Establece que el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá mantener un Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en el que se anotarán las órdenes de detención vigentes dictadas por Tribunales de Justicia con competencia en lo penal.

En la nómina se incluirán los imputados declarados rebeldes, los presos que se fugaran estando en prisión preventiva, en arresto domiciliario o cumpliendo condena; los condenados a una pena de cárcel que no se presenten ni sean detenidos; los sentenciados a penas alternativas que no las cumplan y aquel a quien se le revocara la libertad condicional y no se presentara a cumplir la condena en prisión.

Define qué servicios públicos tendrán acceso al registro y para qué fines. La ley fija también el procedimiento para que el Servicio de Registro Civil e Identificación reciba la información de parte de los Tribunales de Justicia.

La ley consta de doce artículos permanentes.

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    Artículo 6º.- Recibida la comunicación referida en el artículo precedente, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá, dentro de las 12 horas siguientes, a eliminar en forma definitiva la respectiva anotación en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.
    El incumplimiento de la obligación establecida en el inciso precedente será considerada una falta grave para los efectos de la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan conforme al Estatuto Administrativo.
    Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior y en el inciso primero, cualquier persona podrá requerir la eliminación de la anotación respectiva en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, presentando ante al Servicio de Registro Civil e Identificación documentos fidedignos emanados de un TribunalLey 21484
Art. 3° N° 6
D.O. 07.09.2022, que den cuenta del hecho de haberse dejado sin efecto una orden dictada en los casos del artículo 1º.