La presente ley incorpora, en la Ley General de Servicios Eléctricos, un nuevo artículo 139 bis, en virtud del cual se establece que la propiedad del medidor y el empalme de energía eléctrica, es de la empresa distribuidora de la misma. De esta forma, se impone a esas empresas el deber de solventar los costos que implica el retiro y reposición del empalme y el medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor. Esta ley, surge como una respuesta legislativa a los graves daños que causan los desastres naturales que azotan periódicamente a nuestro país, como terremotos y aluviones, evitando que los damnificados tengan que solventar los costos que se generan en esta materia. Contiene además, un articulado transitorio en el que se precisa que los clientes que actualmente son dueños de medidores y empalmes seguirán siendo propietarios de los mismos, de manera que, mientras tal situación no cambie, el régimen permanecerá también sin alteraciones. No obstante, en el evento de una catástrofe, la empresa distribuidora deberá reponer ambos dispositivos, aun cuando sean de propiedad de los clientes. Para modificar los métodos tarifarios que permitan adaptarse a estas nuevas exigencias, se declara que dicho cambio sólo regirá cuando los bienes sean de propiedad de las empresas. Se explicita asimismo que el artículo permanente no regirá en tanto no se produzca la modificación tarifaria.

    " Artículo único .- Incorpórase en el decreto con fuerza de ley N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, el siguiente artículo 139 bis:

    "Artículo 139 bis.- El empalme y el medidor son parte de la red de distribución y, por tanto, de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio de distribución. Los decretos tarifarios a que se refieren los artículos 120, 184 y 190, o el que los reemplace, determinarán la forma de incluir en sus fórmulas tarifarias la remuneración de estas instalaciones, así como las condiciones de aplicación de las tarifas asociadas a ellas.".