CALIFICA Y DETERMINA LAS EMPRESAS O CORPORACIONES CUYOS TRABAJADORES NO PODRÁN EJERCER EL DERECHO A HUELGA, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO
         
    Núm. 120 exenta.- Santiago, 31 de julio de 2020.
     
    Visto:
     
    Lo dispuesto en el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de la República; en el artículo 362 y demás artículos pertinentes del Código del Trabajo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra aprobado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2003, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra aprobado por el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 87, sobre la Libertad Sindical y la Protección del derecho de sindicación, ratificado por Chile el 1º de febrero de 1999 y promulgado mediante el decreto supremo Nº 227, también de 1999, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el artículo 8.1 d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y suscrito por Chile en 1969, promulgado mediante el decreto Nº 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el Oficio Ordinario Nº 441/7, de 2017, de la Dirección del Trabajo, que Informa sobre el sentido y alcance de la ley Nº 20.940 publicada en el Diario Oficial de 8 de septiembre 2016, en particular, en lo referido al derecho de huelga en la negociación colectiva reglada; en el decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas que establece la Ley General de Servicios Sanitarios; en el decreto supremo Nº 735, de 1969, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento de los Servicios de Agua destinados al consumo humano; en el decreto con fuerza de ley Nº 323, de 1931, del Ministerio del Interior, que establece la Ley de Servicios de Gas; el decreto Nº 67, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contiene el Reglamento de Servicio de Gas de Red; en el decreto Nº 45, de 2017, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento sobre las prestaciones de diálisis y los establecimientos que las otorgan; en la ley Nº 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud; en el decreto Nº 3, de 2016, del Ministerio de Salud, que aprueba garantías explícitas en salud del Régimen General de Garantías en Salud; en la resolución exenta Nº 41, de 2017, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba un mecanismo de coordinación para calificación de las corporaciones o empresas en las que no se podrá ejercer el derecho a huelga, de conformidad al artículo 362 del Código del Trabajo; en el oficio ordinario Nº 769, de 31 de julio de 2020, del Ministerio de Energía; en el oficio ordinario Nº 2.254, de 21 de julio de 2020, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios; en el oficio ordinario Nº 4.542, de 22 de julio de 2020, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; en el oficio Nº 357-382, de 30 de julio de 2020, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; y, en la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
     
    Considerando:
     
    1. Que el numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República establece que la negociación colectiva es un derecho reconocido a los trabajadores, agregando un límite al ejercicio de un derecho asociado a aquel, como es el derecho a huelga; en efecto, se dispone que no podrán declararse en huelga los trabajadores de las corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional, mandatando a la ley establecer los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a dicha prohibición.
    2. Que en cumplimiento del mandato constitucional referido, el artículo 362 del Código del Trabajo dispone que no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional, caso en el cual los trabajadores están sometidos a un procedimiento alternativo reglado en la ley, como es el arbitraje forzoso. La misma disposición legal establece que la calificación de encontrarse la empresa en alguna de las situaciones señaladas será efectuada cada dos años, dentro del mes de julio, en procedimiento administrativo iniciado a requerimiento o solicitud fundada de parte interesada, ya sea empleadora o trabajadora, que deberá ser presentada hasta el día 31 de mayo del año respectivo, al que se pondrá término mediante la dictación de una resolución conjunta de los Ministros o Ministras del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo.
    3. Que, de conformidad a los convenios internacionales vigentes en nuestro país y a las orientaciones emanadas de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, las normas internas que importen alguna limitación a la huelga deben ser aplicadas e interpretadas en forma restrictiva, toda vez que se afecta el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva reconocido en la Constitución Política. Así, se parte del supuesto legítimo de que el derecho a huelga no es absoluto, ya que puede ser limitado por disposición legal fundada en el caso de los trabajadores de empresas o corporaciones que presten servicios esenciales para la población, cuando está en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas (de grupos o de toda la población). Esos mismos criterios han sido declarados como legítimos para limitar el derecho a huelga de los trabajadores en nuestro país, por la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, por ejemplo, en los fallos dictados por la Corte de Apelaciones de Santiago, en las causas roles Nºs. 1.715, 1.717 y 1.720, todas del año 2017.
