La presente ley crea el derecho real de conservación, que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio, o de ciertos atributos o funciones de éste. Se constituye de forma libre y voluntaria por el propietario del predio, en beneficio de una persona natural o jurídica determinada, es de carácter inmueble y distinto del dominio del bien gravado, es transferible, transmisible, inembargable, indivisible e inseparable del inmueble o de parte de él, y se puede constituir sobre cualquier bien inmueble. Es de duración indefinida, salvo que las partes acuerden lo contrario. En virtud de este derecho real, organizaciones privadas, pueblos originarios, pueden declarar tener un área dentro de su propiedad o concesión para que sea conservado hacia el futuro, con lo que se permite enriquecer las áreas prioritarias para la biodiversidad detectadas en Chile, pero que no están bajo protección, o sea bajo parque, reserva, santuario u otra fórmula. Por otra parte, aplican las definiciones comprendidas en el artículo 2° de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y en forma supletoria, las demás disposiciones de dicho cuerpo legal, en lo no previsto por esta ley ni por el contrato constitutivo. Con todo, en lo que fuere procedente, tienen aplicación además, los artículos 826, 828, 829 y 830 del Código Civil.

    Artículo 7°.- Menciones del contrato. El contrato deberá contener, a lo menos, lo siguiente:

    1.- La individualización completa del propietario del inmueble y del titular del derecho.
    2.- La identificación clara y precisa del o de los bienes raíces gravados, con sus correspondientes deslindes. Se deberá anexar un plano, suscrito por los comparecientes, en que se grafique el inmueble o la parte de él que se grave, y que se entenderá formar parte del contrato. El plano deberá cumplir los siguientes requisitos:

    a) Indicar los datos de inscripción del bien raíz en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces competente, su ubicación y la región, provincia y comuna a que pertenezca.
    b) Incluir los deslindes del inmueble.

    3.- La declaración de si la constitución es a título gratuito u oneroso. En este último caso, se deberá señalar el monto de dinero u otras contraprestaciones que las partes acuerden.
    4.- La indicación del o de los gravámenes acordados.
    5.- La duración del derecho real de conservación, si la hubiere.
    6.- La declaración de si el derecho se constituye a favor de dos o más titulares, o si el o los bienes raíces gravados pertenecen a dos o más dueños, casos en los cuales se deberán indicar en el contrato las obligaciones y derechos de cada uno.