocidos
oficialmente de acuerdo a lo establecido en la ley Nº
18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
El Presidente de la República queda facultado para
decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones de la
incorporación de tales estudiantes a este seguro escolar,
la naturaleza y contenido de las prestaciones que se les
otorgará y los organismos, instituciones o servicios que
administrarán dicho seguro.
3
Párrafo 3°
Afiliación.
Párrafo 3º Afiliación.
Artículo 4.- Para los efectos de este seguro, todos los
empleadores se entenderán afiliados al Instituto de
Seguridad Laboral respecto de la totalidad de sus
trabajadores, salvo que se adhieran a alguna mutualidad de
empleadores.
Lo dispuesto en el inciso anterior también se
aplicará a los trabajadores independientes afectos al
seguro de esta ley.
4
TITULO II
Contingencias cubiertas
TITULO II Contingencias cubiertas
Artículo 5° Para los efectos de esta ley se entiende
por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra
a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca
incapacidad o muerte.
Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el
trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y
el lugar del trabajo, y aquéllos que ocurran en el trayecto
directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a
distintos empleadores. En este último caso, se considerará
que el accidente dice relación con el trabajo al que se
dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro.
Se considerarán también accidentes del trabajo los
sufridos por dirigentes de instituciones sindicales a causa
o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales.
Exceptúanse los accidentes debidos a fuerza mayor
extraña que no tenga relación alguna con el trabajo y los
producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de
las excepciones corresponderá al organismo administrador.
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Artículo 6°.- Los Consejos de los organismos
administradores podrán otorgar el derecho al goce de los
beneficios establecidos en la presente ley, en caso de
accidentes debidos a fuerza mayor extraña al trabajo que
afectare al afiliado en razón de su necesidad de residir o
desempeñar sus labores en el lugar del siniestro.
Las empresas y los fondos de los seguros de enfermedad y
de pensiones respectivos, deberán, en tal caso, integrar en
el fondo de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales de que se trate, las sumas equivalentes a las
prestaciones que habrían debido otorgar por aplicación de
las normas generales sobre seguro de enfermedad o medicina
curativa, invalidez no profesional o supervivencia, en la
forma que señale el Reglamento.
En todo caso, los acuerdos a que se refiere el inciso
primero, deberán ser sometidos a la aprobación de la
Superintendencia de Seguridad Social.
6
Artículo 7°.- Es enfermedad profesional la causada de
una manera directa por el ejercicio de la profesión o el
trabajo que realice una persona y que le produzca
incapacidad o muerte.
El Reglamento enumerará las enfermedades que deberán
considerarse como profesionales. Esta enumeración deberá
revisarse, por lo menos, cada tres años.
Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el
respectivo organismo administrador el carácter profesional
de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista
a que se refiere el inciso anterior y que hubiesen contraido
como consecuencia directa de la profesión o del trabajo
realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo
administrador será consultada ante la Superintendencia de
Seguridad Social, la que deberá decidir dentro del plazo de
tres meses con informe del Servicio Nacional de Salud.
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TITULO III
Administración
TITULO III Administración
Artículo 8.- La administración del seguro estará a
cargo del Instituto de Seguridad Laboral o de las
mutualidades de empleadores, según corresponda, en adelante
denominados los organismos administradores
8
Artículo 9°.- Derogado.
9
2019-01-01
Artículo 10.- El Instituto de Seguridad Laboral
administrará este seguro, incluida la realización de
actividades de prevención de riesgos de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, respecto de las
entidades empleadoras afiliadas a él, de sus trabajadores y
de los trabajadores independientes que corresponda.
El Instituto de Seguridad Laboral podrá contratar el
otorgamiento de las prestaciones médicas con los servicios
de salud, las mutualidades de empleadores o con otros
establecimientos de salud públicos o privados.
Para los servicios de salud señalados en el artículo
16 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del
Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las
leyes N° 18.933 y N° 18.469, y para los establecimientos
de salud experimental creados por los decretos con fuerza de
ley Nos 29, 30 y 31, de 2000, todos del Ministerio de Salud,
será obligatorio convenir el otorgamiento y proporcionar
tales prestaciones cuando se lo solicite el Instituto de
Seguridad Laboral, sujeto al pago de tarifas establecidas
según los aranceles vigentes.
Los convenios de atención celebrados por el Instituto
de Seguridad Laboral con los organismos públicos y privados
se someterán a las normas de contratación general del
Estado y a las modalidades, condiciones y aranceles que
señale un reglamento emanado del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, suscrito por los ministros de Salud y de
Hacienda.
10
Artículo 11°.- El seguro podrá ser administrado,
también, por las Mutualidades de Empleadores, que no
persigan fines de lucro, respecto de los trabajadores
dependientes de los miembros adheridos a ellas.
11
Artículo 12° El Presidente de la República podrá
autorizar la existencia de estas Instituciones,
otorgándoles la correspondiente personalidad jurídica,
cuando cumplan con las siguientes condiciones:
a) Que sus miembros ocupen, en conjunto, 20.000
trabajadores, a lo menos, en faenas permanentes;
b) Que dispongan de servicios médicos adecuados,
propios o en común con otra mutualidad, los que deben
incluir servicios especializados, incluso en
rehabilitación;
c) Que realicen actividades permanentes de prevención
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
d) Que no sean administradas directa ni indirectamente
por instituciones con fines de lucro, y
e) Que sus miembros sean solidariamente responsables de
las obligaciones contraídas por ellas.
El Servicio Nacional de Salud controlará que dentro del
plazo que fije el Presidente de la República en el decreto
que les conceda personalidad jurídica, cumplan con las
exigencias previstas en las letras b) y c) del inciso
anterior.
En caso de disolución anticipada de una Mutualidad, sus
miembros deberán constituir los capitales representativos
correspondientes a las pensiones de responsabilidad de dicha
Mutualidad, en el o los organismos administradores que deban
hacerse cargo en el futuro, del pago de tales pensiones.
En lo demás, se procederá en la forma como dispongan
sus estatutos y el Estatuto Orgánico de las Mutualidades
que deberá dictar el Presidente de la República en
conformidad al artículo siguiente.
Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización
de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá
estas funciones en conformidad a sus leyes y reglamentos
orgánicos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los
acuerdos de los directorios de estas mutualidades que se
refieran a transacciones judiciales o extrajudiciales,
serán elevados en consulta a la Superintendencia de
Seguridad Social.
Los acuerdos cuyo cumplimiento merezca dudas de
legalidad o conveniencia a los directorios de dichas
mutualidades podrán ser elevados en consulta por éstas a
la mencionada Superintendencia de Seguridad Social.
En casos calificados, la Superintendencia podrá
disponer que una o más de estas entidades, que a su juicio
requieran de un control especial, le eleven en consulta los
acuerdos de directorio que recaigan sobre las materias que
ella fije.
En los casos a que se refieren los tres incisos
precedentes, la Superintendencia de Seguridad Social se
pronunciará en los términos establecidos en el artículo
46° de la ley 16.395.
La Superintendencia de Seguridad Social impartirá las
instrucciones obligatorias que sean necesarias para el
cumplimiento de lo dispuesto en los incisos quinto a octavo
de este artículo.
12
Artículo 13°.- Facúltase al Presidente de la
República para que, dentro del plazo de un año, contado
desde la publicación de la presente ley, dicte el Estatuto
Orgánico por el que se habrán de regir estas Mutualidades.
Dicho Estatuto deberá prever que el Directorio de estas
instituciones esté integrado, paritariamente, por
representantes de los empleadores y de los trabajadores y la
forma como se habrá de elegir al presidente de la
institución, el cual lo será, también, del Directorio.
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Artículo 14° Los organismos administradores no podrán
destinar a gastos de administración una suma superior al
10% de los ingresos que les correspondan para este seguro.
Sin perjuicio de dicho porcentaje máximo, a las
Mutualidades no podrá fijárseles menos del cinco por
ciento de sus ingresos para tales gastos en los decretos en
que se aprueban las estimaciones presupuestarias de esta
ley.
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TITULO IV
TITULO IV Cotización y Financiamiento
Artículo 15° El Seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales se financiará con los siguientes
recursos:
a) Con una cotización básica general del 0,90% de las
remuneraciones imponibles, de cargo del empleador;
b) Con una cotización adicional diferenciada en
función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad
empleadora, la que será determinada por el Presidente de
la República y no podrá exceder de un 3,4% de las
remuneraciones imponibles, que también será de cargo del
empleador, y que se fijará sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 16°;
c) Con el producto de las multas que cada organismo
administrador aplique en conformidad a la presente ley;
d) Con las utilidades o rentas que produzca la
inversión de los fondos de reserva, y
e) Con las cantidades que les corresponda por el
ejercicio del derecho de repetir de acuerdo con los
artículos 56° y 69°.