    4. Que la regulación contenida en el Código del Trabajo establece diversas formas de limitar el derecho a huelga de los trabajadores. Por una parte, la prohibición temporal del ejercicio del derecho a huelga motivada en el procedimiento previsto en su artículo 362 y, por otra, regula el otorgamiento de los servicios mínimos y el establecimiento de los equipos de emergencia en su artículo 359. La prohibición temporal del derecho a huelga constituye una obligación de no hacer, esto es, equivale a una privación del ejercicio del derecho, aunque temporal (se puede pedir calificación de la empresa cada dos años), y se establecen mecanismos de resolución de conflictos que permiten a las partes empleadora y trabajadora llegar a acuerdos válidos dentro de la respectiva negociación. Todas estas limitaciones al ejercicio del derecho aludido son legítimas en tanto no afectan el derecho en su esencia, esto es, se ajustan al límite constitucional regulado en el artículo 19 numeral 26 de la Carta Fundamental.
    5. Que dicha limitación, al prohibir temporalmente ejercer el derecho a huelga a los trabajadores de empresas o corporaciones que soliciten ser calificadas conforme al procedimiento previsto en el citado artículo, debe ser aplicada e interpretada de manera restrictiva, toda vez que, tratándose de un límite más intenso al derecho, debe aplicarse en casos muy calificados. Así, el legislador ha previsto su procedencia solo cuando las entidades solicitantes se dedican a prestar los servicios más básicos para la población, es decir, de aquellos de los que no se puede prescindir sin sufrir daño respecto de bienes jurídicos tan importantes como la vida, la integridad física y psíquica de la población o de un grupo importante de ella, o cuando su interrupción, suspensión o paralización pone en grave peligro a la economía del país, al abastecimiento de la población y/o a la seguridad nacional.
    6. Que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República confirma el razonamiento esbozado en el considerando anterior, ya que ha señalado que uno de los motivos que permiten fundar el otorgamiento de la calificación que prohíbe a los trabajadores de la entidad requirente (empresa o corporación) el ejercicio del derecho a la huelga, es la prestación de un servicio de utilidad pública, considerando que aquel corresponde a una actividad o giro que concierne a la entrega de las prestaciones más básicas e imprescindibles para el bienestar mínimo de la población, agregando que es deber del Estado proteger la continuidad de su prestación (Dictamen Nº 37.849, de 2007). También ha dictaminado que le corresponde a la autoridad ponderar las consideraciones técnicas en cuya virtud adopta la decisión de calificar a las empresas y corporaciones bajo estas causales, pues se trata de materias cuyo análisis y definición concierne exclusivamente a la administración activa (Dictamen Nº 96.837, de 2015).
    7. Que, conforme a lo razonado, frente a la colisión entre el derecho a huelga de los trabajadores y los derechos individuales e intereses colectivos asociados e incorporados al concepto jurídico indeterminado "servicio de utilidad pública", todos garantizados y protegidos en el ordenamiento constitucional, los segundos se alzan como un límite al primero. Esto es, el derecho de los trabajadores a declarar la huelga cederá en la medida que el legislador lo ha establecido en el Código del Trabajo. Los organismos estatales, y fundamentalmente sus órganos administrativos, están obligados a asegurar la provisión ininterrumpida de tales servicios de utilidad pública entendidos como prestaciones básicas y necesarias para la salud, la economía del país, el abastecimiento de la población y la seguridad nacional, utilizando los mecanismos y procedimientos que la ley establece, cumpliendo con ello el mandato constitucional contenido entre otros, en los artículos 1º, inciso cuarto, 5º inciso segundo, 6º, 7º y 19 Nºs 16 y 26 de la Carta Fundamental y, en los artículos 2º y 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. De esa forma, se concilia y armoniza la promoción y protección de los bienes jurídicos que se encuentran en conflicto.
    8. Que la autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 362 del Código del Trabajo, se encuentra habilitada para calificar la existencia de circunstancias de hecho que configuran el concepto indeterminado de "servicio de utilidad pública" cuando se lo solicite un legítimo interesado (el que cumple con las condiciones previstas en la ley). Dicha calificación administrativa deberá fundarse en el análisis de antecedentes que se hayan aportado por todos los interesados durante el respectivo procedimiento administrativo. Si se determina, respecto de cada solicitud, que se configuran o no dichas circunstancias, así se declarará en una resolución fundada, emitida por tres ministerios. En seguida, una vez publicada la resolución administrativa, por el solo ministerio de la ley, los trabajadores de las empresas o corporaciones a las que se les haya acogido el requerimiento en dicho acto administrativo, se verán impedidos de ejercer el derecho de huelga por un plazo fijado en la misma norma.
    9. Que, como lo ha expresado la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República (entre otros, en dictámenes Nºs 53.479, de 2008, y 96.837, de 2015) la autoridad administrativa no podrá fundar el rechazo de la solicitud en la circunstancia de que para ejecutar parte de su trabajo la requirente recurra al régimen de subcontratación; así, para realizar el análisis de la situación particular de la peticionaria, la autoridad administrativa deberá atender a la actividad que realiza aquella empresa en su conjunto y no únicamente a una unidad o área de ella o a un grupo específico de trabajadores.
    10. Que, dentro del plazo legal previsto para la presentación de la respectiva solicitud, esto es, el día 31 de mayo de 2020, los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo, recibieron un total de 10 requerimientos respecto de empresas o corporaciones en que se solicita sean calificadas e incluidas en la respectiva nómina, conforme al artículo 362 del Código del Trabajo. A saber: Aguas Magallanes S.A., Aguas Araucanía S.A., Aguas del Altiplano S.A., Nueva Atacama S.A., Aguas Santiago Poniente  S.A., GasValpo S.A., Messer Chile Limitada, Ferrocarriles del Pacífico S.A., Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna y Diálisis Colina S.A.
    11. Que, a fin de dar cumplimiento a la obligación impuesta en el artículo 362 del Código del Trabajo, de poner en conocimiento de la contraparte trabajadora o empleadora las solicitudes presentadas a calificación, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el día 27 de junio de 2020, publicó en un diario de circulación nacional (lun.com) la nómina de las empresas o corporaciones cuyas solicitudes fueron promovidas, tanto por la parte empleadora como por la trabajadora.
    12. Que, dentro del plazo legal de 15 días corridos contados desde la publicación mencionada en el considerando precedente, se recibieron sólo las observaciones de cinco sindicatos, de los cuales, cuatro sindicatos están constituidos en la empresa Ferrocarriles del Pacífico S.A., a saber, el Sindicato de Administrativos y Profesionales Establecimiento Concepción, el Sindicato Nacional de Trabajadores, el Sindicato Empresa Establecimiento Los Andes, y el Sindicato de Administrativos y Profesionales, y el quinto corresponde al Sindicato Nacional de la Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna.
    Todos los sindicatos individualizados, por los motivos que mencionan en sus respectivas presentaciones, requirieron a la autoridad resolver el rechazo de la solicitud presentada por su empleador. Los antecedentes aportados en dichas presentaciones han sido tenidos a la vista para resolver los respectivos requerimientos y se mantendrán en el expediente del procedimiento desarrollado en la especie.
    13. Que, por estimarse necesario para realizar la calificación de las solicitudes presentadas, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 3º de la resolución Nº 41, de 2017, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba mecanismo de coordinación para calificación de las corporaciones o empresas en las que no se podrá ejercer el derecho a huelga, de conformidad al artículo 362 Código del Trabajo, dicha Cartera de Estado solicitó informes técnicos relativos a las materias de sus ámbitos de funciones y competencias, a los siguientes organismos públicos: Ministerio de Salud; Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Ministerio de Desarrollo Social y Familia; Superintendencia de Electricidad y Combustibles; Ministerio de Energía; Superintendencia de Servicios Sanitarios y al Servicio Nacional del Adulto Mayor.
    Es así como se recibieron en forma y plazo las respuestas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del Ministerio de Energía, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, las cuales han sido debidamente ponderadas para efectos de resolver los respectivos requerimientos y se mantendrán como antecedente en el expediente del procedimiento desarrollado en la especie.
    14. Que, para un adecuado análisis y fundamento de lo que se resolverá, se ha estimado apropiado separar las solicitudes por rubros o áreas en las que ejercen actividad las requirentes, sin perjuicio del análisis particular efectuado respecto de cada una de ellas.
    15. Que, un primer rubro agrupará a las empresas o corporaciones requirentes relacionadas con la prestación de servicios en los ámbitos sanitario y gas. Todas estas entidades señalaron que prestan servicios de utilidad pública que revisten carácter estratégico o esencial, por lo que su suspensión o paralización afecta o pone en riesgo la vida y la salud de la población en el entendido, además, que constituyen un servicio de carácter monopólico por aplicación de lo dispuesto en las leyes y en los respectivos contratos de concesión de servicio que lo regulan. En el mismo sentido, aducen que una eventual paralización o suspensión de los servicios sanitarios, o de gas pone en riesgo a la economía del país, al abastecimiento de la población o la seguridad nacional, según el caso.
    16. Que, en particular, respecto a las empresas que prestan servicios sanitarios, su carácter de servicio de utilidad pública en el sentido reseñado en el considerando precedente, se fundamenta en lo dispuesto, entre otras, en la siguiente normativa: a) en el decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, que aprobó la Ley General de Servicios Sanitarios. Dicha norma establece en su artículo 5º, que a las respectivas empresas concesionarias les corresponde prestar los servicios públicos de producción de agua potable, de distribución de la misma, de recolección de aguas servidas y de disposición de estas últimas, definiendo el objeto de cada una de estas prestaciones; b) en la Ley Nº 12.927, de Seguridad Interior del Estado, que al regular los delitos contra el orden público reconoce, en su artículo 6º, que el agua potable es un servicio de utilidad pública cuya interrupción o suspensión ilícita se sanciona por afectar la seguridad nacional.
    Asimismo, dicha calificación se encuentra ratificada por la uniforme jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que ha manifestado que el servicio de agua potable y alcantarillado está constituido como un servicio público concedido, prestado por particulares "que asumen la función de un servicio de utilidad pública" (dictamen Nº 15.983, de 1988), cuyo objeto básico es satisfacer necesidades colectivas de utilidad pública (Dictámenes Nº 17.467, de 1986, sobre pago de patentes municipales y Nº 33.522, de 1998, sobre atribuciones del Servicio de Vivienda y Urbanización, ambas de la Contraloría General de la República).
    17. Que, en relación con la empresa que presta servicios de gas, el decreto con fuerza de ley Nº 323, de 1931, del Ministerio del Interior, que regula los servicios de gas, y el decreto Nº 67, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que contiene el Reglamento de Servicio de Gas de Red, establecen una serie de preceptos en orden a garantizar el suministro y calidad de servicios para los usuarios y consumidores en general. Así también lo señala, el Dictamen Nº 98.667, de 2014, de la Contraloría General de la República. Asimismo, la Ley de Servicios de Gas regula en su Título II las concesiones de servicio público de distribución de gas y de redes de transporte de gas y, define en el numeral 9 del artículo 2º, al servicio público de distribución de gas como "el suministro de gas que una empresa concesionaria de distribución efectúe a clientes o consumidores ubicados en sus zonas de concesión, o bien a clientes o consumidores ubicados fuera de dichas zonas que se conecten a las instalaciones de distribución de la concesionaria mediante redes propias o de terceros".
    18. Que lo razonado en los considerandos precedentes, fundamenta la resolución que se adoptará en el presente acto, acogiendo las solicitudes de todas aquellas empresas que, según los antecedentes aportados a este procedimiento, prestan servicios de utilidad pública en el ámbito sanitario y gas, calificándolas conforme a lo dispuesto en el artículo 362 del Código del Trabajo.
