Art. 33. Todo empleado o agente a cargo de propiedades del Estado, deberá responder por su valor en dinero en caso de pérdida de dichas propiedades, proveniente de uso impropio o no autorizado de las mismas hecho por él o por cualquiera otra persona de cuyos actos sea responsable; y, en general, deberá responder de todo daño o deterioro ocasionado por descuido en la conservación o uso de dicha propiedad, estuviere o no bajo su custodia personal.