Esta ley, que tiene su origen en una Moción Parlamentaria, tiene por objeto modificar la ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar la distinción que contienen sus disposiciones sobre empleados y obreros, por cuanto se considera que dicha diferencia que formula la ley es un acto discriminatorio. Dentro de los argumentos para sustentar esta tesis, se sostiene que la derivación a un centro de salud público o privado depende de la calidad del trabajador y no en atención a la gravedad del accidente o la efectividad de su rehabilitación, vulnerándose de esta forma el derecho fundamental de igualdad ante la ley que establece la Constitución Política de la República respecto de todas las personas. La distinción entre empleados y obreros, se ejemplifica en que a la luz de la citada ley se restringe la posibilidad de un grupo de trabajadores para acceder a un prestador público o privado, a diferencia de lo que ocurre con los empleados. Finalmente, en cuanto a la entrada en vigencia de la presente ley, se contempla para el 1 de enero de 2019.
    Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Instituto de Seguridad Laboral y, en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público.
    En los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.".