La presente ley crea un catastro nacional de mortinatos, entendiendo por tal, el listado especial y voluntario a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, en el que se podrá inscribir a los mortinatos. A través de este listado, se busca que la persona gestante pueda inscribir a sus mortinatos con la exclusiva finalidad de permitir su individualización, inhumación o la disposición de sus restos. Por tanto, dicha inscripción no implica reconocer estatuto jurídico o derecho alguno al mortinato y no produce ninguna otra clase de efectos jurídicos en ningún ámbito. Para efectos de la ley, se define mortinato como todo producto de la concepción, identificable o diferenciable de las membranas ovulares o del tejido placentario o materno en general, que cese en sus funciones vitales antes del alumbramiento o bien antes de encontrarse completamente separado de la persona gestante, muriendo y que no ha sobrevivido a la separación un instante siquiera. Respecto del contenido de la inscripción, deberá contener la individualización del mortinato mediante la asignación de un nombre propio, seguido del o los apellidos que el solicitante señale, y del sexo de la criatura, si éste fuere determinado o determinable. Asimismo, el catastro podrá contener la individualización de la persona gestante, y del progenitor, si éste lo autoriza. Será requisito contar con el certificado médico de defunción y estadística de mortalidad fetal. En cuanto a la información contenida en este catastro, la ley declara que tiene el carácter de reservada respecto de terceros, considerándose como dato sensible de acuerdo a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Finalmente, para llevar a cabo esta ley, se modifica la Ley sobre Registro Civil, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado por el artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio de Justicia.

    Artículo segundo.- Dentro del plazo de seis meses contado desde la entrada en vigencia de esta ley, el Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deberá efectuar las adecuaciones reglamentarias que sean necesarias para su ejecución.".