La presente ley modifica el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y tiene como finalidad establecer equidad entre ciudades, integrándolas social, democrática y participativamente. Las principales regulaciones que considera son: • Establece estándares urbanísticos mínimos para los instrumentos de planificación urbana comunal. • Instaura normas supletorias para territorios sin planificación comunal o seccional. • Fija un plazo no mayor a diez años para la actualización de instrumentos de planificación territorial. • Crea mecanismos de participación ciudadana para la elaboración o modificación de planes reguladores. • Contempla un procedimiento para la elaboración de anteproyectos sobre planes reguladores comunales o seccionales o sus modificaciones. • Relacionado con el observatorio del mercado del suelo urbano, se crea un portal único de información. • Respecto de las Municipalidades afectas a relaciones intercomunales, podrán elaborar directamente un anteproyecto de Plan Regulador Intercomunal o sus modificaciones. • Prescribe un impuesto territorial al aumento de valor por ampliación del límite urbano. De un punto de vista normativo, la presente legislación modifica una serie de cuerpos normativos, por citar algunos: el Decreto ley N° 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, que establece Normas de Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado. De igual forma, al Decreto con fuerza de ley N°1, de 1998, del Ministerios de Hacienda, que fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial. En su artículo transitorio, se establece que entrara en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, es decir, el 16 de agosto de 2018.

    Artículo 2.- Exenciones. El impuesto a que se refiere el artículo 1 de la presente ley no se aplicará a aquellas enajenaciones en que el precio o valor asignado a ellas no exceda, a la fecha de perfeccionamiento de la enajenación, el equivalente a 5.000 unidades de fomento. Para estos efectos, se considerará la suma de los precios o valores asignados a las enajenaciones que efectúe el contribuyente de la totalidad de los derechos reales constituidos sobre los bienes raíces o de las cuotas poseídas en comunidad respecto de tales bienes, dentro del año comercial respectivo.