15
Artículo 16° Las empresas o entidades que implanten o
hayan implantado medidas de prevención que rebajen
apreciablemente los riesgos de accidentes del trabajo o de
enfermedades profesionales, podrán solicitar que se les
reduzca la tasa de cotización adicional o que se les exima
de ella si alcanzan un nivel óptimo de seguridad.
Las empresas o entidades que no ofrezcan condiciones
satisfactorias de seguridad y/o higiene, o que no implanten
las medidas de seguridad que el organismo competente les
ordene, deberán cancelar la cotización adicional con
recargo de hasta el 100%, sin perjuicio de las demás
sanciones que les correspondan.
Las exenciones, rebajas o recargos de la cotización
adicional se determinarán por las mutualidades de
empleadores respecto de sus empresas adherentes y por los
Servicios de Salud respecto de las demás empresas, en
relación con la magnitud de los riesgos efectivos y las
condiciones de seguridad existentes en la respectiva
empresa, sin perjuicio de los demás requisitos que
establece este artículo y el reglamento.
Las empresas podrán reclamar de lo resuelto por la
respectiva Mutualidad de Empleadores ante la
Superintendencia de Seguridad Social, en conformidad al
inciso tercero del artículo 77 de esta ley, la que para
resolver, si lo estima pertinente, podrá solicitar informe
al Servicio de Salud correspondiente.
El reglamento establecerá los requisitos y proporciones
de las rebajas y recargos, así como también la forma,
proporciones y plazos en que se concederán o aplicarán.
16
Artículo 17°.- Las cotizaciones se calcularán sobre
la base de las mismas remuneraciones o rentas por las que se
cotiza para el régimen de pensiones de la respectiva
institución de previsión del afiliado.
Durante el período en que los trabajadores se
reincorporen al trabajo en virtud del artículo 197 bis del
Código del Trabajo, los empleadores deberán efectuar las
cotizaciones de esta ley sobre la base de la remuneración
correspondiente a dicha jornada.
Las cotizaciones que deban integrarse en alguna Caja de
Previsión, se considerarán parte integrante de su sistema
impositivo, gozando por lo tanto de los mismos privilegios y
garantías. Asimismo, el incumplimiento de enterar las
cotizaciones tendrá las mismas sanciones que las leyes
establecen o establezcan en el futuro para dicho sistema.
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Artículo 18°.- En caso de incumplimiento de la
obligación de cotizar de parte de los empleadores afectos a
alguna Mutualidad, deberán observarse las siguientes
reglas:
a) La Mutualidad deberá hacer la liquidación de las
cotizaciones adeudadas;
b) El infractor deberá pagar un interés penal de un 3%
mensual sobre el monto de lo adeudado, y
c) En la misma liquidación se impondrá, también, una
multa cuyo monto será equivalente al 50% de las
imposiciones adeudadas, y en ningún caso, inferior a medio
sueldo vital mensual, escala A) del departamento de
Santiago.
Esta multa se recargará en un 50% si la infracción se
produce con posterioridad a haberse verificado un accidente
o enfermedad por algún trabajador.
La liquidación aprobada por el presidente de la
respectiva Mutualidad tendrá mérito ejecutivo y su
notificación y cobro se ajustarán a las mismas normas que
rigen para el sistema de cobranza judicial del Servicio de
Seguro Social, gozando, también, del mismo privilegio.
18
Artículo 19°.- El régimen financiero del seguro será
el de reparto. Pero deberá formarse una reserva de
eventualidades no inferior al 2% ni superior al 5% del
ingreso anual.
19
Artículo 20° Respecto de las Mutualidades, el estatuto
orgánico de ellas deberá establecer que estas
instituciones formen, además de la reserva de
eventualidades a que se refiere el artículo anterior, una
reserva adicional para atender el pago de las pensiones y de
sus futuros reajustes.
20
Artículo 21.- El Instituto de Seguridad Laboral deberá
aportar al Ministerio de Salud un porcentaje de sus ingresos
con el objeto de financiar el desarrollo de las labores de
inspección y prevención de riesgos profesionales, así
como para el funcionamiento de la Comisión Médica de
Reclamos.
Mediante decreto dictado anualmente por el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro
de Salud, se establecerán el monto, las modalidades y
condiciones para el traspaso de los aportes señalados en el
inciso precedente.
21
Artículo 22°.- DEROGADO.
22
1988-12-29
Artículo 23.- Todas las sumas de dinero que le
corresponda percibir al Ministerio de Salud por aplicación
de lo dispuesto en esta ley se contabilizarán por separado,
para destinarlas exclusivamente a los objetivos que esta ley
le encomienda.
23
Artículo 24°.- Créase un fondo especial destinado a
la rehabilitación de alcohólicos que será administrado
por el Servicio Nacional de Salud y que se formará hasta
con el 10% de los excedentes a que se refiere el inciso
tercero del artículo 21° y con el 10% de las multas de
cualquiera naturaleza que se apliquen en conformidad a la
presente ley.
El Servicio Nacional de Salud destinará estos recursos
preferentemente a la construcción, habilitación y
funcionamiento de clínicas para el uso de las instituciones
con personalidad jurídica que existan o se constituyan
exclusivamente con la finalidad señalada, a las que podrá
también otorgar subvenciones de acuerdo con sus
necesidades.
Un reglamento que el Presidente de la República
dictará, dentro del plazo de 180 días desde la fecha de la
promulgación de la ley, determinará la forma de
administrar y distribuir estos recursos.
24
Artículo 24° bis.- Las Mutualidades de Empleadores
estarán exentas de la obligación de efectuar aportes para
el financiamiento del seguro de las personas a que se
refieren el inciso final del artículo 2° y el artículo
3° de esta ley.
24 BIS
TITULO V
Prestaciones
TITULO V Prestaciones
Párrafo 1°
Definiciones
Párrafo 1º Definiciones
Artículo 25°.- Para los efectos de esta ley se
entenderá por "entidad empleadora" a toda empresa,
institución, servicio o persona que proporcione trabajo: y
por "trabajador" a toda persona que preste servicios por
cuenta propia o como dependiente para alguna entidad
empleadora.
25
Artículo 26° Para los efectos del cálculo de las
pensiones e indemnizaciones, se entiende por sueldo base
mensual el promedio de las remuneraciones o rentas, sujetas
a cotización, excluidos los subsidios, percibidas por el
afiliado en los últimos seis meses, inmediatamente
anteriores al accidente o al diagnóstico médico, en caso
de enfermedad profesional.
En caso que la totalidad de los referidos seis meses no
estén cubiertos por cotizaciones, el sueldo base será
igual al promedio de las remuneraciones o rentas por las
cuales se han efectuado cotizaciones.
El trabajador podrá acreditar, en todo caso, que ha
percibido una remuneración superior a aquélla por la cual
se le hicieron las cotizaciones, debiendo entonces
calcularse el sueldo base sobre la renta efectivamente
percibida, sin perjuicio de que la respectiva institución
previsional persiga el pago de las cotizaciones adeudadas,
con sus intereses y multas, por la diferencia entre la
remuneración real y la declarada para los efectos
previsionales. Al empleador, también se le aplicará la
sanción máxima establecida en el artículo 80°.
Si el accidente o enfermedad ocurre antes que hubiere
correspondido enterar la primera cotización, se tendrá por
sueldo base el indicado como sueldo o renta en el acto de la
afiliación o el que tuvo derecho a percibir a la fecha en
que la afiliación debió efectuarse.
Para calcular el sueldo base mensual, las remuneraciones
o rentas que se consideren, se amplificarán en el mismo
porcentaje en que hubiere aumentado el sueldo vital, escala
A) del departamento de Santiago, desde la fecha en que ellas
fueros percibidas hasta la fecha a partir de la cual se
declaró el derecho a pensión.
En ningún caso el sueldo base mensual será inferior al
sueldo vital mensual, escala A) del departamento de Santiago
o al salario mínimo industrial, según fuere la actividad
profesional del afiliado, vigente a la fecha a partir de la
cual se declaró el derecho a pensión.
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Artículo 27°.- Para el otorgamiento de las
prestaciones pecuniarias, los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales se clasifican en las siguientes
categorías, según los efectos que produzcan:
1.- Que producen incapacidad temporal;
2.- Que producen invalidez parcial;
3.- Que producen invalidez total;
4.- Que producen gran invalidez, y
5.- Que producen la muerte.
27
Artículo 28°.- Las prestaciones que establecen los
artículos siguientes se deben otorgar, tanto en caso de
accidente del trabajo como de enfermedad profesional.
28
Párrafo 2°
Prestaciones médicas
Párrafo 2º Prestaciones médicas
Artículo 29°.- La víctima de un accidente del trabajo
o enfermedad profesional tendrá derecho a las siguientes
prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su
curación completa o mientras subsistan los síntomas de las
secuelas causadas por la enfermedad o accidente:
a) Atención médica, quirúrgica y dental en
establecimientos externos o a domicilio;
b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del
facultativo tratante;
c) Medicamentos y productos farmacéuticos;
d) Prótesis y aparatos ortópedicos y su reparación;
e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y
f) Los gastos de traslado y cualquier otro que sea
necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.
