PROMULGA EL CONVENIO SOBRE IGUALDAD DE TRATO PROCESAL Y EXHORTOS ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DE CHILE Y DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
N° 286.-
AUGUSTO PINOCHET UGARTE
Presidente de la República de Chile
POR CUANTO, con fecha 15 de Octubre de 1981 fue firmado en la ciudad de Montevideo el Convenio sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República Oriental del Uruguay, cuyo texto íntegro y exacto se acompaña.
Y POR CUANTO, dicho Convenio ha sido aceptado por mí previa aprobación de la Excelentísima Junta de Gobierno de la República, mediante Acuerdo adoptado con fecha 5 de Abril de 1982; y se efectuó el canje de los respectivos Instrumentos de Ratificación en Santiago, el 14 de Abril de 1982.
POR TANTO, en virtud de lo dispuesto en el N° 17 del artículo 32 de la Constitución Política del Estado, dispongo y mando que se cumpla y lleve a efecto en todas sus partes como Ley de la República y que se publique copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Dado en la sala de mi despacho y refrendado por el Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores, a los catorce días del mes de Abril de mil novecientos ochenta y dos.
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- René Rojas Galdames, Embajador, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Tomás Amenábar Vergara, Embajador, Director General Administrativo.
CONVENIO SOBRE IGUALDAD DE TRATO PROCESAL Y EXHORTOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Los Gobiernos de la República de Chile y de la República Oriental del Uruguay, deseosos de fortalecer sus estrechos vínculos y conscientes de la necesidad de consagrar la igualdad de trato procesal para los domiciliados en ambos Estados y facilitar la cooperación mutua en sus actos procesales judiciales sobre exhortos en materias no contenciosas, de mero trámite y probatorias, convienen lo siguiente:
ARTICULO 1°
Los domiciliados en un Estado Parte gozarán, ante los Tribunales del otro, del mismo trato de que gozan quienes en él se domicilian.
ARTICULO 2°
Los exhortos que se dirijan entre sí los órganos jurisdiccionales de ambos países en materia civil, comercial, laboral, penal o contencioso administrativa, serán remitidos por conducto de sus respectivos Ministerios de Justicia, no necesitarán legalización de firmas y se tramitarán con arreglo a las leyes del país requerido, cuando tengan por objeto:
a) Actos procesales no contenciosos, tales como apertura de testamentos, inventarios, tasaciones u otros semejantes;
b) Diligencias de mero trámite, como citaciones, emplazamientos, intimaciones, notificaciones u otras semejantes;
c) Medidas de prueba.
ARTICULO 3°
Los exhortos deberán contener:
a) Denominación y Dirección del órgano jurisdiccional requirente, con determinación del nombre del Titular y Secretario o Actuario intervinientes;
b) Individualización del expediente con especificación del objeto o naturaleza del juicio y del nombre y dirección de las partes;
c) Transcripción de la resolución que ordena el libramiento del exhorto;
d) Nombre y dirección de la parte solicitante y de su apoderado en el país requerido, si lo hubiera;
e) Indicación explícita del objeto del exhorto, precisando el nombre y dirección del destinatario de la medida, si lo hubiera;
f) Información precisa del término de que dispone el destinatario de la medida para cumplirla y las consecuencias jurídicas de su inercia;
g) Todas las demás precisiones objetivas que se estimen útiles para facilitar la tarea del órgano jurisdiccional requerido;
h) Firma y sello del Tribunal. Todas las fojas deberán estar firmadas por el Secretario o Actuario interviniente.
ARTICULO 4°
Si se ruega la recepción y obtención de pruebas, el exhorto deberá también contener:
a) Un resumen del juicio que facilite las diligencias probatorias;
b) Nombre y dirección de los testigos, peritos, personas o instituciones que deban intervenir;
c) Texto de los interrogatorios y documentos necesarios para su recepción;
d) Nombre y dirección de la persona que, cuando correspondiera, se hará responsable en el país requerido de los gastos procesales que pudiera causar el diligenciamiento de la prueba solicitada, o bien un giro por el valor que estimativamente los pueda cubrir.
ARTICULO 5°
A solicitud del órgano jurisdiccional requirente se observarán formalidades adicionales o trámites especiales previstos por su ordenamiento procesal.
ARTICULO 6°
El Ministerio de Justicia que reciba un exhorto para su diligenciamiento, lo transmitirá de inmediato a esos efectos al órgano jurisdiccional que determine su ordenamiento legal interno y le hará saber al Ministerio de Justicia remitente la denominación y dirección del tribunal en que quedó radicado.
ARTICULO 7°
El órgano jurisdiccional requerido ordenará el cumplimiento del exhorto si ello no afecta manifiestamente su orden público.
El cumplimiento del exhorto no implicará el reconocimiento de la competencia internacional del tribunal requirente.
ARTICULO 8°
Las diligencias y trámites necesarios para hacer efectivo el cumplimiento del exhorto, no requerirán petición expresa ni la intervención de parte interesada, debiendo ser practicados de oficio por el órgano jurisdiccional requerido, lo que no obsta a que las partes intervengan por sí o por intermedio de apoderado.
ARTICULO 9°
Cuando para el cumplimiento del exhorto el órgano jurisdiccional requerido estimara necesario contar con nuevos elementos o antecedentes, pondrá esa circunstancia en conocimiento del exhortante, siempre por conducto de los respectivos Ministerios de Justicia.
ARTICULO 10°
La tramitación de los exhortos contemplados en el presente convenio será recíprocamente gratuita.
Si el interesado en la ejecución del exhorto ha designado un apoderado en el foro requerido, los gastos y honorarios que ocasionare el ejercicio del poder que otorgó no estarán a cargo de los Estados Partes.
ARTICULO 11°
En materia penal, laboral y de menores, los gastos inherentes al diligenciamiento y producción de la prueba serán soportados por el Estado requerido.
En las demás materias regirá el mismo principio, excepto cuando se solicitaren medios probatorios que ocasionaren gastos especiales.
ARTICULO 12°
En materia probatoria es potestad del órgano jurisdiccional requerido dar o no curso al exhorto que no haya satisfecho a su criterio las indicaciones del inciso d) del artículo 4°, debiendo en caso negativo hacer conocer al interesado cómo debe completar su garantía.
Si el costo de las actuaciones realizadas excediese el valor asegurado por los medios determinados en el citado inciso, ello no será causa para el retraso o incumplimiento del exhorto, debiendo en tal caso el Ministerio de Justicia del país requerido, al devolverlo diligenciado, solicitar que el interesado complete el pago.
ARTICULO 13°
Los Ministerios de Justicia pondrán en conocimiento de sus órganos jurisdiccionales requirentes todas las comunicaciones que reciban, referentes a los exhortos pasados por su conducto, los que una vez diligenciados serán devueltos por la misma vía.
ARTICULO 14°
Los respectivos Ministerios de Justicia se mantendrán mutuamente informados sobre la existencia en sus países de organismos oficiales y privados que brinden asistencia jurídica gratuita.
ARTICULO 15°
El presente convenio regirá indefinidamente y entrará en vigor por el canje de los respectivos instrumentos de ratificación, que se efectuará en Montevideo.
Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo y cesarán sus efectos a los seis (6) meses contados a partir de la recepción de la denuncia.
Hecho en la ciudad de Montevideo, a los quince días del mes de Octubre del año mil novecientos ochenta y uno, en dos ejemplares originales del mismo tenor, igualmente válidos.- Por el Gobierno de la República de Chile.- Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay.