DISPONE DESALOJO ADMINISTRATIVO DE TODO CERCO EMPLAZADO EN FORMA ILEGAL EN INMUEBLES FISCALES DEL BORDE COSTERO DE LA PROVINCIA DE COPIAPÓ REGIÓN DE ATACAMA
    Núm. 513 exenta.- Copiapó, 23 de agosto de 2019.
    Vistos:
    Ordinario Nº 2.498 de fecha 16 de octubre de 2014 y Ordinario Nº 1.059 de fecha 16 de abril de 2019, ambos de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Atacama; resolución exenta Nº 612, de fecha 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, que aprueba Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero en la Región de Atacama; Informe Final Nº 382 de 2019, de fecha 26 de julio de 2019, de la Contraloría General de la República; DL Nº 1.939, de 1977; ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y DFL N° 22, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República; ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la resolución Nº 7 y 8, de fecha 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de marzo de 2019.
    Considerando:
    1.- Que, constituye un hecho público y notorio que el sector costero de la Región de Atacama ha sido objeto de la presencia de masivos asentamientos originados por ocupaciones ilegales en terrenos de dominio fiscal, con el propósito de instalar, en general, segundas viviendas o viviendas de uso estival o de descanso, muchas de ellas de precaria construcción, hecho que tiene una data de hace más de 40 años. Se trata de edificaciones correspondientes a asentamientos humanos de población flotante, de origen ilegal, construidas por particulares al margen de la planificación territorial, revistiendo al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 del DL 1.939/79, la categoría de ocupantes ilegales.
    Estas ocupaciones se iniciaron, en algunos sectores costeros de la Región, con construcción de viviendas de veraneo en la franja de los 80 metros medidos desde la línea de más alta marea, amparadas en concesiones marítimas otorgadas por la Subsecretaría de Marina de esa época, ocupaciones que fueron aumentando y expandiéndose a terrenos fiscales fuera de la franja fiscal administrada por el Ministerio de Defensa, hasta llegar a lo que es la situación actual.
    2.- Que, en general, la dinámica de estas ocupaciones ilegales principia en zonas loteadas en forma irregular, sea en forma independiente o bien muchas veces de forma concertada en agrupaciones que se organizan para tal efecto. Luego estos lotes, demarcados en su perímetro, sea con elementos notorios a la vista como cal, tiza u otro similar, en forma incipiente se da inicio a la instalación de cercos precarios con palos o maderas en sus vértices, hasta lograr el cierre total del perímetro sea con alambres, planchas, lonas u otros, y que evidencian el límite de cada uno de estos lotes ocupados ilegalmente, como etapa previa a la construcción y/o instalación de las respectivas mejoras o casas prefabricadas. Luego de la "consolidación" de la ocupación ilegal, a modo de resguardo, el ocupante ilegal eventualmente efectúa mejoras en su ámbito de resguardo, instalando cierres con materiales sólidos, como fierros, cementos y maderas trabajadas e instaladas en forma continua, dificultando el acceso a cualquier otra persona ajena al ocupante y su grupo humano cercano.
    3.- A raíz de la suma de este tipo de asentamientos, los que lamentablemente se han visto incrementados en los últimos años en forma considerable, y sus nocivos efectos en el orden territorial en la Región de Atacama y los riesgos que para la propia población implica, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Atacama, como Cartera de Estado que tiene dentro de sus facultades y obligaciones, la de administrar el patrimonio fiscal, ha solicitado como una medida preventiva a la consolidación de ocupaciones ilegales disponer en uso de las facultades que le asisten a esta Gobernación Provincial, el retiro inmediato de los indicados materiales de cierre sin más trámite, evitando de esta forma la consolidación de la ocupación ilegal.
    4.- Que, a fin de enfrentar la problemática de las ocupaciones ilegales, se ha diseñado por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, el denominado "Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero Región de Atacama", el cual fue oficializado mediante resolución exenta Nº 612, de fecha 8 de mayo de 2019, del Ministerio de Bienes Nacionales, publicado en el Diario Oficial con fecha 24 de mayo del corriente. Este Plan, establece expresamente en su acápite II numeral 6, lo siguiente: "Toda ocupación Catastrada por el vuelo dron de 25 de junio de 2018, que haya registrado construcciones de parámetros verticales (muros) y techumbre, será considerado como ocupación a regularizar mediante el Plan de Normalización. En cambio para las ocupaciones catastradas que soto registren cercos, palafitos, radieres o parámetros verticales (muros) sin techumbre cada uno o todos a la vez, no ameritarán regularización por no ser considerado una unidad o recinto de permanencia, por tal motivo deberá ser desalojado".
    5.- Que, de conformidad a lo expuesto en Informe Final Nº 382 de 2019, de fecha 26 de julio de 2019, de la Contraloría Regional de Atacama, sobre "Auditoría al Cumplimiento de las Funciones Institucionales en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y Servicios Relacionados, en Atención a la Materia de Ocupaciones Ilegales y/o Irregulares de Terrenos Fiscales en el Borde Costero de la Región de Atacama", y a las validaciones en terreno efectuadas por el órgano Contralor, se evidenció, en concordancia a lo expuesto en el considerando segundo precedente, la existencia de varias demarcaciones o separaciones de sitios de diversa materialidad en terrenos fiscales, ubicados en distintas localidades de las comunas costeras de la Región de Atacama, sin que se adviertan las acciones pertinentes para la erradicación de estas, situación que incumple con lo dispuesto en el decreto ley Nº 1.939, de 1977.
    6.- Que, la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, contempla en su articulado principios rectores que son aplicables a la prevención de nuevas ocupaciones ilegales, dentro de los cuales se encuentra el principio de la no formalización, economía procedimental, celeridad, todos los cuales apuntan a que las actuaciones de los órganos de la administración del Estado, en el marco de un determinado procedimiento administrativo se desarrolle con sencillez y eficacia, logrando por tanto la prevención de nuevas ocupaciones en el Borde Costero de la Región de Atacama, actuando oportunamente en el desarme y retiro de todo cerco emplazado en forma ilegal en la propiedad Fiscal, evitando la consolidación de mejoras ilegales al margen de toda planificación territorial y administración intencionada del patrimonio Fiscal.
    Resuelvo:

    1.- Ejecútense, a partir de la fecha de la presente resolución, las medidas necesarias tendientes a retirar la totalidad de cercos emplazados en propiedad Fiscal del Borde Costero de la comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, Región de Atacama, amparada por las inscripciones que rolan a fojas 207 número 180 del año 1996 CBR Caldera y fojas 177 número 170 del año 1956 del CBR Copiapó, que revistan la calidad de ocupaciones ilegales conforme lo establecido en el artículo 19 del DL 1.939/77, tomando el debido resguardo de la propiedad fiscal, y de esta forma evitar la consolidación de nuevas ocupaciones ilegales.
    2.- En cuanto se tenga conocimiento respecto a la instalación de cercos, por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, remitirá, mediante oficio, dicha información a la Gobernación Provincial de Copiapó, para con ello proceder al retiro de los mencionados cercos, de la forma más expedita posible.
    3.- Publíquese la presente en el Diario Oficial, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 19.880 del año 2003.-

    Paulina Bassaure Aguirre, Gobernadora Provincial de Copiapó.