    19. Que un segundo rubro, lo constituyen las empresas requirentes que prestan servicios vinculados a la salud.
    Sobre el particular, cabe señalar respecto de la empresa Diálisis Colina S.A. que, tal como se ha manifestado en los procedimientos anteriores que culminaron con la dictación de las Resoluciones Exentas N°s. 133, de 2017, y 173, de 2019, ambas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el servicio de diálisis es la única forma de tratamiento crónico para los pacientes con insuficiencia renal, que no son candidatos a trasplante renal, siendo efectiva para prolongar su vida, puesto que, si la persona no recibe el tratamiento, corre el riesgo de que se produzca un daño progresivo a su salud por acumulación de toxinas.
    En efecto, la diálisis consiste en un tratamiento médico de sustitución parcial de las funciones renales para eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, especialmente las que quedan retenidas a causa de la insuficiencia renal crónica, que fue el primer problema de salud incluido en el régimen de Garantías Explícitas, GES, implementado a partir del año 2005, garantizando el tratamiento de diálisis para todos los beneficiarios que lo requieran, ya sea hemodiálisis o peritoneo-diálisis. Así, los centros de diálisis son los principales prestadores institucionales de una de las prestaciones más demandadas en el problema de salud Nº 1, del decreto Nº 3/2016, "Enfermedad Renal Crónica Etapa 4 y 5".
    Este tratamiento se realiza, convencionalmente, tres veces por semana, en un período que oscila entre 3 y 5 horas, según el paciente, lo que implica una extraordinaria dependencia al riñón artificial y limita su actividad social y laboral.
    Por otro lado, cabe destacar que la ley Nº 19.966 radica en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y en las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las garantías explícitas en salud. En consecuencia, el incumplimiento de la garantía de calidad derivada de la ausencia de acreditación de los prestadores institucionales repercute y tiene consecuencias directas en la gestión tanto de Fonasa como de las Isapres, puesto que, en cumplimiento de su obligación legal deben recurrir a la compra de prestaciones en instituciones alternativas acreditadas, con los consiguientes costos para el sistema y, eventualmente, para el beneficiario.
    20. Que, por su parte, la empresa Messer Chile Limitada es una empresa gasista que, entre otros rubros, presta servicios de salud mediante el suministro de oxígeno medicinal y otros gases a 33 hospitales y a más de 10 clínicas de pequeño tamaño y centros de salud primaria y municipales del país, los que en total reciben más de dos millones de metros cúbicos de oxígeno medicinal al año. Así, funda su requerimiento en que, en la eventualidad de una paralización de sus trabajadores, se pondría en riesgo el suministro de gases al sector salud, con el consiguiente riesgo a la vida humana.
    21. Que, sin perjuicio de lo expuesto por Messer Chile Limitada, de acuerdo a los antecedentes recopilados acerca del rubro gasista del país, estas Carteras han podido determinar que la normativa vigente que regula su distribución permite contar con otros oferentes productores de varios gases, entre ellos oxígeno, por lo que, al fallar la entrega de dicho suministro por parte de un productor, puede el centro de salud, cualquiera sea su naturaleza, optar temporalmente por contratar los servicios con otro productor, siendo dicho centro el responsable principal de la continuidad del suministro en atención a las necesidades de sus pacientes. Así, no se logra concluir que una paralización de Messer Chile Limitada pudiese ocasionar algunos de los riesgos previstos por el artículo 362 del Código del Trabajo, por lo cual se rechazará su requerimiento.
    22. Que, también, la Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna presentó este año su requerimiento para ser incluida en la nómina de empresas cuyos trabajadores no pueden ejercer el derecho a huelga, no obstante haberse rechazado su solicitud en el procedimiento de calificación correspondiente al año 2019, resuelto mediante la resolución ministerial exenta Nº 173.
    Al respecto, cabe recordar que el artículo 362 del Código del Trabajo establece que la calificación de una determinada empresa o corporación se realizará cada dos años, por lo que es posible inferir que la mencionada decisión se encuentra aún vigente. Por lo demás, si bien la citada norma, de manera excepcional y por causa sobreviniente, permite la posibilidad de modificar la calificación realizada por la autoridad, en el actual procedimiento tampoco se han aportado antecedentes que permitan dar por acreditada dicha condición.
