La presente ley tiene por objeto permitir a los afiliados del sistema privado de pensiones, regido por el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, el retiro excepcional de hasta el 10% de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones, como forma de mitigar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus COVID-19 en Chile. De acuerdo al artículo 1° del artículo único de esta ley, se podrá retirar voluntariamente y por única vez hasta el 10% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, con un tope máximo de hasta 150 UF (aproximadamente $4.360.000 al día de publicación de la ley) y un mínimo de 35 UF (aproximadamente $ 1.018.000 al día de publicación de la presente ley). En caso de que el afiliado cuente con un monto inferior a 35 UF en su cuenta, podrá retirar la totalidad de los fondos. Además, se establece que la facultad de esta ley no es incompatible con el derecho a retiro establecido por la Ley N° 21.248. En tanto, no podrán realizar retiro de fondos las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad a lo dispuesto por el artículo 38 bis de la Constitución Política, lo que equivale al Presidente de la República, senadores y diputados, los gobernadores regionales, ciertos funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado y asesores a honorarios de esas altas autoridades. Según este cuerpo legal, los fondos serán considerados extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo, compensación económica en juicio de divorcio, con excepción de las deudas de pensión de alimentos. En tanto, y a diferencia de la primera ley de retiro del 10% que estuvo exenta de pago de impuestos, los fondos retirados serán considerados un ingreso no constitutivo de renta sólo para aquellas personas cuya renta imponible del año correspondiente al retiro no sobrepase las 30 UTM (aproximadamente $ 1.530.000 al día de publicación de la presente ley). Con el objeto de pagar pensiones alimenticias morosas, el artículo 4° del artículo único de esta ley dispone que el juez de familia competente podrá seguir el procedimiento de retención de los fondos del deudor que realice el retiro, tal como se estableció también en la Ley N° 21.248. El juez podrá autorizar que el beneficiario de la pensión subrogue al deudor en la solicitud de retiro del 10%, por lo que se podrá efectuar el retiro de fondos previsionales sin que el moroso lo hubiese gestionado. Por su parte, el artículo 5° del artículo único contempla los casos en que el deudor tenga compromisos impagos por pensión de alimentos en varias causas, por lo que se estableció un procedimiento cuando el 10% retirado no alcance a cubrir todas las deudas. El tribunal que conozca de la causa más antigua vigente en la cual se decretó retención deberá prorratear para determinar el monto de cada deuda alimentaria que se pagará. El afiliado deudor podrá retirar el dinero restante si le queda un saldo en su cuenta de capitalización individual, luego de pagadas las deudas de pensión. En cuanto a los plazos de retiro de fondos, esta ley señala que se podrá realizar hasta 365 días después de publicada, la que se realizará en dos pagos en caso de que el monto sea mayor a 35 UF: 50% en un máximo de 10 días hábiles de cursada la solicitud y el restante 50% en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibido el primer pago. Si el monto solicitado es igual o inferior a 35 UF, el pago se efectuará en una sola cuota y en un plazo máximo de 10 días hábiles. Finalmente, esta ley dispuso que los montos retirados de la AFP en ningún caso afectarán directa o indirectamente la caracterización socioeconómica que el Estado realice de los afiliados o sus hogares, para efectos de postulación a subsidios y la eventual asignación de beneficios sociales.

    Artículo 9°.- En ningún caso, los montos retirados de los fondos previsionales acumulados en la respectiva cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, permitidos por la Constitución Política de la República o las leyes, afectarán directa o indirectamente la caracterización socioeconómica que el Estado realice de los afiliados o de sus hogares, para efectos de la postulación y eventual asignación de subsidios o beneficios sociales de cualquier tipo.
    El Ley 21306
Art. 83
D.O. 31.12.2020Servicio de Impuestos Internos deberá proporcionar oportunamente la información necesaria a la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para que los montos indicados en el inciso anterior no afecten la caracterización socioeconómica de los beneficiarios o eventuales beneficiarios de subsidios o beneficios sociales de cualquier tipo.