También tendrán derecho a estas prestaciones médicas
los asegurados que se encuentren en la situación a que se
refiere el inciso final del artículo 5° de la presente
ley.
29
3. Prestaciones por incapacidad temporal
3. Prestaciones por incapacidad temporal
Artículo 30° La incapacidad temporal da derecho al
accidentado o enfermo a un subsidio al cual le serán
aplicables las normas contenidas en los artículos 3°, 7°,
8°, 10, 11, 17, 19 y 22 del decreto con fuerza de ley N°
44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
Subsecretaría de Previsión Social, en el inciso segundo
del artículo 21 de la ley N° 18.469 y en el artículo 17
del decreto ley N° 3.500 de 1980.
En todo caso, el monto del subsidio se reajustará en un
porcentaje equivalente al alza que experimenten los
correspondientes sueldos y salarios en virtud de leyes
generales, o por aplicación de convenios colectivos de
trabajo.
30
Artículo 31°.- El subsidio se pagará durante toda la
duración del tratamiento, desde el día que ocurrió el
accidente o se comprobó la enfermedad, hasta la curación
del afiliado o su declaración de invalidez.
La duración máxima del período del subsidio será de
52 semanas, el cual se podrá prorrogar por 52 semanas más
cuando sea necesario para un mejor tratamiento de la
víctima o para atender a su rehabilitación.
Si al cabo de las 52 semanas o de las 104, en su caso,
no se hubiere logrado la curación, y/o rehabilitación de
la víctima, se presumirá que presenta un estado de
invalidez.
31
Artículo 32°.- El subsidio se pagará incluso por los
días feriados y no estará afecto a descuentos por concepto
de impuestos o cotizaciones de previsión social.
El beneficiario de subsidio, durante todo el tiempo que
dure su otorgamiento, se considerará como activo en la
respectiva institución de previsión social para todos los
efectos legales.
32
Artículo 33°.- Si el accidentado o enfermo se negare a
seguir el tratamiento o dificultare o impidiere
deliberadamente su curación, se podrá suspender el pago
del subsidio a pedido del médico tratante y con el visto
bueno del jefe técnico correspondiente.
El afectado podrá reclamar en contra de esta
resolución ante el Jefe del Area respectiva del Servicio
Nacional de Salud, de cuya resolución, a su vez, podrá
apelar ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
33
Párrafo 4°
Prestaciones por invalidez
Párrafo 4º Prestaciones por invalidez
Artículo 34°.- Se considerará inválido parcial a
quien haya sufrido una disminución de su capacidad de
ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a un
15% e inferior a un 70%.
34
Artículo 35°.- Si la disminución es igual o superior
a un 15% e inferior a un 40%, la victima tendrá derecho a
una indemnización global, cuyo monto no excederá de 15
veces el sueldo base y que se determinará en función de la
relación entre dicho monto máximo y el valor asignado a la
incapacidad respectiva, en la forma y condiciones previstas
en el Reglamento.
En ningún caso esta indemnización global podrá ser
inferior a medio sueldo vital mensual del departamento de
Santiago.
35
Artículo 36° La indemnización global establecida en
el artículo anterior se pagará de una sola vez o en
mensualidades iguales y vencidas, cuyo monto equivaldrá a
30 veces el subsidio diario que se determine en conformidad
al artículo 30° de esta ley, a opción del interesado. En
el evento de que hubiera optado por el pago en cuotas podrá
no obstante solicitar en cualquier momento el pago total del
saldo insoluto de una sola vez.
36
Artículo 37°.- El asegurado que sufriere un accidente
que, sin incapacitarlo para el trabajo, le produjere una
mutilación importante o una deformación notoria, será
considerado inválido parcial en conformidad a lo dispuesto
en los artículos precedentes. En tal caso, tendrá derecho
a la indemnización establecida en el artículo 35°, que
será fijada, por el organismo administrador, de acuerdo al
grado de mutilación o deformación. La mutilación
importante o deformación notoria, si es en la cara, cabeza
u órganos genitales dará derecho al máximo de la
indemnización establecida en dicho artículo.
37
Artículo 38°.- Si la disminución de la capacidad de
ganancia es igual o superior a un 40% e inferior a un 70%,
el accidentado o enfermo tendrá derecho a una pensión
mensual, cuyo monto será equivalente al 35% del sueldo
base.
38
Artículo 39°.- Se considerará inválido total a quien
haya sufrido una disminución de su capacidad de ganancia,
presumiblemente permanentemente igual o superior a un 70%.
El inválido total tendrá derecho a una pensión
mensual, equivalente al 70% de su sueldo base.
39
Artículo 40°.- Se considerará gran inválido a quien
requiere del auxilio de otras personas para realizar los
actos elementales de su vida.
En caso de gran invalidez la víctima tendrá derecho a
un suplemento de pensión, mientras permanezca en tal
estado, equivalente a un 30% de su sueldo base.
40
Artículo 41°.- Los montos de las pensiones se
aumentarán en un 5% por cada uno de los hijos que le causen
asignación familiar al pensionado, en exceso sobre dos, sin
perjuicio de las asignaciones familiares que correspondan.
En ningún caso, esas pensiones podrán exceder del 50%,
100% ó 140% del sueldo base, según sean por invalidez
parcial, total, o gran invalidez, respectivamente.
La cuantía de la pensión será disminuida o aumentada
cada vez que se extinga o nazca el derecho a los suplementos
a que se refiere el inciso primero de este artículo.
41
Artículo 42°.- Los organismos administradores podrán
suspender el pago de las pensiones a quienes se nieguen a
someterse a los exámenes, controles o prescripciones que
les sean ordenados; o que rehusen, sin causa justificada, a
someterse a los procesos necesarios para su rehabilitación
física y reeducación profesional que les sean indicados.
El interesado podrá reclamar de la suspensión ante la
Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.
42
Párrafo 5°
Prestaciones por supervivencia.
Párrafo 5º Prestaciones por supervivencia.
Artículo 43°.- Si el accidente o enfermedad produjere
la muerte del afiliado, o si fallece el inválido
pensionado, el cónyuge, sus hijos legítimos, naturales,
ilegítimos o adoptivos, la madre de sus hijos naturales,
así como también los ascendientes o descendientes que le
causaban asignación familiar, tendrán derecho a pensiones
de supervivencia en conformidad con las reglas de los
artículos siguientes.
43
Artículo 44°.- El cónyuge superviviente mayor de 45
años de edad, o inválido de cualquier edad, tendrá
derecho a una pensión vitalicia equivalente al 50% de la
pensión básica que habría correspondido a la víctima si
se hubiere invalidado totalmente, o de la pensión básica
que percibía en el momento de la muerte.
Igual pensión corresponderá a la viuda o viudo menor
de 45 años de edad, por el período de un año, el que se
prorrogará por todo el tiempo durante el cual mantenga a su
cuidado hijos legítimos que le causen asignación familiar.
Si al término del plazo o de su prórroga hubiere cumplido
los 45 años de edad, la pensión se transformará en
vitalicia.
Cesará su derecho si contrajere nuevas nupcias.
Sin embargo, la viuda o viudo que disfrutare de pensión
vitalicia y contrajere matrimonio tendrá derecho a que se
le pague, de una sola vez, el equivalente a dos años de su
pensión.
44
Artículo 45°.- La madre de los hijos del causante,
soltera o viuda, que hubiere estado viviendo a expensas de
éste hasta el momento de su muerte, tendrá también
derecho a una pensión equivalente al 30% de la pensión
básica que habría correspondido a la víctima si se
hubiere invalidado totalmente o de la pensión básica que
perciba en el momento de la muerte, sin perjuicio de las
pensiones que correspondan a los demás derecho-habientes.
Para tener derecho a esta pensión el causante debió
haber reconocido a sus hijos con anterioridad a la fecha del
accidente o del diagnóstico de la enfermedad.
La pensión será concedida por el mismo plazo y bajo
las mismas condiciones que señala el artículo anterior
respecto de la pensión por viudez.
Cesará el derecho si la madre de los hijos del causante
que disfrute de pensión vitalicia, contrajere nuevas
nupcias, en cuyo caso tendrá derecho también a que se le
pague de una sola vez, el equivalente a dos años de su
pensión.
45
Artículo 46°.- Derogado.
46
Artículo 47° Cada uno de los hijos del causante,
menores de 18 años o mayores de esa edad, pero menores de
24 años, que sigan estudios regulares secundarios,
técnicos o superiores, o inválidos de cualquiera edad,
tendrán derecho a percibir una pensión equivalente al 20%
de la pensión básica que habría correspondido a la
víctima si se hubiere invalidado totalmente o de la
pensión básica que percibía en el momento de la muerte.
47
Artículo 48°.- A falta de las personas designadas en
las disposiciones precedentes, cada uno de los ascendientes
y demás descendientes del causante que le causaban
asignación familiar tendrán derecho a una pensión del
mismo monto señalado en el artículo anterior.
Estos descendientes tendrán derecho a la pensión
mencionada en el inciso anterior hasta el último día del
año en que cumplieran 18 años de edad.
48
Artículo 49°.- Si los descendientes del afiliado
fallecido carecieren de padre y madre, tendrán derecho a la
pensión a que se refieren los artículos anteriores
aumentada en un 50%.
En estos casos, las pensiones podrán ser entregadas a
las personas o instituciones que los tengan a su cargo, en
las condiciones que determine el Reglamento.
49
Artículo 50°.- En ningún caso las pensiones por
supervivencia podrán exceder en su conjunto, del 100% de la
pensión total que habría correspondido a la víctima si se
hubiere invalidado totalmente o de la pensión total que
percibía en el momento de la muerte, excluido el suplemento
por gran invalidez, si lo hubiere.
Las reducciones que resulten de la aplicación del
máximo señalado en el inciso anterior, se harán a cada
beneficiario a prorrata de sus respectivas cuotas, las que
acrecerán, también, proporcionalmente, dentro de los
límites respectivos a medida que alguno de los
beneficiarios deje de tener derecho a pensión o fallezca.
50
6. Cuota mortuoria
6. Cuota mortuoria
1979-01-11
ARTICULO 51°.- DEROGADO
51
1979-01-11
Párrafo 7°
Normas Generales
Párrafo 7º Normas Generales
Artículo 52°.- Las prestaciones de subsidios, pensión
y cuota mortuoria, que establece la presente ley, son
incompatibles con las que contemplan los diversos regímenes
previsionales. Los beneficiarios podrán optar, entre
aquéllas y éstas, en el momento en que se les haga el
llamamiento legal.
52
Artículo 53°.- El pensionado por accidente del trabajo
o enfermedad profesional que cumpla la edad para tener
derecho a pensión dentro del correspondiente régimen
previsional, entrará en el goce de esta última de acuerdo
con las normas generales pertinentes, dejando de percibir la
pensión de que disfrutaba.
En ningún caso la nueva pensión podrá ser inferior al
monto de la que disfrutaba, ni al 80% del sueldo base que
sirvió para calcular la pensión anterior, amplificado en
la forma que señalan los artículos 26° y 41° y su pago
se hará con cargo a los recursos que la respectiva
institución de previsión social debe destinar al pago de
pensiones de vejez.
Los pensionados por invalidez parcial que registren con
posterioridad a la declaración de invalidez, 60 o más
cotizaciones mensuales, como activos en su correspondiente
régimen previsional tendrán derecho a que la nueva
pensión a que se refieren los incisos anteriores, no sea
inferior al 100% del sueldo base mencionado en el inciso
precedente.
53
Artículo 54°.- Los pensionados por accidentes o
enfermedades profesionales deberán efectuar en el organismo
previsional en que se encuentren afiliados las mismas
cotizaciones que los otros pensionados, gozando, también,
de los mismos beneficios por lo que respecta a atención
médica, asignaciones familiares y demás que sean
procedentes.
54
Artículo 55°.- Los organismos administradores
aplicarán a las pensiones causadas por accidentes del
trabajo o enfermedades profesionales las disposiciones
legales y resoluciones que sobre reajuste, revalorización y
montos mínimos rijan en el régimen de pensiones de vejez a
que pertenecía la víctima, beneficios que se concederán
con cargo a los recursos del seguro contra accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales.
55
Artículo 56°.- El retardo de la entidad empleadora en
el pago de las cotizaciones, no impedirá el nacimiento, en
el trabajador, del derecho a las prestaciones establecidas
en esta ley.
Los organismos administradores otorgarán al accidentado
o enfermo las prestaciones respectivas, debiendo cobrar a la
entidad empleadora las cotizaciones, más intereses y
multas, en la forma que corresponda.
En los casos de siniestro en que se establezca el
incumplimiento de la obligación de solicitar la afiliación
por parte de un empleador, éste estará obligado a
reembolsar al organismo administrador el total del costo de
las prestaciones médicas y de subsidio que se hubieren
otorgado y deban otorgarse a sus trabajadores, sin perjuicio
del pago de las cotizaciones adeudadas y demás sanciones
legales que procedan.
56
Artículo 57° El reglamento determinará la forma en
que habrán de concurrir al pago de las pensiones o
indemnizaciones causadas por enfermedad profesional los
distintos organismos administradores en que, desde la fecha
de vigencia de esta ley, haya estado afiliado el enfermo.
En todo caso, las concurrencias se calcularán en
relación con el tiempo de imposiciones existentes en cada
organismo administrador y en proporción al monto de la
pensión o indemnización fijada de acuerdo con las normas
de este seguro.
El organismo administrador a que se encuentre afiliado
el enfermo al momento de declararse su derecho a pensión o
indemnización deberá pagar la totalidad del beneficio y
cobrará posteriormente, a los de anterior afiliación, las
concurrencias que correspondan.
57
TITULO VI
Evaluación, reevaluación y revisión de incapacidades
TITULO VI Evaluación, reevaluación y revisión de incapacidades
Artículo 58° La declaración, evaluación,
reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes
serán de exclusiva competencia de los Servicios de Salud.
Sin embargo, respecto de los afiliados a las Mutualidades,
la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de
las incapacidades permanentes derivadas de accidentes del
trabajo corresponderá a estas instituciones.
Las resoluciones de las Mutualidades que se dicten sobre
las materias a que se refiere este artículo se ajustarán,
en lo pertinente, a las mismas normas legales y
reglamentarias aplicables a los otros administradores del
seguro de esta ley.
58
Artículo 59°.- Las declaraciones de incapacidad
permanente del accidentado o enfermo se harán en función
de su incapacidad para procurarse por medio de un trabajo
proporcionado a sus actuales fuerzas, capacidad y
formación, una remuneración equivalente al salario o renta
que gana una persona sana en condiciones análogas y en la
misma localidad.
59
Artículo 60° Para los efectos de determinar las
incapacidades permanentes, el reglamento las clasificará y
graduará, asignando a cada cual un porcentaje de
incapacidad oscilante entre un máximo y un mínimo.
El porcentaje exacto, en cada caso particular, será
determinado por el médico especialista del Servicio de
Salud respectivo o de las Mutualidades en los casos de
incapacidades permanentes de sus afiliados derivadas de
accidentes del trabajo, dentro de la escala preestablecida
por el reglamento. El facultativo, al determinar el
porcentaje exacto, deberá tener, especialmente, en cuenta,
entre otros factores, la edad, el sexo y la profesión
habitual del afiliado.
En los casos en que se verifique una incapacidad no
graduada ni clasificada previamente, corresponderá hacer la
valoración concreta al médico especialista del Servicio de
Salud respectivo o de las Mutualidades, en su caso,
sujetándose para ello, al concepto dado en el artículo
anterior y teniendo en cuenta los factores mencionados en el
inciso precedente.
60
Artículo 61°.- Si el inválido profesional sufre un
nuevo accidente o enfermedad, también de origen
profesional, procederá a hacer una reevaluación de la
incapacidad en función del nuevo estado que presente.
Si la nueva incapacidad ocurre mientras el trabajador se
encuentra afiliado a un organismo administrador distinto del
que estaba cuando se produjo la primera incapacidad, será
el último organismo el que deberá pagar, en su totalidad,
la prestación correspondiente al nuevo estado que
finalmente presente el inválido. Pero si el anterior
organismo estaba pagando una pensión, deberá concurrir asl
pago de la nueva prestación con una suma equivalente al
monto de dicha pensión.
61
Artículo 62°.- Procederá, también, hacer una
reevaluación de la incapacidad cuando a la primitiva le
suceda otra u otras de origen no profesional.
Las prestaciones que corresponda pagar, en virtud de
esta reevaluación, serán en su integridad, de cargo del
Fondo de Pensiones correspondiente a invalidez no
profesional del organismo en que se encontraba afiliado el
inválido. Pero si con cargo al seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales se estaba pagando a tal
persona una pensión periódica, este seguro deberá
concurrir al pago de la nueva prestación con una suma
equivalente al monto de dicha pensión.
62
Artículo 63°.- Las declaraciones de incapacidad serán
revisables por agravación, mejoría o error en el
diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se
concederá o terminará el derecho al pago de las pensiones,
o se aumentará o disminuirá su monto.
La revisión podrá realizarse, también, a petición
del interesado, en la forma que determine el reglamento.
63
Artículo 64°.- En todo caso, durante los primeros ocho
años contados desde la fecha de concesión de la pensión,
el inválido deberá someterse a examen cada dos años.
Pasado aquel plazo el organismo administrador podrá exigir
nuevos exámenes en los casos y con la frecuencia que
determine el reglamento.
El reglamento determinará los casos en que podrá
prescindirse del examen a que se refieren las disposiciones
precedentes.
Al practicarse la nueva evaluación se habrán de tener
también en cuenta las nueva posibilidades que haya tenido
el inválido para actualizar su capacidad residual de
trabajo.
64
TITULO VII
Prevención de riesgos profesionales
TITULO VII Prevención de riesgos profesionales
Artículo 65°.- Corresponderá al Servicio Nacional de
Salud la competencia general en materia de supervigilancia y
fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de
todos los sitios de trabajo, cualesquiera que sean las
actividades que en ellos se realicen.
La competencia a que se refiere el inciso anterior la
tendrá el Servicio Nacional de Salud incluso respecto de
aquellas empresas del Estado que, por aplicación de sus
leyes orgánicas que las rigen, se encuentren actualmente
exentas de este control.
Corresponderá, también, al Servicio Nacional de Salud
la fiscalización de las instalaciones médicas de los
demás organismos administradores, de la forma y condiciones
cómo tales organismos otorguen las prestaciones médicas, y
de la calidad de las actividades de prevención que
realicen.
65
Artículo 66° En toda industria o faena en que trabajen
más de 25 personas deberán funcionar uno o más Comités
Paritarios de Higiene y Seguridad, que tendrán las
siguientes funciones:
1.- Asesorar e instruir a los trabajadores para la
correcta utilización de los instrumentos de protección;
2.- Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las
empresas como de los trabajadores, de las medidas de
prevención, higiene y seguridad.
3.- Investigar las causas de los accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa
y de cualquiera otra afección que afecte en forma reiterada
o general a los trabajadores y sea presumible que tenga su
origen en la utilización de productos fitosanitarios,
químicos o nocivos para la salud;
4.- Indicar la adopción de todas las medidas de higiene
y seguridad, que sirvan para la prevención de los riesgos
profesionales;
5.- Cumplir las demás funciones o misiones que le
encomiende el organismo administrador respectivo.
El representante o los representantes de los
trabajadores serán designados por los propios trabajadores.
El reglamento deberá señalar la forma cómo habrán de
constituirse y funcionar estos comités.
En aquellas empresas mineras, industriales o comerciales
que ocupen a más de 100 trabajadores será obligatoria la
existencia de un Departamento de Prevención de Riesgos
Profesionales, el que será dirigido por un experto en
prevención, el cual formará parte, por derecho propio, de
los Comités Paritarios.
Las empresas estarán obligadas a adoptar y poner en
práctica las medidas de prevención que les indique el
Departamento de Prevención y/o el Comité Paritario; pero
podrán apelar de tales resoluciones ante el respectivo
organismo administrador, dentro del plazo de 30 días, desde
que le sea notificada la resolución del Departamento de
Prevención o del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
El incumplimiento de las medidas acordadas por el
Departamento de Prevención o por el Comité Paritario,
cuando hayan sido ratificadas por el respectivo organismo
administrador, será sancionado en la forma que preceptúa
el artículo 68°.
66
Artículo 66° Bis.- Los empleadores que contraten o
subcontraten con otros la realización de una obra, faena o
servicios propios de su giro, deberán vigilar el
cumplimiento por parte de dichos contratistas o
subcontratistas de la normativa relativa a higiene y
seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo para todos
los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su
dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50
trabajadores.
Para la implementación de este sistema de gestión, la
empresa principal deberá confeccionar un reglamento
especial para empresas contratistas y subcontratistas, en el
que se establezca como mínimo las acciones de coordinación
entre los distintos empleadores de las actividades
preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores
condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Asimismo, se
contemplarán en dicho reglamento los mecanismos para
verificar su cumplimiento por parte de la empresa mandante y
las sanciones aplicables.
Asimismo, corresponderá al mandante, velar por la
constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de
Riesgos para tales faenas, aplicándose a su respecto para
calcular el número de trabajadores exigidos por los incisos
primero y cuarto, del artículo 66, respectivamente, la
totalidad de los trabajadores que prestan servicios en un
mismo lugar de trabajo, cualquiera sea su dependencia. Los
requisitos para la constitución y funcionamiento de los
mismos serán determinados por el reglamento que dictará el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
66 BIS
Artículo 66 ter.- Las empresas de muellaje estarán
obligadas a constituir un Comité Paritario de Higiene y
Seguridad en cada puerto, terminal o frente de atraque en
que presten regularmente servicios, siempre que, sumados los
trabajadores permanentes y eventuales de la misma, trabajen
habitualmente más de 25 personas, conforme al promedio
mensual del año calendario anterior.
Los trabajadores integrantes del Comité Paritario
indicado en el inciso anterior deberán ser elegidos entre
los trabajadores portuarios permanentes y eventuales de la
respectiva entidad empleadora, en la forma que señale el
reglamento.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero,
cuando en un mismo puerto presten servicios dos o más
entidades empleadoras de las señaladas en el artículo 136
del Código del Trabajo, cada una de ellas deberá otorgar
las facilidades necesarias para la integración,
constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad, cuyas decisiones en las materias de su
competencia serán obligatorias para todas estas entidades
empleadoras y sus trabajadores.
Al Comité Paritario de Higiene y Seguridad
corresponderá la coordinación de los Comités Paritarios
de empresa y el ejercicio de aquellas atribuciones que
establece el artículo 66, en los casos y bajo las
modalidades que defina el reglamento.
Los representantes de los trabajadores ante el Comité
Paritario de Higiene y Seguridad serán elegidos por éstos,
en la forma que determine el reglamento. Corresponderá
igualmente al reglamento establecer un mecanismo por el cual
las distintas entidades empleadoras obligadas designen a sus
representantes ante el Comité Paritario de Higiene y
Seguridad.
El Comité a que hace referencia este artículo se
denominará para todos los efectos legales Comité Paritario
de Higiene y Seguridad de Faena Portuaria.
66 TER
Artículo 67°.- Las empresas o entidades estarán
obligadas a mantener al día los reglamentos internos de
higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores a
cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les
impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación
de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos
de protección personal que se les haya proporcionado o que
no cumplan las obligaciones que les impongan las normas,
reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad
en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por
lo dispuesto en el Párrafo I del Título III del Libro I
del Código del Trabajo.
67
Artículo 68°.- Las empresas o entidades deberán
implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el
trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional
de Salud o, en su caso, el respectivo organismo
administrador a que se encuentren afectas, el que deberá
indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones
vigentes.
El incumplimiento de tales obligaciones será sancionado
por el Servicio Nacional de Salud de acuerdo con el
procedimiento de multas y sanciones previsto en el Código
Sanitario, y en las demás disposiciones legales, sin
perjuicio de que el organismo administrador respectivo
aplique, además, un recargo en la cotización adicional, en
conformidad a lo dispuesto en la presente ley.
Asimismo, las empresas deberán proporcionar a sus
trabajadores, los equipos e implementos de protección
necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.
Si no dieren cumplimiento a esta obligación serán
sancionados en la forma que preceptúa el inciso anterior.
El Servicio Nacional de Salud queda facultado para
clausurar las fábricas, talleres, minas o cualquier sitio
de trabajo que signifique un riesgo inminente para la salud
de los trabajadores o de la comunidad.
68
Artículo 69°.- Cuando, el accidente o enfermedad se
deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un
tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que
procedan, deberán observarse las siguientes reglas:
a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir
en contra del responsable del accidente, por las
prestaciones que haya otorgado o deba otorgar, y
b) La víctima y las demás personas a quienes el
accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al
empleador o terceros responsables del accidente, también
las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo
a las prescripciones del derecho común, incluso el daño
moral.
69
Artículo 70°.- Si el accidente o enfermedad ocurre
debido a negligencia inexcusable de un trabajador se le
deberá aplicar una multa, de acuerdo con lo preceptuado en
el artículo 68°, aún en el caso de que él mismo hubiere
sido víctima del accidente.
Corresponderá al Comité Paritario de Higiene y
Seguridad decidir si medió negligencia inexcusable.
70
Artículo 71°.- Los afiliados afectados de alguna
enfermedad profesional deberán ser trasladados, por la
empresa donde presten sus servicios, a otras faenas donde no
estén expuestos al agente causante de la enfermedad.
Los trabajadores que sean citados para exámenes de
control por los servicios médicos de los organismos
administradores, deberán ser autorizados por su empleador
para su asistencia, y el tiempo que en ello utilicen será
considerado como trabajado para todos los efectos legales.
Las empresas que exploten faenas en que trabajadores
suyos puedan estar expuestos al riesgo de neumoconiosis,
deberán realizar un control radiográfico semestral de
tales trabajadores.
71
TITULO VIII
Disposiciones finales
TITULO VIII Disposiciones finales
Párrafo 1°
Administración delegada.
Párrafo 1º Administración delegada.
Artículo 72°.- Las empresas que cumplan con las
condiciones que señala el inciso siguiente del presente
artículo, tendrán derecho a que se les confiera la calidad
de administradoras delegadas del seguro, respecto de sus
propios trabajadores, en cuyo caso tomarán a su cargo el
otorgamiento de las prestaciones que establece la presente
ley, con excepción de las pensiones.
Tales empresas deberán ocupar habitualmente dos mil o
más trabajadores, deben tener un capital y reservas
superior a siete mil sueldos vitales anuales, escala A) del
departamento de Santiago y cumplir, además, los siguientes
requisitos:
a) Poseer servicios médicos adecuados, con personal
especializado en rehabilitación;
b) Realizar actividades permanentes y efectivas de
prevención de accidentes y enfermedades profesionales;
c) Constituir garantías suficientes del fiel
cumplimiento de las obligaciones que asumen, ante los
organismos previsionales, que hubieren delegado la
administración, y
d) Contar con el o los Comités Paritarios de Seguridad
a que se refiere el artículo 66°.
Los organismos administradores deberán exigir a las
empresas que se acojan a este sistema, un determinado aporte
cuya cuantía la fijarán de acuerdo con las normas que
establezca el reglamento.
El monto de tales aportes será distribuido entre el
Servicio Nacional de Salud y los demás organismos
administradores delegantes en la forma y proporciones que
señale el Reglamento.
72
Artículo 73°.- Los organismos administradores podrán
también convenir con organismos intermedios o de base que
éstos realicen, por administración delegada, alguna de sus
funciones, especialmente las relativas a otorgamiento de
prestaciones médicas, entrega de prestaciones pecuniarias u
otras en la forma y con los requisitos que señale el
Reglamento.
73
Artículo 74°.- Los servicios de las entidades con
administración delegada serán supervigilados por el
Servicio Nacional de Salud y por la Superintendencia de
Seguridad Social, cada cual dentro de sus respectivas
competencias.
74
Artículo 75°.- Las delegaciones de que trata el
artículo 72° deberán ser autorizadas por la
Superintendencia de Seguridad Social, previo informe del
Servicio Nacional de Salud.
75
2. Procedimiento y recursos
2. Procedimiento y recursos
Artículo 76° La entidad empleadora deberá denunciar
al organismo administrador respectivo, inmediatamente de
producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar
incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El
accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o el médico
que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como
igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán
también, la obligación de denunciar el hecho en dicho
organismo administrador, en el caso de que la entidad
empleadora no hubiere realizado la denuncia.
Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán
contener todos los datos que hayan sido indicados por el
Servicio Nacional de Salud.
Los organismos administradores deberán informar al
Servicio Nacional de Salud los accidentes o enfermedades que
les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado
incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en
la forma y con la periodicidad que señale el reglamento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
precedentes, en caso de accidentes del trabajo fatales y
graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la
Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional
Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la
ocurrencia de cualquiera de estos hechos. Corresponderá a
la Superintendencia de Seguridad Social impartir las
instrucciones sobre la forma en que deberá cumplirse esta
obligación.
En estos mismos casos el empleador deberá suspender de
forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario,
permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de
trabajo. La reanudación de faenas sólo podrá efectuarse
cuando, previa fiscalización del organismo fiscalizador, se
verifique que se han subsanado las deficiencias constatadas.
Las infracciones a lo dispuesto en los incisos cuarto y
quinto, serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de
cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales,
las que serán aplicadas por los servicios fiscalizadores a
que se refiere el inciso cuarto.
76
Artículo 77° Los afiliados o sus derecho-habientes,
así como también los organismos administradores podrán
reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la
Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los
Servicios de Salud o de las Mutualidades en su caso recaidas
en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden
médico.
Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en
todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social
dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con
competencia exclusiva y sin ulterior recurso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
precedentes, en contra de las demás resoluciones de los
organismos administradores podrá reclamarse, dentro del
plazo de 90 días hábiles, directamente a la
Superintendencia de Seguridad Social.
Los plazos mencionados en este artículo se contarán
desde la notificación de la resolución, la que se
efectuará mediante carta certificada o por los otros medios
que establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiere
notificado por carta certificada, el plazo se contará desde
el tercer día de recibida la misma en el Servicio de
Correos.
77
Artículo 77 bis.- El trabajador afectado por el rechazo
de una licencia o de un reposo médico por parte de los
organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones
de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores,
basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen
profesional, según el caso, deberá concurrir ante el
organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que
no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el
cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar
las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan,
sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si
procedieren, que establece este artículo.
En la situación prevista en el inciso anterior,
cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar
directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por
el rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo
ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior
recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a
ella, en el plazo de treinta días contado desde la
recepción de los antecedentes que se requieran o desde la
fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a
los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren
posteriores.
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que
las prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen
previsional diferente de aquel conforme al cual se
proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de
Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la
Caja de Compensación de Asignación Familiar o la
Institución de Salud Previsional, según corresponda,
deberán reembolsar el valor de aquéllas al organismo
administrador de la entidad que las solventó, debiendo este
último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho
reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar
el trabajador en conformidad al régimen de salud
previsional a que esté afiliado.
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso
precedente, corresponda reembolsar, se expresará en
unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento
de su otorgamiento, con más el interés corriente para
operaciones reajustables a que se refiere la ley N° 18.010,
desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del
respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de
diez días, contados desde el requerimiento, conforme al
valor que dicha unidad tenga en el momento del pago
efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al
vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas
devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará
diariamente a contar del señalado requerimiento de pago.
En el evento de que las prestaciones hubieren sido
otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos para
las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad
Social resolviere que la afección es de origen profesional,
el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la
Institución de Salud Previsional que las proporcionó
deberá devolver al trabajador la parte del reembolso
correspondiente al valor de las prestaciones que éste
hubiere solventado, conforme al régimen de salud
previsional a que esté afiliado, con los reajustes e
intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez
días, contados desde que se efectuó el reembolso.
Si, por el contrario, la afección es calificada como común
y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen
fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de
Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a
su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a
éste le corresponde solventar, según el régimen de salud
de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor
de aquéllas.
Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los
incisos precedentes, se considerará como valor de las
prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que
las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a
particulares.
77 BIS
Artículo 78°.- La Comisión Médica de Reclamos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales estará
compuesta por:
a) Dos médicos en representación del Servicio Nacional
de Salud, uno de los cuales la presidirá;
b) Un médico en representación de las organizaciones
más representativas de los trabajadores;
c) Un médico en representación de las organizaciones
más representativas de las entidades empleadoras, y
d) Un abogado.
Los miembros de esta Comisión serán designados por el
Presidente de la República, en la forma que determine el
Reglamento.
El mismo Reglamento establecerá la organización y
funcionamiento de la Comisión, la que en todo caso, estará
sometida a la fiscalización de la Superintendencia de
Seguridad Social.
78
Párrafo 3° (Arts. 79-80
Prescripción y sanciones.
Párrafo 3º (Arts. 79-80 Prescripción y sanciones.
Artículo 79°.- Las acciones para reclamar las
prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales prescribirán en el término de cinco años
contado desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico
de la enfermedad. En el caso de la neumoconiosis el plazo de
prescripción será de quince años, contado desde que fue
diagnosticada.
Esta prescripción no correrá contra los menores de 16
años.
79
Artículo 80°.- Las infracciones a cualquiera de las
disposiciones de esta ley, salvo que tengan señalada una
sanción especial, serán penadas con una multa de uno a
veinticuatro sueldos vitales mensuales, escala A) del
departamento de Santiago. Estas multas serán aplicadas por
los organismos administradores.
La reincidencia será sancionada con el doble de la
multa primeramente impuesta.
80
Párrafo 4°
Disposiciones varias
Párrafo 4º Disposiciones varias
Artículo 81°.- Fusiónanse la actual Caja de
Accidentes del Trabajo con el Servicio de Seguro Social, que
será su continuador legal y al cual se transferirá el
activo y pasivo de esa Caja.
El Fondo de Garantía, que actualmente administra la
Caja, se transferirá, también, al Servicio de Seguro
Social e ingresará al respectivo Fondo de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Los bienes muebles e inmuebles que la Caja de Accidentes
del Trabajo tiene destinados a los servicios hospitalarios o
médicos en general y a la prevención de riesgos
profesionales, serán transferidos por el Servicio de Seguro
Social al Servicio Nacional de Salud.
Las transferencias a que se refiere este artículo
estarán exentas de todo impuesto, así como también del
pago de los derechos notariales y de inscripción.
81
Artículo 82°.- El personal que trabaja en la Caja de
Accidentes del Trabajo en funciones relacionadas con
atención médica, hospitalaria y técnica de salud, higiene
y seguridad industrial, pasará a incorporarse al Servicio
Nacional de Salud. El resto del personal se incorporará a
la planta del Servicio de Seguro Social. Con motivo de la
aplicación de la presente ley no se podrán disminuir
remuneraciones, grados o categorías ni suprimir personal o
alterarse el régimen previsional y de asignaciones
familiares que actualmente tienen. Asimismo, mantendrán su
representación ante el Consejo del organismo previsional
correspondiente por un plazo de dos años.
El personal que trabaja en las Secciones de Accidentes
del Trabajo y Administrativa de Accidentes del Trabajo en
las Compañías de Seguros, será absorbido por el Servicio
Nacional de Salud o el Servicio de Seguro Social, de acuerdo
con las funciones que desempeñe, a medida que las
Compañías de Seguros empleadoras lo vaya desahuciando por
terminación de los departamentos o secciones en que presta
servicios. Estos personales serán incorporados a las
plantas permanentes de ambos servicios y continuarán
recibiendo como remuneraciones el promedio de las percibidas
durante el año 1967, con más un 15% si la incorporación
les fuere hecha durante 19% de la cantidad anterior
aumentada en el mismo porcentaje en que hubiere aumentado en
1969, el sueldo vital, escala A) del departamento de
Santiago, si la incorporación es hecha durante el curso del
año 1969. En uno y otro caso con el reajuste que habría
correspondido además por aplicación de la ley N° 7.295.
El personal de la Planta se Servicios Menores de la Caja
de Accidentes del Trabajo, actualmente imponente del
Servicio de Seguro Social, pasará a ser imponente de la
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
82
Artículo 83° El Servicio de Minas del Estado
continuará ejerciendo en las faenas extractivas de la
minería las atribuciones que en materia de seguridad le
fueron conferidas por la letra i) del artículo 2° del
decreto con fuerza de ley 152, de 1960, y por el Reglamento
de Policía Minera aprobado por decreto 185, de 1946, del
Ministerio de Economía y Comercio y sus modificaciones
posteriores.
El Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Minas del
Estado estarán facultados para otorgarse delegaciones
recíprocas, para obtener un mayor aprovechamiento del
personal técnico.
El Presidente de la República determinará la forma
como se coordinarán ambos Servicios y establecerá una
Comisión Mixta de Nivel Nacional integrada por
representantes del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, Servicio Nacional de Salud y Servicio de Minas del
Estado que aprobará las normas sobre seguridad en las
faenas mineras y resolverá los problemas de coordinación
que puedan suscitarse entre ambos Servicios.
Facúltase al Presidente de la República para modificar
las plantas del Servicio Nacional de Salud o del Servicio de
Seguro Social con el objeto de incorporar en ellas a los
personales a que se refieren este artículo y los
anteriores.
83
Artículo 84°.- Los hospitales de la actual Caja de
Accidentes del Trabajo ubicados en Santiago, Valparaíso,
Coquimbo, Concepción, Temuco, Osorno y Valdivia y la
Clínica Traumatológica de Antofagasta, se mantendrán como
Centros de Traumatología y Ortopedia una vez fusionados
estos dos servicios.
Para los efectos de futuros concursos de antecedentes
para optar a cargos médicos, de dentistas, farmacéuticos,
administrativos o de cualquier otro, en el Servicio Nacional
de Salud o en el Servicio de Seguro Social, los años de
antigüedad y la categorí a de los cargos desempeñados en
la Caja de Accidentes del Trabajo serán computados con el
mismo valor en puntaje que actualmente se asignan a tales
antecedentes en el Servicio Nacional de Salud y en el
Servicio de Seguro Social.
Los antecedentes de los profesionales afectos a la ley
N° 15.076 que tengan acreditados ante la Caja de Accidentes
del Trabajo, y que, por aplicación de la presente ley deban
ingresar al Servicio Nacional de Salud, valdrán ante este
último organismo en idéntica forma que si lo hubieren
acreditado ante él.
Los profesionales funcionarios se mantendrán en sus
cargos de planta que tengan a la fecha de publicación de la
presente ley, rigiéndose en lo futuro por las disposiciones
del Estatuto Médico-Funcionario.
84
Artículo 85° Reemplázase el artículo transitorio N°
3° de la ley 8.198, por el siguiente: "Artículo 3°
transitorio Los aparatos y equipos de protección destinados
a prevenir los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y los instrumentos científicos destinados a
la investigación y medición de los riesgos profesionales
que el Servicio Nacional de Salud indique, así como
también los instrumentos quirúrgicos, aparatos de rayos X
y demás instrumentales que sean indicados por dicho
Servicio, serán incluidos en las listas de importación
permitida del Banco Central de Chile y de la Corporación
del Cobre y estarán liberados de depósitos, de derechos de
internación, de cualquier otro gravamen que se cobre por
las Aduanas y de los otros impuestos a las importaciones, a
menos que ellos se fabriquen en el país en condiciones
favorables de calidad y precio".
85
Artículo 86°.- Sustitúyese en el inciso primero del
artículo 62° de la ley N° 16.395, la frase "uno por mil",
por "dos por mil".
86
Artículo 87°.- La Superintendencia de Seguridad Social
podrá aplicar a las Compañías de Seguros que no den
completo y oportuno cumplimiento a las disposiciones de esta
ley, las sanciones establecidas en la ley N° 16.395.
87
Artículo 88°.- Los derechos concedidos por la presente
ley son personalísimos e irrenunciables.
88
Artículo 89°.- En ningún caso las disposiciones de la
presente ley podrán significar disminución de derechos ya
adquiridos en virtud de otras leyes.
89
Artículo 90°.- Deróganse el Título II, del Libro II
del Código del Trabajo, la ley N° 15.477 y toda otra norma
legal o reglamentaria contraria a las disposiciones
contenidas en la presente ley.
90
Artículo 91°.- La presente ley entrará en vigencia
dentro del plazo de tres meses contado desde su publicación
en el Diario Oficial.
91
TITULO IX
TITULO IX
Artículo 92°.- Reemplázase el inciso segundo del
artículo 32° de la ley N° 6.037, por los siguientes:
"La pensión de montepío se difiere el día del
fallecimiento.
En caso de pérdida o naufragio de una nave, de muerte
por sumersión o por otro accidente marítimo o aéreo, si
no ha sido posible recuperar los restos del imponente,
podrá acreditarse el fallecimiento, para todos los efectos
de esta ley, con un certificado expedido por la Dirección
del Litoral y de Marina Mercante o la Dirección de
Aeronáutica, según proceda, que establezca la efectividad
del hecho, la circunstancia de que el causante formaba parte
de la tripulación o del pasaje y que determine la
imposibilidad de recuperar sus restos, y que permita
establecer que el fallecimiento se ha producido a
consecuencia de dicha pérdida, naufragio o accidente".
92
Artículo 93°.- Agrégase el siguiente inciso a
continuación del inciso primero del artículo 33° de la
ley N° 6.037:
"El padre y la madre del imponente, por los cuales éste
haya estado percibiendo asignación familiar, concurrirán
en el montepío, conjuntamente con el cónyuge sobreviviente
y los hijos, con una cuota total equivalente a la que
corresponda a un hijo legítimo."
93
Artículo 94°.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 30° de la ley N° 10.662:
a) Intercálase a continuación de la palabra
"sumersión", suprimiendo la coma (,) la siguiente frase
seguida de una coma (,): "u otro accidente marítimo o
aéreo,", y
b) Intercálase después de la palabra "Mercante" la
siguiente frase: "o la Dirección de Aeronáutica, según
proceda".
94
Artículo 95°.- Aclárase que, a contar desde la fecha
de vigencia de la ley N° 15.575, el fallecimiento de
cualquiera de los beneficiarios ha estado y está incluido
entre las causales que dan lugar al acrecimiento de
montepío contemplado en inciso segundo del artículo 33°
de la ley N° 6.037.
95
Artículo 96°.- Agrégase el siguiente inciso al
artículo 40° de la ley N° 15.386:
"Gozarán también del beneficio de desahucio
establecido por el presente artículo los beneficiarios de
montepío del imponente fallecido sin haberse acogido al
beneficio de jubilación. El desahucio se distribuirá en
este caso en el orden y proporción que establecen los
artículos 30° y 33° de la ley N° 6.037.".
96
Artículo 97°.- La modificación del artículo 40° de
la ley N° 15.386 ordenada por el artículo precedente
regirá a contar desde el 1° de Enero de 1967.
97
Artículo 98°.- Los beneficiarios de montepío de los
imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante
Nacional y de la Sección Tripulantes de Naves y Obreros
Marítimos de la misma desaparecidos en el naufragio de la
nave Santa Fe tendrán derecho a optar a la adjudicación de
viviendas que pueda tener disponible la institución, sin
sujeción al sistema de puntaje establecido en el Reglamento
General de Préstamos Hipotecarios para las instituciones de
previsión regidas por el DFL N° 2, de 1959, siempre que el
causante no hubiese obtenido de la institución un beneficio
similar, o un préstamo hipotecario destinado a la
adquisición, construcción o terminación de viviendas.
La adjudicación se hará a los beneficiarios en igual
proporción a la que les corresponda en el montepío
respectivo.
El precio de venta se cancelará en conformidad a las
disposiciones del DFL N° 2, de 1959.
98
Artículo 99°.- Facúltase a los Consejos de la Caja de
Previsión de la Marina Mercante Nacional y de la Sección
Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos para condonar los
saldos de las deudas hipotecarias que hubiesen tenido con la
institución, al 30 de Septiembre de 1967, los imponentes
desaparecidos en el naufragio de la nave Santa Fe, siempre
que dichas deudas no hayan estado afectas a seguro de
desgravamen.
99
Artículo 100°.- Sin perjucio de lo dispuesto por los
artículos 91° y 96°, las disposiciones de los artículos
92°, 93°, 94°, 95°, 97° y 98° entrarán en vigencia a
contar desde la publicación de esta ley en el Diario
Oficial.
100
ARTICULO TRANSITORIOS
ARTICULO TRANSITORIOS
Artículo 1°.- Las personas que hubieren sufrido
accidente del trabajo o que hubieren contraído enfermedad
profesional, con anterioridad a la fecha de la presente ley,
y que a consecuencia de ello hubieren sufrido una pérdida
de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, de
40% o más, y que no disfruten de otra pensión, tendrán
derecho a una pensión asistencial que se determinará en la
forma que este artículo establece.
Los interesados a que se refiere el inciso anterior
entrarán en el goce de sus respectivas pensiones desde el
momento del diagnóstico médico posterior a la
presentación de la solicitud respectiva.
También tendrán derecho a pensión asistencial las
viudas de ex pensionados de accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales que hubieren fallecido antes de
la vigencia de la presente ley y las viudas de los actuales
pensionados por la misma causa que fallezcan en el futuro,
siempre que no disfruten de otra pensión. La pensión se
devengará desde la fecha de la respectiva solicitud.
Las pensiones a que se refiere este artículo se
otorgarán por el Servicio de Seguro Social, y su monto
será fijado por el Consejo Directivo del mismo, y no podrá
ser inferior al 50% de las pensiones mínimas que
correspondan a los accidentados o a sus viudas, de acuerdo
con la presente ley, ni exceder del 100% de las mismas.
No obstante, las personas a que se refiere el inciso
primero que hubieren continuado en actividad y se
encuentren, a la fecha de la publicación de la presente
ley, como activos en algún régimen previsional, tendrán
derecho a que el monto de la pensión que les corresponda no
sea inferior al 30% del sueldo base determinado en la forma
preceptuada por la ley N° 10.383, ni superior al 70% de
dicho sueldo base.
El Consejo Directivo del Servicio de Seguro Social
podrá destinar para el financiamiento de este beneficio
hasta el 5% del ingreso global anual del Seguro de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Para
este efecto, los demás organismos administradores deberán
traspasar, con excepciónde las Mutualidades de Empleadores,
al Servicio de Seguro Social los fondos que correspondan a
un porcentaje idéntico al determinado por el Servicio.
Un Reglamento que dictará el Presidente de la
República fijará las normas y demás requisitos para el
otorgamiento de estos beneficios; como, también, la forma y
condiciones en que podrán tener derecho a otros beneficios
previsionales en sus calidades de pensionados del Servicio
de Seguro Social.
Concédese el plazo de un año, contado desde la fecha
de vigencia de la presente ley o desde la fecha del
fallecimiento del causante en el caso de los que fallezcan
en el futuro, para acogerse a los beneficios que otorga el
presente artículo.
El derecho a los beneficios previstos en este artículo
es incompatible con el goce de cualquiera otra pensión.
1 TRANSITORIO
Artículo 2°.- El Departamento de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales del Servicio de Seguro
Social, que se crea por el inciso segundo del artículo 9°
de la presente ley, tendrá como jefe al funcionario que a
la fecha de entrar en vigencia la presente ley tenga el
carácter de Vicepresidente de la Caja de Accidentes del
Trabajo, quien, para todos los efectos legales, conservará
los derechos y prerrogativas inherentes a su calidad actual.
2 TRANSITORIO
Artículo 3°.- Para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 82° de la presente ley, y dentro del plazo de 30
días contado desde su publicación, las Compañías de
Seguros entregarán a la Superintendencia de Seguridad
Social una nómina del personal de sus secciones de
accidentes del trabajo y de los empleados de departamentos o
secciones administrativas que estaban realizando funciones
relacionadas con accidentes del trabajo al 31 de Diciembre
de 1966, y que las Compañías se dispongan a despedir con
motivo de la aplicación de la presente ley.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social
la calificación definitiva de las mencionadas nóminas, y
en especial determinar si el personal incluido en ellas ha
desempeñado o no las funciones a que se refiere el inciso
anterior. Estas decisiones no serán susceptibles de recurso
alguno.
La Superintendencia de Seguridad Social, para la
determinación de lasrentas de estos personales, a que se
refiere el inciso segundo del artículo 82°, no
considerará los aumentos que les hubieren concedido durante
el curso del año 1967, salvo los que hubieren sido
concedidos por las leyes sobre reajustes, o por convenios
que hubieren afectado a la totalidad de los empleados de la
respectiva compañía, o por ascenso.
3 TRANSITORIO
Artículo 4°.- Las garantías constituidas en
conformidad al artículo 22° de la ley N° 4.055,
continuarán vigentes y se entenderán hechas para todos los
efectos legales, ante el Servicio de Seguro Social.
No obstante, los patrones podrán rescatar la
obligación correspondiente pagando a dicho Servicio el
capital representativo de las respectivas pensiones.
4
Artículo 5°.- Las compañías que contraten seguros de
accidentes del trabajo deberán atender, hata su término,
los contratos vigentes y continuar sirviendo las pensiones,
pero no podrán celebrar contratos nuevos que cubran estas
contingencias, ni renovar los vigentes.
Las Compañías de Seguros garantizarán con hipoteca o
cualquiera otra caución suficiente, a favor del Servicio de
Seguro Social, calificada por este Servicio, el pago de las
pensiones, hasta su extinción.
5 TRANSITORIO
Artículo 6°.- Los empleadores que estén asegurados en
la Caja de Accidentes del Trabajo, en compañías privadas,
estarán exentos de la obligación de hacer las cotizaciones
establecidas en esta ley hasta el término de los contratos
respectivos.
Transcurrido un año, contado desde la vigencia de la
presente ley, las entidades empleadoras deberán efectuar en
los organismos administradores que correspondan la totalidad
de las cotizaciones que resulten por aplicación de la
presente ley. Los trabajadores cuyos empleadores estén
asegurados a la fecha de la vigencia de la presente ley en
alguna compañía mercantil, tendrán los derechos
establecidos en la presente ley en caso que durante el plazo
de vigencia de las respectivas pólizas, se accidenten.
Asimismo, los trabajadores cuyos empleadores, a la fecha de
la vigencia de la presente ley hubieren estado asegurados en
la Caja de Accidentes del Trabajo o en alguna Mutualidad,
tendrán también derecho, desde la vigencia misma de la
presente ley, a los beneficios en ella consultados,
considerándolos, para todos los efectos derivados de la
aplicación de la presente ley como afiliados, a partir
desde su vigencia, en el Servicio de Seguro Social o en la
Caja de Previsión respectiva, o en la Mutualidad de que se
trate.
6 TRANSITORIO
Artículo 7° Las rebajas a que se refiere el artículo
16° sólo podrán comenzar a otorgarse después de un año
contado desde la promulgación de la presente ley.
Además, el Presidente de la República queda facultado
para prorrogar el plazo anterior hasta por otro año más.
7 TRANSITORIO
Artículo 8°.- El personal que actualmente se
desempeña a contrata en la Caja de Accidentes del Trabajo,
deberá ser encasillado en la Planta en las mismas
condiciones establecidas en el inciso primero del artículo
82° de la presente ley.
8 TRANSITORIO
Artículo 9°.- El personal de la Caja de Accidentes del
Trabajo que a la fecha de vigencia de la presente ley
desempeñe de hecho las funciones de auxiliar de
enfermería, podrá obtener dicho título, previo examen de
competencia rendido ante una comisión designada por el
Director del Servicio Nacional de Salud, sin que para ello
se necesiten otros requisitos."
9 TRANSITORIO
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley la
República.
Santiago, veintitrés de enero de mil novecientos
sesenta y ocho.- EDUARDO FREI MONTALVA.- William Thayer.-
Ramón Valdivieso.