    23. Que, en otro orden de consideraciones, y como cuarto rubro, se contempla el de transporte de pasajeros o mercancías, en particular, el transporte ferroviario. En este rubro se presentó sólo una solicitud por parte de la empresa Ferrocarriles del Pacífico S.A., en adelante también "Fepasa", la que, conforme a lo señalado en su presentación, tiene como giro principal el transporte ferroviario de carga, para lo cual cuenta con el derecho a usar las vías férreas de propiedad de Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), en las condiciones que le confiere el Contrato de Acceso Ferroviario Red EFE, EFE-Fepasa.
    Por intermedio de esta empresa se realiza el transporte de carga para grandes clientes, dedicados al giro de los residuos sólidos domiciliarios, las sustancias provenientes de faenas mineras, forestales, agrícolas, productos químicos altamente tóxicos y contenedores.
    Dentro de los fundamentos para solicitar su inclusión en la nómina, señala que presta servicios a las empresas KDM, que efectúa el retiro y traslado de residuos sólidos domiciliarios, basura; a Codelco respecto de sus Divisiones Andina y El Teniente; y a Celulosa Arauco y Anglo American Sur (Mina Los Bronces), los que requieren mover grandes volúmenes de carga entre un origen, generalmente la planta de producción, y un destino (como por ejemplo los puertos), cuyas vías de acceso sustitutas no ferroviarias transitan en zonas cercanas y/o interiores a espacios urbanos dependiendo del recorrido.
    24. Que, conforme a la materia, se consultó la opinión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, quien informó mediante oficio Nº 357-382, de 2020, expresando que efectivamente una eventual paralización de los servicios que presta Fepasa podría traer consigo una disminución de la eficiencia, dado que el transporte ferroviario tiene menores costos por tonelada de carga y kilómetro transportado y menores externalidades ambientales. Sin embargo, no se identificó obstáculos técnicos para una ejecución temporal del transporte mediante camiones al tenor de los flujos diarios que se indican.
    25. Que, por consiguiente, a la luz de la opinión del organismo consultado, estas Carteras rechazarán la calificación requerida, teniendo además presente que la interesada no acredita en la especie que, frente a una eventual paralización de sus servicios, se produzca un daño efectivo de los contemplados en el artículo 362 del Código del Trabajo, al existir un mecanismo de transporte sustituto que, si bien puede conllevar problemas de eficiencia en el transporte de cargas –como lo señala el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones– no es suficiente motivo para justificar la opción de limitar el ejercicio de un derecho fundamental por parte de sus trabajadores; y, por ende, en mérito de lo expuesto:
     
    Resuelvo:

     
    Primero: Califíquese, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 362 del Código del Trabajo, como corporaciones o empresas que atienden servicios de utilidad pública o cuya paralización causa grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional, cuyos trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga por el plazo de dos años, a las siguientes:
     
    . Aguas Magallanes S.A.
    . Aguas Araucanía S.A.
    . Aguas del Altiplano S.A.
    . Nueva Atacama S.A.
    . Aguas Santiago Poniente S.A.
    . GasValpo S.A.
    . Diálisis Colina S.A.
    Segundo: Rechácense las solicitudes de las siguientes empresas o corporaciones, atendido los fundamentos señalados en los respectivos considerandos de la presente resolución:
     
    . Messer Chile Limitada.
    . Ferrocarriles del Pacífico S.A.
    . Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna.
    Tercero: En contra de la presente resolución procederá reclamo ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de 15 días corridos contados desde su publicación en el Diario Oficial, conforme a lo dispuesto en el artículo 402 del Código del Trabajo.     
     
    Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Lucas Palacios Covarrubias, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- Mario Desbordes Jiménez, Ministro de Defensa Nacional.- María José Zaldívar Larraín, Ministra del Trabajo y Previsión Social.
    Lo que transcribo, para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Esteban Carrasco Zambrano, Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño.